• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• T蚑ULO I.� Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1 燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 2 燙oncepto de consumidor y usuario
  • Art韈ulo 3 燙oncepto de empresario
  • Art韈ulo 4 燬upuestos especiales
• T蚑ULO II.� Derechos de los consumidores y usuarios
  • CAP蚑ULO I.� Derechos b醩icos y principios generales
    • Art韈ulo 5 燚erechos b醩icos de los consumidores y usuarios
    • Art韈ulo 6 營rrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios
  • CAP蚑ULO II.� Derecho a la protecci髇 de la salud y la seguridad
    • Art韈ulo 7 燚eber general de seguridad
    • Art韈ulo 8 燨bligaciones espec韋icas para la protecci髇 de la salud y seguridad
    • Art韈ulo 9 燨bligaciones en materia de documentaci髇
    • Art韈ulo 10 燗ctuaciones administrativas
  • CAP蚑ULO III.� Derecho a la protecci髇 de los intereses econ髆icos y sociales y a la calidad de los bienes y servicios
    • Art韈ulo 11 燩rincipios generales
    • Art韈ulo 12 燗ctuaciones de protecci髇
  • CAP蚑ULO IV.� Derecho a la informaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 13 燩rincipios generales
    • Art韈ulo 14 燗ctuaciones administrativas
    • Art韈ulo 15 燗ctuaciones de protecci髇
  • CAP蚑ULO V.� Derecho a la educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 16 燩rincipios generales
    • Art韈ulo 17 燗ctuaciones de protecci髇
• T蚑ULO III.� Mecanismos de protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios
  • Art韈ulo 18 燩rincipios generales
  • CAP蚑ULO I.� Derecho a la representaci髇, consulta y participaci髇 de los consumidores
    • Art韈ulo 19 燛jercicio del derecho
    • Art韈ulo 20 燗sociaciones de consumidores y usuarios
    • Art韈ulo 21 燜omento de las asociaciones de consumidores y usuarios
    • Art韈ulo 22 燫egistro de asociaciones de consumidores y usuarios
    • Art韈ulo 23 燙onsejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇
  • CAP蚑ULO II.� Derecho a la protecci髇 jur韉ica y administrativa
    • Art韈ulo 24 燩rincipios generales
    • Art韈ulo 25 燨ficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor y usuario
    • Art韈ulo 26 燛jercicio de potestades en la legislaci髇 sectorial
    • Art韈ulo 27 燜omento del Sistema Arbitral de Consumo
    • Art韈ulo 28 燫eclamaciones
  • CAP蚑ULO III.� La inspecci髇 de consumo
    • Art韈ulo 29 燣os inspectores de consumo
    • Art韈ulo 30 燫equerimiento de subsanaci髇 de deficiencias
    • Art韈ulo 31 燩r醕tica de las pruebas anal韙icas
  • CAP蚑ULO IV.� Medidas cautelares
    • Art韈ulo 32 燗dopci髇 de medidas provisionales
    • Art韈ulo 33 燩rocedimiento
    • Art韈ulo 34 燚uraci髇 de las medidas
    • Art韈ulo 35 燙ar醕ter de las medidas
    • Art韈ulo 36 燬istema de intercambio r醦ido de informaci髇
    • Art韈ulo 37 營nformaci髇
    • Art韈ulo 38 燗ctuaciones
• T蚑ULO IV.� Potestad sancionadora
  • Art韈ulo 39 燫間imen
  • CAP蚑ULO I.� Infracciones
    • Art韈ulo 40 燙oncepto
    • Art韈ulo 41 燩rincipios generales
    • Art韈ulo 42 燙lasificaci髇 de las infracciones
  • CAP蚑ULO II.� Responsabilidad
    • Art韈ulo 43 燬ujetos responsables
  • CAP蚑ULO III.� Sanciones
    • Art韈ulo 44 燙uant韆s
    • Art韈ulo 45 燙ierre del establecimiento
    • Art韈ulo 46 燬anciones accesorias
    • Art韈ulo 47 燝raduaci髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 48 燫estituci髇 de cantidades percibidas indebidamente
    • Art韈ulo 49 燩rescripci髇 de infracciones y sanciones
  • CAP蚑ULO IV.� Procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 50 燫間imen jur韉ico
    • Art韈ulo 51 燙ompetencia sancionadora
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 Adicional 鷑ica 燣enguaje de g閚ero
  • Disposici髇 Adicional segunda 營nstalaciones de venta al p鷅lico al por menor de gasolinas y gas髄eos de automoci髇
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 Transitoria Primera 燩otestad sancionadora
  • Disposici髇 Transitoria Segunda 燙onsejo Castellano-Leon閟 de Consumidores y Usuarios
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 Derogatoria Primera
  • Disposici髇 Derogatoria Segunda
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 Final Primera 燦ormativa supletoria
  • Disposici髇 Final Segunda 燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 Final Tercera 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

La presente Ley tiene por objeto la protecci髇, defensa y promoci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios en el 醡bito de la Comunidad de Castilla y Le髇, en cumplimiento del mandato establecido en la Constituci髇 Espa駉la y en el Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇.

Art韈ulo 2 Concepto de consumidor y usuario

A efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en los libros tercero y cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, son consumidores o usuarios las personas f韘icas que act鷈n con un prop髎ito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇.

Son tambi閚 consumidores a efectos de esta Ley las personas jur韉icas y las entidades sin personalidad jur韉ica que act鷈n sin 醤imo de lucro en un 醡bito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Art韈ulo 3 Concepto de empresario

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera empresario a toda persona f韘ica o jur韉ica, ya sea privada o p鷅lica, que act鷈 directamente o a trav閟 de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un prop髎ito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇.

Art韈ulo 4 Supuestos especiales

1. Las Administraciones P鷅licas dedicar醤 una atenci髇 especial a la protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios que se hallen en situaciones de inferioridad, subordinaci髇 e indefensi髇, atendiendo de forma prioritaria a los menores de edad, ancianos y personas con discapacidad.

2. Los poderes p鷅licos proteger醤 prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relaci髇 directa con bienes o servicios de uso o consumo com鷑, ordinario y generalizado.

Art韈ulo 5 Derechos b醩icos de los consumidores y usuarios

Son derechos b醩icos de los consumidores y usuarios:

• a) La protecci髇 contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
• b) La protecci髇 de sus leg韙imos intereses econ髆icos y sociales, en particular frente a las pr醕ticas comerciales desleales y la inclusi髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos.
• c) La indemnizaci髇 de los da駉s y la reparaci髇 de los perjuicios sufridos.
• d) La informaci髇 correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educaci髇 y divulgaci髇 para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
• e) La audiencia en consulta, la participaci髇 en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representaci髇 de sus intereses a trav閟 de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
• f) La protecci髇 de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinaci髇 e indefensi髇.

Art韈ulo 6 Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios

La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley.

Art韈ulo 7 Deber general de seguridad

1. Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros.

2. Se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duraci髇, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o 鷑icamente los riesgos m韓imos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un elevado nivel de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas.

3. Los empresarios y profesionales pondr醤 en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilizaci髇 previsible de los bienes o servicios, habida cuenta de su naturaleza, caracter韘ticas, duraci髇 y de las personas a las que van destinados, conforme a lo previsto en la ley estatal y las normas reglamentarias que resulten de aplicaci髇.

4. Los productos qu韒icos, y todos los art韈ulos que en su composici髇 lleven sustancias clasificadas como peligrosas, deber醤 ir envasados con las debidas garant韆s de seguridad y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulaci髇, todo ello de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa que resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 8 Obligaciones espec韋icas para la protecci髇 de la salud y seguridad

Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposici髇 de bienes y servicios a los consumidores y usuarios estar� obligado, dentro de los l韒ites de su actividad respectiva, a respetar las siguientes reglas:

• a) La prohibici髇 de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos en los locales o instalaciones de producci髇, transformaci髇, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas.
• b) El mantenimiento del necesario control de forma que pueda comprobarse con rapidez y eficacia el origen, distribuci髇, destino y utilizaci髇 de los bienes potencialmente inseguros, los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o los sujetos a obligaciones de trazabilidad.
• c) La prohibici髇 de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del reparto, distribuci髇 o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores y usuarios en establecimientos comerciales autorizados para venta al p鷅lico y del r間imen de autorizaci髇 de ventas directas a domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas en determinadas zonas del territorio nacional.
• d) El cumplimiento de la normativa que establezcan las entidades locales o, en su caso, las comunidades aut髇omas sobre los casos, modalidades y condiciones en que podr� efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos.
• e) La prohibici髇 de suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad obligatoria o de los datos m韓imos que permitan identificar al responsable del bien.
• f) La obligaci髇 de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas.
• g) La prohibici髇 de importar productos que no cumplan lo establecido en esta norma, la normativa estatal y disposiciones que las desarrollen.
• h) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la seguridad f韘ica de las personas, prestando a este respecto la debida atenci髇 a los servicios de reparaci髇 y mantenimiento.
• i) La prohibici髇 de utilizar ingredientes, materiales y dem醩 elementos susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, la prohibici髇 de utilizar tales materiales o elementos en la construcci髇 de viviendas y locales de uso p鷅lico.

Art韈ulo 9 Obligaciones en materia de documentaci髇

1. Los documentos necesarios para que pueda comprobarse f醕ilmente y de forma veraz el origen y destino de los bienes, as� como aquellos relacionados con el lote de fabricaci髇, deber醤 mantenerse durante el per韔do que establezca la normativa espec韋ica, y, en cualquier caso, al menos durante los tres a駉s posteriores al cese de la producci髇 en el caso de la empresa productora, o del cese de la distribuci髇 o venta del producto en el caso de la importadora.

2. Los participantes en la cadena comercial que incluyan determinadas marcas en el etiquetado de los productos que comercialicen, en particular el marcado CE, para acreditar que tales productos cumplen los requisitos m韓imos de seguridad que le son de aplicaci髇, deber醤 conservar la documentaci髇 que justifique dicha acreditaci髇 durante el per韔do que establezca la normativa espec韋ica y, en cualquier caso, un m韓imo de tres a駉s despu閟 de haber agotado la existencia de los productos.

3. Cuando la autoridad competente en materia de seguridad de los productos solicite la documentaci髇 a que se refieren los apartados anteriores a una empresa de la cadena de producci髇 o distribuci髇 comercial, esta deber� facilitarla, identificando de forma clara e inequ韛oca el producto o productos a que se refiere el requerimiento.

En caso de que resulte necesario para la realizaci髇 de una adecuada evaluaci髇 de la seguridad de un producto, la autoridad competente podr� igualmente requerir a la empresa productora, distribuidora o responsable del producto una traducci髇 de la documentaci髇 t閏nica o de cualquier otro documento que haya sido presentado en un idioma distinto de la lengua oficial de la Comunidad de Castilla y Le髇.

Art韈ulo 10 Actuaciones administrativas

1. En orden a la protecci髇 de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus respectivas competencias, podr醤 adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparici髇 del riesgo, incluida la intervenci髇 directa sobre las cosas y la compulsi髇 directa sobre las personas. En estos supuestos todos los gastos que se generen ser醤 a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que en su caso puedan imponerse. La exacci髇 de tales gastos y sanciones podr� llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Las Administraciones P鷅licas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos detectados, podr醤 informar a los consumidores y usuarios afectados por los medios m醩 apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, as� como de las precauciones procedentes, tanto para protegerse del riesgo, como para conseguir su colaboraci髇 en la eliminaci髇 de sus causas.

3. Los responsables de la coordinaci髇 de los sistemas estatales de intercambio de informaci髇 integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladar醤 las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la informaci髇 facilitada en las comunicaciones, los productos o servicios alertados procedan de terceros pa韘es.

4. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 colaborar� con las dem醩 Administraciones P鷅licas competentes en el sistema de intercambio r醦ido de informaci髇 para la detecci髇 de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica del Estado.

Ante la existencia en el mercado de bienes o servicios peligrosos para la salud o seguridad de los consumidores, los poderes p鷅licos arbitrar醤 las medidas adecuadas para su detecci髇. Cuando dicho riesgo sobrepase el 醡bito de la Comunidad de Castilla y Le髇 la autoridad competente lo pondr� en conocimiento de la Administraci髇 General del Estado y del resto de las Administraciones mediante las v韆s y procedimientos establecidos.

5. Para ello, la Comunidad de Castilla y Le髇 ejercer� la adecuada vigilancia y control de mercado y desarrollar醤, entre otras, las siguientes actuaciones:

• a) Efectuar controles para garantizar la seguridad y calidad de los bienes y servicios.
• b) Realizar toma de muestras para someterlas a t閏nicas de ensayo y an醠isis.
• c) Adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para garantizar la comercializaci髇 de bienes y servicios seguros.
• d) Exigir la informaci髇 pertinente de los productores, distribuidores y comerciantes implicados.
• e) Facilitar el acceso a la informaci髇, especialmente la relacionada con la salud y la seguridad, siendo garantizada, con car醕ter general, a todas las personas con discapacidad, mediante la regulaci髇 reglamentaria sobre bienes y servicios.
• f) Fomentar la inclusi髇 del sistema braille en el etiquetado de los bienes, especialmente respecto a los bienes que afecten a la salud y seguridad.

Art韈ulo 11 Principios generales

1. Los leg韙imos intereses econ髆icos y sociales de los consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 deber醤 ser respetados en los t閞minos previstos en la legislaci髇 estatal, aplic醤dose adem醩 lo establecido en las normas civiles, mercantiles y las dem醩 normas comunitarias y estatales que resulten de aplicaci髇.

2. Las pr醕ticas comerciales de los empresarios dirigidas a los consumidores y usuarios estar醤 sujetas a lo dispuesto en las normas que resulten de aplicaci髇.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los bienes y servicios dispongan de las especificaciones de calidad que determinen las normas aplicables o que resulten adecuadas a las leg韙imas expectativas de uso o de consumo.

3. El fabricante, el importador o, en su caso, el responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizar�, de acuerdo con la legislaci髇 vigente, la existencia de un adecuado servicio t閏nico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.

En los productos de naturaleza duradera el consumidor y usuario tendr� derecho a un adecuado servicio t閏nico y a la existencia de repuestos durante el plazo m韓imo de cinco a駉s a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.

La acci髇 o derecho de recuperaci髇 de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparaci髇 prescribir� a los tres a駉s a partir del momento de la entrega.

4. El contenido de la oferta, promoci髇 o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones econ髆icas y garant韆s ofrecidas ser醤 exigibles por los consumidores y usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deber醤 tenerse en cuenta en la determinaci髇 de la conformidad del bien con el contrato.

Las pr醕ticas comerciales de los empresarios y profesionales dirigidas a los consumidores y usuarios contendr醤 la informaci髇 necesaria exigida en la legislaci髇 vigente.

5. En la comercializaci髇 de bienes y prestaci髇 de servicios, el consumidor, antes de contratar y cuando el precio final s髄o pueda ser fijado mediante la elaboraci髇 de un presupuesto previo, tendr� derecho a 閟te por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera, debidamente desglosado, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, salvo renuncia expresa y fehaciente de 閟te.

El presupuesto previo ser� gratuito, salvo que el consumidor o usuario decida no celebrar el contrato, en cuyo caso, s髄o deber� abonar el precio de elaboraci髇 del presupuesto, sobre el que habr� sido expresamente informado, debiendo el vendedor o prestador del servicio demostrar dicho extremo.

6. Cuando los consumidores entreguen un bien o producto con el fin de realizar en ellos cualquier tipo de intervenci髇, el prestador del servicio deber� entregar un resguardo de dep髎ito en el que figuren los datos que reglamentariamente se establezcan, incluyendo el plazo de garant韆 que en ning鷑 caso podr� ser inferior a tres meses.

La entrega de dicho resguardo ser� igualmente obligatoria en los supuestos en que exista un presupuesto previo o contrato.

7. Las oficinas y servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente que las empresas pongan a disposici髇 del consumidor y usuario est醤 obligadas a que 閟te tenga constancia de sus quejas y reclamaciones en las condiciones previstas en la legislaci髇 estatal. Estos servicios deben estar identificados en relaci髇 a las otras actividades de la empresa en los t閞minos previstos en la legislaci髇 estatal.

Art韈ulo 12 Actuaciones de protecci髇

1. Las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus respectivas competencias, adoptar醤 las medidas necesarias destinadas a conseguir los siguientes objetivos:

• a) El cumplimiento de las normas de calidad de los bienes ofertados a los consumidores y usuarios.
• b) La adecuada prestaci髇 de los servicios ofertados.
• c) La exactitud en el peso, n鷐ero y medida de los bienes que se suministren o expendan.
• d) La transparente informaci髇 y la correcta aplicaci髇 de los precios de los bienes y servicios ofertados, as� como la exposici髇 p鷅lica y visible, inequ韛oca, exacta y completa de los mismos, de manera que no sea precisa aclaraci髇 del vendedor para conocer el precio de los bienes y servicios expuestos en estanter韆s, vitrinas, salas de venta expositoras y escaparates, con inclusi髇 del precio por unidad de medida cuando sea preceptivo.
• e) Que se entregue al consumidor y usuario el correspondiente contrato, factura, billete, presupuesto, resguardo de dep髎ito, justificante de la operaci髇 o transacci髇 realizada, as� como las hojas de reclamaciones cuando aqu閘 las solicite.
• f) La prohibici髇 de suspender el suministro de servicios b醩icos de prestaci髇 continuada, sin que al menos conste el intento de notificaci髇 fehaciente al consumidor, concedi閚dole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento de la suspensi髇 de la prestaci髇 del servicio y sin las previas autorizaciones administrativas y judiciales que en su caso puedan proceder, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa espec韋ica que resulte de aplicaci髇.

  En caso de que el motivo de la suspensi髇 del suministro sea el impago del servicio por parte del consumidor, las Administraciones velar醤 por el cumplimiento, por parte del prestador del servicio, de las garant韆s y plazos otorgados al consumidor para su subsanaci髇 en la normativa espec韋ica que resulte de aplicaci髇.

• g) La estricta adecuaci髇 a la normativa vigente del r間imen de reclamaci髇, garant韆, renuncia, desistimiento o devoluci髇 que se ofrezca, prometa o estipule con los consumidores.
• h) Que la oferta, promoci髇 y publicidad de los bienes y servicios se lleve a cabo cumpliendo las prescripciones legalmente establecidas y de forma que no pueda enga馻r o inducir a enga駉, por acci髇 u omisi髇, sobre sus caracter韘ticas o condiciones, cualquiera que sea el soporte utilizado y el lugar en que se realice.
• i) Garantizar la libertad de acceso de los consumidores y usuarios a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente cuando se trate de bienes o servicios de uso o consumo com鷑, ordinario y generalizado; cuando el productor, fabricante, elaborador o comercializador tenga una posici髇 de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios ofertados o prestados a trav閟 de medios telem醫icos, telef髇icos, inform醫icos o electr髇icos.
• j) Velar para que las cl醬sulas generales y las que no hayan sido negociadas individualmente se hallen redactadas con concreci髇, claridad y sencillez, y cumplan los principios de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilizaci髇 de cl醬sulas abusivas.
• k) El debido cumplimiento de la legislaci髇 vigente sobre garant韆s exigidas a los agentes de la edificaci髇 para asegurar sus responsabilidades. En especial, habr� de atenderse al cumplimento de la normativa reguladora del afianzamiento o garant韆 de las cantidades entregadas a cuenta en la adquisici髇 de viviendas durante su proceso constructivo, as� como a la entrega del 獿ibro del Edificio� en los t閞minos y de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 sectorial.
• l) El estricto cumplimiento de la normativa reguladora sobre comunicaciones comerciales y contrataci髇 electr髇ica.
• m) El cumplimiento de la normativa reguladora de la contrataci髇 de pr閟tamos y cr閐itos hipotecarios, la prestaci髇 de servicios de intermediaci髇 y la contrataci髇 a distancia de servicios financieros.
• n) En general, el cumplimiento de las normas reguladoras de los distintos bienes y servicios.

2. Las Administraciones P鷅licas que prestan servicios a los usuarios a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas aprobar醤 previamente las cl醬sulas y condiciones generales que regir醤 la contrataci髇 con los consumidores, velando por la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

Art韈ulo 13 Principios generales

1. Los consumidores y usuarios, al objeto de realizar una elecci髇 racional y ajustada a sus necesidades entre los diferentes bienes y servicios que el mercado pone a su disposici髇, tienen derecho a recibir una informaci髇 veraz, objetiva, suficiente y comprensible y en especial sobre el precio y medios de pago, condiciones de contrataci髇, identidad del comerciante y su direcci髇, as� como caracter韘ticas e instrucciones de uso de los bienes y servicios.

2. Las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentaci髇 de los bienes o servicios comercializados en Castilla y Le髇 deber醤 figurar en caracteres que permitan su f醕il lectura y estar醤 redactadas al menos en castellano, lengua oficial del Estado espa駉l.

3. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposici髇 de los consumidores y usuarios deber醤 incorporar, acompa馻r o, en 鷏timo caso, permitir de forma clara y comprensible informaci髇 veraz, eficaz y suficiente sobre sus caracter韘ticas esenciales, en particular sobre las siguientes:

• a) Nombre y direcci髇 completa del responsable.
• b) Naturaleza, composici髇 y finalidad.
• c) Calidad, cantidad, categor韆 o denominaci髇 usual o comercial, si la tienen.
• d) Fecha de producci髇 o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
• e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.

Art韈ulo 14 Actuaciones administrativas

Las Administraciones P鷅licas de la Comunidad de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus respectivas competencias, promover醤 las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

• a) Que las actividades de oferta, promoci髇 y publicidad dirigidas a los consumidores y usuarios con el objeto de propiciar, de forma directa o indirecta, la adquisici髇 de bienes o la contrataci髇 de servicios, respeten los principios de veracidad y no omitan informaci髇 sustancial que el consumidor necesite para tomar una decisi髇 sobre una transacci髇 que, de otro modo, no hubiera tomado, especialmente en el caso de venta a distancia y contrataci髇 fuera de establecimiento mercantil.

  A estos efectos, el 髍gano administrativo competente podr� requerir de oficio al anunciante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en la publicidad, pudiendo ser considerados los datos de hecho como inexactos cuando no se aporten los elementos de prueba o 閟tos se estimen insuficientes. La oferta, promoci髇 y publicidad falsa o enga駉sa de los bienes y servicios ser� perseguida y sancionada como fraude.

• b) Que las oficinas y servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente puestas a disposici髇 de los consumidores y usuarios por las empresas faciliten la constancia escrita de sus quejas y reclamaciones, as� como los instrumentos necesarios para ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que 閟te se celebr�, siempre que no sea posible otra que resulte m醩 beneficiosa al consumidor. Si las empresas utilizan medios telef髇icos o electr髇icos para llevar a cabo estas funciones, 閟tas ser醤 en todo caso gratuitas y garantizar醤 una atenci髇 personal directa.
• c) La legalidad y transparencia, as� como la informaci髇 p鷅lica y visible de los precios de los bienes y servicios ofertados, con expresa indicaci髇 del precio completo, desglosando el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicaci髇, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiaci髇 u otras condiciones de pago similares, as� como las diversas modalidades de pago aceptadas y el derecho del consumidor a elegir libremente el sistema de pago de entre aquellos ofertados por el comerciante o profesional.
• d) Que el etiquetado y presentaci髇 de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo sean de tal naturaleza que no induzcan a error al consumidor y usuario y le informen especialmente sobre su origen, identidad del responsable, caracter韘ticas, cualidades, composici髇, cantidad, duraci髇, instrucciones y condiciones de uso, advertencias sobre riesgos previsibles, modo de fabricaci髇 u obtenci髇 y cuando as� lo determine la normativa aplicable, la informaci髇 sobre su procedencia geogr醘ica.
• e) Que los consumidores y usuarios, antes de contratar, dispongan de informaci髇 clara, comprensible, veraz y suficiente sobre las caracter韘ticas esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones econ髆icas, precio total incluidos los impuestos o la base del c醠culo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio, si se trata de bienes o servicios que por su naturaleza impida fijar el precio con exactitud, fecha prevista de entrega y la existencia de derecho de desistimiento que pudiera corresponder, as� como el procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.
• f) Que los consumidores y usuarios, antes de contratar, dispongan de informaci髇 clara, comprensible, veraz y suficiente sobre los procedimientos de entrega y funcionamiento del bien o servicio, as� como el sistema de tramitaci髇 de las reclamaciones.
• g) El contenido de la oferta, promoci髇 y publicidad sobre bienes o servicios podr� ser exigido en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 11, apartado 4, de la presente Ley.
• h) Que en las operaciones de cr閐ito, financiaci髇 e intermediaci髇, los anuncios y ofertas dirigidas a los consumidores se adec鷈n a la normativa espec韋ica y se facilite a 閟tos informaci髇 documental reglamentaria, entreg醤doles el contrato o proyecto de documento contractual seg鷑 lo dispuesto en la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 15 Actuaciones de protecci髇

1. Las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus respectivas competencias, realizar醤 y promover醤 campa馻s informativas y de divulgaci髇 sobre las normas que regulan las caracter韘ticas de los bienes y servicios y su comercializaci髇.

Estas campa馻s tendr醤 por objeto propiciar el conocimiento de las normas por parte de los consumidores, usuarios y empresarios, con el fin de favorecer la elecci髇 racional del consumidor en el mercado, adem醩 de la utilizaci髇 segura y satisfactoria de los bienes y servicios, debiendo prestar especial atenci髇 a los colectivos que en determinadas circunstancias se encuentren en situaciones de inferioridad, indefensi髇 o desprotecci髇.

2. Las Administraciones P鷅licas de la Comunidad de Castilla y Le髇 llevar醤 a cabo las siguientes actuaciones:

• a) Promocionar el desarrollo en los medios de comunicaci髇 social de espacios y programas dedicados a la difusi髇 de los derechos de los consumidores y usuarios.
• b) Fomentar el desarrollo de campa馻s informativas de divulgaci髇 o de estudio y an醠isis de determinados bienes y servicios, habilitando los medios necesarios para acercar esta informaci髇 a los consumidores y empresarios.
• c) Velar para que la informaci髇 proporcionada a los consumidores y usuarios figure en lengua castellana.
• d) Impulsar el conocimiento y utilizaci髇 de los medios telem醫icos de difusi髇 de informaci髇 en materia de consumo.

Art韈ulo 16 Principios generales

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir educaci髇 y formaci髇 adecuada en materia de consumo que les permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos.

2. Los poderes p鷅licos, en el 醡bito de sus respectivas competencias, fomentar醤 la formaci髇 y educaci髇 de los consumidores y usuarios, asegurar醤 que estos dispongan de la informaci髇 precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y organizar醤, promover醤 e incentivar醤, programas de educaci髇 y formaci髇. A tal fin desarrollaran las siguientes actividades:

• a) Divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, de la forma de ejercitarlos y de sus instrumentos de protecci髇, con especial atenci髇 a los ni駉s, ancianos, personas con discapacidad f韘ica o ps韖uica, inmigrantes y en general aquellos consumidores y usuarios que, de forma individual o colectiva, se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, indefensi髇 o desprotecci髇.
• b) Potenciar la formaci髇 del personal integrante de las organizaciones de consumidores y de las Administraciones P鷅licas con competencias en materia de consumo.
• c) Fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo en el 醡bito de su actividad.
• d) Capacitar al personal docente en materia de consumo.
• e) Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de protecci髇 a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas con discapacidad, las acciones dirigidas a la informaci髇, formaci髇 y defensa de los consumidores y usuarios.
• f) Elaborar y publicar material did醕tico de apoyo a la labor educativa y formativa en materia de consumo.

3. Las actividades descritas en el apartado anterior se promover醤 prioritariamente a trav閟 de la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s.

Art韈ulo 17 Actuaciones de protecci髇

Para el ejercicio eficaz del derecho de educaci髇 y formaci髇, se adoptar醤 las siguientes medidas:

• a) Potenciar el desarrollo de herramientas que permitan de forma sencilla llevar hasta el consumidor el conocimiento de sus derechos y la forma de su ejercicio y defensa, con especial atenci髇 a la poblaci髇 de los n鷆leos rurales, fomentando para ello el uso de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.
• b) Organizar y coordinar programas y campa馻s destinadas a la educaci髇 y formaci髇 de los consumidores en colaboraci髇 con las asociaciones de consumidores y usuarios.
• c) Impulsar y coordinar programas y campa馻s encaminadas a fomentar los conocimientos en materia de consumo en el 醡bito de su actividad en colaboraci髇 con las organizaciones y asociaciones empresariales de la comunidad.
• d) Fomentar, en colaboraci髇 con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos que premien la defensa de los consumidores.
• e) Se promover� entre las empresas regionales el fomento de etiquetado 玝raille� a favor de los consumidores afectados por deficiencias visuales.

Art韈ulo 18 Principios generales

1. La Consejer韆 competente en materia de consumo desarrollar� las actuaciones jur韉icas, administrativas y t閏nicas que sean precisas para la efectiva protecci髇 de los consumidores en su territorio. En especial, y sin perjuicio de otras medidas que puedan resultar oportunas, llevar� a cabo las siguientes actuaciones:

• a) Garantizar la adecuada representaci髇 de los consumidores y usuarios mediante el fomento de sus asociaciones.
• b) Garantizar la participaci髇 y consulta de los consumidores y usuarios en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones que les puedan afectar.
• c) Fomentar la existencia y eficacia de mecanismos de reclamaci髇 y de soluci髇 amistosa de las demandas de los conflictos planteados por los consumidores.
• d) Adoptar las medidas administrativas oportunas como protecci髇 frente a cada clase de riesgo.
• e) Programar y realizar actuaciones de inspecci髇 y control de calidad de productos, bienes y servicios.
• f) Desarrollar la legislaci髇 a fin de lograr un elevado nivel de protecci髇 de los consumidores.
• g) Potenciar la cooperaci髇 t閏nica y jur韉ica con centros y entidades colaboradoras, como instrumentos para una m醩 eficaz protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios. A trav閟 de los instrumentos de colaboraci髇 y cooperaci髇 que, en su caso, se suscriban, se establecer醤 y concretar醤 los requisitos, obligaciones y funciones de dichos centros y entidades colaboradoras.
• h) Promover la adopci髇 de c骴igos de buenas pr醕ticas empresariales como instrumentos voluntarios de autorregulaci髇.

2. Estas actuaciones ser醤 desarrolladas conforme a los necesarios principios de coordinaci髇 y cooperaci髇 entre Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 19 Ejercicio del derecho

El derecho a la representaci髇, consulta y participaci髇 de los consumidores y usuarios en los asuntos que les puedan afectar ser� ejercido por las asociaciones de consumidores y usuarios y por el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇.

Art韈ulo 20 Asociaciones de consumidores y usuarios

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse en organizaciones para la representaci髇 y defensa de sus derechos e intereses.

2. A efectos de esta Ley, se consideran asociaciones de consumidores y usuarios las asociaciones sin 醤imo de lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislaci髇 sobre asociaciones y reuniendo los requisitos espec韋icos exigidos en la legislaci髇 estatal y sus normas de desarrollo, y en la legislaci髇 auton髆ica aplicable, tengan como finalidad la defensa de los derechos o intereses leg韙imos de los consumidores y usuarios, incluyendo su informaci髇, formaci髇 y educaci髇, bien sea con car醕ter general, bien en relaci髇 con bienes o servicios determinados.

3. Tambi閚 son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas con arreglo a la legislaci髇 de cooperativas que respeten los requisitos b醩icos exigidos en la legislaci髇 estatal y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educaci髇 y formaci髇 de sus socios en materia de consumo y est閚 obligadas a constituir un fondo con tal objeto, seg鷑 su legislaci髇 espec韋ica.

Art韈ulo 21 Fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios

1. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 fomentar� la creaci髇 y funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios en general. Adem醩, deber� impulsarse la participaci髇 de la ciudadan韆 en estas asociaciones.

Para ello la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 establecer� un marco de cooperaci髇 y colaboraci髇 con las asociaciones de consumidores y usuarios a los efectos de:

• a) Promover el di醠ogo con las asociaciones empresariales a trav閟 del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇.
• b) Desarrollar actuaciones conjuntas de informaci髇, formaci髇 y educaci髇 de los consumidores y usuarios.
• c) Impulsar la formaci髇 y capacitaci髇 t閏nica del personal de las asociaciones.
• d) Promover la participaci髇 de estas asociaciones en el Sistema Arbitral de Consumo.
• e) Tutelar a los colectivos especialmente desfavorecidos a los que se refiere el art韈ulo 4 y apoyar las iniciativas necesarias para luchar contra los riesgos que amenazan la calidad de vida de los consumidores y usuarios.

2. Con independencia de los derechos que la presente Ley reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios, 閟tas podr醤 ser declaradas de utilidad p鷅lica, as� como acogerse a los beneficios establecidos en la legislaci髇 sobre voluntariado.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 tendr醤 derecho a percibir subvenciones y ayudas en los t閞minos que, en su caso, establezcan los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Art韈ulo 22 Registro de asociaciones de consumidores y usuarios

Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley y las disposiciones espec韋icas que la complementen, las asociaciones de consumidores y usuarios deber醤 estar inscritas en el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇.

Tanto el procedimiento como los requisitos de inscripci髇 en este Registro se determinar醤 reglamentariamente. No obstante, no podr醤 inscribirse aquellas asociaciones que incluyan entre sus miembros a personas jur韉icas con finalidad de lucro, aquellas que participen o reciban ayudas de empresas suministradoras de bienes y servicios, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y las que efect鷈n publicidad comercial o meramente informativa de bienes y servicios.

Art韈ulo 23 Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇

1. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 es el 髍gano de consulta y participaci髇 de los consumidores y usuarios para la defensa de los derechos reconocidos en esta Ley. Estar� adscrito a la Consejer韆 competente en materia de consumo.

2. Formar醤 parte del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, as� como representantes de las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas de la Comunidad y representantes de las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇, garantizando en todo caso una participaci髇 significativa de las asociaciones de consumidores y usuarios.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios deber醤 ser consultadas durante el procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general de las distintas Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇, cuando afectan directamente a los derechos de los consumidores y usuarios. Tambi閚 ser醤 consultadas en el procedimiento de aprobaci髇 de los modelos de contrato de prestaci髇 de bienes y servicios y sus tarifas, los cuales estar醤 sujetos legalmente al control de las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇.

Dicha consulta se efectuar� a trav閟 del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇. No obstante, se entender� cumplido el tr醡ite cuando las asociaciones de consumidores y usuarios formen parte de 髍ganos colegiados que hayan sido consultados en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones generales.

4. Reglamentariamente se determinar� la composici髇 y funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇.

Art韈ulo 24 Principios generales

La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇, en el 醡bito de sus competencias, desarrollar� todas aquellas actuaciones administrativas que sean precisas para garantizar la protecci髇 efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios recogidos en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente legislaci髇 sectorial.

En particular, y sin perjuicio de otras medidas que puedan resultar necesarias, deber醤 realizarse las siguientes actuaciones:

• a) Vigilancia, control e inspecci髇 de los productos, bienes y servicios.
• b) Adopci髇 de las medidas administrativas oportunas para la protecci髇 frente a cualquier tipo de riesgo para las personas.
• c) Instrucci髇 y resoluci髇 de los procedimientos sancionadores cuando se produzca alg鷑 tipo de infracci髇 en materia de consumo.
• d) Adopci髇 de las medidas provisionales que se consideren necesarias para garantizar la seguridad de los productos, bienes y servicios.
• e) Coordinaci髇 de actuaciones de los diferentes 髍ganos y administraciones con competencia en materias relacionadas con el consumo.

Art韈ulo 25 Oficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor y usuario

1. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 promover� la creaci髇 de oficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor, de car醕ter p鷅lico o gestionadas por las asociaciones de consumidores y usuarios.

2. Sin perjuicio de las disposiciones propias de la Administraci髇 de la que dependan, las oficinas p鷅licas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor tendr醤 las siguientes funciones:

• a) Informar acerca de sus derechos, con especial incidencia en el 醡bito de colectivos especialmente desfavorecidos.
• b) Servir de cauce de mediaci髇 voluntaria en los conflictos entre consumidores y usuarios y profesionales.
• c) Fomentar y divulgar el sistema arbitral de consumo.
• d) Recibir, registrar y acusar recibo de las reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores y usuarios as� como la tramitaci髇 y resoluci髇 de las mismas, o su remisi髇 a los organismos competentes por raz髇 de la materia objeto de la reclamaci髇 o denuncia.
• e) Cualquier otra que reglamentariamente se establezca.

3. En la oficina p鷅lica de informaci髇 y protecci髇 al consumidor estar� prohibida cualquier forma de publicidad de empresas, bienes o servicios.

4. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de consumo, articular� los mecanismos necesarios para garantizar la cooperaci髇 y la coordinaci髇 de todas las oficinas p鷅licas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor.

Art韈ulo 26 Ejercicio de potestades en la legislaci髇 sectorial

La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 podr� instar de otras administraciones, colegios profesionales y, en general, de cualquier autoridad, el ejercicio de aquellas potestades que les atribuya la legislaci髇 sectorial para garantizar la protecci髇 efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios o para imponer las correcciones que procedan.

Art韈ulo 27 Fomento del Sistema Arbitral de Consumo

1. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 fomentar� y desarrollar� la mediaci髇 como sistema para la resoluci髇 amistosa de conflictos en materia de consumo.

2. As� mismo la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 fomentar�, en el marco de la legislaci髇 vigente, el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo como v韆 extrajudicial de resoluci髇 de conflictos en materia de consumo, procurando la adhesi髇 al mismo de empresas y profesionales, especialmente de aquellas que gestionen servicios p鷅licos.

Las empresas p鷅licas est醤 obligadas a someterse a este sistema arbitral con la excepci髇 de aquellas que tengan un sistema espec韋ico de reclamaci髇.

Art韈ulo 28 Reclamaciones

1. Las personas f韘icas o jur韉icas titulares de empresas, establecimientos o profesionales que comercialicen bienes, productos o presten servicios directamente a los consumidores y usuarios en el territorio de Castilla y Le髇 tendr醤 a disposici髇 de 閟tos las hojas de reclamaciones reguladas en la normativa vigente con excepci髇 de aquellos que tengan sus propios sistemas de reclamaci髇 y/o hojas de reclamaciones. La existencia de dichas hojas deber� anunciarse en la forma y t閞minos previstos en la normativa aplicable.

2. La obligaci髇 de disponer de hojas de reclamaciones se extiende igualmente a los supuestos de comercializaci髇 de bienes o prestaci髇 de servicios fuera de establecimiento permanente del comerciante o profesional en los t閞minos establecidos en la normativa sectorial vigente.

Igualmente, y sin perjuicio de la obligaci髇 relativa a las hojas de reclamaciones, en las ventas o prestaciones de servicios a distancia se deber� informar a los consumidores y usuarios de manera comprensible de los procedimientos de reclamaci髇, haciendo constar al menos una direcci髇 postal a la que los consumidores y usuarios puedan dirigirse adem醩 de una direcci髇 de correo electr髇ico cuando 閟te hubiera sido el medio elegido para la comercializaci髇 del bien o la prestaci髇 del servicio.

3. Ser� igualmente v醠ida la reclamaci髇 formulada por cualquier medio admitido en derecho.

La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 llevar� a cabo las actuaciones necesarias para que los consumidores y usuarios tengan un acceso f醕il a la informaci髇 sobre sus derechos y deberes, facilit醤doles la presentaci髇, tramitaci髇 y, si procede, resoluci髇 de sus quejas, reclamaciones y denuncias a trav閟 de mecanismos telem醫icos y electr髇icos.

Art韈ulo 29 Los inspectores de consumo

1. La inspecci髇 de consumo, en el 醡bito de sus competencias, constituye uno de los instrumentos al servicio de las Administraciones P鷅licas dirigido a velar por el cumplimiento de las normas sobre protecci髇 de los consumidores sin perjuicio de las actividades inspectoras reguladas en otras leyes.

2. La inspecci髇 de consumo, actuando de manera coordinada con otras Administraciones competentes en materia de consumo, ejercer� de forma constante labores de vigilancia y control sobre productos, bienes y servicios puestos a disposici髇 de los consumidores y usuarios en cualquiera de las fases de su comercializaci髇, al objeto de prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las exigencias legales que garantizan los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

3. En el ejercicio de su funci髇, los inspectores de consumo tendr醤 la consideraci髇 de agentes de la autoridad a todos los efectos, especialmente en cuanto a la responsabilidad administrativa y penal de quienes no colaboren, ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacatos contra aquellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. As� mismo podr醤 solicitar la colaboraci髇 de otras autoridades, as� como la petici髇 de informes t閏nicos a otras administraciones y el apoyo de los Cuerpos de Seguridad en los supuestos de obstrucci髇, resistencia o negativa.

Art韈ulo 30 Requerimiento de subsanaci髇 de deficiencias

1. Si durante las actuaciones de investigaci髇 y/o inspecci髇, se detectaran meras irregularidades administrativas subsanables que no constituyen perjuicio directo alguno para los consumidores y usuarios, el inspector puede requerir al sujeto inspeccionado para que, en el plazo que conceda al efecto, no superior a diez d韆s, proceda a su subsanaci髇. Transcurrido dicho plazo y de comprobarse el incumplimiento de lo requerido se continuar� la oportuna tramitaci髇 administrativa.

2. Para la validez del requerimiento, deber� dejarse constancia escrita de su contenido y de la fecha en que se pone en conocimiento del sujeto afectado. A estos efectos, bastar� la entrega de copia del requerimiento.

Art韈ulo 31 Pr醕tica de las pruebas anal韙icas

1. De conformidad con los procedimientos determinados reglamentariamente, los inspectores de consumo podr醤 tomar muestras de los bienes inspeccionados con la finalidad de someterlos a ensayos, pruebas o estudios mediante los cuales se determine el grado de cumplimiento de las condiciones exigidas legalmente.

2. Si como consecuencia del an醠isis de la muestra tomada, procediera la iniciaci髇 de un procedimiento sancionador y una vez la sanci髇, en su caso, sea firme, la Administraci髇 podr� exigir a los responsables de la infracci髇 el reembolso de los gastos ocasionados. Si se niegan a reembolsarlos, esta obligaci髇 resultar� exigible en v韆 de apremio.

3. La realizaci髇 de an醠isis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo se llevar� a cabo en laboratorios oficiales, laboratorios privados acreditados o en aquellos que fueran designados para ello por la autoridad competente en materia de consumo.

4. El laboratorio que recibiese la primera de las muestras, a la vista de la misma y de la documentaci髇 que la acompa馿, realizar� el an醠isis y emitir�, lo antes posible, los resultados anal韙icos correspondientes. En el caso de irregularidades, estos resultados ir醤 acompa馻dos de un informe t閏nico en el que se pronuncie de forma clara y precisa sobre la muestra analizada.

5. Cuando realizado el an醠isis inicial se deduzcan incumplimientos y la empresa no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derechos por cualquier medio de prueba v醠ido, podr� solicitar la realizaci髇 de un an醠isis contradictorio.

6. La renuncia expresa o t醕ita a efectuar el an醠isis contradictorio o la no aportaci髇 de la muestra que est� en poder del interesado supone la aceptaci髇 de los resultados anal韙icos a los que se hubiera llegado en la realizaci髇 del primer an醠isis.

Art韈ulo 32 Adopci髇 de medidas provisionales

Antes de la iniciaci髇 de cualquier procedimiento administrativo no sancionador, el 髍gano competente de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protecci髇 provisional de los intereses de los consumidores y usuarios, podr� adoptar de forma motivada las siguientes medidas:

• a) Suspensi髇 o prohibici髇 de la producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇 o comercializaci髇 de bienes o de la prestaci髇 de servicios.
• b) Inmovilizaci髇 cautelar o retirada de los bienes objeto de producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇 o comercializaci髇, as� como su destrucci髇 de acuerdo a las normas vigentes.
• c) Cierre del establecimiento mercantil o industrial donde se desarrolle la actividad econ髆ica o del correspondiente dominio de la sociedad de la informaci髇.
• d) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que fuera necesaria.

Art韈ulo 33 Procedimiento

1. Las medidas previstas en el art韈ulo anterior se adoptar醤 por el 髍gano competente, desarroll醤dose conforme a la normativa estatal del procedimiento administrativo com鷑, garantizando en todo caso la audiencia del interesado.

2. Las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, que deber� efectuarse dentro de los quince d韆s siguientes a su adopci髇, el cual podr� ser objeto del recurso que proceda.

Estas medidas tambi閚 podr醤 ser adoptadas por los servicios de inspecci髇, siendo aplicable el r間imen anteriormente establecido.

Art韈ulo 34 Duraci髇 de las medidas

1. Las medidas provisionales se mantendr醤 exclusivamente el tiempo necesario para que los interesados subsanen las deficiencias o eliminen completamente el riesgo, lo que habr� de ser ratificado por la autoridad competente.

2. La Administraci髇 podr� aceptar la colaboraci髇 voluntaria de los particulares, cuando sea posible y suficiente para asegurar, con eficacia, los intereses generales perseguidos.

Art韈ulo 35 Car醕ter de las medidas

Las medidas incluidas en este cap韙ulo no tienen car醕ter sancionador. No obstante, podr� iniciarse el procedimiento sancionador ante la existencia de hechos constitutivos de infracci髇.

Art韈ulo 36 Sistema de intercambio r醦ido de informaci髇

Si presumiblemente el riesgo rebasase el inter閟 regional, la autoridad competente lo pondr� en conocimiento del resto de las Administraciones, a trav閟 de los sistemas de comunicaci髇 entre los 髍ganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado, destacando de entre estos sistemas la Red de Alerta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de seguridad de los productos.

Art韈ulo 37 Informaci髇

Sin perjuicio de las medidas de car醕ter informativo que la Administraci髇, en su caso, pudiera adoptar, cuando se haya producido la retirada de mercanc韆s, las empresas responsables de las mismas estar醤 obligadas a informar a los consumidores de las medidas adoptadas en los casos, plazos y forma que las autoridades competentes determinen, en funci髇 del riesgo, n鷐ero de consumidores afectados, tipo de poblaci髇 al que van destinados los productos y/o el perjuicio econ髆ico ocasionado a los consumidores.

Art韈ulo 38 Actuaciones

1. Igualmente, las empresas responsables de los productos que entra馿n un riesgo para la salud o seguridad estar醤 obligadas a la reparaci髇 o sustituci髇 de dichos productos en los t閞minos previstos en la legislaci髇 que resulte aplicable.

2. Los gastos de almacenaje, traslado, rectificaci髇, subsanaci髇, certificaci髇 o, en su caso, destrucci髇 de los productos bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, ser醤 a cargo del responsable de los mismos, cuando las medidas sean confirmadas. Los gastos de ensayos y pruebas solicitadas por el interesado, a fin de acreditar sus manifestaciones, correr醤 de su cuenta.

3. Para garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deber� justificar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Art韈ulo 39 R間imen

La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇, en el uso de su potestad sancionadora, sancionar� las conductas tipificadas como infracci髇 en materia de defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

Art韈ulo 40 Concepto

Constituyen infracciones administrativas en materia de defensa de los consumidores y usuarios, las acciones u omisiones contra lo dispuesto en la presente Ley y en el resto de la normativa en materia de consumo que resulte de aplicaci髇, alcanzando la potestad sancionadora de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 en esta materia a todas las infracciones administrativas que se cometan en el 醡bito de su territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci髇 estatal.

Art韈ulo 41 Principios generales

1. Las infracciones en materia de consumo ser醤 objeto de sanci髇 administrativa previa instrucci髇 del oportuno procedimiento.

2. Cuando a juicio de la Administraci髇 competente, las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, proceder� su traslado al Ministerio Fiscal y se suspender� el procedimiento administrativo. Las medidas administrativas precautorias o cautelares que se hubieran adoptado para salvaguardar la salud y seguridad de las personas, se mantendr醤 hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. La sanci髇 penal excluir� la imposici髇 de sanci髇 administrativa, siempre que exista identidad de hecho sujeto y fundamento. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administraci髇 podr� continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el 髍gano judicial haya considerado probados.

3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa b醩ica estatal.

4. Las infracciones que tengan la calificaci髇 de graves deben de calificarse como leves si, por su escasa entidad y/o transcendencia, queda probado en el expediente sancionador que existe una desproporci髇 manifiesta entre la sanci髇 a imponer y los efectos de la infracci髇 cometida.

5. Como principio general, al responsable de dos o m醩 infracciones se le impondr醤 todas las sanciones correspondientes. No obstante, en el caso de que un solo hecho sea constitutivo de dos o m醩 infracciones, o cuando una de ellas sea medio para cometer la otra, la sanci髇 o sanciones se impondr醤 en proporci髇 a la gravedad de la conducta. Del mismo modo, tendr� la consideraci髇 de una sola infracci髇 administrativa continuada la realizaci髇 de una pluralidad de acciones u omisiones tipificadas en esta Ley que infrinjan un mismo o semejante precepto, en ejecuci髇 de un plan preconcebido o aprovechando id閚tica ocasi髇.

6. Tendr� la consideraci髇 de infracci髇 administrativa permanente la realizaci髇 de una conducta, por acci髇 u omisi髇, constitutiva de un 鷑ico il韈ito, el cual se mantiene durante un espacio prolongado de tiempo y cuyos efectos perjudiciales para el consumidor perduran en el tiempo transcurrido desde que aqu閘la se comete hasta el momento en que es conocida por el 髍gano administrativo competente.

7. En el caso de la publicidad y de las distintas modalidades de contrataci髇 a distancia y de comercio electr髇ico, la infracci髇 se entender� cometida en el lugar donde radique el domicilio del consumidor o usuario.

Art韈ulo 42 Clasificaci髇 de las infracciones

1. A los efectos de esta Ley, salvo aquellas infracciones que deban ser calificadas como graves o muy graves de acuerdo con la normativa estatal, ser醤 infracciones administrativas leves las siguientes:

• a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.
• b) Las acciones y omisiones que produzcan o puedan producir alg鷑 riesgo o da駉 para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaci髇 de que se trate.
• c) El incumplimiento o transgresi髇 de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones espec韋icas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud p鷅lica.
• d) La alteraci髇, adulteraci髇 o fraude en la calidad o cantidad de toda clase de bienes o servicios susceptibles de consumo por adicci髇 o sustracci髇 de cualquier sustancia, elemento, alteraci髇 de su composici髇 o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza, arreglo o reparaci髇 de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situaci髇 que induzca a enga駉 o confusi髇 o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.
• e) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposici髇 injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades m韓imas, o cualquier tipo de intervenci髇 o actuaci髇 il韈ita que suponga un incremento de los precios o m醨genes comerciales de los bienes y servicios, as� como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturaci髇 y la ocultaci髇 al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago.
• f) El incumplimiento de las disposiciones relativas a registro, normalizaci髇 o tipificaci髇, envasado, etiquetado, publicidad e informaci髇 de bienes y servicios.
• g) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
• h) La obstrucci髇, resistencia o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de informaci髇, vigilancia, inspecci髇, toma de muestras y la adopci髇 de medidas cautelares.
• i) La introducci髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos o en las ofertas publicitarias.
• j) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizaci髇 al ejercicio de tal derecho del consumidor a trav閟 del procedimiento pactado, la falta de previsi髇 de 閟te o la falta de comunicaci髇 al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.
• k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacci髇 est� dentro de las disponibilidades del empresario, as� como cualquier forma de discriminaci髇 con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.
• l) El uso de pr醕ticas comerciales desleales; las enga駉sas, por acci髇 u omisi髇, y las agresivas, realizadas antes, durante y despu閟 de una transacci髇 comercial, siempre que afecten a los consumidores y usuarios y ocasione a 閟tos un grave perjuicio econ髆ico.
• m) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestaci髇 de los servicios y en especial las previstas en la legislaci髇 reguladora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• n) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y disposiciones complementarias, cuando no supongan falta grave o muy grave.
• �) La obstrucci髇 o negativa a suministrar las condiciones generales de la contrataci髇 que establece la legislaci髇 estatal respecto a las cl醬sulas no negociadas individualmente.
• o) El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, registros y documentaci髇, establecidos como requisitos para el ejercicio de la actividad o como garant韆 para la protecci髇 de los consumidores y usuarios.
• p) El incumplimiento de las disposiciones generales reguladoras de la garant韆 de los productos y servicios.
• q) El incumplimiento de las disposiciones que regulan la prestaci髇 de servicios.
• r) La negativa a entregar al consumidor o usuario factura o comprobante de la operaci髇, ejemplar del contrato suscrito por el consumidor o usuario, documento de garant韆 de los bienes de naturaleza duradera, resguardo de dep髎ito, o cualquier otro tipo de documento exigido reglamentariamente para la protecci髇 de los consumidores y usuarios.
• s) La negativa injustificada a vender un bien expuesto o prestar un servicio p鷅licamente ofertado, o la violaci髇 del derecho de los consumidores y usuarios a decidir libremente la cantidad de bienes o servicios que desean adquirir en un establecimiento.
• t) El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del almacenamiento, conservaci髇 y condiciones de venta o suministro de bienes.
• u) La falta de remisi髇 al 髍gano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban presentarse. A estos efectos, se entender� que hay falta de remisi髇 cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el 髍gano competente al reiterar el requerimiento.
• v) La excusa reiterada, negativa o resistencia a la comparecencia en las oficinas p鷅licas siempre que medie requerimiento, notificado expresamente y por escrito al respecto por las autoridades competentes.
• w) La carencia de las hojas de reclamaciones a disposici髇 del consumidor y usuario y la omisi髇 del anuncio, as� como la negativa a su entrega.
• x) La utilizaci髇 de pr醕ticas de oferta, promoci髇 y publicidad enga駉sa que, por acci髇 u omisi髇 pueda inducir a los consumidores o usuarios a error susceptible de afectar a su comportamiento econ髆ico.

2. Se consideran infracciones administrativas graves:

• a) Todas aquellas cl醬sulas y pr醕ticas no consentidas expresamente que, en contra de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que deriven del contrato.
• b) El suministro de informaci髇 o documentaci髇 inexacta o falsa y/o enga駉sa.
• c) Cualquier conducta tendente a ocultar, hacer desaparecer o manipular las muestras depositadas reglamentariamente o las mercanc韆s intervenidas.
• d) El incumplimiento de normas de calidad del servicio, en especial en relaci髇 a los servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente.
• e) El incumplimiento de la obligaci髇 de informar a los consumidores y usuarios, a requerimiento de las autoridades competentes, de los bienes o productos objeto de medidas de retirada del mercado.
• f) La comisi髇 de tres faltas leves en el per韔do de un a駉.
• g) El reiterado incumplimiento de las indicaciones de la autoridad administrativa.
• h) La prestaci髇 de servicios o el env韔 de productos no solicitados con pretensi髇 de cobro.
• i) El incumplimiento del r間imen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.
• j) El incumplimiento de las obligaciones que la regulaci髇 de contratos celebrados a distancia impone en materia de informaci髇 y documentaci髇 que se debe suministrar al consumidor y usuario, de los plazos de ejecuci髇 y de devoluci髇 de cantidades abonadas, el env韔, con pretensi髇 de cobro, de productos y servicios no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de t閏nicas de comunicaci髇 que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposici髇 del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente.
• k) ...
• Letra k) del n鷐ero 2 del art韈ulo 42 derogada por el爊鷐ero dos del art韈ulo 鷑ico de Ley [CASTILLA Y LE覰] 1/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 27 abril). Vigencia: 28 abril 2018

3. Son infracciones administrativas muy graves las infracciones calificadas como graves, de conformidad con lo previsto en el presente art韈ulo, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

• a) Que generen alarma social o produzcan una situaci髇 de desconfianza grave entre los consumidores y usuarios.
• b) Que afecten desfavorablemente y de forma grave a un sector econ髆ico.
• c) Que afecte a un amplio n鷐ero de consumidores y usuarios.
• d) Que se cometa la infracci髇 abusando de una posici髇 de dominio en el mercado.
• e) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o da駉s efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, realizadas de forma consciente o deliberada.
• f) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por la autoridad competente.
• g) La reincidencia en la comisi髇 de infracciones graves de la misma naturaleza en el 鷏timo a駉. El plazo comenzar� a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci髇.
• h) La comisi髇 de dos faltas graves en el per韔do de un a駉.
• i) El incumplimiento del r間imen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles, cuando exista reincidencia o el volumen de facturaci髇 realizada a que se refiere la infracci髇 sea superior a 601.012,10 €.
• j) El incumplimiento de las obligaciones que la regulaci髇 de contratos celebrados a distancia impone en materia de informaci髇 y documentaci髇 que se debe suministrar al consumidor y usuario; de los plazos de ejecuci髇 y de devoluci髇 de cantidades abonadas; el env韔, con pretensi髇 de cobro, de productos y servicios no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de t閏nicas de comunicaci髇 que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposici髇 del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente, cuando exista reincidencia o el volumen de facturaci髇 realizada a que se refiere la infracci髇 sea superior a 601.012,10 €.

Art韈ulo 43 Sujetos responsables

1. Ser醤 sujetos responsables de las infracciones, aun a t韙ulo de simple inobservancia, las personas f韘icas o jur韉icas que participen o incurran en las mismas tanto por acci髇 como por omisi髇.

2. En particular, se considerar醤 responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:

• a) De las infracciones cometidas en productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre 韓tegro, la firma o raz髇 social que figure en el envase o etiqueta, presentaci髇 o publicidad.

  Podr醤 eximirse de esa responsabilidad probando su falsificaci髇 o incorrecta manipulaci髇 por terceras personas, que ser醤 las responsables.

• b) De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, en la etiqueta no conste la identificaci髇 de la empresa, o se vendan a granel, el tenedor de los mismos.
• c) De las infracciones cometidas en la prestaci髇 de servicios, la persona f韘ica o jur韉ica con la que contrat� el consumidor la prestaci髇 del servicio o la que resulte legalmente obligada.
• d) De las infracciones cometidas en la publicidad, oferta y contrataci髇 de bienes o servicios realizadas a trav閟 de medios telem醫icos, el titular de la p醙ina.
• e) De las infracciones relacionadas con la falta de conformidad de los productos, el vendedor de los mismos.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, se considerar� que comete infracci髇 el que intencionadamente o por negligencia distribuya, suministre o venda bienes de consumo que incumplan las normas sobre etiquetado.

4. En el supuesto de infracciones cometidas en productos procedentes de otros pa韘es de la Uni髇 Europea o de Estados que no formen parte de 閟ta, se considerar� responsable a la persona f韘ica o jur韉ica que en primer lugar introduzca o ponga en circulaci髇 el producto en el mercado espa駉l.

5. Cuando una infracci髇 sea imputada a una persona jur韉ica podr醤 ser consideradas responsables tambi閚 las personas f韘icas que integren sus 髍ganos rectores o de direcci髇, as� como los t閏nicos responsables de la elaboraci髇 y control, de acuerdo con la legislaci髇 vigente en materia societaria.

En el supuesto de personas jur韉icas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relaci髇 con la realizaci髇 de la actuaci髇 tipificada como infracci髇, el mismo ser� exonerado de responsabilidad.

Art韈ulo 44 Cuant韆s

1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios ser醤 sancionadas de acuerdo con la siguiente graduaci髇:

• a) Las infracciones leves, con multa desde 200 euros hasta 3.005,06 euros.
  Letra a) del art韈ulo 44 redactada por la disposici髇 final vigesimotercera de Ley [CASTILLA Y LE覰] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas (獴.O.C.L.� 6 julio). Vigencia: 7 julio 2017
• b) Las infracciones graves, con multas pecuniarias entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros.
• c) Las infracciones muy graves, con multas pecuniarias entre 15.025,31 y 601.012,10 euros.

Sin perjuicio de la multa que proceda, y a los efectos de evitar que la comisi髇 de infracciones resulte m醩 beneficiosa para la persona que las comete que el cumplimiento de la norma infringida, la sanci髇 econ髆ica que en su caso se imponga podr� ser incrementada hasta el qu韓tuplo de la cuant韆 correspondiente al beneficio obtenido por el il韈ito.

Art韈ulo 45 Cierre del establecimiento

De acuerdo con lo establecido en la normativa b醩ica estatal, en el supuesto de infracciones muy graves, el 髍gano competente para la resoluci髇 del expediente podr� acordar el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria por un per韔do de hasta cinco a駉s.

Art韈ulo 46 Sanciones accesorias

1. El 髍gano competente para la resoluci髇 del expediente sancionador podr� acordar como sanci髇 accesoria el decomiso de la mercanc韆 adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entra馻r un riesgo para el consumidor. Los gastos derivados del decomiso y destrucci髇 de la mercanc韆, as� como aquellos otros necesarios para asegurar el destino final de la misma, ser醤 de cuenta del infractor.

2. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud, seguridad o intereses econ髆icos de los consumidores, reincidencia en infracciones an醠ogas o acreditada intencionalidad, el 髍gano competente para la resoluci髇 del expediente sancionador podr� acordar la publicidad de las sanciones impuestas, que se har� efectiva cuando 閟tas hayan adquirido firmeza, mediante la inclusi髇 en el Bolet韓 Oficial correspondiente y en los medios de comunicaci髇 social, de los nombres, apellidos, denominaci髇 o raz髇 social de las personas naturales o jur韉icas responsables y la 韓dole o naturaleza de las infracciones cometidas. Los gastos ocasionados por la publicaci髇 ser醤 de cuenta del infractor.

3. En el caso de infracciones en materia de publicidad, el 髍gano competente para resolver el expediente sancionador podr� exigir al infractor la rectificaci髇 de la publicidad efectuada en las mismas condiciones en que se produjo la infracci髇.

Art韈ulo 47 Graduaci髇 de las sanciones

1. Para determinar la cuant韆 y extensi髇 de la sanci髇 aplicable dentro de los m韓imos y m醲imos establecidos, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas.

2. Son circunstancias agravantes las siguientes:

• a) Existencia de reincidencia, por comisi髇, en el t閞mino de un a駉, de m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza cuando as� haya sido declarado por resoluci髇 firme.
• b) Existencia de reiteraci髇 por parte del sujeto responsable si, dentro del a駉 anterior a la comisi髇 de la nueva infracci髇, el infractor ha sido sancionado, mediante resoluci髇, por la comisi髇 de otra infracci髇 tipificada por la presente Ley o por otras normas en las que el bien jur韉ico protegido sean los intereses de los consumidores y usuarios.
• c) La existencia de amonestaciones o los requerimientos previos formulados por la Administraci髇 para que se subsanen las irregularidades detectadas.
• d) La posici髇 relevante en el mercado del infractor o infractora.
• e) El tipo de consumidor o usuario afectado o que se trate de colectivos especialmente protegidos.
• f) Existencia de intencionalidad por parte del sujeto responsable.

3. Son circunstancias atenuantes las siguientes:

• a) La reparaci髇 posterior total o parcial de los hechos o los perjuicios que han originado, siempre que se realice antes de dictarse resoluci髇 del procedimiento sancionador.
• b) El sometimiento de los hechos al Sistema Arbitral de Consumo.
• c) El acuerdo de reparaci髇 con el consumidor y usuario.

4. Son circunstancias mixtas las siguientes:

• a) Naturaleza de los riesgos, da駉s o perjuicios causados.
• b) N鷐ero de consumidores y usuarios afectados.
• c) Tipo de producto o servicio afectado por la infracci髇 en relaci髇 a los supuestos de especial protecci髇.
• d) Cuant韆 del beneficio obtenido como consecuencia de la infracci髇.
• e) Volumen de negocios y/o capacidad econ髆ica del infractor.

5. Si iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad y acredita haber rectificado las circunstancias constitutivas de la infracci髇 cometida adem醩 de la compensaci髇 satisfactoria de los perjuicios causados en su caso, todo ello con anterioridad a que se dicte la resoluci髇 del expediente, se podr� resolver directamente 閟te con la imposici髇 de la sanci髇 correspondiente en una cantidad m韓ima o, en su caso, imponiendo como sanci髇 una amonestaci髇.

6. Las sanciones deben imponerse de modo que la comisi髇 de la infracci髇 no resulte m醩 beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Art韈ulo 48 Restituci髇 de cantidades percibidas indebidamente

Independientemente de las sanciones establecidas en esta Ley, el 髍gano sancionador impondr� a la persona o entidad infractora la obligaci髇 de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente en los supuestos de aplicaci髇 de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados al p鷅lico.

Art韈ulo 49 Prescripci髇 de infracciones y sanciones

1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribir醤 las muy graves en el plazo de cinco a駉s, las graves en el plazo de tres a駉s y las leves en el plazo de un a駉.

El plazo de prescripci髇 de las infracciones empieza a contar desde el d韆 en que 閟tas se hubieran cometido. En el caso de infracci髇 continuada empezar� a contarse desde el d韆 que se realiz� la 鷏tima de las acciones t韕icas incluidas en aquella. En el caso de infracci髇 permanente empezar� a contarse desde que se ponga fin a la situaci髇 il韈ita creada.

2. Las sanciones previstas en esta Ley prescribir醤 las muy graves en el plazo de cinco a駉s, las graves en el plazo de tres a駉s y las leves en el plazo de un a駉.

El plazo de prescripci髇 de las sanciones empieza a contar desde el d韆 siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇.

Art韈ulo 50 R間imen jur韉ico

1. El procedimiento sancionador derivado de infracciones contra lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen se tramitar� conforme a lo dispuesto en la norma reguladora del procedimiento sancionador de la Comunidad de Castilla y Le髇 y subsidiariamente se aplicar� la normativa estatal de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. El plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 expresa ser� de seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de incoaci髇 del procedimiento.

3. Las solicitudes de an醠isis contradictorios interrumpir醤 el plazo de caducidad hasta que sean recibidos sus resultados. Lo mismo ocurrir� con los an醠isis dirimentes que fuera necesario practicar.

Art韈ulo 51 Competencia sancionadora

Los 髍ganos y autoridades de la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores derivados de infracciones contra lo dispuesto en esta Ley, disposiciones de desarrollo, legislaci髇 estatal y comunitaria aplicable se determinar醤 en las correspondientes normas de atribuci髇 de competencias.

Disposici髇 Adicional 鷑ica Lenguaje de g閚ero

Las menciones hechas en la presente Ley a los consumidores y usuarios se entienden, en todo caso, referidas de forma indistinta a los consumidores y usuarios y a las consumidoras y usuarias.

Disposici髇 Adicional segunda Instalaciones de venta al p鷅lico al por menor de gasolinas y gas髄eos de automoci髇

...

Disposici髇 Transitoria Primera Potestad sancionadora

La presente Ley no ser� de aplicaci髇 a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, excepto en aquello que favorezca al presunto infractor.

Disposici髇 Transitoria Segunda Consejo Castellano-Leon閟 de Consumidores y Usuarios

En tanto no se cumpla lo especificado en el art韈ulo 23, el Consejo Castellano-Leon閟 de Consumidores y Usuarios continuar� funcionando con la regulaci髇 actual.

Disposici髇 Derogatoria Primera

Queda derogada la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇, as� como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.

Disposici髇 Derogatoria Segunda

Queda derogado el Decreto 20/2004, de 22 de enero, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Comisi髇 de Cooperaci髇 de Consumo.

Disposici髇 Final Primera Normativa supletoria

Adem醩 de lo previsto en esta Ley, ser� de aplicaci髇 el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y otras leyes complementarias, as� como toda aquella normativa que la sustituya, complemente o desarrolle.

Disposici髇 Final Segunda Habilitaci髇 normativa

Se habilita a la Junta de Castilla y Le髇 a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicaci髇 de esta Ley.

Disposici髇 Final Tercera Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial de Castilla y Le髇�.