ANEXO

Acuerdo de interpretaci髇 de determinados contratos de concesi髇 de autopistas, en cuanto al m閠odo para calcular la 玆esponsabilidad Patrimonial de la Administraci髇� (RPA)

Antecedentes

Mediante este acuerdo se resuelve el expediente iniciado de oficio por el Ministerio de Fomento para, en el ejercicio de la prerrogativa legal de interpretar los contratos administrativos y determinar los efectos de su resoluci髇, clarificar las cuestiones que afectan al c醠culo de la RPA en determinadas concesiones de autopistas de peaje cuyos contratos se han resuelto por concurso de las sociedades concesionarias y para los que se ha iniciado el expediente de liquidaci髇.

Las concesiones comprendidas en este expediente, ordenadas por la fecha en que se licitaron (con la publicaci髇 de los pliegos), as� como con indicaci髇 del Acuerdo de Consejo de Ministros que ha resuelto sus respectivos contratos, son las siguientes:

• –  Autopista R3/R5: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
• –  Autopista R2: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalaci髇 a Madrid M-50, subtramo desde la carretera nacional-II hasta la carretera N-I.
• –  Autopista R4: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje R-4, de Madrid a Oca馻, tramo: M-50-Oca馻, la circunvalaci髇 a Madrid M-50, subtramo desde la Carretera Nacional IV hasta la Carretera Nacional II; del eje sureste, tramo M-40-M-50 y de la prolongaci髇 de la conexi髇 de la Carretera Nacional II con el distribuidor este y actuaciones de mejora en la M-50. Tramo: M-409-N-IV.
• –  Autopista M-12: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje Eje Aeropuerto desde la A-10 hasta la M-40, y construcci髇 de la prolongaci髇 y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliaci髇 a tres carriles de la autov韆 A-10, entre la conexi髇 con el Eje Aeropuerto y el Nudo de Hortaleza, y la conexi髇 Aeropuerto-Variante N-II y v韆s de servicio sur de Barajas.
• –  Autopista Circunvalaci髇 de Alicante: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje circunvalaci髇 de Alicante, de la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones.
• –  Autopista Cartagena-Vera: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Cartagena-Vera.
• –  Autopista Oca馻-La Roda: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Oca馻-La Roda y la Autov韆 libre de peaje A-42, Tramo: N-301-Atalaya del Ca馻vate.
• –  Autopista Madrid-Toledo: Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Madrid-Toledo y la Autov韆 libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalaci髇 Norte de Toledo.

Dada la 玦dentidad sustancial� entre las cuestiones sobre c醠culo de la RPA que afectan a todos estos contratos, se acuerda la acumulaci髇 de todas ellas a este procedimiento; con el fin de que se tramiten y resuelvan al mismo tiempo ( art韈ulo 57 de la LPAC).

Este expediente de interpretaci髇 se inici� el 15 de noviembre de 2018 a propuesta de la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Actu� para ello en el ejercicio de las competencias que le atribuye el art韈ulo 36.1 de la Ley de Autopistas; en especial, la de formular propuestas al 髍gano de contrataci髇 en relaci髇 con las incidencias que se planteen durante el desarrollo del contrato y respecto de su resoluci髇 [apartados 1.c) y 2.d) del citado art韈ulo 36].

De la primera propuesta de interpretaci髇 se concedi� tr醡ite de audiencia a las administraciones concursales de las sociedades concesionarias ya citadas y a las entidades avalistas (Banco de Santander, S. A., Kutxabank, S. A, Unicaja, S. A. y BBVA, S. A.); en tanto, respectivamente, titulares de derechos sobre el contrato y titulares de derechos sobre las garant韆s definitivas constituidas por raz髇 del mismo.

En calidad de interesados, han comparecido en el procedimiento y formulado alegaciones diversas entidades financieras, tenedoras de derechos de cr閐ito cedidos en su d韆 por las entidades liquidadas.

Las alegaciones presentadas por unos y otros han sido consideradas e informadas por la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje mediante informe fechado en 4 de marzo de 2019.

Algunas de esas alegaciones fueron tenidas en cuenta para elaborar una segunda propuesta de interpretaci髇 del contrato, que se remiti� a informe de la Abogac韆 del Estado en el Ministerio de Fomento.

La Abogac韆 del Estado en el Ministerio de Fomento emiti� informe favorable a la citada propuesta de interpretaci髇 (informe 269/19, de 8 de marzo de 2019).

El expediente fue remitido despu閟 al Consejo de Estado, que ha emitido su dictamen el 11 de abril de 2019 (dictamen n� 238/2019).

Todas las observaciones formuladas por el Consejo de Estado en su dictamen se han incorporado a la propuesta de interpretaci髇 que le fue remitida que, por tanto, ha quedado redactada en los t閞minos del anexo que se aprueba mediante este acuerdo. Por ello, este acuerdo se adopta conforme al dictamen del Consejo de Estado.

La resoluci髇 definitiva de este expediente de interpretaci髇 corresponde al Consejo de Ministros mediante Acuerdo, con base en la doctrina del Consejo de Estado, que reitera el citado dictamen.

En consecuencia, una vez cumplida la tramitaci髇 establecida en la legislaci髇 sobre contratos p鷅licos, de acuerdo con el Consejo de Estado, y a propuesta del Ministro de Fomento, el Consejo de Ministros, en su reuni髇 del d韆 acuerda:

Se aprueba el Anejo incorporado a este Acuerdo en el que, con base en los antecedentes y fundamentos jur韉icos que en 閘 se detallan, se interpretan determinados contratos de concesi髇 de autopistas, en cuanto al m閠odo para calcular la 玆esponsabilidad Patrimonial de la Administraci髇� (RPA).

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la v韆 administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses contados desde el d韆 siguiente a su notificaci髇, sin perjuicio del recurso de reposici髇 que, con car醕ter potestativo, pueda interponerse ante este Consejo de Ministros en el plazo de un mes, contado asimismo desde el d韆 siguiente a la notificaci髇.

ACUERDO DE INTERPRETACI覰 DE DETERMINADOS CONTRATOS DE CONCESI覰 DE AUTOPISTAS, EN CUANTO AL M蒚ODO PARA CALCULAR LA 玆ESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACI覰� (RPA)

Antecedentes

I. Resoluci髇 y liquidaci髇 de los contratos de concesi髇

Mediante este acuerdo se resuelve el expediente iniciado de oficio por el Ministerio de Fomento para, en el ejercicio de la prerrogativa legal de interpretar los contratos administrativos y determinar los efectos de su resoluci髇, clarificar las cuestiones que afectan al c醠culo de la RPA en determinadas concesiones de autopistas de peaje cuyos contratos se han resuelto por concurso de las sociedades concesionarias y para los que se ha iniciado el expediente de liquidaci髇.

Las concesiones comprendidas en este expediente, ordenadas por la fecha en que se licitaron (con la publicaci髇 de los pliegos), as� como con indicaci髇 del Acuerdo de Consejo de Ministros que ha resuelto sus respectivos contratos, son las siguientes:

• –  Autopista R3/R5:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
  • - Licitaci髇: Orden de 25 de mayo de 1999 (BOE de 27 mayo 1999).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista R2:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalaci髇 a Madrid M-50, subtramo desde la carretera nacional-II hasta la carretera N-I.
  • - Licitaci髇: Orden de 4 febrero 2000 (BOE de 10 de febrero de 2000).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista R4:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje R-4, de Madrid a Oca馻, tramo: M-50-Oca馻, la circunvalaci髇 a Madrid M-50, subtramo desde la Carretera Nacional IV hasta la Carretera Nacional II; del eje sureste, tramo M-40-M-50 y de la prolongaci髇 de la conexi髇 de la Carretera Nacional II con el distribuidor este y actuaciones de mejora en la M-50. Tramo: M-409-N-IV.
  • - Licitaci髇: Orden de 11 abril de 2000 (BOE de 14 de abril de 2000).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista M-12:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje Eje Aeropuerto desde la A-10 hasta la M-40, y construcci髇 de la prolongaci髇 y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliaci髇 a tres carriles de la autov韆 A-10, entre la conexi髇 con el Eje Aeropuerto y el Nudo de Hortaleza, y la conexi髇 Aeropuerto-Variante N-II y v韆s de servicio sur de Barajas.
  • - Licitaci髇: Orden FOM/541/2002 (BOE de 13 de marzo de 2002).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista Circunvalaci髇 de Alicante:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la autopista de peaje circunvalaci髇 de Alicante, de la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones.
  • - Licitaci髇: Orden FOM/2264/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018.
• –  Autopista Cartagena-Vera:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Cartagena-Vera.
  • - Licitaci髇: Orden FOM/2265/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista Oca馻-La Roda:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Oca馻-La Roda y la Autov韆 libre de peaje A-42, Tramo: N-301-Atalaya del Ca馻vate.
  • - Licitaci髇: Orden FOM/2266/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018.
• –  Autopista Madrid-Toledo:
  • - Concesi髇 para la construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de la Autopista de peaje Madrid-Toledo y la Autov韆 libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalaci髇 Norte de Toledo.
  • - Licitaci髇: Orden FOM/2267/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
  • - Resoluci髇: Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2019.

Dada la 玦dentidad sustancial� entre las cuestiones sobre c醠culo de la RPA que afectan a todos estos contratos, se acuerda la acumulaci髇 de todas ellas a este procedimiento; con el fin de que se tramiten y resuelvan al mismo tiempo ( art韈ulo 57 de la LPAC).

Las cuestiones interpretativas que se suscitan est醤 relacionadas, por un lado, con la valoraci髇 de los documentos y pruebas que obran en el expediente y, por otro, con la interpretaci髇 de las cl醬sulas de los pliegos y de los preceptos legales que regulan la RPA.

II. Normativa que ampara la tramitaci髇 de este expediente

En los pliegos de todas las concesiones objeto de este procedimiento se reconoce la prerrogativa que ostenta la Administraci髇 concedente para interpretar dichos contratos y 玠eterminar los efectos de su resoluci髇�. Este es precisamente el objeto de este expediente: respecto de un contrato ya resuelto, fijar los criterios que se aplicar醤 en la liquidaci髇 para determinar el importe de la RPA de cada concesionario.

A t韙ulo de ejemplo sobre el reconocimiento de esa prerrogativa en todos los pliegos de estas concesiones, puede traerse a colaci髇 (todas son pr醕ticamente iguales) la cl醬sula 27 del pliego relativo a la Autopista R3/R5:

�27. Delimitaci髇 de las potestades.

La Administraci髇 tendr� las potestades que le confiere la Ley 8/ 1972, de 10 de mayo; la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P鷅licas; el presente pliego, y las incluidas en el pliego de cl醬sulas generales en todo lo que no haya sido modificado por el anterior.�

Esa remisi髇 a la entonces vigente Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P鷅licas, debe entenderse hecha a su art韈ulo 60, que se transcribe a continuaci髇:

獳rt韈ulo 60. Prerrogativas de la Administraci髇.

1. Dentro de los l韒ites y con sujeci髇 a los requisitos y efectos se馻lados en la presente Ley, el 髍gano de contrataci髇 ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inter閟 p鷅lico, acordar su resoluci髇 y determinar los efectos de 閟ta [...]�

En consecuencia, conforme a lo previsto en dicha Ley para este tipo de procedimientos, este acuerdo se adopta despu閟 de haber realizado estos tr醡ites:

1. Propuesta de la Administraci髇.

2. Audiencia del contratista (concesionario, en este caso) y de los avalistas que prestaron las garant韆s exigidas por el contrato.

3. Informe de la Abogac韆 del Estado.

4. Dictamen del Consejo de Estado.

Este expediente de interpretaci髇 se inici� a propuesta de la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Actu� para ello en el ejercicio de las competencias le atribuye el art韈ulo 36.1 de la Ley de Autopistas; en especial, la de formular propuestas al 髍gano de contrataci髇 en relaci髇 con las incidencias que se planteen durante el desarrollo del contrato y respecto de su resoluci髇 [apartados 1.c) y 2.d) del citado art韈ulo 36].

De la primera propuesta de interpretaci髇 se concedi� tr醡ite de audiencia a las administraciones concursales de las sociedades concesionarias ya citadas y a las entidades avalistas (Banco de Santander, S. A., Kutxabank, S. A, Unicaja, S. A. y BBVA, S. A.); en tanto, respectivamente, titulares de derechos sobre el contrato y titulares de derechos sobre las garant韆s definitivas constituidas por raz髇 del mismo.

En calidad de interesados, han comparecido en el procedimiento y formulado alegaciones diversas entidades financieras, tenedoras de derechos de cr閐ito cedidos en su d韆 por las entidades liquidadas.

Las alegaciones presentadas por unos y otros han sido consideradas e informadas por la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje mediante informe fechado en 4 de marzo de 2019.

Algunas de esas alegaciones fueron tenidas en cuenta para elaborar una segunda propuesta de interpretaci髇 del contrato, que se remiti� a informe de la Abogac韆 del Estado en el Ministerio de Fomento.

La Abogac韆 del Estado en el Ministerio de Fomento emiti� informe favorable a la citada propuesta de interpretaci髇 (informe 269/19, de 8 de marzo de 2019).

El expediente fue remitido al Consejo de Estado, que ha emitido su dictamen el 11 de abril de 2019 (dictamen n.� 238/2019). Todas las observaciones formuladas por el Consejo de Estado en su dictamen se han incorporado a este acuerdo que, en consecuencia, se adopta conforme al dictamen del Consejo de Estado.

La resoluci髇 definitiva de este expediente corresponde al Consejo de Ministros, con base en la doctrina del Consejo de Estado:

玡l ejercicio de la potestad de interpretar el contrato corresponde, en cuanto 髍gano de contrataci髇, al Consejo de Ministros, al ser este el concedente de los otorgamientos y quien ha dispuesto su resoluci髇 en el 醡bito administrativo. La interpretaci髇 deber� aprobarse y revestir forma de acuerdo de dicho 髍gano, al ser, debe insistirse, el de contrataci髇 que adjudic� los otorgamientos de todas las concesiones.�

III. Documentaci髇 examinada

Al analizar la documentaci髇 sobre la que debe calcularse la RPA el Ministerio de Fomento est� encontrando algunas dificultades:

• –  Se trata de un gran n鷐ero de documentos (el expediente expropiatorio de cada una de las fincas que se adquirieron para construir todas las autopistas y todos los proyectos de obras ejecutadas).
• –  Se est� pendiente de completar todos esos expedientes expropiatorios y de obras. Se han hecho esfuerzos para recopilar, revisar y ordenar la documentaci髇 de que dispon韆n tanto la Administraci髇 como el concesionario, pero sigue sin contarse con toda la informaci髇 que ser韆 necesaria (faltan algunos datos sobre la ocupaci髇 o el pago relacionados con algunas expropiaciones, no hay certeza de la fecha de puesta en servicio de algunos tramos de autopista, etc.).

En cualquier caso, se ha conseguido sistematizar una serie de situaciones relacionadas con esa falta de documentos e informaci髇 que son, adem醩, comunes a todas las concesiones; de ah� la necesidad y la conveniencia de establecer, tambi閚 en cuanto a esto, un criterio general sobre c髆o proceder a los efectos de calcular la RPA.

IV. Normas y disposiciones que regulan el c醠culo de la RPA

Para calcular la RPA de estas concesiones deben aplicarse:

• –  La Ley de Autopistas ( Ley 8/1972, de 10 de mayo).
• –  Las cl醬sulas 107 y 109 del Pliego General de Autopistas (Decreto 215/1973, de 25 de enero), en lo que no resulten modificadas por los pliegos de cl醬sulas particulares de cada concesi髇.

En los pliegos particulares de las concesiones citadas, aprobados mediante Orden ministerial, el c醠culo de la RPA se regula en las siguientes cl醬sulas:

• –  Autopista R3/R5: cl醬sula 35 de la Orden de 25 de mayo de 1999 (BOE de 27 mayo 1999).
• –  Autopista R2: cl醬sula 35 de la Orden de 4 febrero 2000 (BOE de 10 de febrero de 2000).
• –  Autopista R4: cl醬sula 35 de la Orden de 11 abril de 2000 (BOE de 14 de abril de 2000).
• –  Autopista M-12: cl醬sula 35 de la Orden FOM/541/2002 (BOE de 13 de marzo de 2002).
• –  Autopista Circunvalaci髇 de Alicante: cl醬sula 11 de la Orden FOM/2264/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
• –  Autopista Cartagena-Vera: cl醬sula 11 de la Orden FOM/2265/2003 (BOE de 8 de agosto de 2003).
• –  Autopista Oca馻-La Roda: cl醬sula 11 de la Orden FOM/2266/2003, (BOE de 8 de agosto de 2003).
• –  Autopista Madrid-Toledo: cl醬sula 11 de la Orden FOM/2267/2003, (BOE de 8 de agosto de 2003).

Todas estas cl醬sulas son sustancialmente iguales, por lo que se tomar� como referencia la cl醬sula 35 de la Orden de 25 de mayo de 1999 (BOE de 27 mayo 1999), que aprueba el pliego correspondiente a la autopista R3/R5:

獵l醬sula 35. Extinci髇 y liquidaci髇 de la concesi髇.

La extinci髇 de la concesi髇 se atendr� a lo dispuesto en los art韈ulos 32 y 34 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo; a la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones P鷅licas; y a la secci髇 3 del cap韙ulo IX del pliego de cl醬sulas generales, con las siguientes especialidades […]

2. No ser� de aplicaci髇 el apartado e) de la cl醬sula 107 del pliego de cl醬sulas generales. As�, en los casos en que la extinci髇 se produjese por las causas a que se refieren las cl醬sulas 107, 108 y 109 del pliego de cl醬sulas generales, la Administraci髇 devolver� al concesionario cuyo contrato hubiese sido declarado resuelto el valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista en raz髇 de:

a) Expropiaci髇 de terrenos valorada en lo efectivamente pagado a los expropiados en su momento, deduciendo la cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda.

b) Obras de construcci髇 valoradas en lo realmente ejecutado y definido en los proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento y a los precios en que en ellos figuren, deduciendo la cuota de amortizaci髇 o la dotaci髇 acumulada al fondo de reversi髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda.

c) Bienes inmuebles incorporados que sean necesarios para la explotaci髇, valorados a su coste de adquisici髇 neto de las amortizaciones que en funci髇 de su vida 鷗il corresponda.

En ning鷑 caso se abonar醤 indemnizaciones por conceptos diferentes a los expresados, como pueden ser: Gastos de constituci髇 de la sociedad, estudios y proyectos, direcci髇 de obra, gastos financieros, etc.

En todo caso no se superar醤 los l韒ites m醲imos que en cuanto a la responsabilidad patrimonial se establezcan en el Real Decreto de adjudicaci髇, de acuerdo con la propuesta realizada […]�

Esta cl醬sula del pliego de la autopista R3/R5, se encuentra as�:

�– Copiada literalmente en los pliegos de autopista R2, autopista R4 y autopista M-12.

– Copiada literalmente en los pliegos de autopista Circunvalaci髇 de Alicante, autopista Cartagena-Vera, autopista Oca馻-La Roda y autopista Madrid-Toledo; salvo el cambio que afecta al apartado a):

[…] a) Expropiaci髇 de terrenos valorada en lo efectivamente pagado a los expropiados en su momento, deduciendo en su caso la cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda de acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado […]�

Es decir, la cl醬sula es id閚tica en todos los pliegos salvo en la referencia a las expropiaciones contenida en el apartado a), que aparece as�:

�– En el pliego de autopista R3/R5, autopista R2, autopista R4 y autopista M-12 ese apartado a) se refiere a 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda�.

– En el pliego de autopista Circunvalaci髇 de Alicante, autopista Cartagena-Vera, autopista Oca馻-La Roda y autopista Madrid-Toledo ese apartado a) dice 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda de acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado.�

Tambi閚 se estima oportuno comparar la redacci髇 de estas cl醬sulas de los pliegos particulares con las cl醬sulas 107 y 109 Pliego General de Autopistas que, para mayor claridad, se transcriben a continuaci髇:

獵l醬sula 109. Concurso del concesionario.

(En caso de concurso) […] la Administraci髇 se har� cargo del servicio, liquidando las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso de resoluci髇 por incumplimiento (es decir, lo dispuesto en la cl醬sula 107 del Pliego General).

獵l醬sula 107. Incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario.

[…] e) La Administraci髇 devolver� al concesionario cuyo contrato hubiese sido declarado resuelto por incumplimiento la totalidad de las inversiones hechas en la autopista por raz髇 de expropiaci髇 de terrenos, realizaci髇 de obras de construcci髇 y actos de incorporaci髇 de bienes que sean necesarios para la explotaci髇. La liquidaci髇 se verificar� de acuerdo con los principios que a continuaci髇 se se馻lan, siempre sin superar los l韒ites m醲imos a que, en cuanto a responsabilidad patrimonial, se refieren los preceptos correspondientes de este pliego:

1. Las expropiaciones se indemnizar醤 por lo realmente pagado a los expropiados en su momento, deducida la cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda.

2. Las obras de construcci髇 se satisfar醤 en base a lo realmente ejecutado y definido en los proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento y a los precios que en ellos figuren, deduciendo la cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda.

3. Los bienes inmuebles incorporados a la concesi髇 que no figuren en los presupuestos de obra se evaluar醤 en atenci髇 a su estado de uso.

4. En ning鷑 caso se abonar醤 indemnizaciones por conceptos diferentes de los expresados como pueden ser: gastos de constituci髇 de la Sociedad, estudios y proyectos, direcci髇 de obra, gastos financieros, etc."�

El resultado de la comparaci髇 entre los pliegos particulares y el Pliego General de Autopistas puede resumirse as�:

�1. Al igual que la ya transcrita cl醬sula 35.2 del pliego de autopista R3/R5, todos los pliegos particulares declaran inaplicable la cl醬sula 107.e) del Pliego General de Autopistas. Por ello, prevalece el pliego particular sobre el general (as� resulta de la cl醬sula 1.� del Pliego General de Autopistas).

2. Aunque los pliegos particulares declaran inaplicable la cl醬sula 107.e) del Pliego General, acto seguido la copian casi literalmente; pero introduciendo una variaci髇. Se estima relevante poner de manifiesto en qu� consisti� ese cambio incorporado al pliego particular, en tanto revela la intenci髇 concreta de las partes al formular su oferta (el concesionario) y al aceptar esta (la Administraci髇). La variaci髇 consisti� en lo siguiente:

– Mientras que la cl醬sula 107.e) del Pliego General de Autopistas dice que la Administraci髇 devolver� al concesionario "la totalidad de las inversiones hechas en la autopista"; las cl醬sulas de los todos pliegos particulares dicen que devolver� "el valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista". Es decir, refiri閚dose al abono de las inversiones, el pliego particular cambia "totalidad" por "valor patrimonial�.

– Mientras que la cl醬sula 107.e) del Pliego General de Autopistas no especifica c髆o se amortizar醤 las expropiaciones, ya se ha dicho que algunos pliegos particulares aluden a la amortizaci髇 "de acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado."�

Adem醩, para calcular la RPA debe estarse a la Ley de Autopistas y, en particular, a su art韈ulo 17.2, que establece:

獳rt韈ulo 17.2.

Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumir� los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfar� las indemnizaciones de toda 韓dole que procedan por raz髇 de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecuci髇 del proyecto.

No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resoluci髇 judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, 閟te quedar� subrogado en el cr閐ito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligaci髇 de pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorar醤 el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.�

Por otra parte, en relaci髇 con todas las disposiciones citadas procede aclarar que, al tiempo de redactarse los pliegos, la cl醬sula 109 del Pliego General de Autopistas se refer韆 a la 玵uiebra� del concesionario. Esa menci髇 debe entenderse hecha actualmente al 玞oncurso�, conforme a la disposici髇 adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

獶isposici髇 adicional primera. Referencias legales a los procedimientos concursales anteriormente vigentes.

[…] Todas las referencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entender醤 realizadas al concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidaci髇.�

En el caso de las concesiones a que se refiere este expediente, los autos que acordaron apertura de la fase de liquidaci髇 se dictaron en estas fechas:

– Autopista Oca馻-La Roda: 24 de febrero de 2015.

– Autopista M12: 13 de octubre de 2015.

– Autopista Cartagena-Vera: 27 de abril de 2017.

– Autopista R4: 10 de mayo de 2017

– Autopista Circunvalaci髇 de Alicante: 14 de junio de 2017.

– Autopista R2: 18 de octubre de 2017.

– Autopista R3/R5: 2 de noviembre de 2017.

– Autopista Madrid-Toledo: 27 de junio de 2018

Todos estos autos ya han devenido firmes.

El dictamen del Consejo de Estado ha confirmado que el r間imen jur韉ico expuesto es el que debe regir en estas concesiones; si bien a馻de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que estima aplicable en lo relativo a la amortizaci髇 de las inversiones. Se transcribe el dictamen:

獷n el caso presente, de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares de cl醬sulas administrativas, las concesiones se rigen por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de autopistas en r間imen de concesi髇, en su redacci髇 entonces vigente; por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, o por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, seg鷑 los otorgamientos; por las prescripciones de los respectivos pliegos de cl醬sulas particulares; por las del pliego de cl醬sulas generales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en lo que no resulten v醠idamente modificadas por los anteriores; y por el Real Decreto 657/1986, de 7 de marzo, de organizaci髇 y funcionamiento de la Delegaci髇 del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de peaje.

Tambi閚 se integra en el grupo normativo mencionado la disposici髇 transitoria segunda del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas econ髆icas, que dio eficacia retroactiva a sus art韈ulos 6 y 7, modificativos de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, y la disposici髇 adicional cuadrag閟ima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 [...]

As� pues, las previsiones de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, –que constituye la norma de cabecera del grupo normativo– se integran preferentemente con las reglamentarias dictadas en su desarrollo y con los pliegos de cl醬sulas particulares y generales. Forman una agrupaci髇 normativa dotada de coherencia con base en la conexi髇 existente entre s� por raz髇 de destino. Solo en lo no previsto en este entramado de normas –constitutivo de un aut閚tico subgrupo normativo– entran en juego las propias de la legislaci髇 de los contratos del Estado –Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas y su reglamento de ejecuci髇–. En otros t閞minos, las normas integrantes de la Ley 8/1972 y los pliegos –general y particular– prevalecen sobre las contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas. As� se deduce de la propia Ley de Autopistas, que se remite en determinados aspectos a las normas de desarrollo –v. gr., art韈ulo 4–, declar醤dolas de aplicaci髇 preferente a la legislaci髇 del contrato [...]

Por consiguiente, el Consejo de Estado considera ajustado a Derecho el modo de configurar el grupo normativo aplicable que informa la propuesta de acuerdo sometido a consulta, frente a lo dicho por los interesados en sus alegaciones. Ello comporta que no se puede privar de eficacia a las cl醬sulas de los pliegos generales y particulares por el hecho de que eventualmente contravengan las previsiones de las leyes de contratos.�

V. Situaci髇 de las concesiones al iniciarse este expediente

En la actualidad SEITTSA tiene asumida la explotaci髇 de las autopistas objeto de este expediente al amparo del Convenio de gesti髇 directa entre la Administraci髇 General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, SA, por el que se regula la gesti髇 de la explotaci髇 y la preparaci髇 de la licitaci髇 de autopistas de titularidad estatal (publicado en el 獴OE� de 25-8-2017).

Esa medida se adopt�, dicho sea en resumen, para cumplir el plan de liquidaci髇 aprobado judicialmente: ajustar la fecha fijada en el procedimiento concursal para la finalizaci髇 de la explotaci髇 por la sociedad concesionaria y la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITTSA.

En las concesiones a que se refiere este expediente, la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITTSA ha sido la siguiente:

• –  Autopista R4: 21 de febrero de 2018.
• –  Autopista R2: 1 de marzo de 2018.
• –  Autopista Oca馻-La Roda: 15 de marzo de 2018.
• –  Autopista Cartagena-Vera: 1 de abril de 2018.
• –  Autopista circunvalaci髇 de Alicante: 1 de abril de 2018.
• –  Autopista M12: 11 de abril de 2018.
• –  Autopista R3/R5: 10 de mayo de 2018.
• –  Autopista Madrid-Toledo: 22 de febrero de 2019.

Al iniciar la explotaci髇, se ha comprobado que las autopistas no cumplen el requisito de la 玴erfecta entrega� de las instalaciones; seg鷑 exige la cl醬sula 106 del Pliego General de Autopistas para los casos de reversi髇:

玔...] El Ministerio de Fomento exigir� del concesionario la adopci髇 de aquellas medidas que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas.�

En 2017 ya se preve韆 que ese incumplimiento podr韆 producirse, por lo que en ese a駉 el Ministerio de Fomento (Direcci髇 General de Carreteras) encarg� a la consultora INECO un informe de evaluaci髇 (玠ue diligence�) para determinar el estado de ejecuci髇 y de conservaci髇 en que se encontraban las autopistas, as� como el importe de las inversiones necesarias para que estas cumpliesen los niveles de calidad exigidos en el pliego (玴uesta a cero� de las autopistas). En este acuerdo se alude al resultado de ese informe y a las consecuencias que de 閘 se derivan en cuanto al c醠culo de la RPA.

Fundamentos jur韉icos

I. Conceptos que forman la RPA

Conforme a los pliegos y a la legislaci髇 aplicable a estos contratos, el concesionario tiene derecho, en concepto de RPA, al 玽alor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista en raz髇 de […] expropiaci髇 de terrenos […] obras de construcci髇 (y) […] bienes inmuebles incorporados que sean necesarios para la explotaci髇�.

De ese 玽alor patrimonial de las inversiones� debe deducirse 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda�.

El 玽alor patrimonial� que resulte no puede superar 玪os l韒ites m醲imos que en cuanto a la responsabilidad patrimonial se establezcan en el Real Decreto de adjudicaci髇�. La referencia a 玪os l韒ites m醲imos� (en plural) expresa que se aplicar醤 dos, un l韒ite para las expropiaciones y otro para las obras.

Una vez determinado el 玽alor patrimonial de las inversiones�, al 玦mporte global� de la RPA debe descontarse, conforme al art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas, el de las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� adeudadas por el concesionario como beneficiario de la expropiaci髇, y de cuyo pago se ha tenido que hacer cargo el Estado 玡n virtud de resoluci髇 judicial�.

En los apartados que siguen se detalla el modo de practicar cada una de esas operaciones.

II. Obras de construcci髇 y bienes inmuebles

1. Regla general.

Conforme a lo previsto en los pliegos, respecto de las obras de construcci髇 debe computarse 玡l valor patrimonial de las inversiones realizadas� en raz髇 de 玱bras de construcci髇 valoradas en lo realmente ejecutado y definido en los proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento y a los precios en que en ellos figuren […]�.

En consecuencia, para calcular el valor patrimonial de las inversiones en obras e inmuebles se tomar醤 como referencia los precios que figuren en los correspondientes proyectos, debidamente aprobados.

2. Aplicaci髇 a casos concretos.

a) Obras con proyecto aprobado por la Administraci髇.

Se computar� la cantidad que figure en cada proyecto como presupuesto de ejecuci髇 por contrata, IVA excluido.

Se tomar� a estos efectos la definici髇 legal de presupuesto de ejecuci髇 por contrata seg鷑 el art韈ulo 68 del RCE de 1975, equivalente al presupuesto base de licitaci髇 seg鷑 el art韈ulo 131 del RCAP de 2001 (la mayor韆 de estas autopistas se licit� bajo la vigencia del RCE de 1975).

Se entender� por presupuesto de ejecuci髇 por contrata el presupuesto de ejecuci髇 material m醩 los gastos generales cifrados en el porcentaje correspondiente.

La soluci髇 consistente en aplicar el presupuesto de ejecuci髇 por contrata, en lugar del presupuesto de ejecuci髇 material, se basa en los argumentos que se exponen a continuaci髇:

• –  Una interpretaci髇 estricta justificar韆 tomar como inversi髇 el presupuesto de ejecuci髇 material: 玶esultado obtenido por la suma de los productos del n鷐ero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas�. De ese modo, se excluir韆 del c髆puto el porcentaje de 玤astos generales�.
• –  En la misma l韓ea restrictiva, una interpretaci髇 literal de los 玤astos generales� permitir韆 sostener que son 玤astos� y no inversi髇. Adem醩, cabr韆 argumentar que ese porcentaje de gastos generales (incluido el 玝eneficio industrial�) no representar韆 un 玽alor patrimonial� en la obra construida.

No obstante, en este acuerdo de interpretaci髇 se ha considerado m醩 acorde al principio de reciprocidad ( art韈ulo 1289 del C骴igo Civil) tomar como referencia el presupuesto de ejecuci髇 por contrata. Se han tenido en cuenta para ello estas razones:

• –  El presupuesto de ejecuci髇 por contrata es el valor que figura en las resoluciones administrativas que aprobaron los proyectos presentados por el concesionario.
• –  Las obras fueron en su mayor parte contratadas por el concesionario; que abon� a las empresas contratistas, por tanto, el presupuesto de ejecuci髇 por contrata.
• –  El presupuesto de ejecuci髇 por contrata fue la referencia que tom� la propia Administraci髇 al reconocer al concesionario las 玱bras adicionales�.

En consecuencia, para calcular la inversi髇 en obras, se computar� el presupuesto de ejecuci髇 por contrata, IVA excluido.

b) Proyectos aprobados pero ejecutados solo en parte.

Si resultara que el importe de la obra ejecutada fue menor al de la obra proyectada, se sumar� solamente el precio de las unidades de obra realmente ejecutadas.

Para apreciar esa circunstancia podr� compararse el presupuesto de ejecuci髇 por contrata con el importe de obra ejecutada que figure en el acta de recepci髇 de la obra o en el EDYCOE (獷stado de dimensiones y caracter韘ticas de la obra ejecutada�; cl醬sula 66 del Pliego General de Autopistas). Si se observaran divergencias o inexactitudes en estos documentos, se estar� a la certificaci髇 sobre valoraci髇 de las obras realmente ejecutadas que emita la Demarcaci髇 de Carreteras competente. Corresponder� en cualquier caso a la Administraci髇 acreditar que el importe de la obra ejecutada es menor al de la proyectada.

Este acuerdo de interpretaci髇 (sumar solamente el precio de las unidades de obra realmente ejecutadas) se justifica en el propio tenor literal del pliego, que alude a 玪o realmente ejecutado�.

c) Modificaciones de proyectos aprobados y obras complementarias.

Cuando la modificaci髇 haya sido consecuencia de un expediente de modificaci髇 debidamente tramitado, se computar� el importe de las modificaciones cuyo proyecto haya sido aprobado por la Administraci髇 (cl醬sula 74 del Pliego General de Autopistas).

Se computar� igualmente el importe de las obras complementarias cuyo proyecto hubiera sido aprobado por la Administraci髇

d) 玂bras adicionales� de la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre.

Los apartados Tres y Cuatro de la citada disposici髇 adicional 41.� establecieron lo siguiente:

玊res. Obras adicionales.

Con car醕ter excepcional, podr醤 compensarse las obras adicionales ya ejecutadas al tiempo de la entrada en vigor de esta ley y no previstas en los proyectos iniciales, y que se encuentren integradas en el dominio p鷅lico estatal por ser de inter閟 para la Administraci髇 concedente.

El Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, podr� proponer al Gobierno, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, la finalizaci髇 convencional de los procedimientos derivados de las reclamaciones ya presentadas por dicho concepto.

El acuerdo de finalizaci髇, determinar� las medidas necesarias para restablecer el equilibrio econ髆ico financiero de la concesi髇, que consistir醤 preferentemente en un aumento de tarifas o del plazo concesional.

Cuatro. Reclamaciones y recursos.

El acogimiento por las sociedades concesionarias a una cualquiera de las medidas reguladas en los anteriores apartados Dos y Tres implica la renuncia a entablar acciones contra el Estado, o el compromiso de desistir de las ya iniciadas, por raz髇 del reequilibrio econ髆ico de la concesi髇, basadas tanto en el sobrecoste de las expropiaciones como en la ejecuci髇 de obras adicionales.�

De este modo, el legislador vino a reconocer que, al construirse determinadas autopistas (las mencionadas en el apartado Uno de la misma disposici髇 adicional) se ejecutaron obras adicionales al margen de los proyectos (玭o previstas en los proyectos iniciales�).

Sobre esa premisa, dicha ley estableci� un mecanismo 玡xcepcional� para compensar a los concesionarios por tales obras adicionales, con tal que hubieran sido 玡jecutadas al tiempo de la entrada en vigor de esta ley� y que se encontraran 玦ntegradas en el dominio p鷅lico estatal� y fueran 玠e inter閟 para la Administraci髇 concedente�.

En consecuencia, la resoluci髇 administrativa que reconoci� esas obras adicionales equivaldr韆 a una modificaci髇 (玜 posteriori�) de la concesi髇.

Esa identidad de raz髇 (entre estas obras adicionales amparadas por una ley especial y la modificaci髇) justifica que deban computarse como inversi髇 las 玱bras adicionales� a que se refiere la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2010; siempre que hayan sido reconocidas mediante resoluci髇 expresa dictada al amparo de dicha norma.

Puesto que la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009 articul� un procedimiento 玡xcepcional� para reconocer obras ejecutadas al margen de los proyectos antes del 1 de enero de 2010; carecer韆 de amparo legal reconocer al concesionario, con ocasi髇 de la liquidaci髇 de la RPA, otro tipo de obras adicionales. Esto se justifica, adem醩, porque la misma disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009 preve韆 que los concesionarios que se acogieran a este procedimiento (lo hicieron todos) renunciaban a 玡ntablar acciones contra el Estado [...] basadas tanto en el sobrecoste de las expropiaciones como en la ejecuci髇 de obras adicionales�.

3. Documentaci髇 que se examinar�.

Se est� pendiente de localizar algunos de los proyectos de obras que debieron servir de base para la construcci髇 de estas autopistas. Se trata de casos aislados, pero podr韆 llegar a ocurrir que, al tiempo de liquidar la RPA, sigan sin encontrarse tales proyectos (ni la Administraci髇 ni el concesionario parecen contar con ellos en sus archivos). S� parece disponerse, al menos, de la resoluci髇 administrativa que aprob� todos los proyectos constructivos.

Los proyectos constructivos de todas las autopistas objeto de este expediente forman una gran cantidad de documentos. Algunos de estos documentos est醤 en lugares distintos, incompletos o en diferentes formatos (papel y digital). No es factible, en los plazos y con los medios de que se dispone, digitalizar y examinar pormenorizadamente cada uno de esos proyectos (planos, memoria, etc.) ni comprobar ahora al detalle la correspondencia de tales proyectos con las obras ejecutadas.

Por ello, a los efectos de determinar la RPA y calcular el valor patrimonial de estas obras, en el expediente de liquidaci髇 del contrato se proceder� de este modo:

• –  Toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, se ordenar� en la forma que se detalla m醩 adelante; a fin de que pueda ser examinada en todo momento por los interesados.
• –  Para calcular la RPA por obras se elaborar� una lista de los proyectos constructivos de cada concesi髇 y se tomar� el presupuesto de ejecuci髇 por contrata que figure en la resoluci髇 administrativa que apruebe cada proyecto constructivo. Esta resoluci髇 de aprobaci髇 del proyecto se digitalizar� en todo caso.
• –  La cifra del presupuesto de ejecuci髇 por contrata seg鷑 la resoluci髇 administrativa aprobatoria del proyecto se contrastar� con la del presupuesto incluido en el proyecto constructivo. En caso de discrepancia, prevalecer� la cifra presupuesto de ejecuci髇 por contrata que figure en la resoluci髇 administrativa aprobatoria del proyecto. El presupuesto del proyecto constructivo se digitalizar� en todo caso.

4. Documentos de los proyectos de obras.

En cada autopista se har� una lista de los proyectos de obras presentados por el concesionario y aprobados por la Administraci髇.

A la lista de proyectos se acompa馻r� esta documentaci髇:

• –  Proyectos de construcci髇 (aprobados inicialmente, modificaciones posteriores y obras adicionales); con estos documentos:
  • - Memoria.
  • - Planos de conjunto y de detalle necesarios para identificar los distintos componentes de la RPA.
  • - PPT particulares.
  • - Presupuesto, con el nivel de detalle suficiente que permita identificar las unidades de obra y los precios fijados para las mismas que, habiendo sido ejecutadas, se incluyan en la determinaci髇 de la RPA.
  • - Anexo de expropiaciones.
• –  Resoluci髇 administrativa de aprobaci髇 de dichos proyectos.
• –  Actas o documentos que acrediten las correspondientes puestas en servicio, por autopista.
• –  EDYCOE (Estado dimensiones y caracter韘ticas obra ejecutada) y el informe previo a su aprobaci髇.

5. Bienes inmuebles.

De acuerdo con el pliego, los 玝ienes inmuebles incorporados que sean necesarios para la explotaci髇� deben valorarse por su coste de adquisici髇 neto de las amortizaciones que en funci髇 de su vida 鷗il corresponda.

Se aplicar� esta regla a los bienes inmuebles, si los hubiere, adquiridos por el concesionario mediante procedimientos distintos a la expropiaci髇; siempre que est閚 incorporados a la concesi髇 en la forma prevista por el pliego.

Sin perjuicio de lo anterior, la informaci髇 de que se dispone hasta ahora lleva a considerar que los bienes inmuebles est醤 incorporados a los proyectos de obras de la concesi髇. Por ello, en adelante, cuando en este acuerdo se aluda a las obras debe considerarse que se dan por incluidos tambi閚 los inmuebles.

6. Interpretaci髇 que se adopta.

Para calcular 玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones� por obras se computar� el presupuesto de ejecuci髇 por contrata (PEC), IVA excluido. Esa cifra se tomar� de la resoluci髇 administrativa que apruebe cada uno de los proyectos constructivos presentados por el concesionario.

No obstante, si resultara que el importe de la obra ejecutada fue menor al de la obra proyectada, se sumar� solamente el precio de las unidades de obra realmente ejecutadas.

Para apreciar esa circunstancia podr� compararse el presupuesto de ejecuci髇 por contrata con el importe de obra ejecutada que figure en el acta de recepci髇 de la obra o en el EDYCOE (獷stado de dimensiones y caracter韘ticas de la obra ejecutada�; cl醬sula 66 del Pliego General de Autopistas). Si se observaran divergencias o inexactitudes en estos documentos, se estar� a la certificaci髇 sobre valoraci髇 de las obras realmente ejecutadas que emita la Demarcaci髇 de Carreteras competente. Corresponder� en cualquier caso a la Administraci髇 acreditar que el importe de la obra ejecutada es menor al de la proyectada.

Tambi閚 se computar� el importe de las modificaciones y obras complementarias cuyos proyectos hayan sido aprobados por la Administraci髇.

Como obras adicionales no incluidas en los proyectos se sumar醤 exclusivamente las 玱bras adicionales� reconocidas mediante resoluci髇 expresa dictada al amparo de la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2010.

En el expediente de liquidaci髇 del contrato se ordenar� toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, relativa a las obras ejecutadas. En todo caso se digitalizar醤, para cada autopista el presupuesto de cada proyecto y la resoluci髇 administrativa de aprobaci髇 del proyecto. Se digitalizar醤 tambi閚, en lo posible, el acta de recepci髇 de cada obra; la liquidaci髇 de la obra; la hoja u hojas del EDYCOE en las que figure la valoraci髇 de la obra ejecutada; y la certificaci髇 sobre valoraci髇 de las obras realmente ejecutadas que, en su caso, emita la Demarcaci髇 de Carreteras competente.

III. Expropiaci髇 de terrenos

1. Regla general.

El art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas obliga al concesionario a satisfacer 玪as indemnizaciones de toda 韓dole que procedan por raz髇 de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecuci髇 del proyecto�.

Esa referencia del art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas a las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� significa que, durante la vigencia de la concesi髇, el concesionario est� obligado, por ley, a hacerse cargo, en toda su extensi髇, del resarcimiento a que pueda tener derecho el expropiado: justiprecio, intereses, costas, etc.

Sin embargo, una vez extinguida la concesi髇, y conforme a lo previsto en los pliegos, lo que se le abona al concesionario en concepto de RPA es 玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones� en raz髇 de 玪o efectivamente pagado a los expropiados en su momento�.

En consecuencia, no necesariamente coincidir醤

• –  la cantidad que debe pagar el concesionario a los expropiados por raz髇 de las expropiaciones (玦ndemnizaciones de toda 韓dole�),
• –  y la cantidad que deba percibir el concesionario por expropiaciones al liquidar la RPA (玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones�).

Para calcular ese 玽alor patrimonial� los pliegos obligan en primer lugar a determinar 玪o realmente pagado a los expropiados en su momento�.

Sobre esta base, se enumeran a continuaci髇 una serie de pagos relacionados con los expedientes expropiatorios y se indica respecto de cada uno si debe o no integrar ese 玽alor patrimonial�.

2. Aplicaci髇 a casos concretos.

a) Justiprecio.

Para calcular la RPA se computar� como inversi髇 la cantidad fijada como justiprecio en el acta de mutuo acuerdo; en su defecto, en la resoluci髇 del Jurado de Expropiaci髇 o, en su caso, en la resoluci髇 judicial firme.

Puesto que los pliegos se refieren a lo pagado 玡n su momento�, el justiprecio se computar� sin actualizaci髇.

b) Intereses y costas.

En la propuesta de interpretaci髇 del contrato se consider� que los intereses de demora derivados de la expropiaci髇, as� como las costas procesales ocasionadas en la expropiaci髇 no est醤 relacionados directamente con el valor patrimonial de la finca expropiada; por lo que se consider� que no deb韆n computarse como inversi髇.

No obstante, el dictamen del Consejo de Estado sostiene lo siguiente:

獷l Consejo de Estado ha declarado que los intereses forman parte intr韓seca del justiprecio y no pueden considerarse algo distinto del justiprecio en s� (dictamen n.� 91/2014, de 23 de junio). Forman parte del valor patrimonial de las expropiaciones y, por tanto, la exclusi髇 llevada a cabo por la propuesta de resoluci髇 carece de fundamento. No pueden sustraerse del c髆puto a los efectos de determinar el valor patrimonial de las inversiones por expropiaciones. Se integran en lo efectivamente pagado en su momento al expropiado por la expropiaci髇 y, por tanto, deben ser computados –salvo que hayan sido ya amortizados por los concesionarios–.

No obstante, deben quedar excluidos del c髆puto los intereses moratorios imputables al concesionario, devengados precisamente por no haber abonado los importes debidos de los justiprecios en plazo, sino con retraso […]

El Consejo de Estado considera adecuada la exclusi髇 de las costas, porque no forman parte del justiprecio y, en consecuencia, del valor patrimonial de las inversiones.

