Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• Pre醡bulo
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto
  • Art韈ulo 2燩rincipios
  • Art韈ulo 3燜髍mulas de actuaci髇
  • Art韈ulo 4燚efiniciones
• T蚑ULO I.�Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social
  • Art韈ulo 5燙reaci髇 y objeto
  • Art韈ulo 6燛structura territorial
  • Art韈ulo 7燙omposici髇
  • Art韈ulo 8燜unciones
  • Art韈ulo 9燜uncionamiento y adopci髇 de acuerdos
• T蚑ULO II.�Medidas protectoras en materia de vivienda y consumo
  • CAP蚑ULO I.�Medidas protectoras en situaciones de sobreendeudamiento
    • Art韈ulo 10燤ediaci髇 en el 醡bito del consumo
    • Art韈ulo 11燩rocedimiento voluntario de mediaci髇
    • Art韈ulo 12燗dmisi髇 a tr醡ite y traslado a los acreedores
    • Art韈ulo 13燜ase de mediaci髇
    • Art韈ulo 14燗cuerdos de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social
  • CAP蚑ULO II.�Medidas para aumentar el parque social de viviendas asequibles en alquiler
    • Art韈ulo 15燛xpropiaci髇 forzosa de viviendas
  • CAP蚑ULO III.�Medidas para resolver la falta de vivienda de las personas o unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial
    • Art韈ulo 16燨bligaci髇 de realojamiento en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial
    • Art韈ulo 17燛xpropiaci髇 del uso
    • Art韈ulo 18營nformes sociales de vulnerabilidad en procedimientos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de desahucio
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera燙olaboraci髇 entre administraciones
  • Segunda燜omento de la mediaci髇 en situaciones de sobreendeudamiento
  • Tercera燙onvenios de la Generalidad y el resto de administraciones p鷅licas catalanas
  • Cuarta燗umento del parque de vivienda p鷅lica
  • Quinta燫eferencia del C骴igo de consumo a las comisiones de sobreendeudamiento
  • Sexta燰aloraci髇 de la exclusi髇 residencial en la gradaci髇 de las sanciones
  • S閜tima燫間imen especial del municipio de Barcelona
  • Octava燬ecciones territoriales de la Comisi髇 en municipios de gran poblaci髇
  • Novena燫ecogida y tratamiento de datos de car醕ter personal
  • D閏ima燙olaboraci髇 de los colegios profesionales
  • Und閏ima燙onsulta de datos de las viviendas vac韆s y ocupadas
  • Duod閏ima燞abilitaci髇 de recursos para los servicios sociales b醩icos
  • Decimotercera燗lojamiento provisional en situaciones de emergencia social en materia de vivienda
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera燛xtinci髇 de la deuda en situaciones de sobreendeudamiento
  • Segunda燤unicipios definidos como 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada
  • Tercera燤odificaci髇 de la Ley 18/2007
  • Cuarta燨cupaci髇 de viviendas sin t韙ulo habilitante
  • Quinta燩r髍roga de las medidas fijadas por el art韈ulo 16
  • Sexta燙riterios de regulaci髇 de los arrendamientos urbanos
  • S閜tima燛ntrada en vigor
• ANEXO.� Municipios definidos como 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada

Art韈ulo 1 Objeto

1. El objeto de la presente ley es adoptar medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda y servicios sociales, y regular los procedimientos extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos derivados de las relaciones de consumo, con relaci髇 a las personas f韘icas residentes en Catalu馻 que se encuentran en situaci髇 de exclusi髇 residencial o que est醤 en riesgo de encontrarse en dicha situaci髇.

2. Lo dispuesto por la presente ley se entiende sin perjuicio de otras medidas protectoras establecidas por la normativa vigente. En el caso de concurrencia de reg韒enes que resulten incompatibles, se aplica el que sea m醩 beneficioso para la persona interesada, a petici髇 de esta.

Art韈ulo 2 Principios

Las pol韙icas p鷅licas que se promuevan en cumplimiento de la presente ley est醤 sometidas a los siguientes principios:

• a) El cumplimiento de la funci髇 social de la propiedad en la satisfacci髇 del derecho fundamental a disponer de una vivienda digna y adecuada en el caso de las personas en situaci髇 vulnerable.
• b) La erradicaci髇 de cualquier discriminaci髇 en el ejercicio del derecho a una vivienda.
• c) El establecimiento de medidas de acci髇 positiva a favor de los colectivos m醩 vulnerables.
• d) La planificaci髇 y programaci髇 de las pol韙icas p鷅licas de vivienda y alojamiento dotacional, desde la consideraci髇 de que la vivienda en alquiler es un instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a una vivienda, con la dotaci髇 econ髆ica correspondiente.
• e) El fomento de la participaci髇 de las entidades privadas en la soluci髇 de las situaciones de emergencia social, y la responsabilidad en el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda.
• f) La colaboraci髇 y coordinaci髇 de todas las administraciones p鷅licas de Catalu馻 en la garant韆 del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.
• g) La coherencia de las actuaciones p鷅licas y privadas en las iniciativas relacionadas con la efectividad del derecho a acceder a la ocupaci髇 legal de una vivienda digna y adecuada.
• h) La aportaci髇 de los medios personales, t閏nicos y financieros necesarios para garantizar los derechos y las medidas establecidos por la presente ley, con el principio de corresponsabilidad en los gastos a efectuar.
• i) La prevenci髇, con el establecimiento de medidas y actuaciones que puedan utilizarse en los procedimientos de lanzamiento de la vivienda habitual, en los casos en que las personas afectadas pueden ver vulnerados sus derechos fundamentales, y mientras se les facilitan alternativas o ayudas para acceder a una vivienda digna.

Art韈ulo 3 F髍mulas de actuaci髇

1. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻, en protecci髇 de las personas que se encuentran en situaci髇 de exclusi髇 residencial o en riesgo de encontrarse en dicha situaci髇, al margen de otras f髍mulas establecidas por el resto del ordenamiento jur韉ico que sean compatibles, pueden adoptar las siguientes f髍mulas de actuaci髇:

• a) La mediaci髇 en el 醡bito del consumo.
• b) La expropiaci髇 temporal de viviendas vac韆s.
• c) La obligaci髇 de realojamiento, en determinados supuestos, de personas o unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial.
• d) La expropiaci髇 del derecho de uso en los casos establecidos por la presente ley.
• e) La dotaci髇 de ayudas econ髆icas que permitan mantener el uso de la vivienda habitual.
• f) La dotaci髇 de ayudas econ髆icas para el realojamiento.
• g) La dotaci髇 de las ayudas necesarias para garantizar a las familias en situaci髇 de vulnerabilidad el acceso a una vivienda como apoyo b醩ico.
• h) El apoyo y la informaci髇 tanto a la Administraci髇 de justicia como a los particulares implicados en procedimientos que pueden conllevar la p閞dida de su vivienda habitual, para evitar la vulneraci髇 de sus derechos fundamentales.

