A parte de este jueves entra en vigor una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal que obligará a las comunidades de vecinos a dar su aprobación explícita para la instalación de nuevas viviendas destinadas al uso turístico en sus edificios.

Se trata de una modificación normativa -Ley Orgánica 1/2025- impulsada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el objetivo de "empoderar a los vecinos" y preservar la función social de la vivienda.

La propuesta, que recibió el visto bueno en las Cortes Generales, ha sido elaborada en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas.

La nueva normativa estipula que para permitir la creación de viviendas de uso turístico será necesario contar con el consenso explícito de la comunidad de propietarios, sin requerir modificaciones en el título constitutivo o los estatutos, como se exigía anteriormente según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Para que se autorice la instalación de nuevos pisos turísticos, será preciso obtener el respaldo de al menos tres quintas partes de los propietarios que, a su vez, representen tres quintas partes de las cuotas de participación.

Registro de viviendas de uso turístico

Simultáneamente a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, el Gobierno aprobó en 2024 un Real Decreto que establece la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, con el fin de combatir el fraude en los alquileres de corta duración.

Con este nuevo sistema, los arrendadores de cualquier tipo de alquiler de corta duración, ya sea turístico o temporal, deberán conseguir un número oficial de registro que demuestre su cumplimiento con la normativa vigente para poder anunciar sus propiedades en plataformas digitales.

La Ventanilla Única Digital entrará en vigor en julio, pero los propietarios podrán solicitar el registro de sus viviendas a partir del 2 de enero de 2025. En los primeros noventa días, se han recibido 18.104 solicitudes de registro de alquileres de corta duración en todo el país. De estas, 8.787 han sido aprobadas (49%), 7.393 están en evaluación por parte del registrador/a (41%) y 1.924 han sido denegadas (11%).