Sumario

Ley 16/1989, 17 julio, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (�B.O.E.� 4 julio), el 1 de septiembre de 2007. T�ngase en cuenta la Ley 1/2002, 21 febrero, de Coordinaci�n de las Competencias del Estado y las Comunidades Aut�nomas en materia de Defensa de la Competencia (�B.O.E.� 22 febrero).

La competencia, como principio rector de toda econom�a de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organizaci�n econ�mica de nuestra Sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y m�s importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la econom�a general y, en su caso, de la planificaci�n, ha de concebirse como un mandato a los poderes p�blicos que entronca con el art�culo 38 de la Constituci�n.

La presente Ley responde a ese objetivo espec�fico: garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al inter�s p�blico, siendo asimismo compatible con las dem�s leyes que regulan el mercado conforme a otras exigencias jur�dicas o econ�micas, de orden p�blico o privado.

La Ley se asienta en los s�lidos pilares de la experiencia. Por una parte se inspira en las normas comunitarias de pol�tica de competencia, que han desempe�ado un papel trascendental en la creaci�n y funcionamiento del mercado com�n. Y, por otra parte, nace con el prop�sito de superar los defectos que frustraron la plena aplicaci�n de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represi�n de Pr�cticas Restrictivas de la Competencia, que ahora se deroga.

Bajo el t�tulo primero, �De la libre competencia�, se regula en el cap�tulo primero, �De los acuerdos y pr�cticas restrictivas o abusivas�, un sistema de control flexible de los acuerdos que limitan la competencia en el mercado nacional, y se proh�be tanto el ejercicio abusivo del poder econ�mico como aquellas conductas unilaterales que por medios desleales sean capaces de falsear sensiblemente la competencia. En el cap�tulo segundo �De las concentraciones econ�micas�, se establece un r�gimen de control de aquellas que, por su importancia y efectos, pudieran alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al inter�s p�blico. Y en el cap�tulo tercero, �De las ayudas p�blicas�, se instituye un sistema que permitir� analizar �stas con criterios de competencia y, llegado el caso, prevenir sus efectos indeseables desde la perspectiva de los intereses generales.

La aplicaci�n de la Ley, en cuanto se trata de garantizar el orden econ�mico constitucional en el sector de la econom�a de mercado, desde la perspectiva de la defensa de los intereses p�blicos, se encomienda en el t�tulo segundo a �rganos administrativos: El Tribunal de Defensa de la Competencia, con funciones de resoluci�n y, en su caso, de propuesta, y el Servicio de Defensa de la Competencia, al que se encarga la instrucci�n de los expedientes. Estos �ltimos tienen car�cter especial, tanto por la esencial complejidad de la materia como por la precisi�n de dotar al sistema de la independencia necesaria respecto de la Administraci�n activa, todo ello sin perjuicio del control judicial de sus actos.

El procedimiento aplicable, que se contempla en el t�tulo tercero, acoge los principios de econom�a, celeridad y eficacia, as� como el de garant�a de la defensa de los administrados, e incluye aquellos tr�mites especiales demandados por su propia naturaleza, previ�ndose la intervenci�n, en determinados supuestos, de las Comunidades Aut�nomas y del Consejo de las Asociaciones de los Consumidores.

Por �ltimo se establece un r�gimen de sanciones que garantiza el cumplimiento de la Ley, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos.