Ley 26/2010, de 3 de agosto, de r間imen jur韉ico y de procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻

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Sumario

T閚gase en cuenta que en el DOGC n鷐. 5744, de 28 de octubre de 2010, se ha publicado una correcci髇 de errata de la presente Ley que afecta 鷑icamente al texto en catal醤 de la misma, por lo que no se procede a realizar correcci髇 alguna.LE0000431252

El Presidente de la Generalidad de Catalu馻

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

El art韈ulo 159.1 del Estatuto de autonom韆 otorga a la Generalidad, en materia de r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo, la competencia para la regulaci髇 de las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Catalu馻 o de las especialidades de la organizaci髇 de la Generalidad.

Asimismo, de acuerdo con el art韈ulo 160.1 del Estatuto de autonom韆, corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de r間imen local, que, respetando el principio de autonom韆 local, incluye el r間imen de las relaciones entre las instituciones de la Generalidad y los entes locales, as� como las t閏nicas de organizaci髇 y de relaci髇 para la cooperaci髇 y la colaboraci髇 entre los entes locales y entre estos y la Administraci髇 de la Generalidad, incluyendo las distintas formas asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales.

En virtud del art韈ulo 2 del Estatuto de autonom韆, que configura el sistema institucional de la Generalidad, del que forman parte tambi閚 las administraciones locales de Catalu馻, la presente ley es de aplicaci髇 a todas las administraciones p鷅licas catalanas, a pesar de que prev� especificidades concretas para la Administraci髇 de la Generalidad y respeta el principio de diferenciaci髇, establecido por el art韈ulo 84.3 del Estatuto de autonom韆, en la distribuci髇 de las responsabilidades de las administraciones locales en materia de adaptaci髇 de sus procedimientos al uso de los medios electr髇icos en sus relaciones con los ciudadanos.

La aplicabilidad de la Ley a todas las administraciones p鷅licas de Catalu馻, en virtud de las disposiciones del Estatuto de autonom韆, supone un r間imen com鷑 para todas ellas, sin perjuicio de que determinadas disposiciones 鷑icamente sean de aplicaci髇 a la Administraci髇 de la Generalidad y a los organismos y entidades p鷅licas dependientes o vinculados.

La experiencia acumulada durante los m醩 de veinte a駉s de vigencia de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organizaci髇, procedimiento y r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la Generalidad de Catalu馻, ha contribuido a la construcci髇 de un marco jur韉ico y de un entorno administrativo s髄idos que caracterizan hoy la actividad de los distintos departamentos, organismos y entidades p鷅licas de la Administraci髇 de la Generalidad.

Desde la entrada en vigor de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, antecedente inmediato de la presente ley, se han aprobado una serie de reformas legislativas que han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un nuevo texto legal, siendo las m醩 significativas la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, y la Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos.

Las previsiones estatutarias y el desarrollo de la legislaci髇 b醩ica, de conformidad con el art韈ulo 159.2 del Estatuto de autonom韆, hacen indispensable en Catalu馻 el establecimiento de un marco legal de la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas catalanas que tenga, nuevamente, car醕ter innovador y que, a la vez, d� respuesta a las expectativas de la ciudadan韆 en sus relaciones con cualquier administraci髇 catalana y con independencia del medio de relaci髇.

Por otra parte, no puede rehuirse la necesidad de incorporar las reglas de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y de regular las medidas de simplificaci髇 administrativa a las que obliga su trasposici髇. En este sentido, la Ley opta por extender la aplicaci髇 de dichas medidas a toda actuaci髇 administrativa, con la clara voluntad de contribuir a una mayor racionalizaci髇 de nuestras administraciones p鷅licas.

A dichos objetivos responde la Ley, que se estructura en nueve t韙ulos, quince disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, dos disposiciones derogatorias y seis disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar determina el objeto de la Ley, detalla sus finalidades y concreta su 醡bito de aplicaci髇 y r間imen lingstico.

