Sumario

Derogado por

L 5/2017 de 28 Mar. CA Cataluña (medidas fiscales, administrativas, financieras y de creación y regulación de impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos y otros)

Véase el D Leg. [CATALUÑA] 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («D.O.G.C.» 6 octubre).

El Presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, establece las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un elevado nivel de calidad en los servicios, con el principal objetivo de estrechar cada vez más los lazos entre los estados y los pueblos de Europa y de garantizar el progreso económico y social mediante la creación de un espacio único, sin fronteras interiores, en el que quede garantizada la libre circulación de los servicios.

Con esta finalidad, la Directiva establece directrices para simplificar los procedimientos administrativos, fomentar una buena calidad de los servicios, promover un marco regulador transparente, predecible y favorable para la actividad económica e impulsar la modernización de las administraciones públicas para responder a las necesidades de las empresas y mejorar la protección de los derechos de los consumidores y los usuarios.

El artículo 44.1 de la Directiva establece que los estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la Directiva antes del 28 de diciembre de 2009. De conformidad con ello, las Cortes Generales han aprobado la Ley del Estado 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

De acuerdo con el artículo 189 del Estatuto de autonomía, la Generalidad aplica y ejecuta el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, y la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias que establecen la Constitución y el propio Estatuto. El mismo artículo del Estatuto determina que, en el caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya la normativa básica del Estado, la Generalidad puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas.

Este proceso ha comportado, en algunos casos, la tramitación de las modificaciones legislativas por vía ordinaria: son los supuestos en que se ha considerado que la necesidad de adaptar normas sectoriales a la nueva situación requería un cambio normativo que superaba el ámbito de la transposición de la Directiva. En otros casos esta tarea requiere, por su carácter detallado y por la complejidad, hacer uso de la técnica establecida por el artículo 63 del Estatuto.

Así pues, el objeto de la presente ley de bases es delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, en forma de decretos legislativos, para adecuar las leyes vigentes de Cataluña a la Directiva. La presente ley fija las bases a las que debe ajustarse el Gobierno mediante una remisión a la propia Directiva, ya que en el desarrollo del derecho de la Unión Europea las autoridades competentes están obligadas a ajustarse estrictamente a su contenido. Esta especificidad del derecho de la Unión Europea configura las disposiciones de la Directiva como bases que debe contener la delegación legislativa y a las que debe someterse el Gobierno en el ejercicio de la delegación.

Finalmente, de conformidad al artículo 63 del Estatuto, la presente ley establece el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor para hacer uso de la delegación legislativa.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.