Sumario

--> Ley [REGI覰 DE MURCIA] 8/1985, 9 diciembre, derogado por disposici髇 derogatoria de la Ley 3/ 2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Regi髇 de Murcia (獴.O.R.M.� 2 mayo) el 2 de junio de 2003. V閍se D [REGI覰 DE MURCIA] 124/ 2002, de 11 octubre 2002, por el que se regula la prestaci髇 de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia (獴.O.R.M.� 22 octubre).-->

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi髇 de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 8/1985, de 2 de diciembre, de Servicios Sociales de la Regi髇 de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del art韈ulo 30.2 del Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El pueblo espa駉l manifest� en 1978 su voluntad de proteger a todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos humanos, y de promover el progreso de la cultura y de la econom韆, para asegurar a todos una digna calidad de vida, y as� ratific�, mediante refer閚dum la Constituci髇 vigente, que establece la igualdad como valor superior el ordenamiento jur韉ico (art韈ulo 1.�) atribuyendo a los poderes p鷅licos la responsabilidad de 玴romover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas�; as� como la de 玶emover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social� (art韈ulo 9.2). La propia Constituci髇 establece expl韈itamente la igualdad de los espa駉les, sin posibilidad de discriminaci髇 por cualquier condici髇 o circunstancia personal o social (art韈ulo 14); el derecho de asociaci髇 (art韈ulo 22); el derecho a participar en los asuntos p鷅licos (art韈ulo 24); el derecho a la educaci髇, entendida como 玴leno desarrollo de la personalidad humana� (art韈ulo 27); que los poderes p鷅licos aseguran la protecci髇 social, jur韉ica y econ髆ica de la familia (art韈ulo 39.1); la protecci髇 integral de los hijos (art韈ulo 39.2); el derecho al libre acceso a la cultura (art韈ulo 44), entre los derechos fundamentales de los espa駉les, y la obligaci髇, por parte de los poderes p鷅licos, de garantizar las condiciones para la participaci髇 libre y eficaz de la juventud en el desarrollo pol韙ico, social, econ髆ico y cultural (art韈ulo 48); el disfrute de sus derechos a los minusv醠idos (art韈ulo 49) y a los ciudadanos durante la tercera edad (art韈ulo 49). Todo ello sin perjuicio de mantener 玼n r間imen p鷅lico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad� (art韈ulo 41). Por 鷏timo, la Constituci髇 atribuye a las Comunidades Aut髇omas la posible asunci髇 de competencias en materia de asistencia social (art韈ulo 148.1.20.�) reservando al Estado la competencia exclusiva en relaci髇 con la legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social (art韈ulo 149.1.17.�).

La Comunidad Aut髇oma de la Regi髇 de Murcia, en uso de las posibilidades previstas en el texto constitucional, asume, al aprobarse su Estatuto, la competencia exclusiva en materia de bienestar y Servicios Sociales (art韈ulo 10.1, o), as� como la posibilidad de gestionar el r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, por delegaci髇 del Gobierno, mediante uso de los procedimientos establecidos en los art韈ulos 148 � 150.2 de la Constituci髇. Y, as�, la Comunidad Aut髇oma ha asumido las competencias referentes al Fondo de Asistencia Social, Instituto de Asistencia Social, Obra de Protecci髇 de la Mujer, Aulas de la Tercera Edad y Promoci髇 Comunitaria, quedando s髄o por transferir las competencias de gesti髇 del Instituto Nacional de Servicios Sociales, de la Seguridad Social, que deben asumirse, en su caso, por uno de los procedimientos previstos en los art韈ulos 148 y 150.2 de la Constituci髇.

Es por ello necesario, de una parte, que la Comunidad Aut髇oma ajena la competencia legislativa sobre los servicios sociales, y, de otra, que se dote del Cuerpo legal necesario para estructurar la competencia normativa y la gesti髇 de unos servicios asistenciales que viene prestando durante varios a駉s.

II

El Estado, que ha venido prestando una serie de servicios ben閒ico-asistenciales, en relaci髇 principalmente con el menor, los minusv醠idos, los ancianos y las mujeres marginadas, no ha definido, sin embargo, con l韒ites precisos el concepto de los servicios sociales, sus beneficiarios o el r間imen econ髆ico, ni ha delimitado, antes de proceder a las transferencias, las competencias que deben desarrollarse en los distintos niveles administrativos. Junto a normas del m醲imo rango que regulan una beneficencia general, se encuentran otras referidas a uno u otro sector de la poblaci髇 marginada, introduciendo, incluso distinciones dentro del mismo sector, seg鷑 que el beneficiario se encuentre o no incluido en el campo de aplicaci髇 del vigente sistema de Seguridad Social.

La presente Ley constituye un intento, en su t韙ulo I, de definir los distintos aspectos que caracterizan el sistema p鷅lico de Servicios Sociales que se instituye para la Regi髇 de Murcia diferenci醤dolo con respecto a 醨eas objeto de otros sistemas de actuaci髇 p鷅lica esencialmente los sistemas sanitario, educativo y de promoci髇 cultural, sin perjuicio de garantizar la coordinaci髇 entre los mismos, con el fin esencial de hacer efectivos los principios de normalizaci髇 e integraci髇.

Se distinguen, asimismo, los servicios sociales comunitarios esto es, aquellos cuyo colectivo beneficiario potencial es toda la ciudadan韆, de los servicios sociales especializados dirigidos a colectivos con caracter韘ticas propias que exigen la adaptaci髇 de los recursos sociales ordinarios para su posible disfrute por los mismos, precisamente, el contenido de estos servicios sociales especializados tiene por objeto proporcionar a las personas actualmente marginadas los medios necesarios para que salgan de su marginaci髇, a la vez que suprimir progresivamente las causas de marginaci髇 de cada uno de los colectivos a los que se refieren.

III

El t韙ulo II de la Ley asigna las competencias que deben ejercer tanto la Comunidad Aut髇oma como los Ayuntamientos, sobre la base de asignar a 閟tos todas las competencias de gesti髇 y aquellas que requieran un contacto directo con la realidad social, haciendo as� efectivos los principios de descentralizaci髇 que deben caracterizar cualquier sistema de servicios sociales. Al tratar de las competencias municipales, se establece una distinci髇 en funci髇 del n鷐ero de habitantes, en aplicaci髇 de la Ley Reguladora de las Bases del R間imen Local, recientemente aprobada por las Cortes Generales del Estado.

No obstante, el deseo descentralizador de la Ley queda patente, a鷑 en los supuestos de municipios con menos de veinte mil habitantes, al establecer un doble mecanismo, la mancomunidad de los municipios o la delegaci髇 de competencias por la Comunidad Aut髇oma, para que cualquier municipio, siempre que lo desee y ponga los medios adecuados, definidos en la propia Ley, pueda prestar los servicios que en la misma se definen a los ciudadanos del 醡bito municipal.

IV

El t韙ulo III establece los principios de la estructura organizativa que permiten garantizar la prestaci髇 de los servicios definidos en la Ley, de acuerdo con la distribuci髇 de competencias indicada en el t韙ulo segundo, y respetando en todo momento la autonom韆 municipal para dotar al Ayuntamiento de su propia organizaci髇. Por otra parte, indica los criterios b醩icos en que debe inspirarse la planificaci髇 regional de los servicios sociales, a realizar en colaboraci髇 con los Ayuntamientos y las Organizaciones sociales y sin perjuicio de que cada municipio, en su 醡bito, y de acuerdo con la planificaci髇 regional, pueda dise馻r su propia planificaci髇 al respecto.

Complemento necesario de la organizaci髇 administrativa, la financiaci髇 del sistema se contempla en el mismo t韙ulo III. Sin hacer dejaci髇 de la gratuidad total como objetivo 鷏timo, pero con una visi髇 realista de la econom韆 regional, se establece un porcentaje m醲imo, el 75 por 100, de participaci髇 p鷅lica en el sistema, excepto los servicios b醩icos de informaci髇 y cooperaci髇 social que se configuran ya como gratuitos. Fieles, por otra parte, a la diversificaci髇 del sistema de servicios sociales con respecto a otros sistemas, la Ley limita la posibilidad de subvenci髇 a aquellos Centros o servicios que se integran clara y n韙idamente en el sistema de servicios sociales, aunque permita el apoyo a otros sistemas mediante el oportuno acuerdo entre las administraciones p鷅licas responsables de los mismos. La Ley garantiza, por otra parte, la financiaci髇 del sistema, aunque sea de forma progresiva, al incluir la transferencia autom醫ica de recursos a aquellos municipios que asuman competencias al respecto. Por 鷏timo, y con el mismo fin de claridad y delimitaci髇 de competencias, se excluye expl韈itamente la financiaci髇 de entidades de 醡bito plurirregional, al ser 閟tas subvencionadas por el Gobierno de la Naci髇. Con estos elementos, queda definido y racionalizado uno de los temas m醩 dificultosos y confusos en la prestaci髇 de los servicios sociales; a la vez puede afirmarse que, con lo establecido en este t韙ulo de la Ley, se produce el cambio de un esquema asistencial a un esquema propio de sistema de servicios sociales.

El t韙ulo IV regula los cauces de participaci髇 que deben existir a todos los niveles y 醡bitos, en aquellos Centros, servicios y entidades que sean financiados por el sistema, integr醤dose en el mismo, de forma que realmente la Comunidad Aut髇oma garantice la prestaci髇 de los servicios que la Ley define en los t閞minos y las formas establecidos en la misma.

En definitiva, establece un sistema p鷅lico de servicios sociales, prestados con la colaboraci髇 de la iniciativa, p鷅lica o privada, que desee prestar tal colaboraci髇, aceptando los principios y normas que la propia Ley establece, expresando los criterios de los representantes de la ciudadan韆 de la Regi髇 de Murcia, una vez o韉as las asociaciones y organizaciones regionales implicadas meritoriamente, desde hace mucho tiempo, en la prestaci髇 de tales servicios.

A tal fin de posibilitar la aplicaci髇 de la Ley con un nivel t閏nico adecuado, el t韙ulo V establece la creaci髇 por la Comunidad Aut髇oma de los medios adecuados para el desarrollo de la investigaci髇 y la preparaci髇 t閏nica id髇ea del personal necesario.