Sumario

Ley [GALICIA] 1/1997, 24 marzo, derogada por la Disposici�n Derogatoria de la Ley [GALICIA] 9/2002, 30 diciembre, de ordenaci�n urban�stica y protecci�n del medio rural de Galicia (�D.O.G.� 31 diciembre) el 1 de enero de 2003.

Pre�mbulo

1 Justificaci�n y principios inspiradores

El marco legislativo vigente en Galicia hasta la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del r�gimen urban�stico y valoraciones del suelo, que estaba integrado por la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de Adaptaci�n de la del Suelo a Galicia, por una parte, y, por otra, por el texto refundido de la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana, de 9 de abril de 1976, y los reglamentos de planeamiento, disciplina y gesti�n urban�stica, se vio profundamente afectado por la nueva regulaci�n estatal que vino a modificar una legislaci�n que, en lo no derogado por la normativa emanada de la Comunidad Aut�noma �sta hab�a aceptado que se integrase en su propio ordenamiento jur�dico. La situaci�n result� acentuada por la promulgaci�n del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

La nueva regulaci�n estatal tiene una fuerte incidencia sobre el marco legal descrito, entre otras, por las siguientes razones:

• 1.� Porque la base que utiliza el texto refundido de la Ley del R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana, de 26 de junio de 1992, para regular el r�gimen urban�stico del suelo, es la clasificaci�n de este �ltimo, seg�n la Ley de 9 de abril de 1976. Pero las clases de suelo, adem�s de ser el soporte estatutario del derecho de propiedad, constituyen un conjunto de piezas integrantes del planeamiento general. Como consecuencia de esta t�cnica se consolida un modelo de plan que, sin perjuicio de sus valores, no puede considerarse �nico e invariable. El planeamiento urban�stico es la expresi�n instrumental m�s genuina de la competencia urban�stica.
• 2.� Porque la unificaci�n del r�gimen urban�stico de los suelos urbano y urbanizable, sin tener en cuenta las diferencias evidentes que existen entre ambos, ni las que dentro del propio suelo urbano distinguen el suelo consolidado para la edificaci�n del que a�n no alcanz� ese estado, crea una situaci�n legal de confusi�n e incongruencia que puede llegar a bloquear el r�gimen del suelo urbano o a favorecer la aplicaci�n de soluciones contradictorias y casu�sticas, incompatibles con el principio de igualdad ante la Ley.
• 3.� Igualmente, resulta afectado negativamente el r�gimen urban�stico del suelo urbano de los municipios en los que el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, no se aplica �ntegramente debido a la indeterminaci�n que sobre estos supuestos, que constituyen mayor�a en Galicia, presenta dicho texto.
• 4.� Porque los sistemas de distribuci�n de beneficios y cargas de la legislaci�n general, confirmados en Galicia por la Ley de 22 de agosto de 1985, quedan en situaci�n de abierta indeterminaci�n con la aparici�n de instrumentos tales como las transferencias de aprovechamientos urban�sticos y las actuaciones asistem�ticas, que, sin alterar en esencia el cl�sico mecanismo de la reparcelaci�n o la compensaci�n, plantean dudas sobre su naturaleza y operatividad y dificultan los procesos edificatorios.
• 5.� Asimismo, el r�gimen de plazos para la urbanizaci�n y, especialmente, para la edificaci�n tienen una regulaci�n gen�rica que no puede aplicarse al margen de los problemas y circunstancias concretos de cada municipio y de cada caso.
• 6.� Por �ltimo, quedan afectados por la nueva regulaci�n del Estado extremos tan determinantes como el r�gimen de adquisici�n y p�rdida de facultades urban�sticas, las valoraciones del suelo y las expropiaciones, el patrimonio municipal del suelo, el r�gimen de indemnizaciones por causa de alteraci�n del planeamiento, o aparecen nuevas materias objeto de regulaci�n, como son los derechos de tanteo y retracto, a lo que se a�ade la complejidad de una graduaci�n de los niveles de vinculaci�n y exclusividad de la normativa estatal por su car�cter b�sico, pleno o supletorio.

Todo ello justifica una reconsideraci�n completa del bloque de la legalidad urban�stica de Galicia. La complejidad legislativa que originan estos contenidos de la regulaci�n del Estado exige que la Junta de Galicia se plantee la conveniencia de formular una regulaci�n legal de la materia urban�stica que debe constituir un bloque normativo completo.

El reconocimiento por el art�culo 148.1.3.� de la Constituci�n de que las Comunidades Aut�nomas podr�n asumir competencias en materia de ordenaci�n del territorio y urbanismo, complementado por la formulaci�n del Estatuto de Autonom�a, que en su art�culo 27.3.� proclama como competencia exclusiva de la Comunidad Aut�noma la citada materia, constituyen los t�tulos que legitiman la elaboraci�n de un texto legal para regular de manera integral la actividad urban�stica de Galicia.

Su elaboraci�n se afront� con el rigor y la decisi�n que su propia naturaleza e importancia requieren, tanto para asumir cuanto de aceptable y adecuado a la realidad gallega tiene la regulaci�n del Estado como para ofrecer las soluciones que su singularidad requiere o aconseja la posici�n auton�mica en relaci�n con la gesti�n urban�stica y el papel de los distintos operadores que intervienen en la misma.

Desde esta planteamiento se formul� el texto legal que, en relaci�n con la legislaci�n anterior, arranca de los siguientes criterios:

• 1.� Se parte del expreso reconocimiento y aceptaci�n de los principios resultantes del ordenamiento urban�stico que se consolid� en Espa�a a partir de la Ley del Suelo de 1956.

  Por ello, todas aquellas formulaciones de preceptos procedentes del texto refundido de 1976 o del nuevo de 1992 que se estimen adecuados para regular la problem�tica actual se recogen sin reparos. Obviamente, este mismo planteamiento comporta la necesidad de ofrecer soluciones nuevas para los problemas espec�ficos que plantea la realidad en este preciso momento, as� como para dar respuesta legal adecuada a los aspectos diferenciales que existen en Galicia, que ya hab�an sido detectados por la Ley de Adaptaci�n de la del Suelo a Galicia, cuya orientaci�n se ha tenido muy en cuenta, fundamentalmente en lo que hace referencia a la regulaci�n del suelo r�stico y del sistema de n�cleos de poblaci�n.

• 2.� En otro sentido, es conveniente advertir que las disposiciones que el texto refundido de 1992 se califican como de �aplicaci�n plena�, respecto a las cuales la Comunidad Aut�noma carece de competencia para su regulaci�n, se excluyen de esta Ley, por esa misma raz�n, aunque se incorporen disposiciones aisladas de este car�cter, en lo que hace referencia, fundamentalmente, a las normas que regulan el r�gimen de valoraciones, expropiaci�n y r�gimen jur�dico.
• 3.� Distinta problem�tica plantean las normas que se declaran �b�sicas�, lo que presupone una concurrencia de competencias �ratione materiae�, sin apoyo real en una reserva expresa de competencias a favor del Estado de base constitucional o estatutaria.

No obstante, partiendo de una voluntad de cooperaci�n, que no puede desconocer o mermar las competencias exclusivas recogidas en nuestro Estatuto de Autonom�a, la espec�fica regulaci�n de esta Ley del Suelo de Galicia se incardina en el marco b�sico de la legislaci�n estatal.

La Ley del Suelo de Galicia se desarrolla en: T�tulo preliminar: Principios generales. T�tulo I: Planeamiento urban�stico. T�tulo II: R�gimen urban�stico del suelo. T�tulo III: Distribuci�n de cargas y beneficios. T�tulo IV: Ejecuci�n de los planes de ordenaci�n. T�tulo V: Instrumentos de intervenci�n en el mercado del suelo. T�tulo VI: Intervenci�n en la edificaci�n y uso del suelo y disciplina urban�stica. T�tulo VII: Organizaci�n. Seis disposiciones adicionales. Cuatro disposiciones transitorias. Una disposici�n derogatoria. Y una disposici�n final.

2 T�tulo preliminar.-Principios Generales

La regulaci�n de la actividad urban�stica de Galicia en sus distintas manifestaciones es el objeto de la presente Ley, con la finalidad de que el suelo se utilice teniendo presentes las exigencias del inter�s general y de la funci�n social de la propiedad.

Si se tiene en cuenta el contenido de este t�tulo se comprende que no vayan a existir grandes diferencias con la legislaci�n del Estado, al mantenerse sus principios generales, sin perjuicio de reforzar la necesidad de incorporar a la gesti�n p�blica la iniciativa de los particulares.

3 T�tulo I.-Planeamiento urban�stico

1.- Clases de planes.

Teniendo en cuenta que, como se ha se�alado, se parti� de la conveniencia de aceptar los principios que han ido consolid�ndose en el derecho urban�stico espa�ol, resultar�a tentador reproducir el esquema de la legislaci�n del Estado y limitarse a adaptar la formulaci�n de los distintos tipos de instrumentos y esquemas de planeamiento que se contienen en aqu�lla. Sin embargo, una reflexi�n rigurosa sobre las clases de planeamiento territorial y general que debe ser reconocido llev� a la conclusi�n de que es necesario racionalizarlo, clarificarlo y adaptarlo a Galicia, lo cual ha conducido a establecer un sistema de planeamiento general �nico, integrado y adecuado a las caracter�sticas de los diferentes tipos de asentamientos existentes.

El sistema distingue los �mbitos provincial, supramunicipal y municipal, en los cuales operan las normas provinciales de planeamiento, las directrices de ordenaci�n del territorio, los planes generales de ordenaci�n municipal y los proyectos de ordenaci�n del medio rural.

Las directrices de ordenaci�n del territorio se prev�n en este proyecto aunque su regulaci�n se remite a su legislaci�n espec�fica.

A las normas provinciales de planeamiento les corresponde suplir y complementar el planeamiento municipal, estableci�ndose una relaci�n de complementariedad con los proyectos de ordenaci�n del medio rural.

El plan general de ordenaci�n municipal pasa a ser el �nico instrumento que habilita para la ordenaci�n integral de uno o varios municipios; puede tener una finalidad y contenido diversos, determinados por la complejidad urban�stica existente en el territorio respectivo, que aconsejar� la opci�n m�s adecuada para cada espec�fica situaci�n. As�, un plan general de ordenaci�n municipal podr� incorporar la totalidad de los medios de ordenaci�n y gesti�n que ofrece la legislaci�n urban�stica u optar por una alternativa reducida, que prescinda de las exigencias que comporta la programaci�n.

Para municipios con limitada complejidad urban�stica, se arbitra la posibilidad de que se formulen proyectos de ordenaci�n del medio rural, que se limitan a efectuar un estudio del medio rural y a realizar el reconocimiento y ordenaci�n b�sica de todos los n�cleos rurales y de suelo urbano existentes en el t�rmino municipal, y que pueden ser complementados por las disposiciones y ordenanzas contenidas en las normas provinciales del planeamiento para permitir el desarrollo normal de la construcci�n en el �mbito de los n�cleos.

El planeamiento de desarrollo sigue estando constituido por los mismos instrumentos contemplados en la legislaci�n urban�stica anterior, a excepci�n de los programas de actuaci�n urban�stica, que ahora se suprimen como consecuencia de la eliminaci�n de la categor�a del suelo urbanizable no programado que a continuaci�n se analizar�.

2.- Clasificaci�n y tratamiento de los distintos tipos de suelo en el planeamiento general.

Los planes generales podr�n clasificar el suelo del territorio municipal en suelo urbano, de n�cleo rural, urbanizable y r�stico. Los proyectos de ordenaci�n del medio rural podr�n clasificarlo �nicamente en suelo urbano, de n�cleo rural y r�stico.

El suelo urbano sigue siendo aquel que es consecuencia de la existencia de determinados servicios urban�sticos b�sicos o de la edificaci�n. No obstante, se distinguen dos categor�as de suelo urbano: El consolidado, por no resultar necesario el desarrollo de actuaciones de ejecuci�n integral; y el no consolidado, que son aquellos terrenos que s� exigen esta ejecuci�n. Es el planeamiento general el que debe establecer esta importante diferenciaci�n que se basa en el hecho de que el suelo consolidado es el que lleg� al final del proceso de desarrollo urban�stico.

Aparece un nuevo tipo de suelo, el suelo de n�cleo rural, que corresponde al fen�meno caracter�stico de los asentamientos de poblaci�n de Galicia.

En cuanto al suelo urbanizable, se supera la diferenciaci�n entre el programado y el no programado. La programaci�n del desarrollo del plan en el suelo urbanizable, que pasa a configurarse como categor�a �nica, depender� de sus propias previsiones en relaci�n con las actuaciones p�blicas previstas y las de los particulares que quedar�n suficientemente garantizadas. El plan general podr� establecer un sistema de prioridades en sustituci�n de la programaci�n cl�sica determinando, en todo caso los plazos y condiciones en que tengan que ser ejecutadas las actuaciones concertadas con los particulares.

En el suelo r�stico se distinguen dos categor�as: El protegido y el r�stico com�n. El plan realizar� un estudio riguroso del medio rural y del sistema de n�cleos, atendiendo a la preocupaci�n especial que merece en Galicia el suelo r�stico y a su peculiar sistema de poblamiento, acentu�ndose la l�nea que ya inici� la Ley de Adaptaci�n de la del Suelo a Galicia.

El estudio profundo del suelo r�stico, categor�a de suelo al que se devuelve su genuina denominaci�n, permite que puedan incorporarse al proceso de desarrollo urban�stico �reas de suelo r�stico com�n que presenten las condiciones de aptitud objetiva para ser soportes de tal desarrollo, con lo que se evita as� la excesiva clasificaci�n de suelo urbanizable cuando a�n no est� asegurada la existencia de iniciativas p�blicas o privadas para su desarrollo.

3.- El planeamiento de desarrollo.

Sin perjuicio de mantener los planes tradicionales para el desarrollo del planeamiento general, a excepci�n de los programas de actuaci�n urban�stica, que se suprimen como consecuencia de la eliminaci�n del suelo urbanizable no programado, se da un tratamiento espec�fico a los planes parciales que incorporen al proceso de desarrollo urban�stico las �reas de suelo r�stico com�n, as� como a los planes especiales de mejora de los n�cleos rurales y a los planes especiales de mejora del medio.

4.- Simplificaci�n de los procedimientos.

Se establece una nueva regulaci�n del procedimiento para la aprobaci�n de los instrumentos de planeamiento urban�stico dirigida a lograr una mayor celeridad y eficacia, para lo que se unifican los distintos procedimientos, sin perjuicio de las especialidades propias de cada caso, simplificando la tramitaci�n, reduciendo los plazos y adapt�ndose al nuevo r�gimen de distribuci�n de competencias establecido.

La intervenci�n de la Administraci�n auton�mica en el procedimiento de aprobaci�n del planeamiento tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la legalidad y el adecuado tratamiento de los intereses supralocales afectados, y se instrumenta a trav�s de la resoluci�n sobre la aprobaci�n definitiva o, en su caso, de la emisi�n de un informe preceptivo y vinculante, con el mismo alcance definido hoy por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

4 T�tulo II.-R�gimen urban�stico del suelo

1.- Clasificaci�n del suelo.

Se mantiene el sistema de clasificaci�n del suelo, introduciendo la distinci�n de dos categor�as en el suelo urbano, como ya se ha dicho anteriormente: El consolidado y el no consolidado. Esta distinci�n responde a las dos situaciones en que puede encontrarse este tipo de suelo desde el punto de vista de la gesti�n urban�stica. El nuevo concepto de la consolidaci�n no debe confundirse con la consolidaci�n de la edificaci�n a que se refieren los art�culos 11 y 13 del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo de 26 de junio de 1992. El suelo urbano consolidado debe ser aquel en el que, por determinaci�n del planeamiento general, no es necesario realizar operaciones o actuaciones de ejecuci�n integral, es decir, no es preciso delimitar un pol�gono y aplicar un sistema de actuaci�n para llevar a cabo las cesiones, la distribuci�n de cargas y beneficios y la ejecuci�n de la urbanizaci�n. Es el suelo en el que se culmin� el proceso de su conversi�n en urbano, aunque no se hubiera edificado. Normalmente, este suelo tendr� la calificaci�n jur�dica de solar, aunque no cabe excluir de esta categor�a de suelo parcelas en las que a�n haya de efectuarse alguna obra parcial de urbanizaci�n para alcanzar aquella calificaci�n mediante simples proyectos de obras. La frontera entre el suelo urbano consolidado y el no consolidado se encuentra, pues, en el l�mite entre el suelo que no requiere un proceso completo y complejo de gesti�n urban�stica, comprensivo de cesiones, distribuci�n de cargas y beneficios y urbanizaci�n completa, aunque precise de alguna aislada de urbanizaci�n; y el que, siendo urbano por reunir o estar bajo la influencia de los servicios urban�sticos b�sicos debe a�n someterse al proceso descrito.

Las dos situaciones en que puede encontrarse el suelo urbano no han tenido adecuado reflejo en la regulaci�n legal del r�gimen urban�stico del suelo urbano. Esta laguna legal, menos trascendente en la Ley del Suelo de 1976, adquiere un mayor relieve ante la Ley 8/1990, y su texto refundido, que, pese a la formal unificaci�n del suelo urbano y del urbanizable, reconoce, en el art�culo 31.1 del texto refundido, la existencia diferenciada del suelo urbano no incluido en unidades de ejecuci�n que, por esta causa, alcanz� el derecho al aprovechamiento urban�stico.

El reconocimiento expreso de las dos categor�as de suelo urbano exige que se extraigan las consecuencias l�gicas en el plano de sus respectivos reg�menes urban�sticos. Encontr�ndose el suelo urbano consolidado reconocido por el planeamiento al final de su proceso de formaci�n, no cabe exigirle nuevas cesiones; al contrario, �stas ser�n procedentes en el suelo que, por requerir la finalizaci�n del proceso descrito, se integra en unidades de ejecuci�n integral porque no ha alcanzado aquel grado de consolidaci�n. Esta es la conclusi�n a que conduce el sistema de adquisici�n de facultades urban�sticas creado por la Ley 8/1990, que, as�, resuelve con toda facilidad la contradicci�n en que se incurrir�a si se impusiese la obligaci�n de cesi�n de aprovechamiento, por motivos de participaci�n p�blica en la plusval�a creada por la clasificaci�n del suelo, cuando esta clasificaci�n no viene otorgada por el planeamiento, sino que est� simplemente reconocida por ser anterior al propio planeamiento que se ejecuta y que, en consecuencia, no comporta ning�n tipo de plusval�a.

En cuanto a las restantes clases y categor�as de suelo, ya se ha anticipado que quedan constituidas por el suelo de los n�cleos rurales, el suelo urbanizable y el suelo r�stico, dentro del que se distinguen las dos categor�as de suelo r�stico protegido y r�stico com�n.

2.- El suelo de n�cleo rural.

Para dar una respuesta adecuada a uno de los aspectos m�s caracter�sticos de la realidad urban�stica de Galicia, se considera necesario definir una categor�a espec�fica de suelo para el que se integra en el �mbito de la delimitaci�n de los n�cleos rurales, b�sicamente equivalente al que en la Ley 11/1985, de Adaptaci�n de la del Suelo a Galicia, se configuraba como suelo no urbanizable de n�cleo rural tradicional, pero con un sentido m�s amplio y con una denominaci�n m�s coherente: �Suelo de n�cleo rural�, que tiene una significaci�n propia y determina un r�gimen jur�dico tambi�n caracter�stico, claramente diferenciable del que debe establecerse para las otras clases de suelo.

3.- El suelo r�stico.

La Ley aspira a que se reserve para su utilizaci�n caracter�stica, preserv�ndolo de la utilizaci�n urban�stica incontrolada o abusiva. Sin embargo, resulta inevitable tener en cuenta algunos factores:

Galicia cuenta con m�s de 30.000 entidades de poblaci�n, de las cuales la mayor�a pueden ser reconocidas como n�cleo de poblaci�n a efectos urban�sticos, y constituyen una clara expresi�n del modelo de asentamiento tradicional, que debe ser considerado como adecuado para la mayor�a de los municipios rurales de Galicia.

Muchas de estas entidades no cuentan con los m�s elementales servicios p�blicos; abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de residuos, tel�fono, etc., son carencias notorias.

Por motivos econ�micos resulta imposible el establecimiento generalizado de estos servicios, su coste resulta inasumible por la dispersi�n de los asentamientos. Esta situaci�n se ve agravada por la actual tendencia a acentuar tambi�n la dispersi�n de las edificaciones.

Es necesario establecer los presupuestos que permitan rentabilizar las inversiones en servicios p�blicos. Ello s�lo puede conseguirse si se propugna una tendencia a que las construcciones se realicen en el �mbito que se defina para los n�cleos de poblaci�n.

Adem�s, por supuesto, es necesario proteger todos los valores intr�nsecos, medioambientales, paisaj�sticos, productivos, etc., del suelo r�stico.

A estas finalidades atiende la regulaci�n espec�fica del suelo r�stico, en el que, partiendo de las categor�as b�sicas de �protegido� y �com�n�, se trata de evitar cualquier tipo de agresi�n al protegido y se disciplina el uso del com�n, suprimiendo su utilizaci�n ordinaria para usos residenciales muy vinculados a las explotaciones de las fincas e imponiendo un mayor rigor en el empleo de los par�metros de la �utilidad p�blica� e �inter�s social�, que se han utilizado para hacer posible la instalaci�n de otro tipo de edificaciones en suelo r�stico, con m�s que dudosa justificaci�n.

Como ya se ha se�alado anteriormente, la Ley admite la transformaci�n en suelo urbanizable de aquellas partes de suelo r�stico com�n que permitan los planes de acuerdo con sus previsiones.

4.- Plazos.

Respetando el r�gimen de adquisici�n de las facultades urban�sticas, merecen no obstante regulaci�n especial los plazos para el cumplimiento de los deberes urban�sticos, de acuerdo con la remisi�n que, en esta materia, contiene el texto refundido en favor de la legislaci�n de las Comunidades Aut�nomas. Los planes se�alar�n los plazos de ejecuci�n de las obras de urbanizaci�n y de cumplimiento de los deberes de cesi�n y equidistribuci�n, con un plazo supletorio de cuatro a�os desde la aprobaci�n del pol�gono. Los plazos de edificaci�n ser�n fijados por los planes, siendo impropio, por su rigidez y desconocimiento de la realidad concreta, que se establezcan por Ley. Sin embargo, aparece como soluci�n �ptima facultar a la Junta para que �sta, en funci�n de circunstancias y necesidades sociales objetivas, establezca o modifique los plazos. De esta manera, se evitar� la injustificada aplicaci�n de unos plazos establecidos por la Ley sin atenci�n a las circunstancias diferentes de tiempo y lugar.

5.- Determinaci�n del aprovechamiento susceptible de apropiaci�n en los Ayuntamientos de aplicaci�n limitada.

Por �ltimo, es necesario solventar el grave problema de la definici�n precisa del r�gimen del aprovechamiento susceptible de apropiaci�n en los Ayuntamientos en que el texto refundido de la Ley del Suelo no es de aplicaci�n �ntegra. Si la Comunidad Aut�noma tiene competencia para ampliar la aplicaci�n �ntegra a los municipios menores de 25.000 habitantes, as� como para liberar de dicha aplicaci�n a los municipios no capitales de provincia con poblaci�n entre 25.000 y 50.000 habitantes, con mayor raz�n debe aceptarse su competencia para normalizar la aplicaci�n de dicho r�gimen, especialmente, a la vista del apartado 4.� del art�culo 27 del texto refundido de la Ley del Suelo, que admite la cesi�n del 15 por 100 del aprovechamiento urban�stico en los Ayuntamientos sometidos al r�gimen de aplicaci�n parcial bajo la extra�a f�rmula de garantizar al propietario del suelo un m�nimo de aprovechamiento.

El principio de igualdad exige que el r�gimen de cesiones y de apropiaci�n de aprovechamiento sea el mismo en todos los municipios. La cesi�n del 15 por 100, basada en la plusval�a creada por la clasificaci�n del suelo, s�lo est� justificada en las �reas de nueva urbanizaci�n y en los terrenos urbanos que no hayan culminado el proceso de conversi�n por el cumplimiento de las obligaciones de cesi�n, equidistribuci�n y urbanizaci�n, en congruencia con las dos categor�as de suelo urbano que en realidad existen.

5 T�tulo III.-Distribuci�n de cargas y beneficios

Se regula de manera sistem�tica y diferenciada la distribuci�n de cargas y beneficios en los niveles de planeamiento general y parcial.

Las �reas de reparto se adecuan al sistema de planeamiento general de la Ley, as� como a la definici�n del aprovechamiento tipo.

La distribuci�n de cargas y beneficios se articula, siempre, a trav�s de la reparcelaci�n en sus distintas modalidades: Ordinaria, voluntaria, mediante transferencias de aprovechamiento urban�stico y normalizaci�n de fincas. Toda la gama de posibles mecanismos de distribuci�n de cargas y beneficios, tanto en el caso de actuaciones integrales como aisladas, queda recogida y unificada bajo la naturaleza del acto reparcelatorio, alcanz�ndose la mayor simplificaci�n posible de estos procesos siempre dif�ciles.

6 T�tulo IV.-Ejecuci�n de los planes de ordenaci�n. Sistemas de ejecuci�n

Se simplifican los procedimientos de gesti�n y ejecuci�n, sin menoscabo de la seguridad jur�dica, pero estimulando y apoyando la iniciativa de los particulares de forma tal que el propietario que se decida a promover iniciativas de gesti�n tenga la evidencia de que la legislaci�n y la pr�ctica administrativa van a apoyar ese proceso.

Se mantienen los tres sistemas de actuaci�n: De compensaci�n, cooperaci�n y expropiaci�n, pero potenciando la iniciativa y colaboraci�n de los particulares para la ejecuci�n del planeamiento. Y as�, en el sistema de compensaci�n se reduce el qu�rum de propiedad necesario para la aplicaci�n del sistema a m�s del 50 por 100 y se prev� para el supuesto de que alg�n propietario no se hubiera incorporado a la Junta de Compensaci�n la facultad de �sta de instar a la expropiaci�n de las fincas, o bien a la ocupaci�n de las mismas a fin de posibilitar la ejecuci�n de las obras de urbanizaci�n previstas, sin perjuicio del reconocimiento a sus titulares del derecho a la adjudicaci�n de terrenos edificables en la proporci�n que corresponda. En el sistema de cooperaci�n se prev� la colaboraci�n concertada entre la Administraci�n actuante y los propietarios que representen, al menos, el 25 por 100 de la superficie del pol�gono.

En el sistema de expropiaci�n se admite la exclusi�n de propietarios que se comprometan a participar en el proceso de ejecuci�n de acuerdo con las condiciones que establezca la Administraci�n.

Asimismo, se perfila la regulaci�n de los terrenos destinados a sistemas generales y a dotaciones p�blicas locales, estableciendo un procedimiento para la ocupaci�n directa en el que quedan garantizadas la efectividad y la seguridad jur�dica de modo que las compensaciones al propietario no resulten indefinidamente demoradas.

En general, se pretende estimular la colaboraci�n de los particulares, haci�ndolos part�cipes del resultado de la ejecuci�n del planeamiento, cuando asuman el compromiso de compartir la responsabilidad de facilitar el proceso de gesti�n del planeamiento, pero, al mismo tiempo, introduciendo procedimientos que eviten las actitudes orientadas al entorpecimiento.

7 T�tulo V.-Instrumentos de intervenci�n en el mercado del suelo

Es objeto de este t�tulo la regulaci�n del patrimonio municipal del suelo, del derecho de superficie y de los derechos de tanteo y retracto, sobre la base de la regulaci�n general anterior, que se perfecciona para mejorar su efectividad. La adecuada utilizaci�n de estos mecanismos posibilitar� a los Ayuntamientos alcanzar una capacidad de actuaci�n muy importante en el mercado del suelo.

8 T�tulo VI.-Intervenci�n en la edificaci�n y uso del suelo y disciplina urban�stica

El cap�tulo I de este t�tulo regula la intervenci�n en la edificaci�n y uso del suelo, cuya finalidad primordial es hacer efectiva la ordenaci�n urban�stica establecida por el planeamiento, mediante el control preventivo que la Administraci�n ejerce a trav�s del tradicional mecanismo de las licencias, a las que se somete toda actividad que suponga una transformaci�n f�sica del suelo.

Tambi�n se regula en este mismo cap�tulo el deber de conservaci�n de los terrenos, urbanizaciones y edificaciones, que recae sobre los propietarios de los mismos, as� como el r�gimen de parcelaciones urban�sticas.

En el cap�tulo II se establece una nueva regulaci�n de la disciplina urban�stica, previ�ndose los mecanismos necesarios para el restablecimiento de la legalidad, diferenciando su tratamiento seg�n se trate de obras o usos sin licencia en curso de ejecuci�n, de obras terminadas sin licencias o de obras y usos amparados en licencias ilegales. Asimismo, se establece un nuevo r�gimen de infracciones y sanciones, distinguiendo entre infracciones muy graves, graves y leves.

Una especial consideraci�n merece en la nueva regulaci�n la protecci�n de la legalidad cuando la actividad il�cita no estuviese amparada en licencia y afectase a zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos comunitarios y suelo r�stico con especial protecci�n. En estos casos la competencia para adoptar las medidas necesarias en orden a la restauraci�n de la legalidad y para sancionar a los responsables de las infracciones es de la Administraci�n auton�mica. En los dem�s supuestos, la competencia corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de los requerimientos procedentes que la Conseller�a competente en la materia puede dirigir a la entidad local cuando �sta incumpliese sus obligaciones o no adoptase las medidas necesarias para restablecer la legalidad urban�stica vulnerada.

9 T�tulo VII.-Organizaci�n

Supuesta la competencia exclusiva de la Comunidad Aut�noma para establecer el marco legislativo de la actividad urban�stica, no cabe duda de que en su desarrollo tienen que intervenir, junto con los �rganos propios de la misma que asuman competencias en la materia, las entidades locales, b�sicamente los municipios, compartiendo la responsabilidad del ejercicio de estas competencias. Es evidente que cada una de estas Administraciones p�blicas actuar� con plenitud dentro de su propio �mbito y partiendo del expreso reconocimiento de la autonom�a local pero sin ignorar que en la actividad urban�stica existen destacados aspectos de inter�s supramunicipal que necesariamente han de ser atendidos por la Administraci�n auton�mica.

Este planteamiento hace perfectamente compatibles los principios de autonom�a y descentralizaci�n con el de coordinaci�n, todos ellos proclamados por el art�culo 1103 de la Constituci�n.

En este t�tulo se regulan las competencias urban�sticas de la Comunidad Aut�noma, a la que corresponden la direcci�n de la pol�tica urban�stica, el establecimiento de directrices de ordenaci�n y la aprobaci�n de instrumentos de ordenaci�n urban�stica en los supuestos establecidos, el control de la actividad urban�stica local y el desarrollo reglamentario.

Se reconoce la competencia urban�stica municipal y la posibilidad de establecer formas de colaboraci�n interadministrativa, as� como la de constituir consorcios o sociedades urban�sticas.

Por �ltimo, se atribuye carta de naturaleza a la colaboraci�n de las Diputaciones Provinciales en materia urban�stica, en armon�a con las funciones de asistencia y cooperaci�n que a las mismas atribuye la legislaci�n de r�gimen local.

10 Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final

En las disposiciones adicionales, seis en total, se regula, entre otros extremos, el r�gimen de aplicaci�n a los municipios que carezcan de cualquier instrumento de planeamiento general y se asigna a los Ayuntamientos, en r�gimen de competencia delegada, la competencia para la aprobaci�n definitiva de los planes generales de ordenaci�n municipal y de los proyectos de ordenaci�n del medio rural. En las transitorias se contempla, especialmente, la situaci�n del planeamiento en tanto no se adapte a las previsiones de la nueva Ley, sin que los procesos de adaptaci�n supongan alteraci�n de los procesos urban�sticos. La disposici�n final habilita al Consejo de la Junta de Galicia para dictar las disposiciones de desarrollo que sean necesarias para la ejecuci�n de la presente Ley y, anteriormente, la derogatoria deja sin efecto la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de Adaptaci�n de la del Suelo a Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13.2.� del Estatuto de Galicia y con el art�culo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley del Suelo de Galicia.