Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

ANEXO I
AL DECRETO 128/2019, DE 30 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO NORMAS DE APLICACIÓN|

CAPÍTULO I
OBJETO Y NATURALEZA

CAPÍTULO II
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN Y USO DEL ESPACIO

CAPÍTULO III
DIRECTRICES RECOMENDATORIAS

ANEXO I
A LAS NORMAS DE APLICACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE LA EFICACIA VINCULANTE DIRECTA O INDIRECTA PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN Y USO DEL ESPACIO CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO II DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

ANEXO II
A LAS NORMAS DE APLICACIÓN: ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

El presente anexo a la normativa recoge directrices de obligado cumplimiento sobre elementos, procesos, control de actividades, ordenación del medio físico y matriz de usos.

1. – Elementos y procesos del medio físico y control de actividades:

• 1 a. Elementos y procesos.
  • 1.a.1. Tratamiento del suelo y subsuelo.
    • a. Conservar y asignar usos que aprovechen las potencialidades del suelo sin deteriorarlo, reconociendo el suelo como recurso básico que es soporte esencial de actividades y base física que determina las características de numerosos procesos naturales.
    • b. Integrar dentro de una misma ordenación aquellas cuestiones que, bien relacionadas con la planificación de los espacios protegidos bien con la gestión forestal general, afecten al correcto cumplimiento de las funciones de las áreas forestales, especialmente en relación a la fijación y protección del suelo.
    • c. En general, los planes territoriales parciales y sectoriales incorporarán programas y medidas de acción positiva de mejora de espacios rurales y naturales que definan, entre otros, los objetivos concretos a lograr; el conjunto de medidas necesarias, las responsabilidades en su aplicación y financiación, y los plazos para la ejecución. Los programas, a título indicativo, pueden ser los siguientes:
      • 1. La ordenación de las masas forestales en función de criterios de optimización dependiendo de las características de cada estación tanto para las masas más productivas como para aquellas de crecimiento más lento. Esta ordenación incluiría la regulación de técnicas de explotación y de realización de nuevas plantaciones.
      • 2. La elaboración de un «Catálogo de montes con función protectora», especialmente en los Montes declarados de Utilidad Pública (MUP), que deberán recogerse en la información urbanística. En este catálogo se incluirán aquellos montes en los que, por su papel de proveedores de diversos servicios ecosistémicos, como la prevención de la erosión o en la protección de los terrenos situados aguas abajo, debe realizarse una explotación de los mismos especialmente cuidadosa con el medio.
      • 3. Programas de mejora y gestión de los ámbitos incluidos en las categorías de Especial Protección, Protección de Aguas Superficiales, y en otros espacios que cuentan con interés natural pero que no forman parte de los espacios protegidos.
      • 4. Acciones de reforestación de los ámbitos prioritarios, o de la categoría de Mejora Ambiental que identifiquen los PTP.
      • 5. Programas de actuación orientados al mantenimiento de actividades agrarias, así como a la gestión de los terrenos abandonados o en riesgo de desaparición.
      • 6. Planes de Acción del Paisaje y las medidas y actuaciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística que se establezcan en los catálogos de paisaje.
    • d. Procurar como norma general el mantenimiento de la superficie agraria útil, reconociendo las características del suelo agrario más allá de las de mero soporte.
    • e. Los planes territoriales parciales y sectoriales, así como el planeamiento urbanístico considerarán los factores de capacidad agrológica del suelo y su fragilidad ante procesos de deterioro, como criterio de localización de obras e infraestructuras, delimitando los ámbitos que deben excluirse de los procesos de desarrollo urbano, en sintonía con lo señalado en el PTS Agroforestal. Esta protección se extenderá, independientemente de su productividad, a aquellos terrenos cuya conservación resulte importante para la viabilidad de los usos agrarios, con criterios acordes con las líneas de desarrollo rural establecidas por el Programa de Desarrollo Rural de la CAPV.
    • f. Partiendo de las regulaciones establecidas en materia de Minas y de Hidrocarburos, se debe considerar el subsuelo como un elemento más a tener en cuenta a la hora de elaborar las propuestas y alternativas para encontrar la mejor opción con las mejores tecnologías disponibles, siempre de acuerdo con las bases del modelo que se establecen en este documento. En cualquier caso, su vocación a falta de una previsión sectorial debe ser la de su mantenimiento en estado natural.
    • g. Se evitará o minimizará en lo posible la exposición subaérea de los minerales, sales y aguas reactivas, que son los que cambian sus propiedades durante la meteorización.
    • h. Se evitarán variaciones importantes de humedad en los suelos expansivos (los que cambian sustancialmente de volumen cuando hay una variación de humedad).
    • i. Para prevenir los deslizamientos o disminuir sus efectos es necesario aumentar las fuerzas resistentes o disminuir las fuerzas desestabilizantes actuantes en la ladera o el talud.
    • j. En los suelos susceptibles de sufrir subsidencia (hundimientos de la superficie de forma lenta) y colapsos, se evitarán las vibraciones de cualquier origen y en general, la carga puntual del terreno, así como alteraciones significativas del nivel freático.
  • 1.a.2. Tratamiento de la biodiversidad.
    • a. Garantizar la pervivencia de la biodiversidad, es decir, «la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas» (Convenio sobre la diversidad biológica, 1992).
    • b. Proteger de forma prioritaria los endemismos (combinaciones genéticas surgidas unas veces como especies sólo presentes en un reducido lugar geográfico, en otras ocasiones como variantes locales a especies de ámbito extenso). Para ello, continuar con las líneas emprendidas de ordenación de aquellos amplios espacios en que los usos desarrollados sobre el territorio han preservado un medio natural con un valor singular y se han constituido en referencia ecológica y cultural para gran parte de la población.
    • c. Ampliar esta línea a la protección de hábitats, especies e individuos singulares en toda la CAPV. También hay que preservar y restaurar los corredores ecológicos de interconexión entre hábitats, que garanticen el intercambio genético. Se extenderá este criterio a todas las escalas, para formar una infraestructura verde interconectada.
    • d. En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy especialmente, a la conservación de las masas arboladas. Se tomarán medidas para restituir la conectividad ecológica allá donde se haya perdido, y medidas correctoras o compensatorias allá donde se prevea una posible pérdida. Se protegerán y conservarán los hábitats de interés comunitario y regional.
    • e. Se evitará crear barreras artificiales que impidan la libre circulación de la fauna, y en caso de que existan se estudiarán e implementarán medidas para permitir dicha circulación.
    • f. La instalación de tendidos eléctricos de alta tensión deberá realizarse con dispositivos que eviten la electrocución y minimicen el riesgo de colisión de las aves, en consonancia con la Orden de 6 de mayo de 2016 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
  • 1.a.3. Tratamiento de los recursos hídricos superficiales.
    • a. La ordenación territorial y urbanística tendrá en consideración los terrenos clasificados como no urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los embalses, ríos, arroyos y otras masas de agua superficiales de la CAPV. A este respecto será de aplicación lo señalado en el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.
    • b. En el suelo clasificado como no urbanizable se aplicarán las determinaciones establecidas para la Categoría de Protección de las Aguas Superficiales, según figura en este capítulo.
    • c. En lo que respecta a las zonas húmedas, se estará a lo dispuesto por el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV y, en aquellas que tengan la consideración de Espacios Naturales Protegidos, a lo dispuesto por su propia normativa.
  • 1.a.4. Tratamiento de los recursos hídricos subterráneos.
    • a. La Administración deberá ejercer un control efectivo sobre los acuíferos con dos objetivos: mantener la calidad de las aguas y evitar su sobreexplotación.
    • b. El marco de referencia para el establecimiento de áreas de Vulnerabilidad de las aguas subterráneas será el «Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos», recogido en el portal de Información Geográfica del Gobierno Vasco (http://www.geo.euskadi.eus).
    • c. Las instalaciones de cualquier tipo que produzcan aguas residuales capaces de contaminar las aguas, tanto subterráneas como superficiales, no podrán construir pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo que posibilite la absorción de dichas aguas por el terreno. La construcción de fosas sépticas para saneamiento solo podrá autorizarse cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
    • d. En todo caso, las solicitudes de licencia de actividades generadoras de vertidos de cualquier índole, deberán incluir todos los datos exigibles por la legislación vigente para la autorización de vertidos, no pudiendo realizarse éstos sin dicha autorización.
  • 1.a.5. Tratamiento del espacio litoral y medio marino.
    • a. Toda actuación en la zona costera se someterá a lo dispuesto en el PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV y en la legislación vigente, tanto en lo referente a la zona de dominio público marítimo-terrestre como a las zonas de influencia y servidumbre de protección y tránsito. Los planes territoriales parciales podrán establecer determinaciones complementarias a partir de los análisis pormenorizados de su ámbito de aplicación.
    • b. En el futuro desarrollo del planeamiento territorial que afecte al espacio litoral deberá tenerse en cuenta la incidencia del cambio climático sobre este espacio.
  • 1.a.6. Protección de yacimientos de interés científico-cultural.
    • a. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos serán señalados por el planeamiento territorial y urbanístico estableciéndose las normas y regímenes de protección que determine la normativa sectorial aplicable.
• 1. b. Control de actividades.
  • 1.b.1. Infraestructuras.
    • a. La localización y diseño de toda infraestructura deberá plantear diversas alternativas sobre la base de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del territorio y su fragilidad, que tenga en cuenta al menos los siguientes aspectos:
      • 1. Valores de conservación del territorio desde los puntos de vista ecológico, productivo, paisajístico y científico/cultural.
      • 2. Usos y aprovechamientos actuales del suelo.
      • 3. Condicionantes naturales y oportunidades del territorio para la localización y funcionamiento de la infraestructura en cuestión.
      • 4. Adopción de medidas y técnicas que permitan la permeabilización de la infraestructura de cara al mantenimiento de la conectividad ecológica, así como una adecuada integración paisajística tanto de las infraestructuras proyectadas como ejecutadas, considerando además las necesarias labores de conservación y mantenimiento.
      • 5. En el caso de infraestructuras para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, el estudio previo habrá de tener, asimismo, en cuenta la existencia de recurso renovable y la imposibilidad o no de su emplazamiento en otro lugar por este motivo.
  • 1. b.2. Actividades extractivas.
    • a. Las autorizaciones de actividades extractivas incorporarán la prohibición de acumular materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan obstáculo al libre paso de las aguas y riesgos de arrastres de materiales o sustancias contaminantes.
    • b. El Plan Territorial Sectorial de Actividades Extractivas que conlleva una zonificación de posibles ubicaciones de explotaciones a cielo abierto constituirá el marco de referencia para un tratamiento homogéneo de tales actividades extractivas.
    • c. El planeamiento urbanístico deberá incorporar la delimitación del suelo afectado por la realización de actividades extractivas. En el caso de las subterráneas, además de la delimitación en superficie de las labores: bocaminas, pozos, instalaciones de tratamiento, etc. se recogerá la delimitación proyectada a superficie correspondiente a la explotación subterránea, con la categorización de suelo que, en su caso, tenga la superficie. Ambos usos, de suelo y subsuelo, deberán poderse realizar de forma superpuesta.
    • d. El planeamiento sectorial y las actuaciones de las administraciones públicas procurarán la utilización de los residuos sólidos inertes generados por cualquier tipo de obra como material de relleno de huecos para la restauración de zonas afectadas por actividades extractivas, sin perjuicio de las potencialidades científico-didácticas que puedan tener, y con la cautela debida hacia la protección de las aguas subterráneas.
    • e. Desde el punto de vista de la ordenación y el uso del territorio, cabe señalar que en relación con la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o «fracking» la incertidumbre sobre sus impactos, unida a la actuación en un territorio significativamente denso en cuanto a población y estructuras urbanas como la CAPV desaconsejan su desarrollo.
    • f. Las actividades de prospección e investigación minera no tendrán la consideración de actividad extractiva a los efectos de estas DOT debiendo regularse por su normativa específica.
  • 1.b.3. Actividades urbanísticas y edificatorias.
    • a. Con carácter general, los desarrollos urbanísticos se ajustarán a las determinaciones establecidas por el planeamiento urbanístico correspondiente, y éste, a los planes y directrices de carácter supramunicipal vigentes en cada momento. El planeamiento urbanístico tendrá en consideración, de manera muy especial el posible impacto sobre el Medio Físico de cualquier propuesta de desarrollo urbanístico y de infraestructuras.
    • b. Los desarrollos urbanísticos deberán realizarse con el presupuesto básico del equilibrio con otros usos, preservando el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas especialmente en relación con valores naturales, paisajísticos y productivos del territorio. Especial atención deberá otorgarse a los usos residenciales en edificaciones dispersas, cuyos efectos sobre la ocupación del suelo y su impacto sobre el medio van mucho más allá del espacio físico que efectivamente ocupan.
    • c. Se prohíbe la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable salvo la circunscrita a explotación agropecuaria, en los términos establecidos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su artículo 31.
    • d. Caseríos:
      • 1. Los caseríos existentes en el suelo no urbanizable debieran mantener su morfología actual. En aras a un aprovechamiento del patrimonio arquitectónico existente se permitirá la división horizontal posibilitándose duplicar el número de viviendas existentes sin sobrepasar, en ningún caso, el número de cuatro viviendas por caserío.
      • 2. Así mismo se propone, en los caseríos existentes, la posibilidad de admitir usos compatibles con los usos residenciales (equipamiento, actividad hostelera, terciario).
      • 3. Tanto la intensificación del uso residencial como la implantación de estos nuevos usos en el suelo no urbanizable debe limitarse únicamente a aquellos caseríos que cuenten con los servicios suficientes y accesos adecuados para el uso e intensidad que se posibilite.
    • e. Núcleos Rurales:
      • 1. Los núcleos rurales serán los señalados por los correspondientes inventarios elaborados por las Diputaciones Forales, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Su delimitación tendrá un carácter restrictivo, y será precisada por el planeamiento urbanístico a partir de los inventarios. Para aquellas agrupaciones residenciales en suelo no urbanizable que no estén inventariadas como núcleo rural, el planeamiento urbanístico las incluirá en la categoría de ordenación del suelo colindante.
      • 2. El uso residencial de las nuevas edificaciones en núcleo rural debiera de ser preferentemente el de vivienda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria.
      • 3. Se deberá preservar la morfología original de los núcleos rurales, especialmente en lo relativo a compacidad y definición del espacio público, tendiendo con la nueva edificación a la concentración edificatoria en torno al espacio público que los aglutina y confiere su carácter.
      • 4. Únicamente serán generadores de nuevas viviendas aquellos caseríos anteriores a 1950 y el incremento del número de viviendas posibilitado por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su artículo 29, solo podrá ser aplicado una vez. Por lo tanto, aquellos núcleos rurales en los que el número de edificios residenciales construidos con posterioridad a 1950 sea superior al 50% de los caseríos existentes se considerarán consolidados.
      • 5. En los municipios en los que la superficie de los núcleos rurales de acuerdo con el inventario triplique, como mínimo, la superficie clasificada como suelo urbano y urbanizable, los caseríos anteriores a 1950 podrán generar nuevas viviendas en los términos establecidos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo; así mismo el número total de caseríos y de edificios residenciales construidos con posterioridad a 1950 en cada núcleo no podrá superar las 25 unidades.
      • 6. En los núcleos rurales en los que el número de caseríos anteriores a 1950 fuera próximo a veinticinco, se evitará su reclasificación a suelo urbano.
      • 7. La división horizontal de los caseríos atenderá a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
  • 1. b.4 Depósitos de residuos.
    • a. El marco de referencia para la localización y gestión del transporte, depósito, tratamiento y control de residuos sólidos será el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de la CAPV.
    • b. El citado Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos o, en su defecto, el planeamiento urbanístico deberá:
      • 1. Señalar las áreas no aptas para el vertido en función de los tipos de actividades generadoras de residuos concretando, para ello, a nivel municipal los criterios que se dan en las presentes directrices.
      • 2. Analizar las condiciones de los vertederos incontrolados existentes a fin de detectar los impactos derivados de su localización y funcionamiento; prever convenios, plazos y recursos financieros para la corrección de dichos impactos y, en su caso, programar en colaboración con los servicios ambientales de la Comunidad Autónoma o Foral, la eliminación o sellado de los vertederos incontrolados existentes.
      • 3. Señalar el emplazamiento más idóneo para las nuevas instalaciones de tratamiento de residuos, calificando los terrenos afectados como Sistema General de Infraestructuras.
      • 4. Se prohíbe la deposición de residuos, basuras o desechos de cualquier tipo fuera de los lugares destinados a ello. La realización de estas actividades tendrá la consideración de vulneración del planeamiento, dando lugar a la restitución del suelo a su estado original, sin perjuicio de las acciones en que se pueda incurrir con arreglo a la legislación sectorial correspondiente.
  • 1.b.5. Actividades turísticas y recreativas.
    • a. Las actividades turísticas y recreativas serán reguladas a través de los planes territoriales y/o urbanísticos correspondientes, especialmente las basadas en vehículos a motor.
    • b. El planeamiento de desarrollo valorará las posibilidades de ocio y recreo al aire libre del territorio, señalando las áreas aptas para su adecuación al uso recreativo.
    • c. Los campamentos de turismo se consideran uso autorizable en suelo no urbanizable, siempre que no lo prohíba el planeamiento. La obtención de licencia precisará del cumplimiento de lo dictado en la legislación sectorial aplicable. En ningún caso esta autorización se concederá a la instalación de albergues no transportables por sus propios medios de locomoción o por vehículo automóvil. Las fincas que tengan autorización para destinarse a campamentos de turismo adquirirán la condición de indivisibles, haciéndose constar esta circunstancia en acotación marginal del Registro de la Propiedad.
    • d. La instalación de campos de golf tenderá a utilizar para el riego aguas recicladas, mantener la topografía original del terreno sobre el que se asienta y utilizar especies herbáceas adecuadas a la zona. Habrán de tenerse en cuenta las normas legislativas y demás disposiciones referentes a la utilización de productos fertilizantes, fitosanitarios y plaguicidas.
  • 1.b.6. Actividades agrarias.
    • a. Las actividades agrarias y los usos que se desarrollen en los actuales suelos agrícolas deberán atenerse a lo dispuesto en los planes territoriales, y especialmente en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, salvo en los supuestos de discrepancia con lo establecido en las DOT, que serán de aplicación preferente.
    • b. Se consideran actividades agrarias la agricultura, silvicultura, ganadería y acuicultura.
    • c. Los caseríos vascos son parte integrante del hábitat rural de la Comunidad Autónoma debiendo favorecerse su permanencia en actividad. En este sentido se sugiere diversificar la renta de los agricultores y las agricultoras, es decir, la puesta en marcha de líneas de actuación para el desarrollo rural y conservación del medio natural.
    • d. Las construcciones vinculadas a las explotaciones agrarias guardarán una relación de dependencia y proporción adecuada a la intensidad del aprovechamiento, y se garantizarán medidas para su integración paisajística.
    • e. La obtención de licencia urbanística para industrias agrarias precisará la autorización previa de la administración agraria competente.
    • f. Se debiera orientar la implantación de las industrias agrarias hacia su ubicación en suelos contiguos a los núcleos de población, con la salvedad normativa de la ganadería intensiva.
    • g. Se debe favorecer el progresivo cambio de uso de forestal (productivo) a agrario.

