Sumario

T�ngase en cuenta que el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a ha pasado a denominarse Instituto Tecnol�gico Geominero de Espa�a (ITGE), conforme estableci� el art�culo 5.5 del R.D. 1270/1988, 28 octubre, por el que se determina la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Industria y Energ�a (�B.O.E.� 29 octubre).

La Ley de 11 de febrero de 1969, por la que se aprob� el II Plan de Desarrollo Econ�mico y Social, estableci� en su art�culo primero, como finalidad primordial del Plan, �la ordenaci�n de todos los recursos disponibles al servicio del hombre�, se�alando en el apartado a) del art�culo 6� que se conceder�a especial atenci�n �a los recursos naturales, mediante la elaboraci�n de un Programa Nacional de Investigaci�n Minera�.

Iniciados los trabajos preparatorios para dar cumplimiento a este mandato legal, bien pronto se advirti� la necesidad de dotar de mayor �mbito y contenido al proyectado Programa Nacional de Investigaci�n, con objeto de afrontar el estudio y soluci�n de cuantos problemas pudieran oponerse a la deseable expansi�n de nuestra miner�a.

Con esta finalidad se emprendi� y llev� a cabo por el Ministerio de Industria la elaboraci�n del Plan Nacional de Miner�a, en el que se destin� un cap�tulo al Programa Nacional de Investigaci�n Minera y los tres restantes al Programa Nacional de Explotaci�n Minera, a la Actualizaci�n de la Legislaci�n Minera y a la Pol�tica Social en la Miner�a, procedi�ndose de forma simult�nea y coordinada por los distintos grupos y comisiones de trabajo a la realizaci�n de los estudios correspondientes a cada uno de los cap�tulos citados.

La actualizaci�n de la legislaci�n minera se evidenci� como una tarea conveniente y provechosa tan pronto se dispuso de los primeros datos sobre la situaci�n real de todos los registros mineros existentes en el pa�s. La comprobada inactividad en gran parte de ellos, el reconocimiento insuficiente de muchos yacimientos, su deficiente aprovechamiento a causa de la utilizaci�n de procedimientos y t�cnicas anticuadas, el minifundismo existente y otros factores similares pusieron de relieve la necesidad de acometer la revisi�n, entre otras disposiciones, de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, para adaptarla a las variaciones de orden t�cnico y econ�mico operadas en el campo de la miner�a desde su promulgaci�n.

A trav�s de los estudios realizados se advirti� que la revisi�n de aquella Ley no deb�a traducirse, sin embargo, en una alteraci�n radical de los principios generales que la informan, de gran tradici�n hist�rica y jur�dica en la vida del pa�s y que de manera tan notable han influido en gran n�mero de legislaciones mineras, principalmente de Centro y Sudam�rica.

Salvando las inevitables y l�gicas imperfecciones de todo texto legal, la eficacia de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, como instrumento jur�dico ordenador de una riqueza fundamental en la vida econ�mica del pa�s, ha quedado patentemente demostrada durante los veintinueve a�os de su vigencia. Se ha pretendido, por ello, conseguir �nicamente una adaptaci�n de sus preceptos al cuadro general en que se mueve hoy d�a la econom�a industrial del pa�s, estableciendo los medios legales apropiados para asegurar la puesta en pr�ctica de cuanto se contiene en el Plan Nacional de la Miner�a y, al propio tiempo, dar soluci�n adecuada a distintos problemas que la aplicaci�n de dicha Ley hab�a puesto de manifiesto a lo largo de estos a�os.

En el T�tulo primero de la presente Ley se reafirma la naturaleza jur�dica de los yacimientos minerales de origen natural y dem�s recursos geol�gicos como bienes de dominio p�blico y se mantiene la concesi�n administrativa como instituci�n tradicional y principio b�sico de nuestro ordenamiento minero.

