Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
• T蚑ULO I.�Nombramiento y ejercicio del alto cargo
  • Art韈ulo 2燦ombramiento
  • Art韈ulo 3燛jercicio del alto cargo
  • Art韈ulo 4燫間imen retributivo
  • Art韈ulo 5燩rotecci髇 social
  • Art韈ulo 6燙ompensaci髇 tras el cese
  • Art韈ulo 7營ncompatibilidad de retribuciones
  • Art韈ulo 8燫ecursos humanos y materiales
  • Art韈ulo 9燚iligencia debida respecto de las actuaciones de los altos cargos
  • Art韈ulo 10燨bligaci髇 de formaci髇
• T蚑ULO II.�R間imen de conflictos de intereses y de incompatibilidades
  • Art韈ulo 11燚efinici髇 de conflicto de intereses
  • Art韈ulo 12燬istema de alerta para la detecci髇 temprana de conflictos de intereses
  • Art韈ulo 13燚edicaci髇 exclusiva al cargo
  • Art韈ulo 14燣imitaciones patrimoniales en participaciones societarias
  • Art韈ulo 15燣imitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese
  • Art韈ulo 16燚eclaraci髇 de actividades
  • Art韈ulo 17燚eclaraci髇 de bienes y derechos
  • Art韈ulo 18燙ontrol y gesti髇 de valores y activos financieros
• T蚑ULO III.�觬ganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado
  • Art韈ulo 19燨ficina de Conflictos de Intereses
  • Art韈ulo 20燙olaboraci髇 con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de incompatibilidades
  • Art韈ulo 21燫egistros
  • Art韈ulo 22營nformaci髇 proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses
  • Art韈ulo 23燛xamen de la situaci髇 patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato
  • Art韈ulo 24燛laboraci髇 del informe de comprobaci髇 de la situaci髇 patrimonial
• T蚑ULO IV.�R間imen sancionador
  • Art韈ulo 25營nfracciones
  • Art韈ulo 26燬anciones
  • Art韈ulo 27犛rganos competentes
  • Art韈ulo 28燩rescripci髇 de infracciones y sanciones
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燫間imen jur韉ico de otros altos cargos del sector p鷅lico estatal
  • Disposici髇 adicional segunda燫eferencias normativas
  • Disposici髇 adicional tercera燙omparecencia ante el Congreso de los Diputados
  • Disposici髇 adicional cuarta
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 final segunda燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. La presente ley tiene por objeto establecer el r間imen jur韉ico aplicable a quienes ejercen un alto cargo en la Administraci髇 General del Estado y en las entidades del sector p鷅lico estatal.

2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos:

• a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado.
• b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut髇omas y en Ceuta y Melilla; los Delegados del Gobierno en entidades de Derecho P鷅lico; y los jefes de misi髇 diplom醫ica permanente, as� como los jefes de representaci髇 permanente ante organizaciones internacionales.
• c) Los Secretarios Generales T閏nicos, Directores Generales de la Administraci髇 General del Estado y asimilados.
• d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector p鷅lico estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administraci髇 General del Estado que tengan la condici髇 de m醲imos responsables y cuyo nombramiento se efect鷈 por decisi髇 del Consejo de Ministros o por sus propios 髍ganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores con rango de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario General del Consejo Econ髆ico y Social.
• e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, as� como el Presidente y los miembros de los 髍ganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisi髇.
• f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos reguladores y de supervisi髇.
• g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector p鷅lico estatal, cualquiera que sea su denominaci髇, cuyo nombramiento se efect鷈 por el Consejo de Ministros, con excepci髇 de aquellos que tengan la consideraci髇 de Subdirectores Generales y asimilados.

3. No tendr� la consideraci髇 de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna funci髇 o representaci髇 p鷅lica y no tenga en ese momento la condici髇 de alto cargo.

Art韈ulo 2 Nombramiento

1. El nombramiento de los altos cargos se har� entre personas id髇eas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislaci髇 espec韋ica. Son id髇eos quienes re鷑en honorabilidad y la debida formaci髇 y experiencia en la materia, en funci髇 del cargo que vayan a desempe馻r. La idoneidad ser� apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.

2. Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido:

• a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya cumplido la condena.
• b) Condenados por sentencia firme por la comisi髇 de delitos de falsedad; contra la libertad; contra el patrimonio y orden socioecon髆ico, la Constituci髇, las instituciones del Estado, la Administraci髇 de Justicia, la Administraci髇 P鷅lica, la Comunidad Internacional; de traici髇 y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el orden p鷅lico, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados.
• c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya concluido el per韔do de inhabilitaci髇 fijado en la sentencia de calificaci髇 del concurso.
• d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo p鷅lico, durante el tiempo que dure la sanci髇, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal y administrativa.
• e) Los sancionados por la comisi髇 de una infracci髇 muy grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, durante el periodo que fije la resoluci髇 sancionadora.

La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones. La falta de honorabilidad sobrevenida ser� causa de cese a estos efectos y, en los supuestos en que el alto cargo s髄o puede ser cesado por determinadas causas tasadas, ser� considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a trav閟 del correspondiente procedimiento.

3. El curr韈ulum v韙ae de los altos cargos se publicar�, tras su nombramiento, en el portal web del 髍gano, organismo o entidad en el que preste sus servicios.

4. En la valoraci髇 de la formaci髇 se tendr醤 en cuenta los conocimientos acad閙icos adquiridos y en la valoraci髇 de la experiencia se prestar� especial atenci髇 a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempe馻dos, que guarden relaci髇 con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra.

5. El alto cargo deber� suscribir una declaraci髇 responsable en la que manifestar�, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentaci髇 que as� lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto.

Esta declaraci髇 responsable, cumplimentada de acuerdo con el modelo dise馻do por la Oficina de Conflictos de Intereses, ser� remitida a la mencionada Oficina por el alto cargo. Asimismo, el alto cargo remitir� a la Oficina de Conflictos de Intereses, si 閟ta se lo solicita, la documentaci髇 que acredite el cumplimiento de los requisitos de idoneidad conforme a la declaraci髇 responsable suscrita.

6. Por ley podr醤 establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la Administraci髇 General del Estado para los que sean precisas especiales cualificaciones profesionales, respetando, en todo caso, el principio de igualdad consagrado en la Constituci髇.

El nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales T閏nicos que presten sus servicios en la Administraci髇 General del Estado deber� realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades aut髇omas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. Esta disposici髇 es tambi閚 de aplicaci髇 al nombramiento de los Directores Generales, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atenci髇 a las caracter韘ticas espec韋icas de las funciones de la Direcci髇 General, su titular no re鷑a dicha condici髇 de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales caracter韘ticas que justifiquen esa circunstancia excepcional.

7. Todos los 髍ganos, organismos y entidades del sector p鷅lico estatal, de Derecho P鷅lico o Privado, deber醤 informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de los nombramientos de altos cargos que efect鷈n en el plazo de siete d韆s a contar desde el nombramiento.

8. Las entidades p鷅licas o privadas con representaci髇 del sector p鷅lico en sus 髍ganos de administraci髇 o de gobierno, comunicar醤 a la Oficina de Conflictos de Intereses las designaciones de personas que, conforme a lo dispuesto en esta ley tengan la condici髇 de alto cargo.

Art韈ulo 3 Ejercicio del alto cargo

1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, adem醩 de a las disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, especialmente a los siguientes principios:

• a) Inter閟 general: servir醤 con objetividad a los intereses generales.
• b) Integridad: actuar醤 con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses.
• c) Objetividad: adoptar醤 sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisi髇 con este principio.
• d) Transparencia y responsabilidad: adoptar醤 sus decisiones de forma transparente y ser醤 responsables de las consecuencias derivadas de su adopci髇.
• e) Austeridad: gestionar醤 los recursos p鷅licos con eficiencia y racionalizando el gasto.

2. Los principios enunciados en el apartado anterior informar醤 la normativa aplicable al ejercicio de las funciones y la actividad de los altos cargos. Servir醤 asimismo de criterios interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras. Su desarrollo y las responsabilidades inherentes a su eventual incumplimiento se regular醤 por las normas vigentes sobre buen gobierno en su correspondiente 醡bito de aplicaci髇.

Art韈ulo 4 R間imen retributivo

1. Las retribuciones de los altos cargos ser醤 p鷅licas en los t閞minos previstos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se fijar醤 de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y dentro de los l韒ites previstos en el presupuesto que les resulte aplicable.

2. Quienes ejerzan un alto cargo y ostenten la condici髇 de funcionarios de carrera, en el supuesto de que sean declarados en la situaci髇 administrativa de servicios especiales, podr醤 seguir percibiendo las retribuciones que legalmente les correspondan por antig黣dad, en los t閞minos y con el alcance que prevea para esta situaci髇 administrativa la legislaci髇 de funci髇 p鷅lica que les resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 5 Protecci髇 social

1. Quienes, siendo funcionarios de carrera en servicio activo, sean nombrados para alguno de los altos cargos regulados en esta ley que no requieran ser desempe馻dos necesariamente por funcionarios p鷅licos, pasando a la situaci髇 de servicios especiales, mantendr醤 durante dicha situaci髇 el mismo r間imen de protecci髇 social que hubieran tenido como funcionarios de carrera en servicio activo, con los mismos derechos y obligaciones. Recaer� sobre el Departamento, 髍gano, organismo o entidad al que est� adscrito presupuestariamente el alto cargo la obligaci髇 de cotizar y las dem醩 que, en el respectivo r間imen, correspondan al empleador o Administraci髇 p鷅lica, salvo que, excepcionalmente, las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no puedan, por causa legal, ser percibidas con cargo a presupuestos correspondientes al cargo desempe馻do y deban ser abonados por el Departamento, 髍gano, organismo o entidad en el que desempe馻ban su 鷏timo puesto como funcionarios en servicio activo, en cuyo caso el abono de la cotizaci髇 correspondiente a dicha retribuci髇 deber� efectuarse tambi閚 por este 鷏timo.

2. Quienes, inmediatamente antes de ser nombrados para alguno de los altos cargos a que se refiere esta ley, no tengan la condici髇 de funcionarios de carrera en servicio activo, quedar醤 incluidos en el R間imen General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el r間imen o sistema de protecci髇 social en el que hubieran estado incluidos, en su caso, hasta ese momento.

3. El ejercicio de un alto cargo no generar� derecho a percibir pensi髇 alguna o complementaria de pensi髇 distintas de las previstas en el sistema de Seguridad Social o de Clases Pasivas. El l韒ite m醲imo de las pensiones a percibir por los altos cargos estar� sujeto a los mismos l韒ites fijados para las pensiones p鷅licas.

Art韈ulo 6 Compensaci髇 tras el cese

1. Quienes, de acuerdo con la normativa que sea de aplicaci髇, tengan reconocido tal derecho, percibir醤 una compensaci髇 econ髆ica mensual, durante un per韔do m醲imo de dos a駉s y de acuerdo a lo dispuesto en el art韈ulo siguiente.

2. La Oficina de Conflictos de Intereses supervisar� que durante el per韔do en que se perciba la compensaci髇 mencionada en el apartado primero se mantienen las condiciones que motivaron su reconocimiento.

3. El r間imen aplicable a los presidentes del Gobierno a partir del momento de su cese ser� el previsto en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno.

Art韈ulo 7 Incompatibilidad de retribuciones

1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepci髇 econ髆ica prevista con ocasi髇 del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector p鷅lico son incompatibles con cualquier retribuci髇 con cargo a los Presupuestos de las Administraciones P鷅licas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los 髍ganos constitucionales o que resulte de la aplicaci髇 de arancel, as� como con cualquier retribuci髇 que provenga de una actividad privada, con excepci髇 de las previstas en el art韈ulo 13.2.c).

A estos efectos, se considera tambi閚 actividad en el sector p鷅lico la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades aut髇omas y de las entidades locales, por los altos cargos y restante personal de los 髍ganos constitucionales y de todas las Administraciones P鷅licas, incluida la Administraci髇 de Justicia.

2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepci髇 econ髆ica al cese ser醤 asimismo incompatibles con la percepci髇 de la pensi髇 de jubilaci髇 o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier r間imen de Seguridad Social p鷅lico y obligatorio.

3. Quienes cesen en los puestos que tengan previstas las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepci髇 econ髆ica a que se refieren los apartados 1 y 2 tendr醤 un plazo de quince d韆s h醔iles, a contar desde que concurra la incompatibilidad, para comunicar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en el caso del sector p鷅lico estatal, o al 髍gano competente de la Administraci髇 auton髆ica o local, su opci髇 entre la percepci髇 de las mismas o el desempe駉 de una actividad p鷅lica o privada retribuida o, en su caso, percepci髇 de la pensi髇 de jubilaci髇 o retiro.

Si se opta por la percepci髇 de las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepci髇 econ髆ica a que se refieren los apartados 1 y 2, no se podr� ejercer una actividad econ髆ico p鷅lica o privada retribuida aunque se renuncie a su retribuci髇.

La opci髇 por el desempe駉 de una actividad p鷅lica o privada retribuida o por la pensi髇 de jubilaci髇 o retiro, que se formalizar� por escrito para su adecuada constancia, implica la renuncia a las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepci髇 econ髆ica prevista con ocasi髇 del cese.

Art韈ulo 8 Recursos humanos y materiales

1. Quienes ejerzan un alto cargo gestionar醤 los recursos humanos, econ髆icos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.

2. La utilizaci髇 de veh韈ulos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estar� vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempe駉 de sus funciones. Reglamentariamente se desarrollar醤 los criterios de utilizaci髇 de estos veh韈ulos.

La prestaci髇 de otros servicios que, en su caso, puedan ser llevados a cabo por veh韈ulos oficiales deber� realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempe馻do y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos p鷅licos.

El cr閐ito presupuestario de los gastos de representaci髇 y atenciones protocolarias s髄o podr� utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempe駉 de las funciones del alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administraci髇 y no existan para ellos cr閐itos espec韋icos en otros conceptos. No podr� abonarse con cargo a ellos ning鷑 tipo de retribuci髇, en met醠ico o en especie, para el alto cargo.

Cuando se incurra en los gastos mencionados en el p醨rafo anterior, deber� atenderse a los l韒ites que se hayan fijado, que en ning鷑 caso podr醤 ser objeto de ampliaci髇. Asimismo, deber醤 ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempe駉 de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.

La Administraci髇 no pondr� a disposici髇 del alto cargo tarjetas de cr閐ito con el objeto de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representaci髇. Excepcionalmente, cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero y previa acreditaci髇 de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podr� autorizarse su utilizaci髇, sometida al correspondiente control administrativo.

Art韈ulo 9 Diligencia debida respecto de las actuaciones de los altos cargos

Quienes ejerzan un alto cargo tendr醤 la consideraci髇 de personas con responsabilidad p鷅lica a los efectos del art韈ulo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

Art韈ulo 10 Obligaci髇 de formaci髇

1. Los altos cargos deben conocer las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus funciones. La Oficina de Conflictos de Intereses comunicar� al alto cargo sus obligaciones tras su toma de posesi髇.

2. La Oficina de Conflictos de Intereses podr� proponer a los centros de formaci髇 iniciativas formativas para los altos cargos en materia de conflictos de intereses y buen gobierno.

Art韈ulo 11 Definici髇 de conflicto de intereses

1. Los altos cargos servir醤 con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

2. Se entiende que un alto cargo est� incurso en conflicto de intereses cuando la decisi髇 que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza econ髆ica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos.

Se consideran intereses personales:

• a) Los intereses propios.
• b) Los intereses familiares, incluyendo los de su c髇yuge o persona con quien conviva en an醠oga relaci髇 de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
• c) Los de las personas con quien tenga una cuesti髇 litigiosa pendiente.
• d) Los de las personas con quien tengan amistad 韓tima o enemistad manifiesta.
• e) Los de personas jur韉icas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relaci髇 laboral o profesional de cualquier tipo en los dos a駉s anteriores al nombramiento.
• f) Los de personas jur韉icas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) est閚 vinculados por una relaci髇 laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de direcci髇, asesoramiento o administraci髇.

Art韈ulo 12 Sistema de alerta para la detecci髇 temprana de conflictos de intereses

1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo est�, debe abstenerse de tomar la decisi髇 afectada por ellos.

