• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• Art韈ulo 鷑ico 燗probaci髇 de la modificaci髇 del Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica 燫間imen transitorio
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 final segunda 燙onstituci髇 de la Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇
  • Disposici髇 final tercera 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Aprobaci髇 de la modificaci髇 del Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇

Modificar el Reglamento aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, modificada por la Ley 2/2015, de 9 de febrero (en adelante, la Ley), en los siguientes t閞minos:

• Uno.- Se modifica el art韈ulo 2, quedando con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 2 Programaci髇 de actividades de inserci髇

  1. La percepci髇 de la ayuda econ髆ica b醩ica de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 estar� condicionada a la realizaci髇 de las actividades de inserci髇 necesarias y adecuadas para posibilitar la inserci髇 social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Estas actividades estar醤 orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.

  2. Podr� exonerarse de la realizaci髇 de actividades de inserci髇 a aquellas personas beneficiarias con graves problem醫icas de salud -mental, f韘ica o sensorial-, siempre que se informe mediante las correspondientes certificaciones m閐icas que la realizaci髇 de las actividades de inserci髇 dise馻das ser韆n contraproducentes para la terapia que hayan de llevar tales personas en el tratamiento de su enfermedad o que pudieran causar trastornos psicoemocionales o psicof韘icos que agravar韆n el estado de salud de las mismas. En estos supuestos, se promover�, si fuera factible, la participaci髇 en programas preventivos, de promoci髇 de h醔itos saludables de vida y de modificaci髇 de conductas de riesgo, as� como el tratamiento espec韋ico de enfermedades o patolog韆s detectadas.

  El personal de trabajo social de los servicios sociales municipales realizar� el correspondiente acompa馻miento social y seguimiento de cada caso a fin de intervenir en la situaci髇 y observar las variaciones que puedan implicar un replanteamiento del programa.

  3. Para las personas beneficiarias de la prestaci髇 mayores de 65 a駉s las actividades de inserci髇 se orientar醤 a la participaci髇 o inclusi髇 en los recursos sociales y sociosanitarios destinados a las personas mayores.

  4. Para las personas en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 social definidas en el art韈ulo 1 de la Ley, las actividades de inserci髇 ir醤 orientadas principalmente a la inserci髇 o integraci髇 laboral y b鷖queda activa de un empleo, mediante acciones tendentes a facilitar su reincorporaci髇 al mercado laboral.�

  
• Dos.- Se modifica el art韈ulo 3, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 3 Titular y persona beneficiaria

  1. En el supuesto de que en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condici髇 de titular, dicha condici髇 recaer� sobre quien cumpliendo los requisitos exigidos solicite la prestaci髇 en primer lugar. En el supuesto de interesarse al mismo tiempo por dos o m醩 personas de la unidad, ser� titular, de manera prioritaria, aquel que, con capacidad de obrar, tenga mayor edad. No obstante si existiera alguna causa sobrevenida que aconsejara no otorgar a dicha persona la condici髇 de titular de la ayuda econ髆ica, se deber� valorar, por medio de los informes pertinentes, la posibilidad de que dicha condici髇 recaiga en otra persona de la unidad de convivencia interesada en esta prestaci髇 si fuera mayor de edad y tuviera plena capacidad de obrar. En ese supuesto, se formular� nueva solicitud por parte de la persona que pudiera ostentar esa condici髇 de titular de la prestaci髇.

  Podr醤 ser causas sobrevenidas a que se refiere el p醨rafo anterior, entre otras, el fallecimiento de la persona solicitante inicial de la prestaci髇 o su cambio de domicilio fuera de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, la ausencia de la persona titular de su vivienda o alojamiento por un plazo superior a un mes, salvo hospitalizaci髇 u otra causa justificada, la declaraci髇 legal de incapacidad de la persona titular, as� como la inhabitabilidad acreditada de la vivienda o la necesidad de su abandono que pudiera afectar a todos los miembros de la unidad de convivencia.

  En el caso de las personas menores de veinticinco a駉s sin hijos que estuvieron en situaci髇 o en riesgo de exclusi髇 social, deber� acreditarse en el correspondiente informe social municipal, que en el momento de la solicitud se encuentran en situaci髇 o en riesgo de exclusi髇 social, y excepcionalmente, en alguna de las situaciones de extrema necesidad que se recogen en el apartado 3 de este art韈ulo y que queden acreditadas en el expediente.

  2. De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 3.2 de la Ley, son personas beneficiarias de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 los miembros de la unidad de convivencia de la persona que solicite la ayuda econ髆ica b醩ica.

  3. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podr醤 ser beneficiarias de la ayuda econ髆ica b醩ica aquellas unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos establecidos en el art韈ulo 7 de la Ley, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones de extrema necesidad:

  • a) Las personas sin hogar, entendiendo como tales a las personas en situaci髇 de exclusi髇 social o riesgo de estarlo, que carezcan de alojamiento estable, adecuado, habitable y adaptado, as� como de redes de apoyo personal o familiar.
  • b) La existencia de procesos de desahucio o de situaciones sobrevenidas por razones de fuerza mayor, accidentes o estragos que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten o dificulten a la unidad de convivencia continuar con su residencia en la vivienda habitual.
  • c) Las v韈timas de maltrato dom閟tico, violencia de g閚ero o intrag閚ero, que tengan acreditada tal situaci髇 mediante resoluci髇 judicial, orden de protecci髇 dictada por el Juez y/o informe del Equipo Especializado de Atenci髇 a la Mujer V韈tima de Violencia de G閚ero y/o conflicto familiar.
  • d) La existencia en la unidad de convivencia de menores con medidas de protecci髇 de las Administraciones P鷅licas y en seguimiento por los departamentos de menores de las mismas, siempre que la intervenci髇 con la familia a trav閟 de los planes de inserci髇 pueda suponer un refuerzo para la integraci髇 social de los menores.
  • e) La existencia de conflictos en la convivencia de tal 韓dole, que o bien hayan sido denunciados judicialmente o exista un seguimiento por profesionales mediadores en conflictos familiares, acredit醤dose tal situaci髇.
  • f) La imposibilidad con car醕ter temporal de acceder a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la econom韆 familiar, debido a una situaci髇 de extrema necesidad econ髆ica sobrevenida o por tener que dedicar gran parte de la actividad diaria a afrontar el cuidado de graves problemas de salud personales o de alg鷑 miembro de la unidad de convivencia, siempre que los mismos no est閚 siendo atendidos a trav閟 de otras prestaciones espec韋icamente otorgadas al efecto.

  4. Las situaciones de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, deber醤 ser objetivamente justificadas y acreditadas en el informe social que deber� emitir la Administraci髇 municipal, pudiendo el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma, solicitar cuantos informes complementarios o aclaratorios considere convenientes, as� como recabar informes que avalen la extrema necesidad. La resoluci髇 que se dicte por el citado Centro Directivo se motivar� en la existencia o no de alguna de las citadas situaciones.

  El personal t閏nico de trabajo social de los Ayuntamientos, en la fase de inicio del procedimiento y a trav閟 de la aplicaci髇 inform醫ica de gesti髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, identificar醤 aquellas solicitudes en las que se detecten una o varias de las situaciones excepcionales de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, al objeto de su tramitaci髇 preferente, dejando constancia de ello mediante resoluci髇 motivada dictada por la persona titular del Centro Directivo, al amparo del art韈ulo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

  5. Podr醤 ser beneficiarias de los programas espec韋icos de actividades de inserci髇 todas aquellas personas que reuniendo los restantes requisitos establecidos en el art韈ulo 7 de la Ley, solo pudieran acreditar por cualquier medio de prueba v醠ido en derecho residir de forma ininterrumpida en el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma como m韓imo, y en su totalidad, el a駉 inmediatamente anterior a la fecha de presentaci髇 de la solicitud. A los citados programas de inserci髇 podr� acogerse el conjunto de personas que forman la unidad de convivencia beneficiaria.�

  
• Tres.- Se modifica el art韈ulo 4, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 4 Unidad de convivencia

  1. Se considerar� unidad de convivencia a los efectos previstos en la Ley y a este Reglamento, al n鷆leo familiar constituido por la persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya sea por uni髇 matrimonial o por cualquier otra forma de relaci髇 estable an醠oga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en l韓ea recta y colateral, o por adopci髇, tutela o acogimiento familiar.

