Noticias Jurídicas


Busca en Noticias Juridicas

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 13 de Agosto de 1973. Esta revisin vigente desde 31 de Diciembre de 2010

Sumario

Tngase en cuenta que el Instituto Geolgico y Minero de Espaa ha pasado a denominarse Instituto Tecnolgico Geominero de Espaa (ITGE), conforme estableci el artculo 5.5 del R.D. 1270/1988, 28 octubre, por el que se determina la estructura orgnica bsica del Ministerio de Industria y Energa (B.O.E. 29 octubre).

La Ley de 11 de febrero de 1969, por la que se aprob el II Plan de Desarrollo Econmico y Social, estableci en su artculo primero, como finalidad primordial del Plan, la ordenacin de todos los recursos disponibles al servicio del hombre, sealando en el apartado a) del artculo 6 que se concedera especial atencin a los recursos naturales, mediante la elaboracin de un Programa Nacional de Investigacin Minera.

Iniciados los trabajos preparatorios para dar cumplimiento a este mandato legal, bien pronto se advirti la necesidad de dotar de mayor mbito y contenido al proyectado Programa Nacional de Investigacin, con objeto de afrontar el estudio y solucin de cuantos problemas pudieran oponerse a la deseable expansin de nuestra minera.

Con esta finalidad se emprendi y llev a cabo por el Ministerio de Industria la elaboracin del Plan Nacional de Minera, en el que se destin un captulo al Programa Nacional de Investigacin Minera y los tres restantes al Programa Nacional de Explotacin Minera, a la Actualizacin de la Legislacin Minera y a la Poltica Social en la Minera, procedindose de forma simultnea y coordinada por los distintos grupos y comisiones de trabajo a la realizacin de los estudios correspondientes a cada uno de los captulos citados.

La actualizacin de la legislacin minera se evidenci como una tarea conveniente y provechosa tan pronto se dispuso de los primeros datos sobre la situacin real de todos los registros mineros existentes en el pas. La comprobada inactividad en gran parte de ellos, el reconocimiento insuficiente de muchos yacimientos, su deficiente aprovechamiento a causa de la utilizacin de procedimientos y tcnicas anticuadas, el minifundismo existente y otros factores similares pusieron de relieve la necesidad de acometer la revisin, entre otras disposiciones, de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, para adaptarla a las variaciones de orden tcnico y econmico operadas en el campo de la minera desde su promulgacin.

A travs de los estudios realizados se advirti que la revisin de aquella Ley no deba traducirse, sin embargo, en una alteracin radical de los principios generales que la informan, de gran tradicin histrica y jurdica en la vida del pas y que de manera tan notable han influido en gran nmero de legislaciones mineras, principalmente de Centro y Sudamrica.

Salvando las inevitables y lgicas imperfecciones de todo texto legal, la eficacia de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, como instrumento jurdico ordenador de una riqueza fundamental en la vida econmica del pas, ha quedado patentemente demostrada durante los veintinueve aos de su vigencia. Se ha pretendido, por ello, conseguir nicamente una adaptacin de sus preceptos al cuadro general en que se mueve hoy da la economa industrial del pas, estableciendo los medios legales apropiados para asegurar la puesta en prctica de cuanto se contiene en el Plan Nacional de la Minera y, al propio tiempo, dar solucin adecuada a distintos problemas que la aplicacin de dicha Ley haba puesto de manifiesto a lo largo de estos aos.

En el Ttulo primero de la presente Ley se reafirma la naturaleza jurdica de los yacimientos minerales de origen natural y dems recursos geolgicos como bienes de dominio pblico y se mantiene la concesin administrativa como institucin tradicional y principio bsico de nuestro ordenamiento minero.

