Carlos Capa. - La jornada El Acceso de los mayores a la Justicia, cuya grabación está disponible en este enlace, organizada por el programa Jubilare del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, reunió el pasado 23 de octubre a destacados expertos para reflexionar sobre los retos y soluciones ligadas al acceso de las personas mayores al sistema judicial.
El encuentro, celebrado en la Universidad de Navarra y moderado por Luis Javier Arrieta Sevilla, profesor de Derecho Civil, se enfocó en la importancia de garantizar una justicia inclusiva y efectiva para un sector creciente y vulnerable de la población. El profesor Arrieta señaló que «en esta mesa se pretende abordar qué barreras concretas se presentan para los mayores en el acceso a la justicia, identificar buenas praxis, y lo más importante, que experiencias y modelos funcionan para la eliminación de esas barreras y, en definitiva, analizar también las novedades legislativas introducidas en el ordenamiento jurídico recientemente». Acompañaron a Arrieta en la mesa Celestino Morín, director del Centro de Estudios Registrales y registrador de la propiedad en Pamplona; Ana Isabel Blanco, profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia; y María Victoria Sánchez Postigo, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Navarra. Aportando cada uno una visión especializada, que unió el análisis técnico con la reflexión profundamente humana.
Celestino Morín Rodríguez, director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores de Navarra y registrador de la Propiedad de Pamplona nº 4, abrió la sesión agradeciendo a la Comisión Jubilare la organización de estos eventos y detallando la filosofía del proyecto: «Jubilarse significa júbilo, alegría. Es una apuesta por superar el egoísmo y combatir los prejuicios y estereotipos que acaban discriminando a las personas por razón de la edad». En su intervención remarcó que el envejecimiento poblacional, particularmente en España, plantea un desafío que debe ser abordado desde una perspectiva social y legal integradora y proactiva: «La vejez ya no es vista como una etapa de descanso o inactividad, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo, disfrutando y contribuyendo a la sociedad de manera activa».
Morín destacó además el papel del Colegio de Registradores en facilitar la seguridad jurídica y accesibilidad para las personas mayores, con innovaciones como el registro electrónico y la descentralización territorial: «Se puede decir que el registro existe en muchas localidades de España, incluso podemos hablar de que es la única oficina pública que se mantiene». Finamente, reiteró que la Comisión Jubilare no se limita a aspectos patrimoniales, sino que aborda temas complejos relacionados con la vida cotidiana y los derechos de los mayores.
Respeto y paciencia en el trato judicial a los mayores
Le siguió en la exposición Ana Isabel Blanco García, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, que centró su intervención en la dimensión humana y jurídica del envejecimiento. Reivindicó que «el problema es un problema humano, cuya solución debe ser integral, jurídica, social, económica y política», subrayando la necesidad de pasar «del discurso a la acción» para garantizar el acceso real a la justicia. Criticó la jurista, la insuficiencia de las medidas adoptadas postpandemia: «Se ha hecho mucho en apariencia, pero cuando uno lo analiza profundamente no es tanto, se ha quedado un poco corto» enfatizando que las respuestas no solo deben ser jurídicas, sino también deben complementarse con otras de índole social, económico y político. «Tenemos que trabajar todos porque es un problema de la sociedad, no es un problema de unas determinadas personas, es un problema de la sociedad en su conjunto y la sociedad en su conjunto debe afrontarlo».
Blanco explicó cómo la complejidad digital y financiera agrava las barreras para las personas mayores, señalando que la brecha digital se traduce en exclusión social y jurídica: «Si no tengo acceso a lo digital, a la tecnología, ¿cómo voy a vivir en una sociedad que es altamente digital?». Resaltó la importancia del respeto y la paciencia en el trato judicial. Analizó cómo la pandemia, pese a sus efectos devastadores en la salud, actuó como un catalizador de la digitalización, acelerando procesos que en condiciones normales habrían sido más lentos. Sin embargo, esa rapidez trajo consigo carencias, improvisaciones y falta de equilibrio entre lo presencial y lo virtual, ya que durante el confinamiento no existía posibilidad de combinar ambos sistemas. A este salto digital se suma la complejidad del propio sistema financiero, cada vez más sofisticado y difícil de comprender, especialmente en comparación con otros modelos más tradicionales o «pacíficos».
