Sumario

--> Ley 25/2005, 24 noviembre, derogada por la disposici�n derogatoria de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversi�n colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversi�n colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi�n Colectiva (�B.O.E.� 13 noviembre) el 14 de noviembre de 2014.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

El principal objetivo de la pol�tica econ�mica desarrollada por el Gobierno es aumentar el bienestar de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, es preciso impulsar un modelo de crecimiento equilibrado y sostenido, basado en el aumento de la productividad y del empleo, que permita atender las necesidades colectivas y promover una mayor cohesi�n social, al tiempo que facilite la respuesta a los retos derivados de la cada vez mayor integraci�n econ�mica en los mercados europeos y mundiales.

El modelo de crecimiento econ�mico seguido en los �ltimos a�os, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per c�pita de Espa�a a los de los pa�ses m�s avanzados de la Uni�n Europea, ha presentado carencias que es indispensable afrontar y corregir. Por un lado se ha apoyado en factores, como el favorable tipo de cambio con que se entr� en la moneda �nica o la significativa reducci�n de los tipos de inter�s, cuyos efectos positivos tienden a moderarse. Por otro lado, este modelo presenta una debilidad estructural que, adem�s, se ha intensificado en los �ltimos a�os: la escasa contribuci�n de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la econom�a espa�ola se haya alejado, en los �ltimos a�os, del de los pa�ses m�s avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.

El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los pa�ses m�s avanzados representa un serio riesgo para la evoluci�n de la econom�a espa�ola tanto a largo plazo como de forma m�s inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econ�mico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaci�n al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma m�s inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraci�n de la econom�a espa�ola en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producci�n y evitar as� p�rdidas de competitividad que supondr�an un freno al crecimiento.

En consecuencia, es necesario adoptar reformas que impulsen el aumento de la productividad en el sistema econ�mico, entre las que destacan las relativas a la regulaci�n del capital-riesgo, recogidas en esta Ley. Se trata, por esta v�a, de contribuir a situar a la econom�a espa�ola en condiciones de comenzar a corregir las carencias de su pauta de crecimiento, como v�a para garantizar su sostenibilidad.

II

Esta Ley propone dotar a las entidades de capital-riesgo de un marco jur�dico m�s flexible y moderno que impulse el desarrollo de estas entidades tan relevantes en la provisi�n de financiaci�n a empresas involucradas con las actividades de I+D+i. Esta actuaci�n normativa se enmarca dentro del conjunto de reformas dise�ado por el Gobierno para impulsar un crecimiento econ�mico basado en el avance de la productividad con creaci�n de empleo. En este conjunto de reformas se estructuran y coordinan una variedad de actuaciones, en diferentes �mbitos y con distintos plazos de ejecuci�n, orientadas, en definitiva, a dinamizar la econom�a espa�ola y a conseguir un crecimiento econ�mico sostenible en el largo plazo.

Los mercados desempe�an un papel fundamental en la financiaci�n de las actividades de I+D+i y de los proyectos empresariales innovadores, tal y como reconoce, de forma contundente, el �Plan de Acci�n para el Capital-Riesgo (1998-2003)�. Este Plan resalta los efectos positivos en la econom�a de esta v�a de financiaci�n alternativa a la burs�til y la crediticia, de dif�cil acceso para buena parte de los proyectos innovadores. As�, su acci�n beneficiosa se proyecta en el impulso que supone para el aumento de la productividad, la creaci�n de empleo y el desarrollo de una cultura empresarial vibrante y emprendedora. Adem�s, el inversor del capital-riesgo suele incorporar un valor a�adido a la empresa financiada, aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo su experiencia ante dificultades, su asesoramiento y sus contactos. La contrapartida del riesgo asumido y el largo per�odo de maduraci�n necesario suele producirse, en caso de �xito, en forma de plusval�as. Por ello, el �Plan de Acci�n para el Capital-Riesgo (1998-2003)� considera que unos mercados de capital-riesgo desarrollados y eficientes constituyen una contribuci�n clave para una econom�a competitiva, innovadora y din�mica, en la l�nea de los objetivos de la estrategia de Lisboa.

Actualmente nuestro pa�s presenta una carencia grave en t�rminos de inversi�n en I+D+i si se compara con los pa�ses de nuestro entorno, siendo este uno de los factores que contribuyen a explicar la brecha que nuestra econom�a presenta en t�rminos de crecimiento de la productividad. Esto le sit�a en una posici�n de desventaja competitiva en el marco de una econom�a cada vez m�s integrada mundialmente, con los peligros que ello comporta. Por tanto, es un imperativo urgente e inaplazable actuar en este �mbito mediante la promoci�n de elementos dinamizadores de la productividad de la econom�a como es el capital-riesgo.

La inversi�n en capital-riesgo en Espa�a se encuentra a�n lejos de los vol�menes alcanzados en las econom�as m�s avanzadas y se detectan algunos elementos normativos del sector que suponen limitaciones y disfunciones que obstaculizan el desarrollo del mismo. Por ello es preciso flexibilizar y modernizar el r�gimen jur�dico de las entidades de capital-riesgo, de manera que se imprima el impulso imprescindible a la competitividad y oportunidades de inversi�n del sector para situarlo en un nivel equiparable al de los pa�ses de nuestro entorno.

III

Los antecedentes legislativos del capital-riesgo en Espa�a datan de 1976, a�o en que se aprueba el Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, de ordenaci�n econ�mica y medidas econ�micas, que fue el promotor de las sociedades de desarrollo industrial, como precedentes de las sociedades de capital-riesgo. El r�gimen jur�dico del capital-riesgo actual tiene sus or�genes en los art�culos 12 a 16 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, sobre medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, cuyas disposiciones fueron posteriormente modificadas en diversas ocasiones. Este r�gimen fue profundamente modificado por la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. En su exposici�n de motivos se alude al capital-riesgo como aquella �actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocaci�n de permanencia ilimitada, a empresas que presentan dificultades para acceder a otras fuentes de financiaci�n�.

Esta Ley instituy� las dos modalidades de entidades, las sociedades y los fondos (administrados por sociedades gestoras), y los sujet� a un r�gimen de autorizaci�n, supervisi�n, inspecci�n y sanci�n homologable al resto de sujetos que act�an en los mercados financieros, atribuy�ndose a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores la potestad de supervisi�n de aqu�llas. La Ley obligaba a estas entidades a invertir el 60 por 100 de su activo (el denominado coeficiente obligatorio) en las empresas que constituyen su objetivo, es decir, proyectos innovadores y con gran capacidad de crecimiento, necesitados de financiaci�n para su desarrollo, seg�n las distintas modalidades de inversi�n existentes (por ejemplo, en funci�n del momento de la vida de la empresa: las llamadas inversiones semilla, arranque, desarrollo, expansi�n, o por sustituci�n en empresas necesitadas de renovaci�n, como pueden ser empresas familiares de segunda o tercera generaci�n, etc.). Dada la diversidad de las posibles modalidades de los tipos de inversi�n que las entidades de capital-riesgo pueden llevar a cabo, las empresas objeto de estas inversiones estar�an caracterizadas por ser empresas �no financieras no cotizadas�.

En la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, se dispuso que el resto del activo no integrado en el coeficiente obligatorio de inversi�n integrara el coeficiente de libre disposici�n, de modo que se permite su inversi�n en un listado tasado de activos. Asimismo se establec�an los siguientes l�mites a las inversiones (l�mites de grupo y diversificaci�n): una entidad de capital-riesgo no pod�a invertir en una misma empresa m�s del 25 por 100 de su activo, ni m�s del 35 por 100 en empresas pertenecientes al mismo grupo y, por otro lado, pod�a invertir hasta el 25 por 100 de su activo en empresas pertenecientes a su grupo, con determinadas condiciones. No obstante, se ampar� la posibilidad de que hubiera incumplimientos temporales de las inversiones, dentro de unos l�mites y condiciones.

Si bien la regulaci�n de 1999 se revel� como un avance notable en el r�gimen jur�dico del capital-riesgo en nuestro pa�s, no consigui� en su totalidad dotar a la industria de los instrumentos financieros necesarios que situaran al capital-riesgo a un nivel competitivo equiparable a los pa�ses de nuestro entorno. Es en la propia regulaci�n financiera de las Entidades de capital-riesgo donde se han advertido ciertas rigideces y limitaciones que lastran el desarrollo definitivo del capital-riesgo en Espa�a.

