Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

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Sumario

RDLeg. 1/2007, 16 noviembre rectificado por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 13 febrero 2008). LE0000255619

I

Este real decreto legislativo cumple con la previsi髇 recogida en la disposici髇 final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci髇 de los consumidores y usuarios, que habilita al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, proceda a refundir en un 鷑ico texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposici髇 de las directivas comunitarias dictadas en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.

Para la identificaci髇 de las normas objeto de refundici髇 se ha considerado el listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores y usuarios, que identifica las disposiciones comunitarias dictadas en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios, y, en consecuencia, las normas de transposici髇 respecto de las cuales debe examinarse la procedencia de su incorporaci髇 al texto refundido.

Analizado el Anexo de la citada Directiva, se integran en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias las normas de transposici髇 de las directivas comunitarias que, dictadas en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios, inciden en los aspectos contractuales regulados en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que establecen el r間imen jur韉ico de determinadas modalidades de contrataci髇 con los consumidores, a saber: los contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera de establecimiento comercial.

La regulaci髇 sobre garant韆s en la venta de bienes de consumo, constituye transposici髇 de directiva comunitaria que incide en el 醡bito de la garant韆 regulado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, procedi閚dose, igualmente a su refundici髇.

Asimismo, se incorpora a la refundici髇 la regulaci髇 sobre viajes combinados, por tratarse de una norma de transposici髇 de directiva comunitaria que se integra en el acervo comunitario de protecci髇 de los consumidores y establece un r間imen jur韉ico espec韋ico en la contrataci髇 con consumidores no afectado por las normas estatales sectoriales sobre turismo.

Adem醩, se incorpora al texto refundido la regulaci髇 sobre la responsabilidad civil por da駉s causados por productos defectuosos, norma de transposici髇 de directiva comunitaria que incide en aspectos esenciales regulados en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que, como de manera un醤ime reconoce la doctrina y jurisprudencia requiere aclarar y armonizar sus respectivas regulaciones, al objeto de asegurar una adecuada integraci髇 entre ellas, superando aparentes antinomias.

Otras normas de transposici髇 de las directivas comunitarias citadas en el anexo de la Directiva 98/27/CE, sin embargo, instrumentan reg韒enes jur韉icos muy diversos que regulan 醡bitos sectoriales espec韋icos alejados del n鷆leo b醩ico de la protecci髇 de los consumidores y usuarios.

Tal es el caso de las leyes que regulan los servicios de la sociedad de la informaci髇 y el comercio electr髇ico, las normas sobre radiodifusi髇 televisiva y la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garant韆s y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de cr閐ito al consumo, a鷑 cuando contiene una regulaci髇 espec韋ica de los contratos con consumidores, no se incorpora a la refundici髇 en consideraci髇 a su incidencia espec韋ica, tambi閚, en el 醡bito financiero. Tales circunstancias determinan que las prescripciones de la Ley de cr閐ito al consumo se completen no s髄o con las reglas generales contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino tambi閚 con aqu閘las propias reguladoras de los servicios financieros, en particular las referidas a las obligaciones de las entidades de cr閐ito en relaci髇 con la informaci髇 a los clientes, publicidad y transparencia de las operaciones. Por ello, se considera que se integra de manera m醩 arm髇ica la regulaci髇 sobre cr閐ito al consumo en este grupo de disposiciones financieras. Coadyuva esta decisi髇 la incorporaci髇 al ordenamiento jur韉ico interno, mediante Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.

El peculiar r間imen de constituci髇 de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso tur韘tico y el establecimiento de normas tributarias espec韋icas en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, que transpuso al ordenamiento jur韉ico interno la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, desaconseja, asimismo, su inclusi髇 en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dada su indudable incidencia tambi閚 en los 醡bitos registral y fiscal, ajenos al n鷆leo b醩ico de protecci髇 de los consumidores.

Tampoco es objeto de refundici髇 la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, ya que su 醡bito subjetivo de aplicaci髇 incluye tambi閚 las relaciones entre empresarios y su contenido est� pendiente de revisi髇 como consecuencia de la aprobaci髇 de la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las pr醕ticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en el mercado interior, que debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jur韉ico.

Por 鷏timo, las normas reglamentarias que transponen directivas dictadas en materia de protecci髇 a los consumidores y usuarios, tales como las relativas a indicaci髇 de precios, etiquetado, presentaci髇 y publicidad de productos alimenticios, etc閠era, no se incorporan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, toda vez que, como ha declarado el Consejo de Estado, la delegaci髇 legislativa no autoriza a incorporar al texto refundido disposiciones reglamentarias, ni para degradar el rango de las disposiciones legales excluy閚dolas de la refundici髇.

En consecuencia, el cumplimiento del mandato contenido en la disposici髇 final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci髇 de los consumidores y usuarios, exige incorporar al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la regulaci髇 dictada en materia de protecci髇 a los consumidores y usuarios en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, para la transposici髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l de la Directiva sobre contratos a distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garant韆s en la Venta de Bienes de Consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los da駉s causados por productos defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.

II

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros.

El libro primero se divide en cinco t韙ulos. El primero, relativo a las disposiciones generales, incorpora una delimitaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y una lista de conceptos reiteradamente utilizados en ella, asegurando una mayor claridad en la redacci髇, evitando repeticiones innecesarias e integrando las lagunas que hab韆 identificado la doctrina. En este t韙ulo se regulan, asimismo, los derechos de los consumidores y usuarios y la legislaci髇 b醩ica sobre ellos.

El t韙ulo II de este libro primero contiene la regulaci髇 del derecho de representaci髇, consulta y participaci髇 e incorpora el r間imen jur韉ico b醩ico de las asociaciones de consumidores y usuarios adoptado en la modificaci髇 normativa introducida por la Ley de mejora de la protecci髇 de los consumidores y usuarios.

En el t韙ulo III del libro primero se incorpora la regulaci髇 en materia de cooperaci髇 institucional, especialmente relevante en la protecci髇 de los consumidores y usuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia de las comunidades aut髇omas y de las entidades locales. Se integra as� en un t韙ulo espec韋ico la regulaci髇 de la Conferencia Sectorial de Consumo incorporada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la modificaci髇 realizada por la Ley de mejora de los consumidores y usuarios y las disposiciones espec韋icas sobre cooperaci髇 institucional en materia de formaci髇 y control de la calidad.

Se fundamentan, en consecuencia, las disposiciones de este t韙ulo en el principio de cooperaci髇, en relaci髇 con el cual el Tribunal Constitucional, entre otras en STC 13/2007, FJ 7, viene se馻lando que 玪as t閏nicas de cooperaci髇 y colaboraci髇 玸on consustanciales a la estructura compuesta del Estado de las Autonom韆s� (STC 13/1992, de 6 de febrero, F.7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio F.6 y 109/1998, de 21 de mayo, F.14) y que el principio de cooperaci髇 玵ue no necesita justificarse en preceptos constitucionales o estatutarios concretos� (STC 141/1993, de 22 de abril, F.6.�; y en el mismo sentido STC 194/2004, de 4 de noviembre, F.9) 玠ebe presidir el ejercicio respectivo de competencias compartidas por el Estado y las comunidades aut髇omas (STC 13/1988, de 4 de febrero, F.2; en el mismo sentido, STC 102/1995, de 26 de junio, f. 31) (...)�.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero de 1989, y el r間imen jur韉ico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por las comunidades aut髇omas y las entidades locales en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios, ha exigido regularizar y aclarar muchas de las disposiciones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora incorporadas al libro primero, t韙ulos I y III.

En particular, se circunscriben las obligaciones impuestas a los medios de comunicaci髇, a la radio y televisi髇 de titularidad estatal, insert醤dose tales obligaciones en el 醡bito de la potestad de autoorganizaci髇 de la Administraci髇 General del Estado.

Igualmente, atendiendo a las competencias de las entidades locales en materia de defensa de los consumidores y usuarios y sin perjuicio de la participaci髇 de la asociaci髇 de entidades locales con mayor implantaci髇 en la Conferencia Sectorial de Consumo, conforme previene el art韈ulo 5.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, se establece expresamente la cooperaci髇 institucional entre la Administraci髇 General del Estado y las entidades locales a trav閟 de la asociaci髇 con mayor implantaci髇.

El t韙ulo IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador e infracciones y sanciones.

El t韙ulo V, 鷏timo del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en particular, incorpora la regulaci髇 de las acciones de cesaci髇 frente a las conductas contrarias a la regulaci髇 contenida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Sistema Arbitral de Consumo.

En la regulaci髇 del Sistema Arbitral del Consumo contenida en el cap韙ulo II de este t韙ulo V, se incorporan las importantes modificaciones introducidas por la Ley de mejora de la protecci髇 de los consumidores y usuarios, en el r間imen jur韉ico de este eficaz mecanismo de resoluci髇 extrajudicial de conflictos.

Conforme a la regulaci髇 adoptada, los pactos de sumisi髇 al arbitraje se conducen al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente el alcance de la decisi髇 que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado a adoptar, y que es aqu閘 en el que surge la controversia. Se eleva con ello la protecci髇 del usuario ante f髍mulas arbitrales no siempre l韈itas y se garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente. Esta regla se completa con la determinaci髇 de la nulidad de los pactos suscritos contravini閚dola, en aplicaci髇 de las previsiones de la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley al consumidor. La tipificaci髇 de su vulneraci髇, como infracci髇 de consumo, se deduce claramente de la letra k) del art韈ulo 49.1 en el que se califica como tal el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

Se incorpora al articulado, asimismo, las precisiones introducidas por la reiterada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, sobre la determinaci髇 reglamentaria de los supuestos en que podr� interponerse reclamaci髇 ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las juntas arbitrales territoriales sobre admisi髇 e inadmisi髇 de solicitudes de arbitraje y el establecimiento, asimismo, en la norma reglamentaria, de los supuestos en que actuar� un 醨bitro 鷑ico en la administraci髇 del arbitraje de consumo.

El libro segundo, que regula relaciones jur韉icas privadas, se estructura en cinco t韙ulos. El t韙ulo I, en el que se contienen las disposiciones generales de los contratos con los consumidores, siguiendo el r間imen contenido en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y estableciendo, conforme a las previsiones de las normas que se incorporan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el r間imen com鷑 del derecho de desistimiento en aquellos contratos en los que se prev� tal derecho.

Se incorporan en este t韙ulo las disposiciones introducidas por la Ley de mejora de la protecci髇 de los consumidores, en materia de contratos con los consumidores.

Esta ley, para evitar la imposici髇 a los consumidores de obst醕ulos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre pr醕ticas comerciales desleales, que proh韇e los obst醕ulos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deber� ser transpuesta a nuestro ordenamiento jur韉ico, proh韇e las cl醬sulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposici髇 de plazos de duraci髇 excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

En los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se han observado pr醕ticas obstruccionistas al derecho del consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede claramente establecido, tanto en la fase previa de informaci髇 como en la efectiva formalizaci髇 contractual, el procedimiento mediante el cual el consumidor puede ejercitar este derecho y se asegura que pueda ejercitarlo en la misma forma en que contrat�, sin sanciones o cargas.

Estas reglas se completan con dos previsiones. De un lado, la integraci髇 del contrato conforme a la buena fe objetiva, seg鷑 las reglas de interpretaci髇 e integraci髇 del C骴igo Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza as� la posici髇 contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretaci髇 que del art韈ulo 1258 del C骴igo Civil manten韆n la doctrina y jurisprudencia m醩 avanzada.

De otro lado, estableciendo la necesidad de que la informaci髇 precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta previsi髇 tiene por objeto evitar pr醕ticas lesivas, conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no s髄o suponen costes adicionales a los consumidores, sino una retribuci髇 adicional al operador, mediante la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s. Nuevas tecnolog韆s que, por otra parte, permiten la prestaci髇 gratuita de la informaci髇 m韓ima exigible, conforme ya est� previsto en algunos 醡bitos de la actividad econ髆ica.

El t韙ulo II establece el r間imen jur韉ico en materia de cl醬sulas contractuales no negociadas individualmente y cl醬sulas abusivas, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Es en este t韙ulo en el que quedan incorporadas las modificaciones introducidas por la Ley de mejora en materia de cl醬sulas y pr醕ticas abusivas. Tal es el caso del fortalecimiento de la protecci髇 del consumidor adquirente de vivienda cuando se precisa el car醕ter abusivo de las cl醬sulas que le trasladen gastos que corresponden al profesional, como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, con el fin de evitar cl醬sulas no negociadas que trasladan dichos gastos al consumidor.

Se incorporan, asimismo, las previsiones tendentes a dar mayor claridad en las modalidades de c醠culo del precio de los contratos, evitando la facturaci髇 de servicios no prestados efectivamente.

En materia contractual, asimismo, se clarifica la equiparaci髇 entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las pr醕ticas no consentidas expresamente con id閚ticos efectos para los usuarios y en el 醡bito sancionador.

Los t韙ulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles.

Se incorporan as� al texto refundido las disposiciones destinadas a regular las relaciones jur韉icas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y servicios contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, modificada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, para la transposici髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia y para la adaptaci髇 de la Ley a diversas directivas comunitarias.

Como consecuencia de esta refundici髇 la regulaci髇 sobre contratos a distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulaci髇 de las relaciones empresariales.

Igualmente se incorpora al texto refundido la regulaci髇 contenida en la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

El t韙ulo V, 鷏timo del libro segundo, regula el r間imen de garant韆s y servicios posventa, integrando arm髇icamente el r間imen de garant韆s previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la regulaci髇 contenida en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garant韆s en la Venta de Bienes de Consumo.

El libro tercero armoniza el r間imen de responsabilidad civil por da駉s causados por productos defectuosos, previsto en la Ley 22/1994, de 6 de julio, y las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el cap韙ulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Este libro se divide en tres t韙ulos. El t韙ulo I en el que se contienen las disposiciones comunes en materia de responsabilidad por da駉s causados por bienes y servicios defectuosos, el t韙ulo II en el que se regula la responsabilidad civil causada por productos defectuosos y el t韙ulo III en el que se regula la responsabilidad causada por el resto de los bienes y servicios.

En el libro cuarto, por 鷏timo, se incorpora la regulaci髇 espec韋ica sobre viajes combinados. Este libro de divide en dos t韙ulos, el primero sobre disposiciones generales y el segundo sobre resoluci髇 del contrato y responsabilidades.

Las tres disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias garantizan que no se altere el r間imen transitorio respecto de la garant韆 comercial, mantienen el r間imen transitorio en los bienes que han de ser considerados como bienes de naturaleza duradera y determinan la inaplicabilidad de la Ley 22/1994, de 6 de julio, a los productos que a鷑 pudiera haber en nuestro mercado, puestos en circulaci髇 con anterioridad al 8 de julio de 1994.

En tres disposiciones finales se mantiene la habilitaci髇 al Gobierno para modificar las cuant韆s establecidas en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y para el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la ley, manteniendo la aplicabilidad del r間imen reglamentario en materia de infracciones y sanciones en los t閞minos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La atribuci髇 al Gobierno, en la disposici髇 final segunda, de facultades de desarrollo reglamentario en el 醡bito de sus competencias incluye las materias sobre las que el Estado tiene competencias exclusivas y excepcionalmente, en relaci髇 con las normas enumeradas en el apartado 2 de la disposici髇 final primera del real decreto legislativo, en aqu閘los supuestos en los conforme a la doctrina constitucional, y con el car醕ter de excepcionalidad proclamado por el Tribunal Constitucional, se justifica el recurso al reglamento para establecer normas b醩icas.

Conforme a esta doctrina, la invocaci髇 de esta 玠ispensa excepcional� de la suficiencia de rango normativo de las bases (STC 69/1988, 194/2004) s髄o esta justificada en determinados supuestos. As�, 玞uando resulta complemento indispensable para asegurar el m韓imo com鷑 denominador establecido en las normas b醩icas� (entre otras SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988); o 玞uando, por la naturaleza de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la consecuci髇 de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases� o, por 鷏timo, cuando la ley formal no es el instrumento id髇eo para regular exhaustivamente todos los aspectos b醩icos de la materia debido al 玞ar醕ter marcadamente t閏nico o a la naturaleza coyuntural y cambiante� de los mismos� (STC 131/1996).

De este modo, siendo constitucionalmente admisible reconocer al Gobierno la potestad de complementar las normas b醩icas con disposiciones reglamentarias, tal posibilidad queda circunscrita a los supuestos en que tal facultad es constitucionalmente admisible conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional.

III

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias pretende, asimismo, aproximar la legislaci髇 nacional en materia de protecci髇 de los consumidores y usuarios a la legislaci髇 comunitaria, tambi閚 en la terminolog韆 utilizada. Se opta por ello por la utilizaci髇 de los t閞minos consumidor y usuario y empresario.

As�, el concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminolog韆 comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jur韉ico en relaci髇 con las 玴ersonas jur韉icas�.

El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona f韘ica o jur韉ica que act鷄 en un 醡bito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producci髇, comercializaci髇 o prestaci髇 a terceros.

Se incorporan, asimismo, las definiciones de empresario, productor, producto y proveedor, al objeto de unificar la terminolog韆 utilizada en el texto. Las definiciones de empresario, productor y producto son las contenidas en las normas que se refunden. El concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, distingui閚dose del vendedor, que, aunque no se define, por remisi髇 a la legislaci髇 civil es quien interviene en un contrato de compraventa, en el caso de esta ley, actuando en el marco de su actividad empresarial.

Por otra parte, las referencias a las Administraciones p鷅licas competentes o la inclusi髇 en el texto refundido de normas sobre contratos cuyo control administrativo est� atribuido a administraciones sectoriales distintas de las competentes en materia de consumo, no tiene efectos de atribuci髇 o modificaci髇 de las competencias administrativas atribuidas por la normativa estatal o auton髆ica que resulte de aplicaci髇.

El texto refundido no prejuzga cu醠es sean las Administraciones p鷅licas competentes en relaci髇 con las materias contenidas en 閘, consciente de que la protecci髇 de los consumidores es una materia pluridisciplinar en la que concurren diversas Administraciones. Las Administraciones p鷅licas competentes ser醤, en cada caso, las que tengan atribuida tal competencia por raz髇 de la materia con pleno respeto a la autonom韆 organizativa de las distintas Administraciones involucradas, en particular en las materias relacionadas con la salud y el turismo.

IV

En la tramitaci髇 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se ha dado audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios y a las organizaciones empresariales m醩 representativas y se ha contado con el parecer de las comunidades aut髇omas, de la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias y del Consejo Econ髆ico y Social.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 16 de noviembre de 2007,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

1. El cap韙ulo I del t韙ulo I del libro primero, en el que se define su 醡bito de aplicaci髇 y el art韈ulo 10, tienen car醕ter b醩ico en relaci髇 con los preceptos del apartado 2 de esta disposici髇 y se dictan en el uso de competencias exclusivas del Estado en relaci髇 con las disposiciones del apartado 3.

2. Los art韈ulos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los cap韙ulos III y V del t韙ulo I del libro primero y el t韙ulo IV del libro primero tienen car醕ter b醩ico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el art韈ulo 149.1.1.�, 13.� y 16.� de la Constituci髇 Espa駉la.

LE0000720619 N鷐ero 2 de la disposici髇 final primera redactado por el art韈ulo segundo de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protecci髇 de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica (獴.O.E.� 1 marzo).Vigencia: 2 marzo 2022

A partir de: 28 mayo 2022

N鷐ero 2 de la disposici髇 final primera redactado por el art韈ulo 83 del R.D.-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de bonos garantizados, distribuci髇 transfronteriza de organismos de inversi髇 colectiva, datos abiertos y reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en l韓ea y a las retransmisiones de programas de radio y televisi髇, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoci髇 de veh韈ulos de transporte por carretera limpios y energ閠icamente eficientes (獴.O.E.� 3 noviembre).

3. El art韈ulo 24 y el t韙ulo V del libro primero, los libros segundo, tercero y cuarto, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales se dictan en base a las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislaci髇 mercantil, procesal y civil, conforme al art韈ulo 149.1. 6.� y 8.� de la Constituci髇 espa駉la.

4. El resto de los preceptos del t韙ulo II del libro primero ser醤 de aplicaci髇 a las asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal.