Artículo 45 La inspección en materia de acción social

45.1. La función inspectora en materia de acción social se adecuará, en cuanto a sus funciones y facultades, a lo establecido en la presente Ley y en la normativa reguladora de las condiciones mínimas materiales y de funcionamiento de los servicios y establecimientos sociales.

45.2. Son funciones básicas de la inspección en materia de acción social:

• a) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre condiciones funcionales y materiales de los centros y servicios sociales, practicando comprobaciones periódicas.
• b) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente.
• c) Asesorar a entidades y usuarios de los servicios sociales sobre sus respectivos derechos y deberes.
• d) Proponer medidas cautelares tendentes a salvaguardar la salud y seguridad de los usuarios.
• e) Informar sobre los planes de mejora en la calidad de los servicios.

45.3. La función inspectora se realizará por funcionarios con capacitación técnica adecuada y con denominación de inspector, los cuales tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

Artículo 45 redactado por el artículo 47 Ley [ARAGON] 13/2000, 27 diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.A.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001

Artículo 46 Las infracciones

46.1. Constituirán infracciones administrativas, a los efectos previstos en el párrafo e) del artículo 23, las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones concretas establecidas en la presente Ley y las normas que la desarrollen que perjudiquen a los usuarios o a la organización pública de los servicios.

46.2. Se tipifican como infracciones administrativas, atendiendo a su gravedad, los hechos que se enumeran en los siguientes apartados.

46.3. Son infracciones leves:

• a) No tener a disposición de los usuarios hoja de reclamaciones en el modelo oficial correspondiente.
• b) Carecer de libro de registro de usuarios.
• c) Carecer de póliza vigente de seguros que cubra los riesgos de siniestro total del edificio e indemnizaciones por daños a los usuarios.
• d) Carecer de reglamento de régimen interior sellado por el órgano competente.
• e) Vulnerar las condiciones exigibles de concreción, claridad y sencillez en las cláusulas contractuales, o la remisión a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario.
• f) La fijación de cláusulas que amparen al prestador del servicio para suprimir el servicio sin mediar causa objetiva que lo justifique.
• g) La imposición de cláusulas de exención absoluta de responsabilidad frente a los usuarios, cualquiera que sea el objeto de las mismas.
• h) La repercusión de costes de servicios que, en el momento de iniciarse la prestación, les fueron ofrecidos a los usuarios de forma gratuita.
• i) La repercusión sobre el usuario de las consecuencias negativas derivadas de los fallos, defectos o errores que no les sean directamente imputables.
• j) Realizar ofertas, promociones o publicidad de actividades o servicios que no se corresponden con exactitud a las condiciones reales de éstos.
• k) No comunicar al órgano administrativo competente las tarifas de precios que se aplicarán cada anualidad.
• l) No notificar al órgano administrativo competente las modificaciones que se produzcan en relación con los datos registrables considerados básicos por la norma reguladora del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social.
• m) La negativa, de forma injustificada y discriminatoria, a satisfacer las peticiones de los usuarios respecto a la prestación de actividades y servicios.
• n) Cualquier transgresión ocasional de los derechos de los usuarios de servicios sociales reconocidos en la normativa vigente, que no constituya una infracción grave o muy grave.
• o) No garantizar una correcta organización higiénico-sanitaria, cuando no suponga un riesgo o perjuicio grave para la salud de los usuarios.
• p) No garantizar que cada usuario pueda recibir, por medios propios o ajenos, la atención médica necesaria, siempre que no se cause un perjuicio grave en la salud de los usuarios.
• q) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias, en su estado o funcionamiento.
• r) La prestación en un centro de servicios sociales de actividades no autorizadas, con carácter ocasional.
• s) Incumplir el deber de remisión de la información solicitada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente o por la Inspección de Centros Sociales.
• t) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial o de los servicios a prestar, el cambio de titularidad, el cierre, o cualquier otra alteración de las condiciones de un establecimiento o servicio de acción social sin haberlo comunicado, en los casos en que esta comunicación sea preceptiva.
• u) Dificultar de cualquier modo el ejercicio de las competencias atribuidas a la Inspección en materia de Acción Social.
• v) Cualquier incumplimiento de las condiciones materiales y de funcionamiento contenidas en el reglamento correspondiente, siempre que no repercuta directamente en la salud o seguridad de los usuarios o no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
• w) No identificar el centro o servicio en el inmueble en que se ubique.

46.4. Son infracciones graves:

• a) La apertura de un establecimiento de acción social o la prestación de un nuevo servicio sin la oportuna autorización.
• b) La ampliación o disminución de la capacidad asistencial en más de un 25% de la registrada siempre que afecte a un mínimo de 10 plazas y la ampliación de los servicios de un centro que implique incremento en la ocupación sin la obtención de las autorizaciones que sean preceptivas.
• c) El cambio de titularidad o cierre de un servicio o establecimiento que haya recibido financiación pública para inversión en los últimos treinta años o para el mantenimiento del último ejercicio económico, o esté concertado con cualquier Administración pública, sin la preceptiva autorización.
• d) Alterar cualquier condición del centro sin autorización, en los casos en que ésta sea preceptiva.
• e) Alterar cualquier documento previamente aprobado por el órgano administrativo competente.
• f) La falta de veracidad o alteración de los datos remitidos al órgano competente que fueran requeridos en el ejercicio de sus funciones.
• g) Alterar o proporcionar con inexactitud los datos relevantes para la información registral, siempre que no impliquen una modificación en la calificación de la entidad.
• h) Obstaculizar e impedir la participación de los usuarios o sus representantes legales en las actividades del centro y el incumplimiento del deber, cuando proceda, de informar con carácter periódico y de forma veraz a los mismos de la gestión del servicio o establecimiento.
• i) Imponer a los usuarios cualquier forma de renuncia de sus legítimos derechos e intereses.
• j) El establecimiento de condiciones abusivas por perjudicar de forma desproporcionada e inequitativa al usuario.
• k) Presentar, de forma que induzca a engaño o enmascare su verdadera naturaleza, cualesquiera servicios o actividades cuya prestación no se corresponda con lo ofrecido.
• l) La transgresión de los derechos de los usuarios reconocidos en la normativa vigente, salvo que la misma tenga un carácter meramente ocasional, produciendo un grave perjuicio a los usuarios.
• m) Establecer obligaciones a los usuarios no manifiestas o disminuir la calidad de los servicios suministrados, precio de los servicios ofertados.
• n) No contar con el personal suficiente, con la titulación exigida, de acuerdo con el tipo de actividad y el número de atendidos en el centro.
• o) Incumplir las condiciones relativas a la seguridad de las instalaciones del centro.
• p) No garantizar una correcta organización higiénico sanitaria o no velar porque los usuarios cuenten con la atención médica necesaria, produciendo un grave riesgo o un perjuicio a los mismos.
• q) Alterar fraudulentamente los datos de los usuarios del centro o servicio con objeto de obtener o mantener una prestación económica.
• r) Destinar el importe de la financiación publica obtenida en su caso a usos propios de la acción social, pero distintos de los que motivaron su concesión.
• s) La obstrucción o resistencia a la Inspección en materia de acción social, impidiendo el ejercicio de sus competencias.
• t) Incumplir los requerimientos de las autoridades administrativas que hayan sido formulados en aplicación de la normativa sobre condiciones mínimas de los establecimientos y servicios de acción social.

46.5. Son infracciones muy graves:

• a) El ejercicio de actividades propias de los servicios y establecimientos de acción social en condiciones de clandestinidad.

  Se entenderá que existe clandestinidad, a los efectos de la presente Ley, cuando se trate de ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de las actividades que se desarrollan, con objeto de eludir la aplicación de la normativa vigente en materia de acción social.

• b) El incumplimiento de las condiciones y atenciones exigibles de higiene, salud y seguridad y la prestación inadecuada de los servicios a los usuarios o la deficiente calidad de los mismos cuando produzca un perjuicio notorio a los afectados o haya puesto en un peligro grave o inminente su salud o seguridad.
• c) La realización de actuaciones que impliquen la violación de los derechos fundamentales de los usuarios.
• d) Obstaculizar o impedir el libre ejercicio de las acciones que correspondan a los usuarios para la defensa de sus derechos e intereses frente a la entidad prestadora del servicio o titular del establecimiento.
• e) Alterar dolosamente los datos registrables con objeto de obtener una calificación diferente para la entidad.
• f) La negativa o resistencia a la actuación inspectora siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
• g) Alterar la contabilidad con objeto de ocultar el precio real de los servicios o para la obtención de financiación pública.
• h) Alterar fraudulentamente las condiciones establecidas para la obtención o mantenimiento de una financiación publica, o destinar el importe de la misma a fines distintos, de carácter lucrativo o ajenos al ámbito de la acción social.
• i) Modificar o proporcionar inexactamente los datos de la entidad con objeto de obtener los beneficios propios de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
• j) Incumplir la orden de cierre de un centro o servicio, dictada en cumplimiento de la normativa vigente en materia de acción social.

Artículo 46 redactado por el artículo 47 Ley [ARAGON] 13/2000, 27 diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.A.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001

Artículo 47 Las sanciones

47.1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas en la forma siguiente:

• A) Las infracciones leves serán sancionadas con la imposición de una o varias de las siguientes sanciones:
  • - Amonestación por escrito.
  • - Multa de hasta 500.000 pesetas.

  No obstante, en atención a la escasa gravedad de la conducta tipificada y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad que concurran, y con anterioridad a la adopción del acuerdo resolutorio, el órgano competente para la imposición de la sanción podrá requerir a la persona o entidad titular del establecimiento o servicio para que subsane las deficiencias o irregularidades detectadas.

  Transcurrido el plazo señalado en el requerimiento sin haber procedido al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, se impondrá la sanción que corresponda en su cuantía máxima.

• B) Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 500.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio.
• C) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 25.000.000 de pesetas y, en su caso, la revocación de la declaración de interés social de la entidad titular del centro o prestadora del servicio. La autoridad competente podrá optar, además, por la adopción de una de las siguientes medidas:
  • a) El cierre temporal del centro por un tiempo máximo de cinco años e inhabilitación por el mismo período de tiempo, del titular del establecimiento o de la prestación del servicio cuando la infracción sea imputable a su conducta dolosa o negligente.
  • b) La suspensión de la financiación pública por un período comprendido entre uno y cinco años.

  Además de la sanción que corresponda imponer a la entidad titular, a los miembros de órganos, agentes y representantes de una persona jurídica que resulten responsables, se les impondrá una de las sanciones siguientes:

  • a) Multa por una cuantía entre el 25 y el 50% de la sanción impuesta a la entidad.
  • b) Inhabilitación para ejercer funciones, desempeñar cargos o ejercer representación de carácter similar en un período de cinco años.

47.2. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves se determinarán conforme a los siguientes criterios:

• a) El grado de intencionalidad o negligencia.
• b) La gravedad del riesgo o peligro para los usuarios.
• c) Los perjuicios causados.
• d) El beneficio económico obtenido.
• e) El interés social del establecimiento o del servicio que se presta.
• f) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del infractor.
• g) La subsanación de las deficiencias que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, a iniciativa del interesado, antes de recaer resolución definitiva.
• h) La utilización de tácticas dilatorias en la cumplimentación de la documentación previamente requerida por el órgano competente, con el fin de obtener un beneficio.
• i) La reiteración en la comisión de infracciones. Se produce reiteración cuando se ha sido sancionado en materia de acción social en los dos años anteriores a la comisión de la infracción.
• j) El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos.

Para determinar la sanción aplicable a los responsables descritos en el apartado 1.c) de este artículo, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:

• a) El grado de responsabilidad que concurra en el interesado.
• b) La conducta dolosa o negligente anterior, en la misma o en otra entidad, tomando al efecto las sanciones firmes impuestas durante los últimos cinco años.
• c) El carácter de representación que el interesado ostente.

Artículo 47 introducido por el artículo 47 Ley [ARAGON] 13/2000, 27 diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.A.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001