Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le髇

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Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 16.4 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

El art韈ulo 34 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, tal como fue aprobado por la Ley Org醤ica 4/1983, de 25 de febrero, establec韆 que 玡l r間imen jur韉ico, administraci髇 y conservaci髇 del patrimonio de la Comunidad se regular醤 por ley de la misma y en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado�. Esta previsi髇 dio lugar a la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le髇, a la que la presente ley viene a sustituir.

Como consecuencia de la reforma producida en el Estatuto de Autonom韆 por la Ley Org醤ica 4/1999, de 8 de enero, las competencias de la Comunidad en esta materia quedaron definidas en el apartado 3 de su art韈ulo 39 del siguiente modo: 獳simismo, en ejercicio de la competencia de organizaci髇, r間imen y funcionamiento, prevista en el art韈ulo 32.1.1.� del presente Estatuto, y de acuerdo con la legislaci髇 del Estado, corresponde a la Comunidad Aut髇oma, entre otras materias, la regulaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad, y de los contratos y de las concesiones administrativas en su 醡bito.�.

El art韈ulo 43 del Estatuto, como consecuencia de esa misma reforma, establece en su apartado 1 que 獷l patrimonio de la Comunidad estar� integrado por todos los bienes de los que ella sea titular, est閚 o no adscritos a alg鷑 servicio o uso p鷅lico de la Comunidad y cualquiera que sea su naturaleza y el t韙ulo de adquisici髇.�. Y en su apartado 2 dispone que: 玌na ley de las Cortes de Castilla y Le髇 regular� el r間imen jur韉ico del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma, as� como su administraci髇, conservaci髇 y defensa.�.

En ejercicio de la competencia as� definida y de conformidad con ese mandato, la presente ley se dirige a renovar la legislaci髇 en esta materia, por dos motivos fundamentales: el establecimiento, por parte del Estado, de un r間imen general que desplaza en diversos aspectos la regulaci髇 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le髇, y el desfase que con el transcurso del tiempo se ha producido entre el planteamiento de la ley y la realidad crecientemente compleja del patrimonio y de la administraci髇 de la Comunidad.

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, configura el r間imen patrimonial general de todas las Administraciones mediante dos conjuntos de normas, dictadas en virtud de distintos t韙ulos competenciales: por una parte, normas b醩icas en funci髇 de la competencia estatal de establecer las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas; por otra parte, normas directamente aplicables por derivar de la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho civil y procesal, del r間imen econ髆ico de la seguridad social y de expropiaci髇 forzosa. Este r間imen general ha hecho necesario reconsiderar la legislaci髇 de la Comunidad para adaptarla a 閘.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la Comunidad, la progresiva asunci髇 de competencias y el consiguiente incremento de su patrimonio han desbordado el planteamiento de la Ley 6/1987. El tiempo lo corroe todo y las leyes no son una excepci髇. Es preciso adaptar la legislaci髇 a la realidad actual.

La renovaci髇 y la adaptaci髇 del r間imen jur韉ico del patrimonio de la Comunidad son, pues, los principales objetivos de esta ley, y han de producirse en el marco definido por las normas estatales b醩icas y de aplicaci髇 general, y que la presente ley complementa adem醩 de regular todos aquellos aspectos que aquellas no abordan o no condicionan, para afrontar en el presente y en el futuro una administraci髇 y una gesti髇 racionales y eficaces de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad.

Consta la presente ley de siete t韙ulos, ocho disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y nueve finales.

El t韙ulo preliminar delimita el 醡bito de aplicaci髇 de la ley, es decir, la regulaci髇 del patrimonio de la Comunidad, que, como consecuencia tanto del Estatuto como de las normas b醩icas, ha de considerarse integrado por un conjunto de patrimonios. Abarca necesariamente los patrimonios de las Cortes de Castilla y Le髇 y de las instituciones propias de la Comunidad que define el Estatuto, el patrimonio de la Administraci髇 General y los patrimonios de las entidades de la Administraci髇 Institucional, que, de acuerdo con lo establecido por las normas b醩icas, est醤 constituidos por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el t韙ulo de su adquisici髇, pero sin comprender el dinero, los cr閐itos y los dem醩 recursos financieros de la hacienda de la Comunidad, ni, en el caso de los entes p鷅licos de derecho privado, los recursos que constituyen su tesorer韆.

Este t韙ulo preliminar establece principios generales, reglas sobre las competencias en la materia y su ejercicio y previsiones sobre la coordinaci髇 y la colaboraci髇 entre las consejer韆s y las entidades institucionales. Todo ello resulta necesario porque el patrimonio ha de considerarse un conjunto de recursos que debe servir al buen funcionamiento de la Administraci髇 y a la prestaci髇 de servicios p鷅licos, consideraci髇 que gu韆 la regulaci髇 establecida por la presente ley.

El t韙ulo I se refiere a la protecci髇 y defensa del patrimonio, una de las obligaciones principales de toda Administraci髇 p鷅lica. Prev� una serie de normas generales. Regula el Inventario General de Bienes y Derechos, que ha de proporcionar a la Administraci髇 de la Comunidad un conocimiento preciso del conjunto del patrimonio, lo que a su vez favorecer� una gesti髇 eficaz. Establece tambi閚 normas de procedimiento para la investigaci髇, el deslinde, la recuperaci髇 de los bienes y el desahucio administrativo.

El t韙ulo II regula ampliamente el destino de los bienes y derechos p鷅licos mediante normas relativas a su afectaci髇 y desafectaci髇, la mutaci髇 de su destino, su adscripci髇 y desadscripci髇 a las entidades institucionales y la incorporaci髇 de los bienes y derechos de 閟tas al patrimonio de la Administraci髇 General.

El t韙ulo III se refiere al uso y explotaci髇 de los bienes y derechos. A partir de la necesidad de t韙ulo habilitante que lo autorice, otorgado por el 髍gano competente, establece una regulaci髇 que se aplicar� en los t閞minos previstos en las normas b醩icas, es decir, las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio p鷅lico se regir醤, en primer t閞mino por la legislaci髇 especial reguladora de aqu閘las y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de 閟tas, por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas y de esta ley. Regula este t韙ulo los diferentes supuestos en que la utilizaci髇 de los bienes y derechos de dominio p鷅lico requiere autorizaci髇 o concesi髇, los correspondientes procedimientos y las condiciones a que debe sujetarse cada modalidad de uso. Asimismo regula el aprovechamiento y la explotaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales.

El t韙ulo IV regula la gesti髇 patrimonial, uno de los m醩 importantes aspectos de la ley. Para ello, sin perjuicio de la aplicaci髇 de las normas b醩icas y las normas de derecho privado que en cada caso sean de obligada observancia, se utilizan ampliamente las posibilidades de la Comunidad de regular la preparaci髇 y la adjudicaci髇 de los contratos privados. Se establecen unas normas comunes a todos los negocios jur韉icos patrimoniales y otras espec韋icas para las adquisiciones a t韙ulo gratuito y oneroso, los arrendamientos de inmuebles, las enajenaciones, las permutas y las cesiones.

El t韙ulo V establece normas generales sobre la gesti髇 de los edificios administrativos y la coordinaci髇 de su utilizaci髇. Es una de las principales novedades aportadas por esta ley, que con ello viene a llenar una laguna en la regulaci髇 general del patrimonio de la Comunidad, con el prop髎ito de promover un uso eficiente de los edificios que repercuta en la mejor atenci髇 a las necesidades de los servicios p鷅licos.

El t韙ulo VI establece un r間imen sancionador que incluye las previsiones necesarias sobre infracciones y sanciones, 髍ganos competentes y procedimiento.

Las disposiciones adicionales establecen normas espec韋icas que afectan a algunos aspectos de la gesti髇 patrimonial en materia de vivienda, montes, terrenos forestales, v韆s pecuarias, carreteras y agricultura.

Por 鷏timo, las disposiciones finales introducen algunas modificaciones en otras leyes de la Comunidad que resultan necesarias como consecuencia de la renovaci髇 del r間imen patrimonial que esta ley significa. Para producir coherencia con su planteamiento es necesario modificar algunos aspectos de la regulaci髇 patrimonial prevista en la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creaci髇 de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇; en la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creaci髇 del Instituto Tecnol骻ico Agrario de Castilla y Le髇; y en la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creaci髇 del Servicio P鷅lico de Empleo de Castilla y Le髇. Tambi閚 se ha considerado conveniente modificar el apartado 4 del art韈ulo 90 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad de Castilla y Le髇, con objeto de completar la referencia a las normas generales aplicables a las entidades institucionales.