El t韙ulo I establece el r間imen general de los 髍ganos administrativos sobre la base del principio de no disponibilidad de la competencia (cap韙ulo I) y regula el r間imen jur韉ico de los 髍ganos colegiados (cap韙ulo II).

El t韙ulo II se ocupa de la actuaci髇 administrativa. Dicho apartado incluye los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones p鷅licas de Catalu馻 (cap韙ulo I), y los principios generales y de actuaci髇 con medios electr髇icos que informan su actuaci髇 (cap韙ulo II). Destaca la regulaci髇 de las medidas de simplificaci髇 administrativa (cap韙ulo III) y de los registros administrativos (cap韙ulo IV).

El t韙ulo III establece el r間imen general del procedimiento administrativo que se debe seguir para la realizaci髇 de la actividad de las administraciones p鷅licas catalanas, sea o no por medios electr髇icos. Se prev閚 disposiciones generales (cap韙ulo I), y se regulan las fases de iniciaci髇 e instrucci髇 del procedimiento (cap韙ulo II), la finalizaci髇 del procedimiento, que incluye el r間imen del silencio administrativo (cap韙ulo III), as� como la notificaci髇 y la publicaci髇 de los actos administrativos (cap韙ulo IV).

El t韙ulo IV regula el procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones reglamentarias en el 醡bito exclusivo de la Administraci髇 de la Generalidad, en el cual se incorporan las caracter韘ticas esenciales de su tramitaci髇 y los documentos que le acompa馻n, entre otros, la memoria general y la memoria de evaluaci髇 del impacto de las medidas propuestas (cap韙ulo II), que incluye el informe de impacto presupuestario, el de impacto econ髆ico y social, el de impacto normativo y, finalmente, el informe de impacto de g閚ero. El 閚fasis en la evaluaci髇 del impacto normativo responde a la voluntad de introducir nuevas t閏nicas de buen gobierno en el contexto de la adopci髇 de cualquier decisi髇 normativa de competencia de la Generalidad.

El t韙ulo V est� dedicado a la revisi髇 de oficio (cap韙ulo I), los recursos administrativos y las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales (cap韙ulo II). El t韙ulo VI contiene las disposiciones generales del r間imen de responsabilidad patrimonial de las administraciones p鷅licas catalanas (cap韙ulo I) y las especificidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (cap韙ulo II) que deben ser desarrolladas por norma reglamentaria.

El t韙ulo VII regula las potestades de inspecci髇 y control, su finalidad y ejercicio (cap韙ulo I), y establece, a todos los efectos, el r間imen com鷑 de habilitaci髇 y supervisi髇 de las entidades colaboradoras de la administraci髇 p鷅lica en el ejercicio de dichas funciones (cap韙ulo II).

El t韙ulo VIII regula la potestad sancionadora y el t韙ulo IX contiene las determinaciones b醩icas de las relaciones interadministrativas de las administraciones p鷅licas incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley. Este 鷏timo t韙ulo establece las disposiciones generales (cap韙ulo I), el r間imen de los convenios de colaboraci髇 (cap韙ulo II) y de los consorcios (cap韙ulo III), y dem醩 instrumentos de colaboraci髇 interadministrativa (cap韙ulo IV).

Entre las disposiciones adicionales destacan, por una parte, la cuarta, relativa a los convenios y acuerdos con el Estado y con las comunidades aut髇omas, de conformidad con lo establecido por el art韈ulo 177.1 del Estatuto de autonom韆, y a los acuerdos para la acci髇 exterior de las administraciones p鷅licas de Catalu馻; y por otra, la decimotercera, relativa a la aplicaci髇 de los requisitos para el silencio administrativo desestimatorio regulados por normas preexistentes.

Finalmente, entre las disposiciones finales cabe destacar la primera, que indica los preceptos de la Ley que reproducen legislaci髇 b醩ica; la segunda, relativa a la adaptaci髇 de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 para la incorporaci髇 de medios electr髇icos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y la tercera, de modificaci髇 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno.