Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

El artículo 149.1.7 de la Constitución establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

En la LXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales del 1 de abril de 2020, en el debate sobre el Plan Anual de Política de Empleo, se presentó el correspondiente al año 2020, que previamente había sido trabajado con los distintos Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo.

La irrupción de la pandemia producida por la COVID-19 alteró todas las bases programáticas enfrentando a los Servicios Públicos de Empleo a un nuevo paradigma, en el corto y medio plazo, sumamente incierto en términos de empleo y muy exigente en cuanto a la atención a los usuarios. Esta situación tuvo consecuencias en el Plan Anual de Política de Empleo 2020, de manera que en la misma Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, se acordó su reformulación, para lo cual se puso en marcha un grupo específico de trabajo con todas las comunidades autónomas.

Como elemento de apoyo a la reformulación, confección y selección de servicios y programas a incluir por las distintas comunidades autónomas ante la situación de pandemia, el Servicio Público de Empleo Estatal promovió, por primera vez, la elaboración de un documento que incluía una relación de iniciativas desarrolladas por los distintos servicios públicos de empleo a modo de prácticas inspiradoras en un contexto COVID-19.

El presente Plan Anual de Política de Empleo 2020 concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los tres tipos de objetivos descritos en la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020 (Clave, Estratégicos y Estructurales).

El Plan 2020 contiene el conjunto de los servicios y programas que llevarán a cabo tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la elaboración del nuevo Plan 2020 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos. Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente: promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas; invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo; reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas que faciliten el «conocimiento compartido» en el seno del Sistema Nacional de Empleo; introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado que facilite la rendición de cuentas; definición y establecimiento de un sistema común de perfilado que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo a través de una herramienta.

Por su parte, hay que tener en cuenta que en el momento en que se remitió a la Unión Europea el Plan Presupuestario del Gobierno de España para 2020, en octubre de 2019, el escenario macroeconómico se encuadraba en una fase expansiva de la economía española si bien con un ritmo de crecimiento más moderado. Sin embargo, en el contexto actual, la pandemia del COVID-19 ha impactado con gran intensidad, teniéndose en cuenta tanto en el Programa de Estabilidad 2020 como en el Programa Nacional de Reformas 2020, remitidos por el Gobierno de la Nación a la Comisión Europea en abril 2020.

El Programa de Estabilidad 2020 toma en consideración los efectos de evolución de la expansión del virus COVID-19, que ha provocado un shock económico sin precedentes en la economía española, poniendo fin de manera abrupta a la senda de crecimiento iniciada en 2014, de manera que presenta un escenario macroeconómico y fiscal, ligado a los supuestos realizados respecto a la reactivación económica, con un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva en el segundo semestre.

A su vez, el Programa Nacional de Reformas 2020, se enmarca en la situación generada por la pandemia e incluye un amplio programa de medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. Comprende actuaciones que determinan el desarrollo de la política de empleo, desde el punto de vista de la protección social de las personas trabajadoras y desde la perspectiva del sostenimiento del tejido productivo y la recuperación de la actividad económica. Entre estas medidas, destacan notablemente la prestación para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo de determinados colectivos o la creación de subsidios extraordinarios, como el destinado a las personas empleadas de hogar.

Por su parte, la Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 para dar solución a los problemas importantes y comunes que afectan al colectivo de personas jóvenes, con la puesta en marcha de medidas diseñadas bajo un punto de vista holístico e integral, concretas pero combinables, a través de un Acuerdo de Estado que, sin suponer un aumento del gasto, permita conseguir una mejora de la integración laboral como mejor vía de solución global y contribuya al desarrollo de un nuevo modelo productivo con estrategias a largo plazo que impulsen medidas de apoyo estratégico a la innovación aplicada a sectores o ramas concretas.

Por último, también ha influido en la elaboración de este Plan 2020, el Plan de empleo para personas paradas de larga duración, que siguiendo con el modelo de integración en la Estrategia Española de Activación, en proceso de elaboración, también ordenará sus medidas en los 6 ejes de objetivos estructurales del Plan Anual, para así, poder ejecutar las medidas impulsadas por el Gobierno, dirigidas a colectivos específicos, con políticas transversales para promover la igualdad de género en el acceso, promoción y mantenimiento del empleo.

De acuerdo con los tres tipos de objetivos descritos en la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020: los objetivos clave sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo y coinciden con los aprobados en la Decisión n.^o 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se crea la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea. Los objetivos estratégicos o prioritarios, son los que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Los objetivos estructurales, de naturaleza estable, son los que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo y se articulan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.

En este contexto, las novedades que presenta este Plan, fruto del trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, han conseguido: la adaptación de los objetivos estratégicos al contexto generado por la pandemia y la adecuación de los indicadores para facilitar la rendición de cuentas simplificando su cálculo y ajustando su definición a los fines de las políticas activas de empleo.

Así, las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2020 un total de 696 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el anexo I.

• – Eje 1: Orientación: Se encuentra integrado por un total de 110 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 97 propios.
• – Eje 2: Formación: Se encuentra integrado por un total de 164 servicios y programas, de los cuales 17 son comunes y 147 propios.
• – Eje 3: Oportunidades de Empleo: Se encuentra integrado por un total de 186 servicios y programas, de los cuales 6 son comunes y 180 propios.
• – Eje 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: Se encuentra integrado por un total de 35 servicios y programas, de los cuales 5 son comunes y 30 propios.
• – Eje 5: Emprendimiento: Se encuentra integrado por un total de 134 servicios y programas, de los cuales 11 son comunes y 123 propios.
• – Eje 6: Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo: Se encuentra integrado por un total de 67 servicios y programas, de los cuales 8 son comunes y 59 propios.

En cuanto a la necesaria reformulación de objetivos y por ende, de los indicadores de seguimiento correspondientes, se ha realizado un ajuste de los indicadores del Plan Anual de Política de Empleo 2020 al nuevo marco estratégico planteado.

Esta reformulación sigue respondiendo al modelo de seguimiento y evaluación establecido por la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. No obstante, a partir de la próxima Estrategia 2021-2024, se pretende contar con un nuevo enfoque de indicadores para el seguimiento de las políticas activas de empleo, que se trabajará en el último trimestre del año (a partir de septiembre) con las Comunidades Autónomas e interlocutores sociales.

En este sentido, está previsto que el nuevo enfoque que se trasladará a la nueva Estrategia responda al objetivo más ambicioso de realizar un informe de evaluación de cada Plan y, por tanto, de la política de activación que se desarrolla cada año por el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, permitiendo una monitorización de los programas y servicios que permitan una adecuada evaluación de los mismos en cada una de las CC.AA. y en el conjunto del SNE. Este enfoque es sustancialmente distinto del que se ha venido utilizando en las Estrategias precedentes, que aplicaban el Plan Anual de Política de Empleo exclusivamente como instrumento de gestión para el reparto territorial de fondos de las políticas activas de empleo mediante el análisis de la acción concreta de cada Servicio Público de Empleo autonómico, cuando este es un aspecto diferenciado que se corresponderá con los nuevos criterios de distribución de fondos que se acuerden en el marco del SNE de cara a la nueva Estrategia 2021-2024.

En concreto, en el Plan 2020 se incluyen 30 indicadores principales:

• – Un indicador para cada uno de los cuatro Objetivos clave, según Decisión 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE).
• – Un indicador para cada uno de los seis Objetivos estratégicos.
• – Veinte indicadores para el conjunto de los Objetivos estructurales que se encuentran incluidos en los seis ejes:
  • Eje 1. Orientación, con cuatro indicadores.
  • Eje 2. Formación, con cuatro indicadores.
  • Eje 3. Oportunidades de empleo, con tres indicadores.
  • Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con tres indicadores.
  • Eje 5. Emprendimiento, con dos indicadores.
  • Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo, con cuatro indicadores.

En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 30 de septiembre de 2020 se presentó el texto del Plan Anual de Política de Empleo para 2020. Por último, debe señalarse que, como es de obligado trámite, en la reunión de 30 de septiembre de 2020 se ha informado del mencionado Plan al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Con todo ello se cumple lo dispuesto en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de octubre de 2020, ha adoptado el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que se adjunta como anexo.

Elévese al Consejo de Ministros.

PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2020

1. Introducción.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Tanto la Estrategia Española de Activación para el Empleo como los Planes Anuales de Política de Empleo se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

De este modo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (EEAE), aprobada mediante Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de servicios públicos de empleo, al establecer un marco que garantiza la igualdad en el acceso y atención a los beneficiarios de las políticas de activación para el empleo en toda España, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para su adaptación a las características de los beneficiarios en las distintas comunidades autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la igualdad de acceso, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.

La Estrategia 2017-2020, tras un análisis inicial de la situación y tendencias del mercado de trabajo, establece las actuaciones a desarrollar y pone a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas, infraestructuras y sistemas de información, mejorando los ya existentes, de forma que la utilización de medios comunes y el intercambio de experiencias y buenas prácticas constituyan los mejores vectores para la modernización del Sistema.

Asimismo, incorpora las recomendaciones derivadas de la primera evaluación de los factores que inciden en el desempeño de los servicios públicos de empleo, realizada en 2016 en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red SPE-UE), y resulta coherente con la Agenda de Cambio que impulsa esta misma Red Europea para los siguientes ciclos de evaluación. Finalmente, la Estrategia concede especial relevancia a la planificación, evaluación y seguimiento de las políticas de activación para el empleo en base a resultados.

La Estrategia establece tres tipos de objetivos, que se complementan entre sí. En primer lugar, unos objetivos clave, que resumen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo, y cuya inclusión fue una de las recomendaciones que la Red Europea de Servicios Públicos formuló expresamente a España en la evaluación que realizó del Sistema Nacional de Empleo en 2016. En segundo lugar, unos objetivos estratégicos o prioritarios, que son aquellos que adquieren especial relevancia en un momento determinado, sobre los cuales se tiene que focalizar el esfuerzo durante un tiempo. En tercer lugar, unos objetivos estructurales, de naturaleza estable, que se agrupan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo y que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo.

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.

El presente Plan Anual de Política de Empleo 2020 (en adelante Plan 2020), concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas, de acuerdo con los tres tipos de objetivos descritos en la Estrategia Estrategia de Activación para el Empleo 2017- 2020. El Plan 2020 recoge asimismo los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en el Plan Anual de Política de Empleo 2019 con respecto a los indicadores, que fueron objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio experimentan una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.

Este Plan incorpora dentro de su planteamiento general el conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran contenidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre de 2018, y en el Plan Reincorpora-T 2019-2021, Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración, aprobado el 5 de abril de 2019.

Por otra parte, en el Plan 2020 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente, promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas, y un intercambio sistemático de experiencias entre los distintos servicios públicos de empleo, invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo con información fiable que permita la planificación más dirigida a las necesidades de las políticas activas por los distintos servicios públicos, reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas como pueden ser seminarios, introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado con la simplificación del número de indicadores, definiendo objetivos cuantificables, que permitiría hacer un mejor seguimiento de la actividad y de la

Agenda del cambio, mejorar el papel del Servicio Público de Empleo Estatal como facilitador de los procesos.

También se determinó, que para permitir servicios de calidad es importante una definición y establecimiento de un sistema común de perfilado que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo a través de una herramienta, que se encuentra en fase ya avanzada de elaboración. Por otro lado, se recomienda una dirección sistemática de calidad basada en indicadores cualitativos y finalmente, el establecimiento de una misión, unos principios de actuación, claros sobre la base de la EEAE que permitan un enfoque más que facilite su comunicación a todos los niveles.

Parece razonable ahora postular una evaluación del desarrollo de la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020 que finalice en febrero 2020. Aunque se trate de una fecha final anticipada, los datos de ejecución pueden ser más significativos y podrá calibrarse con más objetividad si y hasta qué punto los objetivos se han alcanzado. Ello no es incompatible con una evaluación global, que tenga en cuenta el período que se inicia en marzo de 2020, y que será necesaria para un lanzamiento efectivo de la próxima Estrategia.

Finalmente, debe hacerse referencia a la situación provocada por el virus COVID-19, que ha provocado un impacto económico notable, y nos enfrenta a un escenario incierto de evolución en términos de empleo.

En este sentido, el Gobierno español ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social. Estas medidas, adoptadas en un proceso intenso de consulta y coordinación con agentes sociales y administraciones territoriales, se hallan alineadas con las medidas puestas en marcha en el entorno europeo.

El amplio paquete de medidas puestas en marcha ha permitido mitigar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de los trabajadores.

Junto a estas medidas, la situación provocada por la COVID-19 condiciona la evolución de la política de empleo, en la estrategia de reactivación económica puesta en marcha por el Gobierno, dentro de la respuesta europea conjunta que se viene articulando tanto a nivel de prioridades de actuación como de respaldo financiero.

Como consecuencia del impacto de la pandemia en el empleo y la necesidad de incrementar la protección social de las personas trabajadoras afectadas aconseja cambiar la afectación existente (formación profesional para el empleo) de la cuota de formación profesional para el empleo, sustituyéndola por una afectación más amplia (medidas de protección por desempleo), sin que ello perjudique las actuaciones en materia de formación profesional para el empleo. Esta desafectación permitirá la posibilidad de que los ingresos derivados de la cotización se puedan aplicar a finalidades más amplias, dentro del marco del art. 265 del R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es por ello que este Plan Anual de Política de Empleo 2020, se aprueba, si bien teniendo en cuenta que los Programas y Servicios contenidos en el mismo podrán ser objeto de modificación y flexibilización, en el conjunto del Plan y de manera específica en los contemplados en el Eje 2.

Este Plan 2020 se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 30 de septiembre de 2020 e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo de 30 de septiembre de 2020, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

2. Análisis de contexto: Situación actual del mercado de trabajo.

Evolución primer semestre 2020.

Las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 han trastocado todo el mercado de trabajo durante el primer semestre de 2020 como resultado de la hibernación económica por razones de salud pública. La primera consecuencia ha sido una caída acumulada del Producto Interior Bruto del 23,7% en los dos primeros trimestres de 2020.

De acuerdo a la EPA durante el primer semestre de 2020 se han perdido 1.359.700 (-6,8%) puestos de trabajo sin tener en cuenta a los trabajadores en ERTEs que siguen computando como ocupados. La población activa ha disminuido en 1.183.600 (-5,1%) personas lo que ha tenido como resultado que el desempleo solo haya aumentado en 176.100 (5,5%) parados.

La repercusión sobre el empleo asalariado ha sido muy diferente según el tipo de contrato. Así, mientras los trabajadores con contrato fijo han perdido 392.100 puestos de trabajo (-3,1%) los asalariados con contratos temporales han visto disminuir sus empleos en 927.200, lo que supone un descenso en un semestre del 21,1%.