2. Los altos cargos que tengan la condici髇 de autoridad se abstendr醤 de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses personales, definidos en el art韈ulo 11, concurran las causas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. Asimismo, podr醤 ser recusados en los t閞minos previstos en la mencionada ley.

La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con la informaci髇 suministrada por el alto cargo en su declaraci髇 de actividades y, en su caso, la que pueda serle requerida, le informar� de los asuntos o materias sobre los que, con car醕ter general, deber� abstenerse durante el ejercicio de su cargo.

3. Los 髍ganos, organismos o entidades en los que presten servicios altos cargos que no tengan la condici髇 de autoridad deben aplicar procedimientos adecuados para detectar posibles conflictos de inter閟 y para que, cuando est閚 incursos en estos conflictos, se abstengan o puedan ser recusados de su toma de decisi髇. Estos procedimientos y el resultado de su aplicaci髇 deber醤 ser comunicados anualmente a la Oficina de Conflictos de Intereses.

4. La abstenci髇 del alto cargo se producir� por escrito y se notificar� a su superior inmediato o al 髍gano que lo design�. En todo caso, esta abstenci髇 ser� comunicada por el alto cargo en el plazo de un mes al Registro de Actividades de altos cargos para su constancia.

En caso de que la abstenci髇 se produjera durante la reuni髇 de un 髍gano colegiado, su constancia en acta equivaldr� a la comunicaci髇 al superior inmediato o al 髍gano que lo design�. La comunicaci髇 al Registro de Actividades de altos cargos ser� realizada por el secretario del 髍gano colegiado.

5. El alto cargo podr� formular en cualquier momento a la Oficina de Conflictos de Intereses cuantas consultas estime necesarias sobre la procedencia de abstenerse en asuntos concretos.

Art韈ulo 13 Dedicaci髇 exclusiva al cargo

1. Los altos cargos ejercer醤 sus funciones con dedicaci髇 exclusiva y no podr醤 compatibilizar su actividad con el desempe駉, por s�, o mediante sustituci髇 o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representaci髇, profesi髇 o actividad, sean de car醕ter p鷅lico o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podr醤 percibir cualquier otra remuneraci髇 con cargo a los presupuestos de las Administraciones p鷅licas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepci髇 que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simult醤ea.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones siguientes:

• a) El ejercicio de las funciones de un alto cargo ser� compatible con las siguientes actividades p鷅licas:
  • 1.� El desempe駉 de los cargos que les correspondan con car醕ter institucional, de aquellos para los que sean comisionados por el Gobierno, o de los que fueran designados por su propia condici髇.
  • 2.� El desarrollo de misiones temporales de representaci髇 ante otros Estados, o ante organizaciones o conferencias internacionales.
  • 3.� El desempe駉 de la presidencia de las sociedades a las que se refiere el art韈ulo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, cuando la naturaleza de los fines de la sociedad guarden conexi髇 con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo, as� como la representaci髇 de la Administraci髇 General del Estado en los 髍ganos colegiados, directivos o consejos de administraci髇 de organismos o empresas con capital p鷅lico o de entidades de Derecho P鷅lico.

    No se podr� pertenecer a m醩 de dos consejos de administraci髇 de dichos organismos, empresas, sociedades o entidades, salvo que lo autorice el Consejo de Ministros. Ser� precisa tambi閚 esta autorizaci髇 para permitir a un alto cargo de los incluidos en esta ley ejercer la presidencia de las sociedades a que se refiere el p醨rafo anterior.

    En los supuestos previstos en los p醨rafos anteriores, los altos cargos no podr醤 percibir remuneraci髇, con excepci髇 de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas ser醤 ingresadas directamente por el organismo, ente o empresa en el Tesoro P鷅lico.

  • 4.� El desempe駉 de las actividades ordinarias de investigaci髇 propias del organismo o instituci髇 en el que ejercen sus funciones, sin percibir en tales casos remuneraci髇 por ello. Esta excepci髇 comprende las tareas de producci髇 y creaci髇 literaria, art韘tica, cient韋ica o t閏nica y las publicaciones derivadas de aqu閘las.
• b) Los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado podr醤 compatibilizar su actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales en los t閞minos previstos en la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General. No obstante, no podr醤 percibir remuneraciones m醩 que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan legalmente.
• c) El ejercicio de un puesto de alto cargo ser� s髄o compatible con las siguientes actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su funci髇, sin perjuicio de la jerarqu韆 administrativa:
  • 1.� Las de mera administraci髇 del patrimonio personal o familiar con las limitaciones establecidas en la presente ley.
  • 2.� Las de producci髇 y creaci髇 literaria, art韘tica, cient韋ica o t閏nica y las publicaciones derivadas de aqu閘las, as� como la colaboraci髇 y la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de car醕ter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relaci髇 de empleo o de prestaci髇 de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
  • 3.� La participaci髇 en entidades culturales o ben閒icas que no tengan 醤imo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ning鷑 tipo de retribuci髇, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempe駉 de su funci髇 les ocasione conforme a lo previsto en el art韈ulo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r間imen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Art韈ulo 14 Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias

1. Los altos cargos no podr醤 tener, por s� o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector p鷅lico estatal, auton髆ico o local, o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administraci髇 P鷅lica.

A los efectos previstos en este art韈ulo, se considera persona interpuesta la persona f韘ica o jur韉ica que act鷄 por cuenta del alto cargo.