Esa complejidad se refleja en la proliferación de nuevos términos —como fintech, neobancos o banca healthy— que muchos ciudadanos no dominan, señaló, ampliando la brecha de formación financiera. Cuando esta carencia se combina con la brecha digital, los colectivos más vulnerables, en particular las personas mayores, quedan doblemente excluidos: de la economía y de la plena participación social. Ana Isabel Blanco concluyó su intervención afirmando que esas dificultades no son meros problemas técnicos, sino auténticas barreras jurídicas que limitan el acceso a derechos básicos y a servicios esenciales, incluida la justicia, y que por tanto requieren una respuesta institucional y normativa adecuada.
El artículo 7 bis LEC, un avance que visibiliza al colectivo de personas mayores
Por su parte, Victoria Sánchez Pos, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Navarra, completó la jornada abordando las disposiciones legales recientes que promueven la inclusión procesal de las personas mayores. Destacó la relevancia del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incorpora adaptaciones específicas para las personas mayores de 65 años y privilegios para quienes superan los 80 años: «Este precepto visibiliza al colectivo de personas mayores, lo cual es muy importante y además creo que era muy necesario».
Para la profesora, la reforma del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone «un avance al reconocer y visibilizar de manera específica a las personas mayores, especialmente a quienes superan los 80 años. El nuevo precepto establece que los procesos judiciales en los que intervengan estas personas tendrán tramitación preferente, tanto en la fase declarativa como en la de ejecución, lo que busca agilizar su acceso efectivo a la justicia».
Sin embargo, señaló Victoria Sánchez, la norma ha recibido críticas por su técnica legislativa y por introducir una división por grupos de edad (65-79 y mayores de 80 años) que en sectores de la doctrina y los profesionales se considera arbitraria ya que se argumenta que las necesidades o limitaciones de las personas mayores no dependen estrictamente de la edad biológica, sino de factores individuales como la salud o las condiciones sociales. Además, según la profesora, algunos juristas cuestionan que la reforma haya excluido ciertos ajustes procedentes del régimen anterior, que equiparaban su protección a la de las personas con discapacidad.
Pese a estas objeciones, Sánchez Pos entiende «que la diferenciación por edad responde a una justificación social y demográfica, dado que quienes superan los 80 años forman un grupo especialmente vulnerable, con más dificultades educativas, tecnológicas y de acceso a la Administración de Justicia».
«Hay aspectos que se han criticado, como la exclusión del facilitador judicial para las personas mayores, un profesional que puede ser fundamental para que comprendan el proceso», y remarcó el carácter fundamental del derecho de acceso a la Justicia como derecho fundamental citando al Tribunal Constitucional: «No se agota en el mero acceso formal a los tribunales, sino que exige una posibilidad real y efectiva de defensa, garantizando que todas las personas puedan participar en el proceso en condiciones de igualdad».
Terminó la profesora, insistiendo en la necesidad de recursos materiales y humanos adecuados en el sistema judicial para eliminar barreras y asegurar la tutela judicial efectiva: «Esta es la batalla en el ámbito del servicio público de Justicia, asegurar recursos y capacitación para que los operadores jurídicos puedan actuar con sensibilidad y eficacia en favor de las personas mayores».
La jornada, en definitiva, fue una llamada a la acción para transformar la Justicia formal en un acceso real y efectivo para las personas mayores, integrando innovaciones tecnológicas, reformando normativas y promoviendo una Justicia humana con empatía y respeto. Las intervenciones evidenciaron que, aunque hay avances, quedan importantes retos por superar para lograr una inclusión plena y digna que permita a las personas mayores ejercer sus derechos en igualdad y con todos los apoyos necesarios.
Para finalizar la jornada se abrió un turno de palabra entre los asistentes en los que los ponentes pudieron aclarar las dudas surgidas de sus intervenciones
El programa Jubilare continúa así su compromiso de fomentar un debate plural y multidisciplinar sobre las necesidades de las personas mayores, orientando las respuestas jurídicas y sociales hacia un envejecimiento activo y con plena participación ciudadana.
Puedes acceder a la grabación de la jornada a través de este enlace.
