Directiva (UE) 2024/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Previa consulta al Banco Central Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) En su Comunicación de 24 de septiembre de 2020 titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción» (en lo sucesivo, «plan de acción de la Comisión para la UMC»), la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa para crear un flujo electrónico continuo de datos en tiempo real con el fin de ofrecer una visión global de los precios y el volumen de los instrumentos financieros de capital e instrumentos asimilados negociados en toda la Unión en los centros de negociación (en lo sucesivo, «sistema de información consolidada»). En sus conclusiones de 2 de diciembre de 2020 sobre el plan de acción de la Comisión para la UMC, el Consejo animó a la Comisión a estimular más actividades de inversión dentro de la Unión mejorando la disponibilidad y la transparencia de los datos y estudiando en mayor medida cómo se pueden abordar las barreras para establecer un sistema de información consolidada en la Unión.
• (2) En su Comunicación de 19 de enero de 2021 titulada «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia», la Comisión confirmó su intención de mejorar, simplificar y armonizar en mayor medida el marco de transparencia de los mercados de valores mobiliarios, como parte de la revisión de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y del Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) . En el marco de los esfuerzos por reforzar el papel internacional del euro, la Comisión anunció también que dicha reforma incluiría el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información consolidada, en particular para las emisiones de obligaciones de empresa, con el objetivo de aumentar la negociación secundaria de los instrumentos de deuda denominados en euros.
• (3) En paralelo con la revisión de la Directiva 2014/65/UE, el Reglamento (UE) n.º 600/2014 queda modificado por el Reglamento (UE) 2024/791 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , que elimina los principales obstáculos que han impedido la creación de un sistema de información consolidada. Dicho Reglamento introduce contribuciones obligatorias de datos al proveedor de información consolidada y mejora la calidad de los datos, entre otras cosas, armonizando la sincronización de los relojes comerciales. Además, introduce mejoras en las obligaciones de negociación y la prohibición de la práctica de recibir pagos por la ejecución de órdenes de determinados clientes en un centro de ejecución específico o por la transmisión de órdenes de dichos clientes a terceros para su ejecución en un centro de ejecución específico (en lo sucesivo, «pagos por el flujo de órdenes»). Dado que la Directiva 2014/65/UE también contiene disposiciones relativas al sistema de información consolidada y la transparencia, las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 600/2014 deben reflejarse en dicha Directiva.
• (4) El artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE exige que los sistemas en los que puedan interactuar diversos intereses de compra y de venta de instrumentos financieros de múltiples terceros (en lo sucesivo, «sistemas multilaterales») actúen de conformidad con los requisitos relativos a los mercados regulados, los sistemas multilaterales de negociación (SMN) o los sistemas organizados de contratación (SOC). Sin embargo, como pone de manifiesto la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) creada por el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , en su informe final de 23 de marzo de 2021 sobre el funcionamiento de los sistemas organizados de contratación, la práctica del mercado demuestra que en la Unión no se ha respetado el principio de que la actividad multilateral de negociación requiere autorización, lo que ha desembocado en unas condiciones de competencia desiguales entre los sistemas multilaterales autorizados como mercados regulados, SMN o SOC y los sistemas multilaterales no autorizados como tales. Además, esa situación ha creado inseguridad jurídica para determinados participantes en el mercado en cuanto a las expectativas reglamentarias en relación con dichos sistemas multilaterales. A fin de aportar claridad a los participantes en el mercado, salvaguardar la igualdad de condiciones de competencia, mejorar el funcionamiento del mercado interior y garantizar una aplicación uniforme del requisito de que los sistemas híbridos solo realicen actividades de negociación multilateral cuando estén autorizados como mercados regulados, SMN o SOC, el contenido del artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE debe trasladarse de la Directiva 2014/65/UE al Reglamento (UE) n.º 600/2014. Habida cuenta de la eliminación de los sistemas multilaterales del ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE y su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014, conviene también trasladar la definición de «sistema multilateral» a dicho Reglamento.