Sin perjuicio de llegar en el Reglamento a una enumeraci�n lo m�s completa posible de los recursos y sus distintas variedades, se ha optado por establecer en la Ley una clasificaci�n m�s radical y simplista de los mismos que integran las dos tradicionales secciones A) y B), suprimi�ndose las subdenominaciones de �rocas� y �minerales� utilizadas por la anterior Ley de Minas de 19 de julio de 1944, que cient�fica y t�cnicamente eran incorrectas para gran n�mero de las sustancias incluidas en una y otra secci�n. Se ha creado as� tres secciones, en la primera de las cuales se incluyen la mayor�a de las que se denominan �rocas�; en la segunda, las aguas minerales y las termales, las estructuras subterr�neas y los yacimientos formados como consecuencia de las operaciones reguladas por esta Ley, y en la tercera, cuantos yacimientos minerales y recursos geol�gicos no est�n incluidos en las anteriores.

Con el fin de soslayar los inconvenientes de una clasificaci�n r�gida, se faculta al Gobierno para trasladar, en determinadas circunstancias, los recursos de una a otra secci�n, mediante un sistema respetuoso con las garant�as jurisdiccionales de los interesados y con los derechos previamente adquiridos.

El T�tulo II, al ocuparse de la acci�n estatal, encomienda al Estado la educaci�n peri�dica del Programa Nacional de Investigaci�n Minera y el de Revalorizaci�n de la Miner�a, previendo la colaboraci�n de los particulares con la Administraci�n en la obtenci�n de muestras y datos de origen geol�gico.

En materia de reservas a favor del Estado, se han introducido las variaciones aconsejadas por la experiencia obtenidas tras la promulgaci�n del Decreto 1009/1968, de 2 de mayo. Se clasifican las reservas en especiales, provisionales y definitivas y, salvando las particularidades que necesariamente han de llevar consigo, el procedimiento para su declaraci�n ha quedado asimilado, en lo posible, al de los permisos de investigaci�n y concesiones de explotaci�n.

Se atribuye al Gobierno la competencia para regular el r�gimen de las minas cuya explotaci�n directa ejerce actualmente, as� como el de aquellas que se reserven en el futuro.

Se perfilan en l�neas generales los sistemas de actuaci�n para la exploraci�n, la investigaci�n y la explotaci�n de reservas, y manteniendo el criterio tradicional en esta materia, se respetan los derechos adquiridos por los solicitantes o titulares de derechos mineros situados en las zonas reservadas, aunque agilizando los medios con que ha de contar el Estado para evitar que hipot�ticos derechos expectantes puedan entorpecer una racional investigaci�n de los recursos minerales del pa�s.

El T�tulo III est� destinado a la regulaci�n de los aprovechamientos de la secci�n A), atribuy�ndose el derecho preferente a su explotaci�n con car�cter general a los due�os de los terrenos en que est�n enclavados dichos recursos.

El ejercicio de este derecho queda condicionado, no obstante, a la obtenci�n de la pertinente autorizaci�n de explotaci�n y a la presentaci�n de los planes de labores correspondientes, lo que permitir� garantizar el mejor aprovechamiento de la riqueza representada por esta clase de recursos.

Por tratarse de bienes de dominio p�blico, el Estado podr� explotarlos directamente o ceder su aprovechamiento a terceras personas cuando lo justifiquen superiores necesidades de inter�s nacional y si el propietario del terreno rechaza la invitaci�n que se haga para ello.

El T�tulo IV regula el aprovechamiento de los recursos de la secci�n B), definiendo con este objeto las aguas minerales, las termales, las estructuras subterr�neas y los yacimientos formados por acumulaciones de residuos de actividades reguladas por esta Ley.

Dentro de las aguas minerales se mantiene la distinci�n entre las minero-medicinales y minero-industriales, clasificando a las aguas termales que sean destinadas a usos terap�uticos o industriales como aguas minerales a todos los efectos de esta Ley.

Para el aprovechamiento de los recursos de la secci�n B) deber� obtenerse la debida autorizaci�n de aprovechamiento, estableci�ndose las oportunas prioridades en los tres tipos de recursos que en la secci�n se incluyen y cre�ndose para las estructuras subterr�neas, de tanta importancia en la protecci�n del ambiente, per�metros de protecci�n similares a los de las aguas minerales.

El T�tulo V, que trata de la regulaci�n de la investigaci�n y aprovechamiento de los recursos de la secci�n B), comienza por definir lo que ha de entenderse por terrenos francos y terrenos registrables, conceptos ya utilizados por la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, pero que carec�an de la necesaria precisi�n. Se introduce una importante novedad al establecer la posibilidad de que determinadas zonas sean declaradas no registrables por razones de inter�s p�blico, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos interesados y del de Industria.

Otra innovaci�n importante est� constituida por la introducci�n de una nueva figura jur�dica, el permiso de explotaci�n minera, que tendr� por objeto permitir el estudio de grandes �reas mediante m�todos r�pidos de reconocimiento durante per�odos cortos de tiempo, con el fin de seleccionar las zonas m�s interesantes y obtener sobre ellas los permisos de investigaci�n correspondientes.

En cuanto a los permisos de investigaci�n, se ha atenuado la aplicaci�n del principio absoluto de prioridad que se recog�a en la Ley anterior, en la que no se exig�a a los peticionarios que demostrasen hallarse en condiciones suficientes para llevar a cabo la investigaci�n con la intensidad y eficacia que el inter�s nacional requer�a. De esta forma, una parte considerable de los permisos de investigaci�n que cubren el pa�s respond�an a motivos puramente especulativos antes que a una verdadera investigaci�n cient�fica. Sin perjuicio del aludido principio de prioridad, de tanta raigambre en nuestro Derecho minero y que ha sido el est�mulo determinante del hallazgo de gran n�mero de yacimientos, se ha dado entrada a otros factores, como la solvencia cient�fica, t�cnica y econ�mico-financiera de los solicitantes, lo que permitir� contar con mayores garant�as en cuanto al cumplimiento de los proyectos de investigaci�n minera.

Sobre los terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso o concesi�n o del levantamiento de una reserva, se determinar� la prioridad entre los solicitantes por medio de un concurso p�blico, evit�ndose con ello los inconvenientes a que daba origen en este punto la aplicaci�n de la legislaci�n anterior.

En lo que respecta a la explotaci�n de las sustancias minerales de la secci�n C), se distingue entre las concesiones directas y las concesiones derivadas de permisos de investigaci�n, defini�ndose los derechos que comportan y las obligaciones que recaen sobre sus titulares, tendentes estas �ltimas a asegurar la continuidad en la realizaci�n de las labores extractivas, que deber�n ser proporcionadas en medios t�cnicos y econ�micos a la importancia de los yacimientos y a la extensi�n de las concesiones otorgadas. Se establecen con la precisi�n necesaria las condiciones que han de concurrir para el otorgamiento de toda concesi�n minera, entre las que destaca la exigencia rigurosa de haber sido plenamente comprobada la existencia de un recurso susceptible de aprovechamiento racional.

Las concesiones mineras se otorgar�n, en lo sucesivo, por un per�odo de treinta a�os, prorrogables por plazos iguales hasta un m�ximo de noventa a�os.

Se introduce, finalmente, un nuevo m�dulo o unidad, la cuadr�cula minera, en sustituci�n de la pertenencia minera establecida en la legislaci�n anterior. La designaci�n y demarcaci�n por medio de meridianos y paralelos en forma de cuadr�cula minera facilitar�n la recogida y clasificaci�n, por m�quinas ordenadoras, de los datos de situaci�n de las explotaciones mineras, con las ventajas que ello ha de comportar en orden a la localizaci�n de errores de medici�n y evitaci�n de superposiciones, determinaci�n exacta de las posibles intrusiones entre aprovechamientos colindantes y, en suma, ausencia de superficies que pudieran dar lugar a demas�as por irregularidades en los per�metros.

En el T�tulo VI se recogen, debidamente sistematizadas, las causas que pueden dar lugar a la terminaci�n de expedientes y cancelaci�n de explotaciones autorizadas.

En el T�tulo VII se determinan las causas de caducidad de autorizaciones, permisos y concesiones regulados en la Ley. En orden a la caducidad de permisos y concesiones se ha previsto una normativa conducente a la utilizaci�n m�s rigurosa por la Administraci�n de las facultades que ten�a atribuidas por la legislaci�n anterior, aunque con la moderaci�n necesaria para que el ejercicio de las mismas se dirija, de modo especial, a sancionar conductas que patenticen una voluntad deliberada de incumplir las obligaciones exigibles en materia de exploraci�n, investigaci�n o explotaci�n o de actuar con fines especulativos u otros distintos a los pretendidos por esta Ley.

