Sumario

--> Ley [ARAGÓN] 4/1987, 25 marzo, derogada por disposición derogatoria única de Ley [ARAGÓN] 5/2009, 30 junio, de Servicios Sociales de Aragón («B.O.A.» 10 julio) el 11 de julio de 2009.

Exposición de Motivos

El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «asistencia bienestar social y desarrollo comunitario» -artículo 35, 19-. El desarrollo estatutario ha permitido la asunción efectiva del bloque mayoritario de competencias en servicios y prestaciones sociales por parte de la Comunidad Autónoma y una experiencia suficiente en la gestión de los mismos, reforzándose profundamente los lazos de cooperación entre las Administraciones Públicas en Aragón.

Todo lo cual aconseja la promulgación de un texto legal que consolide un auténtico sistema integrado de atenciones sociales bajo responsabilidad pública y de carácter descentralizado, que facilite una efectiva participación ciudadana. Un sistema que termine definitivamente con la graciabilidad inherente a las concepciones benéficas y que se fundamente en el reconocimiento de unos derechos subjetivos del ciudadano, cuya contrapartida es la obligatoriedad de los poderes públicos de hacerlos efectivos.

Se procurará así, frente a la dispersión y escasa racionalidad de las actuaciones benéficas, un conjunto perfectamente definido de prestaciones y servicios, establecido tras los oportunos procesos de planificación sometidos en su gestión a un sistema reglamentado y en el que concurran los niveles de calidad y profesionalidad que lo hagan efectivo para el fin previsto.

Como premisa indispensable se establece la delimitación del campo de actuación del sistema; no es de ninguna utilidad social mantener criterios sectoriales, por cuanto sobre cualquier colectivo social definido por su edad, sexo o condición física, psíquica, sensorial o social debe incidir integralmente la acción de todos los sistemas públicos de protección social -en un concepto de bienestar social- y no sólo los servicios y prestaciones sociales.

Lo contrario supondría mantener a estos colectivos en un nivel marginal, por cuanto no recibirían los beneficios sociales con carácter normalizado, lo que conlleva a profundizar la disgregación social.

Se impone, en consecuencia, la definición del contenido del sector en función de las necesidades a las que trata de dar respuesta, independientemente del colectivo o persona a la que afecte la necesidad, y así, es sujeto de estos servicios y prestaciones toda aquella persona o colectivo que no pueda ver atendidas sus necesidades más primarias -alojamiento, alimentación, vestido, acogimiento, socialización, etc.- en el marco de su unidad básica de convivencia por carencia o limitaciones de la misma; y por ello, tanto se trate de una persona de la tercera edad, de un menor, un joven, una mujer, un disminuido físico, psíquico o sensorial, o cualquier otra persona.

También es objeto de la actuación de los servicios sociales generar condiciones de convivencia social, particularmente en cuanto permiten el establecimiento de vínculos sociales normalizados, por parte de aquellos colectivos que sufren procesos de exclusión-marginación, fomentando en todo caso la solidaridad social.

Por último, los servicios sociales deben cumplir una función histórica, como es renunciar a su carácter paternalista hacia determinados colectivos sociales, a los que prestaba todo tipo de servicios de carácter sanitario, cultural, educativo y otros, debiendo procurar que tales atenciones se presten desde el correspondiente sistema público, aun cuando a tales efectos deben establecerse los canales de información e internamente los cauces de coordinación oportunos.

Las peculiaridades de la población y del territorio aragonés hacen inviable cualquier sistema prestador de servicios al ciudadano que no se asiente en una estructura descentralizada, y es por ello que el sistema de servicios y prestaciones sociales se asienta en la institución municipal, la cual cumplirá, por otra parte, la función clave de configurarse como única puerta de entrada al sistema, para lo cual se establecen los mecanismos oportunos de colaboración económica, técnica y de coordinación, cuya responsabilidad se encomienda a las Diputaciones provinciales y a la Comunidad Autónoma.