• (5) El artículo 2, apartado 1, letra d), inciso ii), de la Directiva 2014/65/UE exime a las personas que negocian por cuenta propia de la obligación de obtener una autorización como empresa de servicios de inversión o entidad de crédito, a menos que dichas personas sean miembros o participantes de un mercado regulado o un SMN o tengan acceso electrónico directo a un centro de negociación. Las entidades no financieras que sean miembros o participantes de un mercado regulado o un SMN con el fin de ejecutar operaciones con respecto a la gestión de la liquidez o con el fin de reducir los riesgos vinculados directamente a la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería no deben estar obligadas a obtener autorización como empresas de servicios de inversión, ya que tal requisito sería desproporcionado. Por lo que respecta al acceso electrónico directo a un centro de negociación, el artículo 17, apartado 5, y el artículo 48, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE exigen que los proveedores de acceso electrónico directo sean empresas de servicios de inversión o entidades de crédito autorizadas. Las empresas de servicios de inversión o las entidades de crédito que proporcionan acceso electrónico directo son responsables de garantizar que sus clientes cumplen los requisitos establecidos en el artículo 17, apartado 5, y el artículo 48, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE. Esa función de guardián es eficaz y hace innecesario que los clientes del proveedor de acceso electrónico directo, en particular, las personas que negocian por cuenta propia, queden sometidos a lo dispuesto en la Directiva 2014/65/UE. Además, la supresión de ese requisito contribuiría a la igualdad de condiciones de competencia entre las personas que estén establecidas en la Unión, por una parte, y las personas establecidas en un tercer país que accedan a los centros de la Unión a través de un acceso electrónico directo, para los que la Directiva 2014/65/UE no requiere una autorización, por otra.
• (6) El artículo 18, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE exige que los SMN y los SOC cuenten con al menos tres miembros o usuarios efectivamente activos. Dicho requisito debe aplicarse a todos los sistemas multilaterales. Por lo tanto, debe ampliarse a los mercados regulados.
• (7) La Directiva 2014/65/UE establece que una empresa de servicios de inversión se considera internalizador sistemático únicamente cuando se considera que ejerce sus actividades con carácter organizado, frecuente, sistemático y sustancial o cuando decida optar por el régimen de internalizador sistemático. El carácter frecuente, sistemático y sustancial se determina con criterios cuantitativos. Esto ha provocado una carga excesiva en las empresas de servicios de inversión obligadas a realizar la evaluación, así como en la AEVM, que está obligada a publicar datos a efectos de la evaluación. Por consiguiente, la evaluación sobre la base de dichos criterios debe sustituirse por una evaluación cualitativa. Teniendo en cuenta que el Reglamento (UE) n.º 600/2014 se modifica para excluir a los internalizadores sistemáticos del ámbito de aplicación de los requisitos de transparencia prenegociación aplicables a los instrumentos distintos de acciones y de instrumentos asimilados, la evaluación cualitativa de los internalizadores sistemáticos debe aplicarse únicamente a los instrumentos de capital. No obstante, una empresa de servicios de inversión debe poder optar por convertirse en internalizador sistemático de instrumentos distintos de acciones y de instrumentos asimilados.
• (8) El artículo 27, apartados 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE recoge la obligación de que los centros de ejecución publiquen informes con una lista de datos detallados relativos a la obligación de ejecutar las órdenes en las condiciones más ventajosas para el cliente (en lo sucesivo, «ejecución óptima»). Las pruebas y las reacciones de las partes interesadas han demostrado que dichos informes rara vez se leen y que no permiten a los inversores ni a otros usuarios realizar comparaciones significativas sobre la base de la información que se facilita en ellos. Como consecuencia, la Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) suspendió el requisito de información conforme al artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE durante dos años para que fuera objeto de revisión. El Reglamento (UE) 2024/791 modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 para eliminar los obstáculos que han impedido el establecimiento de un sistema de información consolidada. Los datos que se espera que difunda el sistema de información consolidada son el mejor precio comprador o vendedor europeo, la información posnegociación relativa a las operaciones en acciones y fondos de inversión cotizados, y la información posnegociación sobre todas las operaciones en bonos y obligaciones y derivados extrabursátiles. Esa información puede utilizarse para demostrar la ejecución óptima. Por consiguiente, el requisito de información establecido en el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2014/65/UE ya no será pertinente y debe eliminarse.
• (9) El artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE también contiene disposiciones más generales relativas a la ejecución óptima. Sin embargo, las diferentes interpretaciones de dicho artículo por parte de las autoridades nacionales competentes han dado lugar a enfoques divergentes respecto a la aplicación de los requisitos de ejecución óptima y de la supervisión de las prácticas de mercado. Esta divergencia es especialmente evidente en las diferentes formas en que se regulan en toda la Unión las prácticas relativas a la recepción de pagos por el flujo de órdenes. El Reglamento (UE) 2024/791 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 prohíbe a las empresas de servicios de inversión la recepción de dichos pagos en el conjunto de la Unión. Sin embargo, los comentarios de los reguladores y las partes interesadas han puesto de manifiesto que los requisitos de ejecución óptima para los clientes profesionales también podrían beneficiarse de una mayor claridad. Por consiguiente, la AEVM debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación sobre los criterios que deben tenerse en cuenta a efectos de determinar y evaluar la eficacia de la política de ejecución de órdenes con arreglo al artículo 27, apartados 5 y 7, de la Directiva 2014/65/UE, teniendo en cuenta la diferencia entre clientes minoristas y profesionales.
• (10) El correcto funcionamiento de un sistema de información consolidada depende de la calidad de los datos que reciba el proveedor de información consolidada. El Reglamento (UE) n.º 600/2014 establece los requisitos de calidad de los datos que deben respetar los contribuidores del sistema de información consolidada. A fin de garantizar que las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado que gestionen un SMN o un SOC y los mercados regulados cumplan efectivamente esos requisitos, los Estados miembros deben exigir que dichas empresas de servicios de inversión, organismos rectores del mercado y mercados regulados dispongan de los mecanismos necesarios para hacerlo.
• (11) La recepción de datos de alta calidad reviste la máxima importancia para el funcionamiento del sistema de información consolidada y del mercado interior y exige a todos los contribuidores de datos y al proveedor de información consolidada que añadan un sello temporal a sus datos de forma sincronizada y sincronicen así sus relojes comerciales. El Reglamento (UE) 2024/791 modifica, por lo tanto, el Reglamento (UE) n.º 600/2014 para ampliar ese requisito, que con arreglo a la Directiva 2014/65/UE solo se aplica a los centros de negociación y sus miembros, participantes o usuarios, a los internalizadores sistemáticos, a las entidades de publicación s designadas, a los agentes de publicación autorizados y a los proveedores de información consolidada. Dado que ese requisito se establece ahora en el Reglamento (UE) n.º 600/2014, puede suprimirse de la Directiva 2014/65/UE.
• (12) En el marco que regula los mercados de instrumentos financieros de la Unión, se supervisan muchos de los requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 y se imponen sanciones y medidas a nivel nacional, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Directiva 2014/65/UE. El Reglamento (UE) 2024/791 modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 para incluir nuevas normas sobre el mecanismo de limitación del volumen, sobre las contribuciones obligatorias de datos al proveedor de información consolidada, sobre las normas de calidad de los datos a las que están sujetas los contribuidores y sobre la prohibición de recibir pagos por el flujo de órdenes. Dado que las autoridades nacionales son responsables de la supervisión de las entidades pertinentes, esos nuevos requisitos sustantivos deben añadirse a la lista de la Directiva 2014/65/UE de las disposiciones para las que los Estados miembros deben establecer sanciones a nivel nacional.
• (13) La Directiva 2014/65/UE contiene normas que obligan a los centros de negociación a aplicar mecanismos destinados a limitar la volatilidad excesiva en los mercados, en particular las interrupciones de la negociación y las bandas de precios. Sin embargo, las circunstancias extremas a las que han estado sometidos los mercados de derivados energéticos y de derivados sobre materias primas a lo largo de la crisis energética de 2022 han conducido a un examen más exhaustivo de estos mecanismos y han puesto de manifiesto la falta de transparencia respecto a la activación de dichos mecanismos por parte de los centros de negociación pertinentes de la Unión, como se destaca en la respuesta de 22 de septiembre de 2022 de la AEVM a la petición de asesoramiento de la Comisión para hacer frente a la excesiva volatilidad de los mercados de derivados energéticos. Los participantes en el mercado se beneficiarían de una mayor información y transparencia sobre las circunstancias que conducen a la interrupción o limitación de la negociación y sobre los principios que los mercados regulados deben tener en cuenta para establecer los principales parámetros técnicos para interrumpir o limitar la negociación. La AEVM debe establecer, mediante proyectos de normas técnicas de regulación, los principios que los mercados regulados deben tener en cuenta para establecer los principales parámetros técnicos para interrumpir o limitar la negociación. Dada la importancia de garantizar una negociación ordenada, los mercados regulados deben mantener una amplia discrecionalidad con respecto a qué mecanismos utilizar y qué parámetros deben establecerse para dichos mecanismos. Además, las autoridades nacionales competentes deben hacer un seguimiento cuidadoso del uso de dichos mecanismos por parte de los centros de negociación y hacer uso de sus facultades de supervisión cuando proceda.
• (14) Tras la crisis energética de 2022, el incremento y mayor frecuencia de los ajustes de los márgenes de garantía y la extrema volatilidad consiguientes, está justificada una evaluación exhaustiva de la idoneidad del marco general para los mercados de derivados sobre materias primas, para los mercados sobre derechos de emisión y para los mercados de derivados sobre derechos de emisión. Dicha evaluación debe tener un enfoque estratégico y tener en cuenta la liquidez y el correcto funcionamiento de los mercados de derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados sobre derechos de emisión en la Unión, a fin de garantizar que el marco que regule dichos mercados sea adecuado para su finalidad con el objetivo de facilitar la transición energética y garantizar la seguridad alimentaria y la capacidad de los mercados para resistir perturbaciones externas. Al llevar a cabo su análisis, la Comisión debe tener también en cuenta que los mercados de derivados sobre materias primas desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que los participantes en el mercado puedan gestionar adecuadamente los riesgos de sus actividades empresariales y que la fijación de los parámetros adecuados es muy importante para garantizar que la Unión disponga de mercados de derivados sobre materias primas líquidos y competitivos que garanticen la autonomía estratégica abierta de la Unión y la consecución del Pacto Verde Europeo. Teniendo en cuenta estos objetivos, la Comisión debe evaluar, en primer lugar, si los regímenes de límites a las posiciones y los controles de gestión de las posiciones han propiciado la prevención del abuso de mercado y el apoyo a unas condiciones de fijación de precios y liquidación ordenadas. Dicha evaluación también debe determinar en qué medida los incipientes mercados de derivados energéticos han podido desarrollarse en la Unión.

  En segundo lugar, la Comisión debe evaluar los criterios para determinar cuándo debe considerarse que una actividad es auxiliar de la actividad principal a nivel de grupo, teniendo en cuenta la liquidez general y el funcionamiento ordenado de los mercados de derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados sobre derechos de emisión. Las empresas energéticas están asumiendo cada vez más el papel de creadores de mercado en los mercados de derivados energéticos. Por consiguiente, la Comisión debe tener en cuenta el impacto global de la exención de las actividades auxiliares examinando no solo la autorización, sino también el impacto de los requisitos prudenciales establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y de las obligaciones de compensación, constitución de márgenes y garantías establecidas en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) . En tercer lugar, la Comisión debe evaluar en qué medida los datos de las operaciones en los mercados de derivados sobre materias primas o de derivados sobre derechos de emisión podrían recogerse en una entidad recopiladora única y armonizarse en los Reglamentos (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta al número de campos de datos, formato, tecnologías de remisión, procesos de reconocimiento técnico y receptores de datos. La entidad recopiladora única podría ser el proveedor de información consolidada en el caso de los derivados. La Comisión debe evaluar qué datos de operaciones serían pertinentes para el público y cómo se difundirían mejor dichos datos.

• (15) La Comisión debe estar facultada para adoptar las normas técnicas de regulación elaboradas por la AEVM en lo que respecta a: los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer y evaluar la eficacia de la política de ejecución de órdenes; los principios que deben tener en cuenta los mercados regulados a la hora de establecer sus mecanismos para interrumpir o limitar la negociación; y la información que los mercados regulados deben difundir sobre las circunstancias que dan lugar a la interrupción o limitación de la negociación, incluidos los parámetros para interrumpirla, que los mercados regulados deben comunicar a las autoridades competentes. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y con arreglo a los artículos 10 a14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
• (16) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar la transparencia en los mercados de instrumentos financieros e impulsar la competitividad internacional de los mercados de capitales de la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (17) Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2014/65/UE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: