Sumario

Mediante Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto, la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la Hacienda y del Sector Publico de la Comunidad, estableció el régimen de requisitos esenciales para determinados tipos de expedientes y concretó los extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, deben ser comprobados por los órganos que tienen atribuida la función interventora en la Administración de la Comunidad.

En cumplimiento de la previsión contenida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía. Posteriormente, mediante Decreto 61/2010, de 16 de diciembre, se aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la citada Ley, permitiendo de este modo la instrucción de los primeros expedientes de solicitud por parte de los órganos gestores competentes de la Administración de la Comunidad.

La naturaleza y los procedimientos de tramitación establecidos para este tipo de expedientes aconsejan que el control a ejercer sobre los mismos por parte de la Intervención General de la Administración de la Comunidad se efectúe bajo la modalidad de requisitos esenciales, completándose posteriormente con las actuaciones de control financiero permanente que se determinen por la Intervención General.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda e iniciativa de la Intervención General de la Administración de la Comunidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de febrero de 2011 adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Se modifica el Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se determina la aplicación del régimen de fiscalización e intervención previas de requisitos esenciales, en los siguientes términos:

• Uno.- Se incorpora un nuevo Apartado Vigésimo, con la siguiente redacción:

  Vigésimo.- Renta Garantizada de Ciudadanía.

  1. Reconocimiento del derecho a la prestación de renta garantizada de ciudadanía y determinación de su cuantía mensual:

  • 1.1. Expediente inicial.
    
    Dado que el acceso a esta prestación se constituye como un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León a quienes se encuentren en situación de exclusión social, no será necesaria en esta fase la acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, extremo que será verificado con carácter previo al pago de la prestación.

    La fiscalización previa se realizará en el momento inmediatamente anterior a la aprobación de la resolución por la que se reconozca el derecho a la prestación, debiendo comprobarse los siguientes extremos:

    • a) Que existe solicitud formulada en instancia normalizada.
    • b) Que se aporta en el expediente informe sobre la valoración económica de la situación del solicitante suscrita por técnico competente.
    • c) En las situaciones de exclusión social estructural, que existe proyecto individualizado de inserción específico elaborado por los profesionales del Centro de Acción Social y suscrito por el beneficiario y demás destinatarios a los que concierna.
    • d) Que existe propuesta de resolución formulada por el órgano instructor en la que conste la cuantía mensual de la prestación, así como los datos necesarios para el cálculo económico de la misma.
  • 1.2. Modificación de la prestación.

    En los supuestos de modificación de la prestación que supongan un incremento en su cuantía, se verificarán los siguientes extremos:

    • a) Que se aporta en el expediente informe actualizado sobre la valoración económica suscrita por técnico competente.
    • b) Para nuevas situaciones de exclusión social estructural, que existe proyecto individualizado de inserción específico elaborado por los profesionales del Centro de Acción Social y suscrito por el beneficiario y demás destinatarios a los que concierna.
    • c) Que existe propuesta de resolución formulada por el órgano instructor en la que conste la cuantía mensual de la prestación, los datos necesarios para el cálculo económico de la misma y las circunstancias personales o económicas del beneficiario que motivan la modificación.
  • 1.3. Mantenimiento temporal de la prestación.

    Cuando se den las circunstancias determinantes de la posibilidad del mantenimiento temporal de la renta garantizada de ciudadanía en otro miembro de la unidad familiar o de convivencia, deberá verificarse:

    • a) Que existe solicitud sobre la nueva titularidad.
    • b) Que existe informe motivado de la Gerencia Territorial sobre la procedencia del cambio de titular de la prestación.
  • 1.4. Reanudación del abono de la prestación.

    Cuando la percepción de la renta garantizada de ciudadanía se hubiese suspendido y proceda su reanudación, se verificarán los siguientes extremos:

    • a) Que existe propuesta de resolución del levantamiento de la suspensión de la prestación y de la reanudación de su abono.
    • b) Que se aporta en el expediente informe actualizado sobre la valoración económica suscrita por técnico competente.

  2. Pago de la renta garantizada de ciudadanía:

  El examen de las variaciones o incidencias que se produzcan en la nómina mensual se limitará exclusivamente a las altas, los atrasos y a las modificaciones que impliquen un incremento en la cuantía de la prestación. El resto de variaciones, así como los actos que las generen, se incluirán en el ámbito propio de las actuaciones de control financiero permanente.

  • 2.1. Generación de nóminas provinciales.

    La fiscalización de las nóminas generadas mensualmente en cada provincia se realizará efectuando las siguientes comprobaciones:

    • a) Que se proponen para su aprobación al órgano competente.
    • b) Sobre el estado justificativo provincial, verificar la exactitud de la cuantía mensual de las nuevas altas y, en su caso, de las modificaciones y liquidaciones de atrasos, en consideración a los efectos derivados de la fecha de la resolución de concesión, y que esta ha sido debidamente fiscalizada.
    • c) Comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina provincial con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
  • 2.2. Aprobación de la nómina general.
    • a) Que existe crédito y que el propuesto es el adecuado.
    • b) Que la nómina está firmada por el órgano responsable de su confección y se propone para su autorización al órgano competente.
    • c) Que las relaciones mensuales por provincias han sido fiscalizadas y aprobadas por los órganos competentes.
    • d) Que el importe total de la nómina general se corresponde con la suma de los totales consignados en las relaciones mensuales provincializadas.
  
• Dos.- El actual Apartado Vigésimo «Otras ayudas y prestaciones» pasa a numerarse como Apartado Vigesimoprimero, con el mismo título y contenido.

Segundo.- Efectos.

El presente Acuerdo producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».