Por otra parte, caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses […] en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.�

En consecuencia, conforme al dictamen del Consejo de Estado:

�1. Los intereses de demora derivados de la expropiaci髇 se computar醤 como inversi髇, salvo que hayan sido ya amortizados por los concesionarios o salvo que sean imputables al concesionario, por haberse devengado al no haber abonado este en plazo los importes debidos de los justiprecios. No obstante, en caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses, en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

2. Las costas procesales ocasionadas en la expropiaci髇, al no estar relacionadas directamente con el valor patrimonial de la finca expropiada; no se computar醤 como inversi髇.�

c) 25 % por omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica.

La situaci髇 a que se refiere este asunto puede resumirse as�: Como consecuencia de un defecto en la tramitaci髇 del expediente expropiatorio (antes de aprobar el proyecto de trazado no se realiz� el tr醡ite de informaci髇 p鷅lica) algunas sentencias asimilaron esa situaci髇 a una 玽韆 de hecho� y obligaron a pagar al expropiado un 25 % adicional sobre el justiprecio.

Ciertamente esa deuda con el expropiado se deb韆 a un defecto en la tramitaci髇 del expediente expropiatorio, que es responsabilidad de la Administraci髇. Por tanto, en la medida en que la Administraci髇 debiera asumir las consecuencias de dicho defecto en el procedimiento expropiatorio, computar ahora como inversi髇 ese pago del 25 % adicional, vendr韆 a ser una manera de compensar por ello al concesionario.

No obstante, la propuesta de interpretaci髇 que se formul� es que ese 25 % adicional no computara como inversi髇 por las razones siguientes:

• –  Porque dicho pago (si es que se hubiera hecho en alg鷑 caso por el concesionario) no incrementa el 玽alor patrimonial� de la finca expropiada.
• –  Porque el concesionario, beneficiario de la expropiaci髇, conoci� o pudo conocer la tramitaci髇 que se estaba dando al expediente expropiatorio y obtuvo un lucro gracias a la omisi髇 de ese tr醡ite en el procedimiento: al no someterse el proyecto de trazado al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, termin� antes el procedimiento de expropiaci髇, por lo que el concesionario pudo empezar antes a explotar la concesi髇 y a cobrar los peajes correspondientes.

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado sostiene lo siguiente:

獻gual juicio desfavorable merece la exclusi髇 del 25 % adicional del justiprecio que formula la propuesta. Dichos importes fueron abonados a resultas de un defecto de tramitaci髇 del expediente expropiatorio del que era responsable la Administraci髇. Ese adicional tambi閚 forma parte integrante del justiprecio abonado conforme con la Ley de Expropiaci髇 Forzosa y con los t閞minos previstos en las cl醬sulas 35 y 11 de los pliegos concesionales. En consecuencia, han de ser computados a los efectos de determinar el valor patrimonial de las inversiones por expropiaciones.

No es amparable la justificaci髇 contenida en la propuesta en el sentido de que los concesionarios obtuvieron un lucro gracias a la omisi髇 de ese tr醡ite en el procedimiento pues, al no someterse el proyecto de trazado al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, termin� antes el procedimiento de expropiaci髇 y pudieron empezar antes a explotar la concesi髇 y a cobrar los peajes correspondientes.

Frente a tal argumentaci髇 no puede ignorarse que, aunque los concesionarios empezaran a cobrar antes los peajes, tambi閚 comenzaron a amortizar con anterioridad.

Esta observaci髇 tiene car醕ter esencial a los efectos del art韈ulo 130 del Reglamento Org醤ico del Consejo de Estado.

Por otra parte, caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses y plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.�

En consecuencia, conforme al dictamen del Consejo de Estado, se computar醤 como inversi髇 las cantidades que, en su caso, hubiera abonado el concesionario por el 25 % derivado de la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica. No obstante, en caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado el plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

d) Sustituci髇 del justiprecio por cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos.

La situaci髇 a que se refiere este asunto puede resumirse as�: En determinados casos, el concesionario alcanz� un acuerdo con los expropiados en cuya virtud estos aceptaban que se construyera la autopista sobre sus fincas y que se paralizara el expediente expropiatorio, a cambio de que se les reconocieran los aprovechamientos urban韘ticos futuros que correspondieran a esas fincas. Es decir, el concesionario no pagaba el justiprecio y el propietario se daba por indemnizado mediante los aprovechamientos urban韘ticos que se reconocer韆n al terreno que iba a ser expropiado.

Puesto que en tales casos 玪o realmente pagado� por el concesionario a los expropiados fue cero, no se computar� como inversi髇 el valor patrimonial de las fincas obtenidas por el concesionario de ese modo; pues, gracias a esa cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos, el concesionario se ahorr� el pago del justiprecio. No obstante, si, a pesar de la existencia de convenios urban韘ticos, existiese alg鷑 caso en el que la sociedad concesionaria hubiera realizado alg鷑 abono en concepto de expropiaciones, la Administraci髇 reconocer� estas cantidades, siempre y cuando est� justificado dicho abono.

En consecuencia, no se computar� como inversi髇, el valor de los terrenos que iban a ser expropiados pero que han sido obtenidos, sin abonar justiprecio alguno, mediante un convenio sobre cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos; salvo que, pese a haberse celebrado un convenio urban韘tico, se hayan realizado abonos en concepto de expropiaciones por la sociedad concesionaria y esta los justifique.

e) Ocupaci髇 temporal.

Cabr韆 sostener que la ocupaci髇 temporal, por sus caracter韘ticas, no es propiamente una inversi髇, sino un gasto que debe asumir el concesionario para ejecutar la obra.

No obstante, en esta propuesta se formula una interpretaci髇 finalista para permitir que pueda computarse como inversi髇 la indemnizaci髇 por ocupaci髇 temporal de terrenos; siempre que quede acreditado que aquella fue necesaria para ejecutar la obra.

Por tanto, se computar� como inversi髇 el importe de las ocupaciones temporales, pero solamente las previstas en los correspondientes proyectos de obras, siempre que, como a馻de el dictamen del Consejo de Estado, adem醩 est� acreditado que se llevaron a cabo.

f) Duplicidad en el pago.

En los expedientes en que se pudiera haber producido un doble pago del mismo justiprecio por el concesionario solo se computar� una de las cantidades abonadas (en principio, la menor); sin perjuicio del derecho del concesionario a probar que, de esas dos cantidades, la mayor era la realmente debida; as� como de su derecho a reclamar el supuesto pago indebido de aquel que lo percibi�.

3. Efectividad del pago.

Para calcular ese 玽alor patrimonial� los pliegos obligan a determinar 玪o realmente pagado a los expropiados�.

Se entender� justificada la realidad del pago cuando est� documentada mediante cheque, transferencia bancaria o mediante los documentos acreditativos del dep髎ito o consignaci髇 en la Caja General de Dep髎itos.

Respecto de algunas fincas, ocurre que no se encuentra entre la documentaci髇 el justificante de lo que pag� el concesionario; pero s� consta que, despu閟, la Administraci髇 ha pagado parte de la deuda por expropiaciones correspondiente a la misma finca y ha reconocido que el concesionario pag� una parte previamente. En estos casos, se entender� igualmente justificada la realidad del pago por el concesionario en la parte reconocida por la Administraci髇.

Fuera de tales casos, si no est� suficientemente justificada la efectividad del pago, no se computar� ninguna cantidad; puesto que el pliego exige acreditar el pago, y la prueba de haberlo realizado recae sobre el concesionario (pues incumbe al deudor la carga de probar el pago, seg鷑 la regla general de nuestro Derecho; art韈ulo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

No obstante, una vez elaborada y remitida la Resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA, el Ministerio de Fomento solicitar� al Jurado de Expropiaci髇, as� como a la Caja General de Dep髎itos, la documentaci髇 que fuera necesaria para completar el expediente; de forma que pueda incorporarse a la liquidaci髇 de situaciones pendientes y recogerse en la Resoluci髇 complementaria para el pago de la RPA.

4. Documentaci髇 de los expedientes expropiatorios.

El importe de la RPA se calcular� con base en una lista de expropiaciones.

La lista de expropiaciones proporciona, para cada concesi髇, la siguiente informaci髇 de cada una de las fincas expropiadas:

• –  Relaci髇 de acreedores por expropiaciones aprobada en el proceso concursal.
• –  Determinaci髇 del justiprecio:
  • - Acta de mutuo acuerdo.
  • - Resoluci髇 del Jurado de Expropiaci髇.
  • - Sentencia firme y, en su caso, condena al pago del 25 % por falta de audiencia previa al expropiado.
  • - En su caso, acuerdo sobre sustituci髇 del justiprecio por la cesi髇 de derechos urban韘ticos y, en tal caso, indicaci髇 de si finalmente se reanud� o no el expediente de justiprecio.
• –  Justificaci髇 del pago:
  • - Dep髎itos previos.
  • - Acta de pago.
  • - Justificante de la consignaci髇 del pago.
  • - Justificaci髇 del pago en ejecuci髇 de sentencia firme.
• –  Acuerdo de concesi髇 del pr閟tamo participativo por expropiaciones.

Estos documentos, referidos a todas las autopistas objeto de este expediente, forman un volumen ingente de documentaci髇, gran parte de la cual est� en formato papel. No es factible, en los plazos y con los medios de que se dispone, digitalizar y examinar pormenorizadamente cada uno de los tr醡ites seguidos en todos los expedientes expropiatorios.

A todo ello se suma la situaci髇 registral de las fincas expropiadas: La cl醬sula 56 del Pliego General de Autopistas establece que 玡l concesionario viene obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad, y a favor del Estado, la totalidad de los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesi髇 y sean susceptibles de ello [...]�. Sin embargo, la mayor韆 de los concesionarios no cumpli� esa obligaci髇 y gran parte de las fincas expropiadas sigue pendiente de inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado (en alg鷑 caso, parece que determinadas fincas expropiadas se han inscrito por la concesionaria, pero a su propio nombre).

Por ello, a los efectos de determinar la RPA y calcular el valor patrimonial de estas expropiaciones, en el expediente de liquidaci髇 del contrato se proceder� de este modo:

• –  Toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, se ordenar� en la forma expuesta (lista de expropiaciones); a fin de que pueda ser examinada en todo momento por los interesados.
• –  En todo caso se digitalizar醤, para cada autopista, el Anejo de expropiaciones de los EDYCOE (獷stado de dimensiones y caracter韘ticas de la obra ejecutada�; cl醬sula 66 del Pliego General de Autopistas), o en su caso, el Anejo de expropiaciones de cada uno de los proyectos; as� como los documentos justificativos del pago al expropiado.
• –  La lista de expropiaciones ser� rubricada por el Jefe de la Demarcaci髇 de Carreteras correspondiente, en su condici髇 de 髍gano competente para la expropiaci髇 que, adem醩, har� constar que la informaci髇 que figura en la lista de expropiaciones se corresponde con la de los expedientes expropiatorios, que se incorporar醤 como Anejo a dicha lista.

5. Interpretaci髇 que se adopta.

Para calcular 玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones� por expropiaciones se computar� como 玡fectivamente pagado a los expropiados en su momento� el justiprecio abonado por el concesionario, sin actualizaci髇.

Los intereses de demora derivados de la expropiaci髇 se computar醤 como inversi髇, salvo que hayan sido ya amortizados por los concesionarios o salvo que sean imputables al concesionario, por haberse devengado al no haber abonado este en plazo los importes debidos de los justiprecios. No obstante, en caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses, en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Las costas procesales ocasionadas en la expropiaci髇, al no estar relacionadas directamente con el valor patrimonial de la finca expropiada; no se computar醤 como inversi髇.

Se computar醤 como inversi髇 las cantidades que, en su caso, hubiera abonado el concesionario por el 25 % derivado de la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica. No obstante, en caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado el plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

No se computar� como inversi髇 la sustituci髇 del justiprecio por cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos salvo que, pese a haberse celebrado un convenio urban韘tico, se hayan realizado abonos en concepto de expropiaciones por la sociedad concesionaria y esta los justifique.

Respecto de las ocupaciones temporales, solamente se computar� el importe de las previstas en los correspondientes proyectos de obras, siempre que, adem醩, est� acreditado que se llevaron a cabo.

Se entender� justificada la realidad del pago cuando est� documentada mediante cheque, transferencia bancaria, los documentos acreditativos del dep髎ito o consignaci髇 en la Caja General de Dep髎itos. Tambi閚 se considerar� justificada la realidad del pago parcial por el concesionario cuando dicho pago parcial hubiera sido reconocido por la Administraci髇 al hacerse cargo del pago de la cantidad restante debida al expropiado.

No obstante, una vez elaborada y remitida la Resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA, el Ministerio de Fomento solicitar� al Jurado de Expropiaci髇, as� como a la Caja General de Dep髎itos, la documentaci髇 que fuera necesaria para completar el expediente; de forma que pueda incorporarse a la liquidaci髇 de situaciones pendientes y recogerse en la Resoluci髇 complementaria para el pago de la RPA.

Fuera de los casos citados, corresponde al concesionario la carga de aportar cualquier otro medio de prueba acreditativo del pago.

En el expediente de liquidaci髇 del contrato se ordenar� toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, relativa a los expedientes expropiatorios. En todo caso se digitalizar�, para cada autopista, el Anejo de expropiaciones de los EDYCOE, o en su caso, el Anejo de expropiaciones de cada uno de los proyectos; as� como los documentos justificativos del pago al expropiado.

Se incorporar� al expediente una lista de expropiaciones, que ser� rubricada por el Jefe de la Demarcaci髇 de Carreteras.

IV. Amortizaci髇

Seg鷑 se ha expuesto, los pliegos particulares de todas las concesiones prev閚 que para calcular de la RPA se deduzca 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda�.

A esa deducci髇 se refieren las cl醬sulas de los pliegos particulares tanto respecto de las expropiaciones [letra a)] como para las obras [letra b)].

Para mayor claridad, se reitera que la regulaci髇 de esta materia en los pliegos particulares es la siguiente:

• –  En los pliegos de autopista R3/R5, autopista R2, autopista R4 y autopista M-12 figura la misma cl醬sula, que, a su vez, es copia literal de la cl醬sula 107 del Pliego General de Autopistas.
• –  En los pliegos de autopista Circunvalaci髇 de Alicante, autopista Cartagena-Vera, autopista Oca馻-La Roda y autopista Madrid-Toledo la cl醬sula que figura es igual a las de los pliegos anteriores; salvo que se a馻de en la letra a), para las expropiaciones, que 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda de acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado�.

En definitiva, la situaci髇 descrita puede resumirse as�: Ni el Pliego General de Autopistas ni los pliegos particulares indican el m閠odo de amortizaci髇 que deba aplicarse; si bien esos cuatro 鷏timos pliegos aluden al m閠odo previsto en el 玴lan econ髆ico financiero aprobado� respecto de la amortizaci髇 de las expropiaciones; no as� para las obras [letra b)].

A la vista de ello, la propuesta de interpretaci髇 consider� que la amortizaci髇 a que se refieren los pliegos deb韆 realizarse, tanto para expropiaciones como para obras, mediante amortizaci髇 lineal.

Esa propuesta de interpretaci髇 se fundament� en las razones siguientes:

• 1. Pliegos que no mencionan un m閠odo de amortizaci髇.

  En todos los casos en los que el pliego de la concesi髇 no establezca el m閠odo de amortizaci髇, ya se trate de inversiones en expropiaciones o de obras, se aplicar� el criterio de amortizaci髇 lineal; lo que se justifica por estos motivos:

  • a) Porque es el 鷑ico m閠odo objetivo aplicable en la pr醕tica: Durante la vigencia de las concesiones ha variado el m閠odo de amortizaci髇, tanto por los cambios en las normas contables (Orden de 30/6/1977; Orden de 10/12/1998 y Orden EHA/3362/2010), como por los cambios de criterio adoptados por las propias concesionarias. En consecuencia, es excesivamente complejo calcular la amortizaci髇 teniendo en cuenta todas estas variaciones.
  • b) Porque los dem醩 m閠odos de amortizaci髇 (por ejemplo, creciente en progresi髇 geom閠rica) obligar韆n a realizar unas previsiones de tr醘ico irreales al final de la vida 鷗il.
  • c) Porque es el m閠odo previsto en la legislaci髇 de contratos vigente. Ciertamente que la actual LCSP (Ley 9/2017) no es aplicable por raz髇 temporal a estas concesiones, pero el vigente art韈ulo 280 de la LCSP, al referirse expresamente a la 玜mortizaci髇 lineal�, es expresivo de la preferencia del legislador por este m閠odo.
  • d) Porque la regla general de la amortizaci髇 lineal es coherente con la normativa contable de autopistas, tanto la vigente al tiempo de adjudicarse estas concesiones (Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que se aprueban las normas de adaptaci髇 del Plan General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de autopistas, t鷑eles, puentes y otras v韆s de peaje) como la actual ( Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptaci髇 del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras p鷅licas).
    • –  La Orden de 10 de diciembre de 1998, al aludir al fondo de reversi髇, establec韆 que 玪os criterios establecidos para el c醠culo de la dotaci髇 al fondo de reversi髇 se aplicar醤 de modo uniforme, con independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones de rentabilidad concretas en las que se desenvuelva la sociedad concesionaria�.
    • –  La Orden EHA/3362/2010, en la norma segunda (Tratamiento contable de los acuerdos de concesi髇) al referirse a la Amortizaci髇 del inmovilizado intangible, establece en su apartado 1.6.a):

    獿a amortizaci髇 del inmovilizado intangible a que hacen referencia los apartados anteriores, se iniciar� cuando la infraestructura est� en condiciones de explotaci髇. En particular, se aplicar醤 las siguientes reglas:

    • a.1) Deber� establecerse de manera sistem醫ica y racional durante el periodo concesional.
    • a.2) Cuando el uso del inmovilizado intangible pueda estimarse con fiabilidad por referencia a la 玠emanda o utilizaci髇� del servicio p鷅lico medida en unidades f韘icas, este m閠odo podr� aceptarse como criterio de amortizaci髇 siempre que sea el patr髇 m醩 representativo de la utilidad econ髆ica del citado activo. En caso contrario, y en ausencia de otro criterio m醩 representativo, la amortizaci髇 deber� seguir un criterio de reparto lineal a lo largo del periodo concesional.�

  En consecuencia, se sostuvo que en las concesiones cuyos pliegos no aluden al m閠odo de amortizaci髇 se aplicar� la amortizaci髇 lineal para calcular la RPA, tanto para expropiaciones como para obras.

• 2. Pliegos que mencionan la amortizaci髇 玠e acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado�.

  Ya se ha expuesto que, a diferencia de lo que ocurre en los dem醩 pliegos, los de cuatro concesiones (Circunvalaci髇 de Alicante, Cartagena-Vera, Oca馻-La Roda y Madrid-Toledo) dicen, solo para las expropiaciones, que la cuota de amortizaci髇 se calcular� 玠e acuerdo al plan econ髆ico financiero aprobado�.

  Sin embargo, en la propuesta de interpretaci髇 se estim� que lo apropiado tambi閚 para estas cuatro concesiones ser韆 aplicar la amortizaci髇 lineal; lo que se justific� por lo siguiente:

  • –  Por las mismas razones que, con car醕ter general, se han expuesto ya para las restantes concesiones en cuyos pliegos no aparec韆 esta referencia al 玴lan econ髆ico financiero�. Tras la entrada en vigor de la ya citada Orden EHA/3362/2010, debe aplicarse 玡l patr髇 m醩 representativo de la utilidad econ髆ica del citado activo�; condici髇 que dif韈ilmente puede referirse al PEF, dada la diferencia entre la realidad y la estimaci髇 de tr醘icos e ingresos de dicho plan.
  • –  Se evita as� la disparidad que en estos cuatro casos se producir韆 no solo respecto de las dem醩 concesionarias, sino respecto de las inversiones de la propia concesi髇: la menci髇 al m閠odo del 玴lan econ髆ico financiero� solo se emplea para las expropiaciones, no para las obras (a los que, por tanto, se les aplicar韆 la amortizaci髇 lineal).
  • –  Han sido estos cuatro concesionarios los que durante la vigencia de la concesi髇 han seguido criterios de amortizaci髇 distintos a los del plan econ髆ico financiero; por lo que ser韆 contrario a los actos propios pretender ahora aplicar dicho m閠odo. M醩 concretamente:
    • - El PEF de Circunvalaci髇 de Alicante cita expresamente la amortizaci髇 lineal, pero despu閟 la concesionaria amortiz� en funci髇 de los ingresos previstos en dicho plan.
    • - El PEF de Oca馻-La Roda alude a la amortizaci髇 con 玡l porcentaje de ingresos anual en relaci髇 con el total de ingresos previstos en el PEF�, pero 玠urante el ejercicio 2008 se procedi� a cambiar las estimaciones del patr髇 de consumo� (informe de la auditora de cuentas), lo que elev� notablemente las cifras de amortizaci髇.
    • - El PEF de Cartagena-Vera dice que la dotaci髇 al fondo de reversi髇 se har� en funci髇 del porcentaje de los ingresos previstos en cada per韔do respecto de los totales previstos; pero en los informes de auditor韆 se dice que existe una gran diferencia entre previsiones y realidad, lo que la lleva a no poder evaluar 玪a razonabilidad de la amortizaci髇 practicada�.
    • - El PEF de Madrid-Toledo dice que para las expropiaciones se aplicar韆 la amortizaci髇 玪ineal per韔do de explotaci髇�; sin embargo, la propia concesionaria ha aplicado despu閟 en su contabilidad un sistema de amortizaci髇 distinto.

  En consecuencia, la propuesta de interpretaci髇 planteaba aplicar, para todas las concesiones, incluidas estas cuatro 鷏timas, la amortizaci髇 lineal.

  No obstante, el dictamen del Consejo de Estado sostiene lo siguiente en cuanto al m閠odo de amortizaci髇:

  獿a 鷑ica norma integrante del grupo normativo aplicable a los otorgamientos que hace referencia al m閠odo de amortizaci髇 de los activos de las autopistas es la disposici髇 adicional cuadrag閟ima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Su pertenencia al citado grupo es indudable por raz髇 de la materia. Adem醩, se ha aplicado a las concesionarias de las autopistas comprendidas en el 醡bito de la propuesta de interpretaci髇 al haberse acogido todas ellas voluntariamente a las medidas de reequilibrio contenidas en ella.

  La citada disposici髇 estableci� un mecanismo legal especial de reequilibrio econ髆ico-financiero de las concesiones de autopistas de peaje –pr閟tamos participativos por sobrecostes de expropiaciones– en el que, a la hora de definir las condiciones del pr閟tamo, se se馻laba, como uno de los criterios determinantes de la retribuci髇 del pr閟tamo a percibir por el Estado.�

  玝) La cantidad resultante de aplicar el porcentaje que suponga el saldo del pr閟tamo participativo vivo a 31 de diciembre respecto al valor de la inversi髇 total, incluido el importe total de las expropiaciones definido en el apartado dos.a), a la diferencia obtenida de detraer del 75 por 100 de los ingresos netos de peaje, la cuant韆 anual de amortizaci髇 lineal de la inversi髇 total, conforme a la siguiente expresi髇 [...].

  La referencia a la "cuant韆 anual de amortizaci髇 lineal de la inversi髇 total" es expresiva de que el criterio informador del grupo normativo de autopistas en la materia atiende a dicho m閠odo de amortizaci髇. Y, en consecuencia, esa referencia es extensible –en virtud del `argumentum a pari� y la `extensio ad similia� y el criterio `nisi lege tota perspecta�– a otras situaciones que requieran colmarse jur韉icamente con ocasi髇 de la aplicaci髇 del citado grupo normativo.

  La referencia a este m閠odo se compadece adecuadamente, por otra parte, con los criterios expuestos en la propuesta. As� las cosas, la soluci髇 a la cuesti髇 planteada puede solventarse conforme con las reglas generales y mecanismos propios del grupo normativo, pues este cuenta con una previsi髇 espec韋ica. En consecuencia, el Consejo de Estado considera que el m閠odo de amortizaci髇 lineal es el acogido por la legislaci髇 y los pliegos de las autopistas y el aplicable, con car醕ter general, a las inversiones llevadas a cabo por las concesionarias.

  Este criterio general debe ceder ante las eventuales previsiones espec韋icas de los pliegos particulares.

  Como se ha se馻lado, los pliegos de las autopistas R3/R5, R2, R4 y M-12 no establecen previsi髇 alguna sobre el m閠odo aplicable. Los de las autopistas de la Circunvalaci髇 de Alicante, de Cartagena-Vera, Oca馻-La Roda y Madrid-Toledo, tampoco, en lo tocante a la amortizaci髇 de las obras. En consecuencia, la amortizaci髇 de las expropiaciones y las obras de las primeramente enumeradas y de las obras de las segundas citadas ha de hacerse conforme al m閠odo de amortizaci髇 lineal.

  Respecto de la amortizaci髇 de las expropiaciones en el caso de las autopistas de la Circunvalaci髇 de Alicante, de Cartagena-Vera, Oca馻-La Roda y Madrid-Toledo, los pliegos incluyen la referencia "la cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda de acuerdo al plan econ髆ico-financiero aprobado". Es por tanto preciso atender al contenido de estos para determinar si el criterio general les es aplicable o no.

  De lo expuesto, se concluye:

  • a) El plan econ髆ico-financiero de la autopista de Circunvalaci髇 de Alicante hace menci髇 expresa al criterio de amortizaci髇 lineal como m閠odo aplicable. Por tanto, este tambi閚 resulta aplicable a las expropiaciones.
  • b) El plan econ髆ico-financiero de la autopista Madrid-Toledo dice que se aplicar� la amortizaci髇 "lineal periodo de explotaci髇". En consecuencia, dicho m閠odo es de aplicaci髇 a las expropiaciones.
  • c) El plan econ髆ico-financiero de la autopista Oca馻-La Roda alude a la amortizaci髇 con "el porcentaje de ingresos anual en relaci髇 con el total de ingresos previstos en el PEF", de tal suerte que no menciona el m閠odo de amortizaci髇 lineal sino expresamente el plan econ髆ico-financiero. Por tanto, ha de estarse a este 鷏timo instrumento en Io tocante a la amortizaci髇 de las expropiaciones.
  • d) Y, finalmente, el plan econ髆ico-financiero de la autopista de Cartagena-Vera dice que la dotaci髇 al fondo de reversi髇 se har� en funci髇 del porcentaje de los ingresos previstos en cada periodo respecto de los totales proyectados. En consecuencia, tambi閚 habr� de estarse a este criterio.�

  En consecuencia, conforme al dictamen del Consejo de Estado, se aplicar� el m閠odo de amortizaci髇 lineal para calcular la RPA, tanto para expropiaciones como para obras, salvo en los casos siguientes:

  • –  Para las expropiaciones de la autopista Oca馻-La Roda, cuya amortizaci髇 se realizar� con 玡l porcentaje de ingresos anual en relaci髇 con el total de ingresos previstos en el PEF�.
  • –  Para las expropiaciones de la autopista de Cartagena-Vera, cuya amortizaci髇 se realizar� 玡n funci髇 del porcentaje de los ingresos previstos en cada periodo respecto de los totales proyectados�.
• 3. D韆 inicial para la amortizaci髇.

  El ICAC tiene establecido que, en este tipo de infraestructuras, la amortizaci髇 de todas las inversiones debe iniciarse desde que la concesi髇 est� 玠isponible para su utilizaci髇� (BOICAC n.� 88, consulta n.� 4).

  La determinaci髇 de esa fecha resulta compleja. En unos casos no consta claramente la fecha de puesta en servicio. En otros, cuando se tiene esa fecha, resulta que las autopistas se fueron construyendo y poniendo en servicio por tramos sucesivos, sin que a menudo se pueda identificar la parte del importe del proyecto que debe asociarse a cada fecha de puesta en servicio.

  Ante la situaci髇 descrita, se complicar韆 en exceso el c醠culo de la amortizaci髇 si hubiera que tomar varias fechas de puesta en servicio y as� como las inversiones proporcionales a cada tramo construido. Por ello, resulta pertinente recurrir a un criterio que sea objetivo y practicable.

  Sobre esa base, se estima que debe aplicarse como d韆 inicial para el comienzo de la amortizaci髇 la fecha en que la concesionaria inici� el cobro de peajes en la autopista.

  Esa fecha se tomar� para calcular la amortizaci髇 de las inversiones (obras y expropiaciones) definidas en los proyectos iniciales; es decir, los proyectos que, tras la adjudicaci髇 del contrato, present� inicialmente el concesionario y fueron aprobados por la Administraci髇.

  Respecto de las obras ejecutadas al amparo de modificaciones posteriores de los proyectos (cl醬sula 74 del Pliego General de Autopistas), las obras complementarias y las 玱bras adicionales� (disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre) se aplicar� igualmente como d韆 inicial para el comienzo de la amortizaci髇 la fecha en que la concesionaria comenz� el cobro de peajes en la autopista. Esto se justifica por las razones siguientes:

  • –  La disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, vino a asimilar esas 玱bras adicionales� a las obras iniciales de la propia autopista, al reconocer impl韈itamente que, aunque se hubieran ejecutado sin seguir el procedimiento para la modificaci髇 de los proyectos, tales obras podr韆n haberse incluido en ellos.
  • –  Tanto para las 玱bras adicionales� como para las obras ejecutadas al amparo de modificaciones posteriores, se plantea la misma complejidad, ya descrita, en cuanto a la determinaci髇 del importe del proyecto (en este caso la parte del proyecto que se modifica) que debe asociarse a cada fecha de puesta en servicio.

  El dictamen del Consejo de Estado ha avalado este criterio de amortizaci髇 en cuanto a las obras adicionales:

  獷l Consejo de Estado considera que la amortizaci髇 de las obras adicionales ha de hacerse con arreglo a los criterios generales. En efecto, la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, articul� un mecanismo excepcional de compensaci髇 de obras adicionales llevadas a cabo por los concesionarios mediante el establecimiento de unos peajes adicionales finalistas –adscritos a satisfacer su importe [...]

  As� las cosas, el Consejo considera que procede computar como inversi髇 las "obras adicionales" a que se refiere la disposici髇 adicional 41 a de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2010, siempre que hayan sido reconocidas mediante resoluci髇 expresa dictada al amparo de dicha norma, aplic醤dose los criterios generales establecidos en la propuesta de interpretaci髇 a la hora de su c髆puto; esto es, aplic醤dose a su montante las correspondientes deducciones por amortizaci髇 y por peajes adicionales percibidos, pues de otro modo se producir韆 un enriquecimiento del concesionario carente de causa.�

  No obstante, si respecto de una determinada obra, modificaci髇 u obra adicional llegara a constar de forma incuestionable su fecha espec韋ica de puesta en servicio, se aplicar韆 esta 鷏tima.

• 4. D韆 final para la amortizaci髇.

  En coherencia con el criterio establecido para el inicio de la amortizaci髇, se tomar� como fecha final de la amortizaci髇 aquella en que SEITT comenz� la explotaci髇 de la autopista y a percibir los peajes correspondientes.

  En los antecedentes de este acuerdo se ha indicado ya, respecto de cada concesi髇, la fecha en que SEITT comenz� a explotar la autopista.

  El dictamen del Consejo de Estado ha avalado este criterio de amortizaci髇:

  獷n relaci髇 con el d韆 final del periodo de amortizaci髇 fijado, el Consejo lo considera correcto.

  El Tribunal de Conflictos de Jurisdicci髇 declar� en la Sentencia 3/2016, de 5 de diciembre, –en relaci髇 con el art韈ulo 270.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, pero lo dicho es aplicable al caso previsto en el art韈ulo 112.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P鷅licas, que se refer韆 a la quiebra– que la de la fase de liquidaci髇 en el concurso por la autoridad judicial comporta la resoluci髇 del contrato de concesi髇 por ministerio de la ley.

  Ahora bien, dijo el citado Tribunal que el auto de apertura de la referida fase se ci馿 "a aplicar la norma, dando noticia de que la concesi髇 ha quedado resuelta por as� disponerlo la ley (...). Se limita a trasladar en sede concursal los efectos y consecuencias derivados de la extinci髇 por ministerio de la ley correspondiendo a la Administraci髇, dentro de las prerrogativas propias que le confiere la legislaci髇, proveer lo necesario para determinar los efectos de la resoluci髇 de la concesi髇 y el destino de las obras a su extinci髇; en particular, su liquidaci髇, su rescate y, en su caso, la asunci髇 de su explotaci髇, la determinaci髇 de las indemnizaciones pertinentes y la recepci髇 de las instalaciones" (sentencia 3/2016, de 5 de diciembre, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci髇).

  En definitiva, la apertura de la fase de liquidaci髇 en el concurso comporta la extinci髇 `ex lege� de la concesi髇, correspondiendo a la Administraci髇 la determinaci髇 de sus efectos en el 醡bito administrativo a trav閟 del correspondiente procedimiento de recepci髇 de las instalaciones y liquidaci髇. La apertura de este procedimiento precisa la previa verificaci髇 de la resoluci髇 operada por ministerio de la ley, lo que ha de concretarse en un acto declarativo en el 醡bito administrativo. Acto que es jur韉icamente debido –por derivarse directamente de la ley– y no potestativo. Acto que no es constitutivo. Se limita a la mera constataci髇, fijaci髇 o expresi髇 de una situaci髇 jur韉ica preexistente –el efecto resolutorio dispuesto por la ley–. No tiende, pues, a la producci髇 o constituci髇 de una nueva, pero s� constituye el hito a partir del cual operan las consecuencias jur韉icas de la resoluci髇 del contrato en el 醡bito administrativo (dictamen del Consejo de Estado n.� 380/2018, de 17 de mayo).

  Una aplicaci髇 de lo dicho lleva directamente a entender que la fecha final del periodo de amortizaci髇 es la de los acuerdos de resoluci髇 de los contratos de concesi髇, adoptados por el Consejo de Ministros.

  Ahora bien, en el caso de los otorgamientos a que se refiere la propuesta de interpretaci髇 (con excepci髇 de la autopista Madrid-Toledo en que resoluci髇 y cese coincidieron), antes de tomarse dichos acuerdos de resoluci髇 por parte del 髍gano de contrataci髇, se hizo cargo de la gesti髇 efectiva de las infraestructuras la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, S. A. (SEITTSA); esto es, los efectos de los acuerdos de resoluci髇 se anticiparon. Dichos anticipos no fueron arbitrarios, sino que encontraron su fundamento en los planes de liquidaci髇 aprobados judicialmente y se adoptaron para ajustarse a las fechas contenidas en estos, que establec韆n el cese de las distintas explotaciones. Por tanto, a juicio del Consejo de Estado, ha de estarse a estas fechas de cese en las explotaciones.�

• 5. Interpretaci髇 que se propone.

  Una vez determinadas las inversiones en obras y expropiaciones, para calcular 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda� se aplicar�, en todas las concesiones y para todas las inversiones (obras y expropiaciones), el criterio de amortizaci髇 lineal; salvo en los casos siguientes:

  • –  Para las expropiaciones de la autopista Oca馻-La Roda, cuya amortizaci髇 se realizar� con 玡l porcentaje de ingresos anual en relaci髇 con el total de ingresos previstos en el PEF�.
  • –  Para las expropiaciones de la autopista de Cartagena-Vera, cuya amortizaci髇 se realizar� 玡n funci髇 del porcentaje de los ingresos previstos en cada periodo respecto de los totales proyectados�.

El d韆 inicial para el comienzo de la amortizaci髇 ser� la fecha en que la concesionaria inici� el cobro de peajes en la autopista. Ese mismo d韆 se aplicar� para la amortizaci髇 de las obras definidas en los proyectos iniciales, las obras ejecutadas al amparo de modificaciones de esos proyectos y las 玱bras adicionales� mencionadas en la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. No obstante, si respecto de una determinada obra, modificaci髇 u obra adicional llegara a constar de forma incuestionable su fecha espec韋ica de puesta en servicio, se aplicar韆 esta 鷏tima.

El d韆 final ser� la fecha en que SEITT comenz� a explotar la autopista.

V. L韒ites de la RPA

1. Regla general.

El valor patrimonial que resulte de las operaciones anteriores (inversiones no amortizadas) ser� el que se tome como referencia para calcular cantidad que corresponda al concesionario como RPA, 玸iempre sin superar los l韒ites m醲imos (de) responsabilidad patrimonial� (as� resulta de los pliegos particulares y de la cl醬sula 107 del Pliego General de Autopistas).

Los l韒ites de la RPA son cifras propuestas por el propio concesionario en su oferta; seg鷑 resulta de la cl醬sula 8, apartados q) y r), del Pliego General de Autopistas; que tiene su equivalente en los pliegos particulares de una de las concesiones objeto de este expediente.

Los l韒ites de la RPA son un elemento clave para asegurar la asunci髇 del riesgo en las concesiones de autopistas: la Administraci髇 concedente no garantiza al concesionario la recuperaci髇 de la inversi髇 por encima de dichos l韒ites.

2. Cuestiones interpretativas que se plantean.

Para aplicar los l韒ites de la RPA a las concesiones que son objeto de este expediente resulta necesario aclarar estas cuestiones:

• a) Si debe aplicarse un l韒ite para las obras y otro para las expropiaciones.
• b) Si el l韒ite fijado para las obras debe incrementarse con las obras adicionales por modificaciones de los proyectos iniciales.
• c) Si el l韒ite fijado para las expropiaciones debe aplicarse al conjunto de las expropiaciones realizadas para construir la autopista, con independencia de si el justiprecio lo ha pagado el concesionario o el Estado.

Para mayor claridad, se anticipa la respuesta que, con base en los argumentos que siguen, procede dar a estas cuestiones:

• a) Se aplican dos 玪韒ites� de RPA, uno para obras y otro para expropiaciones.
• b) El l韒ite de la RPA por obras fijado en el Real Decreto de adjudicaci髇 debe incrementarse con el importe de los proyectos modificados, obras complementarias y 玱bras adicionales� reconocidos al concesionario conforme a la ya citada disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009.
• c) El l韒ite de la RPA por expropiaciones debe aplicarse al conjunto de las expropiaciones previstas para construir la autopista.

Se expone a continuaci髇 la regulaci髇 que tiene esta materia en los reales decretos de adjudicaci髇 de cada concesi髇:

�– Autopista R3/R5.

Real Decreto 1515/1999, de 24 de septiembre.

Art韈ulo 11.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 por construcci髇, a la que alude la cl醬sula 35 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999, quedar� limitada a la cifra de 106.149.000.000 de pesetas (637,97 millones de euros).

Art韈ulo 12.

La responsabilidad patrimonial por expropiaciones, a que alude la cl醬sula 35 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999, quedar� limitada a 6.496.000.000 de pesetas (39,04 millones de euros).

En consecuencia, en la Autopista R3/R5 la RPA por expropiaciones es 39.040.000 € y la RPA por obras 637.970.000 €.

– Autopista R2.

Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre.

Art韈ulo 11.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude la cl醬sula 35 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 4 de febrero de 2000, quedar� limitada a la cifra de 6.776.000.000 de pesetas (40.724.580,19 euros), de acuerdo con los t閞minos de la oferta.

Dado que en este Real Decreto de adjudicaci髇 aparece una sola cifra, para conocer el desglose entre obras y expropiaciones es necesario acudir a la oferta de la propia concesionaria en cuya proposici髇, apartado q), figuran ambas cifras: Para la "Alternativa A-3" (la seleccionada; art韈ulo 1 del Real Decreto 1834/2000) se especifica que, del total de 6.776.000.000 de pesetas (40.724.580,19 euros), corresponden "0" pesetas (0 euros) a obras y 6.776.000.000 de pesetas (40.724.580,19 euros) a "expropiaciones".

El apartado r) de la Proposici髇 presentada por la concesionaria corrobora esas cifras, al decir: "A los efectos de la valoraci髇 contemplada en el t韙ulo X del Pliego de Cl醬sulas Administrativas Particulares, las cantidades ofertadas como Responsabilidad Patrimonial de la Administraci髇 se desglosan como sigue (aparece un cuadro) [...] Ejecuci髇 de obras. Total. 0; Expropiaciones. Total 6.776; Responsabilidad Patrimonial. Total: 6.776".

Respecto de la oferta de 0 euros en la RPA por obras, procede se馻lar que, para otras variantes de su oferta, la concesionaria s� fij� en su proposici髇 un importe superior a cero para la RPA por obras (56.052.000.000 ptas. para la Alternativa A-2 o 61.822.000.000 ptas. para la Alternativa A-4); pero no as� para la Alternativa A-3, que fue la seleccionada y para la que expresamente, en el cuadro de la oferta, el concesionario indic� "0" en cuanto a la RPA por obras.

En consecuencia, en la Autopista R2 la RPA por expropiaciones es 40.724.580,19 € y la RPA por obras 0 €.

– Autopista R4.

Real Decreto 3540/2000, de 29 de diciembre.

Art韈ulo 11.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude la cl醬sula 35 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento, de 11 de abril de 2000, quedar� limitada a la cifra de 93.119.000.000 de pesetas (559.656.461,48 euros), de acuerdo con los t閞minos de la oferta.

Dado que en este Real Decreto de adjudicaci髇 aparece una sola cifra, para conocer el desglose entre obras y expropiaciones es necesario acudir a la oferta de la propia concesionaria, a la que se remite expresamente dicho Real Decreto.

El "Resumen de la oferta" presentado por la concesionaria, apartado 17, a馻de: "Los l韒ites m醲imos de la Responsabilidad Patrimonial de la Administraci髇 en todas las propuestas se han establecido como la suma de los m醲imos importes a los que habr韆 que hacer frente para el abono de expropiaciones y las indemnizaciones de todo tipo que puedan derivarse del proceso expropiatorio, m醩 los vol鷐enes de construcci髇 (obras, instalaciones, 醨eas de servicio y proyectos)".

A continuaci髇, en el "Resumen de la oferta" presentado, sigue un cuadro con los importes desglosados de la RPA por obras y expropiaciones de cada una de las variantes de la oferta. Para la que result� adjudicataria (denominada "Soluci髇 BM2") figuran estas cifras: "Construcci髇 de obras e instalaciones: 81.002; Valoraci髇 objetiva de expropiaciones: 12.117. Total 93.119".

Dado que esas cantidades del 玆esumen de la oferta� est醤 expresadas en millones de pesetas, convertidas a euros resulta que en la Autopista R4 la RPA por expropiaciones es 72.824.636,69 € y la RPA por obras 486.831.824,79 €.

– Autopista M-12.

Real Decreto 1197/2002, de 8 de noviembre.

Art韈ulo 12.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude la cl醬sula 35 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento 541/2002, de 5 de marzo, quedar� limitada a la cifra de trescientos cinco millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta y seis (305.471.256 euros), doscientos sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos diecisiete (268.498.917 euros) por construcci髇, y treinta y seis millones novecientos setenta y dos mil trescientos treinta y nueve (36.972.339 euros) por expropiaciones.

En esta autopista M-12 concurre una situaci髇 singular que se estima necesario aclarar, puesto que el art韈ulo 11 del mismo Real Decreto de adjudicaci髇 establece:

Art韈ulo 11.

El precio de reversi髇 a 31 de diciembre de 2020 a que alude la cl醬sula 5, apartado 11.d).i), del pliego de cl醬sulas particulares, de acuerdo con la oferta presentada al concurso, se establece en cero (0 euros).

El precio de reversi髇 a t閞mino de la concesi髇, a que alude la cl醬sula 5, apartado 11.d).ii), del pliego de cl醬sulas particulares, a pagar a la Administraci髇 por la sociedad concesionaria, en euros de 31 de diciembre de 2001, de acuerdo con la oferta presentada al concurso, se establece en cincuenta y tres millones (53.000.000 de euros).

De acuerdo con las cl醬sulas del pliego a las que se remite, ese art韈ulo 11, se trata de estas modalidades de reversi髇:

– reversi髇 "a petici髇 del concesionario" "a 31 de diciembre de 2020",

– y reversi髇 "a t閞mino de la concesi髇".

Para el primer caso, el precio de reversi髇 ofertado por el concesionario fue 0 euros; para el segundo, lo que ofert� el concesionario fue pagar a la Administraci髇 53.000.000 €.

No obstante, el acuerdo de interpretaci髇 que ahora se formula se estima que dicho art韈ulo 11 del Real Decreto de adjudicaci髇 no afecta al c醠culo de la RPA que es objeto de este expediente; al no haberse producido ninguna de esas dos circunstancias previstas en el pliego: la concesi髇 no ha llegado a 2020 ni tampoco ha terminado el plazo por el que se otorg�. En consecuencia, se estima que el art韈ulo 11 del Real Decreto no es aplicable en la situaci髇 actual del contrato y que, por tanto, debe estarse al ya citado art韈ulo 12 del Real Decreto para calcular la RPA.

– Autopista Circunvalaci髇 de Alicante.

Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero.

Art韈ulo 12. Responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude el apartado 2 de la cl醬sula 11 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares quedar� limitada a la cifra de trescientos noventa y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil euros (398.665.000 euros), de los que trescientos nueve millones ochocientos veintis閕s mil euros (309.826.000 euros) son por construcci髇, y ochenta y ocho millones ochocientos treinta y nueve mil euros (88.839.000 euros) por expropiaciones.

– Autopista Cartagena-Vera.

Real Decreto 245/2004, de 6 de febrero.

Art韈ulo 11. Responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude el apartado 2 de la cl醬sula 11 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares, quedar� limitada a la cifra de quinientos veintis閕s millones ochocientos diecinueve mil euros (526.819.000 euros), de los que cuatrocientos noventa y seis millones de euros (496.000.000 euros) son por construcci髇, y treinta millones ochocientos diecinueve mil euros (30.819.000 euros) por expropiaciones.

– Autopista Oca馻-La Roda.

Real Decreto 280/2004, de 13 de febrero.

Art韈ulo 11. Responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude el apartado 2 de la cl醬sula 11 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares quedar� limitada a la cifra de cuatrocientos ochenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y nueve euros (487.241.249 euros), de los que cuatrocientos sesenta y dos millones setecientos cuatro mil setecientos diecisiete euros (462.704.717 euros) son por construcci髇, y veinticuatro millones quinientos treinta y seis mil quinientos treinta y dos euros (24.536.532 euros) por expropiaciones.

– Autopista Madrid-Toledo.

Real Decreto 281/2004, de 13 de febrero.

Art韈ulo 11. Responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 a la que alude el apartado 2 de la cl醬sula 11 del pliego de cl醬sulas administrativas particulares quedar� limitada a la cifra de trescientos cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil euros (348.886.000 euros), de los que doscientos noventa y cuatro millones setecientos treinta y un mil euros (294.731.000 euros) son por construcci髇, y cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil euros (54.155.000 euros) por expropiaciones.�

Se analizar醤 a continuaci髇 las tres cuestiones planteadas al comienzo de este apartado:

玜) Se aplican dos "l韒ites" de RPA, uno para obras y otro para expropiaciones, incluso en las dos concesiones (R2 y R4) en las que esos l韒ites no aparecen desglosados en el Real Decreto de adjudicaci髇; ya que figuran con ese mismo desglose en la oferta del concesionario, a la que se remite dicho Real Decreto.

