Artículo 1 Objeto

La presente Ley tiene por objeto regular las medidas protectoras que deban aplicarse a los menores de edad en situación de desamparo que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Artículo 2 Competencia

El Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Gobernación, ejerce, de acuerdo con la presente Ley y la normativa que la complemente y desarrolle la protección sobre los menores a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3 Ambito de actuación de los poderes públicos

1. La Consejería de Gobernación tomará las medidas tendentes a lograr la efectiva protección de los menores desamparados conforme a lo previsto en esta Ley.

2. La Consejería de Gobernación ejerce las funciones de control y coordinación de todos los organismos públicos y privados que realizan actuaciones de protección de las comprendidas en el ámbito de esta Ley.

También fomenta, ayuda y potencia la iniciativa y la participación, en lo referente a esta materia, de los ayuntamientos, consejos insulares y otras instituciones públicas o privadas sin finalidad de lucro.

3. La Dirección General de Juventud, Menores y Familia para evitar situaciones de desamparo, velará para que la actuación de las administraciones públicas competentes se adecue a lo regulado en la Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acción social, en prevención de situaciones de riesgo y tratamiento de carencias de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor.

Artículo 4 Principios rectores, criterios de actuación e interpretación

Son principios rectores de la actuación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de menores:

• a) Los generales del sistema público de servicios sociales recogidos en la citada Ley de acción social.
• b) La prevalencia del interés del menor sobre cualquier otro concurrente.
• c) La subsidiariedad respecto a las funciones parentales.
• d) El mantenimiento del menor en su entorno familiar siempre que ello no le sea perjudicial.
• e) La confidencialidad en la tramitación de expedientes de acción protectora.