  A los efectos previstos en la Ley y en este Reglamento, se considerar醤:

  • a) Personas tuteladas, a quienes, teniendo incapacidad para gobernarse por s� mismas, por ser menores de edad o estar declaradas como personas incapacitadas, convivan en la unidad de convivencia bajo la tutor韆 del solicitante.
  • b) Personas en situaci髇 de acogimiento familiar, a aquellos menores que no pudiendo convivir, por diversas circunstancias, con su propia familia, lo hagan con el solicitante de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 a los efectos de que se les garantice el derecho a desarrollarse en un ambiente familiar favorable, de forma temporal o permanente y no profesionalizada.

  2. Igualmente y a instancia de la persona interesada, podr醤 formar otra unidad de convivencia independiente, las personas que, estando emparentadas con quienes residan en su misma vivienda o espacio habitacional seg鷑 las relaciones establecidas en el apartado anterior, tengan a su cargo hijos o hijas menores de edad, o tutelados o en r間imen de acogimiento familiar, o tengan a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II.

  Formar醤 parte de estas unidades de convivencia independientes el padre o la madre, quienes est閚 unidos a ellos por v韓culo matrimonial o por cualquier forma de relaci髇 estable an醠oga a la conyugal, sus respectivos hijos e hijas menores de edad, tutelados o en r間imen de acogimiento familiar, las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II que tengan a su cargo, as� como, en su caso, sus parientes por afinidad hasta el segundo grado en l韓ea recta o colateral.

  3. El que en una misma vivienda o espacio habitacional puedan alojarse dos o m醩 unidades de convivencia, aunque est閚 emparentadas seg鷑 las relaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo, no ser� obst醕ulo para que cada una de ellas pueda ser beneficiaria de las ayudas reguladas en la Ley. En ning鷑 caso, una misma persona podr� formar parte simult醤eamente de m醩 de una unidad de convivencia. En el supuesto de menores de edad con guardia y custodia compartida entre ambos progenitores, se integrar醤 en la unidad de convivencia del progenitor con el que se hallen empadronados.

  La unidad de convivencia beneficiaria de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 no perder� dicha condici髇 ni el derecho a la percepci髇 de la ayuda, mientras se vea obligada socialmente a habitar de manera temporal, ya sea en establecimientos colectivos de titularidad p鷅lica, en entidades de cooperaci髇 social o en el domicilio de otra persona, por causas de fuerza mayor, situaci髇 sobrevenida, accidente o desahucio, consider醤dose situaciones sobrevenidas aquellas que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten la habitabilidad de la vivienda o aconsejen el abandono de la misma.

  4. Una vez finalizado el per韔do de duraci髇 y renovaci髇, en su caso, de la ayuda econ髆ica b醩ica, o extinguida esta, la misma unidad de convivencia no podr� ser beneficiaria de la prestaci髇 con motivo de otra solicitud.�

  
• Cuatro.- Se modifica el art韈ulo 5, cuya redacci髇 queda de la siguiente forma:

  獳rt韈ulo 5 Modalidades de alojamiento

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 4.5 de la Ley, quedan excluidos de la noci髇 de vivienda o espacio habitacional, los centros penitenciarios y los centros residenciales para personas mayores, personas con discapacidad y comunidades terap閡ticas para personas drogodependientes y centros de internamiento de similar naturaleza. Tambi閚 quedan excluidos de la noci髇 de vivienda o espacio habitacional los espacios f韘icos integrados en los siguientes centros:

  • - Centros de internamiento de personas extranjeras (CIES), centros de estancia temporal de inmigrantes (CITE) u otras plazas espec韋icas de acogida a inmigrantes.
  • - Hogares funcionales de acogida de menores de titularidad p鷅lica.
  • - Centros residenciales o viviendas habitados de forma compartida por motivo de realizaci髇 de estudios, actividad profesional o intereses afines y no por situaci髇 de extrema necesidad.

  2. Se considera vivienda o espacio habitacional, adem醩 de las viviendas estimadas como tales a efectos catastrales y a los espacios construidos de manera improvisada, a fin de ser usado como aposento o residencia, a aquellos habit醕ulos que, utilizados de forma independiente, est醤 integrados en los siguientes marcos f韘icos de residencia colectiva:

  • - Centros o viviendas de acogida a mujeres maltratadas de titularidad p鷅lica y dem醩 centros sociales de acogida temporal no incluidos en el apartado anterior, de car醕ter p鷅lico o de titularidad privada, cuando por el personal t閏nico de trabajo social municipal o del Equipo Especializado de Atenci髇 a la Mujer V韈tima de Violencia de G閚ero o de conflicto familiar se informe que la percepci髇 de la prestaci髇 contribuir� al abandono del centro y a su inserci髇 social durante el periodo de percepci髇 de la misma.
  • - Pensiones o apartamentos existentes a la entrada en vigor del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Tur韘tica de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los est醤dares tur韘ticos.
  • - Viviendas tuteladas o casas particulares en las que varias personas compartan colectivamente un mismo alquiler, cuando sus ocupantes se encuentren en situaci髇 de extrema necesidad.

  3. Teniendo en cuenta que la ayuda econ髆ica b醩ica se otorga en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia la persona solicitante para satisfacer las necesidades contempladas en el art韈ulo 142 del C骴igo Civil, no se podr� percibir en una misma vivienda o espacio habitacional m醩 de una ayuda econ髆ica b醩ica, excepto en los siguientes supuestos:

  • a) En aquellos habit醕ulos integrados en residencia colectiva contemplados en el apartado anterior que permitan el alojamiento de dos o m醩 personas, en cuyo caso cada una de ellas podr� tener derecho a la Prestaci髇 si no estuviesen incluidos en una misma unidad de convivencia, en los t閞minos del art韈ulo 4.1 y 4.2 de la Ley.
  • b) Cuando convivan en una misma vivienda o espacio habitacional unidades de convivencia independientes, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 4.2 de la Ley.�
  
• Cinco.- Se modifica el art韈ulo 6, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 6 Naturaleza de la ayuda

  1. La ayuda econ髆ica b醩ica, como parte componente de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, es una prestaci髇 p鷅lica asistencial sin que suponga la sustituci髇, extinci髇 o modificaci髇 alguna en los deberes que tienen las personas obligadas civilmente a la prestaci髇 de alimentos.

  2. La ayuda econ髆ica b醩ica tendr� car醕ter intransferible y no podr� ofrecerse en garant韆 de obligaciones ni ser objeto de cesi髇.�

  
• Seis.- Se modifica el art韈ulo 7, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 7 Subsidiariedad y complementariedad

  1. La ayuda econ髆ica b醩ica tendr� car醕ter subsidiario de las pensiones que pudieran corresponder a la persona solicitante y a los dem醩 miembros integrantes de su unidad de convivencia, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro r間imen p鷅lico de protecci髇 social.

  2. En particular, la ayuda econ髆ica b醩ica ser� subsidiaria de las siguientes prestaciones:

  • a) Pensiones y prestaciones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y no contributiva.
  • b) Prestaciones de protecci髇 por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial y Renta Activa de Inserci髇.
  • c) Otras prestaciones incluidas en reg韒enes p鷅licos sustitutivos o equivalentes al de Seguridad Social, tales como pensiones de clases pasivas, mutualidades de funcionarios civiles y militares y de colegios profesionales, pensiones especiales de guerra, pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, pensiones asistenciales para emigrantes retornados, y otras pensiones y prestaciones de naturaleza an醠oga para colectivos especiales.

  3. La atribuci髇 del car醕ter subsidiario comportar�, a efectos del posible reconocimiento del derecho a la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, que quien re鷑a los requisitos para causar derecho a alguna de las prestaciones mencionadas en el n鷐ero anterior, tendr� la obligaci髇 de solicitar ante el organismo correspondiente, con car醕ter previo a la solicitud de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, el reconocimiento de aquellas. Solo cuando dichas solicitudes hayan sido resueltas de forma expresa o presunta, podr� reconocerse el derecho a la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇.

  4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 tendr� car醕ter complementario, hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria de la prestaci髇, respecto de los recursos de que dispongan sus miembros, as� como de las prestaciones econ髆icas a que pudieran tener derecho.

  5. De conformidad con lo previsto en el art韈ulo 8 de la Ley, a los efectos de determinar los ingresos percibidos por la persona solicitante y los dem醩 miembros de la unidad de convivencia para comprobar el cumplimiento del requisito de carencia de recursos econ髆icos suficientes, previsto en el art韈ulo 7.1.2� de la citada Ley y, en su caso, aplicar las deducciones correspondientes al importe de la ayuda econ髆ica b醩ica a percibir, no se computar醤:

  • a) Las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de car醕ter finalista, no peri骴icas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social.
  • b) Las subvenciones peri骴icas que se perciban en materia de vivienda.
  • c) Las becas de formaci髇, de estudios y similares.
  • d) Las prestaciones familiares econ髆icas de pago peri骴ico o 鷑ico por hijo a cargo del sistema de la Seguridad Social.
  • e) Las prestaciones econ髆icas del sistema de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia.
  • f) Las pensiones no contributivas, en su modalidad de invalidez, del sistema de la Seguridad Social.
  • g) Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez, hasta el l韒ite de las cuant韆s establecidas para las pensiones no contributivas con complemento retributivo de tercera persona.
  • h) El resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro r間imen p鷅lico de protecci髇 social, hasta el l韒ite de la cuant韆 de ayuda econ髆ica b醩ica que corresponder韆 a la unidad de convivencia.�
  
• Siete.- Se modifica el art韈ulo 8, cuya redacci髇 queda como sigue:

  獳rt韈ulo 8 Empadronamiento y residencia

  1. Dejando a salvo las excepciones previstas en el art韈ulo 7.1.1� de la Ley, todos los miembros de la unidad de convivencia deber醤 estar empadronados y haber residido legalmente y de forma ininterrumpida, con una antelaci髇 m韓ima de un a駉 a la fecha de la solicitud, en cualquier municipio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias. Para los menores de tres a駉s el per韔do de empadronamiento y residencia se exigir� a quien ejerza su guarda y custodia, en exclusiva o compartida, y siempre que se trate de la persona solicitante de la prestaci髇 y en cuya unidad de convivencia se integra el menor.

  El c髆puto del a駉 de empadronamiento previo a la solicitud y del per韔do exigido de residencia legal se podr� realizar calculando los per韔dos sucesivos de residencia en diferentes municipios de la Comunidad Aut髇oma de Canarias. Se considerar� interrumpido el c髆puto de la residencia por ausencias comprobadas fuera de Canarias superiores a los tres meses y que no se hallaren justificadas por razones familiares, de enfermedad o accidentes, laborales o por estudios.

  2. Con car醕ter general, dichas circunstancias se acreditar醤 por medio del Padr髇 Municipal de habitantes. A estos efectos, la Administraci髇 municipal correspondiente incorporar� al expediente el pertinente certificado de empadronamiento o mediante la consulta al sistema autom醫ico de acreditaci髇 de residencia de la Administraci髇 General del Estado, que incluir� la relaci髇 de todas las personas que convivan en el domicilio. A falta de dicha certificaci髇 o consulta positiva, la residencia ininterrumpida durante el a駉 anterior a la solicitud, se acreditar� por cualquier otro medio de prueba v醠ido en Derecho.�

  
• Ocho.- Se modifica el art韈ulo 9, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 9 Recursos econ髆icos suficientes

  1. Para la determinaci髇 de los recursos econ髆icos se valorar� el conjunto de recursos de que dispongan todos los integrantes de la unidad de convivencia. La valoraci髇 incluir� los rendimientos procedentes del trabajo, por cuenta propia o ajena, del desarrollo de cualquier actividad econ髆ica, de rendimientos del capital y del patrimonio, o de pensiones y prestaciones de sistemas p鷅licos de protecci髇 social, excepto las previstas en el art韈ulo 8 de la Ley y art韈ulo 7.5 del presente Reglamento.

  2. Con car醕ter general, la insuficiencia de recursos se acreditar� mediante una declaraci髇 responsable de la persona solicitante, referida a las rentas o ingresos propios, y en su caso, a los de cada uno de los miembros integrantes de la unidad de convivencia, referidos a los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud, sin perjuicio de las comprobaciones que puedan llevarse a cabo cuando las mismas se estimen necesarias y de la documentaci髇 y justificantes que el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma, durante la instrucci髇 del procedimiento pueda requerir a la persona solicitante, para verificar su situaci髇 personal o econ髆ica, o la de los restantes miembros de la unidad de convivencia, requerimiento que suspender� el plazo para dictar y notificar la resoluci髇, en los t閞minos del art韈ulo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

  Para acreditar la insuficiencia de la cuant韆 a percibir en concepto de pensiones y prestaciones de sistemas p鷅licos de protecci髇 social, se verificar醤 los documentos correspondientes del Servicio Canario de Empleo, de la situaci髇 de afiliaci髇 en los diferentes reg韒enes de la Seguridad Social y, en su caso, del organismo que tramite cualquier otra pensi髇 de protecci髇 social, que justifique el importe de la misma.

  Se verificar醤 asimismo otros ingresos patrimoniales, debi閚dose aportar los apuntes bancarios que posean los miembros de la unidad de convivencia relativos al estado de cuentas y t韙ulos bancarios.

  3. En todo caso, se considerar� que existe suficiencia de recursos econ髆icos a los efectos de la aplicaci髇 de este Reglamento, en el supuesto de que los miembros de la unidad de convivencia posean, en conjunto, un patrimonio de valor superior a tres veces la cuant韆 anual de la ayuda econ髆ica b醩ica que pudiera corresponder.

  4. Para la determinaci髇 del patrimonio se tendr� en cuenta el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un t韙ulo jur韉ico de propiedad, de acuerdo con la siguiente consideraci髇:

  • a) Bienes inmuebles urbanos y r鷖ticos. Se realizar� por el valor catastral correspondiente, con excepci髇 de la vivienda o alojamiento en propiedad que constituya la residencia habitual de la unidad de convivencia.
  • b) Dep髎itos en cuentas corrientes o de ahorro. Se computar醤 por el saldo medio que reflejen en el trimestre anterior a la fecha de solicitud de la prestaci髇 canaria de inserci髇.
  • c) Valores:
    • - Los t韙ulos de renta variable se valorar醤 por su cotizaci髇 en bolsa o, en caso de no estar cotizando en bolsa, por su valor contable.
    • - Los t韙ulos de renta fija se valorar醤 por su valor nominal.
  • d) Veh韈ulos a motor. La valoraci髇 patrimonial se realizar� conforme a las tablas establecidas por el Ministerio de Hacienda, quedando exentos de valoraci髇 hasta las siguientes cuant韆s:
    • - 12.000 euros, con car醕ter general.
    • - 24.000 euros, en el caso de veh韈ulos adaptados para personas con discapacidad.

