Decreto 14/2016, de 11 de marzo, por el que se aprueba el texto consolidado del Decreto sobre contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Artículo 1 Ámbito

1. Los contratos que celebre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se ajustarán a las prescripciones de la legislación del Estado, con las adaptaciones derivadas del presente decreto.

2. Será de aplicación este decreto a las entidades autónomas y empresas públicas, con o sin forma societaria, de la Comunidad Autónoma, si de conformidad a la legislación estatal están sometidas a ella.

3. Cuando a las entidades indicadas en el anterior apartado no les sea de aplicación este decreto, deberán someterse en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.

Artículo 2 Órganos de contratación

1. Los titulares de las consejerías que en cada momento constituyan el Gobierno de las Illes Balears son los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y están facultados para suscribir en su nombre los contratos, en el ámbito de su competencia.

2. Estas atribuciones podrán ser, en todo o en parte, objeto de desconcentración, mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, en otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los cuales, en virtud de ello, se constituirán en órganos de contratación con las facultades propias de éstos.

3. Los representantes legales de las entidades autónomas y de las empresas públicas son sus órganos de contratación.

4. El órgano de contratación del Consejo Consultivo de las Illes Balears es su presidente.

5. El órgano de contratación del Consejo Económico y Social de las Illes Balears es su presidente.

6. El órgano de contratación del Servicio de Salud de las Illes Balears es su director general o titular del órgano de dirección correspondiente.

7. No obstante lo anterior, el órgano de contratación necesitará la autorización previa del Consejo de Gobierno en los siguientes supuestos:

• a) Con carácter general, cuando el presupuesto del contrato sea superior a 500.000,00 euros o a la cuantía que fije la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a efectos de la autorización previa del Consejo de Gobierno para la autorización y disposición de gastos.
• b) Para los contratos cuyo gasto deba imputarse al presupuesto de gastos del Servicio de Salud de las Illes Balears, cuando el presupuesto del contrato sea superior a 2.000.000,00 de euros o a la cuantía que fije la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a efectos de la autorización previa del Consejo de Gobierno para la autorización y disposición de gastos.

8. En caso de empresas públicas, se necesitará la autorización previa del consejo de administración o del órgano colegiado correspondiente en los mismos casos previstos en la letra a del apartado 7 anterior o cuando expresamente lo exija su ley de creación.

9. La autorización prevista en los apartados 7 y 8 de este artículo se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación, que corresponderá, en todo caso, al órgano de contratación.

10. El Consejo de Gobierno y, en su caso, los consejos de administración de las empresas públicas podrán reclamar discrecionalmente el conocimiento y la autorización de cualquier otro contrato. Del mismo modo, el órgano de contratación podrá elevar a su consideración cualquier contrato no comprendido en los supuestos precedentes.

Artículo 3 Mesa de contratación

1. La mesa de contratación estará presidida por el secretario general de la consejería contratante, o por el secretario de la entidad en los casos de organismos autónomos y otras entidades instrumentales del sector público autonómico, o por aquellos que se designen para cada caso, y como mínimo formarán parte de la misma un vocal representante de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que, cuando se trate de entidades instrumentales con presupuesto propio, podrá serlo el de la unidad que tenga asignada la función de control económico en dichas entidades; un vocal representante de la asesoría jurídica, que puede pertenecer, indistintamente, a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma o al servicio que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, y un vocal perteneciente al servicio promotor del expediente. Deberá actuar como secretario de la mesa el jefe de la unidad administrativa de contratación que tramite el expediente.

2. Todos los miembros de las mesas serán designados por el órgano de contratación, quien podrá hacerlo para cada contrato o de forma permanente mediante acuerdo publicado en el BOIB, sin perjuicio, en este último caso, de poder incorporar nuevos vocales en aquellas contrataciones que por su especialidad o importancia así determine el propio órgano de contratación.

Artículo 4 Contratos menores

1. Los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía en los límites señalados en la LCAP, no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

2. Tendrán la consideración de gastos menores, que estarán excluidos de fiscalización previa, aquellos que no superen la cuantía que, en cada momento, se fije reglamentariamente.

Artículo 5 Garantías

1. Las garantías constituidas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de sus entes del sector público que tengan la consideración de administración pública a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se rigen por el Decreto por el que se regula el régimen jurídico de las garantías y de los depósitos custodiados por la Depositaría de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y se ajustarán a los modelos aprobados en el mencionado decreto.

2. Las garantías provisionales constituidas mediante valores de deuda pública, aval o seguro de caución se presentarán ante el órgano de contratación y quedarán bajo la custodia de la persona responsable de la unidad administrativa de contratación correspondiente. Las garantías provisionales constituidas en efectivo se custodiarán en la Depositaría.

3. Las garantías definitivas, cualquiera que sea la forma en que se constituyan, se custodiarán en la Depositaría. Cuando sean garantías constituidas mediante retención en el precio, el órgano de contratación comunicará a la Depositaría que el adjudicatario ha optado por esta forma de garantía y, si se trata de un ente de su sector público, transferirá a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el importe de la retención en el precio, de acuerdo con lo que prevé el artículo 13 del decreto mencionado en el apartado 1 de este artículo.

4. La ejecución de las garantías requiere la tramitación previa del procedimiento que regulan los artículos 23 y siguientes del decreto mencionado en el apartado 1 de este artículo, por lo que, en caso de que se tengan que ejecutar las garantías provisionales, estas se enviarán a la Depositaría para que las registre previamente a su ejecución.

5. En las uniones temporales de empresas, las garantías tanto provisionales como definitivas puede constituirlas una empresa o algunas de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en los pliegues y garantice solidariamente a todas a las integrantes de la unión temporal.

6. No se exigirá la constitución de garantías en los contratos menores.

7. En el caso de tramitación de emergencia, se puede iniciar la ejecución del contrato sin la constitución previa de una garantía, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda exigir su constitución en cualquier momento de la ejecución del contrato.

8. Cuando se trate de entes del sector público que no tengan la consideración de administración pública a efectos de la legislación de contratos del sector público, las garantías, tanto provisionales como definitivas, se depositarán ante el mismo órgano de contratación, y la ejecución se regirá por la normativa administrativa o de derecho privado que corresponda.

LE0000639646_20190411Artículo 5 redactado por la disposición final primera del D [BALEARES] 13/2019, 7 marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las garantías y de los depósitos custodiados por la Depositaría de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 11 marzo).Vigencia: 11 abril 2019

Artículo 6 Acreditación de obligaciones tributarias para con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

1. Sin perjuicio de la competencia de los órganos de la Consejería de Hacienda y Presupuestos para emitir los certificados, las unidades administrativas de contratación (UAC) de las distintas consejerías del Gobierno deberán comprobar y certificar, de oficio, la situación tributaria para con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de los licitadores que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, conforme a la propuesta de adjudicación que se elabore.

2. La Secretaría de la Junta Consultiva podrá emitir dichos certificados con los mismos efectos que las unidades administrativas de contratación.

3. En las empresas públicas la acreditación de las obligaciones tributarias para con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se efectuará en la misma forma que la LCAP y sus normas de desarrollo establecen para acreditar las del Estado.

Artículo 7 Expedientes de contratación con aportaciones de otras entidades

1. En el supuesto de contratos que formalice la Comunidad Autónoma como administración contratante y cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distintas procedencias, especialmente las que corresponda efectuar a entes locales, deberá aportarse por la administración cofinanciadora, junto con el resto de la documentación que corresponda según las normas aplicables a cada caso, aval bancario a favor de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que garantice como mínimo el 120 % de la aportación prevista del ente cofinanciador. El aval tendrá una duración indefinida y continuará vigente hasta que el órgano competente autorice la cancelación o devolución.

La cuantía del aval podrá ser incrementada con respecto a la aportación del ente cofinanciador en el porcentaje que acuerde el titular de la sección presupuestaria correspondiente. El Consejo de Gobierno podrá acordar disminuir el porcentaje establecido en el párrafo anterior.

Dicho aval deberá presentarse, en todo caso, antes del acuerdo de autorización del gasto por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Excepcionalmente el Consejo de Gobierno podrá autorizar que se presente en un momento posterior, pero siempre antes del acta de comprobación del replanteo.

2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se recogerá lo siguiente:

• a) Las aportaciones de las entidades cofinanciadoras.
• b) Que las certificaciones de obra o documentos análogos especificarán la distribución del total de la misma entre los entes cofinanciadores.
• c) Que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears reconocerá la obligación en la parte que a ella corresponda y remitirá al ente cofinanciador ejemplar de la certificación para que este proceda de igual forma con la cuantía que le corresponda.

3. En caso de que el ente cofinanciador no pagara al contratista su aportación y éste reclamara a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el pago de la misma, la Comunidad Autónoma podrá satisfacer con cargo a operaciones extrapresupuestarias el importe al contratista. Con carácter previo se procederá a ejecutar el aval ingresando su importe en la rúbrica correspondiente de operaciones extrapresupuestarias.

4. El ente cofinanciador, en la medida que haya satisfecho al contratista su aportación, podrá solicitar la sustitución del aval inicial, por otro que cubra como mínimo el importe de la obra pendiente de ejecutar a su cargo, con el incremento que estime el titular de la sección presupuestaria contratante.

5. Una vez aprobada la liquidación definitiva de la obra se podrán devolver de oficio al ente cofinanciador los avales presentados.