Sin perjuicio de llegar en el Reglamento a una enumeracin lo ms completa posible de los recursos y sus distintas variedades, se ha optado por establecer en la Ley una clasificacin ms radical y simplista de los mismos que integran las dos tradicionales secciones A) y B), suprimindose las subdenominaciones de rocas y minerales utilizadas por la anterior Ley de Minas de 19 de julio de 1944, que cientfica y tcnicamente eran incorrectas para gran nmero de las sustancias incluidas en una y otra seccin. Se ha creado as tres secciones, en la primera de las cuales se incluyen la mayora de las que se denominan rocas; en la segunda, las aguas minerales y las termales, las estructuras subterrneas y los yacimientos formados como consecuencia de las operaciones reguladas por esta Ley, y en la tercera, cuantos yacimientos minerales y recursos geolgicos no estn incluidos en las anteriores.

Con el fin de soslayar los inconvenientes de una clasificacin rgida, se faculta al Gobierno para trasladar, en determinadas circunstancias, los recursos de una a otra seccin, mediante un sistema respetuoso con las garantas jurisdiccionales de los interesados y con los derechos previamente adquiridos.

El Ttulo II, al ocuparse de la accin estatal, encomienda al Estado la educacin peridica del Programa Nacional de Investigacin Minera y el de Revalorizacin de la Minera, previendo la colaboracin de los particulares con la Administracin en la obtencin de muestras y datos de origen geolgico.

En materia de reservas a favor del Estado, se han introducido las variaciones aconsejadas por la experiencia obtenidas tras la promulgacin del Decreto 1009/1968, de 2 de mayo. Se clasifican las reservas en especiales, provisionales y definitivas y, salvando las particularidades que necesariamente han de llevar consigo, el procedimiento para su declaracin ha quedado asimilado, en lo posible, al de los permisos de investigacin y concesiones de explotacin.

Se atribuye al Gobierno la competencia para regular el rgimen de las minas cuya explotacin directa ejerce actualmente, as como el de aquellas que se reserven en el futuro.

Se perfilan en lneas generales los sistemas de actuacin para la exploracin, la investigacin y la explotacin de reservas, y manteniendo el criterio tradicional en esta materia, se respetan los derechos adquiridos por los solicitantes o titulares de derechos mineros situados en las zonas reservadas, aunque agilizando los medios con que ha de contar el Estado para evitar que hipotticos derechos expectantes puedan entorpecer una racional investigacin de los recursos minerales del pas.

El Ttulo III est destinado a la regulacin de los aprovechamientos de la seccin A), atribuyndose el derecho preferente a su explotacin con carcter general a los dueos de los terrenos en que estn enclavados dichos recursos.

El ejercicio de este derecho queda condicionado, no obstante, a la obtencin de la pertinente autorizacin de explotacin y a la presentacin de los planes de labores correspondientes, lo que permitir garantizar el mejor aprovechamiento de la riqueza representada por esta clase de recursos.

Por tratarse de bienes de dominio pblico, el Estado podr explotarlos directamente o ceder su aprovechamiento a terceras personas cuando lo justifiquen superiores necesidades de inters nacional y si el propietario del terreno rechaza la invitacin que se haga para ello.

El Ttulo IV regula el aprovechamiento de los recursos de la seccin B), definiendo con este objeto las aguas minerales, las termales, las estructuras subterrneas y los yacimientos formados por acumulaciones de residuos de actividades reguladas por esta Ley.

Dentro de las aguas minerales se mantiene la distincin entre las minero-medicinales y minero-industriales, clasificando a las aguas termales que sean destinadas a usos teraputicos o industriales como aguas minerales a todos los efectos de esta Ley.

Para el aprovechamiento de los recursos de la seccin B) deber obtenerse la debida autorizacin de aprovechamiento, establecindose las oportunas prioridades en los tres tipos de recursos que en la seccin se incluyen y crendose para las estructuras subterrneas, de tanta importancia en la proteccin del ambiente, permetros de proteccin similares a los de las aguas minerales.