2. – Ordenación del medio físico: matriz de usos.

2.a. Categorías de ordenación.

Ordenar los usos debidamente en el suelo clasificado como «no urbanizable», según las características o la finalidad asignada a un espacio. Para ello, en primer lugar y a modo general, se zonifica el suelo en espacios homogéneos denominados «categorías de ordenación del medio físico», definidos en función de su vocación territorial, y se identifican una serie de condicionantes. Posteriormente se define una relación de tipos de uso del suelo, que podrán ser detallados por los instrumentos de ordenación territorial y los planes generales de ordenación urbana si fuera necesario. Por último, a esas zonas o categorías se les aplica una regulación de usos específica según sus características. A su vez, este régimen de usos específico establecido para cada categoría de ordenación puede verse condicionado por los identificados como «condicionantes superpuestos», que tienen por objeto limitar o condicionar el modo en que se aplican los usos previstos en una determinada categoría con el fin evitar los riesgos o afecciones que pudieran ocasionar dichas actividades.

En algunas de las categorías señaladas existe una correspondencia entre la capacidad del medio físico y la realidad actual del territorio. En otros casos se establecen categorías sobre las que se deberían desarrollar medidas de acción positiva a emprender para adecuar el uso actual a un estado más deseable de acuerdo con la vocación identificada.

Se establecen seis categorías de ordenación:

• 2. a.1. ESPECIAL PROTECCIÓN: se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente. Concretamente, se incluirán es esta categoría:
  • a. Las áreas que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales tales como la protección de los suelos, o la recarga de acuíferos, por ejemplo.
  • b. Muestras de hábitats naturales en buen estado de conservación que están amenazados de desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una protección especial.
  • c. Áreas que alberguen poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies que en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una protección especial.
  • d. Paisajes rurales o agrestes armoniosos, de extraordinaria belleza o valor cultural.
  • e. Lugares de interés geológico (LIG).
  • f. Áreas que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad, o tengan interés científico especial.
• 2.a.2. MEJORA AMBIENTAL: bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad. Esta categoría ha de cobrar un valor clave para la transformación del suelo no urbanizable, como soporte para la generación de soluciones basadas en la naturaleza o de mejoras paisajísticas o agrológicas en función de los objetivos de cada plan territorial o urbanístico.
• 2.a.3. FORESTAL: aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso forestal. La dificultad de discriminar internamente el uso forestal, ya que en los sistemas forestales se entremezclan las funciones de producción y protección, lleva a definir por estas DOT una única área forestal, si bien esta categoría ha sido desarrollada por el PTS Agroforestal, agrupando en torno a la supracategoría «Monte» categorías de Forestal, Forestal monte ralo, Pastos montanos y Pastos montanos-roquedos. No se incluyen las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos.
• 2.a.4. AGROGANADERA Y CAMPIÑA: agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento agropecuario. La categoría Agroganadera y Campiña se subdivide en el PTS Agroforestal, a su vez, en dos subcategorías:
  • a. Agroganadera de Alto Valor Estratégico: suelos con mayor capacidad agrológica y terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. Es por ello que se prohíbe el uso forestal en la misma.
  • b. Paisaje Rural de Transición: agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la Agroganadera de Alto Valor Estratégico (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas de alto valor estratégico o con amplias zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos.
• 2.a.5. PASTOS MONTANOS: zonas ganaderas de altura, situadas en las zonas cacuminales de los macizos montañosos. Como se ha señalado para Forestal, esta categoría ha sido incluida por el PTS Agroforestal en la supracategoría «Monte», y distinguiendo en ella los Pastos montanos- roquedos (grandes paredones rocosos, con resaltes casi verticales) del resto de pastos montanos (céspedes rasos y densos situados en cotas altas, con un aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una cultura pastoril tradicional).
• 2.a.6. PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES: ríos y arroyos y su correspondiente zona de protección, de acuerdo con el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

2.b. Condicionantes superpuestos.

Los condicionantes superpuestos que limitan o condicionan el régimen de usos establecido para cada categoría de ordenación del medio físico son de dos tipos: condicionantes superpuestos de riesgos naturales y condicionantes superpuestos de infraestructura verde, y se especifican a continuación:

• 2. b.1. Condicionantes superpuestos relativos a riesgos naturales y cambio climático:
  • a. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos: las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos. El criterio general será el de evitar la localización de actividades potencialmente emisoras de contaminantes al suelo; cuando razones de fuerza mayor exijan la localización de este tipo de actividades, se exigirá la garantía de su inocuidad para las aguas subterráneas. Para las actividades susceptibles de desarrollarse en estas zonas y que puedan suponer un riesgo para la calidad de las aguas subterráneas, el planeamiento de desarrollo delimitará las áreas vulnerables y establecerá las determinaciones necesarias de acuerdo con el criterio general para este condicionante.
  • b. Riesgos geológicos: se incluye en este condicionante una amplia gama de riesgos, tanto por materiales geológicos (minerales, sales, aguas reactivas, suelos expansivos) como por procesos (deslizamientos, subsidencia y colapsos, erosión, dinámicas de las aguas superficiales, de la costa). El planeamiento deberá incluir información sobre la posible afección de riesgos geológicos, y establecer criterios ponderados adecuados a cada riesgo. Como criterio general, se velará por el mantenimiento de la cubierta arbórea o por su introducción y extensión en el caso de suelos desnudos, y se evitarán aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo. No obstante, si fueran admisibles actividades susceptibles de generar una intensificación de las pérdidas de suelo o dificultar la corrección de los procesos, el planeamiento de desarrollo deberá establecer las determinaciones necesarias.
  • c. Áreas inundables: se garantizará la libre circulación del agua evitando la interrupción y el cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos y prevendrán los daños a instalaciones, infraestructuras y construcciones susceptibles de ser afectadas por las aguas desbordadas, de acuerdo con lo establecido en los planes hidrológicos y el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos.
  • d. Riesgos asociados al cambio climático: se incluyen en este grupo los riesgos por la subida del nivel del mar, los riesgos asociados a tormentas o fuerte oleaje, los riesgos de incendios por sequías prolongadas en áreas forestales homogéneas y los riesgos por estrés térmico y en particular por fenómenos de islas de calor en zonas urbanas. El planeamiento urbanístico irá incorporando tanto la delimitación como las regulaciones adecuadas, a medida que el planeamiento territorial vaya abordando el tratamiento hacia estos riesgos, de acuerdo con lo señalado en el apartado 10.3 de este documento.
• 2.b.2. Condicionantes superpuestos de la infraestructura verde:
  • a. Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai: incluye los parques naturales, biotopos protegidos, árboles singulares, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Plan Especial de Protección de Txingudi, declarados en la actualidad y aquellos otros que se declaren en el futuro así como sus zonas periféricas de protección, en base al texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, y a la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y señalados en este capítulo. Son los espacios de mayor importancia natural. Los criterios y su regulación de usos serán los establecidos por sus respectivas figuras de protección.
  • b. Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales: es la red de corredores ecológicos definida en este documento así como sus posibles actualizaciones o los que pudieran añadir los PTP o los planes urbanísticos, cada uno en su escala. También se incluyen dentro de este condicionante aquellos espacios naturales de relevancia que sin contar con una figura de protección, deben tener un tratamiento adecuado a sus valores ambientales. Son espacios que forman parte de la infraestructura verde de la CAPV. Cualquier uso previsto en ellos deberá supeditarse a los objetivos de la infraestructura verde señalados en este capítulo, y en especial para aquellos corredores propuestos en este documento, al objetivo primordial de la conectividad ecológica entre los espacios protegidos por sus valores ambientales. Las actividades admisibles serán cualesquiera que permitan los objetivos citados, con preferencia por aquellas actividades que los favorezcan.
• 2.b.3. El planeamiento territorial y urbanístico delimitará las áreas afectadas por los condicionantes superpuestos y establecerá los criterios y requisitos exigibles para la concesión de licencia a cualquier actividad que pueda suponer una amenaza para la estabilidad y conservación de los suelos, la calidad de las aguas subterráneas, el control de las inundaciones o el cumplimiento de los objetivos establecidos para los espacios protegidos por sus valores ambientales, los corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales.
• 2.b.4. La información gráfica de los condicionantes superpuestos será accesible en el portal de Información Geográfica del Gobierno Vasco – Geoeuskadi: www.geo.euskadi.eus

2.c. Usos.