Los datos administrativos del paro registrado sitúan la cifra de julio de 2020 en 3.773.034 desempleados, lo que representa un incremento de 609.429 desde diciembre de 2019, cuando se registraron 3.163.605.

Por su parte, la contratación acumulada en los primeros siete meses de 2020 ha alcanzado la cifra de 8.835.600, lo que supone 4.332.806 contratos menos (- 32,90%) que en igual periodo del año anterior. En cuanto a los contratos indefinidos, se han realizado 893.796 hasta julio de 2020, con una reducción de 355.083 (- 28,43%) sobre el mismo periodo del año 2019.

En cuanto a las previsiones económicas para España en año 2020 completo, el FMI prevé una reducción del PIB del 12,8%, mientras la OCDE sitúa su escenario más negativo en el -14,4%. Por su parte el Banco de España establece en su escenario negativo una caída del PIB del 11,6% que podría alcanzar el -15,1% en caso de que fuera necesario un nuevo confinamiento.

Datos generales y evolución hasta el cuarto trimestre 2019.

Las trayectorias mostradas por los principales indicadores del mercado de trabajo continuaban siendo positivas. Aunque de forma más moderada, continuaba el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, la reducción del número de parados y el incremento de las nuevas contrataciones registradas.

La afiliación crecía al acabar 2019 a un ritmo anual del 1,8%, con 347.000 afiliaciones adicionales, descendía un 3,4% interanual el desempleo y se registraban 220.540 contrataciones más que en 2018.

La Encuesta de Población Activa del INE en el cuarto trimestre de 2019 mostraba cierta ralentización del crecimiento. Aunque interanualmente el empleo seguía aumentando y en el transcurso de la recuperación económica se habían superado los 3 millones de ocupados más. De esta forma se alcanzó la cifra de 19.966.900 empleados, de estos 12.448.300 son indefinidos y suponen 1.740.700 empleos indefinidos más. Con ello se había recuperado más del 100% del empleo indefinido perdido durante la crisis (397.900 empleos indefinidos más que en el segundo trimestre de 2008 que había sido el anterior máximo en la serie). Casi todo el empleo neto creado en la recuperación era con jornada a tiempo completo.

Por otra parte, todas las Comunidades Autónomas habían experimentado crecimientos del empleo en estos años, con una media nacional del 17,8% con respecto al primer trimestre de 2014 que marcó un mínimo en la serie.

Desde ese momento, el crecimiento del empleo se había dado prácticamente en todas las ramas de actividad, con aportación destacada de la industria manufacturera, que añadió 427.800 empleos, seguida de la hostelería con 425.100. Porcentualmente, los mayores crecimientos se dieron en actividades inmobiliarias con un 55,0%, en construcción con un 36,3% y en suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación con un 35,2%.

Esto permitió que se recuperara con fuerza la tasa de ocupación. Medida para la población de 20 a 64 años, paso del 58,0% en el primer trimestre de 2013 al 68,5% en el cuarto trimestre de 2019, un aumento de 10,5 puntos porcentuales.

En 2019, según cifras de los Servicios Públicos de Empleo, se registraron 22.512.221 contrataciones, 220.540 (1,0%) más que en 2018; este crecimiento, aun siendo positivo, se había ralentizado siendo el menor desde 2014. La contratación temporal sigue la trayectoria positiva descrita, encadenando incrementos sucesivos aunque el último aumento interanual del 1,7%, entre 2018 y 2019, es el más leve. Frente a los últimos, la contratación de duración indefinida, que conseguía incrementos muy positivos entre 2015 y 2018, varió de signo en el último año 2019, con un retroceso del 5,5%.

El paro, de acuerdo a la EPA, continuó descendiendo, un 3,4% interanual en el cuarto trimestre de 2019. Este ritmo ha sido bastante sostenido durante la recuperación y ha permitido que en desde el primer trimestre de 2013 el paro haya descendido en 3.086.300 personas hasta situarse en el cuarto trimestre de 2019 en 3.191.900 personas. Así, la tasa de paro se situó en el 13,8%: 12,2% entre los hombres y 15,6% entre las mujeres. Un descenso de 13,1 puntos porcentuales desde el máximo del primer trimestre de 2013.

Los datos administrativos del paro registrado situaban la cifra de diciembre de 2019 en 3.163.605 desempleados, representa un descenso de 1.876.617 desde febrero de 2013, cuando se registró la cifra más alta de la serie histórica.

Después de siete años de descensos consecutivos, la reducción de 38.692 parados en el último año suponía una bajada del paro registrado anual del 1,2% y del 37,2% desde febrero de 2013. Este ritmo de reducción siendo positivo se ha ralentizado. Por otra parte, la cifra de paro registrado aún continúa en niveles elevados al compararlo con la media europea.

En un contexto de moderación del ciclo económico, se han revisado a la baja las previsiones de crecimiento y creación de empleo para 2020.

En el cuadro siguiente se resumen las últimas previsiones sobre la economía española de diversas instituciones.

3. Marco estratégico.

El presente Plan 2020, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto.

De acuerdo al Plan Presupuestario del Gobierno de España para 2020, remitido a la Unión Europea en octubre de 2019, el escenario macroeconómico se encuadraba en una fase expansiva de la economía española, impulsada por el notable crecimiento del empleo, las favorables condiciones financieras y los avances en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. La economía española continuaba creciendo a buen ritmo, si bien más moderado que el de años previos, en un contexto internacional crecientemente incierto caracterizado por la ralentización de la actividad económica y la persistencia de tensiones comerciales y geopolíticas que afectan particularmente al comercio internacional y a la inversión. En este contexto, debe insistirse, ha impactado la pandemia del COVID-19.

Por su parte, en abril de 2020, el Gobierno remitió a la Comisión Europea la actualización del Programa de Estabilidad para 2020 y del Programa Nacional de Reformas 2020, en cumplimiento de las obligaciones europeas.

Dicho Programa de Estabilidad 2020 toma en consideración los efectos de evolución de la expansión del virus COVID-19, que ha provocado un shock económico sin precedentes en la economía española, poniendo fin de manera abrupta a la senda de crecimiento iniciada en 2014. Por tanto, la actualización del Programa de Estabilidad presenta un escenario macroeconómico y fiscal, ligado a los supuestos realizados respecto a la reactivación económica, con un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Tras dos primeros trimestres de corrección, se prevé que la actividad comience a recuperarse en este segundo semestre, aunque fuertemente condicionada en numerosos sectores por las medidas restrictivas establecidas en la nueva normalidad.

En el ámbito del empleo, conviene destacar el papel esencial que han jugado, para amortiguar el impacto social y económico de la crisis COVID-19, las medidas de mantenimiento de renta para las personas trabajadoras y las empresas. En este sentido, las medidas de protección y flexibilización, fundamentalmente en el marco de los procedimientos de suspensión temporal y reducción de jornada (ERTEs), han conseguido limitar la caída del empleo, con una mayor afectación de las horas trabajadas. Que se estima que vayan aumentando progresivamente a lo largo de 2021.

De la misma manera, el Programa Nacional de Reformas 2020 se enmarca evidentemente dentro de la situación generada a raíz de la expansión del virus COVID-19, con el amplio programa de medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. Dada esta situación, la Comisión Europea procedió a actualizar sus orientaciones para la elaboración de los programas nacionales de reforma, permitiendo la reorientación de su contenido de forma que se incorporen las medidas adoptadas para afrontar los retos socioeconómicos existentes en cada economía.