El Ttulo V, que trata de la regulacin de la investigacin y aprovechamiento de los recursos de la seccin B), comienza por definir lo que ha de entenderse por terrenos francos y terrenos registrables, conceptos ya utilizados por la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, pero que carecan de la necesaria precisin. Se introduce una importante novedad al establecer la posibilidad de que determinadas zonas sean declaradas no registrables por razones de inters pblico, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos interesados y del de Industria.

Otra innovacin importante est constituida por la introduccin de una nueva figura jurdica, el permiso de explotacin minera, que tendr por objeto permitir el estudio de grandes reas mediante mtodos rpidos de reconocimiento durante perodos cortos de tiempo, con el fin de seleccionar las zonas ms interesantes y obtener sobre ellas los permisos de investigacin correspondientes.

En cuanto a los permisos de investigacin, se ha atenuado la aplicacin del principio absoluto de prioridad que se recoga en la Ley anterior, en la que no se exiga a los peticionarios que demostrasen hallarse en condiciones suficientes para llevar a cabo la investigacin con la intensidad y eficacia que el inters nacional requera. De esta forma, una parte considerable de los permisos de investigacin que cubren el pas respondan a motivos puramente especulativos antes que a una verdadera investigacin cientfica. Sin perjuicio del aludido principio de prioridad, de tanta raigambre en nuestro Derecho minero y que ha sido el estmulo determinante del hallazgo de gran nmero de yacimientos, se ha dado entrada a otros factores, como la solvencia cientfica, tcnica y econmico-financiera de los solicitantes, lo que permitir contar con mayores garantas en cuanto al cumplimiento de los proyectos de investigacin minera.

Sobre los terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso o concesin o del levantamiento de una reserva, se determinar la prioridad entre los solicitantes por medio de un concurso pblico, evitndose con ello los inconvenientes a que daba origen en este punto la aplicacin de la legislacin anterior.

En lo que respecta a la explotacin de las sustancias minerales de la seccin C), se distingue entre las concesiones directas y las concesiones derivadas de permisos de investigacin, definindose los derechos que comportan y las obligaciones que recaen sobre sus titulares, tendentes estas ltimas a asegurar la continuidad en la realizacin de las labores extractivas, que debern ser proporcionadas en medios tcnicos y econmicos a la importancia de los yacimientos y a la extensin de las concesiones otorgadas. Se establecen con la precisin necesaria las condiciones que han de concurrir para el otorgamiento de toda concesin minera, entre las que destaca la exigencia rigurosa de haber sido plenamente comprobada la existencia de un recurso susceptible de aprovechamiento racional.

Las concesiones mineras se otorgarn, en lo sucesivo, por un perodo de treinta aos, prorrogables por plazos iguales hasta un mximo de noventa aos.

Se introduce, finalmente, un nuevo mdulo o unidad, la cuadrcula minera, en sustitucin de la pertenencia minera establecida en la legislacin anterior. La designacin y demarcacin por medio de meridianos y paralelos en forma de cuadrcula minera facilitarn la recogida y clasificacin, por mquinas ordenadoras, de los datos de situacin de las explotaciones mineras, con las ventajas que ello ha de comportar en orden a la localizacin de errores de medicin y evitacin de superposiciones, determinacin exacta de las posibles intrusiones entre aprovechamientos colindantes y, en suma, ausencia de superficies que pudieran dar lugar a demasas por irregularidades en los permetros.

En el Ttulo VI se recogen, debidamente sistematizadas, las causas que pueden dar lugar a la terminacin de expedientes y cancelacin de explotaciones autorizadas.

En el Ttulo VII se determinan las causas de caducidad de autorizaciones, permisos y concesiones regulados en la Ley. En orden a la caducidad de permisos y concesiones se ha previsto una normativa conducente a la utilizacin ms rigurosa por la Administracin de las facultades que tena atribuidas por la legislacin anterior, aunque con la moderacin necesaria para que el ejercicio de las mismas se dirija, de modo especial, a sancionar conductas que patenticen una voluntad deliberada de incumplir las obligaciones exigibles en materia de exploracin, investigacin o explotacin o de actuar con fines especulativos u otros distintos a los pretendidos por esta Ley.

