ARTICULO 11

Las disposiciones del presente título se aplicarán, en materia civil y mercantil, a las decisiones de las autoridades judiciales de las Partes contratantes, así como a los laudos arbitrales y a cualquier otro acto provisto de fuerza ejecutiva, originados o formalizados en sus respectivos territorios.

Dichas disposiciones no se aplicarán en las siguientes materias:

• 1. Quiebras, concursos de acreedores y cualquier otro procedimiento análogo.
• 2. Seguridad social.
• 3. Daños de origen nuclear.
• 4. Materias fiscales.
• 5. Materias administrativas.

ARTICULO 12

A los efectos del presente Convenio, se entenderá:

1. Por «decisión»:

• a) Toda sentencia definitiva recaída en un procedimiento contencioso, cualquiera que sea su nombre, dictada por órganos jurisdiccionales, así como las resoluciones acordadas por los árbitros
• b) Cualquier resolución de jurisdicción voluntaria
• c) Las medidas de urgencia y cautelares que sean ejecutivas en el Estado de origen.

2. Por «Tribunal de origen», aquel que ha dictado la decisión cuyo reconocimiento o ejecución se solicita.

3. Por «Estado de origen», el Estado en cuyo territorio el Tribunal de origen tiene su sede o en el que se pronuncia el laudo arbitral o se formaliza el documento con fuerza ejecutiva.

4. Por «Tribunal requerido», el Tribunal al que se solicita el reconocimiento o ejecución de la decisión o del documento con fuerza ejecutiva.

5. Por «Estado requerido». el Estado en cuyo territorio se solicita el reconocimiento o la ejecución.

6. Por «documento con fuerza ejecutiva», todos aquellos documentos que, según la Ley del Estado de origen, lleven aparejada ejecución.

ARTICULO 13

Las decisiones dictadas por los Tribunales de una de las Partes contratantes serán reconocidas en el territorio de la otra Parte:

• 1. Si el Tribunal de origen es competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del presente Convenio.
• 2. Si en el Estado de origen la decisión no puede ser objeto de recurso ordinario y tiene fuerza ejecutiva.

ARTICULO 14

El reconocimiento será denegado:

• 1. Cuando no se cumplan las condiciones previstas en el artículo precedente.
• 2. Cuando la decisión sea contraria al orden público del Estado requerido.
• 3. Cuando la iniciación del proceso no haya sido notificada regularmente y en los plazos legales a las partes interesadas.
• 4. Cuando un litigio entre las mismas Partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto:
  • a) Esté pendiente ante un Tribunal del Estado requerido y el proceso haya sido incoado con anterioridad a aquel que ha dado lugar a la decisión cuyo reconocimiento se pide.
  • b) Haya sido resuelto por una decisión en el Estado requerido.
  • c) Haya dado lugar, en otro Estado, a una decisión que reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.

ARTICULO 15

No podrá denegarse el reconocimiento por el solo motivo de que el Tribunal de origen haya aplicado una Ley distinta a la que habría correspondido según las reglas del Derecho Internacional Privado del Estado requerido, excepto en lo que se refiere al estado y la capacidad de las personas. Aun en estos casos, no se denegará el reconocimiento cuando la aplicación de la Ley antedicha hubiese producido el mismo resultado.

ARTICULO 16

El Tribunal requerido no procederá a ningún examen del fondo de la decisión dictada en el Estado de origen, excepto en lo que sea necesario para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio y para apreciar la competencia cuando se trate de decisiones que hayan sido dictadas en rebeldía.

ARTICULO 17

A los efectos del presente Convenio, se considerará competente el Tribunal de origen:

• 1. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado tenga su domicilio o su residencia habitual en el Estado de origen.
• 2. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado tuviera en el Estado de origen un establecimiento o una sucursal de carácter mercantil, industrial o de cualquier otra naturaleza y haya sido citado, en dicho Estado, para un litigio relativo a la actividad de aquellos establecimientos o sucursales.
• 3. Cuando el hecho dañoso sobre el quo se funda la acción indemnizatoria haya ocurrido en el Estado de origen.
• 4. Cuando la acción tenga por objeto una controversia relativa a un inmueble situado en el Estado de origen.
• 5. Cuando, mediante un acuerdo escrito, las Partes se hayan sometido a la jurisdicción del Tribunal del Estado de origen para los litigios originados o que se originen a causa de una determinada relación jurídica, a menos que el derecho del Estado requerido considere inderogable su propia competencia en la materia de que se trate.
• 6. Cuando el demandado. haya formulado su oposición al fondo del litigio, sin oponerse a la competencia del Tribunal de origen.
• 7. Cuando en materia de obligaciones contractuales, por acuerdo expreso entre el demandante y el demandado, la obligación objeto del litigio haya sido o deba ser ejecutada en el territorio del Estado de origen.
• 8. Cuando, en materia de sucesión mobiliaria e inmobiliaria, el «de cujus» fuera, en el momento de su muerte, nacional del Estado de origen.

ARTICULO 18

El Tribunal requerido podrá no reconocer la competencia del Tribunal de origen cuando, según su legislación interna, la competencia, por razón de la materia, esté atribuida exclusivamente a la jurisdicción de su propio Estado.

ARTICULO 19

Pueden ser reconocidas y ejecutadas las medidas de urgencia y cautelares dictadas por un Tribunal de una de las Partes contratantes, aun cuando en el territorio de la otra Parte esté pendiente la causa principal entre las mismas Partes y sobre la misma materia, siempre que el Tribunal que haya decretado dichas medidas sea competente de acuerdo con las reglas del presente Convenio.

ARTICULO 20

Las decisiones arbitrales pronunciadas válidamente en el territorio de una de las Partes contratantes serán reconocidas en el territorio de la otra si cumplen las disposiciones de los artículos precedentes en cuanto les sean aplicables.

ARTICULO 21

El procedimiento para obtener la ejecución será el establecido por el ordenamiento del Estado requerido, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Convenio. Si la decisión contiene pronunciamientos sobre diferentes peticiones separables, contenidas en la demanda, la ejecución podrá ser concedida parcialmente.

ARTICULO 22

Los documentos con fuerza ejecutiva en el territorio de una de las Partes contratantes serán declarados igualmente ejecutivos en el territorio de la otra por la autoridad judicial que sea competente según la Ley de esta última.

La autoridad judicial se limitará a comprobar si los documentos mencionados reúnen las condiciones necesarias de autenticidad en el territorio de la Parte contratante donde hayan sido autorizados y si el contenido de los mismos no se opone al orden público del Estado requerido.

ARTICULO 23

La parte que pretenda el reconocimiento o solicite la ejecución deberá presentar:

• 1. Copia auténtica e íntegra de la decisión.
• 2. El documento que acredite que se ha notificado la decisión.
• 3. En el procedimiento en ausencia de una de las Partes, la copia auténtica de la citación de aquella que no se haya personado en los autos y los documentos necesarios para probar que tal citación ha sido recibida en tiempo útil.
• 4. Cualquier documento que acredite que la decisión es ejecutiva en el territorio del Estado de origen, y cuando le trate de una sentencia, se deberá acreditar igualmente que no puede ser objeto de recurso ordinario.

Estos documentos deberán acompañarse, salvo dispensa de la autoridad judicial competente del Estado requerido, de una traducción certificada conforme por un Agente diplomático o consular. La traducción puede también ser certificada conforme por un Traductor jurado o por otra persona autorizada al efecto en cualquiera de los dos Estados. Estos documentos serán dispensados de legalización.

ARTICULO 24

Las disposiciones del presente titulo no serán aplicables a las decisiones judiciales que hubieren sido dictadas en rebeldía con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de este Convenio.