Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Creación, competencias y adscripción
• Artículo 2 Composición
• Artículo 3 Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del cargo
• Artículo 4 Secretaría
• Artículo 5 Funciones de la Presidencia
• Artículo 6 Funciones de las Vocalías
• Artículo 7 Funciones de la Secretaría
• Artículo 8 Funcionamiento
• Artículo 9 Régimen de personal y medios materiales
• Artículo 10 Entidades locales de Andalucía
• Artículo 11 Convenios con el Parlamento de Andalucía, las Instituciones de autogobierno del Capítulo VI del Título IV del Estatuto de Autonomía y con las Universidades Públicas
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Utilización de medios electrónicos
  • Disposición adicional segunda Complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Procedimientos en curso
  • Disposición transitoria segunda Funcionamiento inicial del Tribunal Administrativo
  • Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de la Secretaría y del personal técnico y administrativo de apoyo al Tribunal
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Desarrollo y ejecución
  • Disposición final segunda Entrada en vigor

Artículo 1 Creación, competencias y adscripción

1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, como órgano de carácter especializado que actuará con plena independencia funcional, al que corresponderán las siguientes competencias, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales de la misma que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

• a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 37 de la referida Ley.
• b) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el artículo 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 109 de dicha Ley.
• c) Resolver, respecto a los contratos celebrados en el ámbito de la seguridad pública, los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 59 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 56 de dicha Ley.
• d) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas provisionales o cautelares que se hayan solicitado por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad a que se refieren los párrafos a), b) y c) del presente artículo.
• e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la normativa estatal básica.

2. Sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en adelante el Tribunal Administrativo, queda adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Véase el Acuerdo de 21 de junio de 2022, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, por el que se crean las Secciones del Tribunal, se establece el reparto de atribuciones entre estas y el Pleno y el criterio de distribución de asuntos entre las Secciones («B.O.J.A.» 28 junio).LE0000732298_20220629

Artículo 2 Composición

1. El Tribunal Administrativo estará compuesto por la persona titular de la Presidencia y cuatro Vocales. En caso de que el volumen de asuntos sometidos al conocimiento del Tribunal lo aconseje por causas debidamente acreditadas, el número de Vocales podrá incrementarse por Decreto del Consejo de Gobierno.

LE0000689599_20240217Número 1 del artículo 2 redactado por el apartado uno de la disposición final sexta del D.-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 22 febrero).Vigencia: 23 febrero 2021

2. El nombramiento de las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías se realizará por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, entre personas funcionarias de carrera con licenciatura o grado en Derecho. Deberán haber desempeñado su actividad por tiempo superior a quince años, la persona titular de la Presidencia, y a diez años, las personas titulares de las Vocalías, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.LE0000534696_20140808 Párrafo primero del número 2 del artículo 2 redactado por el apartado dos del artículo 2 del D [ANDALUCÍA] 120/2014, 1 agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo («B.O.J.A.» 7 agosto).Vigencia: 8 agosto 2014

En el caso de que las personas titulares de la Presidencia o de las Vocalías fueran designadas entre personal funcionario de carrera incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha Ley.

3. La duración del mandato será de cinco años, renovables por una sola vez.

No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal.

4. ...

LE0000689599_20240217Número 4 del artículo 2 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria única del D.-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 22 febrero).Vigencia: 23 febrero 2021

5. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías ocuparán puestos integrados en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La forma de provisión de dichos puestos de trabajo será la libre designación. La remoción podrá realizarse únicamente por las causas previstas y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 3 del presente Decreto.

LE0000534696_20140808 Número 5 del artículo 2 redactado por el apartado tres del artículo 2 del D [ANDALUCÍA] 120/2014, 1 agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo («B.O.J.A.» 7 agosto).Vigencia: 8 agosto 2014

6. En la designación de los miembros del Tribunal Administrativo se observarán las normas sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres establecidas en los artículos 18.2 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Artículo 3 Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del cargo

1. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías del Tribunal Administrativo tendrán carácter independiente e inamovible, y solo podrán ser cesadas por alguna de las siguientes causas:

• a) Por expiración de su mandato.
• b) Por renuncia aceptada por el Consejo de Gobierno.
• c) Por pérdida de la nacionalidad española.
• d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
• e) Por condena por sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
• f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

2. En los supuestos previstos en los párrafos a) y b), la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda dará cuenta al Consejo de Gobierno para que mediante Decreto acuerde la formalización del cese.

3. La remoción será acordada por Acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos previstos en los párrafos c), d), e) y f) del apartado 1, previa tramitación del siguiente procedimiento:LE0000534696_20140808 Párrafo primero del número 3 del artículo 3 redactado por el apartado cuatro del artículo 2 del D [ANDALUCÍA] 120/2014, 1 agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo («B.O.J.A.» 7 agosto).Vigencia: 8 agosto 2014

• a) El acuerdo de iniciación del procedimiento será dictado por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
• b) Se requerirá informe preceptivo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y audiencia de la persona interesada.
• c) En cualquier momento del procedimiento la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá acordar la suspensión cautelar del miembro del Tribunal Administrativo afectado.
• d) Corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda efectuar la propuesta de cese al Consejo de Gobierno. La resolución deberá ser dictada y notificada en el plazo de tres meses a partir de la iniciación del procedimiento.

Artículo 4 Secretaría

1. El Tribunal Administrativo estará asistido por la persona titular de la Secretaría, que actuará con voz y sin voto.

2. La provisión del puesto que corresponde a la Secretaría se realizará de conformidad con los sistemas de provisión de puestos previstos en la normativa aplicable de función pública, de entre personas funcionarias del Grupo A, Subgrupo A1, de la Administración de la Junta de Andalucía con licenciatura o grado en Derecho, con una antigüedad superior a tres años.

Artículo 5 Funciones de la Presidencia

Corresponderán a la persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo las siguientes funciones:

• a) Ostentar su representación.
• b) Ejercer las competencias que a la Presidencia de los órganos colegiados atribuye el artículo 93.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
• c) Acordar el reparto de los asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia.
• d) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados al efecto.
• e) Dirigir la organización y gestión del Tribunal Administrativo.
• f) Cualquier otra función que se le atribuya por las disposiciones de aplicación.

Artículo 6 Funciones de las Vocalías

Corresponden a las personas titulares de las Vocalías las siguientes funciones:

• a) Ejercer las competencias que el artículo 94.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, atribuye a las Vocalías de los órganos colegiados.
• b) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal Administrativo, debidamente convocados al efecto.
• c) Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación o les asigne la Presidencia.

Artículo 7 Funciones de la Secretaría

Corresponderán a la persona titular de la Secretaría las siguientes funciones:

• a) Ejercer las competencias que el artículo 95.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, atribuye a la Secretaría de los órganos colegiados.
• b) Coordinar al personal adscrito al Tribunal Administrativo en la tramitación de los procedimientos.
• c) Custodiar la documentación del Tribunal Administrativo.
• d) Cualquier otra función que se le atribuya por las disposiciones de aplicación o le asigne la persona titular de la Presidencia.

Artículo 8 Funcionamiento

1. La constitución y funcionamiento del Tribunal Administrativo se regirán por lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal estará dividido en un mínimo de dos Secciones, que estarán presididas por la persona titular de la Presidencia del Tribunal, quien podrá delegar el ejercicio de la función en uno de los Vocales que integren la Sección.

Mediante acuerdo de la persona titular de la Presidencia del Tribunal se crearán las Secciones, y se determinará su composición, la distribución de asuntos entre las mismas y el reparto de atribuciones entre las Secciones y el Pleno.

LE0000689599_20240217Número 1 del artículo 8 redactado por el apartado dos de la disposición final sexta del D.-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 22 febrero).Vigencia: 23 febrero 2021

2. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de las personas titulares de la Presidencia o de las Vocalías, el Consejo de Gobierno podrá designar suplentes, que deberán cumplir los requisitos que se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

De conformidad con el artículo 93.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, cuando el Consejo de Gobierno no designe suplente para la persona titular de la Presidencia, será sustituida por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y edad, por este orden.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia de la persona titular de la Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria al servicio del Tribunal Administrativo o, si no fuese posible, de la Consejería competente en materia de Hacienda, designada por su titular, a propuesta de la persona titular del Tribunal y que cumpla los mismos requisitos exigidos en el artículo 4.2.

4. El Tribunal Administrativo podrá solicitar la asistencia de personal experto en la materia que se trate, que actuará con voz y sin voto.

5. En virtud del artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Tribunal Administrativo podrá elaborar sus propias normas de régimen interno.

Artículo 9 Régimen de personal y medios materiales

1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Tribunal Administrativo dispondrá del personal incluido en la relación de puestos de trabajo que se apruebe a propuesta de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. Asimismo, contará con los medios materiales que se le asignen por la Consejería competente en materia de Hacienda.

2. La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito al Tribunal Administrativo se realizará por el procedimiento de aplicación al personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 10 Entidades locales de Andalucía

1. En el ámbito de las entidades locales andaluzas y de los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación y de las reclamaciones a que se refiere el artículo 1 de este Decreto corresponderá a los órganos propios, especializados e independientes que creen, que actuarán con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

2. De conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que atribuye a las provincias el artículo 11.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución de estos recursos especiales y reclamaciones podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las Diputaciones Provinciales.

3. Con la excepción que se contempla en el párrafo segundo de este apartado, en caso de que las entidades locales y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los apartados anteriores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía será el competente para resolver los recursos y reclamaciones respecto a los actos de dichas entidades.

Cuando los recursos y reclamaciones se interpongan respecto de actos dictados por Diputaciones Provinciales o municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la atribución de competencia al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía exigirá la suscripción de convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias

LE0000836907_20240217 Artículo 10 redactado por el apartado uno del artículo 77 del D.-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía («B.O.J.A.» 16 febrero).Vigencia: 17 febrero 2024

Artículo 11 Convenios con el Parlamento de Andalucía, las Instituciones de autogobierno del Capítulo VI del Título IV del Estatuto de Autonomía y con las Universidades Públicas

1. El Tribunal Administrativo será competente, previa celebración del oportuno convenio, para resolver los recursos y cuestiones de nulidad referidos en el artículo 1.1.a), interpuestos contra los actos dictados en materia de contratación pública por los órganos competentes del Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Económico y Social de Andalucía. A tal efecto, dichas instituciones podrán celebrar el correspondiente convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable a las Universidades Públicas de Andalucía.

Véase la Orden de 18 de abril de 2022, por la que se delega la firma de los convenios interadministrativos de atribución de competencias al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sobre la resolución de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra actos de los correspondientes órganos de contratación de las Universidades Públicas andaluzas («B.O.J.A.» 22 abril).LE0000725564_20220423

Véase la Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se delega la firma de los convenios a que se refiere el artículo 11 del D. 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía («B.O.J.A.» 15 noviembre).LE0000741516_20221109

Disposición adicional primera Utilización de medios electrónicos

1. En la tramitación de los procedimientos por el Tribunal Administrativo se aplicará lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y la restante normativa estatal y autonómica aplicable en la materia.

2. Las comunicaciones entre el Tribunal Administrativo y los órganos de contratación se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos o electrónicos.

3. Las notificaciones a las personas recurrentes y demás interesadas intervinientes en los procedimientos de recurso, cuestión de nulidad y reclamaciones se harán por los medios establecidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, cuando la persona recurrente hubiera admitido las notificaciones por medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, en el caso de que hubiese intervenido en él y, en todo caso, cuando así lo indicara en el escrito de interposición, las notificaciones se le efectuarán por estos medios.

Disposición adicional segunda Complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

1. El complemento de desempeño a que se refiere la normativa reguladora de la función pública de la Junta de Andalucía se percibirá por las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo, con arreglo a lo establecido en las normas generales reguladoras de esta materia, en la presente disposición y en las que por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda se dicten en su desarrollo.

2. La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, con los límites de las disponibilidades presupuestarias existentes para este fin, asignará una cantidad global que constituirá el tope del complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo y que se distribuirá individualmente conforme a los criterios establecidos en el apartado siguiente. La determinación de esa cantidad global se hará en atención a los objetivos programáticos fijados para el Tribunal Administrativo y en razón de la responsabilidad de los asuntos, carga de trabajo y valoración de las actuaciones realizadas.

3. La asignación individualizada del complemento de desempeño se realizará por semestres naturales vencidos, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Tribunal y sus cuatro vocales mediante acuerdo adoptado por mayoría, previa evaluación de los resultados obtenidos.

LE0000836907_20240217 Disposición adicional segunda introducida por el apartado dos del artículo 77 del D.-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía («B.O.J.A.» 16 febrero).Vigencia: 17 febrero 2024

Disposición transitoria primera Procedimientos en curso

Los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad referidos en el artículo 1 que se encuentren pendientes de resolver en la fecha de inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo, serán resueltos por éste de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición transitoria segunda Funcionamiento inicial del Tribunal Administrativo

1. El Tribunal Administrativo iniciará su funcionamiento como órgano unipersonal.

Cuando el volumen o la especificidad de los asuntos así lo aconsejen, por Decreto del Consejo de Gobierno se podrá acordar su funcionamiento como órgano colegiado.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.1 del presente Decreto, la persona titular del Tribunal Administrativo como órgano unipersonal pasará a ser la titular de la Presidencia del mismo cuando empiece a funcionar como órgano colegiado, por el tiempo que le reste de mandato, a los efectos del plazo previsto en el artículo 2.3.LE0000534696_20140808 Párrafo tercero del número 1 de la disposición transitoria segunda redactado por el apartado seis del artículo 2 del D [ANDALUCÍA] 120/2014, 1 agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo («B.O.J.A.» 7 agosto).Vigencia: 8 agosto 2014

2. A la persona titular del Tribunal Administrativo, en tanto funcione como órgano unipersonal, se le aplicarán las normas establecidas en los artículos 2 y 3 para la persona titular de la Presidencia. En cuanto a las funciones referidas en el artículo 5, tendrá las que sean adecuadas a su naturaleza de titular de un órgano unipersonal.

En caso de ausencia, enfermedad o impedimento con carácter temporal, se aplicará lo establecido para la Presidencia en el primer párrafo del artículo 8.2.

Véase la O [ANDALUCÍA] 14 diciembre 2011, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía («B.O.J.A.» 21 diciembre).LE0000468214_20200623

Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de la Secretaría y del personal técnico y administrativo de apoyo al Tribunal

1. Hasta tanto se apruebe la modificación de la relación de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 9 y se efectúe el nombramiento de la persona titular de la Secretaría, desempeñará provisionalmente sus funciones una persona funcionaria, designada por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, y que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 4.2.

2. Las funciones de apoyo técnico y administrativo al Tribunal se ejercerán por el personal que la Consejería competente en materia de Hacienda le asigne, hasta tanto se apruebe la mencionada modificación de la relación de puestos de trabajo y se efectúen los correspondientes nombramientos.

Disposición final primera Desarrollo y ejecución

Se habilita a la Consejera de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto y, en particular para:

• a) Determinar el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo, en todo caso en un plazo no superior a tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.
• b) Establecer la progresiva aplicación de los medios electrónicos a los procedimientos a que se refiere el presente Decreto.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.