Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Definición y clasificación de los servicios
• CAPÍTULO II. PERSONAS DESTINATARIAS
  • Artículo 4 Personas con derecho de acceso a los servicios
  • Artículo 5 Requisitos generales de acceso
  • Artículo 6 Requisitos específicos para cada uno de los servicios
  • Artículo 7 Restricciones al derecho de acceso
  • Artículo 8 Pérdida del derecho
  • Artículo 9 Suspensión temporal del derecho de las personas usuarias
  • Artículo 10 Consentimiento de la persona solicitante
• CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE ACCESO
  • SECCIÓN 1. Procedimiento ordinario
    • SUBSECCIÓN 1. Inicio del procedimiento
      • Artículo 11 Presentación de solicitudes
      • Artículo 12 Documentación inicial
      • Artículo 13 Cumplimentación del expediente
    • SUBSECCIÓN 2. Instrucción del expediente
      • Artículo 14 Verificación y subsanación de la solicitud
      • Artículo 15 Valoración del expediente
    • SUBSECCIÓN 3. Resolución del expediente
      • Artículo 16 Resolución del expediente
      • Artículo 17 Desistimiento y renuncias
    • SUBSECCIÓN 4. Impugnaciones
      • Artículo 18 Recursos administrativos
  • SECCIÓN 2. Procedimiento urgente de acceso
    • Artículo 19 Procedimiento urgente de acceso
  • SECCIÓN 3. -Procedimiento en situaciones de emergencia social o urgencia social
    • Artículo 20 Acceso en situaciones de emergencia social o urgencia social
    • Artículo 21 Intervención
    • Artículo 22 Temporalidad
• CAPÍTULO IV. LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS
  • Artículo 23 La lista de espera
  • Artículo 24 Criterios de adjudicación de las plazas
  • Artículo 25 Criterios de gestión de no aceptación de las plazas asignadas
  • Artículo 26 Ámbito Territorial de cada servicio
• CAPÍTULO V. INCORPORACION EFECTIVA A UN CENTRO
  • Artículo 27 Modalidades de incorporación
  • SECCIÓN 1. Los ingresos
    • Artículo 28 Fecha y plazo de ingreso
    • Artículo 29 Formalización del ingreso
    • Artículo 30 Periodo de adaptación
    • Artículo 31 Presunta incapacidad de la persona usuaria posterior al ingreso
    • Artículo 32 Reserva de plaza
  • SECCIÓN 2. Traslados
    • Artículo 33 Definición de traslado
    • Artículo 34 Solicitudes de traslado en la red de centros del Territorio Histórico de Gipuzkoa
    • Artículo 35 Causas de traslado
    • Artículo 36 Resolución del expediente de traslado
• CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS
  • Artículo 37 Derechos de las personas usuarias
  • Artículo 38 Obligaciones de las personas solicitantes y usuarias de los servicios
  • Artículo 39 Obligación de pago de precio público
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera
  • Disposición transitoria segunda
  • Disposición transitoria tercera
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera
  • Disposición final segunda
• ANEXOS
  • ANEXO I.. Zonificación a efectos de la delimitación del ámbito territorial de cada servicio
  • ANEXO II. BAREMACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
    • A) CAPACIDAD ECONÓMICA
    • B) VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR
      • CENTRO RESIDENCIAL y CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES
      • CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DE DÍA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Artículo 1 Objeto

El presente decreto foral tiene por objeto regular el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para las personas con necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía que se integran dentro de la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A efectos de lo anterior, se consideran integradas en la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa las plazas ubicadas en centros residenciales y de día -cualquiera que sea su modalidad- que sean de titularidad de la propia diputación foral o que estén convenidas o concertadas con la misma.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

El presente decreto foral será de aplicación al acceso a las plazas de carácter permanente de la Red Pública de Servicios Sociales en los términos en los que esta última se define en el artículo anterior.

Artículo 3 Definición y clasificación de los servicios

1. Centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia.

Los centros residenciales para personas mayores son centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente, y en su caso, temporal, a personas mayores en situación de dependencia que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual o en alternativas de alojamiento de carácter más ligero por requerir apoyos de mayor intensidad. Estos centros deberán ofrecer una atención integral y continua con el objeto de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales y prestar el apoyo individualizado que precisen, mediante el desarrollo de prestaciones preventivas, habilitadoras y asistenciales.

A los efectos del presente decreto foral el servicio residencial se podrá prestar en diferentes modalidades de centros:

• - Centros residenciales.
• - Viviendas con apoyos, que presentan las siguientes variantes:
  • - Alojamientos polivalentes.
  • - Unidades de convivencia.
  • - Pisos tutelados.
  • - Hogares de grupo.

2. Centros residenciales para personas con discapacidad.

Son centros de convivencia destinados a servir de vivienda habitual o permanente y, en su caso, temporal, a personas con discapacidad y en situación de dependencia, que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual. Estos servicios deberán ofrecer diferentes niveles de apoyo, intermitente, limitado, extenso y/o generalizado adecuándose a las necesidades que presenten las personas atendidas con el objeto de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales y prestar el apoyo que precisen, mediante el desarrollo de prestaciones preventivas, habilitadoras y asistenciales.

A los efectos del presente decreto foral el servicio residencial se podrá prestar en diferentes modalidades de centros:

• - Centros residenciales.
• - Viviendas con apoyos, que presentan las siguientes variantes:
  • - Alojamientos polivalentes.
  • - Unidades de convivencia.
  • - Pisos tutelados.
  • - Hogares de grupo.

3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental.

Son centros de convivencia destinados a servir de vivienda habitual o permanente, y en su caso, temporal, a personas con trastorno mental grave y crónico en situación de dependencia, que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual.

