El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece la competencia exclusiva de la Junta de Comunidades en el ámbito de los Servicios Sociales, teniendo entre sus objetivos la promoción y ayuda a las personas con discapacidad.

En el año de 1996 fueron transferidos los servicios de valoración y calificación de la discapacidad desde el Inserso a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al igual que los servicios de atención temprana, regulándose el procedimiento de valoración y el acceso a dichos servicios por la Orden de 15 de mayo de 1998 de la Consejería de Bienestar Social.

El 26 de enero del presente año, se ha publicado el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Esto hace necesario adaptar el procedimiento recogido en la Orden de 15 de mayo de 1998, antes citada.

Por todo lo anterior, en base a la habilitación conferida por el artículo 23 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y previo informe del Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Bienestar Social, dispongo

CAPÍTULO I.
OBJETO.

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene como objeto regular el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

CAPÍTULO II.
LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN.

Artículo 2. Ámbito de los Equipos Técnicos de Valoración.

En cada provincia existirá al menos un Equipo Técnico de Valoración, que cubrirá todo el ámbito territorial provincial. Mediante resolución de la Secretaría General Técnica, a propuesta de la Dirección General de Servicios Sociales, se podrán crear Equipos en una localidad diferente a la capital de cada provincia, cuando existan necesidades que lo justifiquen, estableciendo su ámbito territorial. El equipo, o los equipos en caso de existir varios en una provincia, serán coordinados por el Director del Centro Base de la Delegación Provincial.

Artículo 3. Composición de los equipos.

El Equipo Técnico de Valoración estará compuesto por tres Vocales: Médico, Psicólogo y Trabajador Social, conforme a criterios interdisciplinarios.

Artículo 4. Juntas de Valoración.

El Equipo Técnico de Valoración deberá reunirse en Junta de Valoración para la emisión de los Dictámenes Técnicos Facultativos. La Junta de Valoración estará compuesta por el Director, los tres Vocales y un secretario.

Su funcionamiento vendrá regulado por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por las normas que dicte la Dirección General de Servicios Sociales.

Artículo 5. Funciones de los equipos.

1. El Equipo Técnico de Valoración tiene como funciones:

1. Dar información y orientación inicial a las personas con discapacidad y familiares que lo soliciten.

2. La realización de los dictámenes técnico-facultativos para la calificación del grado de discapacidad, revisión del mismo por agravación o mejoría y para la determinación del plazo a partir del cual se podrá revisar el grado de discapacidad por agravación o mejora, en los términos previstos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

3. Determinar el grado de discapacidad y valoración de las diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones sociales y económicas previstas en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema de prestaciones previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas con Minusvalía.

4. Determinar el grado de discapacidad, así como la necesidad de concurso de otra persona, a efectos de las prestaciones de invalidez en su modalidad no contributiva y protección familiar por hijo a cargo con discapacidad, reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.

5. Determinar las dificultades para utilizar transportes públicos colectivos así como dictaminar sobre la movilidad reducida permanente, y sobre el acceso a los diferentes servicios y prestaciones a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, en los términos que establezca la Consejería de Bienestar Social en las diferentes convocatorias.

6. Prestar asistencia técnica y asesoramiento a la Consejería de Bienestar Social y a sus Delegaciones Provinciales en los procedimientos contenciosos en los que sean parte, a requerimiento de la Delegación Provincial.

7. Elaborar los informes técnicos que les sean requeridos por la Delegación Provincial o por el resto de los programas y servicios.

8. Cuantos otros le sean asignados por la Dirección General de Servicios Sociales.

CAPÍTULO III.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

Artículo 6. Solicitudes y lugar de presentación.

1. El procedimiento para la calificación del grado de discapacidad se iniciará mediante solicitud del interesado, en modelo normalizado.

2. La solicitud, que deberá ser acompañada de la documentación relacionada en el artículo 7 de la presente Orden, podrá presentarse en la Delegación Provincial de Bienestar Social, o en otros registros de los previstos en el artículo 38 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Documentación a aportar por el interesado junto a la solicitud.

1. A las solicitudes se acompañará de acuerdo con la normativa vigente y salvo que ya obre en poder de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la siguiente documentación:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona interesada y del representante legal o guardador de hecho.

2. Si se trata de una persona menor de edad, cuando no disponga de Documento Nacional de Identidad, se aportará fotocopia del Libro de Familia.

3. Si se trata de una persona extranjera, fotocopia de la tarjeta de residencia, o en su defecto de la solicitud de asilo o refugio.

4. Certificación emitida por algún Ayuntamiento de Castilla-La Mancha que acredite que la persona interesada es residente de esta Comunidad Autónoma.

La persona interesada o su representante legal o guardador de hecho otorgará o denegará expresamente en la solicitud la autorización para que la Consejería competente en materia de servicios sociales pueda realizar consultas en los ficheros públicos que obren en poder de las distintas Administraciones públicas para verificar los datos declarados en la solicitud sobre la persona interesada. En el supuesto de que se conceda dicha autorización, no se deberán aportar los documentos recogidos en las letras a, c y d del párrafo anterior.

2. Igualmente el interesado deberá aportar necesariamente, copia de los informes médicos y/o psicológicos que avalen las deficiencias alegadas.

3. Cuando los documentos exigidos ya estuviesen en poder de la Delegación Provincial de Bienestar Social, el solicitante podrá acogerse a lo previsto en el artículo 35. F de la citada Ley 30/1992, si hace constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda.

Artículo 8. Competencia e inicio del procedimiento.

1. Serán competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Bienestar Social en cuyo ámbito territorial residan habitualmente los interesados.

2. Si el interesado residiera en el extranjero, la competencia para el ejercicio de tales funciones corresponderá a la Delegación Provincial de Bienestar Social de aquella provincia en la que el interesado acredite o alegue haber tenido el último domicilio habitual en territorio español, o el que hubieran tenido sus ascendientes.

3. Las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social aplicarán medios informáticos para tramitar los procedimientos en materia de reconocimiento del grado de discapacidad, ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, de forma que se garanticen los derechos de los interesados.

Artículo 9. Reconocimientos y dictamen de calificación del grado de discapacidad.

1. La calificación del grado de discapacidad se llevará a cabo mediante el reconocimiento del interesado por los vocales del Equipo Técnico de Valoración, según el procedimiento de citaciones que determine la Dirección General de Servicios Sociales.

2. El Director, a petición de los vocales del Equipo Técnico de Valoración, podrán solicitar del interesado que aporte nuevos informes, cuando las características clínicas del interesado lo aconsejen o resulten insuficientes los informes aportados.

3. Finalizados los reconocimientos e informes pertinentes el Equipo Técnico de Valoración procederá a emitir el Dictamen Técnico Facultativo, que será elevado, por el Director del Equipo, al Delegado Provincial de Bienestar Social.

4. La Dirección General de Servicios Sociales establecerá el procedimiento, por el cual, en base a circunstancias especiales del interesado, el Equipo Técnico de Valoración pueda formular su Dictamen en virtud de los informes médicos, psicológicos o, en su caso, sociales, emitidos por profesionales autorizados, sin reconocimiento directo del Equipo.

Artículo 10. Contenido de los dictámenes.

1. Los dictámenes técnico-facultativos se formularán de acuerdo con los criterios, baremos y modelos normalizados, debiendo contener la siguiente información:

1. Datos identificativos de la persona interesada.

2. Deficiencias, diagnósticos y etiologías.

3. Porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de limitaciones en la actividad, cuando coexistan dos o más deficiencias en una misma persona, tal y como se establece en el capítulo I (Normas Generales) del anexo al Real Decreto 1971/1999.

4. Resultado de la combinación de los porcentajes obtenidos por deficiencias de distintos aparatos o sistemas.

5. Porcentaje de los factores sociales complementarios.

6. Porcentaje total de discapacidad.

7. Resultado de los baremos de dificultades de movilidad si la persona tiene más de 3 años y al menos un 33 % de discapacidad y de necesidad de ayuda de tercera persona, cuando la persona tenga más de 18 años de edad y al menos un 75 % de discapacidad.

8. Recomendaciones del Equipo Técnico de Valoración sobre utilización de recursos o apoyos.

9. Plazo de validez del dictamen.

2. A los efectos anteriores, se entenderá por limitaciones en la actividad, las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades, expresadas en porcentaje. Una limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave, en términos de cantidad o calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud.

Artículo 11. Resolución.

1. En el plazo de seis meses, el Delegado Provincial de Bienestar Social dictará resolución expresa sobre el reconocimiento del grado, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad de concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede

2. El plazo máximo para resolver, establecido en el apartado anterior, podrá ser ampliado por las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el articulo 42.6 de la mencionada Ley 30/1992, cuando por el numero de solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expresamente se determine en el acuerdo de ampliación, no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto.

3. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido en la fecha de presentación de la solicitud. En la resolución deberá figurar expresamente la fecha en que deba tener lugar la revisión, salvo que sea definitiva.

4. La falta de resolución expresa en el plazo previsto tendrá efectos desestimatorios, en cuyo caso el interesado podrá ejercer los derechos que le confiere el articulo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Artículo 12. Reclamaciones.

1. Contra las resoluciones de los Delegados Provinciales, los interesados podrán interponer, dentro de los treinta días siguientes a su notificación, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante la misma Delegación Provincial que dictó el acto, la cual deberá ser resuelta en el plazo de un mes.

2. Presentada la reclamación previa contra la resolución dictada, cuando en la misma se discrepe de la resolución en aspectos que afecten al Dictamen Técnico Facultativo del Equipo Técnico de Valoración, y con independencia de las actuaciones procedentes para comprobar las alegaciones del reclamante, el escrito de reclamación se pasará a conocimiento e informe del referido Equipo.

3. Serán competentes para resolver las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social los Delegados Provinciales de Bienestar Social.

CAPÍTULO IV.
REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

Artículo 13. Revisiones.

1. Las revisiones del grado de discapacidad podrán efectuarse a instancia de parte o de oficio.

2. En las revisiones a instancia de parte, por agravamiento o mejoría, el interesado deberá adjuntar necesariamente a la solicitud, los informes médicos y psicológicos que lo acrediten, siempre que hayan transcurrido dos años desde la fecha de la resolución. Excepcionalmente, este plazo no será necesario en los supuestos de error diagnóstico ó cuando el Equipo Técnico de Valoración determine, mediante la documentación aportada, cambios sustanciales en la calificación del grado.

3. Sin perjuicio de las revisiones previstas en los artículos 102 y siguientes de la mencionada Ley 30/1992, podrá revisarse de oficio el grado de discapacidad:

1. Cuando se produzca el cumplimiento del plazo de validez establecido en la Resolución.

2. Cuando el Equipo Técnico de Valoración tenga conocimiento por la documentación aportada por el interesado, como consecuencia de la emisión de informes para tramitación de expedientes de acceso a cualquiera de las diferentes prestaciones o servicios a los que tiene derecho, que las circunstancias por las que se les asignó el grado han variado sustancialmente.

Artículo 14. Procedimiento de revisión.

Promovida la revisión, según lo contemplado en el artículo anterior, la instrucción del procedimiento se ajustará a lo establecido en el Capitulo III de la presente Orden, y a lo que establezca la Dirección General de Servicios Sociales en desarrollo de la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogados los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Orden de la Consejería de Bienestar Social, de 15 de mayo de 1998, por la que se regulan los Servicios de los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, y cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Se faculta al Director General de Servicios Sociales para dictar las normas de desarrollo de la presente Orden.

Toledo, 21 de marzo de 2000

 

El Consejero de Bienestar Social
Tomás Mañas González

Notas: El título de esta norma se modificó por la entrada en vigor de la Orden de 7 de abril de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por la que se modifica la Orden de 21 de marzo 2000, de la Consejería de Bienestar Social, pasando de ser Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía a ser Orden de 21 de marzo de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Todas las referencias hechas en la redacción original de esta Orden al término minusvalía han sido sustituidas por el término discapacidad, a los términos minusválidos y personas con minusvalía ha sido sustituidas por el término personas con discapacidad y al término grado de minusvalía han sido sustituidas por grado de discapacidad, por Orden de 7 de abril de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por la que se modifica la Orden de 21 de marzo 2000, de la Consejería de Bienestar Social. Artículos 7 (apdo. 1) y 10: Redacción según Orden de 7 de abril de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por la que se modifica la Orden de 21 de marzo 2000, de la Consejería de Bienestar Social.