Se identifican cinco tipos de usos generales:

• 2. c.1. Protección ambiental:
  • a. Conservación: mantenimiento de las características y situación actual sin intervención humana o exclusivamente de carácter científico o cultural en los casos más naturalizados, o con continuidad del uso actual y participación activa en una dinámica de desarrollo sostenible en el resto de los casos.
  • b. Mejora ambiental: tratamientos capaces de reconducir la zona a que se aplique a su situación primigenia o a otros estados de equilibrio más valiosos. Esta mejora puede adoptar formas distintas según la casuística particular de las unidades a que se asigne (podas selectivas, pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de la vegetación, tratamiento de plagas y enfermedades, etc.).
  • c. Actividades científico-culturales: actividades destinadas a facilitar el estudio y la investigación del medio, que no impliquen construcciones.
• 2.c.2. Ocio y esparcimiento.
  • a. Recreo extensivo: uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a actividades blandas, sin equipamientos significativos: excursionismo y contemplación, poco incidentes en el medio físico, implicando el simple tránsito peatonal, que no requiere ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento para su práctica, como no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, tramos de sendas, miradores, etc.) que se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. Incluye la práctica de escalada incluyendo la apertura y fijación de vías, y práctica de deportes de navegación aérea como ala delta o parapente, incluso el deporte vinculado al medio acuático.
  • b. Recreo intensivo: uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a equipamientos de ocio y/o acogida que implican la adaptación a un espacio localizado para actividades recreativas de distinto tipo: campings, aparcamientos, instalaciones de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, papeleras, pequeños puntos de recogida de residuos o alguna edificación de servicio al uso. Se consideran asimismo integradas en este uso las instalaciones deportivas al aire libre, las instalaciones científicas o culturales que impliquen la construcción de edificios de cierta envergadura, los huertos de ocio, huertos urbanos, los campos de golf, las actividades ligadas a la circulación de vehículos a motor, tanto en circuitos especialmente adaptados, como por vías de interés general, en actividad organizada o por libre.
  • c. Actividades cinegéticas y piscícolas: práctica de la caza y la pesca reglamentada.
• 2. c.3. Explotación de los recursos primarios.
  • a. Agricultura: actividades ligadas directamente con el cultivo de recursos vegetales no forestales (cultivos herbáceos y cultivos leñosos, horticultura, floricultura, cultivos de vivero, de setas y los hidropónicos); preparación de la tierra para la obtención de cultivos, incluyendo labores y prácticas culturales, operaciones de recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo, así como el aporte de agua y una mayor intensidad de aprovechamiento en el caso del regadío, junto con las obras de infraestructura rural necesarias para la mejora de la agricultura en general. En este uso se incluyen tanto las actividades agrícolas al aire libre como las que se realizan bajo cubierta (cultivos protegidos), las construcciones destinadas a almacenamiento y conservación de útiles, aperos de labranza y de productos agrarios; producción, extracción y clasificación de productos agrarios y primera transformación de los productos necesaria para su comercialización o transformación artesanal de los mismos, así como las obras e instalaciones necesarias al regadío o a la agricultura de invernadero. En cualquier caso la superficie construida deberá guardar relación con la capacidad productora de la explotación a la que se sirve o de las explotaciones en caso de productores asociados. Podrán establecerse limitaciones específicas en función de las diferentes categorías de ordenación.
  • b. Invernaderos: instalaciones permanentes, accesibles y con cerramiento para el forzado o protección de cultivos, en las que se pueden desarrollar todas o algunas de las fases del ciclo de los cultivos. Se incluyen construcciones ligadas a la actividad en condiciones equivalentes a las expuestas para los usos relacionados con la agricultura.
  • c. Ganadería: actividades destinadas a la preparación de la tierra para la obtención de pastos y cultivos forrajeros, así como para el pastoreo y la cría de ganado con destino a la producción de alimentos (carne, leche, huevos, etc.), lana, piel u otros productos. Se incluyen construcciones ligadas a explotaciones ganaderas de carácter extensivo o semiextensivo en condiciones equivalentes a las expuestas en el caso del uso agrario. En el caso particular de la categoría de ordenación «Pastos Montanos», se consideran tan solo las actividades ligadas al pastoreo, pudiéndose realizar mejoras de pastos en base a la realización controlada de desbroces y aplicación de productos fitosanitarios, siembras directas y abonados. Muy excepcionalmente podrán realizarse actividades que impliquen remoción de tierras. Solo se admitirán aquellas construcciones (bordas y construcciones ganaderas menores, abrevaderos, etc.) directamente ligadas al pastoreo. En función de las diferentes categorías de ordenación caben limitaciones específicas, más concretamente en la de «Especial Protección", donde puede prohibirse o limitarse especialmente.
  • d. Uso forestal: plantación o siembra de especies arbóreas, tanto con un fin especial de protección ecológica o paisajística, como con fin principalmente productor. Se consideran incluidas en el uso todas las actividades que tienen por objeto la mejora o aprovechamiento de terrenos forestales, así como las instalaciones necesarias para el manejo de las masas así como las construcciones ligadas a la explotación forestal en condiciones equivalentes a las establecidas para los usos relacionados con la agricultura, como las instalaciones forestales de primera transformación. Se estima conveniente que el aprovechamiento forestal modifique sustancialmente sus patrones, reduciendo el predominio de las especies de crecimiento rápido y favoreciendo la combinación con espacios con especies autóctonas con mejores capacidades de prestación de servicios ambientales.
  • e. Industrias agrarias: construcciones destinadas a producciones ganaderas de carácter intensivo en régimen de estabulación permanente, así como industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a una explotación. Incluye industrias forestales, en las mismas condiciones que las agroalimentarias.
  • f. Actividades extractivas: actividades encaminadas a la extracción de los recursos geológicos: minas, canteras, graveras, salinas, explotaciones por dragado, pozos, así como auxiliares vinculadas directamente a éstas. Se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y el primer tratamiento de los recursos geológicos situados en la propia zona. No se incluyen las labores de prospección e investigación de los recursos geológicos.
• 2. c.4. Infraestructuras.
  • a. Vías de transporte: autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles junto con sus instalaciones complementarias, como estaciones de ferrocarril y estaciones de servicio. Asimismo esta categoría de infraestructuras incorpora otros canales dedicados al transporte de personas o mercancías con similar impacto sobre el medio físico.
  • b. Líneas de tendido aéreo: redes de transporte o distribución de energía eléctrica y otras líneas de tendido aéreo y distinta finalidad junto a los soportes e instalaciones complementarias a la red.
  • c. Líneas subterráneas: redes de transporte o distribución de gas, petróleo y productos derivados: agua, saneamiento, telecomunicaciones y otras redes infraestructurales subterráneas así como las instalaciones complementarias.
  • d. Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A: instalaciones tales como grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre (más de 50 vehículos), plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua, embalses o grandes depósitos de agua; centrales productoras de energía eléctrica; estaciones transformadoras de superficie superior a 100 metros cuadrados; centrales de captación o producción de gas; plantas depuradoras y de tratamiento de residuos sólidos y cualesquiera otras instalaciones de utilidad pública y similar impacto sobre el medio físico.
  • e. Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B: instalaciones tales como: torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite; faros, radiofaros y otras instalaciones de comunicación de similar impacto. Se incluyen aparcamientos de pequeña dimensión (menos de 50 vehículos), así como aerogeneradores y otras instalaciones de energías renovables (hidroeléctrica, fotovoltaica, geotermia y similares).
  • f. Escombreras y espacios para el tratamiento de residuos sólidos: lugares destinados al tratamiento de escombros y de residuos sólidos urbanos o industriales, los rellenos de rocas y tierras provenientes de obra civil (depósitos de sobrantes), escombreras.
• 2.c.5. Usos edificatorios.
  • a. Crecimientos apoyados en núcleos preexistentes: desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o rurales ya existentes, cualquiera que sea su entidad. En todo caso estos crecimientos deben guardar una correspondencia estructural, tipológica y de magnitud adecuada con los núcleos en los que se apoyan. De forma particular este uso recoge los crecimientos de los núcleos rurales existentes en el territorio.
  • b. Desarrollos no apoyados en núcleos preexistentes: actuaciones urbanísticas de carácter residencial, industrial o de servicios que pueden incorporar todo el conjunto de equipamientos, dotaciones y usos complementarios correspondientes a su propio carácter y que se desarrollan en áreas desligadas de zonas urbanas o industriales preexistentes o suponen un aprovechamiento urbanístico superior al del elemento en que se apoyan. Se trata de un uso prohibido para todas las categorías de ordenación, salvo las que excepcionalmente se contemplen de forma específica por el PTP correspondiente.
  • c. Edificios de utilidad pública e interés social: edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios públicos o privados que estén destinados a prestar servicios que por su naturaleza y características deban obligatoriamente emplazarse en medio rural, siempre que previamente hubieran sido declaradas de utilidad pública o interés social.
  • d. Vivienda aislada en Suelo No Urbanizable: se trata de construcción de vivienda aislada de nueva planta en suelo no urbanizable, no vinculada a explotación agraria. Se trata de un uso prohibido para todas las categorías.
  • e. Industrias o almacenamientos peligrosos: almacenamiento y desarrollo de sustancias y procesos productivos que por su naturaleza, características o materiales manipulados puedan originar riesgos graves que no permitan su inclusión en terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable.
  • f. Residencial aislado vinculado a explotación agraria: edificios constituidos por una vivienda unifamiliar o bifamiliar ligada a una explotación agropecuaria para residencia de la persona agricultora previa demostración de su necesidad.

2.d. La regulación de usos. Matriz de usos.

La regulación de usos que se establece para cada categoría de ordenación del medio físico señala el criterio general, las actividades propiciadas, las actividades admisibles y las actividades prohibidas, y es la siguiente:

• 2.d.1. Especial protección:
  • a. Criterio General: limitar la intervención antrópica, limitándose a mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. Independientemente de la protección que, desde el punto de vista territorial y de asignación de usos del suelo, otorgan estas directrices y el planeamiento territorial derivado podrán, a propuesta de la administración competente, ser incluidos en alguna de las figuras específicas de protección que establece el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril.
  • b. Actividades Propiciadas: se propiciarán exclusivamente las actividades de conservación y las de mejora ambiental del ecosistema, dado que se trata de ámbitos naturales bien conservados y, aún éstas, sometidas a control por parte de los organismos públicos.
  • c. Actividades Admisibles: se consideran admisibles, previa regulación a través de planeamiento de desarrollo el recreo extensivo, la ganadería, el uso forestal, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B y los edificios de utilidad pública e interés social.
  • d. Actividades Prohibidas: se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, tal y como se definen en este capítulo, las de recreo intensivo, agricultura, invernaderos, industrias agrarias, actividades extractivas, vías de transporte, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, las escombreras y depósitos de residuos y todos los usos edificatorios salvo los edificios de utilidad pública e interés social.
• 2.d.2. Mejora ambiental:
  • a. Criterio General: hacer evolucionar estas zonas, reconduciendo la situación actual hacia estados ecológicamente más favorables. Se hace especialmente necesaria para esta categoría la definición de unos indicadores para evaluar su evolución.
  • b. Actividades Propiciadas: la regeneración del ecosistema así como su conservación, y las actividades científico-culturales que conduzcan a ellas.
  • c. Actividades Admisibles: se considera admisible sin restricciones el recreo extensivo. El recreo intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, la ganadería, el uso forestal, las industrias agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B, las escombreras y depósitos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes y los edificios de utilidad pública e interés social serán admisibles de acuerdo con las determinaciones del planeamiento de desarrollo.
  • d. Actividades Prohibidas: las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, tal y como se definen en este capítulo, agricultura, invernaderos, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A y todos los usos edificatorios salvo los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes y los edificios de utilidad pública e interés social.
• 2.d.3. Forestal.
  • a. Criterio General: garantizar el uso forestal de una forma ordenada e indefinida, asegurando la producción sostenible de las masas. Se deberán aceptar actividades que no comprometan este criterio, siempre sujetas a las limitaciones que se deriven de la minimización de los riesgos naturales. Su regulación está definida en gran medida por lo señalado en el PTS Agroforestal.
  • b. Actividades Propiciadas: el uso forestal del suelo, manteniendo y renovando las masas de acuerdo con el criterio general y lo dispuesto en el planeamiento sectorial forestal.
  • c. Actividades Admisibles: se consideran admisibles sin ningún tipo de limitación la conservación, la mejora ambiental y el recreo extensivo. El planeamiento de desarrollo establecerá la admisibilidad del recreo intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, la agricultura, los invernaderos, la ganadería, las industrias agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B, las escombreras y depósitos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria y los edificios de utilidad pública e interés social.
  • d. Actividades Prohibidas: las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, tal y como se definen en esta directriz, todos los usos edificatorios (salvo los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes, la residencia vinculada a la explotación agraria y los edificios de utilidad pública e interés social).
• 2.d.4. Agroganadera y campiña.
  • a. Criterio General: el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. No obstante, el resto de usos admisibles, incluido el forestal, deberán estar subordinados a los usos agropecuarios. Especial atención deberá dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que ocupan suelo de alto valor agrológico, así como los procesos que provoquen la fragmentación e insularización de las zonas agrarias con consecuencias negativas para las actividades que se desarrollan en ellas.
  • b. Actividades Propiciadas: todas las actividades agrarias y ganaderas, especialmente aquellas que supongan un incremento en la intensidad o de la calidad de la explotación agrícola.
  • c. Actividades Admisibles: se admiten sin limitaciones las actividades de conservación, la mejora ambiental y el recreo extensivo. El recreo intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, los invernaderos, el uso forestal, las industrias agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B, las escombreras y depósitos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria, los edificios de utilidad pública e interés social y las instalaciones peligrosas serán admisibles de acuerdo con las determinaciones del planeamiento de desarrollo. En el supuesto de plantear el planeamiento urbanístico un crecimiento apoyado en núcleos preexistentes sobre un área calificada como de Agroganadera-Alto Valor Estratégico no recayente en áreas de interés preferente del PTP correspondiente, el planeamiento contendrá dentro de su análisis de alternativas una valoración específica del impacto en el medio agrario.
  • d. Actividades Prohibidas: las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, tal y como se definen en este capítulo, los crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes y la residencia aislada no vinculada a la explotación agraria. En Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico se prohíbe el uso forestal.
• 2.d.5. Pastos montanos.
  • a. Criterio General: la voluntad de conservación de estas zonas no está exclusivamente ligada al aprovechamiento ganadero en tanto que actividad económica. Al contrario, dichos pastos montanos constituyen entornos extremadamente valiosos desde un punto de vista ambiental, paisajístico y cultural, por lo que el criterio principal de ordenación de tales zonas debe ir orientado a asegurar el mantenimiento sostenible de la actividad pastoril como mecanismo más efectivo de protección de estas áreas.
  • b. Actividades Propiciadas: la conservación, la mejora ambiental y la ganadería.
  • c. Actividades Admisibles: se admite sin limitaciones el recreo extensivo. Sometidas a las determinaciones y regulaciones del planeamiento de desarrollo están: el recreo intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B y los edificios de utilidad pública e interés social
  • d. Actividades Prohibidas: las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, tal y como se definen en este capítulo, las de agricultura, forestal (excepcionalmente frondosas y coníferas de crecimiento medio y largo), invernaderos, industrias agrarias, actividades extractivas, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A, las escombreras y depósitos de residuos y todos los usos edificatorios salvo los edificios de utilidad pública e interés social.
• 2.d.6. Protección de aguas superficiales.
  • a. Criterio General: favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos naturales.
  • b. Actividades Propiciadas: las actividades de conservación y mejora ambiental y las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el conocimiento del medio, garantizar el abastecimiento a las poblaciones, mejorar la calidad y minimizar los riesgos naturales.
  • c. Actividades Admisibles: todas las demás actividades que no quedan expresamente prohibidas, excepto el recreo extensivo, serán reguladas por el planeamiento de desarrollo.
  • d. Actividades Prohibidas: se prohíben las industrias agrarias, las escombreras y depósitos de residuos y todo tipo de uso edificatorios. Con criterio general, y tal y como señala el PTS de Ríos y Arroyos, se prohíbe cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

ANEXO III
A LAS NORMAS DE APLICACIÓN: MUNICIPIOS QUE COMPONEN CADA ÁREA FUNCIONAL

1. – Área Funcional de Encartaciones: Artzentales, Balmaseda, Carranza, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla.