  5. Los ingresos procedentes de premios que hubieran correspondido directamente a alg鷑 miembro de la unidad de convivencia ser醤 computados, durante los doce meses subsiguientes a su abono, como ingresos mensuales equivalentes a la cantidad total del premio dividida por doce. Se proceder� de la misma manera con relaci髇 a la obtenci髇 de ingresos que pudieran proceder de:

  • a) Indemnizaciones por despido, incapacidad permanente parcial para la profesi髇 habitual, prejubilaci髇, jubilaci髇, accidentes y an醠ogos.
  • b) Ingresos por capitalizaci髇 de las prestaciones de desempleo.
  • c) Atrasos percibidos en concepto de alimentos entre parientes.
  • d) Rentas derivadas de donaciones, herencias y legados.�
  
• Nueve.- Se modifica el art韈ulo 10, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 10 Criterios interpretativos sobre la suficiencia econ髆ica

  1. De conformidad con el art韈ulo 7.1.2�, letra a) de la Ley, se considera que existe carencia de recursos econ髆icos suficientes cuando los ingresos de la persona solicitante y, en su caso, de los dem醩 miembros de su unidad de convivencia, computados conjuntamente durante los tres meses anteriores a la presentaci髇 de la solicitud, sean inferiores a la cuant韆 de la ayuda econ髆ica b醩ica que pudiera corresponder, durante tres meses, a los integrantes de la unidad de convivencia.

  2. Se entender� demostrada la suficiencia de recursos econ髆icos en caso de pensi髇 alimenticia reconocida judicialmente, cuyo importe mensual supere al de la ayuda econ髆ica b醩ica que pudiera corresponder a la unidad de convivencia en el mismo periodo, excepto en el supuesto de incumplimiento de la oportuna resoluci髇 judicial por la persona obligada a prestarla.�

  
• Diez.- Se modifica el art韈ulo 11, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 11 Solicitud, documentaci髇 e informe social

  1. Las solicitudes para el reconocimiento de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 se formular醤 en el modelo normalizado que ser� aprobado mediante orden departamental de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, cumpliment醤dose todos los apartados que en el mismo se rese馿n.

  2. No se requerir� a la persona solicitante de la ayuda la presentaci髇 de documentos que ya se encuentren en poder de la Administraci髇 o que sean generados por la propia Administraci髇 municipal o auton髆ica. Tales documentos o datos alternativos que se precisen ser醤 incorporados de oficio por el 髍gano municipal gestor del expediente administrativo en la fase de inicio del procedimiento mediante la utilizaci髇 de los medios telem醫icos establecidos a tal efecto, siempre que no cuente con la oposici髇 en la propia solicitud, de las personas integrantes de la unidad de convivencia a que sean consultados o recabados dichos documentos o datos.

  3. Excepcionalmente, en caso de que se manifestara oposici髇 expresa a que dichos documentos no puedan recabarse por las Administraciones a trav閟 de redes corporativas o plataformas de intermediaci髇 de datos o que dichos datos no puedan obtenerse porque no obren en registros de acceso automatizado mediante un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, las solicitudes deber醤 acompa馻rse de los siguientes documentos:

  • a) Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI), en vigor, o documento oficial que lo sustituya, de todos los miembros de la unidad de convivencia con obligaci髇 de obtenerlo o, en su caso, del resguardo acreditativo de haberlo solicitado, as� como del Libro de Familia o certificado municipal de convivencia que acredite el v韓culo o uni髇 de los dem醩 miembros de la unidad de convivencia con el solicitante en una misma vivienda o espacio habitacional.
  • b) En caso de no coincidir los datos del certificado de empadronamiento o de la consulta al sistema autom醫ico de acreditaci髇 de residencia de la Administraci髇 General del Estado de las personas declaradas en la solicitud por la persona interesada, deber� presentarse documento o cualquier medio de prueba v醠ido en derecho que acredite la convivencia y los per韔dos de residencia requeridos.
  • c) En el caso de personas que se hayan visto obligadas a fijar su residencia fuera de la Comunidad Aut髇oma de Canarias por un plazo inferior a tres a駉s, por motivos formativos o laborales, deber� aportarse documentaci髇 justificativa de las actividades formativas o laborales realizadas, as� como el periodo de duraci髇 de las mismas.

  No obstante, conforme dispone el art韈ulo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, a los efectos de no tener que aportar los documentos se馻lados, la persona interesada deber� indicar en qu� momento y ante qu� 髍gano administrativo present� los citados documentos, debiendo en ese caso la Administraci髇 recabarlos electr髇icamente a trav閟 de sus redes corporativas o mediante una consulta a las plataformas de intermediaci髇 de datos u otros sistemas electr髇icos habilitados al efecto.

  4. Adem醩, deber醤 acompa馻rse a la solicitud las siguientes declaraciones responsables:

  • a) Declaraci髇 responsable de la persona solicitante referida a las rentas o ingresos propios correspondientes a los tres meses anteriores a la solicitud, y en su caso, a los de cada uno de los miembros integrantes de la unidad de convivencia.
  • b) Declaraci髇 responsable de la persona solicitante referida a su patrimonio, y en su caso, al de cada uno de los miembros integrantes de la unidad de convivencia.
  • c) Declaraci髇 responsable de la persona solicitante sobre afiliaci髇 a la Seguridad Social, inscripci髇 en el Servicio Canario de Empleo, as� como sobre prestaciones percibidas de cualquier sistema p鷅lico de protecci髇 social y en su caso, al de cada uno de los miembros integrantes de la unidad de convivencia.

  5. Para los supuestos que se citan, la siguiente documentaci髇:

  • a) En caso de que se declare que existe una persona unida a la persona solicitante por uni髇 de hecho o relaci髇 estable an醠oga a la conyugal: certificaci髇 que acredite la inscripci髇 en el Registro Administrativo regulado en el Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la Comunidad Aut髇oma de Canarias con la redacci髇 dada por el Decreto 28/2015, de 19 de marzo, o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que demuestre que se tiene descendencia en com鷑 o que se ha convivido ininterrumpidamente durante un per韔do m韓imo de un a駉.
  • b) En su caso, declaraci髇 responsable relativa a los miembros de la unidad de convivencia con grado de discapacidad igual o superior al 33% y a las personas dependientes reconocidas, en los grados III o II.
  • c) Trat醤dose de personas extranjeras: documento que acredite su residencia legal en territorio espa駉l, la condici髇 de refugiado o personas beneficiarias de protecci髇 subsidiaria, o la autorizaci髇 de permanencia en Espa馻 por razones humanitarias o de inter閟 social.
  • d) Si existen miembros de la unidad de convivencia con ingresos en bancos y/o t韙ulos de renta variable o fija: acreditaci髇 de la titularidad de la cuenta as� como copia de los extractos bancarios que reflejen el saldo medio en el trimestre anterior a la fecha de presentaci髇 de la solicitud y de cualquier otro documento que refleje el estado de cuentas y los t韙ulos bancarios o de renta variable o fija que se posean.
  • e) En su caso, documentos justificativos de las rentas de trabajo, as� como aquellos en los que conste la fecha de ingresos procedentes de premios, indemnizaciones, capitalizaci髇 de prestaciones, atrasos en concepto de alimentos, o rentas derivadas de donaciones, herencias y legados.
  • f) Si alg鷑 miembro de la unidad de convivencia recibe pensi髇 alimenticia en el supuesto de separaci髇 o divorcio, testimonio del Auto o Sentencia donde esta quede reflejada. En caso de no percibirse aun existiendo resoluci髇 judicial al efecto deber� aportarse justificaci髇 documental de haberse formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento del obligado admitida a tr醡ite por el correspondiente 髍gano judicial, salvo que en el informe social municipal, se indique que existen circunstancias acreditadas y justificadas, que aconsejan retrasar o no iniciar el proceso encaminado a hacer valer tales derechos.
  • g) Si existen parientes con obligaci髇 legal de prestar alimentos en los t閞minos del art韈ulo 142 y siguientes del C骴igo Civil, el informe social municipal podr� recoger los motivos que desaconsejan proceder a su reclamaci髇.