2. Las f髍mulas de actuaci髇 establecidas por la presente ley deben aplicarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad y lealtad institucional, y adoptar la que sea menos perjudicial para los administrados y que garantice el uso adecuado de la vivienda.

3. Debe cumplirse el principio de subsidiariedad tanto en el ejercicio de las f髍mulas de actuaci髇 establecidas por la presente ley, como en la aplicaci髇 del marco sancionador, de acuerdo con lo que determina la disposici髇 final primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.

Art韈ulo 4 Definiciones

A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, se entiende por:

• a) Situaci髇 de sobreendeudamiento: la situaci髇 de incapacidad manifiesta de una persona para afrontar las deudas derivadas de una relaci髇 de consumo, provocada por causas sobrevenidas, como el paro, la incapacidad de un miembro de la unidad familiar u otras an醠ogas, y las circunstancias econ髆icas y financieras ajenas a la voluntad del deudor que han implicado un aumento significativo de la carga hipotecaria y que provocan una importante disminuci髇 de su capacidad econ髆ica.
• b) Persona sobreendeudada: la persona f韘ica que se encuentra en situaci髇 de sobreendeudamiento, como deudor principal o de forma solidaria, avalador o fiador, como consecuencia de una o varias relaciones de consumo.
• c) Relaci髇 de consumo: la relaci髇 definida por el art韈ulo 111-2.m del C骴igo de consumo de Catalu馻, aprobado por la Ley 22/2010, de 20 de julio.
• d) Vivienda habitual: la vivienda en la que residen las personas con car醕ter permanente y continuado. Solamente puede existir una vivienda habitual simult醤ea para cada unidad de convivencia. La acreditaci髇 de la vivienda habitual puede realizarse con el empadronamiento, la declaraci髇 de la renta, la inclusi髇 en el censo electoral o cualquier otro documento acreditativo del domicilio principal.
• e) Riesgo de exclusi髇 residencial: la situaci髇 econ髆ica personal a la que se refieren los apartados 10 y 11 del art韈ulo 5 de la Ley 24/2015.
• f) Situaci髇 de exclusi髇 residencial: la situaci髇 en la que se encuentran las personas o unidades familiares que no disponen de vivienda, o han perdido la propiedad o la posesi髇 inmediata del inmueble que es su vivienda, y que no tienen una vivienda alternativa ni ingresos suficientes para conseguir una digna y adecuada, con un nivel de ingresos inferiores al indicado por la letra e.
• g) Presunci髇 de la buena fe del deudor: la buena fe de la persona sobreendeudada se presume cuando la situaci髇 de sobreendeudamiento ha acontecido por causas sobrevenidas.
• h) Estudio de orientaci髇: el estudio basado en el an醠isis de los elementos actuales y futuros que determinan el activo y el pasivo de la persona sobreendeudada, as� como su situaci髇 personal y familiar, en el que debe tenerse en cuenta el patrimonio, los ingresos econ髆icos y las condiciones sociales.
• i) Plan de saneamiento: el programa integral y econ髆ico respecto al pasivo, para dar cumplimiento a las obligaciones de cr閐ito de la persona sobreendeudada, que tiene por objeto restablecer su solidez econ髆ica, con la adopci髇 de medidas de reorganizaci髇, reestructuraci髇, per韔dos de espera, quitas o condonaci髇 de las deudas y de los gastos.
• j) ...
• LE0000656733_20230318Letra j) del art韈ulo 4 derogada por el apartado 6.1 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

Art韈ulo 5 Creaci髇 y objeto

1. Se crea la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social.

2. La Comisi髇 tiene por objeto coordinar la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 en el establecimiento de mecanismos de soluci髇 de conflictos y la aplicaci髇 de las medidas de acci髇 protectora establecidas por la presente ley, con la participaci髇 de entidades sin 醤imo de lucro representativas de intereses afectados.

Art韈ulo 6 Estructura territorial

1. La Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social se estructura en secciones territoriales, cuya demarcaci髇 se corresponde con los 醡bitos territoriales de las delegaciones del Gobierno.

2. La Comisi髇 depende del departamento competente en materia de vivienda.

3. Pueden crearse secciones en otros 醡bitos territoriales, mediante orden del consejero del departamento competente en materia de vivienda, en funci髇 del volumen de trabajo u otras necesidades t閏nicas, para mejorar su eficacia y eficiencia.

Art韈ulo 7 Composici髇

1. Cada secci髇 territorial de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social tiene la siguiente composici髇:

• a) Un representante del departamento competente en materia de vivienda, que ejerce su presidencia.
• b) Un representante del departamento competente en materia de consumo.
• c) Un representante del departamento competente en materia de econom韆.
• d) Un representante del departamento competente en materia de justicia.
• e) Un representante del departamento competente en materia de servicios sociales.
• f) Dos representantes de las entidades asociativas municipalistas m醩 representativas.
• g) Un representante de las organizaciones de consumidores, escogido por el Consejo de Personas Consumidoras de Catalu馻.
• h) Un representante de las entidades financieras y de cr閐ito.
• i) Un representante del Consejo de Colegios de Abogados de Catalu馻.
• j) Un representante del Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Catalu馻 y un representante del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalu馻.
• k) Dos representantes de las organizaciones sindicales m醩 representativas.
• l) Tres representantes de las entidades del tercer sector social de Catalu馻 que desarrollan su actividad en defensa de una vivienda digna para las personas en situaci髇 de vulnerabilidad social, nombrados por el consejero del departamento competente en materia de vivienda.

2. Los miembros de la Comisi髇 y, si procede, los miembros suplentes son nombrados por el consejero del departamento competente en materia de vivienda, a propuesta de los 髍ganos o entidades que forman parte del mismo.

3. Para tratar asuntos espec韋icos, pueden solicitarse informes a expertos en el 醡bito de la mediaci髇 o el arbitraje, a profesionales del sector financiero o a personas cualificadas en la resoluci髇 de conflictos de naturaleza econ髆ico-social, que pueden asistir a la Comisi髇 con voz y sin voto.

4. El secretario de cada una de las secciones territoriales de la Comisi髇, con voz y sin voto, es nombrado por el presidente, entre los funcionarios del departamento competente en materia de vivienda.

5. El departamento competente en materia de vivienda debe velar por que la composici髇 de la Comisi髇 atienda al principio de representaci髇 paritaria de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 12 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Art韈ulo 8 Funciones

La Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social tiene las siguientes funciones:

• a) Intervenir como 髍gano de coordinaci髇 y supervisi髇 en el procedimiento de mediaci髇, en los t閞minos establecidos por la presente ley.
• b) Colaborar en el establecimiento de criterios comunes en la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 en el 醡bito de aplicaci髇 de los procedimientos de resoluci髇 de conflictos regulados por la presente ley.
• c) Informar y, si procede, ratificar el plan de saneamiento que le sea trasladado por el mediador en el conflicto sometido a mediaci髇.
• d) Aprobar, si procede, un plan de pagos que sea aportado a la mediaci髇 concursal establecida por la Ley del Estado 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de la carga financiera y otras medidas de orden social.
• e) Denunciar ante las autoridades competentes situaciones o cl醬sulas contractuales que puedan resultar abusivas o contrarias a la ley, incluidas las detalladas por el art韈ulo 251-6.4 del C骴igo de consumo de Catalu馻.
• f) Aplicar la perspectiva de g閚ero e incorporar la perspectiva de las mujeres en todos los niveles y en todas las etapas de las actuaciones que se lleven a cabo para proteger el derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en situaci髇 de exclusi髇 residencial o que est醤 en riesgo de encontrarse en dicha situaci髇.

Art韈ulo 9 Funcionamiento y adopci髇 de acuerdos

1. Los acuerdos de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social se adoptan por mayor韆 simple de votos. En caso de empate, el voto del presidente es dirimente.

2. El funcionamiento de la Comisi髇, en lo no establecido por la presente ley, se rige por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de r間imen jur韉ico y de procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻, y por la normativa general de funcionamiento de los 髍ganos colegiados.

3. Los miembros de la Comisi髇 y los mediadores est醤 sometidos al deber de confidencialidad regulado por la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal, y por el resto de la normativa aplicable.

Art韈ulo 10 Mediaci髇 en el 醡bito del consumo

1. En los casos de consumidores que se encuentran en una situaci髇 de sobreendeudamiento derivada de una relaci髇 de consumo o que est醤 en riesgo de encontrarse en dicha situaci髇, debe aplicarse el art韈ulo 132-4.3 del C骴igo de consumo de Catalu馻.

2. Lo dispuesto por el apartado 1 no es aplicable en los casos en que existe un procedimiento judicial concursal.

Art韈ulo 11 Procedimiento voluntario de mediaci髇

1. El procedimiento voluntario de mediaci髇 se rige por lo dispuesto por el C骴igo de consumo de Catalu馻, con las particularidades establecidas por la presente ley y la normativa que la desarrolla.

2. En todo lo no regulado por la normativa de consumo, deben cumplirse las disposiciones del procedimiento administrativo com鷑.

3. El procedimiento de mediaci髇 se inicia a solicitud del deudor o de la entidad acreedora.

4. La solicitud debe dirigirse a la secretar韆 de la secci髇 territorial de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social donde la persona tiene su residencia habitual, y acreditar debidamente la existencia de las deudas.

5. El procedimiento se realiza, preferentemente, por medios electr髇icos.

Art韈ulo 12 Admisi髇 a tr醡ite y traslado a los acreedores

1. La Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social debe acordar la admisi髇 o la inadmisi髇 a tr醡ite de la solicitud.

2. Son causas de inadmisi髇 a tr醡ite de la solicitud:

• a) El hecho de no encontrarse en situaci髇 de sobreendeudamiento, en los t閞minos establecidos por el art韈ulo 4.a.
• b) La certeza de que en la solicitud se han dado datos falsos o se han omitido datos especialmente relevantes.
• c) La p閞dida de la capacidad de obrar del deudor.

3. El acuerdo de inadmisi髇 a tr醡ite de una solicitud debe estar motivado y debe notificarse al solicitante.

4. Contra la resoluci髇 de inadmisi髇, puede interponerse recurso de reposici髇 ante la Comisi髇.

5. La admisi髇 a tr醡ite de la solicitud tiene el car醕ter de acuerdo de inicio del procedimiento, con vinculaci髇 para los acreedores que lo acepten de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 6 de la Ley del Estado 5/2012, de 6 julio, de mediaci髇 en asuntos civiles y mercantiles, y debe documentarse en el expediente.

6. El acuerdo de inicio debe notificarse a la otra parte y, si procede, a todas las entidades y acreedores que consten en la solicitud formulada por el deudor. El acreedor puede decidir suspender los intereses moratorios y tambi閚 puede solicitar la suspensi髇 de los procedimientos de ejecuci髇 singulares que se hayan instado. Tambi閚 puede aportar, en el plazo de veinte d韆s naturales, propuestas alternativas de superaci髇 de la situaci髇 de sobreendeudamiento y formular objeciones, si procede, respecto a la deuda declarada y manifestar desacuerdo respecto al importe de la deuda o de los intereses.

7. El acuerdo de inicio debe designar a la persona f韘ica que actuar� como mediador, de acuerdo con la normativa de consumo, la cual debe tener los conocimientos y competencias de especializaci髇 necesarios para ejercer las funciones de mediaci髇.

8. El acuerdo debe establecer la fecha y la hora de la sesi髇 de mediaci髇 con las partes implicadas.

9. El mediador y las partes deben actuar de acuerdo con las exigencias de la buena fe.

10. La Comisi髇 puede determinar que el acuerdo de admisi髇 se publique en un portal habilitado a tal efecto, si considera que pueden existir terceros acreedores. La informaci髇 publicada debe ser la estrictamente pertinente, y debe mantenerse publicada el tiempo necesario para cumplir la finalidad que legitima la difusi髇 de los datos.

Art韈ulo 13 Fase de mediaci髇

1. El mediador debe elaborar un estudio de orientaci髇 con el an醠isis del activo actual y futuro previsible y el pasivo actual y futuro del deudor, su situaci髇 personal y familiar y, si procede, los planes convencionales de reestructuraci髇 de las deudas, aportados por los distintos acreedores, y debe proponer un plan de saneamiento para superar la situaci髇 econ髆ica del deudor.

2. El plan de saneamiento al que se refiere el apartado 1 debe tener una duraci髇 m醲ima de tres a駉s. Excepcionalmente, y atendiendo a las circunstancias personales del deudor, puede tener una duraci髇 de cinco a駉s.

3. El plan de saneamiento puede incluir:

• a) La reordenaci髇 de los pr閟tamos o cr閐itos y posibles deudas restantes, con la posibilidad de realizar aplazamientos o fraccionamiento de pagos, hasta un l韒ite m醲imo de tres a駉s, y excepcionalmente de cinco, con intereses que no pueden superar el inter閟 legal del dinero incrementado en dos puntos.
• b) La condonaci髇 parcial o total de las deudas.
• c) La liquidaci髇 del patrimonio del deudor, con la satisfacci髇 de las deudas mediante el importe obtenido, y la condonaci髇 de las deudas restantes.
• d) La liberaci髇 de deudas, que puede acordarse en caso de que el deudor est� en riesgo de exclusi髇 residencial, siempre que renuncie expresamente a realizar pagos a cr閐ito, aplazados o similares, dentro del plazo establecido por el plan.
• e) Cualquier otra cuesti髇 que sea relevante y, en especial, otras limitaciones del deudor con relaci髇 a su capacidad de disposici髇 patrimonial.

4. El mediador, durante la sesi髇 de mediaci髇, debe presentar el estudio de orientaci髇 y el plan de saneamiento a las partes interesadas y comparecientes, las cuales pueden manifestar lo que consideren pertinente con relaci髇 a la propuesta y sugerir las modificaciones necesarias para llegar a un acuerdo.

5. Debe levantarse acta de la sesi髇 y elaborar una propuesta definitiva del plan de saneamiento o la propuesta de cierre del procedimiento por desacuerdo, que el mediador debe presentar a la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social para su ratificaci髇.

6. En la fase de mediaci髇 pueden realizarse todas las sesiones que sean necesarias para llegar a un acuerdo, dentro de un plazo de dos meses.

7. Si se detectan situaciones de necesidades de atenci髇 especial, de acuerdo con lo que determina el art韈ulo 7 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, debe ofrecerse a las personas afectadas la intervenci髇 de los servicios sociales b醩icos, los cuales, si estas consienten, elaboran un plan de atenci髇 social personalizado, ajustado a sus necesidades.

Art韈ulo 14 Acuerdos de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social

1. El mediador debe trasladar a la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social la propuesta de resoluci髇 de la mediaci髇, que debe incluir, si procede, el plan de saneamiento propuesto.

2. Si la Comisi髇 lo considera necesario, puede convocar a las partes para profundizar en el debate de las propuestas para superar la situaci髇 de sobreendeudamiento del deudor. Los miembros de la Comisi髇 pueden solicitar a las personas interesadas las aclaraciones necesarias.

3. Si existe acuerdo, la Comisi髇 ratifica el plan de saneamiento y el plazo de ejecuci髇.

4. Si no existe acuerdo, la Comisi髇 concluye el procedimiento con una resoluci髇 que detalla el plan de saneamiento propuesto para superar la situaci髇 de sobreendeudamiento, y hace constar los puntos de desacuerdo y de acuerdo, si existen, y, si procede, las recomendaciones que considere pertinentes. Esta resoluci髇 debe notificarse a las partes, y puede ser presentada ante el 髍gano jurisdiccional en caso de que cualquiera de las partes decida recorrer a un procedimiento judicial.

5. La Comisi髇 puede reformular los t閞minos del plan de saneamiento y volver a someterlo a las partes.

6. Si el solicitante desiste, el desistimiento debe hacerse constar en acta.

7. Debe levantarse acta de cada sesi髇, con un breve resumen de los debates que se han realizado y los acuerdos a los que se ha llegado. Las actas deben ir firmadas por el secretario de la Comisi髇, con el visto bueno del presidente.

8. Las resoluciones de la Comisi髇 tienen naturaleza administrativa y son susceptibles de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de reposici髇 en el plazo de un mes.

9. En casos de procedimientos judiciales por impagos derivados de una situaci髇 de sobreendeudamiento, si en el procedimiento de mediaci髇 no se alcanza un acuerdo, el plan de saneamiento puede ser requerido y considerado por la autoridad judicial, o bien puede ser aportado por las partes en el procedimiento. En todos los casos, debe respetarse el principio de confidencialidad y la protecci髇 de datos de car醕ter personal.

10. Las resoluciones de la Comisi髇 deben respetar la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal, la confidencialidad, la neutralidad, la voluntariedad, la imparcialidad y todos los principios de la mediaci髇, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estado 5/2012, y deben publicarse en el portal de internet habilitado a tal efecto.

Art韈ulo 15 Expropiaci髇 forzosa de viviendas

1. Puede aplicarse la expropiaci髇 forzosa por causa de inter閟 social a efectos de dotar a las administraciones competentes en la materia de un parque social de viviendas asequibles de alquiler para atender con car醕ter preferente las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran en situaci髇 de exclusi髇 residencial o que est醤 en riesgo de encontrarse en esta situaci髇. Con este fin, es causa de inter閟 social el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, relativa a la ocupaci髇 legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las personas. Si la expropiaci髇 forzosa es solo del uso de la vivienda, la duraci髇 debe ser por un per韔do de siete a駉s como m醲imo.

LE0000721186_20220308N鷐ero 1 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 15 de la Ley 1/2022, 3 marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2022

2. Para aplicar la expropiaci髇 forzosa por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a la que se refiere el apartado 1, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

• a) Que los inmuebles est閚 ubicados en las 醨eas indicadas por el art韈ulo 12.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o en los municipios que el Gobierno declare por decreto, atendiendo a las necesidades de vivienda y el parque de viviendas disponibles. Para determinar estos municipios, debe darse audiencia a las entidades locales afectadas y tener en cuenta la participaci髇 del Consejo de Gobiernos Locales o de las organizaciones asociativas de los entes locales m醩 representativas.
• b) Que las viviendas est閚 inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas, o pertenezcan a personas jur韉icas que las hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

LE0000721186_20220308N鷐ero 2 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 15 de la Ley 1/2022, 3 marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2022

3. En el supuesto al que se refiere el apartado 1, son administraciones expropiantes los municipios y el departamento competente en materia de vivienda. Pueden ser beneficiarias las entidades de derecho p鷅lico que gestionen el parque social de viviendas, el patrimonio p鷅lico del suelo y vivienda y las entidades privadas sin 醤imo de lucro que, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, gestionen viviendas de inserci髇 o tengan la condici髇 de promotor social de viviendas. Las administraciones expropiantes o, en su caso, las beneficiarias quedan obligadas a cumplir la funci髇 social de las viviendas adquiridas en el plazo de un mes a partir del momento en que se encuentren en condiciones de uso efectivo y adecuado.

LE0000749505_20230318N鷐ero 3 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 63 de la Ley 3/2023, 16 marzo, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico para el 2023 (獶.O.G.C.� 17 marzo).Vigencia: 18 marzo 2023

4. Es requisito para iniciar el procedimiento de expropiaci髇 al que se refiere el apartado 2 requerir previamente al titular de la vivienda afectada para que cumpla la obligaci髇 de que sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, con la advertencia de que, si no acredita su ocupaci髇 en el plazo de un mes, puede declararse el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para la expropiaci髇 y de que, de conformidad con el art韈ulo 49.3 del texto refundido de la Ley del suelo y de rehabilitaci髇 urbana, el contenido del derecho de propiedad se reduce en un 50% de su valor, cuya diferencia corresponde a la Administraci髇 expropiante. La Administraci髇 y la persona titular de la vivienda pueden convenir la adquisici髇 de la vivienda o de su uso temporal libremente y por mutuo acuerdo para destinarla al alquiler social en el plazo de tres meses, en cuyo supuesto concluye el procedimiento de expropiaci髇 que se hubiera iniciado y la cesi髇 se convierte en amistosa.

LE0000721186_20220308N鷐ero 4 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 15 de la Ley 1/2022, 3 marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2022

5. Atendiendo a la necesidad urgente a satisfacer, la resoluci髇 de inicio del expediente de expropiaci髇 forzosa lleva impl韈ita la declaraci髇 de urgente ocupaci髇, a los efectos de lo establecido por el art韈ulo 52 de la Ley sobre expropiaci髇 forzosa.

LE0000721186_20220308N鷐ero 5 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 15 de la Ley 1/2022, 3 marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2022

6. Para determinar el justiprecio mediante el acuerdo de las partes, deben tenerse en cuenta los criterios de alquiler social establecidos por el art韈ulo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no hay acuerdo, el justiprecio debe ser fijado por el Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻 de acuerdo con su normativa reguladora. En la determinaci髇 del justiprecio debe tenerse en cuenta el coste de la adecuaci髇 de la vivienda para conservarla en las condiciones exigibles, de acuerdo con el art韈ulo 30 de la Ley 18/2007.

LE0000721186_20220308N鷐ero 6 del art韈ulo 15 redactado por el art韈ulo 15 de la Ley 1/2022, 3 marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2022

7. El ejercicio de este derecho debe respetar el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta las necesidades residenciales existentes en el municipio correspondiente, y el esfuerzo o carga con relaci髇 a la cesi髇 de vivienda en alquiler asequible que haya efectuado el titular de la vivienda de inmuebles de su titularidad, directa o indirecta.

8. El plazo a que hace referencia el apartado 1 en caso de expropiaci髇 temporal del uso cuenta a partir de la ocupaci髇 efectiva de la vivienda, una vez este se ha adecuado.

LE0000656733_20230318N鷐ero 8 del art韈ulo 15 redactado por el apartado 6.4 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

9. El pago del justiprecio puede realizarse de forma fraccionada, en per韔dos mensuales.

Art韈ulo 16 Obligaci髇 de realojamiento en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial

1. Se establece un sistema transitorio y excepcional para realojar a las personas o unidades familiares ocupantes de determinadas viviendas si se encuentran en riesgo de exclusi髇 residencial y pueden perder la vivienda habitual, siempre que no tengan ninguna posibilidad de acceder al uso leg韙imo de otra vivienda.

2. Los supuestos de p閞dida de la vivienda establecidos por el presente art韈ulo son los siguientes:

• a) La transmisi髇 de viviendas derivadas de acuerdos de compensaci髇 o daci髇 en pago de pr閟tamos o cr閐itos hipotecarios sobre la vivienda habitual o la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad del prestatario de devolver el pr閟tamo o cr閐ito hipotecario.
• b) La ejecuci髇 hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria y el desahucio por impago de las rentas de alquiler.
  LE0000656733_20230318Letra b) del n鷐ero 2 del art韈ulo 16 redactada por el apartado 6.5 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

3. Est醤 obligados, como 鷏tima medida, a ofrecer a los ocupantes que se hallen en las condiciones a que se refiere el apartado 1 el realojo en una vivienda de su titularidad, en r間imen de alquiler y por un plazo igual a la duraci髇 m韓ima prevista en la legislaci髇 de arrendamientos urbanos en funci髇 del tipo de arrendador, los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria o de desahucio por impago de rentas de alquiler a que se refieren las letras a y b del apartado 2 que, al mismo tiempo, sean, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, grandes tenedores titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o susceptibles de estar inscritos en el mismo, o personas jur韉icas titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o que la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

LE0000664459_20230318N鷐ero 3 del art韈ulo 16 redactado por la letra a) del n鷐ero�3 del art韈ulo 136 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2020

3 bis. La obligaci髇 de realojo recae tambi閚, en las mismas condiciones fijadas por el apartado 3, sobre los instantes de los procesos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria o de desahucio por impago de rentas de alquiler a que se refiere la letra b del apartado 2 que, al mismo tiempo, sean personas jur韉icas titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o que la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles, siempre que no est閚 sujetos a la obligaci髇 de ofrecer alquiler social en virtud de la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.

LE0000664459_20230318N鷐ero 3 bis del art韈ulo 16爄ntroducido por la letra a) del n鷐ero 3 del art韈ulo 136 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2020

4. La obligaci髇 de realojamiento se sujeta a las siguientes condiciones:

• a) Durante la vigencia del contrato de alquiler, la renta contractual debe ajustarse a lo dispuesto por el art韈ulo 5.7.a de la Ley 24/2015, la cual debe revisarse anualmente y siempre que cambien las condiciones de la persona o la unidad familiar.
• b) Debe priorizarse el realojamiento a la vivienda habitual afectada por la deuda.
• c) La vivienda alternativa debe estar ubicada en el mismo t閞mino municipal, salvo que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales que acredite que el traslado a otro t閞mino municipal no debe afectar negativamente la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial de la unidad familiar.
• d) La obligaci髇 de realojo es aplicable antes de la adquisici髇 del dominio en el caso al que se refiere el apartado 2.a, con anterioridad a la presentaci髇 de la demanda judicial de ejecuci髇 hipotecaria o de desahucio por falta de pago de las rentas de alquiler, a trav閟 de una demanda acompa馻da necesariamente de la documentaci髇 que acredite que se ha formulado la oferta de alquiler social.
  LE0000675381_20201212Letra d) del n鷐ero 4 del art韈ulo 16 redactada por el art韈ulo 18 de la Ley 11/2020, 18 septiembre, de medidas urgentes en materia de contenci髇 de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificaci髇 de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protecci髇 del derecho a la vivienda (獶.O.G.C.� 21 septiembre).Vigencia: 22 septiembre 2020
  T閚gase en cuenta que el art韈ulo 18 de la Ley de Catalu馻 11/2020, de 18 de septiembre, que modifica el presente apartado, ha sido declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Sala Pleno) de 7 abril 2022 n鷐. rec.: 4203/2021, n鷐. sent.: 57/2022.JU0007292557
• e) El ofrecimiento de realojo a que se refieren los apartados 3 y 3 bis debe comunicarse, en el plazo de tres d韆s h醔iles desde el momento en que se ha producido, al ayuntamiento del municipio en el que est� situada la vivienda y a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻.
  LE0000664459_20230318Letras d)爕 e) del n鷐ero 4 del art韈ulo 16 redactadas por la letra b) del n鷐ero 3 del art韈ulo 136 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2020
• f) Una vez transcurridos treinta d韆s desde el ofrecimiento de realojamiento, si no se ha aceptado formalmente se entiende rechazado.

5. La concesi髇 de una vivienda alternativa debe ir vinculada a la participaci髇 de las personas afectadas en un plan de acompa馻miento econ髆ico, social y laboral, adecuado a su situaci髇 y orientado a ayudarlas a recuperar su plena autonom韆.

6. La vigencia de las medidas establecidas por este art韈ulo se establece con un car醕ter temporal m醲imo de cinco a駉s a partir del d韆 siguiente al de la entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de la duraci髇 de los contratos de alquiler concertados al amparo de este art韈ulo.

LE0000656733_20230318N鷐ero 6 del art韈ulo 16 redactado por el apartado 6.7 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

Art韈ulo 17 Expropiaci髇 del uso

1. La transmisi髇 de viviendas derivadas de acuerdos de compensaci髇 o daci髇 en pago de pr閟tamos o cr閐itos hipotecarios sobre la vivienda, establecidos por la imposibilidad de devolver el pr閟tamo hipotecario, si el transmitente o la unidad familiar que la integra no tiene una alternativa de vivienda propia y se encuentra en riesgo de exclusi髇 residencial, est� sometida al procedimiento de mediaci髇 regulado por el art韈ulo 10, que puede ser instado por cualquiera de las dos partes.

2. Las personas o unidades familiares que consideran que se encuentran en la situaci髇 a la que se refiere el apartado 1 deben ponerlo en conocimiento del 髍gano de la Administraci髇 competente en materia de servicios sociales, el cual debe emitir un informe sobre la existencia de riesgo de exclusi髇 residencial o vulnerabilidad y, en el supuesto de que sea afirmativo, tambi閚 debe ponerlo en conocimiento de los 髍ganos correspondientes competentes en materia de vivienda, al efecto de que adopten las medidas de protecci髇 establecidas por la presente ley.

3. Si el adquiriente de la vivienda est� inscrito en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, y la vivienda objeto de transmisi髇 est� ubicada en los 醡bitos territoriales a los que se refiere el art韈ulo 15.2.a, se declara de inter閟 social la cobertura de la necesidad de vivienda de las personas a las que se refiere el apartado 1. A tal efecto, las administraciones p鷅licas pueden ejercer una expropiaci髇 del derecho de uso recogido por el art韈ulo 562-1 del C骴igo civil de Catalu馻, a favor de las administraciones p鷅licas catalanas y por un per韔do de tres a駉s, al efecto de permitir el realojamiento.

4. El importe de la expropiaci髇 temporal se determina por acuerdo de las partes, atendiendo a los criterios de alquiler social establecidos por el art韈ulo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no existe acuerdo, se inicia el expediente de justiprecio que fija el Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻, de acuerdo con su normativa reguladora. Para determinar el importe, debe tenerse en cuenta el coste de la adecuaci髇 de la vivienda, para garantizar que el inmueble se encuentra en condiciones de uso efectivo y adecuado, de acuerdo con el art韈ulo 30 de la Ley 18/2007.

5. Atendiendo a la necesidad urgente que es necesario satisfacer, la resoluci髇 de inicio del expediente de expropiaci髇 forzosa lleva impl韈ita la declaraci髇 de ocupaci髇 urgente, a los efectos del art韈ulo 52 de la Ley sobre expropiaci髇 forzosa.

Apartados 3, 4 y 5 del art. 17 declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia TC (Sala Pleno) de 17 enero 2019 n鷐. rec.: 4752/2017,爊鷐. sent.: 8/2019.JU0006299995

Art韈ulo 18 Informes sociales de vulnerabilidad en procedimientos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de desahucio

1. En los procedimientos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de desahucio en que los ejecutados y los familiares que conviven con ellos estar韆n en riesgo de no disponer de una vivienda de realojamiento si se hiciese efectivo el lanzamiento, las administraciones p鷅licas competentes deben facilitar a los afectados, o directamente al 髍gano judicial actuante, los informes sociales de vulnerabilidad que acrediten esta situaci髇, a efectos de solicitar la suspensi髇 o el aplazamiento temporal del procedimiento, o, si procede, de preparar demanda de amparo. Estos informes deben consignar las gestiones que se han realizado para facilitar el realojamiento de los afectados, las ayudas necesarias para garantizar sus derechos y los plazos previstos.

2. La Administraci髇 de la Generalidad debe suscribir protocolos con los 髍ganos de gobierno judicial en Catalu馻 a los efectos de la comunicaci髇 de los datos de las personas que, como consecuencia de diligencias de lanzamiento, pueden encontrarse en una situaci髇 de exclusi髇 residencial, en el marco de la normativa de servicios sociales y para el ejercicio de las competencias en esta materia. Esta comunicaci髇 de datos debe realizarse de acuerdo con la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal y no requiere el consentimiento del interesado.

Primera Colaboraci髇 entre administraciones

1. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻 deben determinar f髍mulas de cooperaci髇 y de intercambio de informaci髇, respetando la normativa de protecci髇 de datos, al efecto de establecer los marcos convencionales y presupuestarios pertinentes para cumplir lo establecido por la presente ley, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

2. El Gobierno, al efecto de lo establecido por el apartado 1, en el presupuesto anual debe habilitar una dotaci髇 econ髆ica espec韋ica para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos con relaci髇 a los procesos de expropiaci髇 temporal de viviendas vac韆s para garantizar el realojamiento de las personas en situaci髇 de vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de impacto econ髆ico contenidas en el informe econ髆ico y presupuestario de esta ley.

3. La Generalidad debe corresponsabilizarse en los gastos derivados de la aplicaci髇 de esta ley, asumiendo como m韓imo el cincuenta por ciento del coste consignando una partida espec韋ica en los presupuestos anuales de la Generalidad que debe sumarse a las convocatorias de subvenciones ya existentes.

Segunda Fomento de la mediaci髇 en situaciones de sobreendeudamiento

El Gobierno debe promover y fomentar el uso del procedimiento de mediaci髇 entre las personas deudoras y las entidades acreedoras, regulado por la presente ley, como medida de protecci髇 en situaciones de sobreendeudamiento.

Tercera Convenios de la Generalidad y el resto de administraciones p鷅licas catalanas

1. La Generalidad y el resto de administraciones p鷅licas catalanas, dentro de sus competencias, deben suscribir convenios de colaboraci髇 con las personas jur韉icas titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante.

2. El objetivo de estos convenios es la concertaci髇 de mecanismos complementarios a los establecidos por la presente ley para fomentar medidas de aumento del parque social de viviendas asequibles en alquiler, y para evitar que las personas o unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial queden sin vivienda.

Cuarta Aumento del parque de vivienda p鷅lica

La Generalidad, para amparar mejor el derecho a la vivienda y cumplir las obligaciones derivadas de la presente ley, debe presentar, en el marco del Plan sectorial de la vivienda, un plan de ampliaci髇 de su parque de vivienda p鷅lica, a fin de disponer de un n鷐ero suficiente de viviendas para acoger de forma temporal a personas en situaci髇 de riesgo residencial.

Quinta Referencia del C骴igo de consumo a las comisiones de sobreendeudamiento

La referencia a las comisiones de sobreendeudamiento realizada por el art韈ulo 132-4.4 del C骴igo de consumo de Catalu馻 se entiende hecha a la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social, regulada por el art韈ulo 5 de la presente ley.

Sexta Valoraci髇 de la exclusi髇 residencial en la gradaci髇 de las sanciones

Entre los criterios para determinar la gradaci髇 de las sanciones por infracciones cometidas en materia de vivienda, particularmente por el incumplimiento de las prescripciones establecidas por la presente ley, debe tenerse en cuenta el hecho de que la infracci髇 haya derivado en una situaci髇 efectiva de exclusi髇 residencial.

S閜tima R間imen especial del municipio de Barcelona

1. Se crea una secci髇 territorial de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social para el 羗bito del Municipio de Barcelona.

2. Esta secci髇 territorial de la Comisi髇 es integrada por los siguientes miembros:

• a) Un representante del departamento competente en materia de vivienda, que ejerce la presidencia, nombrado por su titular.
• b) Tres representantes de la Generalidad, nombrados por el Gobierno.
• c) Tres representantes del Ayuntamiento de Barcelona, nombrados por la alcald韆.
• d) Un representante de las organizaciones de consumidores del 醡bito territorial de Barcelona, escogido por el Consejo de Personas Consumidoras de Catalu馻.
• e) Un representante de las entidades financieras y de cr閐ito.
• f) Un representante del Ilustre Colegio de la Abogac韆 de Barcelona.
• g) Dos representantes de las entidades del tercer sector social.

2. La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 debe establecer los mecanismos necesarios, en el plazo de cuatro meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, para que el Ayuntamiento de Barcelona pueda acceder de forma permanente a la consulta electr髇ica de los datos de las viviendas ubicadas en el t閞mino municipal de Barcelona e inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante que necesite para el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda.

3. Los derechos de tanteo y retracto regulados por el art韈ulo 2 del Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci髇 de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci髇 hipotecaria, en el 醡bito territorial del municipio de Barcelona pueden ser ejercidos por la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 o por el Ayuntamiento de Barcelona. A tal efecto, la decisi髇 de transmitir la vivienda debe comunicarse a las dos administraciones.

4. La competencia sancionadora a la que se refiere el art韈ulo 131.1.a de la Ley 18/2007, con relaci髇 a las infracciones cometidas en el t閞mino municipal de Barcelona, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona si la multa propuesta supera los 500.000 euros.

Octava Secciones territoriales de la Comisi髇 en municipios de gran poblaci髇

1. En los municipios de gran poblaci髇 puede crearse una secci髇 territorial de la Comisi髇 de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social, de acuerdo con lo dispuesto por el art韈ulo 6.3.

2. La secci髇 territorial a la que se refiere el apartado 1 debe incluir tres representantes del ayuntamiento del municipio, nombrados por la alcald韆.

Novena Recogida y tratamiento de datos de car醕ter personal

1. Las administraciones p鷅licas que, al amparo de la presente ley y de la Ley 24/2015, tengan que adoptar medidas para atender los supuestos de exclusi髇 residencial y de pobreza energ閠ica, al efecto de garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros b醩icos de agua potable, de electricidad y de gas, pueden recoger y tratar todos los datos de car醕ter personal que sean necesarios y adecuados, sin necesidad de obtener el consentimiento de la persona afectada para la comunicaci髇 de estos datos.

2. Con la finalidad a la que se refiere el apartado 1, las personas jur韉icas que, como propietarias de viviendas, como titulares de cr閐itos personales o hipotecarios o como comercializadoras de los suministros b醩icos est醤 obligadas por la presente ley y por la Ley 24/2015, deben comunicar a los servicios sociales municipales competentes los datos personales m韓imos necesarios que estos les requieran para que puedan atender y, si procede, evitar los casos de exclusi髇 residencial o pobreza energ閠ica conforme a las prescripciones de esta ley, sin que sea necesario el consentimiento de la persona afectada para la comunicaci髇 de estos datos. Tambi閚 est醤 obligados a esta comunicaci髇 los poderes p鷅licos que por raz髇 del ejercicio de sus competencias tengan conocimiento de situaciones de exclusi髇 residencial y de pobreza energ閠ica.

D閏ima Colaboraci髇 de los colegios profesionales

Las administraciones p鷅licas, en los casos en que no proceda el derecho a la justicia gratuita, deben llegar a acuerdos con los colegios profesionales para establecer mecanismos de apoyo en materia de asesoramiento jur韉ico y t閏nico en las medidas de aplicaci髇 de la presente ley.

Und閏ima Consulta de datos de las viviendas vac韆s y ocupadas

1. La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 debe establecer los mecanismos pertinentes, dentro de un plazo de cuatro meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, para que los ayuntamientos de municipios definidos como 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada puedan consultar por v韆 electr髇ica, de forma permanente, los datos que necesiten de las viviendas ubicadas en el t閞mino municipal de su municipio e inscritos en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, para el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda.

2. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar el reglamento que ha de regular el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, establecido por la Ley 1/2015.

Duod閏ima Habilitaci髇 de recursos para los servicios sociales b醩icos

El Gobierno debe habilitar los recursos pertinentes, mediante los contratos programa de servicios sociales, para cumplir las obligaciones derivadas de la presente ley, con la incorporaci髇 a los equipos de servicios sociales b醩icos de un perfil profesional espec韋ico.

Decimotercera Alojamiento provisional en situaciones de emergencia social en materia de vivienda

1. En situaciones de emergencia social de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, el alojamiento de estas personas se efect鷄, con car醕ter provisional, en un alojamiento dotacional que forme parte del sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios o, si no hay alojamiento de este tipo, en otros alojamientos gestionados por las administraciones competentes en las mismas condiciones de temporalidad reguladas para los alojamientos dotacionales.

2. Las resoluciones sobre la adjudicaci髇 de alojamiento provisional a que hace referencia el apartado 1, a propuesta de las mesas de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica, tienen que tener en cuenta:

• a) Las situaciones de convivencia vecinal pac韋ica. A este efecto, se tienen que valorar los informes emitidos por los 髍ganos competentes de los ayuntamientos correspondientes o de los cuerpos policiales y, si procede, las alegaciones hechas por las comunidades de propietarios interesadas.
• b) La disponibilidad, por parte de las personas afectadas, de otra vivienda o inmueble por cualquier t韙ulo que habilite su ocupaci髇.

3. En situaciones de emergencia social de las personas ocupantes sin t韙ulo habilitado de viviendas adquiridas o gestionadas por las administraciones competentes, su alojamiento se puede efectuar en las mismas condiciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2. Sin embargo, en el caso de ocupaciones anteriores a la adquisici髇 o gesti髇 de la vivienda por parte de la Administraci髇, se puede considerar la posibilidad de atender provisionalmente la necesidad de alojamiento en la misma vivienda ocupada si se cumplen las condiciones siguientes:

• a) Que la unidad familiar ocupante tenga resoluci髇 favorable de la mesa de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica.
• b) Que no se haya iniciado el procedimiento para la adjudicaci髇 definitiva de las viviendas ocupadas.
• c) Que su ocupaci髇 sea, como m韓imo, seis meses anterior a la fecha de adquisici髇 de las viviendas o de inicio de su gesti髇 por parte de la Administraci髇. Esta circunstancia se debe acreditar por cualquier medio admitido en derecho.
• d) Que no hayan renunciado a la adjudicaci髇 de una vivienda de emergencia social los 鷏timos dos a駉s.

4. La situaci髇 de alojamiento provisional de conformidad con este art韈ulo no da a las personas adjudicatarias preferencia por s� misma en el procedimiento de adjudicaci髇 definitiva de vivienda del parque p鷅lico o gestionado por las administraciones p鷅licas.

5. Con el fin de hacer efectivas las resoluciones de adjudicaci髇 definitiva de las viviendas de las administraciones p鷅licas o gestionadas por estas que tengan ocupantes sin t韙ulo habilitante, se pueden utilizar los mecanismos de ejecuci髇 forzosa de los actos administrativos u otros mecanismos legales que permitan la ocupaci髇 de la vivienda por parte de las personas adjudicatarias.

LE0000656733_20230318Disposici髇 adicional decimotercera introducida por el apartado 6.8 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

Primera Extinci髇 de la deuda en situaciones de sobreendeudamiento

1. La resoluci髇 del procedimiento de mediaci髇 al que se refiere el cap韙ulo I del t韙ulo II debe determinar la extinci髇 de la deuda en los t閞minos que establezca la legislaci髇 civil de Catalu馻.

2. El Gobierno debe iniciar la tramitaci髇 de una modificaci髇 de la legislaci髇 civil para reforzar la protecci髇 de los consumidores en los procesos de ejecuci髇 derivados de situaciones de sobreendeudamiento, incluyendo, si procede, los mecanismos de extinci髇 de la deuda.

Segunda Municipios definidos como 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada

1. Mientras no se apruebe el Plan territorial sectorial de vivienda, a los efectos de las prescripciones establecidas por la presente ley, del tanteo y retracto regulado por el Decreto ley 1/2015 y de la aplicaci髇 del impuesto sobre las viviendas vac韆s creado por la Ley 14/2015, los municipios definidos como 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada son los que figuran listados en el anexo.

2. La actualizaci髇 continuada de la relaci髇 de municipios a la que se refiere el apartado 1 puede realizarse de oficio, mediante orden del consejero del departamento competente en materia de vivienda, previa audiencia de los municipios afectados, o a petici髇 de los municipios que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ser incorporados en la relaci髇, teniendo en cuenta las situaciones de exclusi髇 residencial de los municipios.

Tercera Modificaci髇 de la Ley 18/2007

1. Se a馻de un nuevo apartado, el 6, al art韈ulo 12 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

LE0000253994_20230318

2. Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 4 del art韈ulo 118 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que quedan redactados del siguiente modo:

LE0000253994_20230318

3. Se a馻den tres nuevas letras, la k, la l y la m, al art韈ulo 124.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

LE0000253994_20230318

Cuarta Ocupaci髇 de viviendas sin t韙ulo habilitante

1. Las resoluciones de adjudicaci髇 de las administraciones p鷅licas de viviendas que son propiedad o est醤 gestionadas por administraciones o entidades p鷅licas, en caso de que est閚 ocupadas sin t韙ulo habilitante, deben atender a los criterios determinados por el Gobierno mediante reglamento, teniendo en cuenta las situaciones de emergencia econ髆ica y social que deben satisfacerse. Mientras no se apruebe el reglamento, estos criterios deben ser determinados por las mesas de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica, en el marco de su normativa reguladora.

2. ...

3. ...

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5. ...

LE0000656733_20230318N鷐eros 2燼 5 de la disposici髇 final cuarta derogados por el apartado 6.9 del art韈ulo 6 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

Quinta Pr髍roga de las medidas fijadas por el art韈ulo 16

El Gobierno puede prorrogar el plazo fijado por el art韈ulo 16, por un per韔do m醲imo de tres a駉s, si al finalizar el plazo se mantienen las condiciones de emergencia social que justifican las medidas establecidas por dicho art韈ulo.

Sexta Criterios de regulaci髇 de los arrendamientos urbanos

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S閜tima Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.