2. – Área Funcional de Goierri: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gainza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga.

Además se incluyen los siguientes ámbitos: Parzonería General de Álava y Gipuzkoa y Enirio de Aralar.

3. – Área Funcional de Bilbao Metropolitano: Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena.

4. – Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa: Andoain, Astigarraga, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, San Sebastián, Urnieta y Usurbil.

5. – Área Funcional de Durangaldea: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.

6. – Área Funcional de Bajo Deba: Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze- Placencia de las Armas.

7. – Área Funcional de Busturialdea-Artibai: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, y Sukarrieta.

8. – Área Funcional de Arratia: Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri.

9. – Área Funcional de Rioja Alavesa: Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora.

10. – Área Funcional de Ayala: Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo, Orduña y Orozko.

11. – Área Funcional de Alto Deba: Antzuola, Aramaio, Aretxabaleta, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga, Mondragón y Oñati.

12. – Área Funcional de Mungialdea: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka y Mungia.

13. – Área Funcional de Tolosaldea: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil.

Además se incluye el siguiente ámbito: Enirio de Aralar.

14. – Área Funcional de Álava Central: Alegria-Dulantzi, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Elburgo, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lagrán, Lantarón, Legutio, Otxandio, Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Alta, Ribera Baja, Salvatierra, San Millán, Ubide, Urkabustaiz, Valdegovía, Valle de Arana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia y Zuia.

Además se incluyen los siguientes ámbitos: Sierra Brava de Badaya y Parzonería de Entzia.

15. – Área Funcional de Urola Kosta: Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia.

Nota: El Enirio de Aralar se adscribe indistintamente a cualquiera de las dos Áreas Funcionales colindantes (Tolosaldea o Goierri) pudiendo ser ordenado por cualquiera de los dos Planes Territoriales Parciales.

ANEXO IV
A LAS NORMAS DE APLICACIÓN: CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL

1. – Cuantificación residencial.

La metodología de cuantificación residencial para el planeamiento municipal tiene dos objetivos: en primer lugar, se formula un método genérico de cuantificación que, en ausencia de proyecciones más específicas para cada caso, permite abordar de forma razonablemente satisfactoria la cuantificación residencial de cualquier municipio de la CAPV. En segundo lugar, la metodología planteada aporta un esquema conceptual que servirá de referencia, con las adaptaciones y mejoras que se consideren oportunas en cada caso, para cuantificar la capacidad residencial que los diferentes Planes Territoriales Parciales deben realizar para los municipios de su ámbito.

La formulación plantea unos conceptos genéricos que deberán ser completados con las correcciones del modelo territorial vigente que los Planes Territoriales Parciales identifiquen en cada caso. Conviene subrayar que estas correcciones deberán estar debidamente especificadas en magnitud y ritmo temporal, de forma que puedan ser agregadas sin problemas a los componentes genéricos que incluye el método de cuantificación formulado. Además, estas correcciones específicas deberán identificar los impactos positivos y negativos sobre los diferentes municipios afectados, de forma que el efecto agregado de los cambios postulados en el modelo territorial sea nulo (excepto en los casos en los que se identifique un origen o destino externo al ámbito territorial contemplado para los flujos en cuestión).

Por otro lado, los supuestos generales que se proponen en esta metodología deberán ser actualizados a medida que transcurra el tiempo y se disponga de nueva información. Especial interés tienen los aspectos relacionados con las viviendas secundarias y deshabitadas, ya que la información general resulta poco fiable en estos apartados. Los municipios en los que estos fenómenos tengan especial relevancia deberían aportar la información pertinente y justificar los supuestos y coeficientes aplicados en relación a estos temas.

De forma similar, resulta vital asegurar que las cifras de población y vivienda utilizadas para identificar las tendencias pasadas sean homogéneas y cubran un periodo temporal adecuado a la proyección que se propone, de forma que las tendencias identificadas reflejen el comportamiento real de las variables estudiadas.

Otro aspecto que exige la atención de los agentes del planeamiento es el tratamiento adecuado de las referencias temporales implícitas en todo ejercicio de planificación. Es imprescindible establecer con total claridad los límites temporales de la cuantificación, las fechas de referencia para las variables utilizadas y los ritmos anuales de los flujos y variaciones relevantes. Este rigor mejora la visibilidad de las implicaciones de la cuantificación propuesta y permite una evaluación más transparente del plan resultante, ya que la cuantificación solo tiene sentido en relación a la proyección de necesidades referidas a un periodo temporal claramente acotado.

El método de cuantificación residencial se estructura en dos pasos. En un primer paso se calcula el aumento requerido en el parque de viviendas, teniendo en cuenta las necesidades de viviendas principales, la demanda de viviendas secundarias y la previsión de las viviendas deshabitadas asociadas a las anteriores. En un segundo paso se calcula la capacidad residencial adecuada al inicio del periodo de planeamiento, aplicando un factor de esponjamiento apropiado al aumento de viviendas proyectado en el paso precedente. Al resultado obtenido se le resta el número de viviendas deshabitadas que se pretende recuperar con el objetivo de reducir la capacidad residencial resultante. Al final del Anexo se recoge una presentación sintética del método de cuantificación planteado, mediante una ficha que incluye la formulación, los conceptos y los parámetros utilizados.

1. a. Necesidades Residenciales

La cuantificación de las necesidades residenciales tiene en cuenta cinco sumandos que, junto al impacto de las correcciones del modelo territorial, configuran la magnitud resultante.

NR = CMT+A1+A2+B1+B2+C1

Los seis componentes contemplados son los siguientes:

1.a.1. Correcciones del modelo territorial vigente: (CMT).

Se trata de un componente específico a cada municipio, vinculado con las estrategias de equilibrio territorial establecidas en el Plan Territorial Parcial del área funcional correspondiente. En dicho componente se reflejan tanto los crecimientos selectivos que el planeamiento territorial pueda establecer en determinados municipios, como otros conceptos que dicho Plan articule en función de la disponibilidad territorial existente o de las implicaciones que surjan en relación con infraestructuras, equipamientos y operaciones de recualificación urbana que el Plan Territorial prevea. Normalmente, el mayor crecimiento de algunos municipios deberá estar compensado por el menor aumento de otros, excepto cuando se prevea un origen externo a los nuevos flujos migratorios implícitos en este componente. Este componente coincide con el componente 1 planteado por las DOT 1997 denominado «implicaciones del modelo territorial». A la vista de la capacidad residencial resultante, el PTP adaptará el componente de Modelo (CMT). La acción de Crecimiento Selectivo no debiera conllevar, salvo situaciones de cambio excepcional, la aplicación de un componente de modelo, ya que la capacidad residencial ordinaria proveniente del resto de componentes incluye el dinamismo específico de cada municipio en el pasado reciente.

1.a.2. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente: (A1).

Corresponde a las necesidades de vivienda principal derivadas de la variación (aumento o disminución) de la población residente en el ámbito territorial considerado. Equivale al componente 2 planteado por DOT 1997, denominado «crecimiento demográfico».

1.a.3. Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño familiar: (A2).

Corresponde a la variación de las necesidades de vivienda principal en razón de la variación del tamaño medio familiar del ámbito territorial considerado. Equivale al componente 3 de las DOT 1997, denominado «variación de la estructura familiar».

1.a.4. Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de vivienda principal: (B1).

Corresponde a la variación en la demanda de vivienda secundaria asociada a la variación estimada del número de viviendas principales para el ámbito territorial considerado (componentes A1 y A2). Este componente refleja la necesidad de disponer de un número de viviendas adicionales a las previstas para uso principal, que serán absorbidas por la demanda de uso secundario, a fin de garantizar la disponibilidad originalmente estimada mediante los componentes A1 y A2. Se mantiene el concepto de coeficiente de vivienda secundaria (CVS) de las DOT 1997 para mostrar el ratio de viviendas habitadas (sea como vivienda principal o como secundaria) por vivienda principal, pero se modifica la forma de cálculo de este componente.

1.a.5. Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de vivienda secundaria: (B2).

Corresponde a la variación (aumento o disminución) de las viviendas secundarias derivada de cambios en la proporción de viviendas secundarias respecto a principales en el ámbito territorial considerado, es decir, de cambios en el coeficiente CVS. En ausencia de supuestos explícitos sobre cambios en dicho coeficiente, este componente será nulo. Sin embargo, si se plantean cambios en el peso de la vivienda secundaria respecto al uso principal, este componente recogerá el número adicional de viviendas secundarias (si se contempla un aumento del CVS) o el número de viviendas que podrían pasar de un uso secundario a una ocupación principal (si se contempla un descenso del CVS). Se trata de un tema delicado, tanto por la ambigüedad de la información estadística disponible como por la posibilidad de políticas alternativas en este dominio, por lo que se recomiendan una profunda reflexión y un amplio consenso a la hora de aplicar este componente. En caso de hacerlo, es previsible que tome un valor negativo en la mayoría de los casos, reflejando la transformación de viviendas secundarias en principales que se está dando en bastantes municipios de la CAPV, en especial en las áreas próximas a las capitales.

1.a.6. Previsión de viviendas deshabitadas por variación de las viviendas habitadas: (C1).

Corresponde a la previsión de viviendas deshabitadas asociada a la variación de viviendas habitadas (principal o secundaria) durante el periodo contemplado (componentes A1, A2, B1 y B2) para el ámbito territorial considerado. De forma similar al componente B1, este componente refleja la necesidad de prever un número de viviendas adicionales a la previsión de viviendas habitadas, ya que siempre hay una proporción de viviendas deshabitadas de tipo técnico debido a múltiples factores de fricción (periodos de transmisión, rehabilitación, etc.). De forma paralela al CVS se introduce el concepto de coeficiente de vivienda deshabitada (CVD) para mostrar el ratio de viviendas (habitadas o no) por vivienda habitada (principal o secundaria).

1. b. Criterios de aplicación para el cálculo de las necesidades.

1. b.1. Proyección de la población (P).

La población de la CAPV lleva cerca de tres décadas estabilizada en torno a 2.100.000 habitantes, habiendo mostrado una suave tendencia a la baja entre 1981 y 2001 (tasa media de variación anual de -0,1%), un moderado repunte durante el período 2001-2011 y un ligero descenso durante los últimos cinco años (2011-2016). La Tabla 1 resume la evolución de la población de la CAPV y de sus diferentes ámbitos territoriales entre 1981 y 2016.

Se aplicará la tasa anual de variación de la población observada en los datos oficiales correspondientes al período de veinte años precedentes al año anterior del acuerdo de adopción de criterios para la redacción del documento definitivo del Plan. Cuando la tasa de variación resulte negativa se utilizará dicha tasa reducida a la mitad del valor observado, a fin de suavizar el impacto negativo de posibles errores de medición y para simular el efecto que la recesión demográfica pudiera tener en forma de una reducción más acusada del tamaño familiar en el ámbito territorial considerado.

En aquellos casos en que debido al tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación del Avance, los datos utilizados en el cálculo se consideren obsoletos, los mismos podrán ser actualizados con los datos oficiales disponibles con anterioridad a la aprobación provisional del planeamiento.

Iturria: Egileak berak egindakoa, Eustaten datuetan oinarrituta (Biztanleriaren errolda eta estatistika). Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat (censo y Estadística de Población)

1. b.2. Tamaño Medio familiar (TMF).

Se trata de una variable crucial para formular las necesidades residenciales de la población, ya que este elemento asocia población y vivienda principal a través del tamaño medio del hogar entendido como las personas ocupantes de una misma vivienda.

Iturria: Egileak berak egindakoa, Eustaten datuetan oinarrituta (Biztanleriaren errolda eta estatistika). Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat (censo y Estadística de Población)

De acuerdo con los datos provisionales de población y de vivienda del año 2016, se observa que se está produciendo una clara moderación en la reducción experimentada por el tamaño medio familiar durante las últimas décadas (1,98% de reducción media anual en el período 1996-2011 y 1,32% en el período 2001-2016). Por dicho motivo y teniendo en cuenta la evolución producida, se propone la consideración de una tasa anual de reducción del 1,2% del tamaño familiar variable (esto es, del exceso del tamaño familiar sobre la unidad), aplicable a la última información disponible sobre el tamaño medio familiar del municipio, justificadamente la tasa anual de reducción correspondiente a los últimos diez años producida en el propio municipio.

1. b.3. Coeficiente de vivienda secundaria (CVS).

Se aplicará la tasa observada de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles. Será necesario justificar el coeficiente aplicado cuando su valor sea 1,25 (esto es, una vivienda secundaria por cuatro viviendas principales) o más. Es posible plantear la conversión de parte de las viviendas secundarias existentes al inicio del Plan, reduciendo de esta manera las necesidades residenciales proyectadas, pero será necesario justificar la magnitud y viabilidad de los supuestos subyacentes.

1. b.4. Coeficiente de vivienda deshabitada técnica (CVD).

Se aplicará una tasa por vivienda deshabitada técnica comprendida entre 1,04 y 1,08 de acuerdo a la población del municipio considerado (ver tabla de valores en la Tabla 3). Será necesario justificar el valor del coeficiente aplicado cuando se utilicen otros valores.

2. – Capacidad Residencial.

Tras cuantificar las necesidades residenciales del municipio, es preciso convertir estas necesidades previstas para el período del plan en una estimación de la capacidad residencial requerida al inicio del plan, a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades identificadas para la duración prevista del planeamiento.

Se denomina capacidad residencial prevista en un planeamiento general municipal en la fecha de aprobación provisional del mismo, al número total de nuevas viviendas cuya construcción se posibilita en las áreas residenciales clasificadas como suelo urbano y suelo urbanizable. Facultativamente se podrá incorporar en la cuantificación la capacidad de los núcleos rurales, así como la correspondiente a todos los concejos alaveses.

La capacidad residencial adecuada a las necesidades previstas se calcula aplicando un factor de esponjamiento que convierta la cifra de necesidades residenciales en la capacidad de acogida del suelo calificado en el planeamiento, a fin de garantizar la eventual satisfacción de las necesidades calculadas. Al resultado obtenido se le resta el número de viviendas deshabitadas que se pretende recuperar con el objetivo de reducir la capacidad residencial resultante. Dicho número se establece en el equivalente a un mínimo del 2% del parque residencial existente al inicio del planeamiento.

CR = (NR x ESP) - C2

NR: Necesidades Residenciales ESP: Factor de Esponjamiento

C2: Viviendas deshabitadas a recuperar (mínimo del 2% del total de viviendas existentes)

2. a. Factor de Esponjamiento (ESP).

