Artículo 6 Declaración de interés general de la Comunidad Autónoma

1. Se declara de interés general de la Comunidad Autónoma de Galicia el servicio de depuración de aguas residuales urbanas.

2. El ámbito material del servicio comprende la regulación, la planificación, la aprobación definitiva de proyectos, la construcción y la gestión, explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales, redes de colectores generales y emisarios submarinos que formen parte de la programación de saneamiento y depuración de la Xunta de Galicia, así como, en su caso, la reutilización de las aguas residuales depuradas.

3. Quedan expresamente excluidas aquellas redes de alcantarillado cuyo proyecto, construcción y gestión corresponda a las entidades locales de forma exclusiva.

Artículo 7 Competencias de las entidades locales

Las entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3, ejercerán en materia de depuración de aguas residuales urbanas las competencias siguientes:

• 1. La promoción, redacción y propuesta a la Xunta de Galicia para su aprobación, previa comprobación de su adecuación a la programación a que se refiere el artículo 6.2, de planes y proyectos de obras e instalaciones.
• 2. La contratación y ejecución de las obras e instalaciones que les correspondan con arreglo a los planes y proyectos aprobados previamente, y aquéllas otras que les encomiende la Xunta de Galicia.
• 3. La gestión y explotación de las obras e instalaciones, por si mismas o mediante cualquier fórmula asociativa con otras entidades locales.
• 4. La participación en la elaboración del Reglamento autonómico regulador del servicio de depuración, en los términos del artículo 10.3.

Artículo 8 Administración gestora del servicio

1. El servicio de depuración de aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma será gestionado por la Administración hidráulica de Galicia, bien a través del organismo autónomo Aguas de Galicia o bien a través de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, entidades creadas por la Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración hidráulica de Galicia.

2. En igualdad de condiciones técnicas y económicas, la Administración hidráulica de Galicia podrá encomendar a las entidades locales la prestación del servicio, tanto en la construcción como en la explotación de las instalaciones.

3. La administración gestora de las instalaciones podrá utilizar al efecto cualesquiera de las formas actualmente vigentes para la gestión de servicios públicos.

Artículo 9 Financiación del servicio

1. El servicio de depuración de aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma será financiado íntegramente por la Administración hidráulica de Galicia, a través de los recursos siguientes:

• a) El producto del canon de saneamiento creado por la Ley 8/1993.
• b) Las transferencias que en su favor ordene la Xunta de Galicia y otras entidades públicas.
• c) Préstamos y créditos, en los términos que determinen las leyes de presupuestos.
• d) El producto de las sanciones que imponga por incumplimientos de la regulación del servicio.
• e) Ingresos de derecho privado.
• f) Cualesquiera otros recursos que pudiese obtener o serle asignados a este fin.

2. Se declara la incompatibilidad en favor del canon de saneamiento respecto de aquellos tributos y precios que, de acuerdo con la vigente normativa en materia de haciendas locales, las administraciones locales tuviesen en vigor para financiar el servicio de depuración de aguas residuales urbanas en los supuestos en que sea asumido por la Comunidad Autónoma, a partir de la asunción efectiva del servicio.

3. El comienzo de la prestación efectiva del servicio por parte de la Administración hidráulica de Galicia comportará el cese de la recaudación de los instrumentos tributarios y financieros que tuviesen vigentes la correspondiente entidad o entidades locales a las que dé servicio la instalación de depuración de que se trate, sin perjuicio del derecho de éstas al cobro de los créditos pendientes en ese momento.

Artículo 10 Regulación del servicio

1. El servicio público de depuración de aguas residuales urbanas, con independencia de la administración que lo preste, se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la normativa básica vigente sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

2. El Consello de la Xunta de Galicia dictará el Reglamento de prestación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas, que habrá de desarrollar, entre otros, los siguientes extremos:

• a) Elementos para la protección de las instalaciones de saneamiento y depuración y del medio receptor de sus efluentes.
• b) La definición de los vertidos prohibidos y tolerados a los sistemas públicos de depuración de aguas residuales, incluida la prohibición de diluir los vertidos a fin de alcanzar dichos límites.
• c) La obligación de someter a autorización los vertidos de naturaleza no doméstica, con carácter previo a su conexión a las redes de saneamiento. La autorización deberá contener, al menos, los condicionantes cuantitativos y cualitativos del vertido para que éste sea admitido en dichas redes. Procedimiento de autorización de los vertidos.
• d) Los vertidos que no alcancen los límites establecidos en el punto b) deberán someterse al tratamiento previo adecuado antes de ser autorizados.
• e) El régimen de situaciones de emergencia y de los vertidos accidentales potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas o de las instalaciones de saneamiento, referido, como mínimo, a su comunicación, adopción de medidas correctoras y valoración y abono de los daños.
• f) El régimen de vertidos mediante camiones cisterna.
• g) El régimen de inspección, muestreo, análisis y control de los vertidos, incluyendo la obligación, para los vertidos de naturaleza no doméstica, de disposición de una arqueta de registro que permita a la administración actuante su inspección en todo momento.

3. El reglamento será elaborado por el organismo autónomo Aguas de Galicia y lo propondrá al conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, quien, tras recabar informe de las entidades locales a través de su asociación más representativa en Galicia, lo elevará al Consello de la Xunta de Galicia.