Estos centros deberán ofrecer diferentes niveles de apoyo, limitado, extenso y/o generalizado adecuándose a las necesidades que presenten las personas atendidas, proporcionándoles programas de mantenimiento y/o rehabilitación funcional, psico-social y de integración social, con el objeto de mejorar y mantener su autonomía personal, disminuir su sintomatología residual, evitar ingresos psiquiátricos hospitalarios y favorecer su integración social.

A los efectos del presente decreto foral el servicio residencial se podrá prestar en diferentes modalidades de centros:

• - Centros residenciales.
• - Viviendas con apoyos, que presentan las siguientes variantes:
  • - Alojamientos polivalentes.
  • - Unidades de convivencia.
  • - Pisos tutelados.
  • - Hogares de grupo.

4. Servicios o centros de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

Estos servicios ofrecen una atención individualizada e integral, durante el periodo diurno a las personas en situación de dependencia, con el objeto de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales y dar apoyo a las personas cuidadoras habituales, mediante prestaciones preventivas habilitadoras y asistenciales.

Este servicio se prestará en las siguientes modalidades:

• a) Servicio o centro de día para personas mayores en situación de dependencia.

  El servicio de centro de día para personas mayores en situación de dependencia ofrece, una atención integral durante el día a las personas que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual por presentar importantes limitaciones físicas y/o psíquicas para realizar las actividades de vida diaria.

• b) Servicio o centro de día para personas con discapacidad.

  El servicio de centro de día para personas con discapacidad en situación de dependencia ofrece, una atención integral durante el día a las personas con discapacidad, mediante un conjunto organizado y coordinado de actuaciones, desarrolladas desde un equipo multidisciplinar, dirigidas a facilitar el desarrollo de las personas atendidas, proporcionándoles una atención habilitadora integral orientada, en todo lo posible, a su desarrollo personal, al fomento de la autonomía y a la integración social.

• c) Servicio de centro de día de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental.

  El servicio de centro de día de rehabilitación psicosocial ofrece una atención sociosanitaria individualizada, integral y rehabilitadora, durante el periodo diurno a las personas con trastorno mental grave y crónico en situación de dependencia, mediante un conjunto coordinado y organizado de actuaciones, desarrollados desde un equipo multidisciplinar, dirigidas a rehabilitar y mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales, disminuir su sintomatología residual, evitar ingresos psiquiátricos hospitalarios, dar apoyo a las personas cuidadoras y favorecer el mantenimiento de la persona en su entorno comunitario.

Artículo 4 Personas con derecho de acceso a los servicios

Podrán ser personas usuarias de los servicios establecidos en el presente decreto foral las personas en situación de dependencia que sean titulares de derechos conforme a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y que a la fecha de presentación de la solicitud reúnan los requisitos exigidos en este decreto foral.

Artículo 5 Requisitos generales de acceso

a) Poseer la nacionalidad española u otra de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y haber residido en territorio estatal durante al menos cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En el supuesto de tratarse de personas ciudadanas de Estados no miembros de la Unión Europea que no posean la nacionalidad española, tener concedida la residencia legal en el estado español y haber residido, legal y efectivamente, durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Podrá eximirse del cumplimiento del requisito del periodo de residencia previa a la persona nacida en la CAV, así como sus descendientes, que residan en el extranjero y que conserven la nacionalidad española, hayan tenido su última vecindad administrativa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y deseen retornar.

Excepcionalmente, el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá eximir del requisito de residencia legal de cinco años a aquellas personas que presenten una situación de dependencia tal que resulte necesaria su institucionalización. Para la valoración de dicha situación se tendrán en cuenta la intensidad de los apoyos o atención necesarios, la disponibilidad de apoyos prestados por la red socio-familiar, la adecuación del domicilio para la permanencia de la persona en el mismo, así como su arraigo social en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y su relación con los servicios sociales o entidades sociales del territorio.

b) Estar empadronado/a y residir de manera efectiva en algún municipio del Territorio Histórico de Gipuzkoa en el momento de presentar la solicitud.

c) Estar valorada como persona en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados realizada en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o normativa que lo sustituya o desarrolle, de acuerdo con los requisitos específicos que se establezcan para cada uno de los servicios.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de nacionalidad española se regirán por lo establecido en la normativa vigente, los tratados internacionales y los convenios que se establezcan con el país de origen. Respecto de los menores extranjeros se estará a lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, así como en los tratados internacionales.

Artículo 6 Requisitos específicos para cada uno de los servicios

a) Servicio residencial y de centro de día para personas mayores en situación de dependencia.

• - Tener 65 años, o cumplirlos en el año de la presentación de solicitud, o bien 60 años en el caso de las personas con discapacidad.
• - Podrán exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe médico, psicológico y social favorable, aquellas personas que tengan reconocida su situación de dependencia y que por circunstancias personales o sociales, puedan beneficiarse de la atención que se presta en este tipo de centros.
• - Para el servicio residencial, estar valorada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado II ó III.
• - Para el servicio de centro de día, estar valorada como persona en situación de dependencia con grado I, II ó IIl.
• - Disponer de informe de orientación por el que se determine la idoneidad del recurso, a través del instrumento de valoración y orientación señalado al efecto por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
• - Excepcionalmente, podrá solicitarse de forma conjunta, como persona acompañante, el ingreso en un centro residencial cuando una de las personas solicitantes reúna los requisitos señalados y la otra acredite alguna de las siguientes situaciones: ser cónyuge, pareja de hecho, o pariente por consaguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado de parentesco que conviva habitualmente con la persona solicitante y que mediante un informe de orientación se determine la idoneidad del recurso.

b) Servicio residencial y de centro de día para personas con discapacidad.

• - Para el servicio residencial tener una edad igual o superior a 18 años e igual o inferior a 64 años en la fecha de la presentación de solicitud, para el servicio de centro de día, tener una edad igual o superior a 20 años e igual o inferior a 64 años en la fecha de presentación de la solicitud.
• - Podrán exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe médico y social favorable, aquellas personas tengan reconocida su situación de dependencia y que por circunstancias personales o sociales, puedan beneficiarse de la atención que se presta en este tipo de centros.
• - Estar valorada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado I, II ó III.
• - Tener reconocido un grado de discapacidad, igual o superior al 33% de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
• - Disponer de informe de orientación por el que se determine la idoneidad del recurso, emitido por el equipo técnico competente en materia de orientación de la personas con discapacidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

c) Servicio residencial y de centro de día de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental.

• - Para el servicio residencial tener una edad igual o superior a 18 años e inferior a 64 años en la fecha de la presentación de solicitud, para el servicio de centro de día, tener una edad igual o superior a 20 años e inferior a 64 años en la fecha de presentación de la solicitud.

  Podrán exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe médico y social favorable, aquellas personas que tengan reconocida su situación de dependencia y que por circunstancias personales o sociales, puedan beneficiarse de la atención que se presta en este tipo de centros.

• - Estar considerada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado I, II ó III.
• - Estar siendo atendida en la red de atención de salud mental pública y ser orientada como idónea para el servicio solicitado por la Comisión de Valoración Sociosanitaria.

Artículo 7 Restricciones al derecho de acceso

El acceso a estos servicios estará limitado para las personas que:

• - Precisen de una asistencia sanitaria especializada, al requerir un tratamiento o técnicas médicas o de enfermería de nivel asistencial superior a las dotaciones propias de este tipo de servicios.
• - Estén afectadas de una enfermedad infecto-contagiosa de tal naturaleza que no pueda garantizarse la prevención del contagio a otras personas usuarias, aún si el centro adopta medidas de prevención universal.
• - Presenten graves trastornos de comportamiento que distorsionen el normal funcionamiento del centro que afecten a la normal convivencia en el mismo y/o supongan un riesgo a la seguridad de terceras personas o a sí mismas.

Artículo 8 Pérdida del derecho

Reconocido el derecho de acceso o adquirida la condición de persona usuaria, se extinguirá el mismo por cualquiera de las siguientes causas:

• - Fallecimiento de la persona usuaria.
• - Renuncia de la persona usuaria, de su representante legal, persona representante voluntaria o persona guardadora de hecho.
• - Incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para el acceso.

Artículo 9 Suspensión temporal del derecho de las personas usuarias

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en virtud del artículo 87 de la ley 12/2008, de Servicios Sociales podrá aplicar el Régimen de infracciones y sanciones cuando se produzcan situaciones de:

• - Ausencia injustificada al centro durante un periodo superior a treinta días durante un periodo de doce meses.
• - Ocultación o falsedad de datos y/o documentos que han sido tenidos en cuenta para solicitar y conceder el servicio así como la falta de aportación de aquellos datos y documentos que hayan sido requeridos por el órgano competente.
• - Aplicación del régimen disciplinario del centro en donde esté atendida la persona.
• - El impago de dos mensualidades, no necesariamente consecutivas, de la aportación económica correspondiente durante un periodo de doce meses.

Artículo 10 Consentimiento de la persona solicitante

1. La persona solicitante sólo podrá adquirir la condición de persona usuaria si manifiesta expresamente su consentimiento en condiciones de validez jurídica. En su defecto, dicho consentimiento podrá ser manifestado:

• - Por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela sobre la persona interesada.
• - Por quien tenga atribuida su representación siempre que el apoderamiento incluya de manera inequívoca la presentación de este tipo de solicitudes.

No obstante lo anterior, cuando se deduzca que la persona solicitante no se encuentra en condiciones de prestar su consentimiento válido por presunta incapacidad y, además no tenga asignada formalmente una representación, podrán admitirse las solicitudes que sean presentadas por quienes ejerzan la representación voluntaria o guarda de hecho, conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se pretenda el ingreso de la persona solicitante en un centro de la red foral y aquélla no se encuentre en condiciones de prestar su consentimiento válido por presunta incapacidad, deberá acompañarse, junto a la solicitud, la previa autorización judicial a la que se refiere el artículo 271, 1.º del Código Civil, salvo que concurran circunstancias que aconsejen una urgente atención de la persona solicitante. En este último caso, deberá acompañarse justificante de haber solicitado dicha autorización ante el órgano jurisdiccional competente.

3. Si por causas excepcionales relacionadas con la necesidad de asistencia inmediata, se admitiera el ingreso de una persona presuntamente incapaz en un centro residencial antes de ser autorizado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa dará cuenta a la autoridad judicial competente o al Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 230 del Código Civil.

Artículo 11 Presentación de solicitudes

1. Elaborada la programación individual con la participación de la persona profesional de referencia y la persona usuaria o su representante legal, voluntario/a o persona guardadora de hecho, se iniciará el acceso a un servicio residencial o de centro de día con la presentación de la solicitud por cualquiera de las personas señaladas mediante impreso normalizado debidamente cumplimentado y firmado.

2. La solicitud se presentará en los Servicios Sociales de Base municipales correspondientes al domicilio de empadronamiento de la persona solicitante.

Para el acceso a los centros residenciales y centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental, la solicitud se podrá presentar también en los Centros de Salud Mental de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del presente decreto foral sobre el consentimiento de las personas, estarán legitimadas para presentar solicitud:

• - Directamente, la propia persona interesada en acceder a uno de los recursos.
• - Quien tenga atribuida su representación legal.
• - Quienes ejerzan su representación voluntaria o guarda de hecho.

4. Excepcionalmente, y cuando exista imposibilidad de cursar la solicitud en los Servicios Sociales de Base, está se podrá realizar en el Departamento de Política Social.