Con respecto a las condiciones para ser titular de derechos mineros, que se regulan en el Ttulo VIII, se han recogido con mayor detalle y amplitud las normas contenidas en el Decreto 4111/1964, de 10 de diciembre, tratando de lograr la mayor aproximacin posible al rgimen general vigente sobre inversiones extranjeras, aunque manteniendo las particularidades propias de un sector, como el minero, tradicionalmente sometido a una ordenacin especial.

Se ocupa el Ttulo IX de la transmisin de derechos mineros, reafirmando el principio clsico de libertad de contratacin entre las partes interesadas y el control por la Administracin de la concurrencia de los adquirentes de las condiciones legales exigidas. Tratndose de explotacin de recursos de la seccin C), se establece tambin la necesidad de acreditar la solvencia econmica de los cesionarios, en consonancia con lo establecido por los solicitantes de dichos permisos y concesiones en el Ttulo V de esta Ley. Se introduce una novedad importante, cuya necesidad se haba hecho sentir en la prctica, al permitir que las concesiones de explotacin puedan ser arrendadas por niveles o recursos, siempre que as se autorice por la Direccin General de Minas.

En el Ttulo X se detallan las modalidades a que pueden acogerse los titulares de derechos mineros en orden a la ocupacin temporal y expropiacin forzosa de los terrenos necesarios para la ejecucin de sus trabajos, buscando la mayor adaptacin entre las exigencias propias de la minera y lo dispuesto en la legislacin general vigente en la materia. De manera explcita se reconoce la potestad de utilizar los beneficios expropiados previstos en la Ley a los explotadores legalmente autorizados de recursos y a los adjudicatarios de las reservas provisionales y definitivas

a favor del Estado.

Los Ttulos XI y XII estn destinados a la regulacin de los cotos mineros y de los establecimientos de beneficios, respectivamente, siendo propsito de la Ley potenciar al mximo la creacin de los primeros, con objeto de fomentar la concentracin de aprovechamientos, conseguir en cada caso las dimensiones adecuadas que permitan alcanzar una mayor productividad y reducir el minifundio existente en muchas zonas del pas.

En el Ttulo XIII se especifican las atribuciones que corresponden a los diversos Organos del Ministerio de Industria y el mbito de actuacin profesional de los titulados de Minas, Ciencias Geolgicas, Fsicas y Qumicas, as como otros titulados universitarios a los que se les reconozca la especializacin correspondiente. De la misma forma se sealan los lmites mnimo y mximo de las multas aplicables a las infracciones que no estn especficamente sancionadas con la caducidad de los derechos mineros regulados en la Ley.

En las Disposiciones Finales se determina la entrada en vigor de la Ley, se prev la promulgacin por el Gobierno de las disposiciones para la introduccin del factor de agotamiento de nuestro sistema tributario y la regulacin de los estmulos fiscales aplicables a la formacin de cotos mineros, as como la adaptacin a la presente Ley del Estatuto sobre la explotacin de aguas minero-medicinales. Se complementan las disposiciones finales con una derogatoria.

En las diez Disposiciones Transitorias se establecen las prevenciones necesarias para acomodar a los preceptos de la Ley las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores. Hay que destacar, de manera especial, el tratamiento aplicado a las concesiones mineras que, otorgadas con anterioridad a la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, continen todava inactivas, situacin plenamente negativa para la creacin de riqueza y perjudicial en grado sumo para el desarrollo de nuestra minera, y a la que se ha dado una solucin que concilia convenientemente los intereses generales del pas con los particulares de los concesionarios afectados por la disposicin.

Finalmente, se incluye una disposicin adicional en la que, reconocindose la importancia que para un aprovechamiento racional de los recursos tiene el tratamiento integral de los residuos slidos urbanos, se seala al Gobierno el plazo de un ao para remitir a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se regule el aprovechamiento de los indicados recursos.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Generales, vengo en sancionar: