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Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 13 de Agosto de 1973. Esta revisión vigente desde 05 de Julio de 2014 hasta 01 de Enero de 2015

Sumario

Norma afectada por
Afectaciones recientes
1/1/2015
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Número 2 del artículo 76 redactado y con aplicación a partir del 1 de enero de 2015, conforme establece el artículo 68 del R.D.-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia («B.O.E.» 5 julio), en relación con lo dispuesto en su disposición transitoria tercera. Ir a Norma
5/7/2014
Ir a Norma RDL 8/2014, de 4 Jul. (medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia)
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Número 2 del artículo 76 modificado conforme establece el artículo 68 del R.D.-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia («B.O.E.» 5 julio), en relación con lo establecido en la disposición transitoria tercera, que establece que los párrafos segundo y tercero del artículo setenta y seis. Dos de la presente Ley, en su nueva redacción por el citado R.D.-ley, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces, para el otorgamiento de los derechos mineros, el elipsoide de referencia será el internacional de Hayford (Madrid, 1924), datum europeo (Postdam, 1950) y meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Se adoptará la proyección Universal Transversal Mercator (UTM) y la distribución de husos y zonas internacionales. Para los derechos del dominio público de hidrocarburos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 16.3.2. del Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en sus redacciones vigentes antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Ir a Norma
31/12/2010
Ir a Norma L 40/2010 de 29 Dic. (almacenamiento geológico de dióxido de carbono)
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Número 4 del artículo 1 introducido por la disposición final primera de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono («B.O.E.» 30 diciembre). Ir a Norma
27/12/2009
Ir a Norma L 25/2009 de 22 Dic. (modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio)
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Articulo 89 suprimido por el artículo 17 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Articulo 90 suprimido por el artículo 17 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Articulo 91 suprimido por el artículo 17 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Articulo 93 suprimido por el artículo 17 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma
4/7/2007
Ir a Norma L 12/2007 de 2 Jul. (modifica L 34/1998 de 7 Oct., del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a la Directiva 2003/55 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 Jun., normas comunes para el mercado interior del gas natural)
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Artículo 121 redactado por la disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural («B.O.E.» 3 julio). Ir a Norma Artículo 122 introducido por la disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural («B.O.E.» 3 julio). Ir a Norma
30/9/1999
Ir a Norma L 54/1980 de 5 Nov. (modificación L 22/1973 de 21 Jul., minas en materia de recursos minerales energéticos)
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Téngase en cuenta que el artículo 1 de la Ley 54/1980, 5 noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos («B.O.E.» 21 noviembre), establece que quedan excluidos de la sección C) del art. 3 y pasan a constituir una nueva sección denominada D), los carbones, los minerales radioactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético que se acuerde incluir en esta sección. Los preceptos de la presente Ley de Minas que hagan referencia a la sección C) se entenderán igualmente aplicables a la sección D). Ir a Norma
23/1/1986
Ir a Norma L 50/1985 de 27 Dic. (incentivos regionales para corrección de desequilibrios interterritoriales)
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Disposición Final 3.ª derogada, en lo que respecta a la declaración de determinadas zonas mineras como de preferente localización industrial, por la Disposición Derogatoria de la Ley 50/1985, 27 diciembre, de Incentivos Regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales («B.O.E.» 3 enero 1986). Ir a Norma
20/11/1975
L 40/1975 de 19 Nov. (descolonización del Sahara)
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Téngase en cuenta que actualmente es inaplicable tras la Ley 40/1975, de 19 noviembre, de Descolonización del Sahara («B.O.E.» 20 noviembre). Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