El factor de esponjamiento responde a la necesidad de que la capacidad residencial identificada al inicio del periodo de planeamiento supere ampliamente la magnitud de las necesidades residenciales estimadas para el periodo de vigencia del Plan. Las razones para plantear esta holgura se deben a múltiples factores que exigen que las existencias de suelo residencial superen con cierta amplitud el consumo previsto. Entre los factores más relevantes pueden mencionarse la fricción de un mercado tan segmentado y discriminado como el referido al suelo urbano, la lentitud de los procedimientos administrativos relevantes que pueden prolongar sustancialmente la ejecución o la duración efectiva del plan, y el previsible error en la proyección de las necesidades, cuyo efecto puede resultar especialmente nefasto en un mercado caracterizado por su extrema rigidez.

En esencia, el factor de esponjamiento representa la mayoración necesaria de las necesidades estimadas para el periodo del plan para que a la finalización de tal periodo las existencias remanentes de suelo residencial sean suficientes para que el mercado no sufra un recalentamiento indeseable por falta de oferta. A fin de ilustrar este concepto, puede señalarse que un factor de esponjamiento de 2,5 aplicado a un periodo de planeamiento de 8 años equivale a identificar al inicio del plan suelo adecuado para satisfacer 20 años de construcción residencial al ritmo previsto en la cuantificación, y en consecuencia, prevé finalizar el plan manteniendo aún una capacidad residual equivalente a 12 años de construcción residencial, cifra que parece suficiente para garantizar que el mercado de suelo residencial no sufra estrangulamientos indeseables.

Como es natural, niveles de demanda superiores a los previstos por el Plan, retrasos en la ejecución efectiva del planeamiento o la demora en elaborar un nuevo plan pueden reducir el margen de seguridad teóricamente garantizado por el factor de esponjamiento. La elección del valor adecuado para el factor de esponjamiento es un compromiso entre el deseo de garantizar el funcionamiento del mercado para la duración efectiva del plan y la conveniencia de restringir el ritmo de expansión urbana desde un punto de vista de sostenibilidad y de eficiencia en el uso de un recurso particularmente escaso.

Se propone aplicar un factor de esponjamiento máximo de 2,2 a 3 las necesidades residenciales estimadas para 8 años, de acuerdo al tamaño del municipio (ver tabla de valores en la Tabla 4). La razón de ampliar el factor de esponjamiento a medida que disminuye el tamaño del municipio se debe a la mayor rigidez del mercado a medida que se reduce la dimensión del mismo (tanto por razones físicas como por la mayor concentración de la propiedad) y a la menor fiabilidad de las proyecciones a medida que se reduce la dimensión del ámbito territorial considerado.

2.b. Reducción de la capacidad residencial a prever debido a la recuperación de parte de las viviendas deshabitadas existentes: (C2).

Corresponde al número de viviendas deshabitadas que como objetivo se plantea recuperar, con el fin de transformarlas en viviendas habitadas; reduciéndose de esta forma la capacidad residencial a prever en el planeamiento. El número mínimo de viviendas deshabitadas a recuperar será el equivalente al 2% del parque total de viviendas existente en el municipio al inicio del planeamiento. Así mismo, se sugiere a los PTP como valor a incorporar, el 10% del número total de viviendas deshabitadas existente, incluido el porcentaje de este tipo de vivienda que tiene carácter técnico definido en el CVD de la Tabla 3.

2. c. Limitaciones adicionales.

Finalmente, se han añadido dos condiciones adicionales a los resultados obtenidos aplicando esta metodología de cuantificación para evitar resultados extremos que podrían derivarse de una aplicación mecánica de las reglas propuestas. Se trata de limitaciones dirigidas, por un lado, a los municipios que presentan un pasado muy recesivo, y por otro, a los municipios que han experimentado un crecimiento un tanto explosivo en los años precedentes.

En el primer caso se trata de asegurar una capacidad residencial mínima que permita una cierta capacidad de actuación a los agentes sectoriales y que no restrinja excesivamente el funcionamiento del mercado de suelo en una situación de contracción demográfica. En el segundo caso se trata de evitar extrapolaciones exageradas que resultan difíciles de corregir una vez que se lanzan las actuaciones derivadas de ellas. Naturalmente, será necesario acelerar la actualización del planeamiento vigente en aquellos casos en los que la expansión acelerada se mantenga en el tiempo y amenace con agotar la holgura que el factor de esponjamiento trata de garantizar.

Las dos limitaciones adicionales que se imponen a la cuantificación final de la capacidad residencial del municipio son las siguientes:

• 1.- Para todos los municipios, la capacidad residencial no podrá superar el 50% del parque de viviendas existente en el momento de aprobación del planeamiento urbanístico.
• 2.- Todo municipio podrá plantear una capacidad residencial equivalente al 10% del parque inicial de viviendas.

2. d. Número de viviendas y edificabilidad.

La Tabla 5 presenta una estimación de la superficie media de las viviendas construidas en los últimos años de acuerdo a su régimen y tipología. El concepto de superficie construida no incluye los garajes, trasteros y locales similares que habitualmente se ubican bajo rasante o bajo cubierta en los edificios de viviendas múltiples. Para las viviendas unifamiliares se incluye el garaje cuando no se ubica bajo rasante (se estima que es el caso del 50% de las viviendas unifamiliares que se construyen).

Se ha utilizado a modo referencial e ilustrativo un valor de 1,32 como ratio de superficie construida respecto a la superficie útil de la vivienda para las VPO, cifra más elevada de la aplicada tradicionalmente. El mismo valor se aplica a las viviendas tasadas y libres en edificios de múltiples viviendas. Se ha aplicado un valor igualmente referencial e ilustrativo de 1,25 en el caso de las viviendas adosadas y unifamiliares.

Los valores de la Tabla 5 representan una estimación de la media global aplicable al conjunto de la CAPV. Las áreas rurales y las que tienen mayor disponibilidad de suelo presentarían valores más elevados para la superficie media de las viviendas, mientras que la vivienda media en Bilbao Metropolitano sería algo más pequeña. El valor medio asignado a la VPO supone que las viviendas de un dormitorio suponen del 5 al 10% del total de las VPO construidas, las de dos dormitorios (3 ó 4 camas) suponen del 40 al 50% y las de tres dormitorios (5 ó 6 camas) representan del 45 al 55%.

Existen indicios que apuntan a la conveniencia de diversificar la tipología de las viviendas, especialmente en relación a su superficie. La continua contracción del tamaño familiar, el aumento de los hogares de una y dos personas, y el elevado coste de acceder a una vivienda (sea en propiedad o en alquiler) apuntan a la existencia de un segmento de demanda que podría ser proclive a viviendas más pequeñas, aunque también se aprecia una notable resistencia social y sectorial a iniciativas en este sentido. Se trata de un tema a analizar en profundidad, ya que permitiría reducir la superficie media por vivienda y moderar el consumo de suelo residencial.

3. – Aplicación ilustrativa del método de cuantificación para el período 2018-2026.

Al objeto de ilustrar el funcionamiento y alcance de la metodología planteada se ha llevado a cabo una simulación general para el conjunto de municipios de la CAPV y el periodo 2018-2026 (esto es, el periodo que va desde el 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2026). Esta cuantificación no incluye el componente de correcciones del modelo territorial vigente (a definir por los correspondientes PTP) ni toma en cuenta las eventuales modificaciones del coeficiente de vivienda secundaria que puedan aplicarse en diferentes ámbitos municipales. Por lo tanto, la componente B2 (por variación del coeficiente de vivienda secundaria) es nula por definición. Además se ha fijado en 1,25 el valor del coeficiente de vivienda secundaria (CVS) en todos aquellos municipios en los que el valor histórico de dicho coeficiente superaba dicha cota. Como es natural, la consideración de estos componentes, ignorados en esta aplicación ilustrativa, tendrá un efecto notable en bastantes municipios y áreas funcionales y pudiera llegar a tener un impacto no desdeñable en los valores agregados para el conjunto de la CAPV.

3. a. Necesidades residenciales (2018-2026).

La Tabla 6 resume la cuantificación de las necesidades para el periodo de los 8 años considerados (2018-2026), las cuales se estiman en 82.918 viviendas.

Debido a los supuestos utilizados en este ejercicio los componentes de vivienda secundaria y deshabitada tienen una importancia muy limitada respecto a las necesidades de vivienda principal.

3. b. Capacidad residencial (2018-2026).

La Tabla 7 muestra la capacidad residencial para el período 2018-2026 una vez aplicados los esponjamientos pertinentes, la reducción que resulta de la recuperación de parte de las viviendas deshabitadas (al menos el 2% del parque) y las limitaciones adicionales en aquellos municipios a los que afectan. Cabe indicar al respecto que la referida recuperación de viviendas deshabitadas permite reducir en 20.857 viviendas la capacidad residencial máxima permitida. Globalmente se observa que las necesidades residenciales estimadas en 82.918 viviendas, una vez esponjadas, aplicada la reducción que resulta de la recuperación de parte de las viviendas deshabitadas y consideradas finalmente las limitaciones adicionales se convierten en una capacidad residencial máxima de 180.872 viviendas para el conjunto de la CAPV, lo que representa un factor de esponjamiento efectivo de 2,18.

3. c. Análisis comparativo con las DOT de 1997.

Para terminar, la Tabla 8 compara los resultados obtenidos mediante el método de esta revisión y el derivado de aplicar los criterios establecidos por las DOT de 1997 a la misma información de partida.

La nueva metodología resulta más restrictiva que la que se ha aplicado en los últimos años en casi todos los aspectos contemplados en la cuantificación de las necesidades residenciales:

• 1. La proyección de la pérdida de población de los municipios recesivos, aunque sea de forma suavizada, supone la disminución de las necesidades de vivienda principal.
• 2. El cambio en el cálculo del tamaño familiar, tanto en planteamiento como en ritmo, supone la disminución de las necesidades de vivienda principal en 37.465 viviendas.
• 3. La forma en que cada método calcula la demanda de vivienda secundaria genera una reducción de 3.823 viviendas.
• 4. El objetivo contemplado en el nuevo método de cuantificación, consistente en la posible recuperación de parte de las viviendas deshabitadas existentes en el municipio, permite la reducción de la capacidad residencial en 20.857 viviendas; aspecto que no se encontraba contemplado en las DOT de 1997.
• 5. La incorporación del concepto de esponjamiento (en el nuevo método de cuantificación) en lugar de utilizar la corrección de la rigidez de oferta (en el método de las DOT 1997) genera discrepancias de diferente signo para cada municipio. La importancia del cambio reside en la forma de cálculo de este componente que pasa de depender del parque inicial a estar asociado a la estimación de necesidades residenciales del ámbito en cuestión. En este sentido, la aplicación del coeficiente de esponjamiento genera una reducción de 37.032 viviendas en relación con las viviendas que surgían en aplicación de la «corrección de la rigidez de la oferta» que establecen las DOT 1997.
• 6. Como consecuencia de la incorporación de las limitaciones adicionales a la capacidad residencial máxima admitida (elemento no contemplado en las DOT 1997), la capacidad final resultante con la aplicación de la nueva metodología supone una reducción de 106.619 viviendas con respecto a la capacidad resultante de la aplicación del método establecido en las DOT 1997.

  Tabla 8. Comparación entre los resultados de la nueva metodología y las DOT de 1997

  Concepto (Para el ámbito de la CAPV)	Nuevo Método	DOT actualizadas
  Necesidades de vivienda principal (A):
  Por variación de la población (A1)	23.767	35.142
  Por variación del tamaño familiar (A2)	51.490	88.955
  Demanda de vivienda secundaria (B)	3.728	7.551
  Previsión de viviendas deshabitadas (C1)	3.921
  Necesidades residenciales	82.918	131.648
  Corrección rigidez oferta / Esponjamiento	118.811	155.843
  Recuperación de viviendas deshabitadas	-20.857
  Capacidad residencial máxima	180.872	287.491

4.– Fichas para el cálculo de la cuantificación de la oferta de suelo residencial en el planeamiento municipal.

ANEXO V
A LAS NORMAS DE APLICACIÓN: NORMATIVA SECTORIAL INTRODUCIDA DE ACUERDO CON LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1. – Aviación Civil.

a) En relación con los terrenos de las Áreas Funcionales de «Bilbao Metropolitano», «Donostia / San Sebastián (Donostia-Bajo Bidasoa) » y «Álava Central» incluidos en las Zonas de Servicio de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, se estará a la dispuesto en la normativa estatal en materia aeroportuaria y, en su caso, a las disposiciones de los Planes Directores de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, debiendo ser el uso admisible en esos terrenos exclusivamente el uso público aeroportuario.

b) En los ámbitos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto de Bilbao correspondientes al Real Decreto 55/2018, de 2 de febrero, por el que se aprueban las servidumbres aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del aeropuerto de Bilbao o por las huellas sonoras incluidas en los Planes Directores de los Aeropuertos de San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, no son compatibles los nuevos usos residenciales, ni los dotacionales educativos o sanitarios, ni se admiten las modificaciones de ordenación, que supongan un incremento del número de personas afectadas para dichos usos con respecto al planeamiento vigente.

c) Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Logroño-Agoncillo que afectan a la Comunidad Autónoma del País Vasco determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

d) Las propuestas del nuevo planeamiento territorial y urbanístico, de su revisión o modificación, en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz o Logroño-Agoncillo, deberán ser informadas por la Dirección General de Aviación Civil conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto en por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en su actual redacción, para lo que se solicitará informe antes de la Aprobación Inicial del planeamiento, o trámite equivalente. A falta de solicitud del informe preceptivo así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

e) En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción.

2. – Red de Carreteras del Estado AP-68 Bilbao-Zaragoza.

a) Se deberá clasificar los terrenos de titularidad estatal (dominio público y terrenos expropiados) como Suelo NO Urbanizable de Protección Especial-Infraestructuras (SNUPE-I) o similar.

b) Se reflejarán en los planos, a una escala adecuada, y en la parte normativa del Instrumento, las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección), la línea límite de la edificación y la arista exterior de la explanación.

c) La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento de desarrollo.

d) Se hará constar en la parte normativa del Instrumento que las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal.

e) Cualquier propuesta de nuevas conexiones a la Red de Carreteras del Estado o modificación de las existentes, o de su uso, requerirá como condición necesaria la presentación de un Estudio de Tráfico y Capacidad.

f) Ni los desarrollos urbanísticos previstos ni sus obras de construcción deberán afectar al drenaje actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de aquellas.

g) Se incluirá en la parte normativa del Instrumento, que para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en la normativa vigente.

h) Se deberá reflejar en la parte normativa del Instrumento, la prohibición expresa de realizar publicidad fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera.

i) Se deberá reflejar en la parte normativa del Instrumento, que la iluminación a instalar en los desarrollos previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado.

j) Cualquier actuación prevista en el Plan General, deberá ser compatible con los estudios de carreteras previstos por el Ministerio de Fomento.

