Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

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Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I La presente ley responde a una obligaci髇 legal y a una singular oportunidad para los servicios postales en Espa馻.

La obligaci髇 nace de la necesidad de transponer antes del 31 de diciembre de 2010 la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE del Parlamento europeo y el Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio.

La oportunidad la brinda este mismo hecho. Es, pues, el momento de dotarnos de un modelo completo y coherente para garantizar un servicio postal universal eficaz, eficiente y de calidad, en consonancia con las demandas de nuestros ciudadanos y empresas; un modelo que garantice de manera efectiva los derechos de los usuarios de los servicios postales, sea cual sea la naturaleza del prestador de los mismos; y, finalmente, proporcione al mercado un equilibrado y justo marco para el ejercicio de la libre concurrencia basado en la protecci髇 del inter閟 general y en la ponderaci髇 de los intereses de los distintos agentes, p鷅licos y privados, que operan en este mercado.

La existencia de unos servicios postales de amplia cobertura territorial y de alta calidad y fiabilidad es una condici髇 necesaria para la promoci髇 de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades econ髆icas en Espa馻 y en el conjunto de la Uni髇 Europea. Como la propia normativa comunitaria reconoce, los servicios postales son un medio esencial de comunicaci髇, comercio y cohesi髇 social, econ髆ica y territorial, y en el cumplimiento de su funci髇 de inter閟 general contribuyen al logro de los objetivos de equidad, empleo y protecci髇 social, al tiempo que favorecen la competitividad de las empresas y la elevaci髇 de la calidad de vida de los ciudadanos.

La Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci髇 de los Servicios Postales, llev� a cabo una regulaci髇 del sector postal espa駉l inspirada en la Directiva 97/67/CE. Desde su entrada en vigor han sido varias las modificaciones experimentadas por dicha ley, como las introducidas por el art韈ulo 95 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, por la disposici髇 adicional vig閟ima primera de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, por el art韈ulo 81 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y por el art韈ulo 106 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, o las m醩 recientes introducidas mediante la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley 17/2009, de 22 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Junto con todas esas modificaciones, debe subrayarse asimismo la novedosa regulaci髇 de uno de los 髍ganos nacionales de reglamentaci髇 en el sector postal, que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jur韉ico mediante la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional del Sector Postal.

Igualmente, m醩 all� de lo dispuesto en la Directiva 97/67/CE, la Uni髇 Europea ha continuado impulsando el proceso de reforma del sector postal, que ha desembocado en la aprobaci髇 de un nuevo marco regulador de los servicios postales de la Uni髇 a trav閟 de la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura de la competencia de los servicios postales de la comunidad, y de la ya citada Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, por la que tambi閚 se modifica la misma directiva con el objetivo de lograr la plena realizaci髇 del mercado interior de los servicios postales comunitarios.

Las referidas Directivas, a la par que reiteran que los servicios postales constituyen un servicio de inter閟 econ髆ico general de gran importancia econ髆ica y social, destacan que en los 鷏timos a駉s han ganado en calidad y eficiencia y se han orientado mejor hacia las necesidades de los usuarios, manteniendo su funci髇 en la promoci髇 de los cohesi髇 social y territorial. Asimismo, reiteran las directivas europeas que los Estados miembros deben velar para que la reforma del mercado postal resulte plenamente compatible con el mantenimiento de un servicio postal universal de elevada calidad que sea ofrecido en todo el territorio a precios asequibles, de forma eficiente y con garant韆 de su suficiencia financiera.

Con la presente ley se pretende proporcionar un nuevo marco legal que, al tiempo que incorpora a nuestro ordenamiento interno la citada Directiva postal 2008/6/CE, garantiza los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio postal universal de amplia cobertura territorial y elevada calidad y eficiencia y refuerza la sostenibilidad financiera de este servicio que se encomienda a la sociedad estatal Correos y Tel間rafos, S.A.

Respecto a la calidad de los servicios incluidos en el 醡bito del servicio postal universal, la ley tiene como objetivo garantizar que el operador designado en Espa馻 para la prestaci髇 de dicho servicio alcance en su prestaci髇 unos est醤dares de calidad similares a los de los pa韘es m醩 avanzados en esta materia en el conjunto de los 27 Estados miembros de la Uni髇 Europea.

II La ley se estructura en siete t韙ulos, diez disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y siete disposiciones finales.