Así, el Programa Nacional de Reformas 2020 comprende actuaciones que determinan el desarrollo de la política de empleo, desde el punto de vista de la protección social de las personas trabajadoras y desde la perspectiva del sostenimiento del tejido productivo y la recuperación de la actividad económica.

Por una parte, la protección de las personas trabajadoras comprende tanto el ámbito de los derechos laborales de las personas afectadas por COVID-19, como el fortalecimiento de la red de seguridad y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan notablemente, por su incidencia, en la prestación para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo de determinados colectivos, o la creación de subsidios extraordinarios, como el destinado a las personas empleadas de hogar.

Por otra parte, la extensión de una red de protección social reforzada para las personas se ha acompañado, desde el inicio de esta situación excepcional, de una batería de medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, con el objetivo de sentar las bases de la estrategia de reconstrucción y recuperación post- COVID-19.

Dentro de estas medidas, se ha otorgado un rol destacado al mantenimiento del empleo, con los ERTE como mecanismo de ajuste para preservar el empleo, evitando la destrucción de puestos de trabajo y la erosión del tejido productivo. Como ya se ha venido señalando, se ha venido desarrollando un marco excepcional de procedimientos de suspensión temporal y de reducción de jornada, que permitiera amortiguar el ajuste ante esta situación excepcional, e impulsara a su vez la vuelta a la actividad. Junto a un marco regulatorio ad hoc y la dotación de prestaciones para los trabajadores, la tramitación de los ERTE se ha complementado con dos líneas de acción: por un lado, simplificando los procedimientos de gestión; por otro lado, reforzando la actividad de control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Este conjunto de actuaciones coyunturales recogidas en el Programa Nacional de Reformas se incardinan dentro de los objetivos que de forma estructural se vienen desplegando para mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras.

Por su parte, para hacer frente a los desafíos estructurales derivados del proceso de transformación digital, que se ha visto acelerado por la situación excepcional derivada de la pandemia COVID-19, el Gobierno de España ha aprobado la Estrategia España Digital 2025.

Esta estrategia tiene como objetivo primordial impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia de la Unión Europea, mediante la colaboración público- privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales del país.

Con un fuerte esfuerzo de inversión pública, se concibe la transformación digital como un vector esencial de impulso al crecimiento económico, el aumento de la productividad y la reducción de la desigualdad, contribuyendo de forma decisiva a la inclusión social a través de la reducción de las crecientes brechas digitales.

Este nuevo instrumento estratégico incide notablemente en varios elementos de política de empleo, que deben tenerse en cuenta en el proceso de transformación digital, como son el refuerzo de las competencias digitales de las personas trabajadoras, el impulso a la digitalización de las Administraciones Públicas, la aceleración de la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital, o la garantía de los derechos de las personas en el nuevo entorno digital.

Este marco estratégico general debe por tanto analizarse de forma conjunta con los instrumentos estratégicos que orientan la actuación en materia de política de empleo.

La Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 para dar solución a los problemas importantes y comunes que afectan al colectivo de personas jóvenes, con la puesta en marcha de medidas diseñadas bajo un punto de vista holístico e integral, concretas pero combinables, a través de un Acuerdo de Estado que, sin suponer un aumento del gasto, permita conseguir una mejora de la integración laboral como mejor vía de solución global y contribuya al desarrollo de un nuevo modelo productivo con estrategias a largo plazo que impulsen medidas de apoyo estratégico a la innovación aplicada a sectores o ramas concretas. Con el Plan de Choque por el Empleo Joven se persigue:

• 1. Buscar la mejora de la competitividad y el valor añadido de la estructura productiva española con el objetivo de alcanzar niveles de crecimiento económico que permitan generar una oferta sustancial de empleo, estable o flexible, sobre la base del desarrollo de sectores de futuro y con alto valor añadido.
• 2. Fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes, que impulse su promoción individual, colectiva y profesional, que se apoye en el sistema educativo y en el entorno laboral como elementos fundamentales para su integración social, dotando de competencias profesionales a aquellos jóvenes con escasa cualificación, ocupándose de los jóvenes del entorno rural.
• 3. Desarrollar iniciativas de retorno a la escuela, de apoyo a la formación en competencias estratégicas, a la formación profesional dual, al empleo con derechos, al emprendimiento de los jóvenes, al fomento de la participación sindical de las personas jóvenes y del asociacionismo empresarial.

En particular los objetivos de este Plan de Choque dirigido a los jóvenes son:

• 1. Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo.
• 2. Hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y cualificación.
• 3. Incrementar la cualificación y la inserción laboral a las personas jóvenes dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la segregación, tanto en la selección de itinerarios formativos como en el mercado laboral.
• 4. Favorecer el desarrollo de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad social, la productividad y el valor añadido.
• 5. Prestar una atención adecuada e individualizada dotando a los Servicios Públicos de Empleo de los medios y recursos.
• 6. Eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género para lo cual es necesario desarrollar una formación específica en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para eliminar sesgos de género.
• 7. Combatir el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar.
• 8. Se prestará especial atención a colectivos especialmente vulnerables (migrantes, parados larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad, etc.).

Para conseguir estas metas, proporcionando a las personas jóvenes las actuaciones y medidas previstas en este Plan, a su finalización deberán alcanzarse los siguientes objetivos cuantitativos:

• 1. Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 %, en hombres y mujeres, (situada en el tercer trimestre de 2018 en un 33 %) durante el conjunto de los tres años de vigencia del Plan, disminuyendo en 168.000 el número de personas jóvenes menores de 25 años en paro.
• 2. Incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5 % para las personas jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años (alcanzando en el tercer trimestre de 2018 un 58,73 %). Este incremento deberá conseguirse aumentando, en al menos, un punto la tasa de hombres y, en al menos, tres puntos entre las mujeres.
• 3. Reducir en un 20 % la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado. En el mes de octubre de 2018, esa brecha se situaba en 45.500 entre personas menores de 30 años.
• 4. Incrementar cada año un 15 % el número de contrataciones indefinidas celebradas con personas jóvenes, alcanzando durante el conjunto de los tres años de vigencia del Plan la cifra de 2.900.000 contrataciones indefinidas.
• 5. Conseguir que, al menos, un 43 % (100.000) de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, adquieran mediante programas de formación las competencias clave en Lengua y Matemáticas.
• 6. Formar, al menos, un 30 % (80.000) de personas jóvenes en competencias lingüísticas.
• 7. Lograr que, al menos, 225.000 de las personas jóvenes se formen en competencias digitales, el 75 % en competencias básicas y el 25 % en competencias superiores, que supone un 40 % y 38 % respectivamente de la población joven menor de 30 años.
• 8. Formara un 25 % (40.000) de las personas jóvenes en competencias de sectores estratégicos (un 25 % del colectivo de personas jóvenes con Estudios Superiores y de FP).

El Plan cuenta con cincuenta medidas que entroncan con el ya citado objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sirven específicamente para alcanzar la Meta 8.6 «De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación».

La crisis que estamos atravesando a causa de la pandemia COVID-19 probablemente obligue a revisar a la baja los objetivos cuantitativos, en particular el 1 y el 2 y, en cierta medida el 4, pero no necesariamente, o en modo alguno, los demás.

A través de los ejes se definen, en línea con los objetivos establecidos, los ámbitos de actuación considerados prioritarios en los próximos tres años: recuperar la calidad del empleo, luchar contra la brecha de género en el empleo y reducir el desempleo juvenil.

En cuanto a las medidas, podemos destacar por su relevancia el Programa Orientajoven que prevé el refuerzo de los servicios públicos de empleo con 3.000 personas técnicas responsables de la orientación y prospección del mercado de trabajo, complementados con una red de Mediadores jóvenes que provendrán de organizaciones sociales jóvenes que actuarán en espacios concretos de atención a través del mecanismo de ventanilla única.

También se establecen actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación dual y en alternancia con la actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, la creación de un marco de contratación laboral que dote de mayor calidad a las relaciones laborales, acciones dirigidas a promover tanto la igualdad entre mujeres y hombres jóvenes en el acceso, permanencia y promoción en el empleo como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o las medidas destinadas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

Por su impacto, es reseñable en el eje de Mejora del marco institucional, las actuaciones de mejora en gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través del impulso de la accesibilidad, transparencia y coordinación, para lo que se establece la gobernanza del Plan que se concreta en un Plan anual de actuación, vinculado al Plan para las actuaciones autonómicas, que será objeto del seguimiento semestral y una Comisión de Seguimiento que se reunirá con periodicidad semestral integrada, entre otros, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, los servicios públicos de empleo autonómicos, interlocutores sociales, Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto de la Juventud, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Consejo de Juventud, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Así mismo el Servicio Público de Empleo Estatal dispone de una ayuda de la Comisión Europea para asistencia técnica que da soporte a la monitorización, impulso a la implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación tanto del Plan de Choque por el Empleo Joven como del Plan de empleo para personas paradas de larga duración.

Este último Plan está directamente vinculado con el objetivo estratégico de potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años.

Por otra parte, y puesto que está más expuesta a los contratos atípicos, es probable que la población joven sufra con mayor intensidad las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia del COVID19. Las medidas extraordinarias puestas en marcha con el RD-Ley 8/2000 habrán de servir de barrera, pero es probable que el empleo juvenil se resienta en particular, sobre todo a través de la extinción de contratos temporales y a tiempo parcial. Asimismo, mediante la reducción de ciertas modalidades de empleo formalmente autónomo producida, sobre todo, en el entorno de la nueva economía. No puede obviarse, además, la perspectiva de género de estas circunstancias. La incidencia del trabajo a tiempo parcial es desproporcionalmente más alta en las mujeres que en los hombres. Lo mismo pasa, aunque de forma no tan acentuada, con la contratación temporal. Y, aunque el trabajo autónomo está masculinizado, no sucede así con el segmento del que no cuenta con trabajadores a su cargo, de modo que también las mujeres pueden quedar más afectadas por el impacto de la pandemia, cuyas consecuencias adversas en término de mayor perjuicio al sexo femenino son previsibles.

En otro orden de cosas, destacar la implantación progresiva de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con los protocolos regulados en la Orden ESS 381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo,

Con el objeto de cumplir con el objetivo estratégico de promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales, se ha procedido a impulsar el desarrollo reglamentario del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, a través de la elaboración de tres Órdenes Ministeriales: la que regula el Catálogo de Especialidades Formativas sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral; la que regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas; y la que desarrolla el RD 694/2017, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. Para la elaboración de estas Órdenes se ha llevado a cabo un intenso trabajo participativo con las Comunidades Autónomas y los Interlocutores sociales, llegando a un importante acuerdo que redundará en un marco jurídico, estable y común para todos, al objeto de reforzar la coordinación, la colaboración y la cooperación de los diferentes actores y administraciones públicas que participan en el sistema de formación profesional para el empleo.

Por su parte, hay que resaltar la Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración para el período 2019-2021 (en adelante, PLAN REINCORPORA-T). El colectivo diana de este Plan, es el de las personas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses (360 días) en los últimos 18 meses, entre los que se encuentra un amplio sector de la población activa que se ha vuelto especialmente vulnerable ante el empleo. También tendrán la consideración como colectivo de atención prioritaria en las acciones de este Plan, aquellas personas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo durante 180 días en los 9 meses inmediatamente anteriores, si son personas mayores de 45 años o si están inscritas como trabajadores agrarios. Es necesario tener en cuenta que el Plan se vertebra sobre dos dimensiones que son la promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado laboral de personas en situación de paro de larga duración (PLD), y la prevención de la situación de PLD.

El factor del alto desempleo de larga duración incide negativamente en el potencial de crecimiento de nuestra economía y configura diversos escenarios de exclusión del mercado de trabajo y aumento del riesgo de exclusión social, pobreza y desigualdad, exigiendo un incremento de los recursos de protección básicos de los servicios sociales y otros recursos públicos. En el marco de un debate global sobre cómo articular una serie de acciones para atajar la situación de paro, precariedad y pobreza laboral, se hacía urgente plantear un Programa de impacto para combatir el desempleo de larga duración -con carácter integral y con una mayor eficiencia del gasto público-, que pusiera en marcha medidas específicas y coordinadas para recuperar el potencial laboral y de integración social de determinados colectivos en situaciones de paro de larga duración y especialmente vulnerables ante el mercado de trabajo.

La articulación del ‘PLAN REINCORPORA-T’ para las Personas Paradas de Larga Duración se vertebra sobre dos dimensiones transversales para:

• 1. La promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado de trabajo de las personas Paradas de Larga Duración.
• 2. La promoción del carácter preventivo de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo, interlocutores sociales y otras entidades sociales, para identificar factores de riesgo y vulnerabilidad ante el empleo en las personas desempleadas, como, por ejemplo:
  • - Situaciones de precariedad laboral. Trabajadores que disponen de empleo que no garantiza unos ingresos para llegar al umbral del salario mínimo: por reducción de salario como consecuencia de la parcialidad de la jornada o reducción del número de días trabajados al año.
  • - Población potencialmente vulnerable en hogares con bajos ingresos y/o baja actividad laboral, para reducir la Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). Indicador AROPE’. En el apartado de integración social el objetivo nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
  • - Personas ocupadas en el trabajo doméstico.
  • - Personas cuidadoras no profesionales.
  • - Personas mayores de 45 años que pierden su empleo y se mantienen en paro 9 meses en los últimos 18 meses.
  • - Personas con discapacidad.
  • - Personas que forman parte de un proceso colectivo de regulación de empleo.
  • - Personas que forman parte de hogares vulnerables.
  • - Personas en paro durante 9 meses en los últimos 18 meses inscritas como Trabajadores/as agrarios.

Además, la irrupción del COVID-19 obliga a una tarea adicional, de verificación de si la pandemia y sus efectos económicos y laborales suponen un empeoramiento de la situación de los PLD o un mayor riesgo de incurrir en la condición de PLD. A este respecto, serán necesarias nuevas medidas para evitar que el desempleo se haga crónico en ciertos colectivos y capas de la sociedad. En particular, habrá que prestar atención a las personas mayores de 45 años que recaigan en una situación de desempleo y también en las que se sometan a ERTES. La provisión de acciones formativas dirigidas a ellas revestirá particular importancia.

Para facilitar la consecución de los objetivos señalados en este PLAN, en las actuaciones derivadas del mismo, el Sistema Nacional de Empleo garantizará el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 7 de la Ley de Empleo, entre ellos el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y el favorecimiento de la colaboración público-privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo.