3. – Red ferroviaria de interés general.

a) Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística que desarrollen las Directrices de Ordenación Territorial calificarán los terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, así como aquellos que deban ocuparse para tal finalidad, de acuerdo con los estudios informativos aprobados definitivamente, como sistema general ferroviario o equivalente, de titularidad estatal, y no incluirán determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias.

b) Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deben establecer en las líneas ferroviarias de competencia estatal una zona de dominio público, otra de protección y un límite de edificación, y definir las limitaciones a la propiedad de los terrenos incluidos en dichas zonas.

4. – Normativa de Costas.

a) Los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, así como el planeamiento urbanístico desarrollarán el Mapa de Síntesis de las Directrices, recogiendo cada uno a su escala las líneas de ribera del mar, de deslinde del dominio público marítimo-terrestre de servidumbre de protección, de servidumbre de tránsito, de zona de influencia y de servidumbre de acceso al mar, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y aplicación de las limitaciones correspondientes.

Todo ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el planeamiento.

El Mapa Síntesis de las Directrices recoge gráficamente la ribera del mar, la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, la servidumbre de protección y la zona de influencia. Tal Mapa se puede consultar a una escala adecuada en GeoEuskadi, la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi:

http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp

b) En cuanto a la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se estará a lo regulado en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estando únicamente permitida su ocupación para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, debiendo contar en todo caso con el correspondiente título habilitante.

c) Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la 22/1988, de 28 de julio, respectivamente, y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 30 para la zona de influencia.

d) Las redes de saneamiento existentes deberán contar con el correspondiente título habilitante, y en todo caso, tanto las instalaciones existentes como las propuestas estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. En cuanto a las infraestructuras de electricidad, deberá valorarse la posibilidad de planificar actuaciones tendentes a la liberación del dominio público marítimo-terrestre que, salvo autorización excepcional, resultan prohibidas por el articule 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.

e) Respecto a las directrices en materia de crecimiento urbano: deberá tenerse en cuenta el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio para los sectores de suelo urbanizable que se propongan en los respectivos planeamientos urbanísticos municipales. Asimismo, las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

f) Para los itinerarios y miradores de los recorridos costeros deberá tenerse en cuenta que el trazado deberá ajustarse de tal manera que discurra fuera del dominio público marítimo-terrestre.

g) Respecto a las directrices en materia de patrimonio cultural, donde se propone la consideración de diferentes niveles de protección, deberá tenerse en cuenta que aquellos inmuebles, elementos o instalaciones protegidas que se localicen en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o en servidumbre de protección, se estará en todo caso a lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, con independencia del régimen de protección que se establezca para los elementos que se cataloguen.

h) En todo caso, los criterios, objetivos y propuestas generales para el desarrollo de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco deben ser compatibles con las determinaciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sin perjuicio del pronunciamiento que, sobre el planeamiento urbanístico que se derive en su desarrollo, corresponderá efectuar a través de los informes que en su tramitación establecen los artículos 112.a) y 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Dichos informes valorarán las propuestas concretas del planeamiento para la franja costera relativas a la utilización del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, y su adecuación a las disposiciones legales en materia de costas.

5. – Puertos.

a) En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el comprendido dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se les asigne.

b) Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los casos en los que pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima.

c) El régimen de planificación, ordenación, explotación, construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los puertos e instalaciones portuarias y marítimas de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco será el establecido en la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

ANEXO II AL DECRETO 128/2019, DE 30 DE JULIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EXTRACTO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

1. – Introducción.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 21/2013 y a los Artículos 13.4 y 15 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, se elabora el presente «Documento de Integración en el Plan de los Aspectos Ambientales establecidos en la Declaración Ambiental Estratégica de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV» en el que se refleja la manera en que se han integrado los aspectos ambientales establecidos en la «Declaración Ambiental Estratégica» en las DOT y su Estudio Ambiental Estratégico.

2. – Integración de los aspectos ambientales.

2.1. – Directrices de ordenación territorial.

2.1.1.– Documento de Alcance.

El Documento de Alcance establece los objetivos ambientales estratégicos, principios y criterios de sostenibilidad que se aplicarán en la elaboración de las DOT.

En el siguiente cuadro se recoge cómo se han integrado los aspectos ambientales señalados en el Documento de Alcance (consistente en objetivos) en las DOT según directrices relacionadas.

Para la revisión de las DOT se tienen en cuenta los ámbitos de distinta relevancia citados en el Documento de Alcance, apartado Primero B, así como los condicionantes que se derivan de los mismos para el desarrollo de las actuaciones que conllevan transformaciones directas sobre el medio físico.

2.1.2. – Declaración Ambiental Estratégica.

La Declaración Ambiental Estratégica señala algunas Normas de Aplicación de las DOT que considera deben modificarse.

A continuación se aporta la incorporación o no al documento así como la justificación:

• Art. 3.1.c) 2. relativo a los condicionantes superpuestos

  Art. 3.1.c) 2. De infraestructura verde
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  - Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai.	- Espacios protegidos
  - Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales.	- Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural.
  	La   definición   concreta     de estos espacios sedesarrolla en el anexo II, apartado 2.b.2.
  Valoración
  Se entiende correcta la remisión de los elementos que componen la infraestructura verde en general a un solo lugar, en este caso el Anexo II a las normas de aplicación. No obstante, se ha incluido que los espacios estén protegidos por sus valores ambientales, en la medida en que existen protecciones de muy diversa naturaleza, cuya inclusión en la infraestructura verde carecería de sentido y haría perder fuerza al concepto (por ejemplo, patrimonio histórico-cultural, infraestructuras grises,…). Por otra parte, la especificidad de la Reserva de la Biosfera obedece al carácter singular de este espacio derivado de la Ley 5/1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que abarca espacios de muy diferente característica y que cuenta con un instrumento clave a incorporar en el planeamiento urbanístico, como es su PRUG. Su introducción en este precepto se considera didáctica y necesaria.
  Por último, señalar que los espacios de interés natural multifuncionales son una actualización de aquellos que ya proponían las DOT de 1997, denominados como «áreas de interés naturalístico». Se trata por tanto de un elemento propuesto por la planificación territorial a través de las DOT, con una denominación renovada en la medida en que la multifuncionalidad o provisión de multiples servicios es un aspecto fundamental que viene de la misma definición de infraestructura verde.   No cabe olvidar que los elementos que componen la infraestructura verde a nivel de la CAPV se desglosan en el apartado 12.1 del documento (Anexo: Infraestructura Verde y servicios de los ecosistemas).   Por todo ello, se considera correcta la redacción dada en el documento para la aprobación provisional, con la precisión de remitirse a una definición más concreta de los espacios que pueden componer la infraestructura verde al anexo II de las Normas de Aplicación.
  Redacción final
  -Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai. -Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales. La definición concreta de estos espacios se desarrolla en el anexo II, apartado 2.b.2.

• Art. 3.3. Matriz de Ordenación del Medio Físico.

  Art. 3.3. Matriz de Ordenación del Medio Físico
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  - 23: cuentan con normativa específica ambiental (PORN, PRUG Urdaibai, ZEC) o bien PTS de Zonas Húmedas o PTS de Litoral.	- 23: los criterios de aplicación y la regulación de usos serán los establecidos por sus respectivas figuras de protección.
  En la Matriz:	En la Matriz:
  2³-PORN, PRUG Urdaibai, ZEC, PTS de Zonas Húmedas, PTS de Litoral	2³-Figura de protección aplicable.
  Valoración
  En este punto cabe señalar lo mismo que se ha señalado para el Art. 3.1.c) 2.: las DOT, tratando una amplia gama de aspectos con incidencia territorial, ha de ser un instrumento operativo para los planes territoriales y urbanísticos de la CAPV, y por lo tanto no han de renunciarse esfuerzos por hacerse comprender y ser didácticos. La necesidad de esta voluntad ha sido un aspecto recurrente y muy demandado en el intenso proceso de participación llevado a cabo para la elaboración del documento. Ello es más claro en un elemento como la Matriz de ordenación del medio físico, cuyo objetivo es sintetizar y facilitar a la ciudadanía la regulación de usos en suelo no urbanizable de la CAPV, aspecto que se desarrolla en forma de texto en el apartado 2 del Anexo II a las Normas de Aplicación- ordenación del medio físico.
  Redacción final
  - 23: cuentan con figuras de protección aplicable (PORN, PRUG Urdaibai, ZEC) o bien PTS de Zonas Húmedas o PTS de Litoral.

• Art. 4.1 relativo a los elementos de la Infraestructura Verde.

  Art. 4.1. Establecer una infraestructura verde compuesta por los siguientes elementos:
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  a)   Los espacios protegidos por sus valores ambientales.   b) La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.   c) Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los humedales RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.   d) Otros espacios multifuncionales, a los que hace referencia este documento.	-Espacios protegidos.   - Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural.   La   definición   concreta     de estos espacios se desarrolla en el anexo II, apartado 2.b.2.
  Valoración
  Las DOT introducen el concepto de infraestructura verde en el planeamiento territorial de la CAPV de forma plenamente alineada con otras determinaciones europeas y estatales. El tratamiento que en las DOT se da del concepto tiene una triple función:   a) Definir el concepto «Infraestructura Verde» y subrayar sus principales características y efectos.   b)       Determinar los elementos que componen la «Infraestructura Verde a nivel de la CAPV», que es una parte de la «Infraestructura Verde», aquella que por escala y competencias se define ya en las DOT (apartado 12.1 del documento).   c) Señalar directrices para su desarrollo por el planeamiento territorial y urbanístico.   En este apartado 1 del artículo 4 (en el que se remite al apartado 12.1) se señala exclusivamente la infraestructura verde que propone este documento, que es la de la escala de la CAPV (señalando lo relativo al apartado b) anterior). La Revisión de las DOT ha realizado un ejercicio de concreción de la «Infraestructura Verde a Nivel de la CAPV» en las páginas 276, 277 y 278 del documento (apartado 12.1), en estrecha colaboración con la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental-actual Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Tal listado en estos momentos procedimentales no puede ser sustituido por referencias genéricas.

• Art. 16.6., relativo a las Directrices en materia de energía.

  Art. 16.6. El PTS de Energía Eólica se deberá adaptar a los actuales requerimientos energéticos a partir de los objetivos sectoriales a cumplir con las energías renovables y en concreto con la energía eólica.Así mismo deberá:
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  a) Recoger las determinaciones que regulen la variable de carácter paisajístico en relación a la implantación de la energía eólica.	a) Tener en cuenta las limitaciones impuestas por el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 14 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
  b) Incluir las condiciones visuales y ambientales para la implantación de las instalaciones contempladas en el PTS así como las exigibles a las de menos de 10 MW no incluidas en el PTS.	b) Incluir una actuación encaminada a fomentar el desarrollo de tecnologías encaminadas al aprovechamiento eólico con bajas intensidades de viento, con el objetivo de permitir el desarrollo de parques eólicos fuera de las zonas de montaña.
  c) Considerar su incorporación en el PTS de energía renovables.	c) Recoger las determinaciones que regulen la variable de carácter paisajístico en relación a la implantación de la energía eólica.
  	d) Incluir las condiciones visuales y ambientales para la implantación de las instalaciones contempladas en el PTS así como las exigibles a las de menos de 10 MW no incluidas en el PTS.
  	e) Considerar su incorporación en el PTS de energía renovables.
  Valoración
  La modificación propuesta hace referencia a la necesidad de considerar una Ley, técnica que expresamente se ha eludido en el documento: la Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su exposición de motivos señala que se ha buscado deliberadamente desde la propia Ley una sencillez sustancial en la configuración de los diversos instrumentos de ordenación territorial con el objeto de promover la operatividad de dichos instrumentos. En dicha Ley se regulan con especial detalle, por un lado, los aspectos relativos a la participación de las diversas instancias afectadas en la elaboración de los instrumentos de ordenación del territorio, y por otro, la eficacia vinculante de los instrumentos sobre el planeamiento de desarrollo, prevaleciendo en todo caso los principios de eficacia y coordinación administrativa. Una vez determinada la jerarquía de los instrumentos, la aplicación del principio de jerarquía normativa, reconocido en la Constitución, permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. Este principio estructural es el que dota al ordenamiento jurídico de la necesaria seguridad jurídica puesto que nos indica cuál es la fuerza que tiene cada norma en el ordenamiento. De tal manera que la posible contradicción determina la nulidad o, en el mejor de los casos, la no aplicabilidad de la norma de rango inferior. Respecto a la actuación encaminada a fomentar el desarrollo de determinadas tecnologías en materia eólica, se trata de una cuestión que se puede compartir pero que es una materia sectorial que la DAE no motiva su inclusión. Tampoco concreta las actuaciones ni la administración competente, ni asegura la previsión de posibilidades de financiación. Por otra parte, la directriz que se propone parece un aspecto más ligado con la investigación que no es objeto del PTS.

• Art. 38.2 relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos.

  Art. 38.2. relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  2. Se cumplirán simultáneamente los trámites del procedimiento de evaluación ambiental con los trámites del procedimiento sustantivo del plan, con objeto de mejorar los plazos de su tramitación.	2. Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica se integrarán en los procedimientos de aprobación de los planes y programas, de forma que, cuando ello sea posible, los trámites similares exigibles en ambos procedimientos serán simultáneos y se reunirán en un único acto administrativo.
  Valoración
  Ver apartado «Valoración conjunta de los artículos 38.2, 38.3.b y 38.4» al final de las referencias al artículo 38.

• Art. 38.3.b. relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos.

  Art. 38.3.b. relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  b) Integrará, en un único documento, los informes sectoriales presentados por los Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Administración Central, incluidos los informes del órgano ambiental relacionado con la evaluación ambiental estratégica en los supuestos en los que se emitan, garantizando su coherencia global.	b) Integrará, en un único documento, los informes sectoriales presentados por los Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Administración Central, incluidos los informes del órgano ambiental relacionado con la evaluación ambiental estratégica en los supuestos en los que se emitan, garantizando su coherencia global.
  	Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 13 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
  Valoración
  Ver apartado «Valoración conjunta de los artículos 38.2, 38.3.b y 38.4» al final de las referencias al artículo 38.

• Art. 38.4. relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos

  Art. 38.4. relativo a las Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes urbanísticos
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  4. El Órgano ambiental evaluará, en el marco de la legalidad aplicable, la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan general, incidiendo, exclusivamente, en cuestiones de su competencia y de justificada relevancia ambiental.	(se solicita suprimirlo)
  Valoración
  Ver cuadro «Valoración conjunta de los artículos 38.2, 38.3.b y 38.4» al final de las referencias al artículo 38.