Artículo 12 Documentación inicial

Junto con la solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, se presentará la siguiente documentación:

• 1. Fotocopia del documento oficial acreditativo de la identidad de la persona solicitante y, en su caso, de las demás personas miembros de la unidad familiar que se computen para acceder al recurso solicitado.
• 2. En su caso, la documentación acreditativa de la representación legal, voluntaria o guarda de hecho.
• 3. La autorización judicial previa o justificante que acredite haberla solicitado, en su caso, la presunta incapacidad.
• 4. En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la correspondiente resolución y en el caso de ruptura de la unión de hecho, certificado del registro correspondiente acreditativo de la cancelación de la inscripción de dicha unión.
• 5. La documentación acreditativa de titularidad de bienes radicados fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa, si procede.
• 6. Las personas solicitantes a las que se refiere en los párrafos 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) del artículo 5 aportarán, además, la documentación que acredite que se encuentran en alguno de los supuestos de dicha letra.

Artículo 13 Cumplimentación del expediente

1. Los Servicios Sociales de Base municipales con el objeto de confeccionar el expediente de solicitud realizarán un diagnóstico social para evaluar la situación y conveniencia del recurso.

2. El expediente deberá contener, además de la documentación señalada en el artículo 12, la siguiente información:

• - Baremo de Valoración de Dependencia, de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con resultado de persona en situación de dependencia.
• - Informe de orientación favorable, determinando la idoneidad del recurso, para acceder la red de recursos sociales previa valoración del instrumento de orientación que designe el Departamento de Política Social.
• - Para los servicios de Enfermedad Mental, serán los Centros de Salud Mental los que elaboren el informe de orientación.
• - Indicación del ámbito territorial y/o centro de preferencia en donde desea que se preste el servicio.
• - Valoración sociofamiliar relativa a la persona solicitante, realizada por los Servicios Sociales de Base.

Artículo 14 Verificación y subsanación de la solicitud

1. Los Servicios Sociales de Base municipales iniciarán la tramitación del expediente y será el Departamento de Política Social quien realice la verificación técnica y, en su caso, subsanación de la misma.

2. En el supuesto de que la solicitud se hubiera presentado incompleta o faltara alguno de los documentos y/o datos necesarios, se requerirá a la persona solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud.

3. En caso de falsedad y ocultación de datos, la persona interesada perderá la condición de persona solicitante de un recurso residencial o de atención diurna, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

4. En cualquier fase del procedimiento, tanto los Servicios Sociales de Base correspondientes como el Departamento de Política Social podrán requerir a la persona solicitante que aporte, cuanta información y documentos puedan ser necesarios y pertinentes para resolver el expediente.

5. En todo caso, la persona solicitante podrá autorizar de forma expresa a los Servicios Sociales de Base municipales y al Departamento de Política Social, la posibilidad de realizar gestiones para verificar o recabar datos que le conciernan.

Artículo 15 Valoración del expediente

1. Corresponde al Departamento de Política Social establecer los criterios técnicos de valoración que deben aplicarse para ponderar la necesidad y la adecuación de los recursos solicitados, en virtud de las circunstancias personales, familiares y/o sociales de la persona solicitante.

Asimismo, corresponde al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa establecer los criterios de valoración que deben aplicarse para el acceso a los servicios de carácter sociosanitario.

2. Una vez valorado el expediente, el órgano competente establecido para cada uno de los servicios elevará un propuesta de resolución a la Dirección competente del Departamento de Política Social.

Artículo 16 Resolución del expediente

1. Resolución de admisión en lista de espera.

1.- Efectuada la valoración del expediente y en su caso, emitidos los informes preceptivos, la Dirección competente por la naturaleza del recurso solicitado dictará la resolución correspondiente.

2.- La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona solicitante en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la solicitud debidamente cumplimentada en los Servicios Sociales de Base. No se computarán a estos efectos el periodo de tiempo durante el cual el expediente se encuentre paralizado por causas imputables a la persona solicitante, ni los plazos de subsanación de información a los que se refieren el artículo 14 presente decreto foral.

3.- La Resolución tendrá como mínimo el siguiente contenido:

• - Indicará la concesión o la denegación del servicio solicitado.
• - Si la resolución es de concesión señalará que la persona queda incorporada a la lista de espera, para asignación de plaza.
• - Si la resolución es de denegación expresará el motivo o motivos de la misma.

4.- Transcurrido el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución sin que se haya adoptado resolución expresa, la solicitud de ingreso se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación legal de la administración de resolver, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Resolución de ingreso.

Posteriormente, cuando proceda el ingreso, el Departamento de Política Social dictará resolución de ingreso, en la que se determinará el centro de ingreso, la fecha de ingreso y la aportación económica de la persona solicitante, que se fijará conforme a la normativa foral vigente reguladora de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia, la discapacidad y el trastorno mental.

Artículo 17 Desistimiento y renuncias

1. En cualquier fase del procedimiento la persona solicitante o, en su caso, quien ejerza su representación legal, voluntaria o guarda de hecho, podrá desistir de su petición o bien renunciar a los derechos reconocidos en la resolución previa.

2. El desistimiento o la renuncia se formalizará por escrito o mediante la comparecencia de la persona legitimada en los Servicios Sociales de Base, en el Departamento de Política Social, o en el centro donde se le ha asignado la plaza. Así mismo, se podrá formalizar mediante comunicación telefónica al personal técnico del Departamento de Política Social, quien elaborará la diligencia correspondiente.

3. Formalizado el desistimiento o la renuncia, se archivará la solicitud cuando proceda y en su caso se pondrá fin al expediente.

Artículo 18 Recursos administrativos

1. Contra las resoluciones del Departamento de Política Social que no agoten la vía administrativa se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que la persona interesada reciba la notificación del acto administrativo.

2. La interposición y trámite de los recursos administrativos se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19 Procedimiento urgente de acceso

1. En situaciones que requieran una atención prioritaria que requiera mayor celeridad que la prevista en el procedimiento ordinario, se podrá iniciar la prestación del servicio, a propuesta de los Servicios Sociales de Base correspondientes, con carácter previo a la realización del conjunto de actuaciones previstas en dicho procedimiento ordinario, incluida la valoración técnica justificativa de la situación.

2. Este procedimiento se podrá iniciar mediante la firma de la solicitud, tal y como se recoge en el artículo 11 del presente decreto foral, o bien, mediante autorización judicial.

3. La solicitud de ingreso mediante este procedimiento deberá venir acompañada de la valoración de dependencia y la orientación correspondiente así como con la aceptación de las condiciones económicas establecidas para cada uno de los servicios.

Artículo 20 Acceso en situaciones de emergencia social o urgencia social

1. En las situaciones de emergencia social o urgencia social, previa comunicación de la situación de urgencia al Servicio Foral de Urgencias Sociales, en los términos previstos en la regulación del Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales, se podrá acceder con carácter inmediato y prioritario a alguno de los servicios regulados en el presente decreto foral.

2. A efectos de lo anterior, se entenderá por situación de urgencia o emergencia social la producida por un hecho no previsto, debido a causas naturales o provocadas, que afecta y compromete las capacidades personales, los recursos y medios de subsistencia, las relaciones o redes sociales y familiares y la seguridad, quedando las personas afectadas en una situación de desprotección grave, que precisa de una intervención inmediata e ineludible para evitar que se agrave y/o les genere mayor perjuicio.

Pueden ser situaciones individuales, si afectan a una persona, familia o unidad de convivencia; colectivas, si afectan a varias; o catástrofes o grandes emergencias, si afectan a una parte significativa de la población, debiéndose intervenir, en tal caso, en el marco de los planes de emergencia existentes.

3. Se incluyen específicamente:

• a) Las personas en situación de desprotección sobrevenida, en particular: situaciones de pérdida y/o desorientación, situaciones de abandono o de ausencia sobrevenida de la persona cuidadora; situaciones de violencia de género y de violencia doméstica, carencia sobrevenida de vivienda accesible.
• b) Personas en situaciones de emergencia o urgencia social derivadas de situaciones excepcionales tales como; accidente de circulación, incendio, inundación u otros siniestros; las situaciones que afecten a Mujeres Víctimas de Violencia Machista o por Razón de Sexo, tanto cuando sea la propia mujer quien requiera el acceso al recurso, como la persona en situación de dependencia que esté a su cargo.

Artículo 21 Intervención

El servicio que haya detectado la situación comunicará la situación de urgencia al Servicio Foral de Urgencias Sociales para que el mismo desarrolle las intervenciones de información, valoración, diagnóstico, acompañamiento, intervención psicosocial u otras que estime pertinentes. En caso necesario, se garantizará por parte del Servicio de Urgencias Sociales el acceso a un alojamiento que además de permitir cubrir, con carácter urgente y provisional, las necesidades básicas de protección, resulte adecuado en función de las características y necesidades de la persona atendida, tratando, cuando resulte posible, de garantizar la coherencia entre estas intervenciones de urgencia y las que se hubieran desarrollado con anterioridad desde los servicios sociales.

Artículo 22 Temporalidad

La intervención desde el Servicio Foral de Urgencias Sociales será siempre temporal y finalizará tan pronto como sea posible:

• 1. En los supuestos, en los que, realizada la intervención de urgencia, no sea necesaria ninguna otra intervención desde los Servicios Sociales de Base municipales, no procederá a ninguna derivación pero comunicará la incidencia al Servicio Social de Base correspondiente para su información.
• 2. En los supuestos en los que, realizada la actuación de urgencia, sí sea necesario que prosiga la intervención desde los servicios sociales, el caso se derivará al Servicio Social de Base que corresponda, para que proceda, a su valoración y orientación con carácter prioritario.

Artículo 23 La lista de espera

1. La lista de espera es el instrumento a través del cual el Departamento de Política Social establece el orden de preferencia entre las personas solicitantes que obtengan el reconocimiento de su derecho de acceder a un determinado servicio, pero a las que aún no se les haya adjudicado plaza por no existir vacante disponible.

2. La lista de espera se ordenará de la siguiente forma:

En primer lugar, por el grado obtenido en la valoración de dependencia; a igual grado de dependencia, por la puntuación obtenida en la valoración económica, y a igual grado de dependencia y situación económica, por la puntuación obtenida en la valoración socio familiar. La puntuación de cada una de las variables se determinará conforme a lo establecido en el Anexo II al presente decreto foral.

3. En cualquier caso, las solicitudes con una antigüedad superior a los seis meses, desde la fecha de la resolución de admisión en lista de espera, prevalecerán sobre el resto, ordenándose aquéllas internamente según los criterios enunciados en el párrafo 2 anterior.

4. El Departamento de Política Social informará, previa solicitud, a las personas solicitantes, o, en su caso, a quienes ejerzan su representación legal, voluntaria o guarda de hecho, sobre su situación en la lista de espera.

5. Las personas solicitantes, o, en su caso, quienes ejerzan su representación legal, voluntaria o guarda de hecho podrán instar, acreditándolo convenientemente, la revisión de su expediente cuando la variación de sus circunstancias personales pudieran modificar la valoración efectuada.

6. La lista de espera será objeto de actualización continua a medida que las nuevas solicitudes van siendo valoradas y resueltas, lo que producirá los ajustes necesarios en su ordenación.

7. El Departamento de Política Social podrá realizar valoraciones de oficio bienalmente para valorar la continuidad o baja en la lista de espera, así como la inclusión de las modificaciones a que hubiera lugar.

Artículo 24 Criterios de adjudicación de las plazas

1. Los centros públicos o concertados comunicarán al Departamento de Política Social las vacantes producidas. La comunicación se realizará el primer día hábil posterior a la baja señalando las características de la vacante producida.

2. Cuando el Departamento de Política Social tenga constancia de una vacante, seleccionará entre las personas en lista de espera de cada servicio, y siguiendo el orden de prelación descrito en los apartados 2 y 3 del artículo 23, aquella solicitud con mayor idoneidad para optar a la misma, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente decreto foral.

3. Para realizar esta selección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• a) El perfil de la persona demandante y la idoneidad de la plaza ofertada:
  • - En servicios para Personas Mayores: el deterioro cognitivo, la movilidad, las cargas sanitarias y la atención psicogeriátrica que requiera la persona.
  • - En servicios para Personas con discapacidad: el tipo de discapacidad: física, psíquica, o mixta y la intensidad del apoyo que precisan.
  • - En servicios para Personas con enfermedad mental: la intensidad del apoyo que precisan.
• b) El sexo de la persona solicitante en el caso de habitaciones dobles y en las unidades convivenciales cuando estén integradas por personas de un mismo sexo.
• c) En los servicios residenciales y en el caso de solicitudes dobles, y siempre que no se disponga de dos plazas de forma simultanea éstas se adjudicarán de forma consecutiva.
• d) Una vez analizados estos aspectos se procurará ofrecer una plaza en el centro o municipio de preferencia de la persona solicitante o, en su caso, en el municipio más cercano.
• e) En los servicios de centro de día se tendrá en cuenta la adecuación del itinerario de transporte al domicilio de la persona solicitante, así como la modalidad de atención ofertada, laboral y/o fin de semana.

4. El Departamento de Política Social, una vez analizados todos estos aspectos ofrecerá la plaza vía telefónica a la persona que se encuentre con mayor puntuación en la lista de espera.

Artículo 25 Criterios de gestión de no aceptación de las plazas asignadas

En el caso de que la persona no acepte o rechace la plaza asignada sin que exista un motivo justificado determinante se procederá de la siguiente forma:

• 1. Para los servicios de Personas Mayores: cuando se produzca un rechazo, sin motivo justificado, a una plaza en el centro señalado como preferente en la solicitud se procederá por el Departamento de Política Social a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.
• 2. Para los servicios de personas con Discapacidad y Enfermedad Mental: cuando se produzca un rechazo sin motivo justificado, a una plaza en un centro orientado como idóneo por el servicio técnico y situado en el ámbito comarcal elegido como preferente por la persona solicitante se procederá a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.
• 3. Cuando se produzcan tres rechazos sin motivo justificado a la oferta de plaza en un centro, no designado como preferente en la solicitud (en el caso de personas mayores), u orientado por el servicio técnico (en el caso de personas con discapacidad o con enfermedad mental), y situado en el ámbito territorial definido para ese servicio por el Departamento de Política Social, se procederá a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.

  Una vez comunicado el rechazo a la plaza deberán transcurrir un mínimo de tres meses para que se realice una siguiente propuesta de plaza en las condiciones señaladas en este apartado.

• 4. A los efectos de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, se considerarán motivos justificados determinantes las situaciones de hospitalización, problemas de salud transitorios, convalecencias, cambios vitales recientes y otras situaciones que se puedan considerar determinantes para el Departamento de Política Social.
• 5. Cuando se proceda al cierre de un expediente por motivo de no aceptación o rechazo de plaza deberán transcurrir un mínimo de seis meses, desde la fecha de baja en lista de espera detallada en la resolución, para poder presentar una nueva solicitud para el mismo servicio. Sólo se podrá reducir este periodo mínimo en las situaciones tipificadas como de urgencia.

Artículo 26 Ámbito Territorial de cada servicio

1. Los servicios regulados mediante el presente decreto foral tendrán el siguiente ámbito territorial:

2. La zonificación se detalla en el anexo I.

Artículo 27 Modalidades de incorporación

Las personas usuarias podrán incorporarse a los centros y servicios regulados en el presente decreto por ingreso o por traslado entre centros incluidos en la red pública de atención de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Artículo 28 Fecha y plazo de ingreso

1. Una vez aceptada la plaza, la persona usuaria deberá presentarse en el centro y formalizar el ingreso en un plazo máximo de cinco días naturales en los centros para personas mayores, y de diez días naturales en los centros para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental, contados desde la fecha de aceptación de la plaza.

2. De no producirse el ingreso de la persona en la fecha señalada, por causas no imputables a la Administración Foral, podrá entenderse que renuncia a su condición de persona usuaria, y en consecuencia, se procederá a la reasignación inmediata de la vacante a otra persona.

Artículo 29 Formalización del ingreso

1. Con carácter previo al ingreso, o en todo caso el mismo día, el centro informará a la persona usuaria o a su representante legal, voluntario o persona guardadora de hecho, de las normas que rigen el funcionamiento interno del centro, y le entregará copia del Reglamento de Régimen Interior.

2. El ingreso en cualquier centro conlleva la aceptación de sus normas por parte de la persona usuaria, que se concretarán en la firma de un contrato entre la persona usuaria y la dirección del centro. En caso contrario, podrá denegarse su incorporación o bien tener a la persona solicitante por desistida en su petición.

3. Una vez formalizado el ingreso, en el plazo de un mes el Centro deberá definir, junto con la persona atendida, o en su caso, la persona de referencia, el Plan provisional de Atención Individual.

Artículo 30 Periodo de adaptación

1. El periodo de adaptación comprende los tres primeros meses posteriores al ingreso y atañe a la adaptación personal a las características y funcionamiento del centro, así como a los hábitos de convivencia mínimos que garanticen una correcta atención y bienestar para todas las personas usuarias.