Artículo 8 Contratación de bienes y servicios informáticos

La adquisición de bienes informáticos, los contratos de arrendamiento y los contratos de mantenimiento que efectúen las distintas consejerías deberán obtener el informe previo y favorable de las comisiones de informática creadas por el Decreto 136/1995, de 12 de diciembre (BOCAIB n.^o 160, de 26 de diciembre), o el que se establezca por las normas que lo sustituyan.

Artículo 9 Régimen jurídico de las actuaciones que, a título obligatorio, llevan a cabo las empresas públicas

1. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a que hace referencia el artículo 1 b de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas Públicas y Vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, estarán obligadas a realizar, con la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las obras, los trabajos y las actividades que les encarguen las diferentes consejerías del gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los organismos de ella dependientes, en las materias que constituyan el objeto social de las empresas y, especialmente, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

Las obras, los trabajos y las actividades realizadas en estos temas se considerarán ejecutados por la propia Administración y, en consecuencia, tendrán el régimen previsto con esta finalidad en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. En el supuesto de que la ejecución de obras o la fabricación de bienes muebles por las empresas públicas se verifique con la colaboración de empresas particulares, el importe será inferior a los límites cuantitativos señalados en los artículos 152, puntos 1 y 4, y 177.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se trate, respectivamente, de la ejecución de obras o de la fabricación de bienes muebles.

En la elección de los colaboradores deberán aplicarse los principios de publicidad y concurrencia, excepto en los casos en que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.

3. Ni las empresas públicas ni sus filiales podrán participar en los procedimientos para la adjudicación de contratas convocadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuando sean medios propios. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, se podrá encargar a las empresas públicas la ejecución de la actividad de licitación pública.

4. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios, servicios y suministros utilizados por medio de las empresas públicas, con carácter obligatorio, se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes aprobadas, y, en caso de no haberlas, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución que previamente hubiera aprobado la Administración.

Estas tarifas o precios se calcularán de manera que representen los costes totales de ejecución y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o gasto realizado.

5. El régimen previsto en los puntos anteriores se aplicará, en los mismos términos, a las obras, los trabajos y las actividades que la sociedad estatal Empresa de Transformación Agraria, SA (TRAGSA), como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración en materia de desarrollo rural y de conservación del medio ambiente, lleve a cabo, a título obligatorio y por orden de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el territorio de la comunidad autónoma.

Artículo 10 Contratación con empresas vinculadas

1. Las empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que participen en licitaciones de esta Administración, además de la documentación general, deberán aportar una declaración que manifieste si el objeto del contrato será realizado:

• a) Directamente y con medios de la propia empresa.
• b) Mediante contratación parcial o total con terceras empresas.

2. En el supuesto de la letra b del apartado anterior, en el expediente de contratación habrá de figurar el pliego de cláusulas o documento equivalente que, informado favorablemente por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, haya de utilizar la empresa vinculada como instrumento de contratos a terceros.

Artículo 11 Recepción de obras, suministros y servicios

1. Veinte días antes de la fecha prevista en el contrato para la terminación de las obras contratadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el director de las mismas deberá comunicar por escrito al contratista los trabajos por terminaciones o acabados que conforme al proyecto, una vez efectuados, determinarán la finalización de las obras.

La comisión que efectúe la recepción de las obras podrá solicitar dicho documento.

2. Cuando no sea posible un acto material de entrega por la naturaleza de la prestación, se expedirá certificación del órgano correspondiente acreditativa de haber ejecutado el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones generales y particulares que rijan el mismo.

Disposición adicional primera

A efectos del recurso especial en materia de contratación que regula el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los actos de los órganos de contratación de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears agotan la vía administrativa.

Disposición adicional segunda

Excepcionalmente, cuando sea conveniente para los intereses públicos, el Consejo de Gobierno podrá autorizar, mediante un acuerdo, la contratación con personas no clasificadas, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Disposición adicional tercera

El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la contratación de los entes que, a efectos de la legislación aplicable en materia de contratos del sector público, tienen la consideración de administración pública.

Véase Acuerdo del Consejo de Gobierno, 11 julio 2022, por el que se aprueban los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado, de contratos de obras, suministros y servicios cofinanciados en el marco del instrumento de financiación Next Generation EU («B.O.I.B.» 12 julio).LE0000733555_20220801

Acuerdo [BALEARES] del Consejo de Gobierno, 29 julio 2016, por el que se aprueban los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares que deben utilizar los órganos de contratación del sector público autonómico que tengan la consideración de Administración Pública a efectos de la legislación aplicable en materia de contratos del sector público para la contratación de obras, servicios y suministros mediante los procedimientos abierto y negociado sin publicidad («B.O.I.B.» 30 julio).LE0000580226_20160819

Disposición final única Habilitación normativa

Se faculta al consejero competente en materia de contratación pública para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente decreto.