  Valoración conjunta de los artículos 38.2, 38.3.b y 38.4

  El contexto del artículo 38 cabe situarlo en el título, «Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los planes urbanísticos», y en el contenido señalado en el apartado 11.5 de la Memoria, «Integración administrativa de la revisión de los planes», que trata de la relación entre todas las administraciones vinculadas con el planeamiento urbanístico. Tal y como señala el mismo apartado: «La fuerte intervención de todas las administraciones en la tramitación de los planes exige un mínimo de integración y compromiso que permita la culminación del proceso de revisión del planeamiento urbanístico general en plazo razonable y no superior a cuatro años».

  Se trata de una directriz contenida en el capítulo III de las Normas de aplicación y por tanto de carácter recomendatorio, en las que «cuando una administración competente se aparte de las mismas, deberá justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos de que se trata» (artículo 2.2.b. de las Normas).

  Se debe señalar que el texto se encuentra totalmente consensuado con la Asociación de Municipios Vascos- EUDEL, consecuencia de un proceso de participación intenso en el que tanto los municipios como los diferentes profesionales que intervienen en la redacción del planeamiento demandan una mayor agilidad en la tramitación de los planes. Ello es perfectamente legítimo, en la medida que tienen dificultades en dar cumplimiento legal a su adaptación no sólo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, sino a los diferentes instrumentos de planificación territorial, no pudiéndose hacer efectivas las medidas que estos instrumentos proponen.

  Las DOT son el marco general de referencia para el planeamiento territorial y urbanístico, al que en todo caso habrán de acomodarse los planes, programas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las diferentes administraciones públicas, de carácter autonómico, foral o local, en el ejercicio de sus respectivas competencias. La competencia de ordenación del territorio ha de comprender el conjunto de facultades precisas para determinar la ubicación de los diversos usos sobre el territorio, definición que ha de estar fundamentada sobre la base de un criterio coordinador tanto desde la óptica de las políticas sectoriales incidentes sobre el espacio físico, como desde la consideración competencial de los distintos entes de naturaleza territorial.

  Siendo fundamental la labor de concertación de la ordenación del territorio y resultando evidente y legítima la preocupación por el retraso de la aprobación del planeamiento, resulta un deber de las DOT recoger estas sensibilidades y orientarlas hacia posibles soluciones, que son las que se señalan en el artículo 38 con carácter recomendatorio.

• Anexo II a las Normas, apartado 2.b.2 Condicionantes superpuestos de la infraestructura verde

  Anexo II a las Normas, apartado 2.b.2. Condicionantes superpuestos de la infraestructura verde
  Texto actual	Texto propuesto DAE
  a. Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai: incluye los parques naturales, biotopos protegidos, árboles singulares, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Plan Especial de Protección de Txingudi, declarados en la actualidad y aquellos otros que se declaren en el futuro así como sus zonas periféricas de protección, en base a la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y a la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y señalados en este capítulo. Son los espacios de mayor importancia natural. Los criterios y su regulación de usos serán los establecidos por sus respectivas figuras de protección.	a. Espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de la aplicación de alguno de los siguientes instrumentos normativos:   -       Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. -Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco. -       Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.   Sin perjuicio del resultado de la aplicación o modificación de las citadas normas en el futuro, dentro de esta categoría se encuentran las siguientes zonas y elementos:
  b. Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales: es la red de corredores ecológicos definida en este documento así como sus posibles actualizaciones o los que pudieran añadir los PTP o los planes urbanísticos, cada uno en su escala.También se incluyen dentro de este condicionante aquellos espacios naturales de relevancia que sin contar con una figura de protección, deben tener un tratamiento adecuado a sus valores ambientales. Son espacios que forman parte de la infraestructura verde de la CAPV. Cualquier uso previsto en ellos deberá supeditarse a los objetivos de la infraestructura verde  señalados en este capítulo, y en especial para aquellos corredores propuestos en este  documento, al objetivo primordial de la conectividad ecológica entre los espacios protegidos por sus valores ambientales. Las actividades admisibles serán cualesquiera que permitan los objetivos citados, con preferencia por aquellas actividades que los favorezcan.	- Parques Naturales. -  Paisajes Protegidos, entendidos como aquellas partes del territorio que las administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial. -Biotopos Protegidos. -Árboles singulares. -   Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves). -  Espacios naturales formalmente designados de conformidad con lo expuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales y, en particular, los siguientes:   -Humedales Ramsar. -Reserva de la Biosfera de Urdaibai. -Geoparque de la costa vasca. -Reservas hidrológicas.
  	b. Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural:
  	b.1. Red de corredores ecológicos definidos por el planeamiento con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, así como aquellos elementos del paisaje y áreas terrestres y marinas que resultan esenciales o revisten primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestre.
  	b.2. Además de los espacios protegidos, otras áreas recogidas, o que se puedan recoger en el futuro, en los siguientes catálogos e inventarios:   - Áreas de interés especial para la distribución de especies de flora o fauna amenazada, incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. - Bosques naturales y seminaturales recogidos en el inventario forestal de la CAPV. - Ámbitos catalogados por su valor paisajístico, según el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV y los Catálogos y Directrices del Paisaje. - Lugares incluidos en el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV. - Zonas de especial protección del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. -Humedales incluidos en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, fuera de las zonas de especial protección. -  Áreas de Interés Especial incluidas en el Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la CAPV. -        Áreas con presencia de hábitats de interés comunitario (anexo Ide la Directiva 92/43/CEE), especialmente hábitats prioritarios, fuera de la red Natura 2000. -        Áreas de interés para las especies de aves amenazadas establecidas en la Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección de la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
  Valoración
  El apartado que se propone modificar cobra una importancia especial, ya que con los cambios operados a raiz de la DAE se convierte en el lugar donde se especifica lo que puede componer la infraestructura verde en su totalidad.   La Revisión de las DOT introduce el concepto de infraestructura verde en el planeamiento territorial de la CAPV de forma plenamente alineada con otras determinaciones europeas y estatales. El tratamiento que en las DOT se da del concepto tiene una triple función:   a) Definir el concepto «Infraestructura Verde» y subrayar sus principales características y efectos. b)       Determinar los elementos que componen la «Infraestructura Verde a nivel de la CAPV», que es una parte de la «Infraestructura Verde», aquella que por escala y competencias se define ya en las DOT (apartado 12.1 del documento). c) Señalar directrices para el desarrollo de la infraestructura verde por el planeamiento territorial y urbanístico.   Se puede señalar que el apartado que se propone modificar responde a la letra c) anterior, que señala que la infraestructura verde será tratada por el planeamiento urbanístico como condicionante superpuesto, y se puede dividir en dos:

  • - Aquellos espacios cuya normativa deba remitirse a figuras de protección ambiental.
  • - Aquellos espacios que no cuenten con figura de protección ambiental, para los que los planeamientos territorial y urbanístico habrán de dar pautas, con el fin de alcanzar los objetivos previstos para la infraestructura verde. De estos espacios las DOT a escala de la CAPV proponen dos: los corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales.

  Cabe señalar que se ha eludido expresamente en el documento la técnica de remisión a figuras legales, y se ha buscado deliberadamente una sencillez sustancial en la configuración de las DOT con el objeto de promover su operatividad, todo ello de acuerdo con lo señalado en la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

  Tampoco se considera oportuno introducir paisajes protegidos dentro de la infraestructura verde, puesto que su razón de ser no está relacionada necesariamente con los objetivos de la infraestructura verde. A este respecto cabe señalar que en 2014 Gobierno Vasco aprobó el Decreto 90/2014 sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de fijar los mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones y lograr así, de una forma más coherente y sistematizada, el cumplimiento del objetivo de la integración del paisaje en la ordenación territorial. El desarrollo de este Decreto se está trabajando de forma intensiva por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, con la redacción de catálogos de paisaje (que han dado como resultado determinaciones del paisaje incorporadas al planeamiento territorial), subvenciones para la redacción de planes de acción paisajística, o cursos de sensibilización y formación en materia de paisaje, entre otras iniciativas.

  Por otra parte, el Registro de Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos y los LIG ya están contemplados en la Memoria del documento como parte del desarrollo de la infraestructura verde que debe hacer el planeamiento territorial parcial (apartado 4.2). Por el contrario, en la propuesta de la DAE no se señala el área de Txingudi, un espacio que se considera fundamental dentro de la ordenación del patrimonio natural de la CAPV y de territorios colindantes, y para cuya regulación cabe remitirse a su Plan Especial. Finalmente, tampoco se observa motivación para la incorporación dentro de la infraestructura verde los instrumentos de gestión.

  Por todo ello, la redacción que se ha dado al apartado 2.b.2. de las Normas de Aplicación se considera que da suficiente cobertura para la inclusión de aquellos elementos que el planeamiento territorial y urbanístico decidan incluir como infraestructura verde, en atención a la definición de la UE recogida en el documento. Por lo tanto no se observa necesario introducir ningún cambio de la modificación propuesta.

2.2. – Estudio ambiental estratégico.

2.2.1.– Documento de Alcance.

A continuación se indica cómo se han integrado los aspectos ambientales señalados en el Documento de Alcance en el Estudio Ambiental Estratégico:

• - Objetivos Ambientales. Apartado 2.4.Objetivos Ambientales Estratégicos e Implementación en las DOT del EsAE (exposición de objetivos señalados en el Documento de Alcance justificando de forma específica la manera en la que las DOT implementan los objetivos ambientales señalados y contribuyen a minimizar los efectos negativos de las actividades y de las infraestructuras sobre el medio ambiente. Indicadores Ambientales).
• - Situación del Medio Ambiente. Apartado 3. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente del EsAE (descripción e inclusión de los aspectos señalados en el apartado 1.B del Documento de Alcance, huella del carbono, uso de indicadores ambientales, cartografía a escala proporcionada al carácter general de las DOT y definición de unidades ambientales homogéneas).
• - Alternativas. Apartado 4.3. Diferencias existentes entre las DOT vigentes y su revisión del EsAE (se abordan las diferencias más significativas existentes entre las DOT vigentes y su revisión, las cuales se centran Medio Físico, Paisaje, Patrimonio natural, recursos turísticos, Hábitat Urbano, Energía, Movilidad, cuestiones Transversales y Gobernanza).
• - Alternativas. Apartado 4.4. Valoración y comparación de la propuesta de corredores ecológicos contenida en las DOT con las adoptadas en los Planes Territoriales Parciales aprobados hasta la fecha del EsAE (valoración y comparación de la propuesta DOT con los corredores aprobados en los Planes Territoriales Parciales aprobados hasta la fecha).
• - Acciones de planeamiento. Apartado 5.1. Organización de las acciones de planeamiento del EsAE (agrupación según áreas temáticas).
• - Efectos en el medio ambiente. Apartado 5.3.1. Afección a la conectividad ecológica del EsAE (valoración de la adecuación de los usos propuestos en la matriz de ordenación de medio físico al objetivo de lograr la conectividad ecológica).
• - Red Natura 2000. Apartado 5.3.6. Afección a Red Natura 2000 y otros espacios de interés natural del EsAE (incorporación al documento de la consideración del Documento de Alcance sobre afección a los lugares de la Red Natura 2000).
• - Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: Apartado 6.4. Aspectos Abordados en el Documento de Alcance del EsAE (instrumento de desarrollo, conectividad ecológica del territorio, cauces fluviales en los Ejes de Transformación, funcionalidad de la Infraestructura Verde)
• - Vigilancia Ambiental. Apartado 7.2. Variables a evaluar e indicadores de cumplimiento del EsAE (Indicadores).

El resto de aspectos contenidos en el Documento de Alcance, de carácter más genérico, se incorporan a lo largo del Estudio según procede.

2.2.2.– Declaración Ambiental Estratégica.

Con fecha 13 de noviembre de 2018 se emite Resolución del Director de Administración Ambiental por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la revisión de las Directrices del Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Declaración Ambiental Estratégica es favorable, tal como señala:

«… Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluación ambiental estratégica de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, a la vista de que el estudio ambiental estratégico resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, incluyendo los términos recogidos en el documento de alcance, la Dirección de Administración Ambiental …… procede a dictar la presente declaración ambiental estratégica, que viene a valorar con carácter favorable la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco…..»

La Declaración Ambiental Estratégica se muestra de acuerdo con las principales concusiones del Estudio Ambiental Estratégico, y señala:

• - «El documento de revisión de las DOT no presenta diferencias significativas en relación con las DOT actualmente vigentes, en lo que se refiere a las actuaciones que pueden dar lugar a actuaciones directas del medio físico. Corresponderá a los instrumentos de desarrollo de las DOT y, en última instancia, a los proyectos que se puedan autorizar en su marco, en el futuro, la concreción de tales actuaciones, y en su caso, la evaluación ambiental de las mismas. En consecuencia, no se ha detectado ninguna actuación de las DOT que deba ser redefinida o suprimida.
• - Por otra parte, en la revisión de las DOT se establece un conjunto de determinaciones de protección ambiental, que no puede considerarse que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos, a efectos de los procedimientos de evaluación ambiental, así como otras determinaciones que, sin tener dicho carácter ambiental, tampoco dan lugar a efectos significativos sobre el medio ambiente.»

Respecto de los objetivos de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000, la Declaración Ambiental Estratégica no prevé efectos negativos apreciables.

El apartado D de la Declaración Ambiental Estratégica señala los objetivos ambientales estratégicos que ya se incluyeron en el documento de alcance para el Estudio Ambiental Estratégico (Resolución del director de Administración Ambiental, de 15 de mayo de 2017, apartado primero A), que el Estudio Ambiental ha desarrollado de forma minuciosa en el apartado 2.4. Objetivos Ambientales Estratégicos e implementación en las DOT.

3. – Proceso de tramitación y toma en consideración de los resultados de la información pública y de las consultas

En relación con la participación, los hitos más relevantes de la tramitación seguida para la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV son los siguientes:

Se han realizado procesos de participación en los años 2016, 2017 y 2018.

La participación social ha sido tanto presencial (a partir de talleres) como digital (Irekia, Twitter, Facebook y Web).

La participación institucional se ha promovido mediante la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) y el Consejo Asesor de Política Territorial de la CAPV (CAPT) a través de la creación de una Ponencia Técnica en cada uno de estos órganos, donde participan los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones, la asociación de municipios vascos Eudel, la representación del Gobierno del Estado, así como expertos en asuntos territoriales. Además se ha promovido la participación institucional a través de los órganos colegiados consultivos como la Comisión Ambiental de Medio Ambiente, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, Naturzaintza, el Patronato de Urdaibai, la Autoridad del Transporte de Euskadi, la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento, el Consejo Económico y Social (CES), la Cátedra Unesco de Paisaje Cultural, Territorio y Patrimonio de la UPV/EHU y el foro de la UPV/EHU ehuGune para el diálogo universidad/sociedad civil. Al mismo tiempo se crea un ekitalde (grupo de trabajo técnico) con Udalsarea, la red vasca de ayuntamientos hacia la sostenibilidad, para recabar una opinión experta local.

