Sumario

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

PRE罬BULO

I

Entre los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica que la Constituci髇 Espa駉la consagra en el cap韙ulo III del t韙ulo I, figura la obligaci髇 de asegurar la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de la familia y, dentro de 閟ta, la protecci髇 integral de los hijos e hijas, que la Ley Fundamental atribuye a los poderes p鷅licos. La Comunidad Aut髇oma de Cantabria asumi� esta responsabilidad en su Estatuto de Autonom韆, que le atribuy� como competencia exclusiva la protecci髇 y tutela de personas menores de edad. Pero la obligaci髇 de atenci髇 a la infancia y la adolescencia deriva, adem醩 de otras competencias estatutarias, entre las que cabe citar la asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario, incluida la pol韙ica juvenil, la sanidad, la educaci髇 y ense馻nza, la cultura, la promoci髇 del deporte y la adecuada utilizaci髇 del ocio.

En el proceso de consolidaci髇 de las pol韙icas sociales de la Comunidad Aut髇oma y de elaboraci髇 del marco jur韉ico de la protecci髇 de personas menores, que hab韆 de incorporar las normas b醩icas estatales, as� como los principios de las normas de car醕ter internacional, se promulg� la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protecci髇 de la Infancia y Adolescencia. Esta Ley reconoci� una serie de derechos a las personas menores, as� como las formas cl醩icas de protecci髇 cuando aquellas se pudieran encontrar en situaci髇 de riesgo o desamparo, en trasunto de las disposiciones establecidas en la materia por el C骴igo Civil y la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se trataba, adem醩, de asumir normativamente los principios establecidos en Tratados Internacionales ratificados por Espa馻, sustancialmente la Convenci髇 de las Naciones Unidas de Derechos del Ni駉, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espa馻 el 30 de noviembre de 1990, y el Convenio de la Haya relativo a la Protecci髇 del Ni駉 y a la Cooperaci髇 en materia de Adopci髇 Internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado por Espa馻 el 30 de junio de 1995.

Con posterioridad, la Comunidad Aut髇oma de Cantabria ha seguido profundizando en la protecci髇 en sentido amplio de la infancia y la adolescencia, as� como en la regulaci髇 y reconocimiento de derechos espec韋icos, incorporando el bienestar social de la infancia y adolescencia a regulaciones destinadas a la ciudadan韆 en general, de la que la que la infancia est� llamada a formar parte activa.

En esta evoluci髇, la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, que establece el derecho subjetivo universal de toda la ciudadan韆 a la protecci髇 social ha consagrado como derecho social b醩ico la protecci髇 de la infancia y adolescencia en situaci髇 de riesgo y desamparo por medio de acciones que garanticen la protecci髇 jur韉ica y social de las personas menores de edad.

Por su parte, la reciente Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educaci髇 de Cantabria, no s髄o ha regulado el sistema educativo que sirve de marco al ejercicio del derecho fundamental de la educaci髇, sino que acoge expresamente principios de convivencia y ciudadan韆 de las personas menores, tales como formaci髇 pluriling黣 y pluricultural, educaci髇 igualitaria entre sexos, educaci髇 para la sostenibilidad y potenciaci髇 de la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, fruto de la preocupaci髇 del Gobierno de Cantabria por dise馻r unas pol韙icas sociales tendentes a incrementar el bienestar de la infancia y la adolescencia, y a involucrar a los poderes p鷅licos y a la ciudadan韆 en este objetivo, es el Plan de Acci髇 para la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria 2007-2009, que dise馻 un modelo y fija unos objetivos acordes con las tendencias actuales de atenci髇 y protecci髇 a la infancia y adolescencia, y que contempla la colaboraci髇 de las distintas Administraciones P鷅licas. La puesta en marcha de dicho Plan ha hecho patente la necesidad de proceder a determinados ajustes y puesta al d韆 de la normativa vigente en Cantabria en materia de protecci髇 de la infancia y adolescencia.

II

La presente Ley incorpora los principios b醩icos del contenido de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protecci髇 de la Infancia y Adolescencia, pero se propone como objetivo incorporar los avances y la experiencia ganada en este terreno en los 鷏timos a駉s, as� como profundizar en el reconocimiento de derechos de las personas menores de conformidad con una sociedad m醩 integradora y participativa, atendiendo al mandato contenido en el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇 Espa駉la, seg鷑 el cual corresponde a los poderes p鷅licos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social. Se atiende, por otra parte, a la consideraci髇 que merecen las personas menores como integrantes de la ciudadan韆 de Cantabria, con participaci髇 en la configuraci髇 de la sociedad en que se desenvuelven, en la medida que su edad les habilita, asumiendo tambi閚 las responsabilidades que su participaci髇 social implica.

Con este objeto, la Ley no s髄o establece un elenco de derechos, y obligaciones, sino que marca el rumbo a las familias y a las personas directamente responsables del cuidado y bienestar de las personas menores, a la sociedad en general y a los Poderes p鷅licos, para que profundicen en la consideraci髇 de aquellas como parte activa de la ciudadan韆, no s髄o como sujetas pasivas de la acci髇 protectora de los Poderes P鷅licos. Por esta raz髇, el contenido de la Ley no es unidireccional hacia los servicios sociales, sino que afecta a m鷏tiples 醡bitos en que las personas menores se desenvuelven, como la educaci髇, la sanidad, el medio ambiente, el ocio o el urbanismo, sentando como principio la colaboraci髇 y coordinaci髇 de sus responsables para conseguir el m醲imo bienestar para la infancia y la adolescencia de Cantabria.

En esta l韓ea, la Ley se propone ampliar y sistematizar el espectro de los derechos y de las obligaciones, pero tambi閚, como se expondr�, dar un nuevo contenido a las situaciones de desprotecci髇 infantil, m醩 acorde con las causas que los motivan y las consecuencias que se derivan de las mismas, que permite modalizar las medidas a aplicar y las soluciones, y establecer la coordinaci髇 de las funciones que en materia de protecci髇 de la infancia y adolescencia asumen los agentes de las distintas Administraciones que integran el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Cantabria.

Con esta Ley se avanza sustancialmente en la configuraci髇 de este Sistema P鷅lico, creado por la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, y que junto a la atenci髇 a la dependencia y la prestaci髇 de apoyos para superar situaciones de desventaja social, contempla la protecci髇 de la infancia y la adolescencia como uno de sus ejes fundamentales.

Asimismo, cabe citar la incorporaci髇 en la nueva Ley de la regulaci髇 de la atenci髇 socioeducativa a adolescentes infractores, consecuencia de la ejecuci髇 por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria de las medidas previstas en la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

III

En cuanto al contenido material de la Ley, el t韙ulo I contiene las disposiciones generales descriptivas del objeto, 醡bito de aplicaci髇 y principios rectores. Destaca la consignaci髇 del principio de territorialidad, en virtud del cual la Ley ser� aplicable a todas las personas menores que se encuentren, aun accidentalmente, en el territorio de la Comunidad Aut髇oma, as� como del principio de personalidad por el que se aplicar醤 medidas de protecci髇 a las personas menores residentes habituales en Cantabria que se encuentren en situaci髇 de desprotecci髇 fuera del territorio de la Comunidad Aut髇oma. Como principio inspirador de la Ley, y vertebrador de todas las instituciones reguladas en la misma, se propugna el inter閟 superior de la infancia y la adolescencia, que deber� prevalecer sobre el resto de intereses leg韙imos.

El t韙ulo II trata de la promoci髇 y defensa de los derechos, reconociendo un conjunto de derechos que integran la ciudadan韆 de la infancia y la adolescencia. La Ley la califica como ciudadan韆 activa, habiendo de implicarse la infancia y adolescencia en la construcci髇 de una sociedad m醩 justa, solidaria y democr醫ica. Se reconocen, entre otros, los derechos a la identidad, a la vida e integridad f韘ica y ps韖uica, al ejercicio de diversas libertades individuales, pero cabe destacar el especial desarrollo que tienen los derechos a la protecci髇 de la salud, a la educaci髇 y a disfrutar de un medio ambiente saludable. Pero la Ley atribuye tambi閚 a las personas menores una serie de deberes para consigo mismas, sus familias y la sociedad en la que se desenvuelven.

El t韙ulo III trata de la prevenci髇, con un planteamiento proactivo en el que se fija como objetivo mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia, sus familias y su entorno social, con el objetivo de evitar la aparici髇 de situaciones de desprotecci髇 infantil, a la vez que involucra a los Sistemas P鷅licos de Servicios Sociales, Educativo y Sanitario en la adopci髇 de medidas de prevenci髇 de la desprotecci髇.

Como se ha expuesto, una de las principales innovaciones de la Ley es la incorporaci髇 de las modernas modalidades de protecci髇 reguladas en el t韙ulo IV.

Habida cuenta de las competencias exclusivas asumidas por la Comunidad Aut髇oma de Cantabria en materia de protecci髇 de personas menores, que le permiten configurar las f髍mulas de protecci髇, la Ley procede por un lado a redise馻r las situaciones de desprotecci髇 infantil, pormenorizando y graduando las distintas situaciones de desprotecci髇 que dar醤 lugar a la adopci髇 de diferentes medidas, y, por otra parte, definiendo la intervenci髇 coordinada de las distintas Administraciones de la Comunidad Aut髇oma, que integran el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

Se parte de la consideraci髇 de que en toda circunstancia de riesgo que perjudique el desarrollo personal o social, seg鷑 definici髇 que hace la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de la situaci髇 de riesgo, la persona menor se encuentra en situaci髇 de desprotecci髇 efectiva y actual, en la que se hace precisa no s髄o una acci髇 preventiva, sino una intervenci髇 con ella y con su familia de forma que la situaci髇 se pueda reconducir hacia la normalidad en la atenci髇 y en el ejercicio de los derechos. Por esta raz髇, la situaci髇 que la Ley Org醤ica citada considera como de riesgo, se traduce en esta Ley en diversos niveles de desprotecci髇, atendiendo a sus causas y gravedad de sus consecuencias y profundizando en el tratamiento individualizado de los distintos grados que van desde la desprotecci髇 moderada, en la que se aprecia que la persona menor tiene sus necesidades b醩icas sin satisfacer, si bien su desarrollo no se encuentra comprometido, hasta la grave, para el caso de que se produzca o sea inminente un da駉 significativo a consecuencia del cual el desarrollo una persona menor se encuentra seriamente comprometido. El 鷏timo escal髇 estar韆 determinado por la situaci髇 de desamparo, que se producir� de acuerdo con el C骴igo Civil, cuando la persona menor quede privada de la necesaria asistencia moral o material. Dada la trascendencia que para ella tendr� la situaci髇 de desamparo, que implica la separaci髇 de su familia de origen, y la asunci髇 de la tutela por la Administraci髇 P鷅lica, y en aras a incrementar la seguridad jur韉ica para las personas menores, sus familias y el personal profesional del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, se detallan en la Ley las causas que provocar醤 la consideraci髇 de la desprotecci髇 grave con desamparo.

En definitiva, se pretende con esta reforma, respetando las categor韆s que el C骴igo Civil y la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, contemplan, establecer una simetr韆 entre la norma jur韉ica que regula la protecci髇 en Cantabria y las modalidades de intervenci髇 que se aplicar醤 a las distintas situaciones de desprotecci髇, definiendo de forma m醩 precisa las situaciones de riesgo, concepto que en la Ley Org醤ica resulta excesivamente gen閞ico y comprensivo de situaciones de diversa 韓dole.

La regulaci髇 de las situaciones de desprotecci髇 permitir� prever normativamente la aplicaci髇 de la medida m醩 oportuna. A ello contribuye la determinaci髇 en la Ley de la cartera de servicios para cada situaci髇 de desprotecci髇, previendo las prestaciones y servicios que quedar醤 incorporadas a la Cartera de Servicios Sociales de car醕ter general.

El t韙ulo V contempla la atenci髇 socioeducativa a adolescentes infractores, incluyendo los principios de actuaci髇 y las medidas de colaboraci髇 con la Administraci髇 de Justicia derivada del cumplimiento de medidas establecidas en la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero.

El t韙ulo VI acoge el principio de solidaridad y cooperaci髇 internacional en materia de atenci髇 y protecci髇 de la infancia y la adolescencia, consignando una serie de programas en los que la Comunidad Aut髇oma habr� de implicarse.

El t韙ulo VII regula la formaci髇 y la investigaci髇 sobre las necesidades en la atenci髇 a la infancia, a cuyo efecto se crear� un Observatorio de la Infancia, la Adolescencia y las Familias, como 髍gano t閏nico de que habr� de evaluar el impacto de las pol韙icas desarrolladas en aplicaci髇 de esta Ley, en consonancia con las pautas actuales de evaluaci髇 del impacto normativo de las Leyes.

El t韙ulo VIII establece la distribuci髇 de competencias entre las Administraciones integrantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales de Cantabria, correspondiendo a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma las tareas de planificaci髇 general y sustancialmente la adopci髇 de medidas de protecci髇 en situaciones de desprotecci髇 grave, y a los Servicios Sociales de Atenci髇 Primaria, de titularidad de las Entidades Locales que ejercen competencias en materia de servicios sociales, la intervenci髇 en situaciones de desprotecci髇 moderada y de riesgo de desprotecci髇, atendiendo a su condici髇 de Administraci髇 m醩 cercana a la ciudadan韆 y que mejor puede ejercer una actuaci髇 inmediata y continuada con las personas menores, sus familias y su entorno social. Esta asignaci髇 de funciones se contempla siempre bajo el prisma de la coordinaci髇 y la comunicaci髇 entre todos los niveles de atenci髇 del Sistema P鷅lico para que la atenci髇 integral en todas las situaciones de desprotecci髇 quede garantizada, y las personas menores puedan reintegrarse al disfrute pleno de sus derechos.

El t韙ulo IX establece f髍mulas para incorporar a las entidades de iniciativa privada y social a las tareas de protecci髇 de la infancia y adolescencia, que se plasmar� en la participaci髇 en 髍ganos consultivos, en la prestaci髇 de asesoramiento y en la realizaci髇 de tareas de protecci髇, habida cuenta que las entidades que se concierten con la Administraci髇 formar醤 parte del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

El t韙ulo X incorpora la regulaci髇 que establec韆 la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, del Registro de Protecci髇 de la Infancia y la Adolescencia, para dar continuidad a este instrumento de constancia de las actuaciones en materia de Protecci髇 que llevan a cabo las Administraciones P鷅licas.

El t韙ulo XI contiene el r間imen sancionador, instrumento de que dispone la Administraci髇 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contiene la Ley, y que en definitiva, los derechos de las personas menores no se vean lesionados.

En la parte final de la Ley cabe destacar la disposici髇 derogatoria que abarca la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protecci髇 a la Infancia y Adolescencia, y diversas disposiciones de desarrollo de la misma. Asimismo, merecen mencionarse las disposiciones finales de modificaci髇 de determinadas normas jur韉icas vigentes, entre ellas la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de organizaci髇 y funcionamiento del Servicio Jur韉ico, en consonancia con la obligaci髇 que establece la nueva Ley de representaci髇 y defensa de las personas menores sujetas a tutela; la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, que entre otras modificaciones ve adaptada la cartera de servicios sociales a las disposiciones que esta Ley establece en materia de protecci髇, as� como fundamenta la desestimaci髇 de las solicitudes de autorizaci髇 de centros y servicios sociales por raz髇 imperiosa de pol韙ica social, en atenci髇 a la defensa de los derechos de las personas usuarias, que se ver韆n claramente vulnerados de admitirse la prestaci髇 de servicios sociales por parte de centros que no cumplieran los requisitos m韓imos establecidos en la normativa aplicable. Se modifican, asimismo, la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevenci髇 de la Violencia contra las Mujeres y la Protecci髇 a sus V韈timas, de forma que se refuerza la protecci髇 a las personas menores en caso de violencia, y la Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de noviembre, de creaci髇 del Instituto C醤tabro de Servicios Sociales, en primer lugar, con el objetivo de incorporar al Consejo General del Instituto C醤tabro de Servicios Sociales la representaci髇 de los agentes sociales derivada de la Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participaci髇 Institucional de los Agentes Sociales en el 羗bito de la Comunidad Aut髇oma; en segundo lugar, para configurar las Subdirecciones del Instituto como 髍ganos de gobierno del mismo; y, por 鷏timo, conformar la composici髇 de la mesa de contrataci髇 que prev� la Ley de creaci髇 del Instituto a la nueva configuraci髇 establecida en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P鷅lico, a pesar de que esta regulaci髇 no tenga car醕ter b醩ico, habida cuenta que una ampliaci髇 de los miembros de la mesa puede mejorar la profundidad y calidad de las decisiones a adoptar, evitando igualmente que la presidencia de la mesa tenga que actuar en muchas ocasiones como dirimente.

IV

Desde el punto de vista formal, en relaci髇 con la elaboraci髇 de la presente Ley, la utilizaci髇 de un 鷑ico g閚ero aplicado a personas, cargos o actividades, se emplea para designar a individuos de ambos sexos, sin que dicho uso comporte intenci髇 discriminatoria alguna. Este opci髇 lingstica tiene como 鷑ica finalidad facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor econom韆 de expresi髇.