Sumario

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/1984, 29 junio, derogada por la Disposici�n Derogatoria de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2005, 9 diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jur�dica a la Generalitat (�D.O.G.V.� 12 diciembre) el 13 de diciembre de 2005.

PREAMBULO

La actividad de la Generalidad Valenciana, en general, y la de su Administraci�n P�blica, en particular, va adquiriendo cada d�a un mayor volumen. Como consecuencia de ello, es cada vez m�s frecuente que sea llamada ante los Tribunales de Justicia, como demandada, o que tenga que acudir a ellos para votar por la defensa de los intereses que tiene encomendados.

Ya se han producido actuaciones ante el Tribunal Constitucional ante las Jurisdicciones Contencioso-Administrativa, Penal y Laboral, y aunque todav�a ninguna ante la jurisdicci�n Civil, ello puede ocurrir en cualquier momento, pero l�gicamente es de esperar que su n�mero se vaya incrementando paulatinamente lo que determina en este momento la necesidad de que se regule la materia de la comparecencia en juicio de la Generalidad Valenciana.

El modelo a seguir, al menos en su l�nea esencial, y sin perjuicio de que las normas de car�cter adjetivo se articulen posteriormente por el Consell, debe ser fijado por una Ley de las Cortes Valencianas, no s�lo porque afecta a la Generalidad en su conjunto, sino tambi�n por incidir en el orden procesal, con posibles aplicaciones incluso fuera del �mbito territorial de aqu�lla, como puede ser el caso de actuaciones ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo.

Dos son los sistemas que pueden seguirse en relaci�n con la comparecencia en juicio de las Administraciones P�blicas, de acuerdo con las normas vigentes actualmente en nuestro pa�s. El primero, seguido por la Administraci�n Local, es el general, en el que la representaci�n corresponde a un Procurador a trav�s de los correspondientes poderes otorgados en escritura p�blica y el segundo, que es el estatal, atribuye la representaci�n judicial por Ley a un cuerpo determinado de funcionarios de car�cter letrado, que llevan al mismo tiempo la direcci�n t�cnica de los litigios.

Este �ltimo sistema, ya contrastado por la utilizaci�n por el Estado durante muchos a�os, tiene la ventaja de concentrar en una sola mano ambos conceptos, los de representaci�n y defensa, y la de no tener que depender de ning�n profesional ajeno a la propia Administraci�n, por lo que parece el m�s aconsejable en este momento, y al que se puede acudir por aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 30 del Estatuto de Autonom�a para la Comunidad Valenciana, pues la posibilidad de comparecer sin Procurador es un privilegio procesal del que disfruta el Estado y que, por extensi�n, puede tambi�n ser utilizado por la Generalidad Valenciana.

Una vez que se acepta la aplicaci�n del sistema estatal hay que determinar cu�l sea el �rgano que ostente la representaci�n judicial de la Generalidad Valenciana, teniendo en cuenta que no hay aqu� un cuerpo espec�fico de funcionarios con esta misi�n, por lo que tal representaci�n hay que otorgarla a un �rgano determinado, en general, y dentro de �l a los Letrados adscritos al mismo o a otros que puedan ser habilitados para actuaciones concretas, y en este sentido ya existe el Gabinete Jur�dico de la Presidencia, �rgano que tiene conferida la representaci�n judicial de la Generalidad en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 29 de julio de 1983, lo que conviene ser reiterado en esta Ley para dar a tal representaci�n la fuerza proveniente del car�cter legal de esta norma.

Esta representaci�n debe ser atribuida con car�cter general para todas las instituciones de la Generalidad Valenciana si bien deben quedar excluidos los supuestos en que las Cortes act�an ante el Tribunal Constitucional, por imperativo de lo dispuesto en el art�culo 82.1 de la Ley org�nica reguladora de este Tribunal, y aquellos otros en que las propias Cortes estimen conveniente en el ejercicio de su poder soberano conceder su representaci�n a otros Letrados.

Finalmente se va a hacer una remisi�n en bloque a las normas que rigen la actuaci�n judicial del Estado, como l�gico corolario de la elecci�n de su sistema de representaci�n judicial, y para que quede claro que cualquier privilegio procesal que pueda derivarse de estas normas, mientras se encuentren vigentes, por supuesto, es de aplicaci�n a la Generalidad Valenciana, ya que en ellas concurren las mismas caracter�sticas y circunstancias que hicieron nacer tales privilegios.