Igualmente, la recuperación del subsidio de mayores de 52 años ya aprobado, así como la nueva formulación de la protección asistencial por desempleo en la que se está trabajando, permitirán reforzar los mecanismos de protección social de las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad ante el empleo y de las personas paradas de larga duración, incrementando así sus posibilidades de inserción laboral mediante la potenciación de políticas que mejoren su empleabilidad.

4. Estructura y objetivos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2, del artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 8.b), y se aprobarán por el Consejo de Ministros.

Para la elaboración del Plan 2020 se han seguido los criterios recogidos en el apartado 5, adecuados a la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017- 2020, de acuerdo al modelo de programación, evaluación y financiación de las políticas activas de empleo.

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, se establecen tres tipos de objetivos: objetivos-clave, objetivos estratégicos o prioritarios y objetivos estructurales.

En primer lugar, los objetivos-clave, sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo. Se trata de objetivos de resultado comunes para el conjunto de la UE que permanecen estables durante todo el período de vigencia de la EEAE y que coinciden con los aprobados en la Decisión N^o 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se crea la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea.

En segundo lugar, los objetivos estratégicos o prioritarios, son los que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Estos constituyen una referencia estable y recogen los puntos acordados por la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 sobre políticas de empleo, fueron asumidos por la Estrategia 2017-2020, y de acuerdo con ella corresponde al Gobierno su determinación con carácter anual, a través de los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo

En tercer y último lugar, los objetivos estructurales, de naturaleza estable, son los que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo y se articulan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.

Como resultado del trabajo realizado con los servicios públicos de empleo para delimitar los indicadores básicos de los Planes Anuales que se acordó en la Conferencia Sectorial del 21 de diciembre de 2017, se ha conseguido avanzar en la transparencia, representatividad, precisión, viabilidad y participación de todos los servicios públicos en su elaboración.

Dentro de las novedades que presenta este Plan, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada.

Es por todo ello, que en el presente Plan 2020, se recoge una selección de los objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

Objetivos clave

• a) Reducir el desempleo (Objetivo UE1).
• b) Aumentar la activación y reducción de los períodos de desempleo (Objetivo UE2).
• c) Mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes (Objetivo UE3).
• d) Mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo (Objetivo UE4).

Objetivos estratégicos

• A. Favorecer el mantenimiento del empleo y recuperar el nivel de ocupación.
• B. Promover y potenciar la activación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años, con especial atención a quienes presentan mayores necesidades de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como el Plan de Choque por el Empleo Joven (2019-2021) y la Garantía Juvenil.
• C. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de los colectivos más vulnerables, con especial atención a las personas que hayan perdido su empleo como consecuencia del COVID-19, personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años, mediante instrumentos como el Plan Trienal para Prevenir y Reducir el Paro de Larga Duración 2019-2021 (Plan Reincorpora-T).
• D. Mejorar la cualificación y el reciclaje profesional de las personas trabajadoras a través de acciones de formación y adaptación profesional.
• E. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística, fortaleciendo la colaboración con terceros, para promover la atención de personas usuarias y la generación de oportunidades de empleo para las mismas.
• F. Adaptar los Servicios Públicos de Empleo al nuevo contexto y necesidades de atención de personas y empresas usuarias, a través de la optimización y refuerzo de su organización, procesos y tecnología.

Objetivos estructurales

• Eje 1. Orientación.

  Comprende las acciones, actuaciones o actividades de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.

  Este eje persigue medir la cobertura y el resultado de la atención de orientación personalizada e intermediación laboral prestada a las personas demandantes por los Servicios Públicos de Empleo y comprende los siguientes objetivos instrumentales:

  • 1.1. Diagnóstico personalizado.
  • 1.2. Orientación y acompañamiento de itinerarios individuales personalizados.
  • 1.3. Gestión y cobertura de ofertas de empleo.
  • 1.4. Orientación a empresas y trabajadores, en colaboración con entidades locales y otros agentes del mercado de trabajo, para impulsar la intervención temprana ante situación de riesgo de pérdidas de empleo.
• Eje 2. Formación.

  Comprende las acciones, actuaciones o actividades de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

  Este objetivo persigue medir el esfuerzo en formación acreditable dirigida a personas desempleadas, haciendo hincapié en el reconocimiento de las competencias a través de experiencia laboral y vías no formales, así como el esfuerzo en formación vinculada a la contratación y relativa a la obtención de experiencia laboral.

  Este objetivo comprende dos de los seis objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

  • 2.1. Ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del tejido productivo
  • 2.3. Promover el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de formación, así como a través de vías formales.
  • 2.4. Promover la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral.
  • 2.5. Impulsar la formación en las empresas, especialmente la que responde a las nuevas necesidades del contexto COVID-19.
• Eje 3. Oportunidades de empleo.

  Comprende las acciones, actuaciones o actividades que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares -en particular, las cabezas de familia monoparentales-, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género.

  Este eje persigue medir tanto la cobertura del colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo para recibir un itinerario de inserción, como el resultado de la acción en términos de inserción después de haber finalizado la oportunidad de empleo. Además, mide tanto la cobertura de los perceptores de prestaciones y la vinculación de políticas activas y pasivas como el resultado de la acción en términos de inserción.

  Comprende dos de los tres objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

  • 3.1. Fomentar y sostener la contratación de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.
  • 3.2. Fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo en la dimensión local y/o en actividades de interés general o social.
  • 3.3. Promover la activación de personas perceptoras de prestaciones y la vinculación de políticas activas y pasivas.
• Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

  Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

  Este objetivo persigue medir la cobertura de las atenciones que dan los Servicios Públicos de Empleo a las mujeres, así como la movilidad sectorial hacia aquéllos dirigidos a la transición ecológica.

  Comprende dos de los tres objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

  • 4.1 Promover la activación a través de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • 4.2 Promover la activación de las mujeres y su igualdad efectiva de oportunidades para acceder al empleo.
  • 4.3 Apoyar la movilidad sectorial.
• Eje 5. Emprendimiento.

  Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

  Este eje persigue medir la cobertura y el resultado de la atención prestada para el fomento del empleo autónomo y el emprendimiento y la eficacia en términos de inserción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

  Deba hacerse énfasis en la creación y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento viables y con perspectivas de crecimiento y consolidación estables, a cuyo fin el seguimiento y apoyo de las que están en marcha resulta fundamental. Debe evitarse impulsar a las personas a posiciones autónomas precarias y vulnerables.

  Comprende dos de los tres objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

  • 5.1 Promover el emprendimiento, el empleo autónomo y las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía social, digital y colaborativa, así como la intervención temprana para evitar la pérdida de empleo.
  • 5.2 Intensificar la formación y asesoramiento a emprendedores, especialmente en los procesos de recuperación, reconversión o digitalización de la actividad.
• Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.

  Comprende las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

  El eje tiene como finalidad medir la contribución de los Servicios Públicos de Empleo en la optimización del marco institucional a través de la mejora, en cada Servicio Público de Empleo, de los factores que inciden en su desempeño, establecidos por la Red PES EU.

  Por su propia naturaleza, los objetivos de este Eje son instrumentales, en la medida en que el cumplimiento de los mismos tendrá como resultado una mayor eficacia de los servicios públicos de empleo en los objetivos finalistas de activación e inserción. Comprende uno de los seis objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

  • 6.1 . Mejorar la gestión, coordinación y colaboración en el seno del Sistema Nacional de Empleo.
  • 6.2. Mejorar la calidad y promover la digitalización de los servicios de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.
  • 6.3. Mejora de los sistemas de información e intercambio de conocimiento en el Sistema Nacional de Empleo.
  • 6.4. Evaluación del desempeño en el Programa EVADES.

5. Criterios de elaboración.

El Plan 2020 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.

Como elemento de apoyo a la confección y selección de programas y servicios a incluir por las distintas comunidades autónomas en este Plan 2020, por primera vez, se ha elaborado y compartido, con el conjunto del Sistema Nacional de Empleo, un documento que incluía una relación de iniciativas desarrolladas por los distintos servicios públicos de empleo, a modo de prácticas inspiradoras en un contexto COVID-19.

La coherencia interna del Plan 2020 se refuerza utilizando el marco conceptual que establece la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Este marco conceptual diferencia entre los servicios y los programas y, a su vez, diferencia entre aquellos servicios y programas que son comunes o de aplicación para todo el Estado, y los que son propios de cada Comunidad Autónoma y del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con las siguientes definiciones:

• - Servicio.- Conjunto coordinado de actividades (que debería estar específicamente identificado como tal en la cartera de servicios de un Servicio Público de Empleo a que hace referencia el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Empleo y en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo), que se prestan de forma continuada y sostenida en el tiempo, y que buscan atender derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios.
• - Programa.- Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, Planificado y gestionado a través de un instrumento jurídico o técnico concreto (concesión de una subvención, contratación administrativa, suscripción de convenio, gestión directa, etc.), con coste identificado o identificable, dirigido a la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos.
• - Servicio Común.- Servicio común o de aplicación en todo el Estado. Se incluyen las actividades diferenciadas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
• - Servicio Propio.- Servicio prestado por uno de los integrantes del Sistema Nacional de Empleo en su ámbito propio.
• - Programa Común.- Programa cuyos aspectos esenciales han sido determinados a través de un instrumento jurídico de aplicación a todo el conjunto del Estado, y que puede ser aplicado, y en su caso desarrollado en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.
• - Programa Propio.- Programa definido mediante un instrumento jurídico aplicable en una Comunidad Autónoma y dirigido a su ámbito propio de actuación.

Asimismo, se mantienen en el Plan 2020 los criterios de idoneidad definidos en las ediciones anteriores, que deben cumplir los servicios y programas para su inclusión en el Plan, y que son los siguientes:

• 1. Tratarse de servicios y programas de Políticas Activas de Empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
• 2. Gestionarse mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
• 3. Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2020, de forma que puedan identificarse beneficiarios en este año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.
• 4. Relevancia: Dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
• 5. Pertinencia: Estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
• 6. Coherencia interna: Consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2020 (ejes, objetivos clave, objetivos estratégicos, objetivos estructurales).

Con el fin de recoger de forma sistematizada y homogénea los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral a incluir en el mismo, tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han proporcionado para su análisis y consideración, la relación y descripción de cada uno de los servicios y programas que se prevé realizar durante 2020, y cuya inclusión final ha dado lugar a los servicios y programas de este Plan 2020.

En la descripción se ha recogido para cada uno de los servicios y programas incluidos la información necesaria para conocer en qué consiste, su instrumentalización, incidencia y los costes que se financian, así como la fuente de financiación, ya sea por financiación propia, por fondos estatales distribuidos a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por financiación mixta o por otras fuentes de financiación.

En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas han podido optar por realizar servicios y programas propios, con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, el Plan 2020 recoge también la información correspondiente a los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que las Comunidades Autónomas prevean realizar con recursos económicos propios.

Además, hay que señalar que en el Plan 2020, también se recogen los servicios y programas de políticas activas de empleo que desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito de gestión.

Dentro de ese ámbito, se incluyen tanto los servicios y programas en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), como los gestionados con cargo a la reserva de gestión establecida en el artículo 18.h) del texto refundido de la Ley de Empleo, como los programas que no son objeto de traspaso a las Comunidades Autónomas, como son el Programa de Fomento de Empleo Agrario, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y la formación programada por las empresas.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la irrupción de la pandemia causada por el COVID-19 ha conllevado a una reformulación de las actuaciones previstas inicialmente incorporando como finalidad transversal contener, sofocar y anular los efectos económicos y sociales de esta crisis en su afectación al empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Por ello, en la selección de servicios y programas por parte de los distintos agentes que conforman el Sistema Nacional de Empleo se han tomado en consideración los siguientes principios:

• 1. Priorizar las medidas y acciones de los servicios públicos de empleo para que se adecúen a los nuevos objetivos del contexto laboral para 2020.
• 2. Focalizar los esfuerzos en aquellos colectivos en los que las medidas establecidas resulten de mayor eficiencia y eficacia.
• 3. Flexibilizar los instrumentos operativos de los servicios públicos de empleo para que puedan actuar de forma ágil e inmediata ante el nuevo contexto del mercado de trabajo provocado por la emergencia sanitaria.

6. Servicios y programas de políticas de activación para el empleo.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2020 un total de 696 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el Anexo I.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2020, se recogen de manera resumida en el Anexo II y de forma detallada en el Anexo III, que lo acompañan.

Con el fin de facilitar la identificación y diferenciación de los servicios y programas comunes o de aplicación en todo el Estado, de aquellos que no son comunes, y por ende propios de una Comunidad Autónoma, se ha establecido un sistema de codificación que permite diferenciar entre un tipo y otro de acuerdo con los siguientes códigos:

SC: Servicio Común

PC: Programa Común

SP: Servicio Propio

PP: Programa Propio

De manera resumida, se muestran los servicios y programas según Eje.

Eje 1- Orientación

Se encuentra integrado por un total de 110 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 97 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00001 Diagnóstico e itinerarios personalizados de inserción

SC00002 Diseño del itinerario personalizado para el empleo.

SC00003 Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.

SC00004 Asesoramiento y ayuda técnica adicional.

SC00005 Información y asesoramiento adicional.

SC00006 Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y demandas.

SC00007 Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa.

SC00008 Comunicación de la contratación laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa.

SC00009 Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente.

PC00001 Programas de orientación profesional para el empleo y autoempleo.

PC00002 Programas de colaboración con agencias de colocación.

PC00031 Programa ORIENTAJOVEN.

PC00036 Lanzaderas de empleo.

Eje 2- Formación

Se encuentra integrado por un total de 164 servicios y programas, de los cuales 17 son comunes y 147 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00010 Formación profesional para el empleo acorde a las necesidades de los usuarios

SC00011 Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.

SC00012 Evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

SC00013 Mantenimiento y actualización de la cuenta de formación.

SC00014 Inscripción y acreditación de centros y entidades de formación profesional para el empleo.

PC00003 Oferta formativa para trabajadores ocupados (Programas de formaciones sectoriales, transversales y de cualificación y reconocimiento profesional).

PC00004 Oferta formativa para trabajadores desempleados (Programas de formación de los Servicios Públicos de Empleo).

PC00005 Programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional.

PC00006 Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

PC00007 Formación en alternancia con el empleo.

PC00008 Prácticas no laborales en empresas.

PC00009 Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

PC00010 Formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.

PC00017 Actividad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje.

PC00027 Formación impartida con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación.

PC00034 Oferta formativa para trabajadores desempleados (Cheque formación).

PC00037 Cadena formativa intergeneracionales.

Eje 3- Oportunidades de Empleo

Se encuentra integrado por un total de 186 servicios y programas, de los cuales 6 son comunes y 180 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

PC00011 Programas de colaboración con corporaciones locales.

PC00012 Programas de colaboración con Órganos de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos y entidades sin ánimo de lucro.

PC00013 Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido (Centros especiales de empleo).

PC00014 Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

PC00015 Programas integrales de empleo.

PC00016 Trabajos temporales de colaboración social.

Eje 4- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo

Se encuentra integrado por un total de 35 servicios y programas, de los cuales 5 son comunes y 30 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00015 Apoyo a la gestión de la movilidad laboral (Red EURES).

SC00016 Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad en la formación y cualificación profesional.

PC00018 Apoyo a programas de ayuda a la movilidad para inserción laboral, formación y prácticas en Europa.

PC00033 Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.

PC00039 Apoyo a startup o proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes.

Eje 5- Emprendimiento

Se encuentra integrado por un total de 134 servicios y programas, de los cuales 11 son comunes y 123 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00017 Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

SC00018 Fomento de la economía social y del emprendimiento.

SC00019 Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.

SC00020 Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la contratación.

PC00019 Fomento del empleo autónomo

PC00020 Apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales.

PC00021 Estudios de mercado y campañas para la promoción laboral.

PC00022 Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

PC00023 Proyectos y empresas calificadas como l+E.

PC00024 Concesión de subvenciones consistentes en el abono a los trabajadores que hicieren uso del derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

PC00038 Startup con incubadoras de empresas.

Eie 6- Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo

Se encuentra integrado por un total de 67 servicios y programas, de los cuales 8 son comunes y 59 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00021 Mejora del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

PC00025 Portal Único de Empleo.

PC00026 Marco de referencia para la colaboración pública-privada y pública- pública.

PC00028 Programas de intercambio de Buenas Prácticas.

PC00029 Mejora del Sistema de gestión y soporte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

PC00030 Programa de reforma, adaptación y mejora de las oficinas de empleo.

PC00032 Plan REINCORPORA-T, Plan Trienal para prevenir y reducir el paro de Larga Duración 2019-2021.

PC00035 Programa de evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo, EVADES.

7. Financiación.

En 2020, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las cantidades destinadas a financiar la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, son equivalentes a las existentes en 2018, salvo en las cantidades destinadas a regularizar las deudas con la OCDE procedentes de ejercicios anteriores a 2018, que no son objeto de prórroga, del mismo modo que sucedió en 2019. Por lo tanto, el importe total del presupuesto prorrogado destinado a la financiación de la ejecución de iniciativas de políticas activas de empleo asciende a 5.793.704,91 miles de euros.

De esta cifra, se podrán distribuir entre las Comunidades Autónomas, para la ejecución de políticas activas de empleo, un total de 2.126.109,73 miles de euros, cuantía equivalente a la asignada en 2018. En la primera Conferencia Sectorial de 1 de abril de 2020 se han distribuido 1.048.544.799,30 (mil cuarenta y ocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve euros y treinta céntimos). Se realizará una nueva distribución de fondos en el segundo semestre del año, si bien la cuantía de la misma está pendiente de determinar, ya que dependerá de los efectos en la recaudación de ingresos destinados a financiar este tipo de actuaciones que se estima que van a tener las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19.

En el anexo IV se incluye la dotación presupuestaria del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado por ejes.

8. Evaluación

Como se ha señalado anteriormente, la situación originada por la pandemia ha tenido como consecuencia la reconstrucción de este Plan 2020, lo que ha conllevado a la reformulación de objetivos y por ende a la de los indicadores de seguimiento correspondientes, de manera que se ha realizado un ajuste de los indicadores del Plan Anual de Política de Empleo 2020 al nuevo marco estratégico planteado.

Esta reformulación sigue respondiendo al modelo de seguimiento y evaluación establecido por la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. No obstante, a partir de la próxima Estrategia 2021-2024, se pretende contar con un nuevo enfoque de indicadores para el seguimiento de las políticas activas de empleo, que se trabajará en el último trimestre del año (a partir de septiembre) con las Comunidades Autónomas.

En este sentido, está previsto que el nuevo enfoque que se trasladará a la nueva Estrategia responda al objetivo más ambicioso de realizar un informe de evaluación de cada Plan y, por tanto, de la política de activación que se desarrolla cada año por el conjunto del Sistema Nacional de Empleo. Este enfoque es sustancialmente distinto del que se ha venido utilizando en las Estrategias precedentes, que aplicaban el Plan Anual de Política como instrumento de gestión para el reparto territorial de fondos de las políticas activas de empleo mediante el análisis de la acción concreta de cada Servicio Público de Empleo autonómico

A este respecto conviene recordar que el Plan Anual de Política de Empleo es uno de los instrumentos de coordinación del SNE, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, y, de acuerdo con el artículo 11, concreta anualmente los «objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo». Se trata, por tanto, de disponer de un sistema de indicadores que permita la evaluación periódica de dichos objetivos, como mecanismo de evaluación continua de la Estrategia, que ofrezca información útil y agregada sobre el conjunto de la política de activación y de su impacto sobre los objetivos de empleo.

Para aproximarse a una verdadera evaluación del Plan Anual de Política de Empleo y, por consiguiente, del avance de la Estrategia de Activación con carácter anual, el diseño del sistema de indicadores no puede ni debe limitarse a la información cuantitativa basada en los datos de la gestión de cada Servicio Público de Empleo que ofrece solamente una perspectiva de impacto de las medidas en el correspondiente ámbito territorial.

Siendo relevante la información de impacto y los datos de gestión de cada organismo, este nuevo enfoque de evaluación que pretende ponerse en marcha con la nueva Estrategia y trasladarse a los Planes sucesivos, debería orientarse hacia el análisis integral de la «política de activación» para conocer hasta qué punto se están alcanzando sus objetivos y cuáles son las medidas que se demuestran más eficientes para ello, facilitando su utilización como instrumento anual de coordinación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo del conjunto del SNE y su evaluación.

Como paso intermedio hacia esta nueva perspectiva del Plan Anual de Política de Empleo que se contemplará en la nueva Estrategia, para este Plan 2020 se establece la premisa de que los indicadores propuestos en este documento sirvan únicamente al seguimiento de las acciones, sin afectar a la distribución de fondos, dado que por las extraordinarias circunstancias se mantendrá la distribución utilizada en 2019.

Atendiendo a las premisas anteriores, y teniendo en cuenta que el Plan Anual de Política de Empleo debe representar la planificación anual de las políticas activas de empleo y no necesariamente la comparativa entre los diferentes Servicios Públicos de Empleo autonómicos, en este año, los resultados de los indicadores se presentarán con carácter general, agregados, a modo de rendición de cuentas de los esfuerzos llevados a cabo para dar respuesta al contexto complejo provocado por la COVID-19 y bajo un enfoque de evaluación de la planificación anual del conjunto del SNE.

Seguidamente se muestran los indicadores seleccionados para los tres tipos de objetivos: clave, estratégicos y estructurales.

ANEXO I
PAPE 2020: Resumen General por ejes, servicios y programas distintos

ANEXO II
PAPE 2020: Resumen General por CC.AA.

ANEXO III
PAPE 2020 Servicios y programas por eje y CC.AA.

ANEXO IV
PAPE 2020: Dotación presupuestaria