2. En el supuesto de que se aprecie la inadaptación de la persona usuaria al servicio, tras haber intentado soluciones conjuntas con la persona usuaria, la dirección del centro lo notificará al Departamento de Política Social quien estudiará la situación y emitirá un informe de evaluación.

Este informe de evaluación deberá notificarse a la persona usuaria o, en su caso, su representante legal o voluntario y dispondrá de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido este plazo sin que se formulen alegaciones, continuará el procedimiento.

El Departamento de Política Social, tras estudiar las alegaciones, emitirá la resolución pertinente, proponiendo:

• - La confirmación del ingreso o bien.
• - La pérdida de la condición de persona usuaria por inadaptación a las características o al funcionamiento del centro, así como el recurso alternativo que se propone.
• - La propuesta de traslado a otro centro.

3. Una vez finalizado el periodo de adaptación el centro deberá definir, junto con la persona atendida, o en su caso, la persona de referencia el Plan de Atención Individual.

Artículo 31 Presunta incapacidad de la persona usuaria posterior al ingreso

1. Si con posterioridad al ingreso en un servicio, la Dirección del mismo o el Departamento de Política Social considere que es posible que concurra en la persona usuaria una falta de capacidad para la toma de decisiones que le conciernen, notificará tal circunstancia a su familiar de referencia para que se declare guardador/a de hecho y asista a la persona en la toma de dichas decisiones velando por la defensa de sus derechos y por su protección.

2. Si, en los casos previstos en el supuesto anterior, se observara que la persona se encuentra en desamparo por carecer de familiares que puedan asistirle en la toma de decisiones o por observarse en estos últimos un inadecuado cumplimiento o un incumplimiento del deber de velar por la defensa de sus derechos y la protección de la persona, la Dirección del Servicio o, en su caso, el Departamento de Política Social notificará la situación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que corresponda y al Ministerio Fiscal, con el fin de que, si lo estiman pertinente, se adopten las medidas a los efectos previstos en el artículo 757.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 32 Reserva de plaza

1. Las personas usuarias de los centros de la red pública y concertada del Departamento de Política Social tendrán derecho a reserva de plaza durante los periodos de ausencia en las siguientes condiciones:

• a) Reserva por ausencia voluntaria.

  Sí ésta ha sido comunicada al centro con una antelación mínima de siete días naturales la reserva de plaza se aplicará desde el primer día de ausencia en el centro.

  Cuando se produzca sin aviso previo se aplicará a partir del séptimo día.

  La reserva será de aplicación para un periodo mínimo de siete días naturales y un periodo máximo de:

  • - 45 días por año natural en los servicios para personas mayores.
  • - 60 días sobre los días de prestación del servicio por año natural en los servicios para personas con discapacidad y enfermedad mental.
• b) Reserva por hospitalización, problemas de salud o por otro motivo de índole similar.

  Si ésta ha sido comunicada al centro con una antelación mínima de siete días naturales, la reserva de plaza se aplicará desde el primer día de ausencia.

  Si se produce de forma fortuita o de urgencia, se aplicará a partir del séptimo día.

  En este supuesto el derecho de reserva de plaza será por un periodo mínimo de siete días naturales y un máximo de noventa días naturales, que podrán ser prorrogados previo informe justificativo.

Artículo 33 Definición de traslado

1. A efectos de este decreto foral se considerarán traslados los cambios de centro de las personas que están siendo atendidas en una plaza de la red pública o concertada de la Diputación Foral de Gipuzkoa objeto de este decreto foral.

2. Los traslados se podrán solicitar entre los centros integrados en los siguientes servicios:

• a) Entre los centros integrados en la red de servicios de alojamiento y residenciales definidos en el artículo: 3.1, 3.2 y 3.3.
• b) Entre los centros integrados en la red de servicios de centro de día definidos en las letras a), b) y c) del artículo 3.4.

Artículo 34 Solicitudes de traslado en la red de centros del Territorio Histórico de Gipuzkoa

1. Podrán solicitar el traslado de centro las personas que estén siendo atendidas en una plaza de la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y reúnan los requisitos específicos establecidos en el artículo 6 para cada uno de los servicios de destino.

2. Las solicitudes de traslado podrán realizarse tanto por la persona usuaria o su representante legal, voluntario o persona guardadora de hecho en el servicio donde se encuentre atendida la persona, en los Servicios Sociales de Base, o el Departamento de Política Social.

Las direcciones de los centros también podrán promover el traslado de oficio cuando, atendiendo a las circunstancias de la persona usuaria, llegara a presumirse más adecuada su atención en otro centro de la red. En este caso, el centro elaborará un informe justificativo que elevará al Departamento de Política Social.

Asimismo, el Departamento de Política Social podrá promover traslado de oficio, una vez oída la persona interesada, cuando atendiendo a la edad o a una modificación en las necesidades de atención, o a otras circunstancias excepcionales que técnicamente aconsejen dicho traslado, llegara a resultar más adecuada su asistencia en otro centro de la red foral más apto para ofrecer la atención adecuada a dichas circunstancias.

3. A cada una de las solicitudes de traslado se deberá adjuntar el último Plan de Atención Individual de la persona atendida y la documentación necesaria exigida para el acceso al servicio solicitado.

Artículo 35 Causas de traslado

1. Toda persona usuaria de un servicio cuyo ingreso haya sido resuelto por resolución del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tendrá derecho a presentar una solicitud de traslado a otro centro que preste el mismo tipo de servicio.

2. Se podrá solicitar o promover el traslado a otro centro por:

• a) Reagrupamiento familiar en el centro.
• b) Mayor idoneidad del servicio solicitado para la atención a las necesidades de la persona y/o entorno.
• c) Traslado al municipio de procedencia.
• d) Otras circunstancias especiales debidamente justificadas.

3. Una vez realizado el traslado a instancia de la persona interesada, no podrá autorizarse un nuevo traslado hasta que transcurra un año desde el anterior, salvo que concurran razones excepcionales debidamente justificadas y aprobadas por el Departamento de Política Social.

Artículo 36 Resolución del expediente de traslado

1. Efectuada la valoración de la solicitud de traslado, u en su caso, recibidos los informes preceptivos, la Dirección competente del Departamento de Política Social, dictará la resolución correspondiente.

2. La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona interesada y al centro en donde está atendida la persona en el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el Departamento de Política Social.

3. La Resolución tendrá como mínimo el siguiente contenido:

• - Indicará la concesión o la denegación del servicio solicitado.
• - Si la resolución es de concesión señalará que la persona queda incorporada a la lista de espera, para asignación de plaza.
• - Si la resolución es de denegación expresará el motivo o motivos de la misma.

4. Transcurrido el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución sin que se haya adoptado resolución expresa, la solicitud de ingreso se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación legal de la administración de resolver, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. En los servicios de centros de día se intercalará un ingreso por traslado por cada ingreso de la lista de espera general, atendiendo a la fecha de solicitud.

6. En los servicios residenciales se intercalará un ingreso de traslado por cada dos ingresos de la lista de espera general, atendiendo a la fecha de solicitud.

Artículo 37 Derechos de las personas usuarias

Las personas usuarias de los servicios de la Red Pública de servicios sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa tendrán derecho a recibir las prestaciones establecidas en los convenios, contratos y catálogos de servicios definidos para cada uno de los servicios y en general, todos aquellos señalados en la Ley de 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Artículo 38 Obligaciones de las personas solicitantes y usuarias de los servicios

1. Las obligaciones de las personas solicitantes y usuarias de los servicios de la red pública objeto de este decreto serán en general, todas aquellas señaladas en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y en particular, las incluidas en los Reglamentos de Régimen Interior de cada uno de los servicios.

2. Asimismo y con carácter específico, las personas solicitantes y usuarias de los servicios estarán obligadas a:

• a) Facilitar correctamente todos los datos necesarios para la concesión y correcta prestación del servicio, así como a responsabilizarse de la veracidad de los mismos.
• b) Comunicar al Departamento de Política Social cualquier variación en sus circunstancias personales, del núcleo de convivencia y económico-patrimoniales que pueden afectar a las condiciones de prestación del servicio.
• c) Autorizar al Departamento de Política Social para realizar las consultas que fueran necesarias para comprobar la situación económico-patrimonial, social y sanitaria de las personas solicitantes y usuarias. Concretamente al Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, a las entidades financieras y de ahorro, al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y a otras entidades de Intervención social.
• d) Autorizar al Departamento de Política Social a que los datos se integren en ficheros informatizados y puedan ser utilizados con fines de producción estadística e investigación científica y para las funciones propias del Departamento de Política Social en los términos previstos por la legislación de protección de datos de carácter personal.

Artículo 39 Obligación de pago de precio público

1. Las personas usuarias de los servicios de la red pública estarán obligadas al pago de la aportación económica correspondiente a las condiciones recogidas en la normativa foral específica que lo regule, o en su caso, en lo establecido en la resolución de ingreso correspondiente.

2. En el supuesto de que se produzca algún impago de la aportación económica establecida, la Diputación Foral de Gipuzkoa procederá a cobrar la deuda generada mediante el procedimiento que se establezca para tal efecto.

3. El pago se realizará directamente a la entidad prestadora del servicio en el que se encuentre atendida la persona, en la cuantía que le corresponda en virtud de la aplicación del presente decreto foral y normativa al respecto.

Disposición adicional única

A los efectos del requisito del grado especifico de valoración de la persona en situación de dependencia al que alude el artículo 6 del presente decreto foral, podrán excepcionalmente acceder a estos servicios las personas valoradas con grado menor al requerido o con grado 0 reconocido cuando, desde el servicio técnico competente, se considere que las personas usuarias puedan beneficiarse de los programas de apoyo y la atención que se prestan en estos centros.

Disposición transitoria primera

Se aplicará el presente decreto foral a todas las solicitudes de acceso y de traslado posteriores a la entrada en vigor del mismo.

Disposición transitoria segunda

A las solicitudes anteriores a la entrada en vigor de este decreto foral no les será de aplicación el mismo, por lo que se regirán por la normativa anterior, si bien podrán solicitar su aplicación en el plazo máximo de 12 meses.

Disposición transitoria tercera

A efectos de la puntuación por la valoración social recogida en la baremación de la lista de espera especificada en el Anexo II, inicialmente será de aplicación la versión definida en la letra B de dicho anexo. El Departamento de Política Social adaptará esta puntuación al instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales aprobado en el Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del 26 de junio de 2013, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto foral.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral y en particular:

• - El Decreto Foral 20/2002 de 30 de abril por el que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes en Gipuzkoa, en lo que se refiere a los artículos que regulan el régimen de acceso para personas en situación de dependencia, manteniéndose en vigor los artículos relativos a la regulación de la aportación económica de las personas usuarias hasta que el Consejo de Gobierno Foral apruebe al efecto un nuevo decreto foral.
• - El Decreto Foral 57/2002, de 5 de noviembre, por el que se regula el régimen de acceso a los recursos sociosanitarios de las personas en situación de exclusión social y/o dependencia.

LE0000172260_20061024

LE0000180521_20021214

Disposición final primera

Se faculta a la persona titular del Departamento de Política Social para dictar cuantas disposiciones, actos e instrucciones sean necesarios para el correcto desarrollo y ejecución de este decreto foral.

Disposición final segunda

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.