Lo dispuesto en el p醨rafo anterior ser� tambi閚 de aplicaci髇 al caso en que la empresa en la que participen sea subcontratista de otra que tenga contratos de cualquier naturaleza con el sector p鷅lico estatal, auton髆ico o local siempre que la subcontrataci髇 se haya producido con el adjudicatario del contrato con la Administraci髇 en la que el alto cargo preste servicios y en relaci髇 con el objeto de ese contrato.

En el caso en que, de forma sobrevenida, se haya producido la causa descrita en el p醨rafo anterior, el alto cargo deber� notificarlo a la Oficina de Conflictos de Intereses, quien deber� informar sobre las medidas a adoptar para garantizar la objetividad en la actuaci髇 p鷅lica.

2. En el supuesto de las sociedades an髇imas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibici髇 afectar� a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posici髇 en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuaci髇.

3. Cuando la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo poseyera una participaci髇 en los t閞minos a los que se refieren los apartados anteriores, tendr� que enajenar o ceder a un tercero independiente, entendiendo como tal a un sujeto en el que no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1, las participaciones y los derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo de tres meses, contados desde el d韆 siguiente a su nombramiento. Si la participaci髇 se adquiriera por sucesi髇 hereditaria u otro t韙ulo gratuito durante el ejercicio del cargo, la enajenaci髇 o cesi髇 tendr韆 que producirse en el plazo de tres meses desde su adquisici髇.

Dicha enajenaci髇 o cesi髇, as� como la identificaci髇 del tercero independiente, ser� declarada a los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales y deber� contar con el informe favorable previo de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Art韈ulo 15 Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese

1. Los altos cargos, durante los dos a駉s siguientes a la fecha de su cese, no podr醤 prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibici髇 se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario.

2. Quienes sean alto cargo por raz髇 de ser miembros o titulares de un 髍gano u organismo regulador o de supervisi髇, durante los dos a駉s siguientes a su cese, no podr醤 prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisi髇 o regulaci髇.

A estos efectos, se entender醤 en todo caso incluidos los altos cargos de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, la Comisi髇 Nacional de los Mercados y de la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear.

3. Se entiende que un alto cargo participa en la adopci髇 de una decisi髇 que afecta a una entidad:

• a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de 閘 o los titulares de sus 髍ganos dependientes, por delegaci髇 o sustituci髇, suscriba un informe preceptivo, una resoluci髇 administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relaci髇 con la empresa o entidad de que se trate.
• b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentaci髇 de la propuesta correspondiente, en sesiones de 髍ganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisi髇 en relaci髇 con la empresa o entidad.

4. Los altos cargos, regulados por esta ley, que con anterioridad a ocupar dichos puestos p鷅licos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quisieran reincorporarse no incurrir醤 en la incompatibilidad prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan a desempe馻r en ellas lo sea en puestos de trabajo que no est閚 directamente relacionados con las competencias del cargo p鷅lico ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a 閟te.

5. Durante el per韔do de dos a駉s a que se refiere el apartado 1, los altos cargos no podr醤 celebrar por s� mismos o a trav閟 de entidades participadas por ellos directa o indirectamente en m醩 del diez por ciento, contratos de asistencia t閏nica, de servicios o similares con la Administraci髇 P鷅lica en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relaci髇 directa con las funciones que el alto cargo ejerc韆. Las entidades en las que presten servicios deber醤 adoptar durante el plazo indicado procedimientos de prevenci髇 y detecci髇 de situaciones de conflicto de intereses.

6. Quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deber醤 efectuar, durante el per韔do de dos a駉s a que se refiere el apartado 1, ante la Oficina de Conflictos de Intereses, declaraci髇 sobre las actividades que vayan a realizar, con car醕ter previo a su inicio.

7. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses estime que la actividad privada que quiere desempe馻r quien haya ocupado un alto cargo vulnera lo previsto en el apartado 1, se lo comunicar� al interesado y a la entidad a la que fuera a prestar sus servicios, que podr醤 formular las alegaciones que tengan por convenientes.

En el plazo de un mes desde la presentaci髇 a la que se refiere el apartado 6, la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciar� sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicar� al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.

8. Durante los dos a駉s posteriores a la fecha de cese, quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo y reingresen a la funci髇 p鷅lica y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de car醕ter privado, les ser� de aplicaci髇 lo previsto en este art韈ulo.

Art韈ulo 16 Declaraci髇 de actividades

1. Los altos cargos formular醤 al Registro de Actividades de Altos Cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesi髇 o cese, seg鷑 corresponda, una declaraci髇 de las actividades que, por s� o mediante sustituci髇 o apoderamiento, hubieran desempe馻do durante los dos a駉s anteriores a su toma de posesi髇 como alto cargo o las que vayan a iniciar tras su cese. Cada vez que el interesado inicie una nueva actividad econ髆ica durante el per韔do de dos a駉s desde su cese se declarar� al Registro una vez dictada la resoluci髇 prevista en el art韈ulo 15.

2. Para cumplir con lo previsto en el apartado anterior, el alto cargo remitir� al mencionado Registro un certificado de las dos 鷏timas declaraciones anuales presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas.

3. La Oficina de Conflictos de Intereses podr� solicitar al Registro Mercantil, al Registro de Fundaciones y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las comprobaciones que necesite sobre los datos aportados por el alto cargo.

4. El alto cargo podr� autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente y por escrito, a que obtenga informaci髇 directamente de la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria.

V閍se la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual ser� efectiva la obligaci髇 de relacionarse a trav閟 de medios electr髇icos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por R.D. 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electr髇icos (獴.O.E.� 10 enero).LE0000657470_20200418

Art韈ulo 17 Declaraci髇 de bienes y derechos

1. Los altos cargos presentar醤 al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesi髇 y cese, respectivamente, el certificado de su 鷏tima declaraci髇 anual presentada del impuesto sobre el patrimonio, si tienen obligaci髇 de presentarla. Quienes no tengan tal obligaci髇, presentar醤 un formulario cumplimentado equivalente que elaborar� la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboraci髇 con la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria.

2. Los altos cargos aportar醤 una copia de su declaraci髇 del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese. Asimismo, anualmente y mientras dure su nombramiento, aportar醤 copia de la declaraci髇 correspondiente.

3. Junto con la copia de su declaraci髇 del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas correspondiente al ejercicio de inicio tambi閚 se presentar� certificaci髇 de la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias o, en su caso, de las obligaciones tributarias pendientes.

4. El alto cargo podr� autorizar a la Oficina de Conflictos de Intereses, expresamente y por escrito, a que obtenga esta informaci髇 directamente de la Agencia Tributaria.

Art韈ulo 18 Control y gesti髇 de valores y activos financieros

1. Para la gesti髇 y administraci髇 de las acciones u obligaciones admitidas a negociaci髇 en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociaci髇, productos derivados sobre las anteriores, acciones de sociedades que hayan anunciado su decisi髇 de solicitar la admisi髇 a negociaci髇 y participaciones en instituciones de inversi髇 colectiva, los altos cargos deber醤 contratar a una empresa autorizada a prestar servicios de inversi髇. Esta obligaci髇 no ser� exigible cuando la cuant韆 de dichos valores e instrumentos financieros no supere la cantidad de 100.000 euros, calculada por el valor a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta contrataci髇 se mantendr� mientras dure el desempe駉 del alto cargo.

La entidad con la que contraten efectuar� la administraci髇 con sujeci髇 exclusivamente a las directrices generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el contrato, que ser� suscrito de acuerdo con las previsiones de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de inversi髇 de los interesados.

Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la entidad de las obligaciones se馻ladas tendr� la consideraci髇 de infracci髇 muy grave a los efectos del r間imen sancionador que como entidad financiera le sea aplicable.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no ser� de aplicaci髇 cuando los valores o activos financieros de que sea titular el alto cargo sean participaciones en instituciones de inversi髇 colectiva en los que no se tenga una posici髇 mayoritaria o cuando, trat醤dose de valores de entidades distintas, el alto cargo no realice ning鷑 acto de disposici髇 por iniciativa propia y tan s髄o se limite a percibir los dividendos, intereses o retribuciones en especie equivalentes, acudir a ofertas de canje, conversi髇 o p鷅licas de adquisici髇.

3. Los interesados entregar醤 copias de los contratos suscritos a la Oficina de Conflictos de Intereses para su anotaci髇 en los Registros, as� como a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.

Art韈ulo 19 Oficina de Conflictos de Intereses

1. La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, actuar� con plena autonom韆 funcional en el ejercicio de sus funciones.

2. El Director de la Oficina de Conflictos de Intereses, que tendr� rango de Director General, ser� nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de que examine si su experiencia, formaci髇 y capacidad son adecuadas para el cargo.

3. El titular de la Oficina de Conflictos de Intereses y el personal a su servicio tienen el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan por raz髇 de su trabajo en este 髍gano y no podr醤 solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad p鷅lica o privada.

4. Corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses:

• a) Elaborar los informes previstos en esta ley.
• b) La gesti髇 del r間imen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado.
• c) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la Administraci髇 General del Estado el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.
• d) La llevanza y gesti髇 de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos de la Administraci髇 General del Estado, y la responsabilidad de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.
• e) Colaborar, en las materias que le son propias, con 髍ganos de naturaleza an醠oga.

5. La Oficina de Conflictos de Intereses podr� solicitar la informaci髇, los ficheros, archivos o registros de car醕ter p鷅lico y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones y que deber醤 ser proporcionados de conformidad con lo establecido en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y, en su caso, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

V閍se la Res. de 18 de junio de 2019, de la Subsecretar韆, por la que se publica el Convenio entre la Tesorer韆 General de la Seguridad Social y el Ministerio de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los art韈ulos 19 y 20 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 28 junio).LE0000647766_20190629

Art韈ulo 20 Colaboraci髇 con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de incompatibilidades

Todas las entidades, 髍ganos y organismos p鷅licos, as� como las entidades privadas, sin perjuicio de las posibles denuncias que se interpongan, tendr醤 la obligaci髇 de colaborar con la Oficina de Conflictos de Intereses, al objeto de detectar cualquier vulneraci髇 del r間imen de incompatibilidades previsto en esta ley.

En particular, la Oficina de Conflictos de Intereses podr� formular peticiones de informaci髇, al menos con car醕ter trimestral, a los 髍ganos gestores de la Seguridad Social para que compruebe cu醠 es la situaci髇 laboral de quienes han sido cesados.

Art韈ulo 21 Registros

1. Los Registros electr髇icos de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos se alojar醤 en un sistema de gesti髇 documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, as� como la alta seguridad en el acceso y uso de 閟tos.

2. El Registro electr髇ico de Actividades tendr� car醕ter p鷅lico, rigi閚dose por lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en esta ley y en las normas de desarrollo de las leyes citadas.

3. El Registro electr髇ico de Bienes y Derechos Patrimoniales tendr� car醕ter reservado y solo podr醤 tener acceso al mismo adem醩 del propio interesado, los siguientes 髍ganos:

• a) El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos de las C醡aras, as� como las comisiones parlamentarias de investigaci髇 que se constituyan.
• b) Los 髍ganos judiciales para la instrucci髇 o resoluci髇 de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.
• c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigaci髇 en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.

