Los prestamistas y prestatarios españoles pueden ahora constituir una SPV luxemburguesa (es decir, una sociedad de responsabilidad limitada o SARL) y pignorar sus participaciones el mismo día, algo que hace seis meses simplemente no era posible. La constitución de una SPV exigía históricamente abrir primero una cuenta bancaria en Luxemburgo y depositar la totalidad del capital social mínimo de 12.000 euros, un proceso que las verificaciones de AML/KYC de las entidades de crédito podían demorar semanas, retrasando así los calendarios de las operaciones. El legislador luxemburgués se propuso precisamente resolver este cuello de botella. La ley de 18 de mayo de 2026, que modifica la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, permite ahora a los fundadores aplazar el desembolso del capital social mínimo hasta doce meses, siempre que el capital esté íntegramente suscrito en el momento de la constitución y se aporte en efectivo. Para los prestatarios españoles, una SPV puede constituirse ahora mediante escritura notarial el mismo día en que se necesite. Para los prestamistas españoles, el paquete de garantías —incluida la prenda de participaciones— puede firmarse, perfeccionarse y quedar constituido desde el primer día.
La reforma no reduce la solidez de una prenda sobre participaciones regida por la ley de 5 de agosto de 2005 sobre garantías financieras (la Collateral Law). Una prenda se constituye y perfecciona mediante la firma del contrato de prenda y su inscripción en el registro de socios de la sociedad, sin que ningún trámite exija que las participaciones pignoradas estén desembolsadas. Por tanto, un prestamista puede constituir una prenda sobre una SPV recién constituida de forma inmediata, aunque las participaciones estén sólo parcialmente desembolsadas.
Incluso cuando las participaciones no estén totalmente desembolsadas, la ejecución sigue el régimen simplificado de la Collateral Law: el acreedor pignoraticio puede apropiarse de las participaciones a un valor acordado, venderlas de forma privada en condiciones de mercado, o seguir cualquier otro método que autorice la Collateral Law, sin necesidad de aviso previo salvo pacto en contrario. La ejecución sigue siendo eficaz incluso si el pignorante o la sociedad han entrado en un procedimiento de insolvencia, sin que resulte aplicable ningún período de "hardening" (retroacción).
¿Qué ocurre cuando se ejecuta una prenda sobre participaciones que aún no están totalmente desembolsadas? Los derechos de voto correspondientes a las participaciones respecto de las cuales exista un desembolso válidamente reclamado y pendiente quedan automáticamente suspendidos hasta que se subsane el incumplimiento (incluso si ya ha tenido lugar la ejecución). En cuanto a la responsabilidad, los pignorantes sólo responden hasta el importe nominal de sus propias participaciones. Su única exposición es la obligación de desembolsar el precio de suscripción pendiente cuando sea válidamente reclamado por el consejo de gerentes. Esta obligación sigue a las participaciones (incluso en caso de ejecución o transmisión). Es importante destacar que el acreedor pignoraticio, en su condición de nuevo socio, puede válidamente desembolsar él mismo el importe pendiente; no se trata de un pago de un tercero, sino del cumplimiento de la propia obligación de suscripción del acreedor pignoraticio como titular registral, lo que simultáneamente levanta la suspensión de los derechos de voto y extingue la responsabilidad residual del anterior pignorante por dicho importe. No obstante, si el acreedor pignoraticio no realiza el pago, el anterior pignorante sigue siendo responsable del precio de suscripción pendiente existente con anterioridad a la fecha de la transmisión, y dispone de un derecho de repetición solidario frente al acreedor pignoraticio (como nuevo socio) y frente a cualquier titular posterior de las mismas participaciones. La distribución de las obligaciones de capital pendiente entre el pignorante y el acreedor pignoraticio debe revisarse cuidadosamente. Para facilitar dicha revisión, la ley exige que la lista de socios con participaciones no desembolsadas y los importes adeudados se publique junto con las cuentas anuales (balance), y que cualquier documento societario que mencione el capital social indique la parte que aún no ha sido desembolsada.
Los contratos de prenda deben adaptarse a este nuevo régimen. Cuando el desembolso íntegro no se establezca como condición previa a la prenda, el contrato debe revelar expresamente el importe pendiente de desembolso y el calendario de los requerimientos de pago, incluir un compromiso que exija el desembolso íntegro en una fecha determinada o en caso de vencimiento anticipado, con derecho a exigir el pago anticipado en caso de incumplimiento, y añadir una obligación autónoma de certificar periódicamente el estado del desembolso y con ocasión de cualquier requerimiento de capital. Las declaraciones y garantías deben confirmar que ninguna transmisión anterior expone al acreedor pignoraticio a una reclamación de repetición por responsabilidades anteriores a la transmisión. La mecánica de valoración en caso de ejecución debe compensar el precio de apropiación con cualquier requerimiento pendiente, y el contrato debe incluir una indemnización que cubra cualquier importe que el acreedor pignoraticio deba pagar en concepto de responsabilidades anteriores a la adquisición. Para los prestamistas españoles habituados a las prendas de participaciones sujetas a la ley luxemburguesa, se trata de ajustes de redacción modestos que permiten aprovechar plenamente la mayor rapidez en la constitución de SPV sin merma alguna de la solidez de la ejecución.
