• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• EXPOSICI�N DE MOTIVOS
• CAPITULO PRIMERO.� Disposiciones generales
  • Art�culo 1
  • Art�culo 2 �Competencias de los distintos Organismos que intervienen por raz�n de la materia
• CAPITULO II.� Infracciones y sanciones
  • Art�culo 3
  • Art�culo 4
  • Art�culo 5
  • Art�culo 6
  • Art�culo 7
  • Art�culo 8
  • Art�culo 9
  • Art�culo 10
  • Art�culo 11
• CAPITULO III.� Procedimiento
  • Art�culo 12
  • Art�culo 13
  • Art�culo 14
  • Art�culo 15
  • Art�culo 16
  • Art�culo 17
  • Art�culo 18
  • Art�culo 19
  • Art�culo 20
  • Art�culo 21
  • Art�culo 22
  • Art�culo 23
  • Art�culo 24
  • Art�culo 25
  • Art�culo 26
  • Art�culo 27
  • Art�culo 28
  • Art�culo 29
  • Art�culo 30
  • Art�culo 31
  • Art�culo 32
  • Art�culo 33
  • Art�culo 34
  • Art�culo 35
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICION TRANSITORIA
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL

Art�culo 1

El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar el T�tulo VIII de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, mediante la calificaci�n de las infracciones, graduaci�n de las sanciones y regulaci�n del procedimiento por el que se materialice su aplicaci�n.

Art�culo 2 Competencias de los distintos Organismos que intervienen por raz�n de la materia

1. Los Consejos Insulares de Aguas, asumir�n, en su �mbito territorial respectivo, las siguientes competencias:

• a) Recibir y comprobar las denuncias formuladas por particulares y las realizadas de oficio, as� como tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.
• b) Inspeccionar, de oficio, a trav�s de sus propios servicios, el cumplimiento de los deberes y obligaciones que la legislaci�n hidr�ulica impone.
• c) Realizar informaci�n reservada para el esclarecimiento de las posibles contravenciones a la normativa de aguas.
• d) Evaluar los da�os producidos al dominio p�blico hidr�ulico, y determinar las indemnizaciones que corresponda satisfacer por tal concepto.
• e) Resolver los expedientes en que se hayan cometido infracciones leves y menos graves.
• f) Trasladar a la Consejer�a del Gobierno competente en materia hidr�ulica, con propuesta motivada de resoluci�n, los expedientes instruidos por la comisi�n de faltas muy graves y graves para su resoluci�n o elevaci�n a la decisi�n del Gobierno de Canarias.
• g) Exigir y cobrar el importe de las multas, velar por el cumplimiento de la obligaciones ordenadas en las resoluciones sancionadoras, cobrar el importe de las indemnizaciones impuestas, as� como la de proceder a la ejecuci�n subsidiaria en el supuesto de incumplimiento de los infractores.
• h) Tramitar y resolver los recursos administrativos que se presenten contra sus decisiones.

2. La Consejer�a competente en materia de aguas del Gobierno de Canarias, asumir� las siguientes competencias:

• a) Imponer sanciones por infracciones graves.
• b) Ordenar a los servicios t�cnicos de la Consejer�a la emisi�n de estudios o informes sobre conductas presuntamente infractoras. Esta acci�n puede realizarse tanto en apoyo de un Consejo Insular de Aguas como por moci�n de los propios servicios t�cnicos, de oficio por el propio Consejero, o por orden del Gobierno. De ella se dar� inmediato traslado a los Consejos Insulares afectados.

3. Al Gobierno de Canarias, le corresponden las siguientes competencias:

• a) Imponer las sanciones derivadas de las infracciones muy graves.
• b) Desempe�ar la inspecci�n y supervisi�n de la actividad sancionadora de los Consejos Insulares de Aguas, compeli�ndoles al cumplimiento de los principios y prescripciones de la Ley de Aguas y de sus Reglamentos.

Art�culo 3

Ser�n sancionables como infracciones las acciones y comisiones tipificadas en el presente cap�tulo cometidas a�n a t�tulo de simple inobservancia.

Art�culo 4

Constituir�n infracciones administrativas leves:

• 1. Las acciones u omisiones que causen da�o al dominio p�blico hidr�ulico, siempre que la valoraci�n de los da�os no supere las 50.000 pesetas.
• 2. El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en los supuestos en que no diese lugar a la caducidad o revocaci�n de las mismas.
• 3. La ejecuci�n, sin la debida autorizaci�n administrativa, de obras, siembras, plantaciones, talas y podas en los cauces p�blicos o en las zonas sujetas legalmente a alg�n tipo de limitaci�n en su uso, cuando no se deriven perjuicios para el dominio p�blico hidr�ulico, o de producirse, su valoraci�n no supere las 50.000 pesetas.
• 4. La invasi�n o la ocupaci�n de los cauces o la extracci�n de �ridos en los mismos sin la correspondiente autorizaci�n, cuando no se deriven da�os para el dominio hidr�ulico o, de producirse �stos, la valoraci�n no supere las 50.000 pesetas.
• 5. El da�o a las obras hidr�ulicas o instalaciones y la sustracci�n y da�o a los materiales acopiados para su construcci�n, conservaci�n y limpieza, en los supuestos que la valoraci�n de tales da�os o de lo sustra�do, no supere las 50.000 pesetas.
• 6. La desobediencia a las �rdenes o requerimientos hechos por los funcionarios de los servicios del Consejo Insular de Aguas en el ejercicio de las funciones que tienen conferidas por la legislaci�n vigente.
• 7. La alteraci�n perjudicial de los sistemas de recepci�n, condensaci�n o infiltraci�n del agua atmosf�rica, la realizaci�n de obra no autorizadas que var�en el curso de las aguas pluviales ocasionales en terrenos privados, o la contaminaci�n que revista toxicidad, siempre que ello afecte a caudales de agua que acumulados sean inferiores a la cantidad de 1.000 metros c�bicos, o que los perjuicios ocasionados al dominio p�blico hidr�ulico sean inferiores a las 50.000 pesetas.
• 8. Actuar sin t�tulo administrativo cuando �ste es exigible seg�n la legislaci�n vigente. Esta infracci�n pasar� a ser menos grave, grave o muy grave, cuando la conducta quede tipificada en los art�culos siguientes.
• 9. La utilizaci�n del agua para fines distintos de los previstos en el t�tulo habilitante; los consumos abusivos u ostentosos en circunstancias de escasez; el uso del agua en forma que se dificulte o impida su posterior reutilizaci�n, si estuviera prevista, todo ello siempre que no concurran circunstancias agravantes.
• 10. El incumplimiento de cualquier prohibici�n establecida en la Ley de Aguas o en sus reglamentos, o la omisi�n de los actos a que obligan, siempre que no est�n consideradas como infracciones, menos graves, graves o muy graves.

Art�culo 5

Son infracciones menos graves:

• 1. Las acciones u omisiones que causen da�os a los bienes del dominio p�blico hidr�ulico, siempre que la valoraci�n de aqu�llos estuviera comprendida entre las 50.001 y la 500.000 pesetas.
• 2. El falseamiento de los datos que se aporten al Cat�logo o al Registro de Aguas.
• 3. El abuso de una posici�n de dominio en el mercado de aguas privadas, ocasionando una elevaci�n artificial de los precios de venta del agua en perjuicio de los dem�s usuarios; toda conducta intencional dirigida a obtener un lucro ileg�timo, al margen o con distorsi�n de la ordenaci�n y planificaci�n del sistema hidr�ulico establecida en la Ley Territorial 12/1990, en cuanto no reciba la calificaci�n de grave o muy grave.
• 4. El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas, en los supuestos a que diera lugar la declaraci�n de caducidad o revocaci�n de las mismas.
• 5. La derivaci�n de las aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterr�neas sin la correspondiente concesi�n o autorizaci�n cuando sea precisa, as� como la realizaci�n de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la continuaci�n de la captaci�n abusiva de las mismas, siempre que, en estos dos �ltimos supuestos, exista requerimiento previo del Consejo Insular de Aguas en contrario.
• 6. La ejecuci�n sin la debida autorizaci�n administrativa, de trabajos, obra, siembras, talas, podas y plantaciones en los cauces p�blicos o en las zonas sujetas legalmente a alg�n tipo de limitaci�n de su uso, en los supuestos en que, de producirse da�os al dominio p�blico hidr�ulico, su valoraci�n estuviera comprendida entre las 50.001 y las 500.000 pesetas.
• 7. La invasi�n o la ocupaci�n de los cauces, o la extracci�n de �ridos en los mismos sin la correspondiente autorizaci�n, cuando se produjeran como consecuencia de ello da�os para el dominio p�blico hidr�ulico y su valoraci�n estuviera entre las 50.001 y las 500.000 pesetas.
• 8. Los da�os a las obras hidr�ulicas o instalaciones y la sustracci�n y da�os a los materiales acopiados para su construcci�n, conservaci�n y limpieza, en los supuestos en que la valoraci�n de tales da�os o de los bienes sustra�dos estuviera comprendida entre las 50.001 y las 500.000 pesetas.
• 9. La alteraci�n perjudicial de los sistemas de recepci�n, condensaci�n o infiltraci�n del agua atmosf�rica, la realizaci�n de obras no autorizadas que var�en el curso de las aguas pluviales ocasionales en terrenos privados, o la contaminaci�n derivada de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desag�e del cauce receptor, as� como la introducci�n de elementos extra�os en cauces, canales, conducciones o balsas de agua de cualquier tipo, susceptibles de producir contaminaci�n al agua afectada, o la p�rdida de caudales, siempre que los da�os derivados para el dominio p�blico hidr�ulico est�n comprendidos entre 50.001 y 500.000 pesetas, o que el caudal afectado rebase los 1.000 metros c�bicos.

Art�culo 6

Son infracciones graves:

• 1. Se considerar�n infracciones graves las enumeradas en los art�culos anteriores, cuando de los actos u omisiones en ellos previstos se deriven da�os para el dominio p�blico hidr�ulico, cuya valoraci�n oscile entre las 500.001 y los 5.000.000 de pesetas.
• 2. La introducci�n por medio de elementos t�xicos o peligrosos que originen o produzcan contaminaci�n en las aguas o acu�feros en contravenci�n de las normas de regulaci�n de los vertidos, siempre que dicha conducta exceda del l�mite previsto en el apartado 9 del art�culo precedente.
• 3. La desobediencia a las �rdenes directas de la Administraci�n Hidr�ulica en situaciones de emergencia.
• 4. La manipulaci�n fraudulenta de los aparatos de medida instalados.
• 5. La falsedad en los datos en los que se apoye una petici�n de auxilios econ�micos para obras hidr�ulicas.
• 6. El ocultamiento de datos exigibles y requeridos por la Administraci�n hidr�ulica, la no instalaci�n de los aparatos obligatorios de medida, previo requerimiento administrativo; la desobediencia a la orden de reducci�n de extracciones de un aprovechamiento de aguas subterr�neas en zona sobreexplotada o en casos de emergencia; la resistencia a la acci�n inspectora de la Administraci�n hidr�ulica cuando se llegue a impedir el cumplimiento de sus fines.
• 7. La rotura de precintos, as� como cualquier otro incumplimiento de las medidas cautelares acordadas durante la tramitaci�n de los expedientes sancionadores.
• 8. La vulneraci�n de las condiciones de concesi�n de los auxilios a obras hidr�ulicas. La reincidencia ser� calificada como falta muy grave.

Art�culo 7

Son infracciones muy graves todas aquellas conductas calificadas como graves en el art�culo anterior, siempre que el perjuicio causado al dominio p�blico hidr�ulico sea superior a los 5.000.000 de pesetas o en las que concurran las circunstancias agravantes previstas en el art�culo siguiente.

Art�culo 8

Son circunstancias agravantes que elevan en un grado la calificaci�n de la infracci�n:

• 1. La reiteraci�n, as� como la reincidencia, por comisi�n en el t�rmino de un a�o de m�s de una infracci�n de la misma naturaleza, cuando as� haya sido declarado por resoluci�n firme.
• 2. La comisi�n de la infracci�n en aquellas partes del sistema hidr�ulico calificadas de servicio p�blico.
• 3. La puesta en peligro de personas, viviendas, n�cleos de poblaci�n o infraestructuras colectivas.
• 4. La destrucci�n o deterioro irreversible de partes significativas del sistema hidr�ulico de las islas.
• 5. La actuaci�n intencional en perjuicio de terceros o del dominio p�blico hidr�ulico, cuando se persiga un lucro personal ileg�timo.

Art�culo 9

Las sanciones a imponer ser�n las de multa pecuniaria, en las siguientes cuant�as:

• 1. Las infracciones leves: multa de hasta 100.000 pesetas.
• 2. Infracciones menos graves: multa de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
• 3. Infracciones graves: multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
• 4. Infracciones muy graves: multa de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

Art�culo 10

Las sanciones ser�n impuestas dentro del primer, segundo o �ltimo tercio de cada uno de los tramos definidos en el art�culo anterior, en funci�n de la malicia, participaci�n y beneficio il�citamente obtenido por el infractor. Cuando estas circunstancias hayan sido determinantes de la elevaci�n del grado de calificaci�n de la infracci�n, la sanci�n se impondr� en su cuant�a m�nima. Los c�mplices y encubridores podr�n ser sancionados con multas que oscilar�n entre el tercio y los dos tercios de las que correspondan a los autores de la infracci�n, con el l�mite de las sanciones previstas para las infracciones menos graves.

Art�culo 11

Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podr�n ser obligados a reparar los da�os y perjuicios ocasionados al dominio p�blico hidr�ulico, as� como a reponer las cosas a su estado primitivo.

En el supuesto de la infracci�n prevista en el apartado 8 del art�culo 6 de este Reglamento, se impondr� asimismo a los infractores la devoluci�n de los auxilios obtenidos para la realizaci�n de las obras, con los intereses legales correspondientes.

Art�culo 12

No podr� imponerse sanci�n alguna sin que previamente haya sido dictada la oportuna resoluci�n en el curso del correspondiente expediente administrativo.

Art�culo 13

El procedimiento sancionador se iniciar� por el Consejo Insular de Aguas, bien de oficio, a petici�n de cualquier otra Administraci�n, o en virtud de denuncia de particulares.

Art�culo 14

1. Las denuncias deber�n ser formuladas:

• A) Obligatoriamente.
  • a) Por los funcionarios y personal en general de todas las Administraciones hidr�ulicas del archipi�lago.
  • b) Por los vigilantes y miembros de control de medio ambiente, gesti�n de abastecimiento de aguas, alcantarillado y dem�s relacionados con el sistema hidr�ulico en cualquiera de sus �reas, comprendiendo tanto la Administraci�n auton�mica como la local.
  • c) Por los polic�as y autoridades locales.
  • d) Por los concesionarios de aguas y del servicio p�blico del transporte del agua.
  • e) Por las comunidades de usuarios de aguas y de regantes.
• B) Potestativamente, por cualquier persona f�sica o jur�dica, tanto p�blica como privada.

2. Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, que hayan sido ratificadas por los mismos, tendr�n valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan se�alar o aportar los administrados.

Art�culo 15

Las denuncias podr�n formularse por cualquier medio, incluida la comunicaci�n verbal o telef�nica, dejando constancia de la identidad y domicilio del denunciante. No obstante, y con car�cter previo de la incoaci�n del correspondiente expediente, se deber� acreditar la identidad y domicilio del mismo. Las formuladas por particulares y asociaciones deber�n venir acompa�adas de los testimonios e indicios de prueba que corroboren los hechos denunciados y, a ser posible, requerir�n la asistencia de alg�n agente p�blico que compruebe los mismos sobre el terreno.

Art�culo 16

Cuando act�en funcionarios destinados en servicios de vigilancia o polic�as locales, entregar�n, si es posible, copia del parte de denuncia al infractor; si ello no fuere viable, lo har�n constar as�, y lo cursar�n directamente al Consejo Insular.

Art�culo 17

Los Consejos Insulares podr�n realizar una informaci�n reservada:

• 1. Cuando sea necesario proceder a una evaluaci�n provisional de los da�os, a fin de calificar la infracci�n cometida.
• 2. Cuando existan dudas sobre la identidad de los responsables o sea necesario precisar extremos de ineludible conocimiento para el inicio del expediente.
• 3. Cuando aparezcan circunstancias de peligrosidad para la salud o seguridad de las personas, amenazas para el sistema hidr�ulico o atentados contra el medio ambiente, que hagan conveniente la adopci�n inmediata de medidas cautelares, las cuales, en tal caso, se a�adir�n al acuerdo de iniciaci�n del expediente.

Art�culo 18

Las notificaciones, tanto las referidas a la informaci�n reservada, como las dem�s a que diera lugar el expediente, se practicar�n en la forma y con las garant�as previstas en la Ley reguladora del procedimiento administrativo com�n.

Art�culo 19

La decisi�n de incoar el expediente y su tramitaci�n corresponde al Consejo Insular de Aguas. El acuerdo por el que se ordena la incoaci�n del expediente ser� notificado al interesado junto con el Pliego de Cargos, al objeto de que pueda cursar el correspondiente Pliego de Descargos en el plazo de diez d�as, formulando las alegaciones y precisiones que estime conveniente en defensa de sus derechos.

Art�culo 20

En el Pliego de Cargos se especificar�n con suficiente claridad los hechos imputados y su tipificaci�n, los posibles preceptos infringidos, la valoraci�n de los da�os, las circunstancias agravantes concurrentes, la eventual sanci�n, la autoridad a quien corresponda imponerla, as� como la norma que le atribuya tal competencia.

Art�culo 21

1. Una vez iniciado el procedimiento, el Consejo Insular podr� adoptar, motivadamente, cuantas medidas cautelares estime oportunas para garantizar la eficacia de la resoluci�n que concluya el expediente.

2. En los supuestos en los que por motivos de urgencia se requiera una intervenci�n directa e inmediata para evitar que contin�en los efectos perjudiciales derivados de la transgresi�n, el Consejo Insular podr� realizar cuantas actuaciones considere precisas a fin de lograr su erradicaci�n y restituci�n del orden perturbado. Una vez depurada la responsabilidad del infractor, se le girar� el correspondiente presupuesto detallado de gastos, pudiendo acudirse, en caso de impago, a los mecanismos que para la ejecuci�n subsidiaria de los actos prev� la normativa reguladora del procedimiento administrativo com�n.

Art�culo 22

1. El Consejo Insular ordenar� realizar, de oficio o a instancia de parte, la pr�ctica de cuantas pruebas puedan llegar a conducir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanci�n. Si lo considerase necesario podr� recabar, adem�s, el auxilio a los servicios t�cnicos de la Consejer�a competente en materia de aguas del Gobierno de Canarias, as� como solicitar informe facultativo de otros Organismos p�blicos, o pedir informaci�n a aquellos particulares que en virtud de la Ley de Aguas est�n obligados a prestarla.

2. Se habr� de comunicar a los interesados, con suficiente antelaci�n, el inicio de las actuaciones necesarias para la pr�ctica de las pruebas que hayan sido admitidas. En dicha notificaci�n se habr� de indicar el lugar, fecha y hora de su realizaci�n, advirti�ndose a los mismos la posibilidad de concurrir asistidos por t�cnicos o asesores.

3. Si como consecuencia de lo solicitado por los interesados se procede a la pr�ctica de una prueba cuya realizaci�n implique gastos que no deba soportar el Consejo Insular, �ste podr� exigir el anticipo de su abono, a reserva de la liquidaci�n definitiva tras su culminaci�n.

Art�culo 23

Ning�n titular de derechos hidr�ulicos podr� negar a los representantes leg�timos de la Administraci�n el acceso a los lugares, obras e instalaciones de captaci�n, transporte, almacenamiento, desag�e o vertido de agua que sea necesario inspeccionar para la comprobaci�n de una posible infracci�n, as� como para hacer efectivas las resoluciones dictadas como consecuencia de un procedimiento sancionador. Asimismo est�n obligados a aportar la informaci�n sobre las caracter�sticas t�cnicas y legales de su aprovechamiento en el momento en que se le demande o, de no tenerla disponible, en el plazo de diez d�as a partir del requerimiento.

Art�culo 24

La valoraci�n de los beneficios il�citamente obtenidos por los infractores y de los da�os al dominio p�blico y al sistema hidr�ulico insular, se realizar� por el Consejo Insular de Aguas, mediante la ponderaci�n del menoscabo de los bienes afectados por la infracci�n y del lucro obtenido con motivo de la misma.

Art�culo 25

A los efectos mencionados en el art�culo anterior se proceder� como sigue:

• a) Los beneficios obtenidos as� como el menoscabo de los bienes afectados por la infracci�n se computar�n aplicando valores medios de mercado.
• b) El deterioro de la calidad del agua se valorar� por el coste del tratamiento de depuraci�n o aislamiento que debiera haberse aplicado al vertido o dep�sito de que se trate.
• c) El da�o a los acu�feros, a los sistemas de recepci�n, infiltraci�n o condensaci�n de aguas superficiales y dem�s dif�cilmente cuantificables, se valorar� por estimaciones t�cnicas, con audiencia del interesado.

Art�culo 26

A la vista de los Pliegos de Cargo y Descargo presentados o, una vez transcurrido el plazo sin que este �ltimo se haya realizado, as� como a la vista de la prueba practicada, se formular� propuesta motivada de resoluci�n en la que se har� constar, como m�nimo:

• 1. Hechos, autor o autores.
• 2. Normas infringidas.
• 3. Da�os producidos al dominio p�blico hidr�ulico o, en su caso, beneficio il�citamente obtenido.
• 4. Tipificaci�n de la infracci�n, sanci�n que se propone y �rgano competente para imponerla.
• 5. Medidas complementarias a la sanci�n que sean procedentes.
• 6. Circunstancias concurrentes, coautor�a, complicidad, encubrimiento y responsabilidad de estos �ltimos.
• 7. Cuantos elementos de juicio sean necesarios para el adecuado entendimiento y aplicaci�n de la sanci�n propuesta.

Art�culo 27

El contenido �ntegro de la propuesta de resoluci�n se notificar� al interesado para que en el plazo de diez d�as pueda efectuar las alegaciones que convengan a su derecho. Una vez presentadas tales alegaciones o transcurrido el plazo para ello, se elevar� la propuesta al �rgano competente del Consejo Insular, el cual dictar� la resoluci�n que consistir� en:

• - Imposici�n de aquellas sanciones y obligaciones complementarias para las que sea competente o, en su caso, elevaci�n de la propuesta al organismo que corresponda en virtud de la cuant�a de la sanci�n.
• - Declaraci�n de inexistencia de infracci�n con el sobreseimiento y archivo del expediente.

Art�culo 28

1. La exigencia de reponer las cosas a su primitivo estado obligar� al infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el Consejo Insular.

2. Cuando las cosas no puedan ser repuestas a su estado anterior y, en todo caso, cuando como consecuencia de una infracci�n prevista en el presente reglamento subsistan da�os para el dominio p�blico, el infractor vendr� obligado, adem�s de al pago de la multa correspondiente, a indemnizar los da�os y perjuicios ocasionados. Dicha indemnizaci�n, ser� determinada seg�n lo previsto en el art�culo 25.

3. La obligaci�n de restituir el beneficio il�citamente obtenido se extiende a todos los provechos, ya sean de �ndole econ�mica o no, derivados directa e indirectamente de la transgresi�n cometida.

Art�culo 29

La resoluci�n ser� notificada a quienes se hayan personado en el expediente, conforme estipula la Ley reguladora del procedimiento administrativo com�n, conteniendo expresi�n de si es o no definitiva en v�a administrativa, los recursos que contra la misma cabe interponer, �rgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su formulaci�n.

Art�culo 30

1. Junto a la notificaci�n de la resoluci�n sancionadora, se apercibir� al infractor para el cumplimiento de la obligaci�n expresada, estableciendo el modo de llevarla a cabo, as� como otorg�ndole un plazo para el inicio de los trabajos, el cual ser� adecuado a las labores preparatorias que sean necesarias.

2. Si transcurrido este plazo el interesado permanece inactivo, el Consejo Insular proceder� a la imposici�n de multas coercitivas, cuya cuant�a no podr� superar el diez por ciento de la que corresponda a la sanci�n m�xima aplicable a la infracci�n cometida. Dichas multas coercitivas podr�n ser reiteradas cada vez que transcurra nuevamente el plazo fijado para el cumplimiento de lo ordenado.

Art�culo 31

1. Sin perjuicio de lo previsto en el art�culo anterior en relaci�n con las multas coercitivas, el Consejo Insular podr� optar, cuando lo estime conveniente por el empleo de los restantes medios de ejecuci�n forzosa previstos en la Ley reguladora del procedimiento administrativo com�n.

2. El importe de la sanci�n, de las multas coercitivas, de los gastos de la ejecuci�n subsidiaria, de la indemnizaci�n compensatoria de los da�os del dominio p�blico o sistema hidr�ulico insular, as� como de la restituci�n del beneficio il�citamente obtenido podr� ser exigido utilizando apremio administrativo sobre el patrimonio.

Art�culo 32

Todo tipo de pagos se realizar� por cualquiera de los medios admitidos en derecho, en los que quede constancia de su recepci�n por el Consejo Insular, cuant�a y causa que lo motiva. Los abonos destinados a la ejecuci�n subsidiaria quedar�n afectados a tal finalidad y, los restantes, a las acciones de protecci�n o mejora del sistema hidr�ulico insular.

Art�culo 33

Contra los actos dictados por los �rganos de la Administraci�n Hidr�ulica podr�n interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

Art�culo 34

1. La potestad para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento prescribir� a los tres a�os en las transgresiones muy graves; dos a�os en las graves; un a�o en las menos graves y seis meses en las leves. La obligaci�n de reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los da�os causados al dominio p�blico prescribir� a los quince a�os, sin perjuicio de las acciones de recuperaci�n posesoria previstas en la legislaci�n de patrimonio. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir�n a los tres a�os, las impuestas por faltas graves y menos graves a los dos a�os y las impuestas por faltas leves al a�o. El d�a inicial del c�mputo es aqu�l en el que la resoluci�n haya adquirido firmeza.

2. El plazo de prescripci�n de las infracciones empezar� a contarse desde el d�a en que �stas se hubieran cometido. Cuando la infracci�n fuera continuada, el inicio del c�mputo del plazo prescriptivo comenzar� a partir del �ltimo acto con el que la infracci�n se consuma.

3. La iniciaci�n de informaci�n reservada para el esclarecimiento de una presunta contravenci�n, as� como la incoaci�n del correspondiente expediente sancionador con conocimiento del interesado, en ambos casos, interrumpir� el plazo de prescripci�n.

Art�culo 35

1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el Consejo Insular instructor de las actuaciones o, en su caso, el �rgano resolutorio, pasar� el tanto de culpa a la jurisdicci�n competente y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanci�n de la autoridad judicial excluir� la imposici�n de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administraci�n podr� continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

2. La responsabilidad administrativa derivada de una contravenci�n a la normativa de aguas es independiente de la responsabilidad civil que pudiera originarse como consecuencia de los mismos hechos.

Primera

Las competencias de instrucci�n y decisi�n de expedientes sancionadores que correspondan a los Consejos Insulares vendr�n atribuidas a los �rganos que al efecto se determinen en sus Estatutos, sin que en ning�n caso pueda existir una coincidencia entre ambos. A falta de concreci�n al respecto se entender� que la instrucci�n viene encomendada al Gerente y la potestad decisoria al Presidente.

Segunda

En todo lo no regulado en el presente Reglamento ser� de aplicaci�n el derecho supletorio previsto en la Disposici�n Adicional Tercera de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

DISPOSICION TRANSITORIA

A los expedientes que est�n pendientes de tramitaci�n a la entrada en vigor del presente Reglamento, les ser� de aplicaci�n aquel r�gimen legal que sea menos restrictivo para los derechos individuales, conserv�ndose en todo momento cuantos tr�mites se hayan realizado a efectos de no paralizar la actuaci�n administrativa.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o sean incompatibles al contenido de este Reglamento.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial de Canarias.