4. Los 髍ganos mencionados en el apartado anterior adoptar醤 las medidas necesarias para mantener el car醕ter reservado de la informaci髇 contenida en el Registro electr髇ico de Bienes y Derechos Patrimoniales, sin perjuicio de la aplicaci髇 de las normas reguladoras de los procedimientos en cuya tramitaci髇 se hubiera solicitado la informaci髇.

5. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y dem醩 Altos Cargos se publicar醤 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, en los t閞minos previstos reglamentariamente. En relaci髇 con los bienes patrimoniales, se publicar� una declaraci髇 comprensiva de la situaci髇 patrimonial de estos Altos Cargos, omiti閚dose aquellos datos referentes a su localizaci髇 y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

Art韈ulo 22 Informaci髇 proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses

1. Para asegurar la transparencia del control del r間imen de incompatibilidades previsto en esta ley, y sin perjuicio de las competencias que se atribuyen a otros 髍ganos, la Oficina de Conflictos de Intereses elevar� al Gobierno cada seis meses, para su remisi髇 al Congreso de los Diputados, un informe sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, as� como de las infracciones que se hayan cometido en relaci髇 con este T韙ulo y de las sanciones que hayan sido impuestas e identificar� a sus responsables.

Dicho informe contendr� datos personalizados de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el n鷐ero de declaraciones recibidas y a qui閚 corresponden, las comunicaciones efectuadas con ocasi髇 del cese y la identificaci髇 de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones.

En el supuesto de que se hubiera resuelto alg鷑 procedimiento sancionador, se remitir� copia de la resoluci髇 a la Mesa del Congreso de los Diputados.

2. El informe regulado en el apartado anterior contendr�, asimismo, informaci髇 agregada, sin referencia a datos de car醕ter personal, sobre el n鷐ero de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el n鷐ero de declaraciones recibidas, n鷐ero de comunicaciones efectuadas con ocasi髇 del cese y n鷐ero de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley. Esta informaci髇 ser� objeto de publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

V閍se la Res. de 22 de julio de 2020, de la Secretar韆 de Estado de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 27 julio).LE0000671781_20200728

V閍se Res. 21爀nero� 2020, de la Secretar韆 de Estado de Funci髇 P鷅lica, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 23 enero).LE0000658274_20200124

V閍se爈a燫es. de 13 de julio de 2019, de la Secretar韆 de Estado de Funci髇 P鷅lica, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 17 julio).LE0000648688_20190718

V閍se la Res. de 29 de diciembre de 2017, de la Secretar韆 de Estado de Funci髇 P鷅lica, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 2 enero 2018).LE0000611725_20180103

V閍se la Res. de 16 de junio de 2017, de la Secretar韆 de Estado de Funci髇 P鷅lica, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el art韈ulo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 22 junio).LE0000600029_20170623

Art韈ulo 23 Examen de la situaci髇 patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato

La situaci髇 patrimonial de los altos cargos ser� examinada por la Oficina de Conflictos de Intereses al finalizar su mandato para verificar los siguientes extremos:

• a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.
• b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideraci髇 los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evoluci髇 de su situaci髇 patrimonial.

Art韈ulo 24 Elaboraci髇 del informe de comprobaci髇 de la situaci髇 patrimonial

1. De acuerdo con lo previsto en el art韈ulo anterior, la Oficina de Conflictos de Intereses, de oficio y en el plazo de tres meses desde su cese, elaborar� un informe en el que se examinar� la situaci髇 patrimonial del alto cargo.

2. Los altos cargos cuya situaci髇 patrimonial sea objeto de examen deber醤 aportar toda la informaci髇 que les sea requerida as� como comunicar todas aquellas circunstancias que sean relevantes para la elaboraci髇 del informe.

3. Con car醕ter previo a su aprobaci髇, se deber� dar traslado al interesado de la propuesta de informe para que, en el plazo de quince d韆s, formule las alegaciones que estime convenientes. Finalizado este plazo, el informe ser� objeto de aprobaci髇 y notificaci髇 a los altos cargos cuya situaci髇 patrimonial haya sido examinada.

4. Si, de los datos y hechos constatados de conformidad el procedimiento mencionado en los apartados anteriores, pudieran derivarse indicios de enriquecimiento injustificado, la Oficina de Conflictos de Intereses podr� solicitar la colaboraci髇 de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria a los efectos de aclarar dicha informaci髇.

Si, concluido lo previsto en el p醨rafo anterior, pudiera derivarse la existencia de responsabilidades administrativas o penales se dar� traslado a los 髍ganos competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.

5. La Oficina de Conflictos de Intereses informar� semestralmente al Gobierno de la actividad que desarrolle en aplicaci髇 de este art韈ulo.

Art韈ulo 25 Infracciones

1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio del r間imen sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se consideran infracciones muy graves:

• a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la presente ley.
• b) La presentaci髇 de declaraciones con datos o documentos falsos.
• c) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el art韈ulo 18 en relaci髇 con la gesti髇 de acciones y participaciones societarias.
• d) El falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo.

2. Se consideran infracciones graves:

• a) La no declaraci髇 de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello.
• b) La omisi髇 deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta ley.
• c) El incumplimiento reiterado del deber de abstenci髇 de acuerdo con lo previsto en esta ley.
• d) La comisi髇 de la infracci髇 leve prevista en el apartado siguiente cuando el autor ya hubiera sido sancionado por id閚tica infracci髇 en los tres a駉s anteriores.

