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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  Disposiciones Generales
  • Artículo 1  Objeto y finalidad
  • Artículo 2  Ámbito de aplicación
  • Artículo 3  Petición de documentación por parte del personal que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León
  • Artículo 4  Comprobación, constancia y verificación de los datos
  • Artículo 5  Consulta de datos de carácter personal
  • Artículo 6  Catálogo de simplificación documental
• CAPÍTULO II.  Supresión de la obligación del interesado de aportar determinados documentos
  • Artículo 7  Documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español
  • Artículo 8  Certificado de empadronamiento
  • Artículo 9  Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias
  • Artículo 10  Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a Seguridad Social
  • Artículo 11  Documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León
  • Artículo 12  Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León
  • Artículo 13  Certificaciones e informes acreditativos del cumplimiento de determinados requisitos cuya emisión corresponda a la misma consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que lo solicita
  • Artículo 14  Documentación e inscripción en un registro adscrito a la consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que tramita y resuelve
  • Artículo 15  Supresión de documentos alternativos
• CAPÍTULO III.  Declaraciones responsables
  • Artículo 16  Concepto y efectos de la presentación de la declaración responsable
  • Artículo 17  Certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria
  • Artículo 18  Estatutos sociales, poderes públicos de representación y cuentas anuales
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda  Sustitución de documentación por declaraciones responsables
  • Tercera  Presentación por el interesado de la documentación que dé lugar a la inscripción en Registros o la inclusión en ficheros automatizados de datos de carácter personal
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
  • Segunda  Comprobación y verificación en actos formales o públicos de apertura
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICIÓN DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Habilitación normativa
  • Segunda  Sistemas de verificación de datos
  • Tercera  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y finalidad

1.- Constituye el objeto de este Decreto la adopción de medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos mediante la supresión de la obligación de aportar determinada documentación o mediante la sustitución de ésta, en su caso, por declaraciones responsables.

2.- Su finalidad es la mejora de la calidad de los servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en particular, contribuir a hacer efectivo el artículo 35. f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Este Decreto es de aplicación a los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, sus organismos autónomos vinculados o dependientes y los entes públicos de derecho privado, cuando ejercen potestades administrativas, salvo los procedimientos tributarios, actuaciones de aplicación de los tributos, contratación administrativa y Registro de Fundaciones de Castilla y León que se regirán conforme dispongan su normas reguladoras.

Sin perjuicio de lo anterior, se someterán a su normativa específica los procedimientos administrativos que contengan además otras medidas de simplificación documental e incluso mejoras con respecto a las establecidas en este Decreto.

Artículo 3 Petición de documentación por parte del personal que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León

1.- El personal que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá exigir a los interesados la presentación de aquellos documentos cuya aportación no esté prevista como obligatoria por la correspondiente norma, sin perjuicio de las funciones inspectoras, de supervisión y control, de investigación y de instrucción de los órganos que las tengan atribuidas.

2.- No podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas de aquella documentación e información que no sea necesaria para la resolución del procedimiento o que, aún siéndolo, se encuentre en poder de la Administración actuante, que ésta pueda comprobar por técnicas telemáticas o en el caso de procedimientos electrónicos para los que será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Asimismo, en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el caso de documentos emitidos por una autoridad competente, ya sea en España o en otro Estado miembro, no se exigirá la presentación de documentos originales o copias compulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la normativa comunitaria o justificados por orden público y seguridad pública.

Los ciudadanos podrán solicitar la compulsa de aquella documentación o información necesaria que no se encuentre en los supuestos previstos en el apartado anterior

Número 2 del artículo 3 redactado por la Disposición Adicional Primera del D [CASTILLA Y LEÓN] 43/2010, 7 octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 13 octubre).Vigencia: 14 octubre 2010

3.- De la misma forma, tampoco podrá exigir la presentación de aquellos documentos cuya obligación de aportarse haya sido suprimida o hayan sido objeto de sustitución por una declaración responsable en los términos previstos en este Decreto.

Artículo 4 Comprobación, constancia y verificación de los datos

1.- La comprobación y constancia de los datos necesarios en el procedimiento administrativo se realizará de oficio, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los procedimientos para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los citados datos, éstos se comprobarán mediante un sistema de verificación que determine su autenticidad.

2.- El órgano administrativo a quien corresponde la comprobación, constancia y, en su caso, verificación de los datos es aquél que determine la normativa reguladora del correspondiente procedimiento como encargado de recabar la documentación exigida para su tramitación.

3.- En cualquier caso, dichas operaciones deberán efectuarse con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución, y en todo caso, con carácter previo a su resolución.

4.- Si resultara alguna discrepancia con los datos facilitados por el interesado o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos, el órgano competente para la comprobación, constancia y, en su caso, verificación estará facultado para realizar las actuaciones procedentes, a través del requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los términos de la normativa específica aplicable en cada caso.

Artículo 5 Consulta de datos de carácter personal

1.- Cuando la obligación de aportar documentación haya sido suprimida y afecte a datos de carácter personal, la verificación oficial de los mismos deberá realizarse, salvo en los supuestos previstos por una norma con rango de Ley, con el consentimiento expreso del interesado.

2.- Cuando el interesado no otorgue su consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas, estará obligado a aportar la documentación que contenga sus datos, siendo causa para requerirle en los términos recogidos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6 Catálogo de simplificación documental

1. Se crea el Catálogo de simplificación documental como inventario público de documentos cuya obligación de aportación por el interesado sea suprimida o sustituida por la presentación de declaraciones responsables.

Si con posterioridad a su entrada en vigor se pretende suprimir o sustituir la obligación de aportar otro tipo de documento, esa supresión o sustitución se efectuará mediante su inclusión en el Catalogo de simplificación documental.

A tal efecto, la secretaria general correspondiente comunicará la supresión o bien la sustitución por declaraciones responsables al centro directivo competente en materia de simplificación y racionalización administrativa.

2. El Catálogo de simplificación documental recogerá, en todo caso, el documento o documentos cuya obligada presentación se suprime o sustituye, los registros o ficheros automatizados concretos en los que aparecen las inscripciones de los documentos o los datos, así como los procedimientos administrativos, en su caso, excluidos de esta medida.

3. El contenido del Catálogo se pondrá a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es .

Igualmente estará disponible en todas las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y en el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 6 redactado por disposición final tercera del D [CASTILLA Y LEÓN] 7/2013, 14 febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 15 febrero).Vigencia: 16 febrero 2013

Artículo 7 Documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español

Queda suprimida la obligación de aportar fotocopia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente decreto a efectos de comprobación de los datos de identificación personal de quien tenga la condición de interesado.

Artículo 8 Certificado de empadronamiento

1.- Queda suprimida la obligación de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

2.- Si el procedimiento administrativo requiere acreditar un determinado período de residencia, si el domicilio del interesado no consta en el Sistema de Verificación de Datos de Residencia o el que consta es diferente al facilitado por el interesado, se solicitará el certificado de empadronamiento al propio interesado o al ayuntamiento del municipio correspondiente.

3.- En caso de que el interesado haya modificado su empadronamiento en los dos últimos meses se actuará conforme lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 9 Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias

Queda suprimida la obligación de aportar la certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

Artículo 10 Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a Seguridad Social

Queda suprimida la obligación de aportar la certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

Artículo 11 Documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Queda suprimida la obligación de aportar fotocopia del documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

Artículo 12 Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León

Queda suprimida la obligación de aportar la documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.

Artículo 13 Certificaciones e informes acreditativos del cumplimiento de determinados requisitos cuya emisión corresponda a la misma consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que lo solicita

En los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto queda suprimida la obligación de aportar certificaciones e informes acreditativos del cumplimiento de determinados requisitos cuya emisión corresponda a órganos o unidades de la misma consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que el órgano que lo tramite y resuelva.

Artículo 14 Documentación e inscripción en un registro adscrito a la consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que tramita y resuelve

Se suprime la obligación de aportar la certificación de la inscripción en un registro y la documentación obrante en el mismo, si éste se encuentra adscrito a la consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que tramite y resuelva el procedimiento administrativo cuya obligación lo exija.

Artículo 15 Supresión de documentos alternativos

Cuando la obligación de aportar los documentos suprimida en este Decreto se pueda sustituir por la aportación alternativa de otra documentación, se entenderá también suprimida la obligación de aportar ésta.

Artículo 16 Concepto y efectos de la presentación de la declaración responsable

1.- A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entenderá por declaración responsable, aquélla que suscribe la persona interesada o quien la represente, en la que manifiesta, con todas las responsabilidades que se deriven de su inexactitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo, que, en su caso, se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que cada procedimiento disponga o que dispone de la documentación cuya presentación es obligatoria.

En la declaración responsable constará, necesariamente, la identificación de la persona que la suscribe.

2.- Si, una vez realizada la declaración responsable, la Administración comprueba la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla, sin perjuicio de declararse decaído en su derecho al trámite correspondiente y de la iniciación por el órgano competente de las acciones correspondientes y relativas a la exigencia de las responsabilidades previstas en la legislación aplicable.

Artículo 17 Certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria

En los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto se sustituye la obligación del interesado de aportar certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria por una declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud y relativos a la citada cuenta.

Artículo 18 Estatutos sociales, poderes públicos de representación y cuentas anuales

1.- En los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto se podrá sustituir la obligación de aportar los estatutos sociales vigentes debidamente registrados, los poderes públicos de representación y las cuentas anuales del último ejercicio depositadas en el Registro Mercantil por una declaración responsable en la que consten los datos necesarios para la debida tramitación y resolución del procedimiento.

En los supuestos en que la persona jurídica se encuentre en proceso de constitución, la declaración responsable, en su caso, contendrá los datos básicos de los promotores, así como los datos consignados en los proyectos de estatutos que sean necesarios.

2.- La acreditación de los datos contenidos en dicha declaración deberá requerirse antes de formular la propuesta de resolución del procedimiento y en todo caso, con carácter previo a su resolución.

Primera

Programa de Acción para la simplificación y reducción de las cargas administrativas en la legislación vigente.

La Consejería de Administración Autonómica elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto, un «Programa de Acción para la simplificación y reducción de las cargas administrativas en la legislación vigente» que comprenda un conjunto de medidas para la reducción de trámites administrativos y de supresión de obligaciones de información que puedan considerarse innecesarias o prescindibles.

Las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León participarán en su elaboración y facilitarán la información necesaria respecto de los procedimientos administrativos, regulados en la legislación general y sectorial, incluidos en su ámbito de actuación, procediéndose a evaluar el coste de personal y económico de cada carga utilizando un modelo de coste estándar, con el objetivo de reducir en cuatro años, un tercio de las mismas.

Anualmente, la Consejería de Administración Autonómica presentará a la Junta de Castilla y León un informe sobre el estado de las acciones y los avances registrados.

Segunda Sustitución de documentación por declaraciones responsables

La normativa reguladora de los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, que imponga la obligación de aportar documentación tenderá a sustituir dicho deber por la entrega de declaraciones responsables del interesado. Dichas sustituciones deberán ser comunicadas por las Secretarias Generales de las distintas Consejerías a la Consejería de Administración Autonómica para su inclusión en el Catálogo de simplificación documental.

Tercera Presentación por el interesado de la documentación que dé lugar a la inscripción en Registros o la inclusión en ficheros automatizados de datos de carácter personal

Cuando habiéndose solicitado la inscripción en un registro o la inclusión en un fichero automatizado de datos de carácter personal incluidos en el Catálogo de simplificación documental, éstas no se hayan practicado en el momento de la finalización del plazo exigido para la presentación de la documentación en el procedimiento en el que sean necesaria la inscripción o los datos incluidos, el interesado deberá presentar una declaración responsable, para su incorporación a dicho procedimiento, en la que se haga constar que ha efectuado la mencionada solicitud de inscripción o inclusión.

La falta de aportación de la declaración responsable señalada en el párrafo anterior dará lugar al requerimiento de la solicitud de inscripción al interesado, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Primera Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor

La supresión de la obligación de aportar los documentos previstos en este Decreto, así como la sustitución de las certificaciones por declaraciones responsables del interesado, no serán de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

No obstante, los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas de subvenciones, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su publicación, salvo en lo relativo a las obligaciones de presentar documentos en el momento de justificación de las condiciones de la subvención.

Segunda Comprobación y verificación en actos formales o públicos de apertura

En los procedimientos en los que la documentación acreditativa deba ser presentada a la Administración en sobre cerrado, a efectos de su comprobación y verificación en actos formales o públicos de apertura de dichos sobres, se seguirá requiriendo su aportación en tanto no se habiliten medios que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos y previa inscripción en el Catálogo de simplificación documental.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en este Decreto.

Primera Habilitación normativa

Se faculta al titular de la Consejería de Administración Autonómica para dictar cuantas órdenes e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

Segunda Sistemas de verificación de datos

El establecimiento de la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso a los Sistemas de Verificación de Datos, así como de la fecha en que dichos sistemas estarán plenamente operativos, se llevará a cabo mediante orden de la Consejería de Administración Autonómica.Véase la O [CASTILLA Y LÉON] ADM/941/2009, 2 mayo, por la que desarrolla el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos («B.O.C.L.» 4 mayo).

A partir de esa fecha, no podrá exigirse por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, sus organismos autónomos vinculados o dependientes y los entes públicos de derecho privado, la aportación de fotocopias del documento nacional de identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente, el certificado de empadronamiento, la certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, la fotocopia del documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la propia Administración Autonómica y la documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León.

Tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».