• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• CAPITULO I.� Objeto y 醡bito de la Ley
  • Art韈ulo 1
  • Art韈ulo 2
• CAPITULO II.� Derechos de los consumidores y usuarios
  • Art韈ulo 3
  • SECCION 1.� Derecho a la protecci髇 de la salud y la seguridad
    • Art韈ulo 4
    • Art韈ulo 5
    • Art韈ulo 6
  • SECCION 2.� Derecho a la protecci髇 de los intereses econ髆icos y sociales, y de la calidad de los bienes y servicios
    • Art韈ulo 7
    • Art韈ulo 8
    • Art韈ulo 9
  • SECCION 3.� Derecho a la informaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 10
    • Art韈ulo 11
    • Art韈ulo 12
  • SECCION 4.� Derecho a la educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 13
  • SECCION 5.� Derecho a la representaci髇, consulta y participaci髇
    • Art韈ulo 14
    • Art韈ulo 15
    • Art韈ulo 16
    • Art韈ulo 17
    • Art韈ulo 18
  • SECCION 6.� Derecho a la protecci髇 jur韉ica y administrativa, as� como a la reparaci髇 o indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios
    • Art韈ulo 19
    • Art韈ulo 20
    • Art韈ulo 21
    • Art韈ulo 22
• CAPITULO III.� Infracciones y sanciones
  • Art韈ulo 23
  • Art韈ulo 24
  • Art韈ulo 25
  • Art韈ulo 26
  • Art韈ulo 27
  • Art韈ulo 28
• CAPITULO IV.� El procedimiento sancionador
  • Art韈ulo 29
  • Art韈ulo 30
  • Art韈ulo 31
  • Art韈ulo 32
• CAPITULO V.� Inspecci髇
  • Art韈ulo 33
  • Art韈ulo 34
  • Art韈ulo 35
  • Art韈ulo 36
  • Art韈ulo 37
• CAPITULO VI.� Obligaciones de los administrados
  • Art韈ulo 38
• CAPITULO VII.� Coordinaci髇 y colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas
  • Art韈ulo 39
  • Art韈ulo 40
  • Art韈ulo 41
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
  • Sexta
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICION TRANSITORIA
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera
  • Segunda

Art韈ulo 1

La presente Ley tiene por objeto regular la protecci髇 y defensa de los consumidores y usuarios en el 醡bito de la Comunidad de Castilla y Le髇, en el marco de sus competencias estatutarias y de la legislaci髇 b醩ica del Estado.

Los poderes p鷅licos garantizar醤 con medidas eficaces el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley.

Art韈ulo 2

A los efectos de esta Ley, se entiende por consumidor o usuario toda persona f韘ica o jur韉ica a la que se ofertan bienes y servicios, o los adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final, para uso o consumo personal, familiar o colectivo, siempre que quien los ofrezca o ponga a su disposici髇 ostente la condici髇 de empresario o profesional, con independencia de su naturaleza p鷅lica o privada.

No tendr醤 la consideraci髇 de consumidores y usuarios quienes adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios dentro del 醡bito de una actividad empresarial o profesional.

Art韈ulo 3

1. Son derechos de los consumidores y usuarios:

• a) El derecho a la protecci髇 de la salud y a la seguridad, de modo que los productos y servicios que se oferten no impliquen riesgos para los consumidores y usuarios.
• b) El derecho a la protecci髇 de sus leg韙imos intereses econ髆icos y sociales, y a la calidad de los bienes y servicios.
• c) El derecho a la informaci髇 y a la educaci髇 en materia de consumo, para facilitar el conocimiento sobre los diferentes productos y servicios y su adecuado uso, consumo o disfrute.
• d) El derecho a la representaci髇, consulta y participaci髇 en los asuntos que les afecten y en la elaboraci髇 de disposiciones generales.
• e) El derecho a la protecci髇 jur韉ica y administrativa, as� como a la reparaci髇 o indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios.

2. Los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios tienen car醕ter de irrenunciables.

Art韈ulo 4

Los bienes y servicios destinados a los consumidores y usuarios no implicar醤 riesgos para su salud o seguridad, salvo los usuales o reglamentariamente admisibles en condiciones normales y previsibles de utilizaci髇, habida cuenta, entre otros elementos, las caracter韘ticas del bien o servicio, su posible efecto o utilizaci髇 junto con otros productos, su forma de presentaci髇 y etiquetado y las caracter韘ticas de los consumidores a los que van destinados.

En cualquier caso, los riesgos derivados de la normal o previsible utilizaci髇 de bienes y servicios, en raz髇 de su naturaleza o de las personas a las que vayan destinados, deber醤 ser puestos en conocimiento previo de los consumidores y usuarios por los medios que resulten apropiados de forma clara y visible.

Art韈ulo 5

1. En orden a la protecci髇 de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones p鷅licas de Castilla y Le髇 en el 醡bito de sus respectivas competencias vigilar醤 el cumplimiento de la normativa reguladora de los distintos bienes y servicios, y de modo especial:

• a) Las condiciones y requisitos para la apertura de establecimientos e industrias y para el ejercicio de actividades.
• b) Los productos alimenticios, en cuanto a los requisitos exigidos reglamentariamente sobre producci髇, elaboraci髇, composici髇, manipulaci髇, envasado, conservaci髇, transporte, comercializaci髇, etiquetado e informaci髇 al consumidor.
• c) Los bienes destinados al cuidado personal y est閠ico, los productos diet閠icos y los cosm閠icos, respecto a las condiciones exigibles, adoptando las medidas necesarias para que los consumidores y usuarios est閚 informados sobre la composici髇, propiedades, condiciones y precauciones de uso.
• d) Los productos t髕icos o peligrosos, para que se ajusten a los requisitos de composici髇, envasado y etiquetado, asegurando al consumidor o usuario una adecuada informaci髇 sobre la composici髇, propiedades, condiciones de utilizaci髇 y advertencias de peligrosidad.
• e) Los productos manufacturados para que se ajusten a las disposiciones de seguridad previstas en sus normas de calidad y reglamentos aplicables, en relaci髇 con su composici髇, propiedades, envasado, etiquetado, instrucciones de uso, con particular previsi髇 en productos dirigidos a los ni駉s y en bienes de uso dom閟tico.
• f) Los servicios relacionados con el suministro de gas, electricidad y combustible, agua potable, saneamiento y ascensores para que observen los requisitos de seguridad de las instalaciones y de los materiales, las condiciones de equipamiento y la capacidad t閏nica y autorizaciones exigibles a las personas o empresas que los presten.

2. La Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 colaborar� con las dem醩 Administraciones p鷅licas competentes en el sistema de intercambio r醦ido de informaci髇 para la detecci髇 de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica del Estado.

Art韈ulo 6

Con independencia de las medidas de car醕ter provisional o cautelar previstas en las normas reguladoras del procedimiento sancionador, las autoridades competentes podr醤 acordar, de forma motivada y dando audiencia a los interesados, el cierre o suspensi髇 temporal de funcionamiento de establecimientos, instalaciones o servicios y la retirada del mercado de bienes o productos que puedan entra馻r peligro para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios. Contra dicho acuerdo, que no tendr� car醕ter sancionador, podr� interponerse por los interesados recurso ordinario, que no suspender� la ejecuci髇 del acto impugnado.

Sin perjuicio de las medidas de car醕ter informativo que la Administraci髇, en su caso, pudiera adoptar, cuando se haya producido la retirada de mercanc韆s, las empresas responsables de las mismas estar醤 obligadas a informar a los consumidores de las medidas adoptadas en los casos, plazos y forma que las autoridades competentes determinen en funci髇 del riesgo, n鷐ero de consumidores afectados, tipo de poblaci髇 a la que van destinados los productos y el perjuicio econ髆ico ocasionado a los consumidores.

Igualmente, las empresas responsables de los productos que entra馿n un riesgo para la salud o seguridad estar醤 obligadas a la reparaci髇 o sustituci髇 de dichos productos en los t閞minos previstos en la legislaci髇 del Estado.

Art韈ulo 7

1. Sin perjuicio de lo establecido en las normas civiles y mercantiles, los consumidores y usuarios tienen derecho a la protecci髇 de sus leg韙imos intereses econ髆icos y sociales en los t閞minos previstos en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen.

2. Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los bienes y servicios dispongan de las especificaciones de calidad que determinen las normas aplicables o que resulten adecuadas a las leg韙imas expectativas de uso o de consumo.

3. El fabricante, el importador o, en su caso, el responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizar� de acuerdo a la legislaci髇 vigente la existencia de un adecuado servicio t閏nico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.

4. El contenido de la oferta, promoci髇 y publicidad sobre bienes o servicios, conforme prev� la legislaci髇 vigente, podr� ser exigido por los consumidores y usuarios aunque no se corresponda con el reflejado en el contrato celebrado, o en el documento o comprobante recibido.

5. En la prestaci髇 de servicios, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, el consumidor tendr� derecho a un presupuesto previo escrito.

6. Cuando los consumidores entreguen un bien o producto con el fin de realizar en ellos una reparaci髇, verificaci髇, comprobaci髇, sustituci髇 o cualquier otro tipo de intervenci髇, el prestador del servicio deber� entregar un resguardo de dep髎ito en el que figure, como m韓imo, el depositante, la identificaci髇 del establecimiento o depositario, identificaci髇 del bien o producto depositado, operaci髇 a realizar, fecha de dep髎ito y de entrega del bien o servicio.

Art韈ulo 8

1. En los bienes de naturaleza duradera los consumidores y usuarios tendr醤 derecho a la garant韆, que incluir� la reparaci髇 y, en su caso, la sustituci髇 del bien adquirido por otro o la devoluci髇 del precio pagado en los t閞minos establecidos en la normativa vigente.

El vendedor, en el momento de la entrega del bien, facilitar� al consumidor las instrucciones suficientes para su correcto uso e instalaci髇 y el documento de garant韆, en el que constar� la identificaci髇 del producto, el garante, el plazo de duraci髇, el titular de la garant韆 y los derechos de 閟te. El plazo m韓imo de la garant韆 ser� de seis meses a contar desde la fecha de recepci髇 del bien.

2. En los supuestos de reparaciones de bienes de naturaleza duradera, el prestador del servicio deber� facilitar al consumidor un resguardo de dep髎ito de los bienes que se le entreguen para su reparaci髇, se hallen o no en per韔do de garant韆, as� como un justificante o factura de la reparaci髇 efectuada. Igualmente entregar� al consumidor el documento de garant韆 de las reparaciones que efect鷈, en el que constar� el objeto de la reparaci髇, el garante, el titular de la garant韆 y sus derechos y el plazo de garant韆, que no podr� ser inferior a tres meses desde la recepci髇 por el consumidor del bien reparado.

3. El plazo de garant韆 m韓imo, previsto para las garant韆s de venta y de reparaci髇 de bienes de naturaleza duradera, podr� ser ampliado o reducido, mediante la oportuna disposici髇 reglamentaria, para bienes o productos concretos cuya naturaleza aconseje la modificaci髇 del mismo.

4. El transcurso del plazo de garant韆 se entender� suspendido durante el per韔do de tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garant韆. En el caso de reposici髇 o sustituci髇 del bien adquirido por otro, se renovar� el plazo de garant韆.

Art韈ulo 9

1. Las Administraciones P鷅licas en el 醡bito de sus respectivas competencias adoptar醤 las medidas necesarias destinadas a conseguir los siguientes objetivos:

• a) El cumplimiento de las normas de calidad en los productos y bienes ofertados a los consumidores.
• b) La adecuada prestaci髇 de los servicios ofertados.
• c) La exactitud en el peso, n鷐ero y medida de los bienes y productos que se suministren o expendan.V閍se el D [CASTILLA Y LE覰] 91/2002, 25 julio, regulador del gramaje del material utilizado en las ventas a granel de productos alimenticios (獴.O.C.L.� 31 julio).-->
• d) La transparente informaci髇 y la correcta aplicaci髇 de los precios de los bienes y servicios ofertados, al contado o a plazos.
• e) Que se entregue al consumidor y usuario, cuando sea preceptivo, el correspondiente contrato, factura, billete, presupuesto, resguardo de dep髎ito, justificante de la operaci髇 o transacci髇 realizada, as� como las hojas de reclamaciones.V閍se D [CASTILLA Y LE覰] 109/2004, 14 octubre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios (獴.O.C.L.� 20 octubre).
• f) Que se facilite al consumidor y usuario, conforme a la legislaci髇 aplicable, garant韆 de los bienes de naturaleza duradera, servicios t閏nicos de reparaci髇 y repuestos o recambios.
• g) Que la oferta, promoci髇 y publicidad de los bienes y servicios se lleve a cabo de forma que no pueda enga馻r o inducir a enga駉 sobre sus caracter韘ticas o condiciones, cualquiera que sea el soporte utilizado y el lugar en que se realice.
• h) Que el consumidor o usuario no sea discriminado injustificadamente en la adquisici髇 de productos y en la prestaci髇 de servicios.
• i) Que se cumplan las prescripciones legalmente establecidas para la protecci髇 del consumidor en la regulaci髇 sobre ofertas comerciales, actividades de promoci髇 de ventas, ventas especiales y otras modalidades de oferta y venta.
• j) En general, el cumplimiento de las normas reguladoras de los distintos bienes y servicios.

2. Los poderes p鷅licos velar醤 para que las cl醬sulas generales y las que no hayan sido negociadas individualmente se hallen redactadas con concreci髇, claridad y sencillez y cumplan los principios de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilizaci髇 de cl醬sulas abusivas.

3. Las Administraciones p鷅licas que prestan servicios a los consumidores o usuarios a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas aprobar醤 previamente las cl醬sulas y condiciones generales que regir醤 la contrataci髇 con los consumidores, velando por la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

4. Las autoridades competentes vigilar醤 el cumplimiento de las disposiciones que establecen la obligaci髇 de incluir en los contratos de adhesi髇 menciones dirigidas a la protecci髇 de los consumidores y usuarios.

Art韈ulo 10

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir de los sujetos y agentes responsables de los bienes y servicios una informaci髇 veraz, objetiva y suficiente sobre el precio, las condiciones de contrataci髇 y las caracter韘ticas esenciales o relevantes de los bienes y servicios puestos a su disposici髇, que les permita realizar una elecci髇 racional y una utilizaci髇 segura y satisfactoria de los mismos.

Cuando se ofrezcan bienes o servicios para cuya adquisici髇 o prestaci髇 se requiera la suscripci髇 de un contrato tipo o de adhesi髇 redactado previa y unilateralmente por el oferente para su aplicaci髇 en la contrataci髇 con consumidores y usuarios, el modelo de contrato se hallar� a disposici髇 de 閟tos y se anunciar� dicha circunstancia en los t閞minos que reglamentariamente se establezca, de tal manera que los consumidores y usuarios puedan informarse adecuadamente de las condiciones de contrataci髇 antes de la suscripci髇 del contrato.

2. Toda la informaci髇 legalmente exigible figurar� al menos en lengua castellana.

3. La obligaci髇 de informar ser� exigible a los sujetos responsables de la producci髇, comercializaci髇, distribuci髇 y venta de productos, bienes y servicios.

Art韈ulo 11

Al objeto de lograr que los consumidores y usuarios obtengan una informaci髇 suficiente y correcta de los bienes y servicios que se les ofrecen, las Administraciones p鷅licas competentes velar醤 por el cumplimiento en sus actuaciones a los siguientes fines:

• a) Que la publicidad e informaci髇 dirigida a los consumidores y usuarios, no contenga elementos falsos o enga駉sos, ni silencie datos fundamentales, induciendo a error a sus destinatarios y no permiti閚doles una elecci髇 consciente y racional de los bienes y servicios ofertados, especialmente, en las ventas a distancia, mediante cat醠ogo, por correo y fuera de establecimiento mercantil. A estos efectos, el 髍gano administrativo competente podr� requerir de oficio al anunciante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en la publicidad, pudiendo ser considerados los datos de hecho como inexactos, cuando no se aporten los elementos de prueba o 閟tos se estimen insuficientes.
• b) Que el etiquetado y marcado de los productos incluya toda la informaci髇 legalmente establecida.
• c) Que se informe a los consumidores y usuarios, por los medios que resulten apropiados o est閚 previstos reglamentariamente, de los requisitos y condiciones de la prestaci髇 de todo tipo de servicios y de los mecanismos de protecci髇 del consumidor.
• d) Que los precios y tarifas de los bienes y servicios, as� como la informaci髇 sobre medios y forma de pago, se expongan y faciliten de forma adecuada, cualquiera que sea el sistema de venta de los bienes o de prestaci髇 de los servicios.
• e) Que la documentaci髇 que, seg鷑 las distintas normas aplicables, deba ser entregada a los consumidores y usuarios como justificantes de la transacci髇 realizada incluya toda la informaci髇 legalmente exigible para la protecci髇 de sus leg韙imos intereses.
• f) Que en la oferta, promoci髇 y publicidad sobre viviendas, se facilite a los consumidores informaci髇 sobre sus caracter韘ticas constructivas, su precio o coste y forma de pago, la garant韆 de la vivienda, la garant韆 de las cantidades entregadas a cuenta y los dem醩 datos establecidos reglamentariamente para la protecci髇 de los consumidores y usuarios.
• g) Que en la compraventa de veh韈ulos se ponga a disposici髇 de los consumidores informaci髇 documental sobre sus caracter韘ticas, precio de venta y forma de pago, plazo de entrega, garant韆 y dem醩 requisitos previstos reglamentariamente.
• h) Que en las operaciones de cr閐ito los anuncios y ofertas dirigidas a los consumidores se adecuen a las normas sobre publicidad, se facilite a 閟tos la reglamentaria informaci髇 documental y se les entregue el contrato o proyecto de documento contractual, seg鷑 lo dispuesto en la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 12

1. Las Administraciones P鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, realizar醤 y promover醤 campa馻s informativas y de divulgaci髇 sobre las normas que regulan las caracter韘ticas y la comercializaci髇 de bienes y servicios, encaminadas a un mejor conocimiento de las mismas por parte de los consumidores y empresarios. Igualmente promover醤 programas de informaci髇 sobre los derechos de los consumidores, prestando especial inter閟 a aquellos colectivos que se encuentren en situaciones de inferioridad o indefensi髇, como ni駉s, ancianos o discapacitados.

2. La Junta de Castilla y Le髇, en colaboraci髇, en su caso, con las Corporaciones Locales y las organizaciones de consumidores y de empresarios, a fin de proporcionar una mayor y m醩 adecuada informaci髇 al consumidor, desarrollar� las siguientes actividades:

• a) El fomento de la utilizaci髇 de etiquetado informativo complementario que, conforme a la normativa vigente, tenga car醕ter voluntario, como la informaci髇 nutricional o ecol骻ica y las especificaciones sobre ruido en los aparatos de uso dom閟tico.
• b) La difusi髇 de los derechos de los consumidores y de estudios sobre la calidad de productos y servicios, las formas de producci髇 y comercializaci髇 y los h醔itos de consumo.
• c) La promoci髇 de campa馻s informativas sobre los derechos del consumidor en los medios de comunicaci髇.

Art韈ulo 13

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir educaci髇 y formaci髇 adecuada en materia de consumo, que les permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos.

2. Las Administraciones p鷅licas en el 醡bito de sus respectivas competencias organizar醤, promover醤 e incentivar醤 programas de educaci髇 y formaci髇. A tal fin desarrollar醤 las siguientes actividades:

• a) Divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios y los instrumentos de protecci髇 de estos derechos, con especial atenci髇 a la infancia, la tercera edad y la poblaci髇 de los n鷆leos rurales, procurando una adecuada formaci髇 en materia de prevenci髇 de riesgos en el consumo de productos y de fraudes en la prestaci髇 de servicios.
• b) Potenciar la formaci髇 del personal integrante de las Organizaciones de consumidores y de las Administraciones p鷅licas con competencias en materia de consumo.
• c) Fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo en el 醡bito de su actividad.
• d) Capacitar al personal docente en materia de consumo.
• e) Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de protecci髇 a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas discapacitadas las acciones dirigidas a la informaci髇, formaci髇 y defensa de los consumidores y usuarios.
• f) Elaborar y publicar material did醕tico de apoyo a la labor educativa y formativa en materia de consumo.

3. La Junta de Castilla y Le髇, en el marco de sus competencias, incluir� la formaci髇 para el consumo en todos los niveles de la ense馻nza, promoviendo la educaci髇 para el consumo en los centros escolares.

Art韈ulo 14

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse, de conformidad con la legislaci髇 vigente, en asociaciones y organizaciones para la representaci髇 y defensa de sus intereses.

2. A los efectos de la presente Ley tienen la consideraci髇 de asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente para la informaci髇, educaci髇 y defensa de los consumidores.

3. Asimismo, se considerar醤 organizaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas con arreglo a la legislaci髇 cooperativa que cumplan las siguientes condiciones:

• a) Incluir en sus Estatutos, como objeto social, la informaci髇, educaci髇 y defensa de los consumidores.
• b) Constituir, conforme a su legislaci髇 espec韋ica, un fondo integrado como m韓imo por el 15 por 100 del excedente neto de cada ejercicio econ髆ico, destinado exclusivamente al objeto social se馻lado en el apartado a).

Art韈ulo 15

1. Las Administraciones p鷅licas de Castilla y Le髇 fomentar醤 el asociacionismo de consumidores y usuarios como cauce adecuado de representaci髇, consulta, participaci髇 y ejercicio efectivo de sus derechos.

2. Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 podr醤 recibir ayudas de la Junta de Castilla y Le髇 en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan, siempre que figuren inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 y destinen los medios de ayuda y colaboraci髇 que reciban a la exclusiva protecci髇 de los consumidores y usuarios. Las organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 podr醤 explicitarlo as� en sus documentos.

No podr醤 disfrutar de las ayudas a las que alude el apartado anterior las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios que incluyan como miembros a personas jur韉icas con finalidad de lucro, las que perciban ayudas de empresas suministradoras de bienes o servicios o de agrupaciones empresariales, o las que efect鷈n publicidad comercial o no meramente informativa de bienes y servicios.

3. Las asociaciones y organizaciones de consumidores podr醤 acceder a los beneficios establecidos en la legislaci髇 espec韋ica sobre el voluntariado, pudiendo constituir la protecci髇 del consumidor una de sus tareas de intervenci髇.

Art韈ulo 16

1. Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 tendr醤 representaci髇, en los t閞minos que reglamentariamente se establezca, en los organismos p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma cuyas actividades puedan afectar a sus derechos e intereses.

2. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios podr醤 participar en el Sistema Arbitral de Consumo como representantes de los consumidores, en la forma prevista en las disposiciones vigentes.

Asimismo, podr醤 intervenir en representaci髇 de los consumidores y usuarios en otros sistemas de arbitraje o conciliaci髇, de conformidad con lo establecido en la correspondiente normativa sectorial.

Art韈ulo 17

El Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 es el 髍gano de car醕ter consultivo y de participaci髇 de los consumidores y usuarios para la protecci髇 y defensa de sus intereses, que se hallar� adscrito al departamento de la Junta de Castilla y Le髇 que ostente la competencia en materia de consumo. Reglamentariamente se establecer醤 su composici髇, funciones y organizaci髇.

Art韈ulo 18

1. Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 ser醤 o韉as en consulta en el procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general de esta Comunidad Aut髇oma que afecten directamente a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

El tr醡ite de audiencia se efectuar� mediante consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇. No obstante, se entender� cumplido dicho tr醡ite cuando las asociaciones y organizaciones de consumidores se encuentren representadas en 髍ganos colegiados que hayan sido consultados en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones de car醕ter general.

2. Ser� preceptiva la audiencia de las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios, a trav閟 del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇, en los siguientes casos:

• a) En la elaboraci髇 de los reglamentos de aplicaci髇 de esta Ley.
• b) En la elaboraci髇 de reglamentaciones sobre bienes y servicios de uso y consumo.
• c) En el procedimiento de elaboraci髇 de ordenanzas municipales sobre bienes o servicios destinados a los consumidores y usuarios.
• d) En el procedimiento de aprobaci髇 de precios y tarifas de bienes y servicios sometidos al control de las Administraciones P鷅licas.
• e) En la aprobaci髇 de los modelos de contrato de prestaci髇 de servicios a los consumidores y usuarios cuando estos servicios sean realizados por las Administraciones P鷅licas a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas concesionarias.
• f) En los casos en que una disposici髇 legal o reglamentaria as� lo establezca.

Art韈ulo 19

1. En el 醡bito de sus competencias las Administraciones p鷅licas de Castilla y Le髇 desarrollar醤 campa馻s de vigilancia, inspecci髇 y an醠isis encaminados a la protecci髇 de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios y la defensa de sus leg韙imos intereses econ髆icos.

2. Los ni駉s, ancianos, discapacitados f韘icos o ps韖uicos, inmigrantes y, en general, aquellos consumidores y usuarios que de una forma individual o colectiva se encuentren en una situaci髇 de inferioridad o indefensi髇, deber醤 recibir una protecci髇 especial en relaci髇 con los bienes y servicios puestos a su disposici髇.

Art韈ulo 20

1. Las Administraciones P鷅licas de Castilla y Le髇 con competencias en materia de consumo podr醤 crear servicios u oficinas p鷅licas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor, en las que se informe a los consumidores sobre el ejercicio de sus derechos y se reciban y resuelvan sus denuncias o reclamaciones.

2. Existir� al menos un servicio u oficina p鷅lica de informaci髇 y protecci髇 al consumidor en todas las ciudades de m醩 de 20.000 habitantes. La Junta de Castilla y Le髇 velar� porque el conjunto de oficinas existentes garantice el derecho de todos los consumidores de la Comunidad Aut髇oma a recibir los servicios de una de ellas, colaborando con las Corporaciones Locales en su funcionamiento y en la prestaci髇 de sus servicios a zonas m醩 amplias que el 醡bito municipal.

3. La Junta de Castilla y Le髇 fomentar� y apoyar� la creaci髇 de servicios u oficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor en las Corporaciones Locales.

4. Los servicios u oficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor de titularidad p鷅lica tendr醤 las siguientes funciones:

• a) Informar y orientar a los consumidores sobre el ejercicio de sus derechos.
• b) Defender los derechos de los consumidores facilitando y encauzando la resoluci髇 de conflictos mediante procedimientos voluntarios.
• c) Recibir y resolver las reclamaciones y denuncias que presenten, salvo en los supuestos que su resoluci髇, por razones de competencia material o territorial, corresponda a otro organismo, en cuyo caso se remitir� al organismo competente.
• d) Las que les asigne, en funci髇 de sus competencias, la Administraci髇 de que dependan.
• e) Cualquier otra que reglamentariamente se establezca.

5. En las oficinas p鷅licas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor estar� prohibida cualquier forma de publicidad expresa o encubierta de empresas, bienes o servicios.

Art韈ulo 21

Los consumidores y usuarios de Castilla y Le髇 tienen derecho a una eficaz protecci髇 jur韉ica, ordenada a la reparaci髇 e indemnizaci髇 por los da駉s y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisici髇, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposici髇 en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 general del Estado en materia de garant韆s y responsabilidades.

A estos efectos, las Asociaciones de Consumidores, en el marco de la legislaci髇 vigente, gozan de legitimaci髇 para ejercitar acciones en defensa de sus asociados, de la propia Asociaci髇 y de los intereses generales de los consumidores, pudi閚dose beneficiar, en los casos previstos legalmente, del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita.

La Junta de Castilla y Le髇 asesorar� a las Oficinas Municipales de Informaci髇 al Consumidor y Asociaciones de usuarios y consumidores a trav閟 de los oportunos convenios.

Art韈ulo 22

1. La Junta de Castilla y Le髇, de conformidad con la legislaci髇 vigente, participar� en el Sistema Arbitral de Consumo e impulsar� su implantaci髇 en las Corporaciones Locales, como v韆 extrajudicial de resoluci髇 de conflictos que afecten a los consumidores y usuarios, garantizando en todo caso el acceso de todos los ciudadanos de Castilla y Le髇 al Sistema Arbitral de Consumo.

2. Las Administraciones p鷅licas que gestionen servicios p鷅licos a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas concesionarias procurar醤 la adhesi髇 de 閟tas al sistema arbitral para la resoluci髇 de los conflictos que se susciten con los consumidores y usuarios de los servicios.

Art韈ulo 23

1. Las infracciones en materia de consumo ser醤 objeto de sanci髇 administrativa previa instrucci髇 del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. Cuando a juicio de la Administraci髇 competente las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, dar� traslado al Ministerio Fiscal y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador. Las medidas administrativas precautorias o cautelares que se hubieran adoptado se mantendr醤 hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. La sanci髇 penal excluir� la imposici髇 de sanci髇 administrativa. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administraci髇 podr� continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el 髍gano judicial haya considerado probados.

Art韈ulo 24

Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios a los efectos de esta Ley:

• 1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de car醕ter sanitarios.
• 2. Las acciones y omisiones que produzcan o puedan producir alg鷑 riesgo o da駉 para la salud de los consumidores y usuarios.
• 3. El incumplimiento o transgresi髇 de los requerimientos que formulen las autoridades sanitarias para situaciones espec韋icas a fin de evitar contaminaciones u otro tipo de circunstancias que puedan ser gravemente perjudiciales para la salud p鷅lica.
• 4. La alteraci髇, adulteraci髇 o fraude en la calidad o cantidad de toda clase de bienes o servicios susceptibles de consumo.
• 5. La oferta, promoci髇, publicidad o informaci髇 falsa o enga駉sa de bienes o servicios.
• 6. El incumplimiento de las normas que prohiben la utilizaci髇 de cl醬sulas abusivas.
• 7. La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacci髇 est� dentro de las disponibilidades del empresario, o su contenido se corresponda con la oferta o publicidad realizada, as� como cualquier forma de discriminaci髇 con respecto a las referidas demandas, salvo cuando las diferencias en las condiciones de acceso a los bienes o servicios est� justificada por criterios objetivos. N鷐ero 7 del art韈ulo 24 redactado por n鷐ero uno del art韈ulo 2 del DL [CASTILLA Y LE覰] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009
• 8. El incumplimiento de las normas sobre precios autorizados, publicidad de precios y facturaci髇, la ocultaci髇 al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago, o cualquier tipo de intervenci髇 o actuaci髇 il韈ita que suponga un incremento de los precios de bienes y servicios.
• 9. La negativa a entregar al consumidor o usuario factura o comprobante de la operaci髇, ejemplar del contrato suscrito por el consumidor o usuario, documento de garant韆 de los bienes de naturaleza duradera, resguardo de dep髎ito, o cualquier otro tipo de documento exigido reglamentariamente para la protecci髇 de los consumidores, as� como la negativa a facilitar al consumidor o usuario las hojas de reclamaciones en los casos en que sea preceptivo.
• 10. El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, registros y documentaci髇, establecidos como requisitos para el ejercicio de la actividad o como garant韆 para la protecci髇 de los consumidores y usuarios.
• 11. El incumplimiento de las disposiciones sobre normalizaci髇, envasado, etiquetado, publicidad e informaci髇 de toda clase de bienes y servicios.
• 12. El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del almacenamiento, conservaci髇, transporte y condiciones de venta o suministro de bienes.
• 13. El incumplimiento del contenido de la garant韆 o de sus normas reguladoras.
• 14. El incumplimiento de las disposiciones que regulan la prestaci髇 de servicios.
• 15. El incumplimiento de las normas sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor o usuario.
• 16. El incumplimiento de la obligaci髇 de informar a los consumidores, a requerimiento de las autoridades competentes, de los bienes o productos objeto de medidas de retirada del mercado.
• 17. La obstrucci髇, resistencia o negativa a suministrar datos a los funcionarios inspectores y, en general, a facilitar las funciones de informaci髇, vigilancia e inspecci髇 y la adopci髇 de medidas cautelares.
• 18. La falta de remisi髇 al 髍gano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban presentarse. A estos efectos, se entender� que hay falta de remisi髇 cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el 髍gano competente al reiterar el requerimiento.
• 19. El suministro de informaci髇 o documentaci髇 inexacta o falsa.
• 20. La manipulaci髇, traslado o disposici髇 de la mercanc韆 cautelarmente intervenida o retirada del mercado por las autoridades competentes.
• 21. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

Art韈ulo 25

1. Las infracciones a la presente Ley podr醤 calificarse como leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves las previstas en el art韈ulo anterior, cuando no puedan calificarse como graves o muy graves de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

3. Son infracciones graves las contempladas en el art韈ulo 24, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Grave riesgo creado para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios.
• b) Grave perjuicio econ髆ico causado a los consumidores y usuarios.
• c) Gran n鷐ero de consumidores y usuarios afectados.
• d) Importancia econ髆ica del beneficio obtenido como consecuencia de la comisi髇 de la infracci髇.
• e) Negligencia grave o intencionalidad.
• f) Reincidencia en la comisi髇 de infracciones leves de la misma naturaleza en el t閞mino de un a駉.

4. Son infracciones muy graves las previstas en el art韈ulo 24, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Negligencia grave o intencionalidad de la que derive un grave riesgo para la salud o un grave perjuicio econ髆ico, siempre que el riesgo para la salud o el perjuicio econ髆ico afecten a un n鷐ero considerable de consumidores o usuarios.
• b) Reincidencia en la comisi髇 de infracci髇 grave de la misma naturaleza en el t閞mino de un a駉.

Art韈ulo 26

1. Ser醤 sujetos responsables de las infracciones, a鷑 a t韙ulo de simple inobservancia, las personas f韘icas o jur韉icas que participen o incurran en las mismas, tanto por acci髇 como por omisi髇.

2. En particular, se considerar醤 responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:

• a) De las infracciones cometidas en productos envasados o etiquetados, el fabricante, envasador o vendedor que figure en el envase o etiqueta.
• b) De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, en la etiqueta no conste la identificaci髇 de la empresa, o se vendan a granel, el tenedor de los mismos.
• c) De las infracciones cometidas en la prestaci髇 de servicios, la persona f韘ica o jur韉ica con la que contrat� el consumidor la prestaci髇 del servicio o la que resulte legalmente obligada.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, se considerar� que comete infracci髇 el que intencionadamente o por negligencia distribuya, suministre o venda bienes de consumo que incumplan las normas sobre etiquetado.

4. En el supuesto de infracciones cometidas en productos procedentes de otros pa韘es de la Uni髇 Europea, o de Estados que no formen parte de 閟ta, se considerar� responsable a la persona f韘ica o jur韉ica que en primer lugar introduzca o ponga en circulaci髇 el producto en el mercado.

5. Igualmente incurrir醤 en responsabilidad administrativa en los supuestos de infracciones cometidas por personas jur韉icas, quienes act鷈n como directivos u 髍gano rector de la persona jur韉ica, o en representaci髇 legal o voluntaria de la misma, siempre que hubieran participado en los hechos.

Art韈ulo 27

1. Las infracciones a la presente Ley ser醤 sancionadas de la forma siguiente:

• a) Las infracciones leves, con multas de 25.000 pesetas hasta 750.000 pesetas.
• b) Las infracciones graves, con multas desde 750.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas.
• c) Las infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas. En este caso, podr� acordarse el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria infractora por un per韔do m醲imo de cinco a駉s.

2. Las cuant韆s se馻ladas anteriormente podr醤 ser revisadas y actualizadas peri骴icamente por la Junta de Castilla y Le髇, teniendo en cuenta la variaci髇 de los 韓dices de precios al consumo.

3. Las sanciones previstas en el apartado 1 se graduar醤 con arreglo a los siguientes criterios:

• a) Existencia de intencionalidad o reiteraci髇.
• b) Capacidad econ髆ica del infractor o posici髇 de dominio en alg鷑 sector del mercado.
• c) Beneficio econ髆ico obtenido como consecuencia de la comisi髇 de la infracci髇.
• d) Naturaleza de los perjuicios causados.
• e) La reparaci髇 de los perjuicios causados como consecuencia de la infracci髇.
• f) N鷐ero de consumidores o usuarios afectados
• g) El tipo de consumidor al que va destinado el producto o servicio, en raz髇 de la situaci髇 de inferioridad o indefensi髇 en que pueda encontrarse el consumidor, individual o colectivamente, y en concreto a los colectivos referidos en el art韈ulo 19.2 de la presente Ley.

4. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podr� acordar, como sanci髇 accesoria, el decomiso de la mercanc韆 adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o etiquetada, o que pueda entra馻r riesgo para el consumidor o usuario. Dicha autoridad determinar� el destino final que deba darse a las mercanc韆s decomisadas, que deber醤 destruirse si su utilizaci髇 o consumo constituyera peligro para la salud p鷅lica.

Los gastos que origine la intervenci髇, dep髎ito, transporte y destrucci髇 de la mercanc韆 objeto de la sanci髇 ser醤 por cuenta del infractor.

Art韈ulo 28

Las infracciones y sanciones previstas en esta Ley prescribir醤 en el plazo de cuatro a駉s.

El plazo de prescripci髇 para las infracciones comenzar� a contarse desde el d韆 en que la infracci髇 se hubiera cometido y para las sanciones, desde el d韆 siguiente al que hubiera adquirido firmeza la resoluci髇 sancionadora.

Art韈ulo 29

El procedimiento sancionador se ajustar� a los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y se tramitar� en la forma y plazos reglamentariamente establecidos por la Junta de Castilla y Le髇.