3. Se considera infracci髇 leve la declaraci髇 extempor醤ea de actividades o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el requerimiento que se formule al efecto.

Art韈ulo 26 Sanciones

1. Las infracciones muy graves y graves ser醤 sancionadas con la declaraci髇 del incumplimiento de la ley y su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� una vez haya adquirido firmeza administrativa la resoluci髇 correspondiente.

2. La sanci髇 por infracci髇 muy grave comprender�, adem醩:

• a) La destituci髇 en los cargos p鷅licos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
• b) La p閞dida del derecho a percibir la compensaci髇 tras el cese prevista en el art韈ulo 6 en el caso de que la llevara aparejada.
• c) La obligaci髇 de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en relaci髇 a la compensaci髇 tras el cese.

3. Lo dispuesto en este T韙ulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las dem醩 responsabilidades a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenar� a la Abogac韆 General del Estado que valore el ejercicio de otras posibles acciones que pudieran corresponder as� como, si procede, poner los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado por si pudieran ser constitutivos de delito.

4. Las personas que hayan cometido las infracciones tipificadas como graves o muy graves en esta ley no podr醤 ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 a駉s.

En la graduaci髇 de la medida prevista en el p醨rafo anterior, se atender� a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo en relaci髇 con el procedimiento administrativo sancionador.

5. La infracci髇 leve prevista en el art韈ulo 25.3 se sancionar� con amonestaci髇.

Art韈ulo 27 觬ganos competentes

1. El 髍gano competente para ordenar la incoaci髇 del expediente cuando los altos cargos tengan la condici髇 de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado ser� el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

En los dem醩 supuestos el 髍gano competente para ordenar la incoaci髇 ser� el Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

2. La instrucci髇 de los correspondientes expedientes se realizar� por la Oficina de Conflictos de Intereses.

3. Corresponde al Consejo de Ministros la imposici髇 de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condici髇 de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado. La imposici髇 de sanciones por faltas graves corresponde al Ministro Hacienda y Administraciones P鷅licas. La sanci髇 por faltas leves corresponder� al Secretario de Estado de Administraciones P鷅licas.

4. El procedimiento se ajustar� a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo en relaci髇 con el procedimiento administrativo sancionador.

Art韈ulo 28 Prescripci髇 de infracciones y sanciones

1. El plazo de prescripci髇 de las infracciones previstas en este T韙ulo ser� de cinco a駉s para las infracciones muy graves, tres a駉s para las graves y un a駉 para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisi髇 de infracciones muy graves prescribir醤 a los cinco a駉s, las impuestas por infracciones graves a los tres a駉s y las que sean consecuencia de la comisi髇 de infracciones leves prescribir醤 en el plazo de un a駉.

3. Para el c髆puto de los plazos de prescripci髇 regulados en los dos apartados anteriores, as� como para las causas de su interrupci髇, se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposici髇 adicional primera R間imen jur韉ico de otros altos cargos del sector p鷅lico estatal

Se regir醤 por su normativa espec韋ica los altos cargos del sector p鷅lico estatal que no est閚 incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley, teniendo 閟ta para los mismos car醕ter supletorio en lo que no se establezca expresamente en esa normativa espec韋ica y atendiendo a la naturaleza del organismo en el que aqu閘los presten sus servicios.

Disposici髇 adicional segunda Referencias normativas

Las remisiones a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado contenidas en otras normas se entender醤 referidas a la presente ley.

Disposici髇 adicional tercera Comparecencia ante el Congreso de los Diputados

1. Con car醕ter previo a su nombramiento, el Gobierno pondr� en conocimiento del Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisi髇 correspondiente de la C醡ara, el nombre de los candidatos para los siguientes cargos:

• a) Presidente del Consejo de Estado.
• b) M醲imos responsables en los organismos reguladores o de supervisi髇 incluidos en el art韈ulo 1. 2.e).
• c) Presidente del Consejo Econ髆ico y Social.
• d) Presidente de la Agencia EFE.
• e) Director de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

2. La Comisi髇 parlamentaria del Congreso de los Diputados examinar�, en su caso, a los candidatos propuestos. Sus miembros formular醤 las preguntas o solicitar醤 las aclaraciones que crean convenientes. La Comisi髇 parlamentaria emitir� un dictamen en el que se pronunciar� sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses.

3. La comparecencia de los miembros de la Corporaci髇 de Radiotelevisi髇 Espa駉la se producir� de acuerdo con lo dispuesto en su normativa espec韋ica.

Disposici髇 adicional cuarta

Las Haciendas Forales, teniendo en cuenta las especificidades de su r間imen jur韉ico, deber醤 proporcionar a los altos cargos con domicilio fiscal en su territorio el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias al que se refiere el art韈ulo 17.3.

Disposici髇 derogatoria Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, expresamente:

• a) La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado.LE0000228868_20131230
• b) Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado.LE0000357059_20090415
• c) El Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el C骴igo de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 General del Estado.LE0000211073_20050327

Disposici髇 final primera Habilitaci髇 normativa

El Gobierno adoptar� mediante Real Decreto las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley. En particular, en el plazo de un a駉 desde su entrada en vigor, deber� regular los instrumentos y procedimientos para que la Oficina de Conflictos de Intereses pueda llevar a cabo sus funciones de control de la situaci髇 patrimonial de los altos cargos tras su cese.

V閍se R.D. 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan los t韙ulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 29 septiembre).LE0000629078_20180930

Disposici髇 final segunda Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.