Los siete t韙ulos regulan, respectivamente, los aspectos generales; los derechos de los usuarios de los servicios postales; el servicio postal universal y sus precios y otras condiciones tarifarias; el r間imen general de prestaci髇 de los servicios postales en Espa馻; el acceso a la red y a otras infraestructuras postales y la resoluci髇 de conflictos entre operadores; la autoridad nacional de reglamentaci髇; y, finalmente, las cuestiones relacionadas con la inspecci髇, las infracciones y las sanciones.

La ley configura, de acuerdo con la Directiva que transpone, tres 醨eas bien definidas de servicios postales.

De una parte, como coraz髇 del sistema, el servicio postal universal, cuyo alcance material y exigencias formales se fijan el t韙ulo III y que se encomienda en r間imen de obligaciones de servicio p鷅lico al operador p鷅lico Correos y Tel間rafos, S. A. De otra, los servicios que cayendo bajo el alcance material del servicio postal universal se prestan en condiciones de libre mercado ajenas a las obligaciones de servicio p鷅lico que se le imponen al prestador del servicio postal universal. Para la prestaci髇 de estos servicios es necesario disponer de la correspondiente autorizaci髇 administrativa singular.

Finalmente, de acuerdo con el considerando 18 de la Directiva 97/67/CE, aquellos servicios postales distintos de los servicios postales tradicionales, pueden ser prestados con una mera declaraci髇 responsable de respeto a los requisitos esenciales que son la condici髇 de posibilidad de funcionamiento del nuevo modelo postal espa駉l. Entre estos requisitos, junto con la protecci髇 de derechos fundamentales como el secreto en las comunicaciones postales, se incluyen el respeto a las normas que protegen los derechos de los trabajadores y los usuarios y los ordenamientos en materia tributaria o de inmigraci髇.

En el t韙ulo I la ley define su 醡bito objetivo de aplicaci髇, que comprende la regulaci髇 del servicio postal universal, los derechos de los usuarios de los servicios postales entendidos como el trasunto de la obligaci髇 del Estado de garantizar ese servicio de acuerdo con unos determinados par醡etros de calidad y un mercado postal plenamente adaptado a la normativa comunitaria. A tal efecto, define la naturaleza, contenido y r間imen de prestaci髇 de los servicios postales, y excluye de su 醡bito de regulaci髇 los servicios prestados en r間imen de autoprestaci髇 y los relativos a env韔s sin direcci髇 postal del destinatario. El texto actual ha mejorado la delimitaci髇 de este concepto a fin de evitar que pudiera ser un potencial elemento perturbador del modelo postal, evitando que por v韆 de la autoprestaci髇 puedan prestarse aut閚ticos servicios postales al margen de lo previsto en la ley.

El t韙ulo II se ocupa de los derechos de los usuarios delimitando con precisi髇 suficiente la posici髇 jur韉ica de 閟tos para garantizar la mejor transparencia del mercado postal y el logro del nivel de calidad requerido. La atribuci髇 de estos derechos opera como un par醡etro de la obligaci髇 del Estado de garantizar la prestaci髇 del servicio postal y para definir la calidad exigida al mismo. Los derechos aqu� recogidos est醤 韓timamente conectados por tanto con la obligaci髇 del Estado de garantizar un servicio postal universal que adecue su organizaci髇 y r間imen a las exigencias sucesivas de calidad seg鷑 los medios t閏nicos disponible. De esta forma se mantiene el papel pionero desarrollado por el servicio espa駉l de Correos en el seno de la Uni髇 Postal Universal.

El t韙ulo II afronta, pues, la necesaria labor de sistematizaci髇 de los derechos de los usuarios y en consecuencia incorpora una aut閚tica carta de derechos. Se reconocen como tales los relativos al secreto de las comunicaciones, inviolabilidad de la correspondencia, protecci髇 de datos de car醕ter personal, denuncia, indemnizaci髇, propiedad de los env韔s postales, presentaci髇 de escritos a las Administraciones P鷅licas, prueba de dep髎ito y entrega de los env韔s certificados, reexpedici髇 y reh鷖e de los env韔s postales y protecci髇 de los env韔s no entregados. A los anteriores se a馻den como nuevos el derecho a la informaci髇 sobre los servicios postales, a la reclamaci髇, que comporta la correlativa obligaci髇 por parte de los operadores postales de establecer procedimientos sencillos, gratuitos y no discriminatorios con el fin de que la reclamaci髇 sea resuelta en el plazo m醲imo de un mes y la posibilidad de que los usuarios puedan someter las controversias que se susciten con los operadores postales al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, y las que ocurran en el 醡bito del servicio postal universal, a la Comisi髇 Nacional del Sector Postal, y a la identificaci髇 del operador postal.

Esta tarea se ha completado dotando de fuerza efectiva al ejercicio de tales derechos a trav閟 de la correspondiente tipificaci髇 de las infracciones por su incumplimiento.

El t韙ulo III, que se estructura en cuatro cap韙ulos, regula el servicio postal universal, que se define como el conjunto de servicios postales de calidad determinada por la ley, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios.

El cap韙ulo I junto al concepto enumera las actividades incluidas en el 醡bito material del servicio postal universal. Esta enumeraci髇 respeta los l韒ites establecidos en la Directiva que se transpone. Se ha optado por aumentar el l韒ite para los paquetes en el 醡bito del servicio postal universal a 20 kilogramos.

El cap韙ulo II establece los principios de equidad, no discriminaci髇 y continuidad como rectores de la prestaci髇 del servicio postal universal, define las condiciones b醩icas de recogida y distribuci髇 de los env韔s postales para su prestaci髇 por el operador designado y remite al plan de prestaci髇 del servicio postal universal la concreci髇 de las condiciones detalladas de su prestaci髇, de acuerdo con lo que se disponga por Acuerdo del Consejo de Ministros. En dicho plan se fijar� la extensi髇 y densidad m韓ima de la red, los criterios y el procedimiento para la determinaci髇 del coste neto y las medidas que aseguren la mejora permanente de la eficacia y la eficiencia en su prestaci髇.

No se pueden desconocer los importantes compromisos que las Administraciones P鷅licas han de asumir de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los Servicios P鷅licos, que determina que el t閞mino postal ha de evolucionar hacia un concepto m醩 amplio que el tradicional en tanto se produce el pleno desarrollo de la Sociedad de la informaci髇, tiempo en que han de coexistir los medios de notificaci髇 f韘icos y telem醫icos.

El cap韙ulo III impone la obligaci髇 de llevanza de contabilidad anal韙ica y de separaci髇 de cuentas, regula el coste y la financiaci髇 de las obligaciones de servicio p鷅lico del servicio postal universal, atendiendo a los conceptos de coste neto y carga financiera injusta, crea el fondo de financiaci髇 del servicio postal universal dirigido a compensar la referida carga y regula diversas fuentes adicionales de financiaci髇 que son, junto con la del Estado, la contribuci髇 postal, la tasa por concesi髇 de autorizaciones administrativas singulares y las garant韆s que se otorgan al operador designado para garantizar la prestaci髇 del servicio postal universal y su buen funcionamiento.

El sistema de financiaci髇 de las obligaciones de servicio p鷅lico que se le imponen al prestador designado del servicio postal universal es la garant韆 del equilibrio financiero del prestador puesto que configura un conjunto de fuentes de financiaci髇 que reparte el esfuerzo de contribuir al sostenimiento de un servicio de calidad entre los titulares de autorizaciones administrativas singulares y el prestador designado, al mismo tiempo que prev� la aportaci髇 anual de los presupuestos generales del Estado como el complemento llamado a subvenir la diferencia entre las necesidades de financiaci髇 y los l韒ites de las aportaciones procedentes del propio mercado postal.

La regulaci髇 de las contabilidades respectivas del operador designado y de los dem醩 operadores postales con autorizaciones administrativas singulares en nada interfiere con las obligaciones generales derivadas de lo dispuesto en la legislaci髇 mercantil y s髄o se crean a los estrictos efectos previstos en la presente ley.

El cap韙ulo IV regula los precios y otras condiciones tarifarias de los servicios postales prestados bajo r間imen de obligaciones de servicio p鷅lico, que deber醤 ser asequibles, transparentes, no discriminatorios y fijarse teniendo en cuenta los costes reales del servicio, de modo que incentiven su prestaci髇 eficiente. Se prev� la posible fijaci髇 de precios m韓imos y m醲imos en garant韆 tanto de su asequibilidad como de su adecuaci髇 a la financiaci髇 del servicio.

El t韙ulo IV recoge diversos aspectos de la ley anterior, adaptando su contenido a la Directiva 2008/6/CE, en relaci髇 con la plena realizaci髇 del mercado interior de los servicios postales comunitarios, para lo que regula, respectivamente, el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, las declaraciones responsables y las autorizaciones administrativas singulares.