Art韈ulo 30

Los 髍ganos y autoridades de la Junta de Castilla y Le髇 competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones a la presente Ley se determinar醤 en las correspondientes normas de atribuci髇 de competencias.

Art韈ulo 31

Las infracciones a esta Ley podr醤 ser sancionadas por las Corporaciones Locales, dentro del 醡bito de sus competencias, mediante la apertura del procedimiento administrativo previsto en el art韈ulo 29, el cual se aplicar� en defecto de Ordenanza municipal que regule el procedimiento sancionador. Reglamentariamente se establecer醤 los l韒ites de las cuant韆s de las sanciones a imponer por las Corporaciones Locales, en funci髇 de sus distintas bases de poblaci髇 y 醡bitos competenciales en materia de defensa de los consumidores y usuarios contemplados en la legislaci髇 de R間imen Local.

Art韈ulo 32

El 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador podr� adoptar en cualquier momento y de forma motivada las medidas de car醕ter provisional o cautelar que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci髇 final que pudiera recaer. Dichas medidas se adoptar醤 siempre que existan indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores o cuando se vulneren de forma grave los intereses econ髆icos de los mismos.

Las medidas provisionales o cautelares podr醤 consistir en el cierre o suspensi髇 de funcionamiento de establecimientos, instalaciones o servicios y en la inmovilizaci髇 de mercanc韆s. Las medidas ser醤 proporcionadas a los objetivos que se pretendan garantizar en cada caso concreto.

Art韈ulo 33

Para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en esta Ley, la Inspecci髇 de Consumo, en el 醡bito de sus competencias, constituye uno de los instrumentos al servicio de las Administraciones p鷅licas dirigido a velar por el cumplimiento de las normas sobre protecci髇 de los consumidores, sin perjuicio de las actividades inspectoras reguladas en otras leyes.

Art韈ulo 34

En el ejercicio de su funci髇, los Inspectores de consumo tendr醤 la consideraci髇 de agentes de la autoridad a todos los efectos y estar醤 autorizados, de conformidad con la legislaci髇 vigente a:

• a) Acceder libremente y sin previo aviso a los establecimientos, oficinas e instalaciones de las empresas donde se producen, elaboran, almacenan, distribuyen o venden bienes o se prestan servicios.
• b) Acceder a la informaci髇 y documentaci髇 industrial, mercantil y contable, cualquiera que sea su soporte, de las empresas que inspeccionen, cuando lo consideren necesario en orden a la comprobaci髇 del cumplimiento de las disposiciones sobre protecci髇 al consumidor.
• c) Solicitar la comparecencia en las oficinas p鷅licas de los empresarios o profesionales en los casos en que desarrollen su actividad en el domicilio particular, o no dispongan de un local comercial.
• d) Practicar la toma de muestras de los bienes o productos.
• e) Adoptar las medidas previstas en los art韈ulos 6 y 32, bien a instancia de la autoridad competente, bien por propia iniciativa, en cuyo caso se proceder� a su ratificaci髇 o levantamiento por el 髍gano competente.
• f) Requerir cuanta informaci髇 o documentaci髇 estimen necesaria para cerciorarse del correcto cumplimiento de la legislaci髇 vigente en materia de defensa del consumidor.
• g) Realizar cualquier otro acto de investigaci髇 o examen que juzguen necesario para verificar el cumplimiento de las normas de protecci髇 al consumidor.
• h) Solicitar la colaboraci髇 de otras autoridades y el apoyo de los Cuerpos de Seguridad en los supuestos de obstrucci髇, resistencia o negativa a facilitar las labores de inspecci髇.
• i) Informar y asesorar a los empresarios y profesionales para un mejor conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.

Art韈ulo 35

1. En el ejercicio de sus funciones los inspectores est醤 obligados a identificarse y, cuando le sea solicitado, exhibir las credenciales de su condici髇.

2. Los inspectores tienen estricta obligaci髇 de cumplir el deber de secreto y sigilo profesional. El incumplimiento de este deber ser� sancionado conforme a los preceptos disciplinarios que les sean de aplicaci髇.

3. Las actuaciones inspectoras se llevar醤 a cabo en el marco competencial previsto en la normativa sobre defensa de los consumidores y usuarios y las disposiciones que la desarrollen.

Art韈ulo 36

Cuando los inspectores aprecien alg鷑 hecho que pueda constituir infracci髇 levantar醤 la correspondiente acta, en la que har醤 constar la identificaci髇 del inspector o inspectores actuantes, los datos relativos a la empresa inspeccionada y al compareciente, los hechos presuntamente constitutivos de infracci髇, las medidas cautelares adoptadas en su caso y cualquier otra circunstancia que estimen relevante.

Los hechos recogidos en acta por los inspectores, observando los requisitos legales pertinentes, gozar醤 de presunci髇 de veracidad sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan se馻lar o aportar los interesados.

Las actas se formalizar醤 al menos por duplicado ante el titular de la empresa o establecimiento sujeto a inspecci髇, o ante su representante legal o persona responsable y, en su defecto, ante cualquier dependiente, entreg醤dose copia al compareciente. Si dichas personas se negaran a intervenir o firmar en el acta, 閟ta ser� autorizada con la firma de un testigo, si fuera posible, y en todo caso por el Inspector o Inspectores actuantes, sin perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar tal negativa. La negativa a la firma del acta se constatar� en acta por el inspector mediante la oportuna diligencia.

Art韈ulo 37

Reglamentariamente se regular� la estructura y funciones de los Servicios de Inspecci髇 de Consumo encargados de garantizar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Art韈ulo 38

Las personas f韘icas o jur韉icas estar醤 obligadas ante los 髍ganos competentes y ante los servicios de inspecci髇 a:

• a) Suministrar los datos e informaci髇 que les sean solicitados sobre la identidad del compareciente, la titularidad de la empresa, las actividades que desarrollen, las caracter韘ticas de las instalaciones o locales, los proveedores y distribuidores, los productos elaborados o comercializados y los servicios prestados.
• b) Conservar la documentaci髇 exigida por la normativa vigente en los plazos previstos en la misma.
• c) Exhibir y facilitar copias de la documentaci髇, cualquiera que sea su soporte, sobre autorizaciones y registros, controles de calidad, transacciones comerciales llevadas a cabo y precios aplicados, folletos publicitarios y cuanta documentaci髇 se estime relevante.
• d) Permitir que se practiquen tomas de muestras, inmovilizaciones cautelares, decomisos de productos y retirada del mercado de las mercanc韆s que elaboren, distribuyan, almacenen o comercialicen, as� como el cierre o suspensi髇 de funcionamiento de los establecimientos, instalaciones o servicios.
• e) Firmar el acta formulada por los inspectores, como mera constancia de la visita efectuada, sin perjuicio de las observaciones que el compareciente pueda efectuar en la misma en defensa de sus intereses. La firma del acta no implicar� la aceptaci髇 del contenido del acta.
• f) Colaborar en la retirada del mercado de productos que supongan riesgo para la salud y seguridad.
• g) Facilitar a la inspecci髇 los medios que tengan a su disposici髇 para permitir las labores de comprobaci髇, control e inspecci髇.
• h) Y, en general, permitir y facilitar las labores y funciones de inspecci髇.

