Sumario

V閍se Res [CASTILLA Y LE覰] 25 enero 2010, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y Le髇, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de las Cortes de Castilla y Le髇 de convalidaci髇 del Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 8 febrero).

I.

En el marco de la Estrategia de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior con el fin de crear un aut閚tico mercado interior de servicios, suprimiendo de forma prioritaria las barreras que obstaculizan las libertades de establecimiento y de prestaci髇 de servicios que se puedan eliminar r醦idamente y, respecto de las dem醩, iniciando un proceso de evaluaci髇, consulta y armonizaci髇 complementaria que permita modernizar progresiva y coordinadamente los sistemas nacionales de regulaci髇 de las actividades de servicios.

De conformidad con el art韈ulo 44, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, el plazo de transposici髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l finaliza el 27 de diciembre de 2009.

El Estado, en el ejercicio de las competencias exclusivas que tiene atribuidas en virtud del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇, ha llevado a cabo la transposici髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de modificaci髇 de diversas Leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

II.

El Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, reformado por la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye, en su art韈ulo 62, apartado 3, a la Comunidad de Castilla y Le髇 la competencia para aplicar y desarrollar el Derecho de la Uni髇 Europea en el 醡bito de sus competencias; se馻lando que la existencia de una regulaci髇 europea no modifica la distribuci髇 interna de competencias establecidas por la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆.

Corresponde, por tanto, a la Comunidad de Castilla y Le髇, en las materias que son de su competencia de conformidad con el T韙ulo V del Estatuto de Autonom韆, adoptar las medidas necesarias en aplicaci髇 de la legislaci髇 b醩ica de transposici髇 de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; facilitando, de este modo, a las Entidades Locales de Castilla y Le髇 el cumplimiento de sus competencias en materia de actividades de servicios en su condici髇 de autoridades competentes.

De ah� que, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reconoce que la competencia de adaptaci髇 de la normativa existente a la Directiva 2006/123/CE y a la propia Ley corresponde a cada Administraci髇 P鷅lica en el ejercicio de sus competencias.

En el proceso de transposici髇 de la Directiva 2006/123/CE llevado a cabo por la Consejer韆 de la Presidencia, como responsable e interlocutor 鷑ico frente a la Administraci髇 General del Estado y con la colaboraci髇 de las diferentes Consejer韆s, se ha procedido, en una primera fase, a la identificaci髇 y evaluaci髇 de la normativa auton髆ica de rango legal afectada y que, en consecuencia, debe ser modificada.

El presente Decreto-Ley tiene un doble objetivo. En primer lugar, eliminar determinadas barreras existentes en las normas con rango legal a las libertades de establecimiento y de prestaci髇 de los servicios incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En segundo lugar, efectuar las modificaciones legislativas necesarias exigidas por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y por la Ley de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

III.

El presente Decreto-Ley consta de 21 art韈ulos, estructurados en seis t韙ulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

El T韙ulo I, 玀edidas generales�, contempla las modificaciones que resultan de aplicaci髇 general.

En virtud de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y Le髇, de conformidad con el art韈ulo 70.1.1.� del Estatuto de Autonom韆, se modifica la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 incorporando la existencia de los centros de gesti髇 unificada para adaptar la organizaci髇 de la Administraci髇 General de la Comunidad de Castilla y Le髇 a las nuevas demandas de la sociedad con el fin de prestar un mejor servicio p鷅lico a los ciudadanos; la obligaci髇 de la Administraci髇 de tener a disposici髇 de todos los interesados modelos de declaraci髇 responsable y comunicaci髇 previa; y los informes que se han de incluir en la memoria de cualquier anteproyecto de ley, siempre que se prevea el silencio negativo o se establezca un r間imen de autorizaci髇 en materia de actividades de servicios.

En materia de defensa de consumidores y usuarios, al amparo del art韈ulo 71.1,5.� del Estatuto de Autonom韆, se adecua la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y Le髇 a la legislaci髇 b醩ica del Estado en esta materia; manteni閚dose el r間imen de autorizaci髇 administrativa previa para el establecimiento en Castilla y Le髇 de los laboratorios y centros para la realizaci髇 de an醠isis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo en aras a garantizar la seguridad y salud p鷅lica, as� como los derechos, seguridad y salud de los consumidores y usuarios, sin que pueda ser sustituida por medidas menos restrictivas para el prestador y ello porque la incidencia de los servicios prestados en estos laboratorios sobre la salud, la seguridad y los consumidores y usuarios es inmediata y no permite un control a posteriori, momento en que los efectos ya se habr韆n producido; no resultando en modo alguno discriminatorio por raz髇 de la nacionalidad ni por raz髇 de la ubicaci髇 del domicilio social del prestador.

Igualmente, y de conformidad con el art韈ulo 71.1, 14.� del Estatuto de Autonom韆, se modifica la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y Le髇 para ajustar su contenido a la modificaci髇 de la Ley estatal efectuada por la Ley de modificaci髇 de diversas Leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y contribuir con ello al ejercicio de las funciones que tienen atribuidas los Colegios Profesionales de Castilla y Le髇.

En el T韙ulo II, 玈ervicios comerciales�, se modifican la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y Le髇, y la Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y Le髇.

El Estatuto de Autonom韆 atribuye, en su art韈ulo 70.1, 20.�, a la Comunidad de Castilla y Le髇 competencias exclusivas en materia comercio interior, sin perjuicio de la pol韙ica general de precios, de la libre circulaci髇 de bienes en el territorio del Estado y de la legislaci髇 sobre defensa de la competencia; regulaci髇 y autorizaci髇 de grandes superficies comerciales, en el marco de la unidad de mercado; y ferias y mercados interiores.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio obliga, para efectuar una correcta transposici髇 de la denominada Directiva de Servicios por todas las Administraciones P鷅licas, a efectuar importantes cambios en el marco jur韉ico en el que se desarrolla la actividad comercial minorista y de ferias comerciales.

Las modificaciones que se introducen en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y Le髇 se manifiestan fundamentalmente en los siguientes aspectos: la eliminaci髇 de la prohibici髇 de ejercer la actividad comercial mayorista y minorista en el mismo establecimiento; la supresi髇 de la licencia comercial para la instalaci髇 de los establecimientos comerciales que no tengan la consideraci髇 de gran establecimiento y de la autorizaci髇 administrativa previa para las ventas especiales.

La implantaci髇 de grandes establecimientos comerciales, definidos como aqu閘los que tienen una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2, est� sometida a una licencia comercial de competencia auton髆ica porque, a partir de este l韒ite de superficie comercial, los estudios t閏nicos existentes justifican la existencia de un impacto sobre la ordenaci髇 del territorio, el urbanismo y el medio ambiente que requiere del control previo de su instalaci髇, u operaciones an醠ogas en cuanto a sus efectos, mediante la t閏nica de autorizaci髇 administrativa, mientras que la implantaci髇 del resto de establecimientos comerciales deja de estar sujeta a autorizaci髇 administrativa de car醕ter comercial por parte de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

La importancia de la implantaci髇 de grandes establecimientos comerciales desde el punto de vista de la ordenaci髇 del territorio, la sostenibilidad medioambiental y el urbanismo, los convierte en un elemento vertebrador de las ciudades, tanto de los cascos hist髍icos, como de los barrios, y fundamental para vertebrar la convivencia en los n鷆leos urbanos y rurales, con una importancia decisiva en el empleo.

La licencia comercial que se prev� resulta as� plenamente justificada por razones imperiosas de inter閟 general, no s髄o compatibles, sino expresamente recogidas en la legislaci髇 b醩ica en materia de actividades de servicios; resultando plenamente compatibles los requisitos a los que se sujeta el procedimiento de dicha licencia, todos ellos referidos a razones imperiosas de inter閟 general, no discriminatorios por raz髇 de la nacionalidad o domicilio social del prestador de los servicios, objetivos, proporcionados, claros e inequ韛ocos, predecibles, transparentes y hechos p鷅licos con antelaci髇.

Tanto la licencia comercial como los criterios de los que se hace depender su otorgamiento se ajustan al principio de proporcionalidad, ya que constituyen medios adecuados y necesarios para garantizar la salvaguarda de intereses generales imperiosos e indeclinables y, en concreto, porque un control a posteriori de la compatibilidad del gran establecimiento con esos intereses generales, una vez realizadas las inversiones, no ser韆 realmente eficaz para la protecci髇 de esos intereses generales.

En cuanto al procedimiento de la licencia comercial, debe destacarse el hecho de que se ha regulado atendiendo siempre a la premisa de simplificaci髇 y racionalizaci髇 de los procedimientos, estableci閚dose en este sentido expresamente el sentido positivo del silencio administrativo. Si bien, excepcionalmente y en determinados supuestos, se prev� la desestimaci髇 presunta de la solicitud de licencia comercial con el fin de proteger los intereses generales citados que justifican la existencia de la licencia.

Con el fin de garantizar a los prestadores de servicios la posibilidad de solicitar licencias comerciales con arreglo a la nueva regulaci髇 tan pronto como 閟ta haya entrado en vigor, se regula, de forma detallada, el procedimiento de tramitaci髇 de la solicitud de licencia comercial; se eliminan los requisitos de naturaleza econ髆ica, como el informe del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y Le髇, as� como los relativos a la viabilidad econ髆ica y financiera del proyecto o a sus efectos econ髆icos, o a las cuotas de mercado; se adecuan las funciones del Consejo Castellano y Leon閟 de Comercio con el fin de evitar la intervenci髇 directa o indirecta de competidores y se suprimen todas aquellas restricciones derivadas de la valoraci髇 de los efectos que los establecimientos sujetos a licencia comercial producen sobre la estructura socioecon髆ica local y regional de la zona, medidos en funci髇 de un 韓dice obtenido de acuerdo con una f髍mula que determinaba su impacto sobre el conjunto del comercio minorista de la Zona B醩ica de Comercio.

Por otro lado, dejan de estar sometidos a licencia comercial y se sustituye por una comunicaci髇 a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma la transmisi髇 de un gran establecimiento comercial, determinadas ampliaciones de los grandes establecimientos comerciales y las integraciones en establecimientos comerciales colectivos. Por 鷏timo, se efect鷄n las correlativas modificaciones en el r間imen sancionador.

En materia de Ferias Comerciales Oficiales, la autorizaci髇 exigible a la organizaci髇 de ferias comerciales oficiales y su vinculaci髇 a las Instituciones Feriales se sustituye por una comunicaci髇 previa del reconocimiento de la condici髇 de feria comercial oficial que se puede solicitar ahora por cualquier entidad organizadora. Se suprimen el r間imen de autorizaci髇 y aprobaci髇 de los estatutos de las Instituciones Feriales y la prohibici髇 de venta directa que iba aparejada a la autorizaci髇 de feria comercial oficial. Finalmente, se modifica el r間imen sancionador adapt醤dolo a las modificaciones que se contemplan.

En el T韙ulo III, 玈ervicios tur韘ticos�, y en el ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas en materia de promoci髇 del turismo y su ordenaci髇 por el art韈ulo 70.1,26.� del Estatuto de Autonom韆, la Comunidad de Castilla y Le髇 adopta las medidas necesarias para llevar a cabo la correcta regulaci髇 de los servicios tur韘ticos de conformidad con los principios generales establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; eliminando el sistema de autorizaciones administrativas previas contempladas en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y Le髇, para las empresas y actividades tur韘ticas por constituir un obst醕ulo a la libertad de establecimiento y de prestaci髇 de servicios, y sustituy閚dolo por un r間imen de declaraciones responsables, que habilitan a la realizaci髇 de las referidas actividades desde el momento de su presentaci髇.

Asimismo, en l韓ea con la liberalizaci髇 que informa la nueva regulaci髇, se suprime el requisito que hasta ahora se exig韆 a las agencias de viajes en el sentido de ejercer de forma exclusiva dicha actividad. En consecuencia, se procede a la adecuaci髇 del r間imen de infracciones y sanciones previsto en la Ley al nuevo sistema.

En el T韙ulo IV, 玈ervicios Medioambientales�, se comprenden, en el ejercicio de las competencias exclusivas asumidas por la Comunidad en virtud de los art韈ulos 70.1.17.� y 35.� del Estatuto de Autonom韆 en materia de caza y normas adicionales de protecci髇 del medio ambiente, las modificaciones que se efect鷄n a las Leyes 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y Le髇; 11/2003, de 8 de abril, de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇 y 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Le髇.

Se eliminan los reg韒enes de autorizaci髇 de las granjas cineg閠icas y entidades de evaluaci髇 ac鷖tica que se sustituyen por declaraci髇 responsable; determin醤dose para 閟tas 鷏timas los requisitos que deben cumplir para el ejercicio de la actividad. En el caso de las actividades sometidas a licencia y autorizaci髇 ambiental se eliminan asimismo la autorizaci髇 de inicio y la licencia de apertura las cuales, en este caso son sustituidas por comunicaci髇 de puesta en marcha.

Con el fin de garantizar el libre acceso a la prestaci髇 del servicio de redacci髇 de estudios de impacto ambiental se elimina la necesidad de que esta actividad se desarrolle por equipos que hayan obtenido la homologaci髇 previa por parte de la Administraci髇 de Castilla y Le髇.

Por 鷏timo, se eliminan determinadas cargas administrativas en relaci髇 con las actividades desarrolladas en el 醡bito de la Comunidad como es el caso de la realizaci髇 obligatoria de auditor韆s medioambientales.

El T韙ulo V, 獷spect醕ulos y Juego�, incluye las modificaciones legislativas que vienen impuestas, en esta materia, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En materia de espect醕ulos p鷅licos y espect醕ulos taurinos, y en el ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y Le髇 en virtud del art韈ulo 70.1.32.� del Estatuto de Autono- m韆, se mantiene el r間imen de autorizaci髇 administrativa debido a la necesidad de salvaguardar los intereses generales. Las limitaciones a la prestaci髇 de servicios que puede suponer el r間imen de autorizaciones y requisitos contemplados en la legislaci髇 relativa a los espect醕ulos p鷅licos, incluidos los taurinos, est醤 amparadas en la necesidad de garantizar el orden p鷅lico y la seguridad p鷅lica, la protecci髇 de los consumidores y destinatarios de los servicios, de los terceros no participantes en los espect醕ulos y de los trabajadores, del medio ambiente y del entorno urbano, as� como la conservaci髇 del patrimonio cultural, sin que quepa sustituirlas por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues no permiten un control a posteriori, momento en que los efectos da駉sos para los bienes jur韉icos protegidos ya se habr韆n producido. No resulta esta regulaci髇 en modo alguno discriminatoria por raz髇 de la nacionalidad ni por raz髇 de la ubicaci髇 del domicilio social del prestador.

Por lo que se refiere al juego, y en el ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y Le髇 en virtud del art韈ulo 70.1.27.� del Estatuto de Autonom韆, se modifica la normativa en materia de juego vigente, suprimiendo respecto de las m醧uinas recreativas de tipo A y de los salones recreativos en los que se explotan exclusivamente este tipo de m醧uinas, aquellos reg韒enes de autorizaci髇, procedimientos y formalidades que se consideran excesivamente onerosos y que obstaculizan la libertad de prestaci髇 de servicios.

Finalmente, en el T韙ulo VI, 玂tros servicios�, se engloban diversas modificaciones en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad de Castilla y Le髇 en materia de carreteras, deporte, familia, sanidad animal, industria y servicios sociales, as� como las que ostenta en materia de sanidad, al amparo de los art韈ulos 70.1 y 74 del Estatuto de Autonom韆 y que vienen impuestas por la necesidad de dar cumplimiento de la legislaci髇 b醩ica del Estado en materia de actividades de servicios.

La instalaci髇 de r髏ulos y marcas comerciales en los establecimientos donde se desarrolle la actividad anunciada que se encuentren situados fuera de las zonas de dominio p鷅lico de las carreteras y sean visibles desde las mismas pasa a estar sometida 鷑icamente a una comunicaci髇 a la Administraci髇 titular de la v韆.

Se justifica la existencia del r間imen de autorizaci髇 al que est醤 sometidos los centros deportivos que imparten ense馻nzas de titulaciones deportivas oficiales en aras a garantizar la protecci髇 de los derechos de los destinatarios de los servicios; protecci髇 que determina, a su vez, los efectos desestimatorios de la no notificaci髇 de resoluci髇 expresa en plazo.

En materia de mediaci髇 familiar, se modifica la Ley 1/2006 en el ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden a la Comunidad de Castilla y Le髇 en materia de promoci髇 y atenci髇 a las familias al amparo del art韈ulo 70.1.10.� del Estatuto de Autonom韆 con el fin de eliminar la previa inscripci髇 en el Registro de Mediadores Familiares, en su condici髇 equivalente a un r間imen de autorizaci髇 administrativa previa, y por constituir un posible obst醕ulo a la libertad de establecimiento y de prestaci髇 de servicios en este 醡bito, sustituy閚dolo por la presentaci髇 de una declaraci髇 responsable que habilita a la realizaci髇 de la mediaci髇 familiar desde el d韆 de su presentaci髇.

Asimismo, se prev� la eliminaci髇 de la exigencia de poseer la Cartilla de Explotaci髇 Ganadera en la medida en que esta exigencia se superpone a las obligaciones de ganaderos y tratantes en materia de identificaci髇 y registro y resulta un tr醡ite superfluo y se contempla que los establecimientos de recogida de animales abandonados 鷑icamente han de estar inscritos en el Registro de N鷆leos Zool骻icos, suprimi閚dose la exigencia de autorizaci髇 administrativa previa para los servicios de recogida de animales abandonados prestados por las sociedades protectoras de animales.

La modificaci髇 de la Ley de Ordenaci髇 del Sistema Sanitario obedece a la modificaci髇 de la Ley General de Sanidad, efectuada por la Ley de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En materia de seguridad industrial, se suprimen los requisitos y el r間imen de autorizaci髇 previstos para la concesi髇 de determinados servicios.

El r間imen de inscripci髇 en el registro y autorizaci髇 administrativa previa respecto de las entidades, centros y servicios privados no integrados en el Sistema de Acci髇 Social de Castilla y Le髇 encuentra su justificaci髇 en la necesidad de proteger a los destinatarios de los servicios y cumplir los objetivos de pol韙ica social, cuya consecuci髇 se erige como objetivo prioritario del sistema de servicios sociales previsto legalmente, sin que pueda ser sustituido por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues la incidencia de los servicios prestados sobre los usuarios es inmediata y no permite un control a posteriori, momento en que los efectos ya se habr韆n producido. No resulta en modo alguno discriminatorio por raz髇 de la nacionalidad ni por raz髇 de la ubicaci髇 del domicilio social del prestador.

Por 鷏timo, se acomoda a las modificaciones efectuadas en las diferentes Leyes por el presente Decreto-Ley el Anexo de la Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Econ髆icas, Fiscales y Administrativas respecto de los procedimientos administrativos en los que la falta de notificaci髇 de resoluci髇 expresa en plazo produce efectos desestimatorios.

La Disposici髇 Adicional primera da cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en relaci髇 con los requisitos y reg韒enes de autorizaci髇 al que est醤 sometidos en Castilla y Le髇 determinados servicios en los sectores de agricultura y sanidad animal, protecci髇 ciudadana, juventud y drogodependencias. La Disposici髇 Adicional segunda, y en t閞minos an醠ogos a los previstos en la Ley de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina la existencia de razones imperiosas de inter閟 general en los supuestos de silencio administrativo desestimatorio regulados en normas preexistentes a la entrada en vigor de la nueva redacci髇 del primer p醨rafo del art韈ulo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. La Disposici髇 Adicional tercera viene a otorgar la consideraci髇 de informe preceptivo y determinante, a los efectos del art韈ulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, a la petici髇 de informes o cualquier otra actuaci髇 de un 髍gano de la propia Administraci髇 Auton髆ica o de cualquier otra Administraci髇 P鷅lica. Las Disposiciones Adicionales cuarta y quinta establecen una serie de medidas de simplificaci髇 administrativa consistentes, en primer lugar, en otorgar los efectos de consentimiento t醕ito al acceso telem醫ico de los datos de car醕ter personal por los interesados con la presentaci髇 de la correspondiente solicitud en determinados procedimientos administrativos, y, en segundo lugar, determinar los criterios que se han de seguir en el desarrollo reglamentario del presente Decreto-Ley. Por 鷏timo, la Disposici髇 Adicional sexta contempla el sistema de cumplimiento por la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇 de la obligaci髇 de notificaci髇 a la Comisi髇 Europea de los proyectos de normas afectados por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y por Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.

El r間imen transitorio previsto tiende a facilitar el establecimiento y prestaci髇 de servicios en todas aquellas actividades de servicios en los que bien se elimina el r間imen de autorizaci髇 administrativa, bien se sustituye por el de declaraci髇 responsable o comunicaci髇. Espec韋icamente se contemplan las normas transitorias que resultan de aplicaci髇 a las solicitudes de licencia comercial presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley.

La disposici髇 derogatoria contempla la derogaci髇 de la normativa anterior en lo que se oponga al presente Decreto-Ley y, espec韋icamente, se prev� la derogaci髇 de los requisitos prohibidos previstos en el art韈ulo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de determinadas normas de rango legal y reglamentario.

Por 鷏timo, las Disposiciones Finales recogen expresamente el cumplimiento mediante el presente Decreto-Ley de la Disposici髇 Final tercera, apartado 1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la habilitaci髇 a la Junta de Castilla y Le髇 para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecuci髇 del presente Decreto-Ley; y , por 鷏timo, se fija la entrada en vigor del presente Decreto-Ley el 27 de diciembre de 2009, fecha l韒ite de la transposici髇 de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

IV.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el 獴olet韓 Oficial del Estado� del d韆 24 de noviembre de 2009, obliga a las Comunidades Aut髇omas a comunicar, antes del 26 de diciembre de 2009, a la Administraci髇 General del Estado las disposiciones legales que hayan adoptado para adaptar su contenido a lo establecido en la Directiva y en la citada Ley.

Las reglas y principios generales a los que est� sometido en Espa馻 el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio est醤 recogidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dichas reglas y principios condicionan el ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden a la Comunidad de Castilla y Le髇, en virtud del Estatuto de Autonom韆.

Por su parte, la Ley de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ajusta la normativa estatal b醩ica a los principios y reglas generales contemplados en la citada Ley 17/2009; estando obligada la Comunidad de Castilla y Le髇 a efectuar las modificaciones necesarias en las normas legales dictadas en el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo de la legislaci髇 b醩ica del Estado que ostenta de conformidad con el Estatuto de Autonom韆.

Esta situaci髇 requiere, en atenci髇 a las dos Leyes b醩icas mencionadas, de una acci髇 normativa adoptada en un plazo inferior al requerido, incluso v韆 urgencia, por la iniciativa legislativa que corresponde a la Junta de Castilla y Le髇 y la posterior tramitaci髇 parlamentaria en las Cortes de Castilla y Le髇.

El Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, reformado por la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, autoriza, en su art韈ulo 25.4, a la Junta de Castilla y Le髇, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, a dictar disposiciones legislativas provisionales, que adoptar醤 la forma de Decretos-Leyes.

La aprobaci髇 del presente Decreto-Ley est� justificada en la necesidad urgente y extraordinaria de modificar, antes del 26 de diciembre de 2009, la legislaci髇 dictada por la Comunidad de Castilla y Le髇 en las materias afectadas por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y por la Ley de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con el fin de efectuar su comunicaci髇 en plazo a la Administraci髇 General del Estado; y de ponerlas en vigor antes del d韆 28 de diciembre de 2009 con el fin de evitar un posible incumplimiento imputable a la Comunidad de Castilla y Le髇 y la correlativa asunci髇 de las responsabilidades en los t閞minos establecidos en la Disposici髇 Final cuarta de la Ley 17/2009 citada.

En su virtud, la Junta de Castilla y Le髇, haciendo uso de la habilitaci髇 prevista en el art韈ulo 25, apartado 4, del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, reformado por la Ley Org醤ica 14/2007, de 30 de noviembre, y a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su reuni髇 del d韆 23 de diciembre de 2009,

DISPONE