1. Se considerar醤 cl醬sulas abusivas las previstas en la normativa reguladora de las mismas. Las cl醬sulas abusivas contenidas en las condiciones generales de los contratos y las pr醕ticas abusivas que vulneren los derechos de los consumidores y consumidoras ser醤 sancionadas por las administraciones competentes en materia de consumo. Las administraciones p鷅licas adoptar醤 las medidas que sean de su competencia para conseguir el cumplimiento de la legislaci髇 vigente, en especial con la finalidad de que las

personas consumidoras est閚 protegidas contra las cl醬sulas y las pr醕ticas abusivas ilegibles o de dif韈il comprensi髇 en los contratos y en las transacciones.

2. Esta protecci髇 se extiende a los incumplimientos que puedan surgir respecto de lo convenido en la fase preparatoria del contrato, en la oferta, la promoci髇 y la publicidad, as� como a los incumplimientos de las obligaciones asumidas y a desarrollar hasta la completa consumaci髇 del contrato en los contratos de servicios y suministros de tracto sucesivo.

3. Por su parte, las personas consumidoras tienen derecho a solicitar la eliminaci髇 y el cese de las cl醬sulas y pr醕ticas abusivas o desleales. En el caso de los cr閐itos o pr閟tamos hipotecarios, puede preverse la opci髇 de la daci髇 en pago.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo publicar� en el Diario Oficial de Extremadura y en su p醙ina web aquellas pr醕ticas o condiciones consideradas abusivas como consecuencia de su verificaci髇 en el mercado y que as� hayan sido ratificadas por los 髍ganos judiciales�

El consumidor tendr� derecho a una protecci髇 frente a las pr醕ticas comerciales enga駉sas, ya sean por acci髇 o por omisi髇, as� como frente a las pr醕ticas comerciales agresivas realizadas antes, durante y despu閟 de una transacci髇 comercial, siempre que afecten a los consumidores y usuarios.

En todo caso, se considerar醤 pr醕ticas comerciales desleales aquellas consistentes en se駏elos publicitarios, ofertas falsamente gratuitas, las dirigidas a manipular la voluntad de los menores, las consistentes en propiedades sanitarias inexistentes, anuncios ocultos en medios de comunicaci髇, promociones piramidales, ofertas con premios o regalos falsos, ventajas falsamente especiales o cualquiera otras ofertas no solicitadas y persistentes realizadas por tel閒ono, fax, correo electr髇ico o cualquier otro m閠odo de venta a distancia.

1. Las administraciones competentes en materia de consumo velar醤 de modo especial y prioritario por aquellos colectivos que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, vulnerabilidad y un mayor grado de desprotecci髇, en especial:

• a) Los menores de edad.
• b) Las mujeres gestantes.
• c) Las personas mayores.
• d) Las personas enfermas y las personas con discapacidad f韘ica, ps韖uica o sensorial.
• e) Las personas inmigrantes y asiladas.
• f) Las personas con carencias econ髆icas o en riesgo de exclusi髇 social.
• g) Las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero.
• h) Todas aquellas personas que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, vulnerabilidad y un mayor grado de desprotecci髇.

Reglamentariamente podr� ampliarse el cat醠ogo de los colectivos de consumidores necesitados de especial protecci髇.

2. La Junta de Extremadura promover� la implantaci髇 de pol韙icas y de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la informaci髇 previa a la contrataci髇, y, en especial, a la utilizaci髇 del sistema braille en el etiquetado de los productos, especialmente respecto a los bienes que afecten a la salud y la seguridad.

3. La direcci髇 general competente en materia de consumo elaborar� y difundir� una gu韆 de lectura f醕il sobre los derechos y deberes de los consumidores y de las consumidoras dirigida preferentemente a personas con discapacidad f韘ica o ps韖uica o que en general tengan dificultades para una comprensi髇 lectora�.

玡) Las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentaci髇 de los bienes o servicios comercializados en Extremadura deber醤 figurar en caracteres que permitan su f醕il lectura y estar醤 redactadas al menos en castellano, lengua oficial del Estado espa駉l.

Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposici髇 de los consumidores y usuarios deber醤 incorporar, acompa馻r o, en 鷏timo caso, permitir de forma clara y comprensible informaci髇 veraz, eficaz y suficiente sobre sus caracter韘ticas esenciales, en particular sobre las siguientes:

• a) Nombre y direcci髇 completa del responsable.
• b) Naturaleza, composici髇 y finalidad.
• c) Calidad, cantidad, categor韆 o denominaci髇 usual o comercial, si la tienen.
• d) Fecha de producci髇 o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
• e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles�.