Esta consideraci髇 se basa en los siguientes argumentos:

– En una interpretaci髇 literal de los pliegos particulares de todas las concesiones, donde se alude a "los l韒ites m醲imos que en cuanto a la responsabilidad patrimonial se establezcan en el Real Decreto de adjudicaci髇, de acuerdo con la propuesta realizada" (a t韙ulo de ejemplo, la ya citada cl醬sula 35 del pliego de la R3/R5). Esa referencia, en plural, a "los l韒ites", pone de manifiesto que deben aplicarse ambos l韒ites y por separado: l韒ite por expropiaciones y l韒ite por obras.

– En una interpretaci髇 literal de los reales decretos de adjudicaci髇, que de la suma separan ("de los que") el l韒ite para obras y el l韒ite para las expropiaciones. Como se ha indicado, dos reales decretos no incluyen ese desglose, pero lo hacen por remisi髇 expresa a la oferta del concesionario ("de acuerdo con los t閞minos de la oferta"), que aparece adem醩 mencionada en el art韈ulo 1 de cada real decreto de adjudicaci髇. Ya se ha expuesto que todas estas ofertas incluyen el correspondiente desglose.

– En una interpretaci髇 sistem醫ica de los pliegos particulares y los reales decretos de adjudicaci髇 junto con el Pliego General de Autopistas: Al regular los requisitos de la oferta, la cl醬sula 8 del Pliego General de Autopistas regula por separado el importe de la RPA por obras [apartado q)] y de la RPA por expropiaciones [apartado r)]. La misma separaci髇 entre ambos l韒ites aparece en la ya citada cl醬sula 107 del Pliego General [apartados 1 y 2 de la letra e)] al regular la cantidad a devolver al concesionario en concepto de RPA

b) El l韒ite para las obras al tiempo de la adjudicaci髇 debe incrementarse con el importe (presupuesto de ejecuci髇 por contrata, IVA excluido) de los proyectos modificados y de obras complementarias aprobados por el Ministerio de Fomento; as� como el de las "obras adicionales" reconocidas al concesionario conforme a la ya citada disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009 (restando, en ambos casos, el importe de la amortizaci髇).

Esta consideraci髇 se fundamenta en lo siguiente:

– Respecto de los proyectos modificados, en la cl醬sula 74 del Pliego General de Autopistas, que establece:

Cl醬sula 74. Valoraci髇 de obras.

La responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 en todos los casos, y singularmente en los supuestos de liquidaci髇 contemplados en el cap韙ulo IX de este pliego de cl醬sulas, quedar� limitada convencionalmente a la cantidad prevista para el costo de las obras en la oferta presentada por el concesionario, incrementada, en su caso, por los aumentos de las modificaciones de los proyectos aprobados producidas, a requerimiento de la Administraci髇.

Esta misma regla, por su similitud con la modificaci髇, se estima aplicable, a estos efectos, para los proyectos de obras complementarias aprobados por el Ministerio de Fomento.

– Respecto de las "obras adicionales" reconocidas al concesionario conforme a la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, por analog韆 con la cl醬sula 74 citada y por aplicaci髇 del principio de reciprocidad a que se refiere el art韈ulo 1289 del C骴igo Civil. Es decir, al incrementarse, respecto del contrato inicial, las inversiones en obras asumidas por el concesionario, se entiende que aumenta igualmente el l韒ite de la RPA por obras.

En todos los casos, se estima que la cantidad a considerar ser� el presupuesto de ejecuci髇 por contrata (IVA excluido) de los proyectos modificados y los proyectos de obras complementarias aprobados por el Ministerio de Fomento o el importe reconocido en la resoluci髇 administrativa en concepto de "obras adicionales".

c) El l韒ite de la RPA por expropiaciones debe aplicarse al conjunto de las expropiaciones realizadas para construir la autopista, con independencia de si el justiprecio lo ha pagado el concesionario o el Estado o de si est� pendiente de pago.

Este criterio se justifica porque, de acuerdo con la oferta del concesionario y el Real Decreto de adjudicaci髇, se fij� un solo l韒ite de RPA por expropiaciones referido al conjunto de las necesarias para la construcci髇 de la autopista. Por ello, no proceder韆 ahora dividir o reducir ese l韒ite en funci髇 de una circunstancia posterior y no prevista en el contrato; como es la de si el justiprecio lo ha pagado el concesionario o si, ante el incumplimiento por este, lo ha terminado abonando el Estado o est� pendiente de pago.�

3. Interpretaci髇 que se adopta.

El valor patrimonial (obras y expropiaciones no amortizadas) se tomar� como referencia para abonar al concesionario la cantidad que corresponda como RPA, 玸iempre sin superar los l韒ites m醲imos (de) responsabilidad patrimonial�.

Para las obras y expropiaciones se aplicar醤 玪os l韒ites� de RPA que, respectivamente, est醤 fijados para cada uno de esos conceptos en los Reales Decretos de adjudicaci髇 y en las ofertas de los concesionarios.

No obstante, el l韒ite para las obras fijado en los Reales Decretos de adjudicaci髇 y en la oferta se incrementar� con el importe (presupuesto de ejecuci髇 por contrata, IVA excluido) de los proyectos modificados y de obras complementarias aprobados por el Ministerio de Fomento; as� como con las 玱bras adicionales� reconocidas al concesionario conforme a la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009.

En consecuencia, se aplicar醤 a cada concesi髇 estos l韒ites de responsabilidad patrimonial:

• –  Autopista R3/R5:
  • - RPA por expropiaciones: 39.041.746,3 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 598.928.253,7 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista R2:
  • - RPA por expropiaciones: 40.724.580,19 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 0 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista R4:
  • - RPA por expropiaciones: 72.824.636,69 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 486.831.824,79 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista M-12:
  • - RPA por expropiaciones: 36.972.339 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 268.498.917 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista Circunvalaci髇 de Alicante:
  • - RPA por expropiaciones: 88.839.000 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 309.826.000 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista Cartagena-Vera:
  • - RPA por expropiaciones: 30.819.000 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 496.000.000 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista Oca馻-La Roda:
  • - RPA por expropiaciones: 24.536.532 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 462.704.717 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:
• –  Autopista Madrid-Toledo:
  • - RPA por expropiaciones: 54.155.000 €.
  • - RPA por obras:
    • * seg鷑 la oferta: 294.731.000 €.
    • * por modificaciones y obras adicionales: (pendiente de determinar).
    • * total por obras:

VI. Valor patrimonial de las inversiones

Conforme a lo ya expuesto, una de las diferencias entre el Pliego General de Autopistas y los pliegos particulares de todas estas concesiones afecta al concepto de inversi髇 que se toma como referencia para el c醠culo de la RPA:

• –  La cl醬sula 107.e) del Pliego General de Autopistas dice que la Administraci髇 devolver� al concesionario 玪a totalidad de las inversiones hechas en la autopista�.
• –  Las cl醬sulas de los todos pliegos particulares de las concesiones comprendidas en este expediente dicen que la Administraci髇 devolver� al concesionario 玡l valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista�.

Es decir, al referirse al abono de las inversiones, el pliego particular sustituy� 玹otalidad� por 玽alor patrimonial�.

Esa diferencia entre la 玹otalidad� (seg鷑 el pliego general) y el 玽alor patrimonial� (seg鷑 los pliegos particulares, que prevalecen sobre aquel) revela que, porque as� se pact� entre las partes, el concesionario solo adquiere el derecho a recuperar la inversi髇 en la medida en que esta se corresponda con el valor de la infraestructura al tiempo de la reversi髇.

M醩 concretamente, se estima que esa menci髇 de los pliegos al valor patrimonial de las inversiones remite al valor de reposici髇, seg鷑 se define este a continuaci髇.

La aplicaci髇 del valor de reposici髇 como referencia para, conforme al pliego, calcular el 玽alor patrimonial� de la inversi髇 se justifica por estas razones:

• –  Por efecto de la Orden de 30 de noviembre de 1994, vigente al tiempo en que se elaboraron estos pliegos, que conten韆 normas de valoraci髇 de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras (actualmente rige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo), entre cuyos criterios figuraba el valor de reposici髇.
• –  Porque valor de reposici髇 es el criterio aplicado habitualmente, en el 醡bito t閏nico de la ingenier韆 de obras p鷅licas, para valorar las infraestructuras.
• –  Porque es el criterio que se corresponde con la finalidad de la reversi髇 y, m醩 concretamente, con la cl醬sula 106 del Pliego General de Autopistas, que obliga al concesionario a la 玴erfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas�.

Precisamente por esa 鷏tima raz髇, en este acuerdo de interpretaci髇 se estima que el valor de reposici髇 a considerar no ser� el estrictamente contable (suma de las inversiones necesarias para reemplazar, en la fecha de la valoraci髇, un inmueble por otro nuevo de sus mismas caracter韘ticas). En su lugar, se tomar� como valor, de reposici髇 otro que se estima m醩 ajustado al pliego: suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoraci髇, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas.

La realidad es que, incluso antes de iniciarse la explotaci髇 por SEITTSA, se pudo comprobar, a partir de un informe elaborado por INECO para la Direcci髇 General de Carreteras, que ninguna de las concesionarias a que se refiere este expediente ha cumplido el requisito de la 玴erfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas� (seg鷑 exige la cl醬sula 106 del Pliego General de Autopistas).

Esa situaci髇 afecta tanto a las inversiones en obras como en expropiaciones.

En cuanto a las obras, la disminuci髇 del valor patrimonial se debe fundamentalmente a que, durante los 鷏timos a駉s, el concesionario ha dejado de hacer en la autopista determinadas tareas de conservaci髇 o determinadas actuaciones medioambientales.

En cuanto a las inversiones en expropiaciones, ocurre que ha revertido la concesi髇 estando todav韆 pendiente de que los concesionarios cumplan su obligaci髇 de inscribir debidamente en el Registro de la Propiedad las fincas expropiadas. La cl醬sula 56 del Pliego General de Autopistas establece que 玡l concesionario viene obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad, y a favor del Estado, la totalidad de los bienes y derechos expropiados�. Sin embargo, a la vista de la situaci髇 en que se encuentra un n鷐ero importante de las fincas revertidas, ser� el Estado el que tenga ahora que asumir el coste de regularizar la situaci髇 estas en el Catastro y en el Registro de la Propiedad. El coste de estas operaciones registrales y catastrales est� igualmente calculado en el informe de evaluaci髇 (玠ue diligence�) elaborado por INECO.

Todo ello resta valor a la autopista, cuyo valor patrimonial actual (lo que recibe el Estado) es inferior al valor que deb韆 tener (lo que deb韆 haber recibido) de haberse ejecutado las inversiones exigidas por el pliego (obras y expropiaciones); pues el Estado recibe la autopista con la carga de realizar las inversiones necesarias a fin de que la autopista cumpla las condiciones y los niveles de calidad exigidos en el pliego (玴uesta a cero� de la autopista).

El dictamen del Consejo de Estado ha avalado esta interpretaci髇 sobre el 玽alor patrimonial de las inversiones realizadas�. Se transcribe el dictamen:

獷l Consejo de Estado considera que, a la vista del tenor de las cl醬sulas contractuales, no cabe identificar sin m醩 la noci髇 de valor patrimonial de las inversiones realizadas, empleadas en los pliegos de cl醬sulas particulares –cl醬sulas 35 y 11 seg鷑 los otorgamientos– con la de totalidad de las inversiones utilizada por el pliego de cl醬sulas generales –cl醬sula 107–.

La expresa exclusi髇 de esta 鷏tima cl醬sula por las particulares de los distintos otorgamientos pone de manifiesto que se quiso orillar para conformar un concepto distinto del contemplado en esa cl醬sula; en particular, que se quiso excluir el concepto de totalidad de las inversiones hechas en las autopistas a la hora de determinar la base sobre la que llevar a cabo las operaciones de liquidaci髇.

El concepto de totalidad de las inversiones tiene vocaci髇 de generalidad; est� referida a operaciones de conceptos brutos, sin perfilar –sin perjuicio de que se establezcan algunos concretos–.

La noci髇 de valor patrimonial hace referencia, por el contrario, a un concepto depurado de ciertas obligaciones econ髆icas. En concreto, como bien se馻la la propuesta de acuerdo, el valor patrimonial de las inversiones remite al valor de reposici髇 –cuyo concepto se recog韆 ya en la Orden de 30 de noviembre de 1994, vigente al momento de redacci髇 de los pliegos– y que es el aplicado habitualmente para valorar las infraestructuras. Hace referencia a la suma de inversiones necesarias para obtener, en la fecha de valoraci髇, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 afectas.

As� las cosas, de acuerdo con el juego de las normas integrantes del grupo normativo antes descrito, debe concluirse que prevalecen las cl醬sulas administrativas particulares de los otorgamientos (cl醬sulas 35 y 11) sobre la general (contenida en la 107) y que ambas utilizan conceptos distintos con un alcance diferenciado.

El empleo de la noci髇 "valor patrimonial" por los pliegos de cl醬sulas particulares habilita a la Administraci髇 para depurar el concepto de inversi髇 total mediante la deducci髇 de partidas varias –distintas de la mera amortizaci髇– de su montante bruto. La determinaci髇 de estas partidas se examina en cada caso posteriormente.�

Ya se ha dicho que, con el fin de conocer esa suma de inversiones necesarias para reemplazar la autopista objeto de reversi髇 con otra carretera que re鷑a las caracter韘ticas de este tipo de infraestructuras, el Ministerio de Fomento (Direcci髇 General de Carreteras) ha encargado un informe t閏nico a la empresa INECO.

INECO ha elaborado su informe aplicando los par醡etros e indicadores de estado que se consideran aplicables a estos contratos de concesi髇, basados en la normativa general de carreteras, sus recomendaciones vigentes, as� como en buenas pr醕ticas de conservaci髇 y explotaci髇 de carreteras.

El resultado del informe de evaluaci髇 (玠ue diligence�) es que los importes de las inversiones necesarias, en cada concesi髇, para la 玴uesta a cero� de la autopista son los siguientes (PEC, sin IVA):

(Las cifras definitivas est醤 pendientes de determinarse)

Autopista R3/R5:

Autopista R2:

Autopista R4:

Autopista M-12:

Autopista Circunvalaci髇 de Alicante:

Autopista Cartagena-Vera:

Autopista Oca馻-La Roda:

Autopista Madrid-Toledo:

En consecuencia, el 玽alor patrimonial� al que se refieren los pliegos particulares ser� igual al importe de las obras y expropiaciones no amortizadas (hasta el l韒ite respectivo) menos el importe las inversiones necesarias para la 玴uesta a cero� de cada autopista o coste de reposici髇 (definido como la suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoraci髇, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas).

VII. Minoraci髇 por expropiaciones pagadas por el Estado

Para mayor claridad se transcribe de nuevo el art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas:

獳rt韈ulo 17.2.

Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumir� los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfar� las indemnizaciones de toda 韓dole que procedan por raz髇 de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecuci髇 del proyecto.

No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resoluci髇 judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, 閟te quedar� subrogado en el cr閐ito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligaci髇 de pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorar醤 el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administraci髇.�

El p醨rafo segundo del citado art韈ulo 17 de la Ley de Autopistas fue introducido por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas econ髆icas; en cuya exposici髇 de motivos se explicaba lo siguiente:

獷l justiprecio de los terrenos expropiados para la construcci髇 de una autopista estatal de peaje en r間imen de concesi髇 debe ser abonado por la sociedad concesionaria. As� lo establece el art韈ulo 17 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en relaci髇 con el art韈ulo 5 del Reglamento de Expropiaci髇 Forzosa.

