Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid

• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
• Artículo 2 Principios de buena regulación
• Artículo 3 Planificación normativa plurianual y evaluación
• Artículo 4 Actuaciones previas y estructura del procedimiento
• Artículo 5 Consulta pública y actuaciones previas
• Artículo 6 Memoria del Análisis de Impacto Normativo
• Artículo 7 Memoria extendida del Análisis de Impacto Normativo
• Artículo 8 Emisión de informes
• Artículo 9 Audiencia e información públicas
• Artículo 10 Terminación
• Artículo 11 Tramitación urgente de iniciativas normativas
• Artículo 12 Procedimiento simplificado para la tramitación de disposiciones organizativas
• Artículo 13 Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid
• Artículo 14 Huella normativa y gestión electrónica del procedimiento normativo
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Composición y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Iniciativas normativas iniciadas con anterioridad
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Modificación del Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
  • DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Modificación del Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
  • DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Modificación del Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones
  • DISPOSICIÓN FINAL CUARTA Habilitación de desarrollo
  • DISPOSICIÓN FINAL QUINTA Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid, así como su simplificación.

2. Las previsiones contenidas en el presente Decreto se aplicarán a los procedimientos de elaboración y tramitación de los anteproyectos y proyectos de normas con rango de ley, proyectos de decretos legislativos y resto de proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno o a cualquiera de sus miembros.

3. Este Decreto no será de aplicación al supuesto previsto en el artículo 4.5.c).1.º de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Asimismo, quedan fuera de su ámbito de aplicación las disposiciones que contengan bases reguladoras y convocatorias de subvenciones o ayudas públicas.

Artículo 2 Principios de buena regulación

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, la Comunidad de Madrid actuará de acuerdo con la legislación básica estatal conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

5. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en el presente Decreto, estos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

6. En aplicación del principio de transparencia, la Comunidad de Madrid posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración.

7. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar en su aplicación la gestión de los recursos públicos.

8. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 3 Planificación normativa plurianual y evaluación

1. Durante el primer año de cada legislatura, se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid el Plan Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno para dicho periodo. El plan contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que las Consejerías prevean elevar durante la legislatura a la aprobación del Consejo de Gobierno. Anualmente, la Comisión Interdepartamental para la reducción de Cargas Administrativas y de Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, prevista en el artículo 13, revisará dicho Plan pudiendo formular propuesta para que ulteriormente el Consejo de Gobierno proceda a su modificación para adaptarlo, en su caso, a las circunstancias sobrevenidas o de oportunidad que lo justifiquen.

2. La elaboración del Plan se atribuye a la consejería competente en materia de Coordinación Normativa de la Comunidad de Madrid, a partir de las propuestas remitidas por cada una de las Consejerías, con objeto de asegurar la congruencia de las iniciativas que se tramiten y evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. La propuesta formulada se someterá a la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, a efectos de su revisión y, con carácter previo a su posterior elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación.

3. En el caso de tramitación de propuestas normativas no incluidas en el Plan Normativo, su necesidad deberá justificarse adecuadamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante, MAIN). Asimismo, la MAIN indicará si la norma debe someterse a evaluación «ex post» por parte de la consejería promotora de la iniciativa normativa, así como los términos y plazos previstos para llevarla a cabo.

4. Las Consejerías deberán evaluar los resultados de aplicación de las iniciativas que les correspondan, en coordinación con la Consejería competente en materia de Coordinación Normativa.

Artículo 4 Actuaciones previas y estructura del procedimiento

1. La redacción de las normas estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de las mismas.

2. Con carácter general, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse, el procedimiento para la elaboración de disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid se estructura en los siguientes trámites necesarios, que se realizarán por el siguiente orden:

• a) Consulta pública, en su caso.
• b) Elaboración del proyecto normativo y su MAIN.
• c) Solicitud simultánea de informes preceptivos y otras consultas que se estimen convenientes.
• d) Trámite de audiencia e información públicas, en su caso.
• e) Informe de la Secretaría General Técnica de la consejería proponente.
• f) Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su caso.
• g) Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, en su caso.
• h) Aprobación por el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros.

3. En el caso de las iniciativas normativas cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, una vez elaborado el proyecto normativo y su correspondiente MAIN, se comunicará a las Secretarías Generales Técnicas de cada consejería para su conocimiento y, en su caso, realización de las observaciones oportunas en cuanto a su adecuación al orden competencial y de atribuciones establecido en los diferentes decretos de estructura. El plazo para emitir dichas observaciones, en su caso, será el general de ocho días hábiles establecido con carácter general para los informes en el artículo 8.2

Artículo 5 Consulta pública y actuaciones previas

1. Con carácter previo a la elaboración del correspondiente texto se sustanciará la consulta pública prevista en el artículo 60 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia de la Comunidad de Madrid, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma.

En el caso de proyectos de decreto y anteproyectos de normas con rango de ley, la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se llevará a cabo por la consejería proponente previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Para el resto de proyectos normativos, la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se realizará directamente por la consejería responsable de la iniciativa, dando cuenta con carácter previo a la consejería competente en materia de Coordinación Normativa, a cuyos efectos se dictará la correspondiente instrucción.

2. La consulta pública se realizará en un plazo no inferior a quince días hábiles para que los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, a cuyos efectos se pondrán a disposición los documentos e información necesarios.

3. El centro directivo proponente elaborará una memoria o ficha descriptiva de la consulta pública, en la que se reflejarán las siguientes cuestiones:

• a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
• b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
• c) Los objetivos de la norma.
• d) Las alternativas regulatorias y no regulatorias.

4. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública:

• a) En el caso de normas presupuestarias u organizativas.
• b) Cuando concurran graves razones de interés público que lo justifiquen.
• c) Si carece de impacto significativo en la actividad económica.
• d) Si no impone obligaciones relevantes para sus destinatarios.
• e) Cuando regule aspectos parciales de una materia.

5. La concurrencia de una o varias de las causas enunciadas en el anterior apartado será apreciada por el centro directivo proponente y se justificará en la MAIN.

Artículo 6 Memoria del Análisis de Impacto Normativo

1. Con carácter general, cuando el centro directivo competente estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos económicos, presupuestarios, sociales, sobre las cargas administrativas o cualquier otro análogo, apreciables, o estos no sean significativos, junto con el texto del proyecto normativo, se realizará una memoria ejecutiva que incluirá los siguientes apartados:

• a) Identificación clara de los fines, objetivos perseguidos, oportunidad y legalidad de la norma.
• b) Adecuación a los principios de buena regulación.
• c) Identificación del título competencial prevalente.
• d) Listado de las normas que quedan derogadas.
• e) Impacto presupuestario y los sociales exigidos por norma con rango de ley.
• f) Descripción de la tramitación y consultas realizadas.
• g) Justificación, si la propuesta no estuviera incluida en el Plan Anual Normativo.
• h) Análisis económico que evalúe las consecuencias de su aplicación, aunque su impacto sobre la actividad económica no sea relevante.
• i) En su caso, se incluirá una descripción de la forma en la que se realizará su evaluación ex post.

2. Este tipo de memoria se realizará, en todo caso, cuando se trate de normas organizativas y de modificaciones parciales de normas reglamentarias aprobadas por el Consejo de Gobierno cuyos impactos económicos y sobre las cargas administrativas no sean significativos, incluyéndose una breve justificación al respecto.

3. El centro directivo competente para la realización de la memoria actualizará el contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación, en especial, la descripción de la tramitación y consultas.

Artículo 7 Memoria extendida del Análisis de Impacto Normativo

1. En los demás casos, en particular cuando se trate de anteproyectos de ley, de proyectos de decreto legislativo y de reglamentos ejecutivos con un impacto relevante de carácter económico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, se elaborará una memoria extendida que se referirá a la justificación de su acierto y oportunidad, el análisis de los impactos y la descripción de su tramitación y consultas, conforme a lo que se indica en los siguientes apartados.

2. La justificación del acierto, contenido y análisis jurídico de la propuesta de norma incluirá:

• a) La identificación clara de los fines y objetivos perseguidos.
• b) La adecuación a los principios de buena regulación.
• c) El análisis de alternativas, que comprenderá una justificación de la necesidad de la norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación o frente a otras.
• d) La justificación de la necesidad de su tramitación en el caso de que no figurara incluida en el Plan Normativo.
• e) El contenido y análisis jurídico, que resumirá las principales novedades introducidas por la propuesta de norma, incluirá una referencia a su engarce con el derecho nacional y de la Unión Europea y contendrá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la misma. La memoria contendrá, además, una referencia a la vigencia indefinida o temporal de la norma. En este último caso se precisarán los motivos que justifican la opción escogida. Asimismo, se justificará, también el rango normativo propuesto para el proyecto.
• f) El análisis sobre la adecuación de la propuesta de norma al orden de distribución de competencias, precisando el título o títulos competenciales en el que se basa la norma.

3. Análisis de los impactos económicos y sociales y la detección y medición de las cargas administrativas:

• a) El impacto económico y test pyme: El impacto económico evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento con estas materias. Se evaluará el efecto sobre las pequeñas y medianas empresas realizándose el test Pyme, en los términos que se determine reglamentariamente.
• b) El impacto presupuestario que comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público.
• c) Los impactos sociales por razón de género, en la infancia y adolescencia, en la familia e igualdad y los demás tipos de impactos exigidos por normas con rango de Ley o resto de normativa básica.
• d) La detección y medición de las cargas administrativas que conlleva la disposición de carácter general, cuantificando el coste de su cumplimiento para los obligados a soportarlas con especial referencia a las pequeñas y medianas empresas. En aplicación del principio de eficiencia, la norma deberá evitar cargas administrativas innecesarias.

4. La descripción de la tramitación y consultas incluirá:

• a) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a la elaboración del texto. En caso de prescindir de este trámite de consulta pública deberá justificarse en la memoria la concurrencia de una o varias de las razones previstas en el artículo 5.
• b) La referencia a las consultas realizadas y observaciones recibidas en el trámite de audiencia e información pública, así como su resultado y su reflejo en el texto del proyecto. Deberá ponerse de manifiesto expresamente en la memoria y justificarse la reducción de los plazos de audiencia e información públicas, o la omisión de dicho trámite conforme a lo establecido en el artículo 9.
• c) Asimismo, se hará referencia a los informes de las entidades locales y a otros informes o dictámenes preceptivos o facultativos, evacuados durante la tramitación.
• d) En el caso de que el Consejo de Gobierno acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, la memoria mencionará la existencia de dicho acuerdo, así como las circunstancias que le sirven de fundamento conforme a lo previsto en el artículo 11.
• e) La evaluación «ex post» de acuerdo con el plan normativo, que incluirá la forma en la que se analizarán los resultados de la aplicación de las normas por parte de la consejería promotora de la iniciativa normativa, así como los términos y plazos previstos para llevarla a cabo.

5. El centro directivo competente para la realización de la memoria actualizará el contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación, en especial, la descripción de la tramitación y consultas.

Artículo 8 Emisión de informes

1. Durante el procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo proponente recabará los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como los estudios y consultas que estime convenientes, debiendo justificar los informes facultativos que se soliciten, en su caso.

2. Como regla general, los informes se emitirán en un plazo de ocho días hábiles o de quince días hábiles cuando el informe se solicite a otra administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía, salvo que por ley reguladora o norma básica se establezca otro plazo o que el centro directivo competente decida ampliarlo por un máximo de cinco días adicionales.

3. El transcurso del plazo previsto para la emisión de informes preceptivos no vinculantes no impedirá la continuación del procedimiento sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración una vez emitido y de la responsabilidad en que pueda incurrir el órgano que ocasione de la demora.

4. La solicitud de informes preceptivos, incluido el informe de coordinación y calidad normativa, así como los estudios y consultas que se estimen convenientes se realizará de forma simultánea, salvo los informes que en su caso deban emitir la Abogacía General y/o la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

5. Los anteproyectos o proyectos de normas con rango de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán ser informados, en todo caso, después de realizado el trámite de audiencia e información públicas, y con carácter previo a la solicitud en su caso del informe a la Abogacía General, por la secretaría general técnica de la consejería o Consejerías proponentes, salvo que el órgano promotor de la norma sea la propia secretaría general técnica. En este último caso, bastará con la actualización de la MAIN en la que se recogerá un pronunciamiento de la secretaría general técnica sobre la adecuación a la legalidad del proyecto de disposición.

6. El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, cuando proceda, culminará la fase de informe del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas y será el último que se solicite. Deberá de ser emitido en un plazo máximo de 20 días hábiles, salvo que la complejidad de la norma proyectada justifique un plazo superior, en cuyo caso el plazo será de 30 días hábiles, debiendo motivarse en el informe.

Artículo 9 Audiencia e información públicas

1. Durante la tramitación del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se sustanciará el trámite de audiencia e información públicas contemplado en el artículo 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril.

2. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de quince días hábiles, el cual podrá reducirse hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones excepcionales de interés público debidamente motivadas lo justifiquen, así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas previsto en el artículo 11. De ello deberá dejarse constancia en la MAIN.

3. Podrá prescindirse del trámite de audiencia e información públicas en los casos tasados en el apartado 3 del citado artículo 60 de la Ley 10/2019, de 10 de abril.

Artículo 10 Terminación

1. En el caso de los anteproyectos de disposiciones con rango de ley y de los proyectos de decreto y, una vez cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos y se elevará al Consejo de Gobierno para que, en su caso, proceda a su aprobación.

2. En el caso de las normas con rango de ley, además, se acordará la remisión del proyecto a la Asamblea de Madrid, junto con los dictámenes de los órganos consultivos que resulten preceptivos, así como de las memorias e informes que conformen el expediente de elaboración del texto normativo.

Artículo 11 Tramitación urgente de iniciativas normativas

1. El Consejero competente por razón de la materia, a propuesta del titular del centro directivo al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos y proyectos de normas con rango de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias en los siguientes supuestos:

• a) Cuando concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.
• b) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.

2. La MAIN que acompañe al proyecto deberá mencionar la decisión de la tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento.

3. La tramitación por la vía de urgencia implicará que:

• a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración de disposiciones normativas se reducirán a la mitad.
• b) En cuanto al trámite de consulta pública previa, se estará a lo dispuesto por el artículo 27.2 b) de la Ley 50 /1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia e información públicas en un plazo de siete días hábiles.

4. El acuerdo de tramitación urgente, que revestirá la forma de Orden, deberá adoptarse con anterioridad a la elaboración de la MAIN, salvo que concurran circunstancias sobrevenidas que justifiquen la urgencia una vez iniciado el procedimiento.

Artículo 12 Procedimiento simplificado para la tramitación de disposiciones organizativas

1. La aprobación y modificación de la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otras normas de carácter puramente organizativo cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, se realizará mediante el procedimiento simplificado previsto en el presente artículo.

2. El procedimiento contendrá, exclusivamente:

• a) MAIN.
• b) Informes de impacto presupuestario y de recursos humanos.
• c) Informe de calidad normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.
• d) Otros informes de impacto que resulten preceptivos.
• e) Informes de las Secretarías Generales Técnicas, en su caso.

3. Los informes preceptivos se emitirán en un plazo máximo de cinco días hábiles, pudiendo reducirse dicho plazo hasta tres días hábiles por razones de urgencia debidamente justificadas por la consejería a la que corresponda la iniciativa normativa.

4. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos y se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Artículo 13 Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid

1. La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid (en adelante, la Comisión), adscrita a la consejería competente en materia de Coordinación Normativa, es el grupo de trabajo interdepartamental que tiene asignadas las funciones de debate, impulso y desarrollo de la evaluación normativa, a los efectos de su simplificación, su adaptación a los principios de buena regulación y reducción de cargas administrativas innecesarias, formulando las propuestas normativas correspondientes.

2. La Comisión fijará, a propuesta de la consejería competente en materia de Coordinación Normativa, los criterios para la evaluación normativa posterior y conocerá de las propuestas de evaluación normativa que formulen las distintas Consejerías. Asimismo, le corresponde la valoración con carácter previo a la elevación, por el órgano competente, al Consejo de Gobierno del Plan Normativo regulado en el artículo 3.

Artículo 14 Huella normativa y gestión electrónica del procedimiento normativo

1. La huella normativa está constituida por los documentos y contenidos que deben publicarse, conforme a la legislación de transparencia, en un apartado específico del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid con esa misma denominación.

2. Los documentos y contenidos disponibles en la huella normativa lo estarán en formato accesible, sin firmas ni rúbricas, y siendo válido el documento pdf generado a partir del texto de que se trate previo a su firma.

3. Dichos documentos y contenidos se recopilarán por las unidades de transparencia de la secretaría general técnica de la consejería proponente para su incorporación a la huella normativa del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. En caso de propuestas normativas conjuntas, esta función se ejercerá por la secretaria general técnica que se acuerde entre las proponentes.

4. El procedimiento normativo se gestionará de forma electrónica para lo cual se habilitarán de forma progresiva los correspondientes soportes y recursos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Composición y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno se regulará la composición y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Iniciativas normativas iniciadas con anterioridad

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se tramitarán hasta su aprobación por la normativa anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Modificación del Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid

Se modifica el artículo 16 del Decreto 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que queda redactado de la siguiente manera:

LE0000623540_20210326

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Modificación del Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid

Se modifica el artículo 23 del Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que queda redactado de la siguiente manera:

LE0000567080_20210326

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Modificación del Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones

Se modifica el título y el apartado primero del artículo 35 del Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones que queda redactado de la siguiente manera:

LE0000193796_20210326

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA Habilitación de desarrollo

Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de Coordinación Normativa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto, así como para la aprobación de informes normalizados.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.