玤) Atender, facilitar y suministrar la informaci髇 que les sea solicitada por las personas consumidoras de forma personal y, si procede, presencial, por los medios adecuados, as� como atender e informar, en cualquier caso, a las personas consumidoras, de forma inmediata y adecuada y, si procede, presencialmente, de cualquier incidencia, acontecimiento o circunstancia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo. A tales efectos, si disponen de un tel閒ono o tel閒onos de atenci髇 a la clientela, estos deben ser de car醕ter gratuito (sin que en ning鷑 caso puedan ser de tarificaci髇 adicional o especial), y deben informar y facilitar el n鷐ero o n鷐eros a las personas consumidoras�.

玝) La exposici髇 p鷅lica y visible de los precios y tarifas de los productos, bienes y servicios ofertados, diferenciando claramente, en su caso, los precios al contado de los precios con f髍mula de pago aplazada.

Cuando se oferten productos, bienes y servicios con aplazamiento de pago, se informar� por escrito, como m韓imo, de:

• - El precio total de adquisici髇, tanto al contado como con aplazamiento de pago.
• - El n鷐ero total de plazos, su importe y su periodicidad.
• - El tipo de inter閟 a aplicar.
• - En su caso, las cantidades parciales o totales a satisfacer por gastos de apertura, cancelaci髇 u otros que se pudieran generar.

Los productos, bienes o servicios ofertados como rebajados deber醤 incluir en sus lugares de exhibici髇 tanto el precio anterior como el rebajado�

1. El procedimiento para darse de baja de un servicio de tracto continuado o sucesivo no puede contener m醩 requisitos o ser m醩 dificultoso que el procedimiento para darse de alta. Adem醩, en servicios de inter閟 general, como energ韆, telecomunicaciones o suministro de agua, si tras solicitar la persona usuaria la baja o un cambio sustancial de las condiciones contractuales 閟tas no se llevaran a efecto en el plazo m醲imo de veinticuatro horas o superior, si es la persona usuaria quien as� lo solicita, 閟ta tiene derecho a que no se le facture el servicio a partir de la solicitud de dicha baja o modificaci髇 sustancial del contrato.

2. En el momento de la contrataci髇 de un servicio de tracto continuado o sucesivo, debe informarse del procedimiento de baja y de las indemnizaciones, las penalizaciones o los pagos que debe efectuar la persona consumidora si se da de baja del servicio.

3. El prestador o prestadora debe garantizar la continuidad y calidad en la prestaci髇, de acuerdo con la informaci髇 que se ha suministrado o la publicidad que se ha realizado, sin que pueda librarse de responsabilidad por conducto de terceros con quien la persona consumidora no haya entrado en contacto. Pueden determinarse por reglamento los mecanismos de control y verificaci髇 de la calidad en la prestaci髇 de los servicios de tracto continuado.

4. El prestador o prestadora de un servicio de tracto continuado o sucesivo debe garantizar una atenci髇 adecuada a la persona consumidora, sin demoras ni esperas. Esta atenci髇 debe ser personal, siempre y cuando la persona consumidora lo desee, sin procedimientos o mecanismos autom醫icos que hagan imposible la conversaci髇 con la persona consumidora.

5. No puede dejarse de prestar el servicio de tracto continuado o sucesivo por falta de pago de alg鷑 recibo o factura si la persona consumidora ha presentado alguna reclamaci髇 con relaci髇 al recibo o factura ante el mismo prestador o prestadora o por medio de los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos.

6. Para interrumpir el servicio de tracto continuado o sucesivo es preciso que existan, como m韓imo, tres recibos o facturas impagadas y sobre los cuales no concurra ninguna reclamaci髇 pendiente de resoluci髇, siempre y cuando no hayan sido objeto de reclamaci髇 por la persona consumidora, se le hayan comunicado de forma fehaciente las consecuencias de este impago y se le haya dado un plazo no inferior a veinte d韆s h醔iles para que los pague. A estos efectos, el requerimiento o comunicaci髇 se practicar� por cualquier medio que permita tener constancia de la recepci髇 por la persona interesada o su representante, as� como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo�.

玧) Exigir un servicio de atenci髇 directa, personalizada y presencial ubicado en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, con un m韓imo de un establecimiento f韘ico en las ciudades de Badajoz, C醕eres, M閞ida y Plasencia, en aquellos sectores que presten servicios de uso com鷑 y generalizado, especialmente los suministrados por operadores de telecomunicaciones y/o terceros intermediarios. Reglamentariamente podr醤 determinarse aquellos otros servicios de uso com鷑 y generalizado a los cuales sea de aplicaci髇 lo establecido en el p醨rafo anterior, as� como las condiciones y ratios de atenci髇 presencial a los consumidores y las consumidoras�

1. Se consideran hipotecas titulizadas, a los efectos de esta ley, aquellos pr閟tamos con garant韆 hipotecaria contratados por un consumidor o por una consumidora con una entidad de cr閐ito cuya actuaci髇 en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura se halle sujeta a la supervisi髇 del Banco de Espa馻 y que hayan sido cedidos por cualquier t韙ulo a un fondo de titulizaci髇, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci髇 del Mercado Hipotecario, y en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre R間imen de Sociedades y Fondos de Inversi髇 Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulizaci髇 Hipotecaria, as� como la normativa que la desarrollan.

2. Se consideran cr閐itos titulizados aquellos pr閟tamos concertados por un consumidor o una consumidora con una entidad financiera sin garant韆 hipotecaria, con garant韆s de otro tipo o sin garant韆 real de ning鷑 tipo.

3. Las entidades que hayan cedido un cr閐ito hipotecario u ordinario a un fondo de titulizaci髇 deber醤 informar por escrito de esta cesi髇 a la persona con la que hubieran firmado el contrato de pr閟tamos garantizado con hipoteca u otro tipo de pr閟tamo, con distinta garant韆 o sin garant韆. Esta notificaci髇 de la cesi髇, transmisi髇 o titulizaci髇 se realizar� de oficio por parte de las entidades financieras en el momento de producirse o a petici髇 del consumidor interesado o consumidora interesada, en cualquier otro momento.

4. El plazo de comunicaci髇 no podr� superar, en ning鷑 caso, los cinco d韆s h醔iles desde que se produce la titulizaci髇 del pr閟tamo hipotecario, o desde la solicitud de informaci髇 realizada por el deudor o deudora hipotecaria, en los pr閟tamos titulizados antes de la entrada en vigor de esta ley. La entidad deber� facilitar un documento acreditativo de la realizaci髇 de la solicitud de informaci髇 a la consumidora o al consumidor, en el que debe figurar la fecha de la misma.

5. La notificaci髇 de la informaci髇 acerca de la titularidad de la deuda se har� mediante correo postal, con indicaci髇 de la identidad del adquirente, as� como de todos los datos que permitan la identificaci髇, de manera sencilla y comprensible:

• a) De la fecha de escritura de cesi髇, transmisi髇 o titulizaci髇 del cr閐ito.
• b) De la fecha de constituci髇 del fondo de titulizaci髇.
• c) De la p醙ina del documento de constituci髇 del fondo de titulizaci髇 en la que se encuentra el cr閐ito del consumidor o de la consumidora.
• d) Del c骴igo del cr閐ito del consumidor o consumidora de manera que le sea posible identificar y localizar su deuda en el documento y la p醙ina indicada.
• e) El precio en euros de la transmisi髇.

En caso de que la entidad conserve la titularidad del cr閐ito se har� constar en la informaci髇 proporcionada al consumidor o consumidora la manifestaci髇 de que contin鷄 siendo el acreedor o acreedora�.

�5. Las organizaciones o asociaciones de consumidores y consumidoras en Extremadura, tienen, entre otros derechos:

• a) La legitimaci髇 para actuar en nombre y representaci髇 de los intereses generales de los consumidores y usuarios en todo el 醡bito territorial de Extremadura.
• b) Solicitar y obtener informaci髇 de las administraciones p鷅licas.
• c) Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de sus socias y socio, de la asociaci髇 y de los intereses colectivos de las personas consumidoras en general, de conformidad con la legislaci髇 aplicable.
• d) Participar en la elaboraci髇 y aprobaci髇 de los modelos de contratos de prestaci髇 de servicios si son prestados por las administraciones a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas.
• e) Propiciar sistemas de resoluci髇 de conflictos.
• f) Formular peticiones y ejercer iniciativas, en el marco de la legislaci髇 vigente, acerca del funcionamiento de los servicios p鷅licos, y particularmente de los prestados por las empresas p鷅licas auton髆icas.
• g) Participar en los 髍ganos colegiados que se constituyan en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura siempre que, por raz髇 de la materia, se debatan temas de inter閟 para la protecci髇 de las personas consumidoras�

w) La no notificaci髇 en plazo por las entidades que hayan cedido un cr閐ito hipotecario u ordinario a un fondo de titulizaci髇 previsto en el art韈ulo 12.bis de la presente ley�.

g) La no notificaci髇 en plazo por las entidades que hayan cedido un cr閐ito hipotecario u ordinario a un fondo de titulizaci髇 previsto en el art韈ulo 12.bis de la presente ley cuando la omisi髇 de informar sobre la titulizaci髇 de una hipoteca afecta a la capacidad de la deudora o deudor hipotecario para defenderse en un procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria�.

A la entrada en vigor de la presente ley, las entidades bancarias, financieras y de cr閐ito deber醤 comunicar a todos sus deudores y deudoras hipotecarias u ordinarias, que tengan la condici髇 de consumidor o de consumidora, y en el caso de que su cr閐ito haya sido cedido, transmitido o titulizado, total o parcialmente, la informaci髇 determinada en el art韈ulo 12.bis.

Para hacerlo dispondr醤 de un plazo de tres meses, a contar desde la publicaci髇 de esta ley en el Diario Oficial de Extremadura�.