  6. El informe social que habr� de remitirse desde la Administraci髇 municipal conjuntamente con la solicitud y la documentaci髇 rese馻da se ajustar� al modelo normalizado que a tal efecto se apruebe por orden departamental de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales.�

  
• Once.- Se modifica el art韈ulo 13, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 13 Caducidad del procedimiento

  1. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma solicitar� los justificantes o documentos que estime necesarios para verificar la situaci髇 personal o econ髆ica del solicitante y podr�, asimismo, llevar a cabo cuantas actuaciones estime necesarias, cuando con la documentaci髇 aportada no se hallen suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver, requerimiento que suspender� el plazo para dictar y notificar la resoluci髇 en los t閞minos del art韈ulo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

  2. Si el procedimiento se paraliza por causa imputable a la persona interesada, se le advertir� que, transcurridos tres meses, se producir� la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que la persona requerida realice las actividades necesarias para reanudar la tramitaci髇, el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma, acordar� el archivo de las actuaciones, notific醤doselo a la persona interesada. Ello sin perjuicio, de que una vez archivado su expediente, la persona interesada, si subsisten los requisitos, pueda cursar nueva solicitud de la prestaci髇 canaria de inserci髇 ante la Administraci髇 municipal.

  3. No podr� acordarse la caducidad por la simple inactividad de la persona interesada en la cumplimentaci髇 de tr醡ites, siempre que no sean indispensables para dictar resoluci髇. Dicha inactividad no tendr� otro efecto que la p閞dida de su derecho al referido tr醡ite.

  4. Contra la resoluci髇 que declare la caducidad proceder醤 los recursos pertinentes.�

  
• Doce.- Se modifica el art韈ulo 15, cuya redacci髇 queda como sigue:

  獳rt韈ulo 15 Resoluci髇 del procedimiento

  1. En el plazo de dos meses desde la entrada del expediente municipal completo en el registro del Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, esta dictar� y notificar� la resoluci髇 que proceda sobre la solicitud de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇.

  2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resoluci髇 y notificaci髇 expresa, se entender� estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene el citado Centro Directivo de dictar resoluci髇 expresa en el procedimiento. En los supuestos a que se refiere el art韈ulo 3.3 del presente Reglamento, las prestaciones correspondientes se entender醤 denegadas.

  3. La ayuda econ髆ica b醩ica se devengar� a partir del primer d韆 del mes siguiente al de la resoluci髇 de concesi髇 expresa o presunta, prevista en el art韈ulo 13.4 de la Ley.

  4. En todo caso la resoluci髇 estimatoria, expresa o presunta, conllevar�, entre otros extremos, la obligaci髇 de desarrollar las actividades de inserci髇 acordadas con las personas beneficiarias de la ayuda econ髆ica b醩ica, salvo en los casos de excepciones o exoneraci髇 de actividades de inserci髇 previstas en el art韈ulo 2.3 de la Ley y del art韈ulo 2.2 de este Reglamento.

  5. En los supuestos en que no hubiese reca韉o, con car醕ter previo al momento de la resoluci髇, el consentimiento a que se refiere el art韈ulo 12.5 de la Ley, la resoluci髇 estimatoria expresa, o una complementaria en el caso de que la estimaci髇 hubiera sido presunta, establecer� de forma motivada las actividades de inserci髇 a realizar por las personas beneficiarias de la ayuda econ髆ica b醩ica e indicar� que la efectividad de la misma estar� supeditada a la aceptaci髇 expresa por las personas beneficiarias, en el plazo de los diez d韆s siguientes a la recepci髇 de la notificaci髇 y ante la Administraci髇 municipal correspondiente.

  La resoluci髇 se notificar� a la Administraci髇 municipal correspondiente, a los efectos de que, si las personas interesadas no se hubiesen personado ante la misma en el plazo de los diez d韆s siguientes contados a partir de su recepci髇, se les requiera, con la advertencia de que transcurridos tres meses se producir� la caducidad del procedimiento. Obtenida la aceptaci髇 del programa espec韋ico de actividades de inserci髇, se remitir� inmediatamente la misma al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, que tramitar� el pago de la ayuda.�

  
• Trece.- Se modifica el art韈ulo 16, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 16 Modificaci髇, suspensi髇 y extinci髇 de la prestaci髇

  1. Los procedimientos de modificaci髇, suspensi髇 y extinci髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 podr醤 iniciarse a instancia de parte o de oficio.

  2. Corresponder� al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma dictar resoluci髇 en los procedimientos de modificaci髇, suspensi髇 y extinci髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇.

  3. La modificaci髇 sobrevenida en el n鷐ero de miembros de la unidad de convivencia y en los recursos econ髆icos o patrimoniales que hayan servido de base para el c醠culo de la ayuda econ髆ica b醩ica correspondiente, y, en general, el incumplimiento de las obligaciones previstas en el art韈ulo 30 de la Ley, dar醤 lugar, de oficio o a instancia de parte, al aumento o minoraci髇 de la ayuda, salvo que se produzcan los supuestos previstos en la Ley, de suspensi髇 temporal, suspensi髇 cautelar y extinci髇 de la prestaci髇, en cuyo caso, ello ocasionar� la suspensi髇 o extinci髇 de la ayuda econ髆ica b醩ica.

  4. Los efectos econ髆icos de las solicitudes de modificaci髇 se producir醤 a partir del momento en que se dicte la correspondiente resoluci髇 de modificaci髇, o en su defecto, cuando hubiera transcurrido el plazo sin que se dicte resoluci髇 expresa.

  5. El mecanismo de sustituci髇 de la persona titular establecido por causa sobrevenida operar� en el supuesto de fallecimiento, ausencia de la persona titular de su vivienda o alojamiento por un plazo superior a un mes, salvo hospitalizaci髇 u otra causa justificada, declaraci髇 legal de incapacidad de la persona titular de la prestaci髇, incumplimiento de la obligaci髇 de aplicar la ayuda a la finalidad alimenticia para la que se otorg� o cualquier otro hecho que imposibilite a la persona titular de la prestaci髇 cumplir las obligaciones derivadas de su concesi髇. Para que opere este mecanismo, los servicios sociales municipales deber醤 remitir informe social al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, que refleje el nombre de la nueva persona titular de la prestaci髇, que esta cumple con los requisitos legalmente exigidos y las variaciones que se hayan de producir en materia de actividades de inserci髇 e importe de la ayuda econ髆ica b醩ica.