Como resultado de la información pública y de las consultas se ha procedido a incorporar aportaciones al documento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial en diversas áreas: contexto socioeconómico y territorial, bases y principios del modelo, elementos definitorios del modelo territorial, medio físico, hábitat rural, hábitat urbano, paisaje, patrimonio cultural y natural, recursos turísticos, agua, movilidad, cambio climático, interrelación territorial, gobernanza e infraestructura verde y servicios de los ecosistemas.

Así mismo la Normativa de Aplicación de las Directrices de Ordenación Territorial se ha nutrido de las aportaciones: ordenación del medio físico, infraestructura verde y servicios de los ecosistemas, regeneración urbana, actividades económicas y equipamientos comerciales, cuantificación residencial, compatibilización de planeamientos, agua, energía, economía circular, modelo de ciudad, hábitat rural, paisaje, patrimonio natural, recursos turísticos, movilidad, accesibilidad, cambio climático, seguimiento, coordinación de planeamiento, materia de integración interadministrativa etc.,

Las incorporaciones de la participación pública y consultas obran en el expediente de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, dentro de la «MEMORIA DE PARTICIPACIÓN» (Enero 2019), Anexo 5 Contestación a las Aportaciones Recibidas, páginas 71 – 764), y está a disposición de toda la sociedad en la página web de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (http://www.euskadi.eus/web01- a3lurral/es/contenidos/informacion/revision_dot/es_def/index.shtml).

4. – Las razones de la elección del plan aprobado en relación con las alternativas consideradas

4.1. – Proceso de selección de alternativas.

En la elaboración de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV no se ha desarrollado de forma explícita un proceso de generación y selección de alternativas de ordenación. Más allá de un proceso de este tipo, la propuesta conjunta de Directrices Territoriales es la culminación de la internalización y asunción de la sostenibilidad como guía de la gestión territorial y de la gobernanza para la CAPV.

4.2. – La revisión de las DOT frente a la alternativa de «no intervención»

De este modo, a efectos de análisis de alternativas, tan sólo cabe contemplar la denominada «Alternativa 0» de no revisión del modelo territorial y de no aplicación de sus propuestas.

Se evalúa a continuación las probables consecuencias ambientales de la «Alternativa 0» que consiste en mantener el vigente modelo territorial.

Las Directrices de Ordenación Territorial aprobadas en 1997 se organizaron en torno a dos objetivos fundamentales:

• • La definición de un Modelo Territorial de referencia urbanística, ambiental y de desarrollo de infraestructuras para orientar los procesos territoriales y sectoriales en un territorio que en ese momento carecía de los instrumentos jurídicos y de planeamiento necesarios para afrontar de forma eficaz y sostenible los procesos de desarrollo.
• • La impulsión de un modelo territorial para apoyar los procesos de transformación económica y social en un momento de crisis profunda por el agotamiento del modelo industrial anterior.

Desde la aprobación de las DOT en 1997 han surgido muchos conceptos ambientales novedosos que necesitan tener su encaje en el modelo territorial de la CAPV:

• • En 1992, tenía lugar la primera cumbre histórica de Río de Janeiro que aclaraba el concepto de desarrollo sostenible, e impulsaba su aplicación a los territorios mediante la implementación de las agendas 21, cuya lenta implementación a la dinámica municipal se inició en Dinamarca mediante la aprobación de la Carta de Aalborg el 27 de mayo de 1994. Algunos de los ámbitos a resolver en la CAPV para lograr un desarrollo sostenible son:
  • o La creciente artificialización del suelo,
  • o La baja densidad de los nuevos desarrollos urbanísticos,
  • o La movilidad sostenible (fomentar el uso de los transportes colectivos frente al coche, intermodalidad).
• • En 1997, en el momento de la aprobación de las DOT vigentes, se firmaba el protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Sin embargo, en estas fechas no se percibía la urgencia del problema por parte de las instituciones y de la sociedad, por lo que el cambio climático no se ha tomado en cuenta en el modelo territorial de 1997.
• • La gestión del agua y la concepción de la calidad de los ríos, estuarios, aguas costeras y acuíferos ha conocido un vuelco con la aprobación de la Directiva Marco del Agua que obliga a las administraciones a realizar una gestión integral por cuencas hidrográficas y que ha desarrollado los objetivos de preservación o restablecimiento del buen estado ecológico de las masas de agua. La publicación del texto final de la Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo se realizó el 22 de diciembre del 2000.
• • También ha cambiado el panorama de la protección de la biodiversidad. El concepto de protección y gestión de los espacios naturales de interés ha sido reemplazado por la gestión integrada de redes incluyendo tanto a espacios naturales, hábitats naturales y especies de interés, como a elementos que permiten el tránsito de las especies de interés entre estos mismos espacios: lo corredores ecológicos. A nivel del País Vasco destacar la Red de Corredores Ecológicos en la C.A.E. que se publica por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco en enero de 2005.
• • Asimismo, desde la aprobación de las DOT vigentes se ha desarrollado una importante legislación ambiental, como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, o la propia Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, así como el impulso de la Evaluación Ambiental Estratégica en el País Vasco a partir de 2003.
• • El paisaje y los servicios ecosistémicos son dos conceptos cuya importancia ha crecido mucho estos últimos años, y que redefinen la relación del ser humano con la naturaleza.

Muchos de estos conceptos han sido incorporados a la sociedad en general mediante iniciativas de políticas sectoriales e institucionales y sociales. No obstante, la ausencia de perspectiva territorial limita el su desarrollo y reduce la eficacia de las medidas implementadas.

La incorporación efectiva de estos conceptos surgidos en las últimas décadas como criterios de decisión en las iniciativas sectoriales, urbanísticas y territoriales precisa de su incorporación a las Directrices de Ordenación Territorial. Sólo así se aplicarán sistemáticamente en los demás instrumentos de planificación y permitirán los necesarios procesos de cambio durante los próximos años.

Es por ello que se considera que la «Alternativa 0», consistente en el mantenimiento del modelo territorial vigente, tendría consecuencias negativas de magnitud difícilmente previsible sobre la casi totalidad de las variables ambientales.

Por tanto, la plasmación en el modelo territorial de futuro de estos nuevos conceptos resulta fundamental para que se puedan vertebrar con los instrumentos de planificación territorial que desarrollan las DOT.

5. – Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente del plan.

5.1. – Objetivo del seguimiento ambiental.

El objetivo del control propuesto es garantizar que los criterios de gestión sostenible del territorio que impregnan las Directrices de Ordenación Territorial a lo largo de todo su desarrollo normativo se aplican de manera efectiva en el planeamiento jerárquicamente inferior, generando un efecto global positivo para el medio ambiente, tal como se desprende de la valoración de impactos realizada en el presente documento. Paralelamente, el control propuesto tiene por objeto asegurar que no se producen desviaciones significativas entre los aspectos evaluados en éste documento y el resultado final de la aplicación de la Normativa de las DOT.

Las variables ambientales objeto de seguimiento son: cambio climático, suelo, recursos hídricos, recursos naturalísticos o patrimonio natural (vegetación y hábitats, fauna, espacios naturales, servicios de los ecosistemas), recursos estético-culturales (paisaje y patrimonio cultural), residuos y contaminación, riesgos naturales y hábitat humano.

5.2. – Variables a evaluar e indicadores de cumplimiento

1) Lucha contra el cambio climático.

2) Protección del suelo.

3) Protección de los recursos hídricos.

4) Protección del patrimonio natural.

5) Protección de los recursos estético-culturales.

6) Minimización de la generación de residuos.

7) Minimización de riesgos naturales.

8) Mejora de la calidad del hábitat humano.

5.3. – Memoria de seguimiento ambiental.

A partir de los niveles de referencia de los indicadores existentes en el momento de la aprobación definitiva de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial, el control y la vigilancia a llevar a cabo por el Departamento competente en materia de ordenación del territorio servirá para comprobar el ajuste a los objetivos ambientales estratégicos de las DOT en sus años de vigencia.

1. Cada dos años, el Departamento competente en materia de ordenación del territorio elaborará una Memoria denominada «Situación de las Directrices de Ordenación Territorial» en la que se analizará el nivel de aplicación de las Directrices de Ordenación Territorial, su incidencia en el planeamiento territorial y municipal y las acciones a emprender para evitar los desajustes identificados.

2. La metodología para la elaboración de la referida memoria tendrá en cuenta:

• a) Aplicación de las DOT a través de los instrumentos de Planificación Territorial (PTP, PTS) y Planes Generales aprobados durante el período de evaluación.
• b) Un análisis cuantitativo de la evolución de los indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística durante el período.
• c) Un análisis cualitativo a través de cuestionarios y entrevistas con personas relevantes y conocedoras de la realidad de la CAPV.
• d) Un análisis de la evolución de los indicadores ambientales incluidos en el Estudio Ambiental Estratégico. En caso de detectarse desvíos respeto de los objetivos ambientales, se deberán proponer nuevas medidas destinadas a corregir los desvíos detectados.

3. Para la elaboración de la Memoria los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la misma periodicidad, presentarán al Departamento competente en materia de planificación territorial del Gobierno Vasco un informe sobre el grado de correspondencia del planeamiento vigente en su municipio con lo establecido al respecto en las Directrices de Ordenación Territorial y en el resto de los instrumentos de ordenación territorial aprobados hasta ese momento.

Otra fase de supervisión a destacar es la que ejercerán las administraciones ambientales competentes, que se encargarán de comprobar:

• 1. Para documentos de desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial y para proyectos sometidos a EIA, la inclusión en sus respectivas Estudio Ambiental Estratégica o Estudio de Impacto Ambiental de un apartado en el que se justifique de forma explícita la manera en que se implementan los objetivos ambientales y directrices de las DOT.
• 2. Para los proyectos que se desarrollen en la red de «Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales» definida en las DOT y que no estén sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, la realización de un análisis específico de impactos ambientales valorando específicamente si el proyecto compromete el cumplimiento de los objetivos de la Infraestructura Verde señalados en las DOT, primordialmente el de la conectividad ecológica entre los espacios protegidos por sus valores ambientales, aún con el establecimiento de medidas preventivas y correctoras.

6. – Resumen no técnico de los apartados precedentes.

La revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV ha sido sometida a Evaluación Ambiental Estratégica. Mediante Resolución de 13 de noviembre de 2018 del director de Administración Ambiental se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Declaración Ambiental Estratégica de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial es favorable, tal como señala:

«… Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluación ambiental estratégica de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, a la vista de que el estudio ambiental estratégico resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, incluyendo los términos recogidos en el documento de alcance, la Dirección de Administración Ambiental …… procede a dictar la presente declaración ambiental estratégica, que viene a valorar con carácter favorable la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco…..»

Durante la tramitación se ha procedido a integrar los aspectos ambientales derivados tanto del Documento de Alcance como de la Declaración Ambiental Estratégica tanto en el Estudio Ambiental Estratégico como en el documento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV.

Complementariamente se ha realizado un extenso proceso de participación pública, tanto social como institucional a la largo de los años 2016, 2017 y 2018.

Respecto de la participación, los hitos más relevantes de la tramitación seguida para la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV son los siguientes:

La participación social ha sido tanto presencial (a partir de talleres) como digital (Irekia, Twitter, Facebook y Web).

La participación institucional se ha promovido mediante la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) y el Consejo Asesor de Política Territorial de la CAPV (CAPT) a través de la creación de una Ponencia Técnica en cada uno de estos órganos, donde participan los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones, la asociación de municipios vascos Eudel, la representación del Gobierno del Estado, así como expertos en asuntos territoriales. Además se ha promovido la participación institucional a través de los órganos colegiados consultivos como la Comisión Ambiental de Medio Ambiente, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, Naturzaintza, el Patronato de Urdaibai, la Autoridad del Transporte de Euskadi, la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento, el Consejo Económico y Social (CES), la Cátedra Unesco de Paisaje Cultural, Territorio y Patrimonio de la UPV/EHU y el foro de la UPV/EHU ehuGune para el diálogo universidad/sociedad civil. Al mismo tiempo se crea un ekitalde (grupo de trabajo técnico) con Udalsarea, la red vasca de ayuntamientos hacia la sostenibilidad, para recabar una opinión experta local.

Se han atendido todas las alegaciones, aportaciones, sugerencias e informes recibidos. Las incorporaciones de la participación pública y consultas obran en el expediente de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, dentro de la «MEMORIA DE PARTICIPACIÓN» (Enero 2019), Anexo 5 Contestación a las Aportaciones Recibidas, páginas 71 – 764), y está a disposición de toda la sociedad en la página web de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (http://www.euskadi.eus/web01- a3lurral/es/contenidos/informacion/revision_dot/es_def/index.shtml).

La elección del plan aprobado se justifica en la conveniencia y necesidad de dar encaje en el modelo territorial de la CAPV a la multitud de conceptos ambientales novedosos surgidos desde la aprobación de las DOT en 1997. La plasmación en el modelo territorial de futuro de estos nuevos conceptos (desarrollo sostenible, cambio climático, Directiva Marco del Agua, protección de la biodiversidad y gestión integrada de espacios naturales, hábitats y especies de interés, servicios de los ecosistemas, etc., así como nueva legislación ambiental) resulta fundamental para que se puedan vertebrar con los instrumentos de planificación territorial que desarrollan las DOT.

Para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial se ha elaborado un Programa de Vigilancia Ambiental. Las variables ambientales objeto de seguimiento son: cambio climático, suelo, recursos hídricos, patrimonio natural (vegetación y hábitats, fauna, espacios naturales), presión demográfica, servicios de conservación de la diversidad natural prestados por los ecosistemas, paisaje, patrimonio cultural, residuos, riesgos, contaminación acústica, contaminación atmosférica, hábitat rural, hábitat humano, accesibilidad a espacios verdes y espacios libres por habitante.

A partir de los niveles de referencia de los indicadores existentes en el momento de la aprobación definitiva de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial, el control y la vigilancia a llevar a cabo por el Departamento competente en materia de ordenación del territorio servirá para comprobar el ajuste a los objetivos ambientales estratégicos de las DOT en sus años de vigencia.

7. – Página web en la que se va a poner a disposición la documentación a que se refiere el artículo 15 del Decreto 211/2012 por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas.

La documentación estará disponible en la página web de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/planificacion-territorial-urbanismo-regeneracion-urbana/