Con respecto a las condiciones para ser titular de derechos mineros, que se regulan en el T�tulo VIII, se han recogido con mayor detalle y amplitud las normas contenidas en el Decreto 4111/1964, de 10 de diciembre, tratando de lograr la mayor aproximaci�n posible al r�gimen general vigente sobre inversiones extranjeras, aunque manteniendo las particularidades propias de un sector, como el minero, tradicionalmente sometido a una ordenaci�n especial.

Se ocupa el T�tulo IX de la transmisi�n de derechos mineros, reafirmando el principio cl�sico de libertad de contrataci�n entre las partes interesadas y el control por la Administraci�n de la concurrencia de los adquirentes de las condiciones legales exigidas. Trat�ndose de explotaci�n de recursos de la secci�n C), se establece tambi�n la necesidad de acreditar la solvencia econ�mica de los cesionarios, en consonancia con lo establecido por los solicitantes de dichos permisos y concesiones en el T�tulo V de esta Ley. Se introduce una novedad importante, cuya necesidad se hab�a hecho sentir en la pr�ctica, al permitir que las concesiones de explotaci�n puedan ser arrendadas por niveles o recursos, siempre que as� se autorice por la Direcci�n General de Minas.

En el T�tulo X se detallan las modalidades a que pueden acogerse los titulares de derechos mineros en orden a la ocupaci�n temporal y expropiaci�n forzosa de los terrenos necesarios para la ejecuci�n de sus trabajos, buscando la mayor adaptaci�n entre las exigencias propias de la miner�a y lo dispuesto en la legislaci�n general vigente en la materia. De manera expl�cita se reconoce la potestad de utilizar los beneficios expropiados previstos en la Ley a los explotadores legalmente autorizados de recursos y a los adjudicatarios de las reservas provisionales y definitivas

a favor del Estado.

Los T�tulos XI y XII est�n destinados a la regulaci�n de los cotos mineros y de los establecimientos de beneficios, respectivamente, siendo prop�sito de la Ley potenciar al m�ximo la creaci�n de los primeros, con objeto de fomentar la concentraci�n de aprovechamientos, conseguir en cada caso las dimensiones adecuadas que permitan alcanzar una mayor productividad y reducir el minifundio existente en muchas zonas del pa�s.

En el T�tulo XIII se especifican las atribuciones que corresponden a los diversos Organos del Ministerio de Industria y el �mbito de actuaci�n profesional de los titulados de Minas, Ciencias Geol�gicas, F�sicas y Qu�micas, as� como otros titulados universitarios a los que se les reconozca la especializaci�n correspondiente. De la misma forma se se�alan los l�mites m�nimo y m�ximo de las multas aplicables a las infracciones que no est�n espec�ficamente sancionadas con la caducidad de los derechos mineros regulados en la Ley.

En las Disposiciones Finales se determina la entrada en vigor de la Ley, se prev� la promulgaci�n por el Gobierno de las disposiciones para la introducci�n del factor de agotamiento de nuestro sistema tributario y la regulaci�n de los est�mulos fiscales aplicables a la formaci�n de cotos mineros, as� como la adaptaci�n a la presente Ley del Estatuto sobre la explotaci�n de aguas minero-medicinales. Se complementan las disposiciones finales con una derogatoria.

En las diez Disposiciones Transitorias se establecen las prevenciones necesarias para acomodar a los preceptos de la Ley las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores. Hay que destacar, de manera especial, el tratamiento aplicado a las concesiones mineras que, otorgadas con anterioridad a la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, contin�en todav�a inactivas, situaci�n plenamente negativa para la creaci�n de riqueza y perjudicial en grado sumo para el desarrollo de nuestra miner�a, y a la que se ha dado una soluci�n que concilia convenientemente los intereses generales del pa�s con los particulares de los concesionarios afectados por la disposici�n.

Finalmente, se incluye una disposici�n adicional en la que, reconoci�ndose la importancia que para un aprovechamiento racional de los recursos tiene el tratamiento integral de los residuos s�lidos urbanos, se se�ala al Gobierno el plazo de un a�o para remitir a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se regule el aprovechamiento de los indicados recursos.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Generales, vengo en sancionar: