Resolución de 10 de junio de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción y publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, sentencia 479/2026, relativa al convenio colectivo de Sector Transporte por Carretera del Principado de Asturias, en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la Dirección General de Empleo y Asuntos Laborales. 

CASACION núm.: 153/2025

Ponente: Excma. Sra. D.ª Isabel Olmos Parés

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social Sentencia núm. 479/2026

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D.ª Concepción Rosario Ureste García, presidenta

D. Sebastián Moralo Gallego

D. Juan Molins García-Atance D.ª Isabel Olmos Parés

D.ª Luisa María Gómez Garrido

En Madrid, a 19 de mayo de 2026.

Esta Sala ha visto el recurso de casación ordinaria interpuesto por sendos escritos conjuntos por los letrados don David Diego Ruiz, doña Nuria Fernández Martínez y el graduado social don Borja Vega Peón, en nombre y representación respectivamente de Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) y Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y por los letrados don José Ignacio Rodríguez-Vijande Alonso y don José Cue Alonso, en nombre y representación respectivamente de Corporación Asturiana de Transporte de Viajeros en Autobús (CAR) y Asociación de Transportistas Asturianos (ASTRA) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 10005/2025, de 18 de marzo, procedimiento 1/2025, en actuaciones seguidas en virtud de demanda

sobre impugnación de convenios a instancia de la Asociación de Empresarios de Transportes, Logística y Aparcamientos de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS) contra UGT, CCOO, CSI, CAR y ASTRA y la Asociación Asturiana de Viajeros de las Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte (ASVYPIMET).

Ha comparecido en concepto de parte recurrida Asociación de Empresarios de Transportes, Logística y Aparcamientos de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS), representado por la procuradora doña Patricia Álvarez Pérez-Manso, y asistido por el letrado don Javier Cruz Díaz.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Isabel Olmos Parés.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación letrada de Asociación de Empresarios de Transportes, Logística y Aparcamientos de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS), se presentó demanda sobre impugnación por razón de ilegalidad del Convenio Colectivo del Sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias de la que conoció la Sala de lo Social del TSJ de Asturias, y en la que tras exponer los hechos y motivos que estimó de aplicación terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare:

• - la falta de representatividad y de legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA;
• - la falta de representatividad y de legitimación para alcanzar acuerdos de eficacia general de las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA;
• - la nulidad por ilegalidad de la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias y, en consecuencia, la nulidad por ilegalidad del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias;
• - subsidiariamente, la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado de cualquier acuerdo que puedan alcanzar las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA con los sindicatos CCOO, UGT y CSI, y, en concreto, del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias».

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

TERCERO.- Con fecha 18 de marzo de 2025 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia, en la que se exponían los siguientes hechos probados:

• PRIMERO.- Por la Asociación de Empresarios de Transportes, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS) se promueve proceso de Impugnación del Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Carretera del Principado de Asturias frente a Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras de Asturias (CCOO), Corriente Sindical de izquierda (CSI), Corporación Asturiana de Transportes de Viajeros en Autobús (CAR), Asociación de Transportistas Asturianos (ASTRA) y Asociación Asturiana de Viajeros de las Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte (ASVYPIMET), siendo parte el Ministerio Fiscal, a fin de que se declare:
  • - La falta de representatividad y de legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA;
  • - La falta de representatividad y de legitimación para alcanzar acuerdos de eficacia general de las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA;
  • - La nulidad por ilegalidad de la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias y, en consecuencia, la nulidad por ilegalidad del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias;
  • - Subsidiariamente, la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado de cualquier acuerdo que puedan alcanzar las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA con los sindicatos CCOO, UGT y CSI, y, en concreto, del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias.
• SEGUNDO.- En fecha 21 de febrero de 2024, el sindicato UGT convocó en su sede de Oviedo a las patronales y sindicatos afectados, en su criterio, por la iniciación del proceso negociador del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias, con el objeto de constituir la mesa negociadora del mismo.

  A la citada reunión acudieron las organizaciones patronales CAR, ASVYPIMET, ASTRA y ASETRA, así como las organizaciones sindicales CCOO, CSI y UGT.

• TERCERO.- En los anteriores convenios colectivos (2007-2011; 2012-2014; 2015-2018 y; 2018-2023), el denominado banco social de la mesa negociadora estaba constituido por 12 representantes, correspondiendo 6 a UGT y 6 a CCOO, en esta ocasión las organizaciones sindicales manifestaron que disponían de los datos que modificaban su representatividad; por ello habían decidido aumentar el número de miembros del banco social a 15, correspondiendo en el momento de constituir la mesa, 8 representantes a UGT, 5 a CCOO y 2 a CSI.

  Respecto al banco patronal de la mesa negociadora, se acuerda que pasa a tener también el mismo número integrantes.

  Las partes reunidas, excepto ASETRA, se reconocen plena representatividad y competencia suficiente para negociar y acordar el Convenio Colectivo de Transporte de Carretera del Principado de Asturias con eficacia general, de forma que se constituye la comisión negociadora del Convenio que estará integrada por 15 miembros por la representación social y 15 por la representación empresarial en la forma en cuanto a la representatividad de miembros que se describe:

  Miembros del banco social: 8 representantes a UGT; 5 a CCOO y 2 a CSI.

  Miembros del banco patronal: 7 miembros a ASETRA; 4 a CAR; 3 a ASVYPIMET y 1 a ASTRA.

  Tanto Sindicatos como Asociaciones Empresariales, excepto ASETRA, reconocen la representatividad a cada uno de los miembros de la mesa reflejada en el número de miembros repartido para cada uno como antecede.

  ASETRA manifiesta que reconoce la representatividad establecida para los Sindicatos, pero en relación a las patronales presentes no reconoce la legitimidad ni de ASVYPIMET ni de ASTRA para estar en la mesa de negociación. En cuanto a CAR manifiesta que el reparto no es proporcional a la representatividad. También que se debería esperar a CESINTRA a la constitución de la mesa. Dadas estas consideraciones manifiesta que se reserva acciones legales para impugnar la Mesa en un futuro.

  Ante tales manifestaciones el resto de las asociaciones empresariales y sindicales manifiestan:

  • - CESINTRA ha sido convocada, como el resto, en tiempo y forma de haber querido formar parte de la mesa negociadora, tendría que haber asistido a la reunión.
  • - ASVYPIMET y ASTRA tienen la representatividad reconocida en el Acta y ASETRA no ha traído documento alguno que pruebe la falta de representatividad que manifiesta.
  • - CAR tienen la representatividad reconocida en el Acta, y ASETRA no ha traído documento alguno que pruebe la distinta representatividad que manifiesta.

  Las asociaciones empresariales y sindicales manifiestan a ASETRA, que había designado un solo miembro, que en la próxima reunión debe traer la identidad del resto de los miembros de la mesa por su parte. Manifiesta que lo hará cuando esté en disposición para ello.

  Firman las partes intervinientes por acuerdo el Acta de constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo.

CUARTO.- El 27 de febrero de 2024 ASETRA, al amparo de los artículos 76 y 77 LJS, interesa la realización de los actos preparatorios que señala por entenderlos necesarios para la correcta constitución de los hechos, fundamentos y peticiones de la futura demanda de conflicto colectivo que se interpondrá frente al resto de las organizaciones sindicales y patronales que han constituido la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Transportes por Carretera del Principado de Asturias, solicitando la declaración de nulidad de esta, así como de todos los actos posteriores que de la misma dimanen.

QUINTO.- El 16 de abril de 2024 se firma el convenio colectivo por unanimidad del banco empresarial y por mayoría del social, conformada por los votos de CCOO y UGT, siendo rechazado por CSI.

Es publicado en el BOPA de 27 de mayo de 2024.

SEXTO.- Según certificación de la Secretaria de ASTRA de fecha de 10 de abril de 2024, a fecha 21 de febrero de 2024 las empresas asociadas son 8, sin que conste el número de trabajadores de las mismas.

SÉPTIMO.- De conformidad con el certificado emitido por el Presidente de la Asociación ASVIPYMET, el número de empresas afiladas a la Asociación el 21 de febrero de 2024 es de 18, sin que conste el número de trabajadores de las mismas.

OCTAVO.- El Secretario de la Corporación Asturiana de Transporte certifica que a fecha 21 de febrero de 2024 figuran asociadas 63 empresas sin poder certificar el número de trabajadores en alta adscritos al Convenio Colectivo.

NOVENO – A fecha 21 de febrero de 2024 según certificación del Secretario general de la parte actora, esta contaba con 157 empresas asociadas afectadas por el Convenio Colectivo de Transportes por Carretera del Principado de Asturias que tenían contratados a 1.444 trabajadores.

DECIMO – El 10 de diciembre de 2024 se celebró el acto de medicación en el SASEC que concluyó sin avenencia».

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando la demanda formulada por la Asociación de Empresarios de Transportes, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS) frente a Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras de Asturias (CCOO), Corriente Sindical de izquierda (CSI), la Corporación Asturiana de Transportes de Viajeros en Autobús (CAR), la Asociación de Transportistas Asturianos (ASTRA) y la Asociación Asturiana de Viajeros de las Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte (ASVYPIMET), habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, sobre Impugnación del Convenio Colectivo del Sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias, lo declaramos Nulo, por Ilegalidad, condenando a los codemandados a estar y pasar por la presente declaración, debiendo comunicarse la sentencia a la autoridad laboral, en especial a los efectos de constancia en el registro correspondiente, y publicar el fallo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias».

CUARTO.- Frente a dicha resolución se interpuso recurso de casación ordinaria por las representaciones legales de los demandados, siendo admitido a trámite por providencia de esta Sala de 17 de julio de 2025.

QUINTO.- Impugnado el recurso por las parte recurrida ASETRA-CETM ASTURIAS, se emitió informe por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar como procedente parcial el recurso.

Instruida la Excma. Sra. Magistrada ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 6 de mayo de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

1. La cuestión a dilucidar en el presente recurso de casación ordinario es la relativa a la nulidad del Convenio de Transporte por carretera en el Principado de Asturias por ilegalidad al no estar debidamente constituida la mesa de negociación del mismo en lo que se refiere a la parte patronal.

2. La demanda presentada por la Asociación de Empresarios de Transportes, Logística y Aparcamientos de Asturias (ASETRA-CETM ASTURIAS) sobre impugnación por razón de ilegalidad del Convenio Colectivo del Sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias suplicaba se dictara sentencia por la que se declarase la falta de representatividad y de legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA; la falta de representatividad y de legitimación para alcanzar acuerdos de eficacia general de las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA; y la nulidad por ilegalidad de la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias y, en consecuencia, la nulidad por ilegalidad del Convenio Colectivo del sector de Transportes por

Carretera del Principado de Asturias; subsidiariamente, la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado de cualquier acuerdo que puedan alcanzar las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA con los sindicatos CCOO, UGT y CSI y, en concreto, del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias.

3. La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró nulo, por ilegalidad, el convenio colectivo impugnado, condenando a las codemandadas a estar y pasar por la presente declaración, debiendo comunicarse la sentencia a la autoridad laboral, en especial a los efectos de constancia en el registro correspondiente, y publicar el fallo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4. Recurren la sentencia, por un lado, a medio de un único escrito, los tres sindicatos demandados, UGT, CCOO y CSI. El recurso se ampara en un solo motivo al amparo del art. 207 e) de la LRJS. Por otro lado, recurren también en un mismo escrito, las patronales ASTRA y CAR, planteando dos motivos de recurso, ambos con amparo en el art. 207 e) de la LRJS.

5. Los dos recursos han sido impugnados por la patronal demandante a través de un único escrito, en el que efectúa las alegaciones que se dirán con motivo del análisis de los respectivos recursos.

6. El Ministerio Fiscal ha informado en el sentido de que el recurso de las patronales debe ser estimado parcialmente, en el sentido de admitir lo manifestado por las asociaciones ASTRA y CAR de que el Convenio colectivo impugnado tendrá valor de convenio colectivo extraestatutario.

SEGUNDO.-

1. El recurso de los tres sindicatos demandados, con amparo procesal en el art. 207 e) de la LRJS alega infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1993 (Rec. 1780/91), 9 de marzo de 1994 (Rec. 1535/91), 25 de mayo de 1996 (Rec.2005/95), 10 de octubre de 2006 (Rec. 126/05), 23 de noviembre de 2009 (Rec. 47/09), 13 de julio de 2010 (Rec. 112/2008), 16 de marzo de 2017 (Rec. 93/2016), 19 de julio de 2018 (Rec. 169/2017) y 13 de setiembre de 2018 (Rec. 239/2017), relativa al momento en el que debe existir y probarse la legitimación empresarial para negociar convenios colectivos y la presunción de representatividad de aquellas a las que sus interlocutores sociales se la reconocen y superan posteriormente el control de legalidad.

2. Las asociaciones ASTRA y CAR con amparo en el art. 207 e) de la LRJS alegan infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1993 (Rec. 1780/91), 9 de marzo de 1994 (Rec. 1535/91), 25 de mayo de 1996 (Rec.2005/95), 10 de octubre de 2006 (Rec. 126/05), 23 de noviembre de 2009 (Rec. 47/09), 13 de julio de 2010 (Rec. 112/2008), 16 de marzo de 2017 (Rec. 93/2016), 19 de julio de 2018 (Rec. 169/2017) y 13 de setiembre de 2018 (Rec. 239/2017) relativa al momento en el que debe existir y probarse la legitimación empresarial para negociar convenios colectivos y la presunción de representatividad de aquellas a las que sus interlocutores sociales se la reconocen y superan posteriormente el control de legalidad.

Además, plantean un segundo motivo de recurso también con amparo procesal en el art. 207 e) de la Ley Rituaria, dónde se alega infracción del artículo 82.1 y 3, primer párrafo del ET en relación con el art. 1254 y 1258 del Código Civil y en relación con la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (Rec. 89/2011), 11 de noviembre de 2009 (Rec. 38/2008) y 13 de marzo de 2024 (Rec. 56/2022) relativas a la anulación del convenio y su conservación como extraestatutario.

3. El recurso de los tres sindicatos demandados y el primer motivo del recurso de ASTRA y CAR serán resueltos de forma conjunta al coincidir las infracciones legales y de la Jurisprudencia citadas. En ambos casos se alude también a que la demandante ASETRA acudió huérfana de prueba a la constitución de la mesa negociadora, no presentando documentación alguna acreditativa de la mayor representatividad que alegaba y, que su pasividad en aquel momento no puede ser sustituida por una diligencia posterior, pues no es posible diferir la prueba de legitimidad a otro momento que no sea el de la constitución de la mesa. Se añade que, a pesar de su inicial reticencia a reconocer las legitimaciones necesarias, efectuada sin soporte probatorio alguno, terminó la reunión dando su conformidad a la constitución de la mesa negociadora con las representaciones con las que quedó constituida (último párrafo hecho probado tercero) quedando ASETRA sólo pendiente de designar al resto de miembros que la representarían (penúltimo párrafo del hecho probado tercero). Es decir, ASETRA también participó en el reconocimiento mutuo de las legitimaciones exigidas por los arts. 87.3.c y 88.2 del ET.

4. La Asociación demandante ASETRA al impugnar los recursos alega que la legitimación de las organizaciones patronales firmantes es insuficiente, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 87 del ET, que exige una representación mínima de empresas y trabajadores. Señala que, a pesar de haber manifestado su desacuerdo con la composición de la mesa, no se le permitió aportar pruebas de la falta de representatividad de las otras patronales en el momento de la constitución de la mesa, lo que limita su capacidad de defensa. Además, señala que la falta de colaboración de las patronales firmantes para proporcionar información sobre su representatividad ha dificultado la impugnación. ASETRA sostiene también que la jurisprudencia no impide cuestionar la legitimidad de las partes negociadoras en un procedimiento judicial y, que la falta de documentación por parte de las patronales firmantes no puede ser utilizada en su contra.

TERCERO.-

1. Como se ha puesto de manifiesto, el recurso de los sindicatos demandados y de las patronales también codemandadas ASTRA y CAR sostienen, en esencia, que ASETRA no acreditó, al no aportar documentación alguna, ni su mayor representatividad ni la de las patronales cuya legitimación cuestionaba, así como, que acabó firmando el acta de constitución de la comisión negociadora, de modo que esa pasividad no puede ser suplida posteriormente.

2. El art. 87.2 del ET dispone que: «En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores:

• a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos.
• b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos.
• c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio.

3. En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar: […]

c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados».

3. El art. 88 del ET dispone que:

• 1. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en proporción a su representatividad.
• 2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el artículo anterior representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio.

  En aquellos sectores en los que no existan órganos de representación de los trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma.

  En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones empresariales estatales o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3.c).

  En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto de los miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad que ostenten las organizaciones sindicales o empresariales en el ámbito territorial de la negociación.

• 3. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente y contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán, igual que el presidente, con voz, pero sin voto.
• 4. En los convenios sectoriales el número de miembros en representación de cada parte no excederá de quince. En el resto de los convenios no se superará el número de trece.
• 5. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un presidente, las partes deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos a emplear para moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las mismas un representante de cada una de ellas, junto con el secretario».

4. Por lo que se refiere a la legitimación necesaria para negociar un convenio colectivo, en la reciente STS 161/2026, de 17 de febrero (rec. 226/2024) dijimos que:

• 1. En la legitimación para negociar un convenio colectivo hay que distinguir tres niveles distintos [por todas, STS 801/2018, de 19 de julio (rec. 169/2017); 1115/2020, de 11 de diciembre (rec. 88/2019); 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021); y 826/2025, de 24 de septiembre (rec. 67/2024)]:
  • A) Legitimación inicial (art. 87 del ET) que implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada una de las representaciones en el ámbito del convenio. Esta legitimación «da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el art. 87 ET» [ STS de 23 de febrero de 2016 (rec. 39/2015); 746/2019, de 30 de octubre (rec. 191/2017); y 439/2020, de 11 de junio (rec. 138/2019), entre otras]. Cuando se ha acreditado la existencia de legitimación para intervenir en la negociación del convenio nos encontraríamos ante una infracción de graves consecuencias si se impidiera al sujeto legitimado su acceso a la Comisión Negociadora [ STS 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021)].
  • B) Legitimación plena (art. 88 del ET), que debe concurrir para entender válidamente constituida la comisión negociadora, en función de la concreta implantación de cada representación en el ámbito del convenio colectivo.
  • C) Legitimación negociadora (art. 89.3 del ET) que, a pesar de incluirse tradicionalmente en el ámbito de la legitimación, parece más bien referida a las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos.

  La STC 73/1984, de 27 de junio explica que la «legitimación negocial, tal y como aparece regulada en el Estatuto de los Trabajadores, constituye un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de disposición de las partes negociadoras que no pueden modificarlas libremente».

5. Por lo que se refiere a la legitimación inicial, es jurisprudencia de esta Sala, como dijimos en nuestra STS 889/2019, de 20 de diciembre (rec. 68/2019), con cita de la STS 801/2018, de 18 de julio (rec. 169/2017) que: «es necesario acreditar la legitimación inicial para formar parte de la comisión negociadora del convenio. Dicha acreditación debe efectuarse al momento de la constitución de la comisión negociadora, al igual que la legitimación deliberativa, como hemos mantenido en STS 19-07-2018, (rec. 156/17), sin que sea remedio suficiente para acreditar la representatividad las certificaciones expedidas por las propias partes, por todas STS 7-02-2018 (rec. 272/16).

La Sala, por todas STS 19-07-2018 (rec. 156/17), con apoyo en múltiples sentencias, TS 5-10-1995, R. 1538/92, dictada por el Pleno y ratificada, entre otras, en las de 14-2-1996, R. 3173/95, 15-3-1999, R. 1089/98, 25-1-2001, R. 1432/02, 25-5-2006, R. 20/05, y 1-3-2010, R.

27/09, ha defendido que el reconocimiento de legitimación por los interlocutores en la comisión negociadora, así como la tramitación administrativa, prevista en el art. 90.5 ET, activa la presunción "iuris tantum" de concurrencia de las legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria, que deben ser destruidas por quien impugne el convenio por dicha causa».

6. Dicha doctrina se reitera en la STS 1115/2020, de 11 de diciembre (rec. 88/2019), que compendia la existente hasta esa fecha; lo mismo que en la posterior STS 372/2023, de 23 de mayo (rec. 212/2021), al afirmar que:

• 10- La sentencia del TS 1115/2020, de 11 diciembre (rcud 88/2019) compendia la doctrina jurisprudencial sobre la materia:
  • a) "Al contrario de lo que sucede con los sindicatos, la ausencia de oficinas públicas que acrediten la representatividad de las asociaciones empresariales hace que dicha acreditación sea difícil y plantee problemas."
  • b) "Estas dificultades son las que han llevado, entre otras cosas, a otorgar presunción de cumplimiento de la legitimación convencional legalmente exigida a aquellos convenios cuyos negociadores así se lo hayan reconocido mutuamente y que superen el control de legalidad de la autoridad laboral, sin que esta se dirija de oficio a la jurisdicción social (artículos 90.5 ET y 163.1 LRJS), y se publiquen en el boletín oficial correspondiente."
  • c) "[S]e establece una presunción iuris tantum a favor de la concurrencia en los negociadores de la triple legitimación, que se exterioriza en dos supuestos: uno en el reconocimiento mutuo de la existencia de la misma por parte de todos los interlocutores, sindicales y patronales y el segundo, en el control de legalidad por parte de la Administración [...] el reconocimiento de

legitimación por los interlocutores en la comisión negociadora, así como la tramitación administrativa, prevista en el art. 90.5 ET, activa la presunción iuris tantum de concurrencia de las legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria, que deben ser destruidas por quien impugne el convenio por dicha causa"».

7. Cabe citar también la STS 590/2025, de 12 de junio (rec. 209/2023), la que del mismo modo reitera que:

• 4.- El TS se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que "[e]l momento para determinar la legitimación negocial va referido a la fecha de constitución de la Mesa Negociadora y no a otra posterior [...] por lo que hay que excluir de cómputo las variaciones posteriores" [ sentencia del TS 631/2021, de 16 junio (rcud 21/2020), entre otras muchas].».

No obstante lo anterior, también hemos puesto de manifiesto reiteradamente, entre otras, en las SSTS 1060/2016, de 15 de diciembre ( rec 264/2015), de 14 de marzo de 2011 ( rec 189/2009), de 4 de noviembre de 2010 ( rec 132/2009), de 1 de marzo de 2010 (rec 27/2009) y de 11 de noviembre de 2009 (rec 38/2008), las dificultades que existen para justificar el nivel de representatividad de las asociaciones empresariales, al no contarse con un archivo público capaz de ofrecer datos fiables y objetivos sobre la misma. Por esta razón, se acudió a la técnica de presumir esa representatividad y de invertir la carga de la prueba, de forma tal que incumbe la carga de probar que la asociación empresarial carece de representatividad, a quien la niega. Esta presunción alcanza exclusivamente a los negociadores del convenio colectivo. Y, por tanto, el reconocimiento de legitimación por los interlocutores en la comisión negociadora activa la presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de concurrencia de las legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria, que deben ser destruidas por quien impugne el convenio por esta causa».

8. Por último, en la STS 826/2025, de 24 de septiembre (rec. 67/2024), añadimos que: «Por otro lado y de manera adicional, la acreditación de la legitimación de las asociaciones empresariales puede presentar mayores dificultades, pero no es en absoluto imposible para ofrecer, al menos, datos indiciarios y, de hecho, resulta habitual y frecuente la remisión a la combinación de los datos de empresas de un cierto sector por referencia al CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), el número de trabajadores de las mismas, y el dato de las empresas asociadas a un concreta patronal, cuya aportación ni siquiera se ha intentado en este caso».

9. Los hechos probados informan de que:

• a) El 21 de febrero de 2024 se celebró reunión para la constitución de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Transporte de Carretera del Principado de Asturias y que las partes reunidas, excepto ASETRA, se reconocieron plena representatividad y competencia suficiente para negociar y acordar el mismo con eficacia general, de forma que se constituyó la comisión negociadora del Convenio integrada por 15 miembros por la representación social y 15 por la representación empresarial en los siguientes términos: Miembros del banco social: 8 representantes a UGT; 5 a CCOO y 2 a CSI. Miembros del banco patronal: 7 miembros a ASETRA; 4 a CAR; 3 a ASVYPIMET y 1 a ASTRA.
• b) Tanto Sindicatos como Asociaciones Empresariales, excepto ASETRA, reconocen la representatividad a cada uno de los miembros de la mesa reflejada en el número de miembros repartido para cada uno de ellos como se acaba de exponer.
• c) ASETRA manifestó que reconocía la representatividad establecida para los sindicatos, pero en relación a las patronales presentes no reconoció la legitimidad ni de ASVYPIMET ni de ASTRA para estar en la mesa de negociación. En cuanto a CAR manifestó que el reparto no era proporcional a la representatividad. También que se debería esperar a CESINTRA para la constitución de la mesa. Dadas estas consideraciones manifestó que se reservaba acciones legales para impugnar la Mesa en un futuro.
• d) Ante tales manifestaciones el resto de las asociaciones empresariales y sindicales manifestaron que:
  • - CESINTRA ha sido convocada, como el resto, en tiempo y forma y, de haber querido formar parte de la mesa negociadora, tendría que haber asistido a la reunión.
  • - ASVYPIMET y ASTRA tienen la representatividad reconocida en el Acta y ASETRA no ha traído documento alguno que pruebe la falta de representatividad que manifiesta.
  • - CAR tienen la representatividad reconocida en el Acta, y ASETRA no ha traído documento alguno que pruebe la distinta representatividad que manifiesta».
• e) Consta en el acta de la reunión que: «Las asociaciones empresariales y sindicales manifiestan a ASETRA, que había designado un solo miembro, que en la próxima reunión debe traer la identidad del resto de los miembros de la mesa por su parte. Manifiesta que lo hará cuando esté en disposición para ello» y, a continuación que: «Firman las partes intervinientes por acuerdo el Acta de constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo».
• f) El 27 de febrero de 2024, ASETRA, al amparo de los artículos 76 y 77 LRJS, interesa la realización de los actos preparatorios que señala por entenderlos necesarios para la correcta constitución de los hechos, fundamentos y peticiones de la presente demanda de conflicto colectivo.

10. De los anteriores hechos se desprende que ASETRA nunca reconoció la legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA para estar en la mesa de negociación y, en cuanto a CAR, manifestó que el reparto no era proporcional a la representatividad.

La presunción iuris tantum a favor de la concurrencia en los negociadores de la triple legitimación exige que se produzca el reconocimiento mutuo de la existencia de la misma por parte de todos los interlocutores, sindicales y patronales. El reconocimiento de la legitimación inicial que efectuaron los sindicatos recurridos no pudo activar la presunción iuris tantum de la legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA, ya que la misma no fue reconocida por ASETRA, siendo que esta asociación patronal sí ostentaba la legitimación inicial, así como la legitimación plena, no puesta en duda por ninguno de los presentes en la reunión del 21 de febrero de 2024.

En todo caso, de entender que con el mero reconocimiento de la parte social se hubiera activado la presunción iuris tantum, al haber pasado, asimismo, el control de la autoridad laboral, nada impide que ASETRA pueda impugnar en este procedimiento el Convenio sobre la base de que la mesa de negociación no estaba correctamente constituida, pues dicha presunción admite prueba en contrario.

11. No es exigible que ASETRA acudiera a la reunión del día 21 de febrero de 2024 con la documentación relativa a su propia legitimación inicial, ya que la misma no fue negada por el resto de las partes patronales ni por los sindicatos presentes. ASETRA sí negó la legitimación inicial de las patronales ASVYPIMET y ASTRA y, la falta de documentación que sustentara esa falta de legitimación no puede impedirle el acceso a la tutela judicial efectiva, en atención a la mayor o menor dificultad en su obtención, tanto más cuanto tuvo que acudir a la jurisdicción social con carácter preparatorio para obtener la documentación precisa que acreditara su alegato de que las patronales ASVYPIMET y ASTRA no ostentaban la legitimación inicial ni plena y, en cuanto a CAR, que el reparto no era proporcional.

Como sostiene la Sala de instancia «lo que se exige a la parte actora es una prueba que evidentemente no podía aportar en la fecha en la que se constituyó la mesa de negociación, y que sí logra días después y tras requerir el auxilio judicial». Como ya se ha dicho, citando la STS 798/2018, de 19 de julio (rec. 156/17), a efectos de acreditar la legitimación inicial y deliberativa no es remedio suficiente para acreditar la representatividad las certificaciones expedidas por las propias partes (por todas STS 106/2018, de 7 de febrero [rec. 272/16]). De este modo, ha sido en el presente proceso donde la parte actora ha debido probar y así lo ha hecho la ausencia de legitimación, en cualquiera de sus estadios, de las patronales en cuestión.

12. Así es que, acreditado en este proceso de impugnación de Convenio Colectivo que ASTRA y ASVYPIMET representan el 3,25% y el 7,3%, respectivamente, de las empresas representadas (246) y, CAR el 26%, el tanto por ciento restante correspondería a la actora, de suerte que, conforme al art. 88.1 ET, la distribución proporcional determina que 9 miembros serían los que le habrían de corresponder a ASETRA, y 6 a CAR.

13. En lo que respecta a la legitimación plena, la sentencia pone de manifiesto que no ha quedado acreditado el número de trabajadores que emplean las asociaciones que han negociado el convenio, solo los de la actora, un total de 1.444 trabajadores, y ello pese a la facilidad probatoria de las demandadas, acreditando el número de trabajadores a los que representaban el 21 de febrero de 2024, principalmente CAR por ser la única asociación de las firmantes con legitimación inicial. La conclusión, por ende, de la sentencia recurrida de que la comisión negociadora no está válidamente constituida se ajusta a derecho; lo mismo que respecto a la legitimación negociadora a que se refiere el artículo 89.3 ET, que queda viciada en este caso por no concurrir las anteriores.

CUARTO.-

1. Con carácter subsidiario al primer motivo de su recurso, las asociaciones patronales ASTRA y CAR, para el caso de que dicho motivo no fuese estimado, coincidiendo esta pretensión con la pretensión subsidiaria contenida en la demanda de ASETRA, consideran que el valor de lo pactado por aquellas partes intervinientes que lo firmaron, todo el banco empresarial presente y, por la parte social, UGT y CCOO, tiene el valor de Convenio Extraestatutario.

2. La parte impugnante ASETRA afirma que no tiene nada que objetar al respecto, lo que se cohonesta con el hecho de que, como ya se ha dicho, de forma subsidiaria en su demanda pidiera se declarase la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado de cualquier acuerdo que pudieran alcanzar las patronales CAR, ASVYPIMET y ASTRA con los sindicatos CCOO, UGT y CSI, y, en concreto, predica esa naturaleza del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias.

Los sindicatos recurrentes nada han puesto de manifiesto sobre dicha cuestión, ya que no han impugnado el recurso de las asociaciones patronales ASTRA y CAR.

3. El TC ha afirmado rotundamente la validez de los convenios colectivos extraestatutarios, por cuanto el derecho de todo sindicato a la negociación colectiva no puede desvirtuarse mediante requisitos establecidos por la ley ordinaria (STC 98/1985, de 29 de julio). Ello supone que: «la legítima opción legislativa en favor de un convenio colectivo dotado de eficacia personal general no agota la virtualidad del precepto constitucional», sino que existen dos tipos de convenios colectivos, siendo «el carácter estatutario o no del convenio […] simple consecuencia de que se cumplan o no los requisitos de mayoría representativa que el ET exige para la regularidad del convenio colectivo […]»» (STC 73/1984, de 27 de junio).

4. No obsta a la estimación de la pretensión subsidiaria de la demanda lo dispuesto en el art. 26.1 de la LRJS: «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en el apartado 3 del artículo 25, en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 33, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, salvo la de responsabilidad por daños derivados, ni siquiera por vía de reconvención, […], las de impugnación de convenios colectivos».

5. No estamos propiamente ante una acumulación indebida de acciones, como aconteció en el supuesto abordado por nuestra STS de 11 de octubre de 2007 (rec. 94/2005), donde eran dos las acciones ejercitadas: una se refería a la impugnación del convenio colectivo y la otra a que se excluyese a la parte demandante del ámbito de aplicación del propio convenio colectivo. Allí dijimos que: «De cuanto venimos diciendo resulta que en la demanda se originó una acumulación de acciones subsidiaria o eventual: una se refiere a la impugnación frontal del convenio, pidiendo su nulidad, y la otra pretende excluir a la demandante del ámbito de aplicación de dicho convenio. […], el artículo 27.2 de la Ley de Procedimiento Laboral declara que no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de impugnación de convenios colectivos. Además de esas reglas, debe tenerse en cuenta también lo que disponen los preceptos que la Ley de Procedimiento Laboral dedica a las distintas modalidades procesales; el Libro II de dicha Ley dedica el Capitulo IX del Título II (artículos 161 y siguientes) a la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, en tanto que para los conflictos colectivos, modalidad que corresponde a la petición causada de modo subsidiario, se ha previsto en el Capítulo VIII de dicho Título (artículos 151 y siguientes) un procedimiento diferente, lo que tiene una influencia trascendental en orden a la legitimación para demandar y ser demandado en una y otra modalidad procesal.

SEXTO.- Puesto que de manera indebida se han acumulado en la demanda y se han resuelto en la sentencia dos acciones que deben ventilarse en distintas modalidades procedimentales, en atención a cuanto dispone el artículo 28.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, a cuyo tenor "si se ejercitasen acciones indebidamente acumuladas, el Juez o Tribunal requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro días subsane el efecto, eligiendo la acción que pretende mantener", de no hacerlo así, se archivará la demanda, notificándose la resolución,

Lo procedente en este caso es declarar de oficio la nulidad de lo actuado a partir de la presentación de la demanda, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 28.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin costas. Por lo demás, debe advertirse que esta es la doctrina que proclama la sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 1.998 (R. 1535/97)».

6. En nuestro caso, la nulidad del convenio colectivo de naturaleza estatutaria por defectos en la constitución de la mesa negociadora determina su naturaleza de pacto o convenio extraestatutario. De hecho, esta modalidad de convenios colectivos acostumbra a utilizarse en los casos en que no resulta posible cumplir los requisitos necesarios para concertar un convenio estatutario, especialmente en materia de legitimación, ya sea para la válida constitución de la comisión negociadora o para la adopción de acuerdos en su seno. Cabe pues que el convenio extraestatutario constituya el desenlace de un convenio que, iniciado como estatutario, no pudo llegar a concluirse como tal; así sucede en este caso. De este modo, la nulidad como convenio colectivo estatutario no impide que mantenga unos efectos jurídicos aunque limitados a los trabajadores y empresarios representados por las partes contratantes, siendo ésta su principal diferencia con los convenios colectivos estatutarios y, esto es, precisamente, lo que las patronales recurrentes pretenden que se declare. En definitiva, estamos ante una sola acción que, como consecuencia de su estimación, desemboca en la pretensión subsidiaria.

7. Así lo dijimos en nuestra STS 472/2024, de 13 de marzo (rec. 56/2022) al señalar que: «2.- En cuanto a los efectos de la estimación del motivo, en la demanda se pedía «(…) se dicte sentencia estimatoria por la cual anule el convenio colectivo impugnado y subsidiariamente declare su carácter extraestatutario y su eficacia limitada a los trabajadores/as afiliados/as al sindicato firmante y a aquellos que libremente se adhieran (…)». Sin embargo, en el recurso la petición se ciñe a que se «(…) estime la demanda iniciadora declarando la nulidad del Convenio Colectivo de la empresa CABLEVEN firmado el 8 de abril de 2019, registrado mediante resolución de 19/6/2019 y publicado en el BOE n.^o 157 de 2 de julio de 2019 (…)».

No obstante, partiendo de nuestra doctrina (STS 28 junio 2012, Rec. 89/2011; STS 11 noviembre 2009, Rec 38/2008, entre otras), la anulación del convenio por constitución de la comisión negociadora excluyendo indebidamente a un sujeto legitimado, determina que dicho convenio tenga naturaleza extraestatutaria entre sus firmantes».

8. Lo expuesto determina la estimación del motivo y la declaración de la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias.

QUINTO.- 1. De este modo, de conformidad a lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación ordinaria interpuesto por los letrados don David Diego Ruiz, doña Nuria Fernández Martínez y graduado social don Borja Vega Peón, en nombre y representación, respectivamente, de UGT, CCOO y CSI, así como estimar en parte el recurso de las patronales ASTRA y CAR.

2. Sin costas de conformidad a lo dispuesto en el art. 235 de la LRJS.

3. Dese a los depósitos constituidos para recurrir el destino legal.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1º.- Desestimar el recurso de casación ordinaria interpuesto por los letrados don David Diego Ruiz, doña Nuria Fernández Martínez y graduado social don Borja Vega Peón, en nombre y representación, respectivamente, de Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) y Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 10005/2025, de 18 de marzo, procedimiento 1/2025.

2º.- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por los letrados don José Ignacio Rodríguez-Vijande Alonso y don José Cue Alonso, en nombre y representación, respectivamente, de Corporación Asturiana de Transporte de Viajeros en Autobús (CAR) y Asociación de Transportistas Asturianos (ASTRA) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 10005/2025, de 18 de marzo, procedimiento 1/2025 y declarar la naturaleza extraestatutaria y el alcance limitado del Convenio Colectivo del sector de Transportes por Carretera del Principado de Asturias.

3º.- Sin costas. Dese a los depósitos constituidos para recurrir el destino legal.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.