IV

Por todo ello, la reforma que se aborda en el r�gimen del capital-riesgo con esta nueva Ley se centra en algunos aspectos que se consideran esenciales, respetando el esquema b�sico recogido en la Ley 1/1999, de 5 de enero, antes expuesto. Junto a ello se opta por una mejora de la sistem�tica del articulado mediante su reordenaci�n, que aporte mayor claridad y seguridad jur�dica a la norma. Asimismo se ha optado por una regulaci�n amplia, que integre aquellos elementos que sean imprescindibles para que no sea necesario el desarrollo reglamentario de esta norma, a�n pendiente, ya que la Ley 1/1999, de 5 de enero, ser� derogada sin haber llegado a conocer su desarrollo reglamentario. De esta forma se persigue que el nuevo r�gimen de capital-riesgo sea plenamente operativo en lo esencial desde la entrada en vigor de estas modificaciones, y no haya por tanto que acudir a ulteriores desarrollos normativos.

La reforma se inspira en los siguientes pilares: agilizaci�n del r�gimen administrativo de las entidades de capital-riesgo, flexibilizaci�n de las reglas de inversi�n e introducci�n de figuras de la operativa aceptada en la pr�ctica de la industria del capital-riesgo de los pa�ses m�s avanzados.

Por un lado, las reformas que se introducen tienen por objeto flexibilizar el r�gimen administrativo de estas entidades. Con este fin se introducen medidas como la distinci�n entre las entidades de r�gimen com�n y r�gimen simplificado en funci�n de la apertura de las entidades que implica un trato administrativo diferenciado. En esta misma l�nea se flexibiliza el r�gimen de los plazos y se mejora el r�gimen del silencio administrativo para los procedimientos de autorizaci�n de constituci�n y los de modificaci�n de sus estatutos y reglamentos de gesti�n de estas entidades. Tambi�n se acomete una importante racionalizaci�n de las competencias en la materia, atribuyendo a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, como supervisor del capital-riesgo, el grueso de las competencias de autorizaci�n que se contienen en la norma.

Junto a ello, la reforma busca tambi�n aportar flexibilidad a la actividad mediante la introducci�n de figuras financieras que son comunes en la pr�ctica de los pa�ses de nuestro entorno y que estaban limitadas por la anterior regulaci�n, lo cual se traduc�a en ataduras innecesarias. De este modo se ampl�a el �mbito de asesoramiento de las entidades y de sus sociedades gestoras, si bien se circunscribe a empresas que sean objetivo de la inversi�n de las entidades. Por otro lado, se permite la posibilidad de que las entidades de capital-riesgo tomen participaciones de empresas no financieras que coticen en el primer mercado con la finalidad de excluirlas de la cotizaci�n, de modo que se les impone la obligaci�n de que la excluyan de la cotizaci�n en un plazo determinado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de que estas entidades inviertan en otras entidades de capital-riesgo dentro de unos l�mites. Junto a lo anterior, y con el mismo objetivo de reducir el riesgo, se introducen figuras de diversificaci�n de la inversi�n como son los fondos y sociedades que fundamentalmente inviertan en entidades de capital-riesgo. Esta figura est� ideada para atraer al capital-riesgo al inversor minorista. Con estos elementos, sin duda, se aportan al sector nuevas e importantes herramientas que facilitar�n su actividad de inversi�n productiva.

V

Las reformas adoptadas mediante esta Ley, que, como se ha se�alado, se integran en un conjunto m�s amplio, tienen por objeto proporcionar un impulso directo al aumento de la productividad econ�mica, a trav�s de la renovaci�n del marco jur�dico en el que desarrollan su actividad las entidades de capital-riesgo. Al tiempo, estas reformas pretenden impulsar la confianza y proporcionar una clara se�al a los mercados y agentes econ�micos del decidido compromiso de la pol�tica econ�mica espa�ola con el aumento de la productividad que, junto con la estabilidad presupuestaria y el fomento de la transparencia, se configura como uno de los ejes a trav�s de los cuales se contribuye al objetivo de mejora del bienestar de los ciudadanos.