  Operar� igualmente el mecanismo de la sustituci髇 respecto a la persona solicitante, si dichas circunstancias se producen antes de dictar la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento y la nueva persona que sustituya a la solicitante acepte expresamente su designaci髇 en el plazo de quince d韆s desde que se notifique la propuesta de resoluci髇.�

  
• Catorce.- Se modifica el art韈ulo 17 cuya redacci髇 queda como sigue:

  獳rt韈ulo 17 Renovaci髇 de la prestaci髇

  1. En los supuestos en que la persona interesada solicite antes de su vencimiento, con una antelaci髇 m韓ima de un mes, la renovaci髇 de la ayuda econ髆ica b醩ica, el informe de idoneidad que debe emitir el trabajador o trabajadora social de la Administraci髇 municipal recoger� una evaluaci髇 general del plan de inserci髇 y una justificaci髇 motivada sobre la procedencia o no de dicha renovaci髇 con el siguiente detalle:

  • a) Una evaluaci髇 sobre la continuidad de la situaci髇 de necesidad en que se encuentre el solicitante y su unidad de convivencia, que refleje la evoluci髇 entre la situaci髇 inicial y el momento de la renovaci髇.
  • b) Un pronunciamiento sobre las medidas de inserci髇 que se han venido realizando.
  • c) El apoyo recibido para garantizar la eficacia de las medidas de inserci髇.
  • d) La motivaci髇 de la continuidad o no de la prestaci髇.
  • e) Propuesta de actuaci髇 en cuya elaboraci髇 podr� participar la persona interesada y la unidad de convivencia mediante su aceptaci髇 posterior.

  El mencionado informe de idoneidad, que se formular� en el modelo normalizado que ser� aprobado mediante orden departamental, se remitir� junto a la documentaci髇 correspondiente al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias. La documentaci髇 a entregar deber� confirmar los mismos extremos que se acreditaron al presentar la solicitud de concesi髇 inicial de la ayuda, o aquellos nuevos que el solicitante considere necesarios para la procedencia de la concesi髇. No ser� necesario presentar la documentaci髇 que ya obrase en poder de la Administraci髇, aunque s� se indicar� expresamente en la solicitud cu醠es son los documentos que no se presentan por no haber variado las circunstancias o no haberse producido su actualizaci髇.

  2. El mismo procedimiento se馻lado en el apartado anterior se seguir� para las sucesivas renovaciones, que se iniciar�, en su caso, con la solicitud de la persona interesada, siempre antes de su vencimiento, una vez que hayan transcurrido como m醲imo cinco meses desde la anterior renovaci髇.

  3. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma resolver� y notificar� a la persona interesada la resoluci髇 que proceda, contra la cual se podr醤 interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que en su caso procedan.

  4. La procedencia de la continuidad con car醕ter excepcional por un tiempo adicional de seis meses una vez agotados los dos periodos de renovaci髇, prevista en el art韈ulo 18.4 de la Ley, ser� planteada de forma excepcional y 鷑icamente a instancia del personal t閏nico de trabajo social de la Administraci髇 municipal tras la valoraci髇 de las circunstancias sociales de cada unidad de convivencia y deber� ser comunicada con car醕ter previo al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma, a los efectos de que tras una acci髇 coordinada entre ambas Administraciones, se proceda a emitir un informe en el que se habr� de motivar la solicitud de renovaci髇, justificando razonadamente si las medidas de convivencia han sido eficaces para la inserci髇.

  5. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma, emitir� la resoluci髇 que proceda sobre la citada renovaci髇 excepcional.�

  
• Quince.- Se a馻de al T韙ulo II un nuevo Cap韙ulo V, con la siguiente r鷅rica:

  獵AP蚑ULO V
  
  REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

• Diecis閕s.- Se a馻de un nuevo art韈ulo 17-bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 17-bis Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

  Cuando se comprobara la percepci髇 de cantidades indebidamente percibidas, de conformidad con el art韈ulo 24 de la Ley, por el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales se proceder� a requerir a la persona beneficiaria de la Prestaci髇 el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.�

• Diecisiete.- Se a馻de un nuevo art韈ulo 17-ter con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 17-ter Procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

  1. El procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas se iniciar� mediante resoluci髇 que acuerde la incoaci髇 por el titular del Centro Directivo competente en materia de servicios sociales, en la que se fijar醤 las causas que motivan la reclamaci髇, importe de las cantidades indebidamente percibidas, as� como la posibilidad de devoluci髇 anticipada en el plazo que se estipule si se reconociera por la persona afectada la deuda contra韉a en su totalidad.

  2. El acuerdo de incoaci髇 se notificar� a la persona interesada, estableciendo el preceptivo tr醡ite de audiencia, para que en un plazo de diez d韆s h醔iles formule las alegaciones y, en su caso, aporte la documentaci髇 que estime pertinente para la defensa de sus intereses, con apercibimiento expreso de que, en el caso de no formular alegaciones en el plazo establecido ni acreditar el reintegro anticipado en el plazo establecido, se emitir� resoluci髇 declarando su obligaci髇 de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en los t閞minos establecidos en el acuerdo de incoaci髇.

  3. Transcurrido el plazo de alegaciones o el de la falta de reintegro anticipado, se emitir� la correspondiente propuesta de resoluci髇, que se elevar� a la persona titular del Centro Directivo competente en materia de servicios sociales, que dictar� la resoluci髇 que corresponda en el plazo m醲imo de tres meses desde su acuerdo de incoaci髇.

  4. Si se estimara la existencia de prestaciones indebidamente percibidas, y las cantidades no se hubieran reintegrado en el plazo de devoluci髇 anticipada se馻lado en la resoluci髇 de inicio del procedimiento, la resoluci髇 establecer� la obligaci髇 de la persona interesada de proceder al reintegro de las mismas en un plazo voluntario, sin devengo de intereses de demora, siempre y cuando la persona requerida se halle dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley y de este reglamento, haciendo constar la cantidad total a reintegrar, lugar y plazo m醲imo del que dispone la persona interesada para hacer efectivo el reintegro total.

  Las personas perceptoras de las prestaciones que, previo procedimiento contradictorio, se comprobase que no re鷑en los requisitos establecidos para ser beneficiarias y deban devolver lo indebidamente percibido, lo reintegrar醤 con los intereses prevenidos en el art韈ulo 19 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda P鷅lica Canaria.

  Una vez concluido el plazo m醲imo de reintegro a que se refiere este apartado en relaci髇 a las cantidades indebidamente percibidas, los importes adeudados se exigir醤 por v韆 ejecutiva conforme al Reglamento General de Recaudaci髇.

  5. Contra las resoluciones por las que se acuerde el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas proceder醤 los recursos pertinentes.�

• Dieciocho.- Se a馻de un nuevo art韈ulo 17-qu醫er con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 17-qu醫er Compensaci髇 de cantidades indebidamente percibidas

  1. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de reclamaci髇 de cantidades indebidamente percibidas, podr� establecer de oficio, la compensaci髇 o descuento mensual de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 que est� percibiendo la persona obligada a su reintegro, durante el periodo inicial de doce meses de percepci髇 y de las renovaciones correspondientes. Esta compensaci髇 o descuento no podr� superar el 30% del importe de cada mensualidad que se est� percibiendo en el momento de la propuesta de resoluci髇, salvo en los casos correspondientes al abono de atrasos.

  2. Si durante el periodo de compensaci髇 o descuento se produce una variaci髇 en la cuant韆 de la prestaci髇, el descuento mensual se adaptar� de forma que no se supere el citado porcentaje del 30%.

  3. Durante los periodos de suspensi髇 por tiempo inferior a tres meses, o cuando una vez agotados los primeros doce meses de percepci髇, se inicien las correspondientes renovaciones, la compensaci髇 quedar� en suspenso, reanud醤dose en los mismos t閞minos, cuando se levante la suspensi髇 o se inicie el abono de las correspondientes renovaciones de la prestaci髇.

  4. Si con anterioridad al pago total de la deuda mediante compensaci髇 o descuento, se produce la suspensi髇 de la prestaci髇 por plazo superior a tres meses, la extinci髇 del derecho, salvo por fallecimiento de su titular, o se deniega la renovaci髇 solicitada, y previo tr醡ite de audiencia, se dictar� resoluci髇 motivada en la que se determinar� la obligaci髇 de reintegrar el importe total pendiente, as� como el lugar y plazo para efectuar el ingreso.