En su cap韙ulo I se establece el principio de libre competencia para la prestaci髇 de los servicios postales en los t閞minos fijados por la ley, atendiendo a la necesaria diferenciaci髇 entre servicios incluidos y no incluidos en el 醡bito del servicio postal universal, y se prev� la inscripci髇 en el Registro mencionado de los datos y actos relativos a todos los prestadores de servicios postales.

En el cap韙ulo II se establecen las condiciones que habilitan para la prestaci髇 de servicios no incluidos en el 醡bito del servicio postal universal y, a tal efecto, se requiere la presentaci髇 de una declaraci髇 responsable y el cumplimiento de los denominados requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad postal, entre los que se cuentan, siguiendo lo establecido en la citada Directiva, el respeto de las estipulaciones de los reg韒enes de empleo y seguridad social establecidas mediante ley, reglamento o decisi髇 administrativa o convenio colectivo negociado entre los interlocutores sociales nacionales con arreglo al derecho nacional o comunitario, cuyo incumplimiento grave o reiterado se tipifica como infracci髇 muy grave en el t韙ulo VII de la presente ley y determina la p閞dida de validez y eficacia de la declaraci髇.

El cap韙ulo III regula la autorizaci髇 administrativa singular que se requiere para la prestaci髇 de servicios postales incluidos en el 醡bito del servicio postal universal pero prestados en condiciones de mercado, esto es sin la imposici髇 de obligaciones de servicio p鷅lico. El otorgamiento de la autorizaci髇 requerir� la previa constataci髇 del cumplimiento por el operador postal de los requisitos esenciales exigidos en el cap韙ulo anterior y comportar� la asunci髇 del compromiso de cumplimiento de las obligaciones de calidad, extensi髇 territorial y alcance material que voluntariamente oferte a sus clientes, as� como las obligaciones que expresamente se le imponen por la ley. Por lo que se refiere a las obligaciones de servicio p鷅lico a que se refiere el art韈ulo 43, al margen de las que en circunstancias excepcionales procediera imponer de acuerdo con el apartado quinto del art韈ulo 22, el dise駉 de las mismas se hace dentro de los l韒ites fijados por el art韈ulo 9.2 de la directiva 97/67/CE.

El t韙ulo V se estructura en dos cap韙ulos, que se destinan, respectivamente, a regular el acceso a la red postal y a otras infraestructuras postales y a la resoluci髇 de conflictos entre operadores postales.

Se garantiza a los operadores postales al acceso a la red y a otras infraestructuras postales para la prestaci髇 de los servicios a que se refiera la autorizaci髇 administrativa singular de que sean titulares, de acuerdo con los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminaci髇 que se definen expresamente a estos efectos, y se establecen las medidas necesarias para que el ejercicio de dicho derecho resulte compatible con la garant韆 de la integridad, eficacia y eficiencia de la red postal. Se impone al operador designado la obligaci髇 de negociar las condiciones de acceso que constar醤 bien en el contrato tipo autorizado por la Comisi髇 Nacional del Sector Postal, bien en contratos singulares de cuya celebraci髇 se informar� a dicha Comisi髇 a la que compete verificar si los precios fijados en cualesquiera de ellos se ajustan a los principios de transparencia, no discriminaci髇 y cobertura del coste real ocasionado al titular de la red. Se establece la obligaci髇 de publicar un anuncio de celebraci髇 de cada contrato en la p醙ina web oficial del operador designado y se declara la nulidad de aqu閘los que sean contrarios a dichos principios o al cabal cumplimiento del plan de prestaci髇 del servicio postal universal.

En esta nueva regulaci髇 del importante tema del acceso a la red del prestador del servicio postal universal se ha tenido un extremo cuidado en asegurar que la prestaci髇 que se realiza en beneficio de los operadores postales se hace en condiciones de mercado, esto es, al margen de los precios subvencionados de que disfrutan los usuarios ordinarios del servicio postal universal.

El cap韙ulo II de este t韙ulo regula los conflictos entre operadores postales y el operador designado para la prestaci髇 del servicio postal universal, cuyo conocimiento se atribuye a la Comisi髇 Nacional del Sector Postal y los que se entablen entre operadores distintos del designado para la prestaci髇 del citado servicio, que podr醤 ser sometidos al arbitraje de la citada Comisi髇.

El t韙ulo VI se ocupa del marco institucional y, en consecuencia, de los 髍ganos administrativos competentes para la aplicaci髇 de esta ley. Se establece que tendr醤 la consideraci髇 de Autoridad Nacional de Reglamentaci髇 Postal el Gobierno, los 髍ganos superiores y directivos del Ministerio de Fomento con competencias en esta materia y la propia Comisi髇 Nacional del Sector Postal. Asimismo, se regula el Consejo Superior Postal como m醲imo 髍gano de participaci髇 de las Administraciones p鷅licas, los operadores, los usuarios, organizaciones sindicales y asociaciones filat閘icas, al que corresponder醤 las funciones de consulta que se le atribuyan.

Por 鷏timo, el t韙ulo VII regula la inspecci髇, las infracciones y las sanciones en el orden postal. Las competencias inspectoras corresponden a la Comisi髇 Nacional del Sector Postal, cuyos funcionarios ser醤 considerados agentes de la autoridad y estar醤 investidos de las facultadas inquisitivas propias de su funci髇, que no es otra que la de investigar y corregir las conductas de los infractores. El reforzamiento de la regulaci髇 de la funci髇 inspectora que acomete la ley se corresponde directamente con su contenido en materia de tipificaci髇 de infracciones y de r間imen sancionador, 醡bito en el que la ley realiza un importante avance en la seguridad jur韉ica y en la equidad, por cuanto explicita los criterios para graduar las infracciones que tipifica y se馻la las sanciones m醲imas correspondientes a cada tipo infractor, en l韓ea con las tendencias actuales en el 醡bito europeo.

Como novedades en este 醡bito cabe destacar, adem醩, la declaraci髇 como responsables solidarios de los operadores postales respecto de las infracciones postales que cometan sus trabajadores, de quienes sucedan al operador postal en el ejercicio de la actividad, y de sus administradores de hecho o de derecho, y la posibilidad de imponer multas coercitivas dirigidas a obtener la correcci髇 de las conductas infractoras en el supuesto de que no se produzca el cumplimiento voluntario tras haberse concluido el procedimiento sancionador.

En la disposici髇 adicional primera se designa por un periodo de 15 a駉s a la 玈ociedad Estatal Correos y Tel間rafos, Sociedad An髇ima� como operador al que se encomienda la prestaci髇 del servicio postal universal, al ser la 鷑ica entidad que est� en condiciones de prestar este servicio con la calidad y extensi髇 requeridas, y se establece la suscripci髇 de un contrato regulador de la prestaci髇 del citado servicio, que se celebrar� por sucesivos per韔dos quinquenales, entre los Ministerios de Econom韆 y Hacienda y Fomento y el operador designado, y en el que se determinar醤 los derechos y obligaciones atribuidos a las partes. Y en la disposici髇 adicional segunda se prev� la peri骴ica valoraci髇 por la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos del cumplimiento por parte del operador designado de sus obligaciones.

Asimismo, las disposiciones adicionales tercera a s閜tima regulan, como extremos m醩 relevantes, las competencias de la Subsecretar韆 de Fomento en relaci髇 con la fijaci髇 de servicios m韓imos en el 醡bito del servicio postal universal, la emisi髇 y distribuci髇 de sellos y otros signos de franqueo, el r間imen de condecoraciones postales y la designaci髇 de carteros honorarios, las menciones realizadas en otras normas a la citada Ley 24/1998, de 13 de julio, que se entender醤 hechas a la presente ley, y el sello de excelencia de empresa postal sostenible, que se crea para incentivar el esfuerzo empresarial en el sector postal en la mejora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la mejora de las condiciones sociales y laborales en las que se desenvuelve el trabajo en el mercado postal espa駉l. Es este un mecanismo que desde el punto de vista positivo, esto es, como contrapunto del sistema sancionador, pretende incentivar la emulaci髇 entre empresas postales por esforzarse en cumplir con los valores que informan el nuevo modelo postal espa駉l.

En cuanto a las disposiciones finales, procede se馻lar que la primera contempla la modificaci髇 de determinados apartados de diversos art韈ulos de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creaci髇 de la Comisi髇 Nacional del Sector Postal; la segunda se refiere a la adopci髇 en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de la presente Ley de la medida necesaria para garantizar el efectivo cumplimiento del censo promocional; la tercera regula los servicios adicionales o complementarios a los servicios postales; y por 鷏timo, las disposiciones finales cuarta y quinta se dedican a se馻lar la incorporaci髇 al derecho espa駉l de la Directiva 2008/6/CE y a expresar el t韙ulo competencial en el que se basa la iniciativa legislativa del Estado que se contiene en el art韈ulo 149.1.21.� de la Constituci髇.