Art韈ulo 39

Las Administraciones p鷅licas de Castilla y Le髇 en el ejercicio de sus competencias y en sus respectivos 醡bitos territoriales, promover醤 y desarrollar醤 la defensa y protecci髇 de los consumidores y usuarios en los t閞minos previstos en la presente Ley, actuando, en sus relaciones, de acuerdo con los principios de coordinaci髇 y cooperaci髇.

Art韈ulo 40

1. La coordinaci髇 y colaboraci髇 entre la Administraci髇 Auton髆ica y la de las Corporaciones Locales en materias previstas en esta Ley se instrumentar� a trav閟 de la Comisi髇 de Cooperaci髇 de Consumo, en la que participar醤 la Junta de Castilla y Le髇 y las Corporaciones Locales en la forma que reglamentariamente se establezca.

Podr醤 crearse Comisiones Provinciales de Cooperaci髇 en materia de Consumo en los t閞minos que reglamentariamente se determine.

2. Ser醤 funciones de la Comisi髇 de Cooperaci髇 de Consumo las siguientes:

• a) Estudiar y analizar las situaciones y problemas que puedan plantearse a los consumidores y usuarios de Castilla y Le髇.
• b) Programar y coordinar las campa馻s informativas sobre bienes y servicios de consumo y las actividades de los servicios u oficinas de informaci髇 y protecci髇 al consumidor existentes en la Comunidad.
• c) Estudiar, proponer y analizar la programaci髇 y ejecuci髇 de actividades inspectoras y las derivadas de los sistemas de intercambio r醦ido de informaci髇 sobre productos peligrosos.
• d) Estudiar y armonizar criterios sobre las actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo, los Consejos Municipales de Consumo y sobre la elaboraci髇 de Ordenanzas Municipales que afecten a los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
• e) Intercambiar informaci髇 sobre autorizaciones y ceses de empresas y establecimientos, actuaciones inspectoras, expedientes sancionadores, denuncias y laudos arbitrales, elaborando estudios sobre dichas cuestiones.
• f) Fomentar y hacer propuestas sobre la participaci髇 de las asociaciones de consumidores en las actividades municipales y regionales de consumo.
• g) Proponer la elaboraci髇 de normas de consumo.
• h) Planificar las acciones de formaci髇 del personal de las Administraciones p鷅licas dedicado a la defensa de los consumidores y usuarios.

Art韈ulo 41

A fin de asegurar la necesaria cooperaci髇 y coordinaci髇 entre las distintas Administraciones p鷅licas con competencias que directa o indirectamente se refieran a la defensa del consumidor y usuario, la Junta de Castilla y Le髇 podr� celebrar convenios de colaboraci髇 con el Gobierno del Estado, las Corporaciones Locales y otras Comunidades Aut髇omas adoptando cuantas medidas estime necesarias para hacer efectivos dichos principios, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Primera

Las disposiciones generales que se dicten al amparo de otras materias sustantivas distintas de la defensa de los consumidores, siempre que afecten a 閟tos, deber醤 respetar los derechos que se les reconoce en la presente Ley.

Segunda

El r間imen de medidas cautelares, infracciones y sanciones contemplado en esta Ley ser� de aplicaci髇 para la defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las disposiciones sectoriales espec韋icas aplicables.

Tercera

Las remisiones que realizan los Decretos aprobados por la Junta de Castilla y Le髇 en el ejercicio de sus competencias en materia de protecci髇 al consumidor, a los art韈ulos 34, 35 y 36 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, deber醤 entenderse a los art韈ulos 24, 25 y 27 de la presente Ley.

Cuarta

La potestad sancionadora de la Junta de Castilla y Le髇 en materia de defensa del consumidor alcanzar� a todas las infracciones administrativas que se cometan en el 醡bito de su territorio, cualquiera que sea el domicilio del presunto infractor.

Quinta

1. Con el fin de salvaguardar la seguridad y la salud p鷅licas, as� como para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, requerir醤 autorizaci髇 administrativa previa el establecimiento, en Castilla y Le髇, de laboratorios y centros para la realizaci髇 de an醠isis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo.

El procedimiento para la solicitud y posterior concesi髇 de tal autorizaci髇 se establecer� reglamentariamente.

2. Dichas razones imperiosas de inter閟 general exigen el r間imen de autorizaci髇 administrativa establecido en la Ley, que ser� aplicable tanto a los prestadores establecidos en el resto del territorio espa駉l como a los prestadores de servicios establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, sin discriminaci髇 alguna por raz髇 de la nacionalidad o lugar de ubicaci髇 del domicilio social.

Disposici髇 Adicional quinta redactada por n鷐ero dos del art韈ulo 2 del DL [CASTILLA Y LE覰] 3/2009, 23 diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 26 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Sexta

A los efectos previstos en el Cap韙ulo V de la presente Ley, dentro del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo del Grupo B, existir� la Escala de Inspectores de Consumo en la que quedar醤 integrados los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de T閏nicos de Grado Medio (Inspectores de Consumo) y Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo (Inspectores de Consumo).

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el art韈ulo 17 de esta Ley, ser� de aplicaci髇 el Decreto 87/1987, de 9 de abril, y la Orden de 25 de febrero de 1988, que regulan el Consejo Castellano-Leon閟 de Consumidores y Usuarios.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.

Primera

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le髇 a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicaci髇 de esta Ley.

Segunda

En lo no previsto en la presente Ley y normas que la desarrollen ser� de aplicaci髇 la legislaci髇 del Estado en materia de defensa del consumidor y usuario.