  5. Contra las resoluciones por las que se acuerde el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas proceder醤 los recursos pertinentes.�

  
• Diecinueve.- Se modifica el art韈ulo 18, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 18 Actuaciones de los servicios sociales municipales y de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias

  1. Los profesionales vinculados al 醨ea de trabajo social de la Administraci髇 municipal donde se solicit� la ayuda econ髆ica b醩ica, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 27.1 de la Ley, elaborar醤 los programas espec韋icos de inserci髇 dirigidos a la unidad de convivencia de la persona que solicite la prestaci髇, en coordinaci髇 con profesionales de las 醨eas locales de sanidad, educaci髇, vivienda, empleo y desarrollo local, ajust醤dose al modelo que se regular� mediante orden departamental.

  En dichos programas se incorporar醤 las acciones a realizar por los miembros de la unidad de convivencia que se encuentren con dificultades relacionadas con la falta de medios de subsistencia y precisen: mecanismos de superaci髇 de desajustes convivenciales derivados de limitaciones personales y problem醫icas familiares o propiciadas por su entorno; participar en actuaciones educativas y de formaci髇 profesional y ocupacional; o intervenciones relacionadas con la inserci髇 laboral.

  2. Para la elaboraci髇 de dichos programas se partir� de un an醠isis DAFO de la situaci髇 en el que se recoger醤 las debilidades y amenazas de la unidad convivencial y de sus miembros, del mismo modo que las fortalezas y oportunidades tanto de aquella como de las redes sociales, de la comunidad, vecindario o municipio en el que est閚 ubicados. Este an醠isis DAFO concluir� en un juicio diagn髎tico y en unas propuestas en relaci髇, tanto con la ayuda econ髆ica que se solicita, como con los objetivos de las actuaciones de integraci髇 que precisan.

  Los programas han de constar de objetivos espec韋icos a lograr por 醨eas de intervenci髇, de los medios adecuados y concretos a emplear y del orden temporal de la intervenci髇.

  El conjunto de acciones a desarrollar por cada miembro de la unidad de convivencia conformar醤 su itinerario de inserci髇 personalizado.

  3. Los programas deben contar con el consentimiento previo de las personas beneficiarias de la ayuda econ髆ica b醩ica, en los t閞minos se馻lados en los art韈ulos 12.5 y 27.3 de la Ley.

  4. El itinerario personalizado ha de evaluar sistem醫icamente la situaci髇 inicial de exclusi髇 social o de riesgo de estarlo, el grado de consecuci髇 de los objetivos propuestos, la eficacia de los medios implicados as� como el grado de implicaci髇 de las personas beneficiarias, debi閚dose articular en su caso las modificaciones oportunas, tanto en el diagn髎tico de la situaci髇 y propuestas de ayuda como en los objetivos de intervenci髇 y acciones concretas.

  La revisi髇 se ha de hacer trimestralmente y debe contar con la activa participaci髇 de las personas beneficiarias de la Prestaci髇 con programas de integraci髇. Cuando los programas sean sustancialmente modificados deber醤 contar con el consentimiento expreso de la persona beneficiaria al plan modificado.

  5. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, de acuerdo con el art韈ulo 38 de la Ley, comprobar� la adecuaci髇 de las actuaciones de integraci髇 contempladas en los itinerarios de inserci髇 en relaci髇 con la problem醫ica y necesidades detectadas en el an醠isis DAFO, as� como la efectiva ejecuci髇 de las medidas de integraci髇, su evaluaci髇 y, en su caso, modificaci髇. Del mismo modo asesorar�, apoyar� y promover� la formaci髇 y supervisi髇 espec韋ica en favor de los profesionales de los servicios sociales municipales asociados a la elaboraci髇 y puesta en pr醕tica de los planes de inserci髇 de las personas beneficiarias de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇.�

  
• Veinte.- Se modifica el art韈ulo 20, cuya redacci髇 queda en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 20 Subvenciones destinadas a programas y proyectos de inserci髇

  La Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias financiar�, a trav閟 del organismo aut髇omo competente en materia de empleo y de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, la ejecuci髇 y desarrollo de proyectos y programas de inserci髇. Los programas y proyectos tendr醤 car醕ter anual o plurianual en funci髇 de sus caracter韘ticas y contenidos, los perfiles de los participantes y las necesidades en tiempo e intensidad que requiera la intervenci髇 social. Los programas y proyectos estar醤 orientados seg鷑 criterios dise馻dos acordes con las necesidades detectadas y del mismo modo la zonificaci髇 de los mismos ser� acorde con la ubicaci髇 de la problem醫ica social o laboral.�

  
• Veintiuno.- Se modifica la denominaci髇 del T韙ulo V, con la siguiente r鷅rica:

  玊蚑ULO V
  
  COMUNICACI覰, COORDINACI覰, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINANCIACI覰

  
• Veintid髎.- Se modifica el art韈ulo 34 cuya redacci髇 queda de la forma siguiente:

  獳rt韈ulo 34 Comisi髇 t閏nica de coordinaci髇

  1. Se crea la Comisi髇 t閏nica de coordinaci髇 al objeto de coordinar las acciones de los 髍ganos de las administraciones implicadas en la aplicaci髇 de la Ley.

  2. La comisi髇 t閏nica de coordinaci髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 queda adscrita a la consejer韆 competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

  3. Estar� presidida por la persona titular de la direcci髇 general competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma e integrada por:

  • - Un representante designado por la direcci髇 del Servicio Canario de Empleo.
  • - Un representante designado por la Consejer韆 competente en materia de educaci髇.
  • - Un representante designado por la direcci髇 del Servicio Canario de la Salud.
  • - Un representante designado por la direcci髇 del Instituto Canario de la Vivienda.
  • - Dos representantes designados por la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, uno de los cuales actuar� como Secretario.
  • - Tres representantes de los municipios de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, designados por la Federaci髇 Canaria de Municipios o la asociaci髇 de municipios m醩 representativa.

  4. Ser醤 funciones de la Comisi髇 t閏nica de coordinaci髇:

  • a) Coordinar la acci髇 de las diferentes Administraciones P鷅licas implicadas en la aplicaci髇 de la Ley.
  • b) Promover la elaboraci髇 de programas dirigidos a favorecer la inserci髇 social, laboral, profesional, ocupacional y educativa de las personas beneficiarias de la prestaci髇 cuyo contenido se dirija a la realizaci髇 de las acciones previstas en el art韈ulo 19 del presente reglamento, en los que se tenga en cuenta la zonificaci髇 territorial ya establecida en materia de salud, empleo o educaci髇 y las propuestas de las Administraciones locales sobre tal zonificaci髇.
  • c) Proponer el presupuesto de gastos del programa presupuestario de car醕ter transversal previsto en el art韈ulo 42 de la Ley, a cuyos fines evaluar� la necesidad de ayudas econ髆icas directas para:
    • - Realizaci髇 de pol韙icas de empleo.
    • - Escuelas infantiles destinadas a los menores de tres a駉s que est閚 al cuidado de perceptores de la prestaci髇 que hayan de realizar actividades de inserci髇.
    • - Creaci髇 de actividades complementarias en centros educativos, que permitan ampliar el horario escolar de los hijos de las personas beneficiarias de la prestaci髇 que realicen actividades de inserci髇.
    • - Cuidado y atenci髇 de personas dependientes que est閚 a cargo de las beneficiarias de la prestaci髇 mientras estos realicen actividades de inserci髇.
    • - Transporte colectivo, para desplazamientos de la persona beneficiaria al lugar donde haya de realizar las actividades de inserci髇.
    • - Acceso a la formaci髇 en entidades privadas o p鷅licas.
    • - Cobertura de gastos de alquiler de vivienda o los suministros de esta.
    • - Gastos sanitarios y farmac閡ticos.
    • - Otras necesidades de cuya cobertura econ髆ica dependiera la eficacia de las acciones de inserci髇 dise馻das.
  • d) Dise馻r soluciones globales para atender a las unidades de convivencia que han percibido la ayuda econ髆ica b醩ica durante veinticuatro mensualidades y continuasen en situaci髇 de necesidad.

