Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

Uno de los fines b�sicos de la pol�tica nacional de sanidad vegetal es la existencia de un marco legal apropiado para proteger a los vegetales y sus productos contra los da�os producidos por las plagas, con objeto de mantenerlos, mediante la intervenci�n humana, en niveles de poblaci�n econ�micamente aceptables, y para impedir la introducci�n y extensi�n de aqu�llas procedentes de otras �reas geogr�ficas.

La actual legislaci�n sobre sanidad vegetal, que tiene su origen en la Ley de Plagas del Campo, de 21 de mayo de 1908, y en la Ley de 20 de diciembre de 1952, de defensa de los montes contra las plagas forestales, se basa principalmente en la normativa comunitaria incorporada a la legislaci�n espa�ola mediante las correspondientes disposiciones legales.

II

La aprobaci�n de un nuevo marco jur�dico para la sanidad vegetal se fundamenta en la doble necesidad de adaptarlo a los numerosos cambios que han afectado a su �mbito de aplicaci�n, as� como adecuarlo a la configuraci�n del Estado espa�ol como Estado auton�mico y como Estado miembro de la Uni�n Europea.

En efecto, se hace necesario regular en una norma de rango adecuado los principios b�sicos de actuaci�n de las distintas Administraciones p�blicas competentes en materia de sanidad vegetal y establecer aspectos concretos que aluden a las competencias exclusivas de la Administraci�n General del Estado relativas al comercio y sanidad exterior.

Esta regulaci�n recoge los aspectos fundamentales de la normativa dictada por la Uni�n Europea en la materia, los cuales ya han sido objeto de desarrollo en nuestro Derecho interno a trav�s de diferentes disposiciones de car�cter general, que permanecer�n vigentes tras la entrada en vigor de la Ley.

En consecuencia, el objeto de la Ley es establecer un marco uniforme que d� cobertura legal al conjunto de normas actualmente vigentes en materia de sanidad vegetal, de acuerdo con la actual distribuci�n de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas derivada del bloque de la constitucionalidad, y los compromisos asumidos por Espa�a como Estado miembro de la Uni�n Europea y como consecuencia de la suscripci�n de convenios internacionales.

III

Desde otro punto de vista, hay que considerar la evoluci�n de criterios que se ha producido en la sociedad respecto a la seguridad de los alimentos, a la salud laboral y a la protecci�n del medio ambiente. Por ello, la Ley debe contemplar los aspectos relativos a los medios utilizados en la lucha contra las plagas, en especial los productos fitosanitarios, para garantizar que en su manipulaci�n y aplicaci�n no existan efectos perjudiciales para la salud del consumidor o del aplicador, para los animales o para el medio ambiente.

En este sentido, las correspondientes autorizaciones oficiales de los medios de defensa fitosanitaria son el instrumento de dicha garant�a, que no debe reducirse al �mbito de la sanidad vegetal, sino que debe transcender al de la salud p�blica y al del medio ambiente.

La complejidad del procedimiento de concesi�n de autorizaciones y la din�mica de ampliaci�n a nuevos usos, con la correspondiente gesti�n del establecimiento de los l�mites m�ximos de residuos para el �mbito de la Uni�n Europea o incluso mundial, determina la necesidad de que exista una �nica autoridad competente en la concesi�n de autorizaciones, tal y como establece la legislaci�n comunitaria.

No obstante, estas garant�as se han visto reforzadas tras la reciente creaci�n de la Agencia Espa�ola de Seguridad Alimentaria por la Ley 11/2001, de 5 de julio, al incorporar un nuevo instrumento para garantizar la seguridad de los alimentos que necesariamente habr� de tenerse presente en las disposiciones que se dicten en desarrollo de la presente Ley.

Asimismo, sin perjuicio de las medidas ya previstas en la presente norma para garantizar la salud de quienes intervengan en el proceso de fabricaci�n y aplicaci�n de los productos fitosanitarios, deber�n cumplirse las previsiones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenci�n de riesgos laborales.

IV

La presente Ley articula los criterios y las actuaciones aplicables en materia de sanidad vegetal, en general, y de prevenci�n y lucha contra plagas, en particular, tanto del Estado como de las Comunidades Aut�nomas.

Con ello, se pretende establecer unos criterios b�sicos homog�neos para abordar los problemas de aparici�n de plagas en un determinado territorio y posibilitar la r�pida adopci�n de medidas de control. Asimismo, se clarifican los requisitos para la adopci�n de las medidas oficiales contra una plaga para su erradicaci�n, evitar su extensi�n, reducir sus poblaciones o sus efectos.

Por otra parte, se regula la posibilidad de que la Administraci�n competente califique su lucha obligatoria como de �utilidad p�blica� o a la plaga de �emergencia fitosanitaria�, lo cual conllevar� un mayor grado de severidad y de intervenci�n de las medidas oficiales, as� como la aplicaci�n de diferentes compensaciones econ�micas en forma de ayudas e indemnizaciones a los afectados por la aplicaci�n de las mismas.

En el �mbito de las obligaciones de los particulares, se responsabiliza a los agricultores de la vigilancia y el control de las plagas, los cultivos y los materiales objeto de su actividad, as� como de la ejecuci�n a su cargo de las medidas oficiales obligatorias que se establezcan reglamentariamente. Respecto a las exportaciones a terceros pa�ses, corresponde al particular solicitar en los puntos de inspecci�n fronterizos las inspecciones necesarias para la expedici�n del correspondiente certificado fitosanitario y recae en �l la responsabilidad en el caso de exportar sin la preceptiva documentaci�n. Adem�s, se determinan las obligaciones y responsabilidades de los productores, titulares de autorizaciones, distribuidores, vendedores y dem�s operadores de productos fitosanitarios y la responsabilidad de los usuarios de dichos productos de emplearlos siguiendo las recomendaciones de uso. Por �ltimo, se fijan las obligaciones de las personas f�sicas y jur�dicas a quienes se les practique una inspecci�n oficial.

Ante el incremento en los �ltimos a�os de la importaci�n y liberaci�n de organismos de control biol�gico, a falta de una regulaci�n comunitaria se establece la base legal que permita un desarrollo normativo en el que se definan las responsabilidades de las Administraciones afectadas y de los particulares implicados en esta actividad, y se asegure su utilizaci�n eficaz e inocua, reduciendo al m�nimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

En el mismo sentido de prevenir los riesgos citados, se recoge la creciente demanda de los consumidores de promover sistemas de producci�n vegetal que tengan en cuenta las buenas pr�cticas fitosanitarias y, para luchar en com�n contra las plagas, se fomentan las agrupaciones de agricultores que incluyan entre sus objetivos dichas pr�cticas.

Se prev�, asimismo, que las diferentes Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus respectivas competencias, realicen las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se les otorga el car�cter de autoridad a los inspectores fitosanitarios, determinando sus competencias.

Finalmente, se establece un r�gimen de infracciones y sanciones en la materia objeto de la presente Ley, tipificando las primeras seg�n su gravedad, determinando las responsabilidades de los infractores y fijando las sanciones correspondientes. Asimismo, se crea un r�gimen de tasas, fijando los sujetos pasivos, la relaci�n de hechos imponibles y las cuant�as de las respectivas tasas.

La presente Ley se dicta al amparo del art�culo 149.1.10.�, 13.�, 16.� y 23.� de la Constituci�n, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior, de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, bases y coordinaci�n general de la sanidad y sanidad exterior, y legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, respectivamente.