Ir a Norma LO 4/2000 de 11 Ene. (derechos y libertades de los extranjeros en España)
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La referencia a la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, debe entenderse hecha a la L.O. 4/2000, 11 enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social («B.O.E.» 12 enero).
Ir a Norma L 54/1980 de 5 Nov. (modificación L 22/1973 de 21 Jul., minas en materia de recursos minerales energéticos)
Ir a Norma RDLeg. 1303/1986 de 28 Jun. (adecuación al ordenamiento comunitario de la L 22/1973 de 21 Jul., minas, en materia de titulares de derechos mineros)
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Artículo 92 suprimido por R.D.Leg. 1303/1986, 28 junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («B.O.E.» 30 junio). Artículo 89 redactado por R.D. Leg. 1303/1986, 28 junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («B.O.E.» 30 junio). Artículo 90 redactado por R.D. Leg. 1303/1986, 28 junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («B.O.E.» 30 junio). Artículo 91 redactado por R.D. Leg. 1303/1986, 28 junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («B.O.E.» 30 junio). Artículo 93 redactado por R.D. Leg. 1303/1986, 28 junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas («B.O.E.» 30 junio).
RD 1270/1988 de 28 Oct. (determina la estructura orgánica básica del M.º Industria y Energía)
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Téngase en cuenta que el Instituto Geológico y Minero de España ha pasado a denominarse Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), conforme estableció el artículo 5.5 del R.D. 1270/1988, 28 octubre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Energía («B.O.E.» 29 octubre).
RD 2125/1985 de 9 Oct. (traspaso a la CA Cantabria de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de artesanía, medio ambiente y aguas minerales y termales)
RD 1459/1985 de 5 Jun. (traspaso a la CA La Rioja de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de industria, energía y minas)
RD 640/1985 de 20 Mar. (industria, energía y minas. Valoración definitiva y ampliación de servicios traspasados a la CA la Región de Murcia)
RD 445/1985 de 23 Ene. (traspaso de funciones y servicios en materia de industria y energía a la CA Castilla La Mancha)
RD 386/1985 de 9 Ene. (valoración definitiva y ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados al Principado de Asturias en materia de industria, energía y minas)
RD 1779/1984 de 18 Jul. (valoración definitiva y ampliación de las funciones y medios adscritos a los servicios traspasados en materia de industria, energía y minas a la CA Castilla y León)
RD 1860/1984 de 18 Jul. (traspaso a la CA Madrid de funciones y servicios en materia de industria, energía y minas y valoración definitiva de los servicios traspasados)
RD 1047/1984 de 11 Abr. (valoración definitiva y ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de industria, energía y minas)
RD 539/1984 de 8 Feb. (valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de industria, energía y minas a la CA Aragón)
RD 542/1984 de 8 Feb. (transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CA de la Rioja en materia de sanidad)
RD 2567/1980 de 7 Nov. (transferencias de competencias al Consejo General Interinsular de las Islas Baleares en materia de Sanidad y Cultura)
RD 1634/1980 de 31 Jul. (traspaso a la CA Galicia de competencias en materia de trabajo, industria, comercio, sanidad, cultura y pesca)
RD 466/1980 de 29 Feb. (traspaso de competencias de la Administración del Estado al Consejo Regional de Murcia en materia de urbanismo, agricultura, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, ferias interiores, turismo, transportes, Administración Local, cultura y sanidad)
RD 278/1980 de 25 Ene. (transferencia de competencias al Consejo del País Valenciano en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cultura y sanidad)
RD 2209/1979 de 7 Sep. (transferencia de competencias de la administración del Estado al consejo general del País Vasco en materia de agricultura, sanidad y trabajo)
RD 2210/1979 de 7 Sep. (transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña en materia de agricultura, cultura, sanidad y trabajo)
Corrección de errores RD 2091/1984 de 26 Sep. (valoración definitiva y ampliación de medios adscritos y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la CA Canarias en materia de industria, energía y minas)
Téngase en cuenta que el Instituto Geológico y Minero de España ha pasado a denominarse Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), conforme estableció el artículo 5.5 del R.D. 1270/1988, 28 octubre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Energía («B.O.E.» 29 octubre).

La Ley de 11 de febrero de 1969, por la que se aprobó el II Plan de Desarrollo Económico y Social, estableció en su artículo primero, como finalidad primordial del Plan, «la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre», señalando en el apartado a) del artículo 6º que se concedería especial atención «a los recursos naturales, mediante la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Minera».

Iniciados los trabajos preparatorios para dar cumplimiento a este mandato legal, bien pronto se advirtió la necesidad de dotar de mayor ámbito y contenido al proyectado Programa Nacional de Investigación, con objeto de afrontar el estudio y solución de cuantos problemas pudieran oponerse a la deseable expansión de nuestra minería.

Con esta finalidad se emprendió y llevó a cabo por el Ministerio de Industria la elaboración del Plan Nacional de Minería, en el que se destinó un capítulo al Programa Nacional de Investigación Minera y los tres restantes al Programa Nacional de Explotación Minera, a la Actualización de la Legislación Minera y a la Política Social en la Minería, procediéndose de forma simultánea y coordinada por los distintos grupos y comisiones de trabajo a la realización de los estudios correspondientes a cada uno de los capítulos citados.

La actualización de la legislación minera se evidenció como una tarea conveniente y provechosa tan pronto se dispuso de los primeros datos sobre la situación real de todos los registros mineros existentes en el país. La comprobada inactividad en gran parte de ellos, el reconocimiento insuficiente de muchos yacimientos, su deficiente aprovechamiento a causa de la utilización de procedimientos y técnicas anticuadas, el minifundismo existente y otros factores similares pusieron de relieve la necesidad de acometer la revisión, entre otras disposiciones, de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, para adaptarla a las variaciones de orden técnico y económico operadas en el campo de la minería desde su promulgación.

A través de los estudios realizados se advirtió que la revisión de aquella Ley no debía traducirse, sin embargo, en una alteración radical de los principios generales que la informan, de gran tradición histórica y jurídica en la vida del país y que de manera tan notable han influido en gran número de legislaciones mineras, principalmente de Centro y Sudamérica.

Salvando las inevitables y lógicas imperfecciones de todo texto legal, la eficacia de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, como instrumento jurídico ordenador de una riqueza fundamental en la vida económica del país, ha quedado patentemente demostrada durante los veintinueve años de su vigencia. Se ha pretendido, por ello, conseguir únicamente una adaptación de sus preceptos al cuadro general en que se mueve hoy día la economía industrial del país, estableciendo los medios legales apropiados para asegurar la puesta en práctica de cuanto se contiene en el Plan Nacional de la Minería y, al propio tiempo, dar solución adecuada a distintos problemas que la aplicación de dicha Ley había puesto de manifiesto a lo largo de estos años.

En el Título primero de la presente Ley se reafirma la naturaleza jurídica de los yacimientos minerales de origen natural y demás recursos geológicos como bienes de dominio público y se mantiene la concesión administrativa como institución tradicional y principio básico de nuestro ordenamiento minero.

Sin perjuicio de llegar en el Reglamento a una enumeración lo más completa posible de los recursos y sus distintas variedades, se ha optado por establecer en la Ley una clasificación más radical y simplista de los mismos que integran las dos tradicionales secciones A) y B), suprimiéndose las subdenominaciones de «rocas» y «minerales» utilizadas por la anterior Ley de Minas de 19 de julio de 1944, que científica y técnicamente eran incorrectas para gran número de las sustancias incluidas en una y otra sección. Se ha creado así tres secciones, en la primera de las cuales se incluyen la mayoría de las que se denominan «rocas»; en la segunda, las aguas minerales y las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de las operaciones reguladas por esta Ley, y en la tercera, cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no están incluidos en las anteriores.

Con el fin de soslayar los inconvenientes de una clasificación rígida, se faculta al Gobierno para trasladar, en determinadas circunstancias, los recursos de una a otra sección, mediante un sistema respetuoso con las garantías jurisdiccionales de los interesados y con los derechos previamente adquiridos.

El Título II, al ocuparse de la acción estatal, encomienda al Estado la educación periódica del Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, previendo la colaboración de los particulares con la Administración en la obtención de muestras y datos de origen geológico.

En materia de reservas a favor del Estado, se han introducido las variaciones aconsejadas por la experiencia obtenidas tras la promulgación del Decreto 1009/1968, de 2 de mayo. Se clasifican las reservas en especiales, provisionales y definitivas y, salvando las particularidades que necesariamente han de llevar consigo, el procedimiento para su declaración ha quedado asimilado, en lo posible, al de los permisos de investigación y concesiones de explotación.

Se atribuye al Gobierno la competencia para regular el régimen de las minas cuya explotación directa ejerce actualmente, así como el de aquellas que se reserven en el futuro.

Se perfilan en líneas generales los sistemas de actuación para la exploración, la investigación y la explotación de reservas, y manteniendo el criterio tradicional en esta materia, se respetan los derechos adquiridos por los solicitantes o titulares de derechos mineros situados en las zonas reservadas, aunque agilizando los medios con que ha de contar el Estado para evitar que hipotéticos derechos expectantes puedan entorpecer una racional investigación de los recursos minerales del país.

El Título III está destinado a la regulación de los aprovechamientos de la sección A), atribuyéndose el derecho preferente a su explotación con carácter general a los dueños de los terrenos en que estén enclavados dichos recursos.

El ejercicio de este derecho queda condicionado, no obstante, a la obtención de la pertinente autorización de explotación y a la presentación de los planes de labores correspondientes, lo que permitirá garantizar el mejor aprovechamiento de la riqueza representada por esta clase de recursos.

Por tratarse de bienes de dominio público, el Estado podrá explotarlos directamente o ceder su aprovechamiento a terceras personas cuando lo justifiquen superiores necesidades de interés nacional y si el propietario del terreno rechaza la invitación que se haga para ello.

El Título IV regula el aprovechamiento de los recursos de la sección B), definiendo con este objeto las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados por acumulaciones de residuos de actividades reguladas por esta Ley.

Dentro de las aguas minerales se mantiene la distinción entre las minero-medicinales y minero-industriales, clasificando a las aguas termales que sean destinadas a usos terapéuticos o industriales como aguas minerales a todos los efectos de esta Ley.

Para el aprovechamiento de los recursos de la sección B) deberá obtenerse la debida autorización de aprovechamiento, estableciéndose las oportunas prioridades en los tres tipos de recursos que en la sección se incluyen y creándose para las estructuras subterráneas, de tanta importancia en la protección del ambiente, perímetros de protección similares a los de las aguas minerales.

El Título V, que trata de la regulación de la investigación y aprovechamiento de los recursos de la sección B), comienza por definir lo que ha de entenderse por terrenos francos y terrenos registrables, conceptos ya utilizados por la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, pero que carecían de la necesaria precisión. Se introduce una importante novedad al establecer la posibilidad de que determinadas zonas sean declaradas no registrables por razones de interés público, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos interesados y del de Industria.

Otra innovación importante está constituida por la introducción de una nueva figura jurídica, el permiso de explotación minera, que tendrá por objeto permitir el estudio de grandes áreas mediante métodos rápidos de reconocimiento durante períodos cortos de tiempo, con el fin de seleccionar las zonas más interesantes y obtener sobre ellas los permisos de investigación correspondientes.

En cuanto a los permisos de investigación, se ha atenuado la aplicación del principio absoluto de prioridad que se recogía en la Ley anterior, en la que no se exigía a los peticionarios que demostrasen hallarse en condiciones suficientes para llevar a cabo la investigación con la intensidad y eficacia que el interés nacional requería. De esta forma, una parte considerable de los permisos de investigación que cubren el país respondían a motivos puramente especulativos antes que a una verdadera investigación científica. Sin perjuicio del aludido principio de prioridad, de tanta raigambre en nuestro Derecho minero y que ha sido el estímulo determinante del hallazgo de gran número de yacimientos, se ha dado entrada a otros factores, como la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes, lo que permitirá contar con mayores garantías en cuanto al cumplimiento de los proyectos de investigación minera.

Sobre los terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso o concesión o del levantamiento de una reserva, se determinará la prioridad entre los solicitantes por medio de un concurso público, evitándose con ello los inconvenientes a que daba origen en este punto la aplicación de la legislación anterior.

En lo que respecta a la explotación de las sustancias minerales de la sección C), se distingue entre las concesiones directas y las concesiones derivadas de permisos de investigación, definiéndose los derechos que comportan y las obligaciones que recaen sobre sus titulares, tendentes estas últimas a asegurar la continuidad en la realización de las labores extractivas, que deberán ser proporcionadas en medios técnicos y económicos a la importancia de los yacimientos y a la extensión de las concesiones otorgadas. Se establecen con la precisión necesaria las condiciones que han de concurrir para el otorgamiento de toda concesión minera, entre las que destaca la exigencia rigurosa de haber sido plenamente comprobada la existencia de un recurso susceptible de aprovechamiento racional.

Las concesiones mineras se otorgarán, en lo sucesivo, por un período de treinta años, prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de noventa años.

Se introduce, finalmente, un nuevo módulo o unidad, la cuadrícula minera, en sustitución de la pertenencia minera establecida en la legislación anterior. La designación y demarcación por medio de meridianos y paralelos en forma de cuadrícula minera facilitarán la recogida y clasificación, por máquinas ordenadoras, de los datos de situación de las explotaciones mineras, con las ventajas que ello ha de comportar en orden a la localización de errores de medición y evitación de superposiciones, determinación exacta de las posibles intrusiones entre aprovechamientos colindantes y, en suma, ausencia de superficies que pudieran dar lugar a demasías por irregularidades en los perímetros.

En el Título VI se recogen, debidamente sistematizadas, las causas que pueden dar lugar a la terminación de expedientes y cancelación de explotaciones autorizadas.

En el Título VII se determinan las causas de caducidad de autorizaciones, permisos y concesiones regulados en la Ley. En orden a la caducidad de permisos y concesiones se ha previsto una normativa conducente a la utilización más rigurosa por la Administración de las facultades que tenía atribuidas por la legislación anterior, aunque con la moderación necesaria para que el ejercicio de las mismas se dirija, de modo especial, a sancionar conductas que patenticen una voluntad deliberada de incumplir las obligaciones exigibles en materia de exploración, investigación o explotación o de actuar con fines especulativos u otros distintos a los pretendidos por esta Ley.

Con respecto a las condiciones para ser titular de derechos mineros, que se regulan en el Título VIII, se han recogido con mayor detalle y amplitud las normas contenidas en el Decreto 4111/1964, de 10 de diciembre, tratando de lograr la mayor aproximación posible al régimen general vigente sobre inversiones extranjeras, aunque manteniendo las particularidades propias de un sector, como el minero, tradicionalmente sometido a una ordenación especial.

Se ocupa el Título IX de la transmisión de derechos mineros, reafirmando el principio clásico de libertad de contratación entre las partes interesadas y el control por la Administración de la concurrencia de los adquirentes de las condiciones legales exigidas. Tratándose de explotación de recursos de la sección C), se establece también la necesidad de acreditar la solvencia económica de los cesionarios, en consonancia con lo establecido por los solicitantes de dichos permisos y concesiones en el Título V de esta Ley. Se introduce una novedad importante, cuya necesidad se había hecho sentir en la práctica, al permitir que las concesiones de explotación puedan ser arrendadas por niveles o recursos, siempre que así se autorice por la Dirección General de Minas.

En el Título X se detallan las modalidades a que pueden acogerse los titulares de derechos mineros en orden a la ocupación temporal y expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de sus trabajos, buscando la mayor adaptación entre las exigencias propias de la minería y lo dispuesto en la legislación general vigente en la materia. De manera explícita se reconoce la potestad de utilizar los beneficios expropiados previstos en la Ley a los explotadores legalmente autorizados de recursos y a los adjudicatarios de las reservas provisionales y definitivas

a favor del Estado.

Los Títulos XI y XII están destinados a la regulación de los cotos mineros y de los establecimientos de beneficios, respectivamente, siendo propósito de la Ley potenciar al máximo la creación de los primeros, con objeto de fomentar la concentración de aprovechamientos, conseguir en cada caso las dimensiones adecuadas que permitan alcanzar una mayor productividad y reducir el minifundio existente en muchas zonas del país.

En el Título XIII se especifican las atribuciones que corresponden a los diversos Organos del Ministerio de Industria y el ámbito de actuación profesional de los titulados de Minas, Ciencias Geológicas, Físicas y Químicas, así como otros titulados universitarios a los que se les reconozca la especialización correspondiente. De la misma forma se señalan los límites mínimo y máximo de las multas aplicables a las infracciones que no estén específicamente sancionadas con la caducidad de los derechos mineros regulados en la Ley.

En las Disposiciones Finales se determina la entrada en vigor de la Ley, se prevé la promulgación por el Gobierno de las disposiciones para la introducción del factor de agotamiento de nuestro sistema tributario y la regulación de los estímulos fiscales aplicables a la formación de cotos mineros, así como la adaptación a la presente Ley del Estatuto sobre la explotación de aguas minero-medicinales. Se complementan las disposiciones finales con una derogatoria.

En las diez Disposiciones Transitorias se establecen las prevenciones necesarias para acomodar a los preceptos de la Ley las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores. Hay que destacar, de manera especial, el tratamiento aplicado a las concesiones mineras que, otorgadas con anterioridad a la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, continúen todavía inactivas, situación plenamente negativa para la creación de riqueza y perjudicial en grado sumo para el desarrollo de nuestra minería, y a la que se ha dado una solución que concilia convenientemente los intereses generales del país con los particulares de los concesionarios afectados por la disposición.

Finalmente, se incluye una disposición adicional en la que, reconociéndose la importancia que para un aprovechamiento racional de los recursos tiene el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, se señala al Gobierno el plazo de un año para remitir a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se regule el aprovechamiento de los indicados recursos.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Generales, vengo en sancionar: