Sumario

Preámbulo

La Directiva del Consejo de la CEE (88/361/CEE), de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, liberaliza los movimientos de capitales que tengan lugar entre personas residentes en los Estados miembros, siendo esta liberalización obviamente aplicable a las inversiones extranjeras.

Por su parte, el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el exterior, en base a lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, y atendiendo a lo señalado en la Directiva 88/361/CEE antes mencionada, ha liberalizado los actos, negocios, transacciones y operaciones de toda índole que supongan, o de cuyo cumplimiento se deriven o puedan derivarse, cobros o pagos entre residentes y no residentes o transferencias al o del exterior, así como dichos cobros y pagos exteriores, efectados bien directamente, bien por compensación y las transferencias del o al exterior.

La obligación de transponer a nuestro ordenamiento jurídico el contenido de la indicada Directiva, así como el nuevo contexto de libertad de movimientos de capital implantado en virtud del Real Decreto 1816/1991, hacen necesario adaptar la normativa en vigor sobre inversiones extranjeras en España constituida por el Real Decreto Legislativo 1265/1986, de 27 de junio, desarrollado por el Real Decreto 2077/1986, de 25 de septiembre. Dicha necesidad de adaptación afecta, entre otros extremos, a la calificación del inversor extranjero, que en el Real Decreto Legislativo citado esta basada en la nacionalidad del sujeto inversor y en la localización, dentro o fuera de España, de los medios con que se efectúa la inversión, mientras que en la normativa de la CEE recae en la residencia del sujeto inversor.

Por otra parte, la existencia de una norma de rango legal, que con carácter general regula las transacciones económicas con el exterior, como es la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, constituye fundamento suficiente en materia de investigaciones extranjeras, siendo innecesario que la norma específica que regule las mismas tenga igualmente rango de ley siendo además de destacar que la mayoría de los Estados miembros de la CEE regulan esta materia mediante disposiciones con rango inferior a ley. Por tales razones se estima conveniente derogar el Real Decreto Legislativo 1265/1986, y regular las materias específicas relativas a inversiones extranjeras en España mediante normas con rango de Real Decreto, que tengan su apoyatura en la Ley 40/1979, de 10 de diciembre.