  5. La Comisi髇 t閏nica de coordinaci髇, una vez constituida, acordar� sus normas de funcionamiento interno. Deber� reunirse, al menos, una vez cada semestre.

  6. Sin perjuicio de las peculiaridades que, en su caso, pudieran preverse en sus normas de funcionamiento interno, la Comisi髇 t閏nica de coordinaci髇 se ajustar� a las normas de organizaci髇 y funcionamiento establecidas para los 髍ganos colegiados en la legislaci髇 reguladora del r間imen jur韉ico del sector p鷅lico.�

  
• Veintitr閟.- Se modifica el art韈ulo 35 cuya redacci髇 queda de la forma siguiente:

  獳rt韈ulo 35 Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa

  1. Se crea la Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 al objeto de hacer un seguimiento de las medidas establecidas en la Ley y en este Reglamento.

  2. La Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 queda adscrita a la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias y realizar� el estudio y programaci髇 en relaci髇 a las actividades de inserci髇 establecidas en el T韙ulo III de la Ley y en el mismo T韙ulo de este Reglamento.

  Dicha comisi髇 actuar� como 髍gano de participaci髇 de los interlocutores sociales y como 髍gano de consulta y asesoramiento para el desarrollo de las mencionadas medidas, y actuar� con el car醕ter de comisi髇 sectorial de las previstas en el art韈ulo 19 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, a fin de asesorar al Consejo General de Servicios Sociales.

  La Comisi髇 podr� dictar un reglamento de r間imen interno para regular su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones sobre 髍ganos colegiados de la legislaci髇 estatal sobre R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

  3. Estar� presidida por el titular de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias e integrada por:

  • a) Ocho representantes de las Administraciones p鷅licas designados de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales y distribuidos de la siguiente forma:
    • - Un representante de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales.
    • - Un representante de la Consejer韆 competente en materia de empleo.
    • - Un representante de la Consejer韆 competente en materia de educaci髇.
    • - Un representante de la Consejer韆 competente en materia de salud.
    • - Un representante de la Consejer韆 competente en materia de vivienda.
    • - Tres representantes de los municipios de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a propuesta de la Federaci髇 Canaria de Municipios o la asociaci髇 de municipios m醩 representativa.
  • b) Ocho representantes de las organizaciones empresariales y sindicales m醩 representativas en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Canarias: cuatro representantes por las organizaciones sindicales y cuatro representantes por las organizaciones empresariales, designados por los respectivos 髍ganos de gobierno de cada organizaci髇 de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales.
  • c) Dos representantes de los Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales, correspondiendo uno a cada provincia, designados de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales.

  4. La Secretar韆, con voz pero sin voto, la desempe馻r� quien designe la persona titular de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, pudi閚dola asumir un miembro del propio 髍gano o una persona al servicio de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias.

  5. Corresponde a la Comisi髇 llevar a cabo las siguientes funciones:

  • a) Actuar como 髍gano de participaci髇 de los interlocutores sociales.
  • b) Actuar como 髍gano de asesoramiento para el desarrollo de medidas tendentes a la erradicaci髇 de condiciones de desigualdad social.
  • c) El seguimiento y la evaluaci髇 global de la aplicaci髇 de la Ley y de lo establecido en sus disposiciones de desarrollo.
  • d) Emitir informes anuales relativos al desarrollo de los programas y a la ejecuci髇 de las medidas de inserci髇 y de su efectividad destinados al Consejo General del Servicio Canario de Empleo, al Consejo General de Servicios Sociales y al Consejo Econ髆ico y Social de Canarias y su remisi髇 al Parlamento para su conocimiento.

  6. Cuando lo considere necesario, el Gobierno podr� solicitar a la Federaci髇 Canaria de Municipios un informe sobre la situaci髇 de tramitaci髇 y aplicaci髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 por parte de los ayuntamientos. Asimismo, los ayuntamientos podr醤 remitir informes al Gobierno sobre situaciones estructurales o coyunturales en relaci髇 con la aplicaci髇 de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 en su 醡bito territorial.�

  
• Veinticuatro.- Se a馻de un nuevo art韈ulo 37, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 37 Financiaci髇 de la gesti髇 municipal

  1. A fin de contribuir a la financiaci髇 de las competencias de los ayuntamientos reguladas en el art韈ulo 39 de la Ley, de acuerdo con la dotaci髇 contemplada anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Canarias estableciendo una asignaci髇 econ髆ica destinada a sufragar los gastos de personal especializado en trabajo social y que estar� destinado en estas entidades para llevar a cabo las finalidades previstas de comprobaci髇 de los requisitos, la subsanaci髇 de solicitudes y la remisi髇 de la documentaci髇 aportada por las personas interesadas, la cual ser� distribuida de acuerdo con los siguientes criterios de reparto y de acuerdo con los siguientes porcentajes:

  • a) Poblaci髇 empadronada en el municipio: 50% en forma directamente proporcional a la poblaci髇 municipal.
    
    Para esta variable, se utilizar醤 las cifras anuales de las revisiones de los padrones municipales de habitantes aprobadas para el a駉 a que se refiera el c醠culo objeto de distribuci髇.
  • b) Media mensual de demandantes de empleo inscritos sin percibir prestaci髇 econ髆ica y residentes en el municipio de los tres a駉s anteriores al c醠culo objeto de distribuci髇: 40% en forma directamente proporcional a la media mensual de demandantes de empleo de cada municipio.
    
    Para esta variable se utilizar醤 las cifras oficiales publicadas por el Servicio Canario de Empleo.
  • c) 蚽dice medio mensual de perceptores de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 reconocida en los 鷏timos tres a駉s en el municipio objeto de distribuci髇: 10%, en forma directamente proporcional al n鷐ero de resoluciones aprobadas en cada municipio en dicho periodo.

  Para esta variable, se utilizar醤 el n鷐ero de resoluciones de reconocimiento de la ayuda aprobadas por la consejer韆 competente en servicios sociales con car醕ter municipalizado.

  2. La contribuci髇 de la Comunidad Aut髇oma a la financiaci髇 de las competencias de los ayuntamientos lo ser� en t閞minos de suficiencia financiera, de forma que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de las Haciendas Municipales y en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R間imen Local, seg鷑 la redacci髇 dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en la Disposici髇 transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.�

  

Disposici髇 transitoria 鷑ica R間imen transitorio

Hasta tanto se aprueben los modelos normalizados previstos en el Reglamento de la Ley de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, seguir醤 siendo de aplicaci髇 los Anexos I, II, III y IV aprobados por la Orden de la Consejer韆 de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 10 de febrero de 2010, por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV del Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇, aprobado por Decreto 136/2007, de 24 de mayo.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a los dispuesto en este Decreto.

Disposici髇 final primera Habilitaci髇 normativa

Se autoriza a la persona titular de la Consejer韆 competente en materia de pol韙icas sociales para dictar cuantas disposiciones complementarias requiera el desarrollo de este Decreto.

Disposici髇 final segunda Constituci髇 de la Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇

1. En el plazo m醲imo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, deber醤 constituirse la Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 regulada en el art韈ulo 35 del Reglamento.

2. Todas las referencias normativas realizadas a la extinta Comisi髇 de Seguimiento de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 se entender醤 hechas a la Comisi髇 sectorial de Seguimiento y Comunicaci髇 interadministrativa de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇.

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de Canarias.