A pesar de este r間imen legal, existen sentencias que obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria declarada en concurso de acreedores.

La reforma que se propone pretende evitar que, si el Estado se encuentra con este tipo de resoluciones judiciales, acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiaci髇, en beneficio del concesionario. De un lado paga al expropiado, obligado por resoluci髇 judicial, y de otro, entrega al concesionario el importe de la responsabilidad patrimonial.

A tal fin, el precepto que se propone reconoce al Estado, como resultado del pago por cuenta de otro, el derecho a subrogarse en el cr閐ito del expropiado frente al concesionario, procedi閚dose a minorar el importe de la responsabilidad patrimonial con la parte del cr閐ito no reembolsada por la sociedad concesionaria, garantiz醤dose la indemnidad del Estado frente a los incumplimientos de los concesionarios.

Aunque los preceptos surten efectos desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se prev� que puedan aplicarse respecto de cualesquiera concesiones ya adjudicadas.

Adem醩, las mismas razones que justifican la modificaci髇 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcci髇, conservaci髇 y explotaci髇 de autopistas en r間imen de concesi髇, se aprecian en el r間imen del resto de concesiones administrativas, por lo que, por uniformidad, se procede a modificar el art韈ulo 271 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico […]�

Con dicho fundamento, en este acuerdo se plantea la siguiente interpretaci髇:

• 1. Regla general: El 玦mporte global� de RPA (玽alor patrimonial� de obras m醩 expropiaciones hasta el l韒ite respectivo) debe minorarse con las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� de las que, ante el impago por el concesionario, se ha tenido que hacer cargo el Estado.

  El art韈ulo 17.2, p醨rafo segundo de la Ley de Autopistas establece para el Estado una v韆 de reembolso (玪as cantidades que no le sean reembolsadas�) sobre el 玦mporte global� de la RPA. Esta referencia al 玦mporte global� expresa que el cr閐ito que se minora es la suma de inversiones (tanto en obras como en expropiaciones).

  Es decir, en condiciones normales (finca expropiada en la que se hubieran cumplido las previsiones de la ley y el contrato) se habr韆 producido lo siguiente:

  • –  el concesionario habr韆 asumido el pago de las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� por raz髇 de las expropiaciones (porque as� lo establece, desde el a駉 1973, el art韈ulo 17.2, p醨rafo primero, de la Ley de Autopistas),
  • –  y el Estado habr韆 abonado al concesionario, en caso de resoluci髇 del contrato y en concepto de RPA, el 玽alor patrimonial de las inversiones realizadas�, que es distinto a las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� (la distinci髇 deriva de los pliegos particulares de cada una de las concesiones).

  Como declara la exposici髇 de motivos del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, 玜 pesar de este r間imen legal, existen sentencias que obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria declarada en concurso de acreedores�.

  Esas sentencias, dicho sea en resumen, se han basado en la 玠imensi髇 de derecho constitucional que tiene la expropiaci髇� (STS de 17 de diciembre de 2013; RJ 2013, 8206) y convierten a la Administraci髇 expropiante, frente al expropiado, en garante del pago por el beneficiario (el concesionario).

  En ese contexto, el art韈ulo 17.2, p醨rafo segundo, de la Ley de Autopistas (y su equivalente general en la LCSP) establecen una v韆 de reembolso con cargo al cr閐ito por RPA del concesionario para evitar que el Estado 玜cabe asumiendo dos veces el pago de la expropiaci髇, en beneficio del concesionario�.

  El art韈ulo 17.2, p醨rafo segundo tambi閚 evita que el concesionario incumplidor de sus obligaciones de pago sea de mejor condici髇 que el que s� las cumple: es lo que se producir韆 si el Estado se hace cargo de la deuda por expropiaciones del incumplidor y, despu閟, al liquidar el contrato, le abonara 韓tegramente la RPA en las mismas condiciones que se lo habr韆 hecho al concesionario que s� cumpli�.

  A fin de garantizar 玪a indemnidad del Estado frente a los incumplimientos de los concesionarios� (seg鷑 la exposici髇 de motivos citada) ese 玦mporte global� de la RPA se minora con las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole�.

  La expresi髇 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� comprende, seg鷑 lo ya razonado en este acuerdo, el justiprecio, los intereses y las costas de las expropiaciones. El fundamento de esta conclusi髇 es el mismo: todas esas deudas eran del concesionario y las ha terminado pagando el Estado.

  Por otra parte, aplicando literalmente el art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas (que no prev� que se actualice el importe a descontar), el acuerdo de interpretaci髇 que ahora se formula es que se minore la RPA con la cantidad pagada por el Estado, sin actualizar.

  En consecuencia, el 玦mporte global� de la RPA (玽alor patrimonial� de obras m醩 expropiaciones hasta el l韒ite respectivo) debe minorarse con las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� (justiprecio, intereses y costas) que, ante el impago por el concesionario, ha tenido que asumir el Estado.

  La cantidad pagada por el Estado se aplicar� sin actualizar.

• 2. Intereses de demora por retraso en la determinaci髇 del justiprecio por el Jurado de Expropiaci髇.

  La propuesta de interpretaci髇 del contrato planteaba que estos intereses no se descontaran de la RPA; con base en estos argumentos:

  獿as expropiaciones de que se trata se siguieron por el procedimiento de urgencia.

  La jurisprudencia tiene declarado que, en los procedimientos de urgencia, los intereses por retraso en la determinaci髇 o en el pago del justiprecio, se devengan sin "soluci髇 de continuidad":

  "Los intereses de demora en la determinaci髇 del justiprecio del art韈ulo 56 de la LEF en el procedimiento de urgencia, se deben a partir del d韆 siguiente a la ocupaci髇 y hasta que el justiprecio fijado definitivamente en v韆 administrativa se paga o deposita sin que por tanto exista soluci髇 de continuidad entre los intereses de los art韈ulo 56 y 57, como consecuencia de la disposici髇 sin previo pago y, si se modifica el justiprecio en v韆 judicial, el periodo del devengo es el mismo pero sobre la cantidad determinada en la sentencia firme, con efectos retroactivos" (por todas, STS de 14 de abril de 1990; RJ 1990, 3310).

  Aunque se devenguen sin soluci髇 de continuidad, la ley y la jurisprudencia distinguen, a efectos de responsabilidad, entre los intereses correspondientes a la demora en la determinaci髇 del justiprecio por el Jurado y a la demora en el pago. Los primeros son imputables al Estado. As�, a t韙ulo de ejemplo, la sentencia del TSJ de Madrid, de 6 de octubre de 2016 (RJCA 2016\979):

  玔...] Estos intereses son imputables a la Administraci髇 del Estado, por demora en la tramitaci髇 del expediente del justiprecio por parte del Jurado Provincial, los correspondientes desde el d韆 […] (tres meses despu閟 de la entrada del expediente al Jurado, [...]) hasta el […] (fecha en que se produce la notificaci髇 de la resoluci髇 […] objeto de impugnaci髇). Tambi閚 le son imputables los intereses por demora en la resoluci髇 del recurso de reposici髇 […] transcurrido el plazo de un mes del que dispone el Jurado para resolverlo.�

  Es decir, es imputable a la Administraci髇 del Estado el inter閟 legal correspondiente al justiprecio (art韈ulo 56 de la LEF) por el tiempo que exceda de tres meses desde la fecha de entrada del expediente en el Jurado de Expropiaci髇 hasta que se notifica la resoluci髇 de dicho Jurado (debe notificarse en los diez d韆s h醔iles siguientes a la fecha en que se dicta).

  Con dicho fundamento, esta propuesta de interpretaci髇 plantea que (pese a la expresi髇 "indemnizaciones de toda 韓dole" del art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas) no minoren la RPA del concesionario los intereses imputables a la Administraci髇 del Estado por retraso en la tramitaci髇 del expediente de justiprecio imputable al Jurado (o en la resoluci髇 del eventual recurso de reposici髇).

  En t閞minos estrictos, deber韆 ser el concesionario el que reclamara el perjuicio por esa demora del Jurado, sujet醤dose para ello a los plazos y procedimientos legales. Sin embargo, tambi閚 con fundamento en el principio de reciprocidad y equilibrio entre las prestaciones de ambas partes ( art韈ulo 1289 del C骴igo Civil), se estima que los retrasos por la tramitaci髇 administrativa del expediente expropiatorio no deben restar el cr閐ito que por la liquidaci髇 del contrato corresponda al concesionario.

  En consecuencia, y por excepci髇, no minorar醤 el importe de la RPA, aunque hubieran sido abonados por el Estado, los intereses expropiatorios por retraso del Jurado de Expropiaci髇 en la determinaci髇 del justiprecio. Es decir, el inter閟 legal devengado por el justiprecio durante el tiempo que exceda de tres meses, contados desde la fecha de entrada del expediente en el Jurado hasta los diez d韆s h醔iles siguientes a la fecha en que se dict� la resoluci髇 del Jurado (en los fundamentos de esta resoluci髇 se detalla la forma de aplicar este c醠culo).

  No obstante, aplicar esa conclusi髇 puede presentar dificultades pr醕ticas debido a que, en muchos casos, los documentos de que se dispone sobre los intereses que ha pagado el Estado no permiten diferenciar cu醠es de estos eran por retraso en la determinaci髇 del justiprecio (las resoluciones judiciales en cuya virtud se ha hecho el pago tampoco delimitan unos y otros intereses).

  Tambi閚 dificulta esa distinci髇 el hecho de que algunos de esos intereses se han ido pagando por el Estado mediante abonos parciales y sucesivos, en funci髇 de las disponibilidades presupuestarias.

  Desde la Administraci髇 se va a seguir tratando de recabar la informaci髇 necesaria para calcular tales intereses; pero, se estima que la carga de probar ese retraso del Jurado de Expropiaci髇 en la determinaci髇 del justiprecio deber韆 recaer, en principio, sobre el concesionario: A 閘 le incumbir韆 presentar frente a la Administraci髇 expropiante la correspondiente reclamaci髇 de responsabilidad por esa demora y aportar la prueba de su derecho junto con la reclamaci髇.

  Por tanto, la propuesta de interpretaci髇 que se formula es la siguiente:

  • –  Se reconoce el derecho del concesionario a que el importe global de la RPA no se minore con los intereses correspondientes al retraso del Jurado de Expropiaci髇 en la determinaci髇 del justiprecio
  • –  Si bien se reconoce ese derecho, corresponder�, en principio, al concesionario la carga de probarlo; sin perjuicio de las comprobaciones de oficio que pueda realizar tambi閚 el Estado.
  • –  Hasta que resulte probado ese derecho del concesionario, el importe global de la RPA se minorar�, provisionalmente, sin hacer distinci髇 en cuanto a los intereses correspondientes al retraso del Jurado. La prueba de ese derecho podr� obtenerse por alguno de estos modos:
    • a) De oficio, por la Administraci髇, con base en la informaci髇 que figure en el expediente expropiatorio, si es que esta permitiera fijar el importe de tales intereses. Es decir, cuando conste la fecha de entrada del expediente expropiatorio en el Jurado y la fecha en que este dicta el acuerdo.
    • b) A instancia del concesionario, con base en la informaci髇 que este pueda extraer del expediente expropiatorio o la que pueda aportar para acreditar debidamente su derecho.

  Dada la dificultad que est� suponiendo recabar la informaci髇 para determinar la diferente naturaleza de los intereses expropiatorios pagados, en esta propuesta se prev� extender a este caso la posibilidad de completar la primera liquidaci髇 de la RPA, con las pruebas que se puedan aportar despu閟, en la forma que se indica m醩 adelante respecto de la liquidaci髇 de las situaciones pendientes.�

• 3. Intereses de demora por retraso en el pago.

  La propuesta de interpretaci髇 del contrato planteaba que estos intereses no se descontaran de la RPA; con base en estos argumentos:

  獵onforme al art韈ulo 17.2, p醨rafo primero, de la Ley de Autopistas, es el concesionario (como beneficiario) el que "satisfar� las indemnizaciones de toda 韓dole que procedan por raz髇 de las expropiaciones"; lo que incluye los intereses expropiatorios.

  No obstante, la doctrina y la jurisprudencia han declarado que, ante la imposibilidad de pago por el concesionario, la Administraci髇 expropiante debe hacerse cargo de pagar tanto el justiprecio como los intereses expropiatorios:

  "La especial protecci髇 de los cr閐itos de los expropiados por raz髇 de sus justiprecios alcanza adem醩 a los intereses devengados por estos [...] Los intereses forman parte intr韓seca del justiprecio y no pueden considerarse algo distinto del justiprecio en s� [...]" (dictamen del Consejo de Estado n.� 9/2014, de 23/07/2014).

  Ahora bien, cabe entender que esa deuda de intereses, en tanto accesoria, solo surge para el Estado una vez que haya nacido a su cargo la obligaci髇 de pagar el principal (justiprecio). A este respecto, puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6188), que declara:

  "[...] Esto no significa que el expropiado pueda dirigirse a su voluntad al beneficiario o a la Administraci髇 en demanda del pago del justiprecio [...]

  Solo, de manera subsidiaria y acreditada la imposibilidad de obtener el pago del justiprecio del beneficiario, podr� dirigirse contra la Administraci髇 expropiante que deber� asumir su pago como consecuencia de su responsabilidad, derivada del ejercicio de la potestad expropiatoria y en cumplimiento de las garant韆s constitucionales establecidas a favor del expropiado."

  De todo ello cabe extraer estas consecuencias:

  • –  La obligaci髇 de pagar el justiprecio y, ante la demora en el pago, la de pagar los intereses correspondientes, incumbe al concesionario desde que surge dicha obligaci髇 (art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas).
  • –  Una vez "acreditada la imposibilidad de obtener el pago del justiprecio del beneficiario", es cuando el expropiado "podr� dirigirse" contra el Estado, que "deber� asumir su pago". Es en ese momento cuando surge para el Estado la obligaci髇 y, por tanto, le es imputable la demora en el pago.

  Adem醩, esa "imposibilidad de obtener el pago del justiprecio del beneficiario" no se produce con la sola declaraci髇 de concurso, puesto que el concurso no extingue las deudas del concursado ni le libera de su cumplimiento. Sobre esto, procede traer a colaci髇 nuevamente la doctrina del Consejo de Estado:

  獿a legislaci髇 aplicable no contempla otro responsable del cumplimiento de la obligaci髇 de pago del justiprecio distinto del beneficiario de la expropiaci髇, incluso aun cuando este sea declarado en situaci髇 de concurso de acreedores [...]

  La inexistencia de una responsabilidad directa o solidaria de la Administraci髇 frente al expropiado para el caso de impago del justiprecio por haber sido declarada la concesionaria en concurso no comporta ni que aquel quede en una situaci髇 de desamparo [...] El ordenamiento jur韉ico –y en concreto la Ley Concursal– articula un mecanismo que pondera adecuadamente el hecho de que el beneficiario es el obligado a pagar el justiprecio y que el cr閐ito de los expropiados est� especialmente protegido por la garant韆 del art韈ulo 33.3 de la Constituci髇 [...]" (dictamen n.� 9/2014, de 23/07/2014).

  Si esta doctrina y jurisprudencia se pone en relaci髇 con el art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas, resulta que la obligaci髇 del Estado de hacerse cargo de las deudas del concesionario se supedita a la previa declaraci髇, "en virtud de resoluci髇 judicial", de la imposibilidad de pago por el concesionario.

  Es decir, en el momento en que se notifica al Estado la resoluci髇 judicial exigida por el art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas (la que le condena al pago de la deuda del concesionario) nace para el Estado la obligaci髇 (subsidiaria) de asumir el pago de justiprecio frente al expropiado y, por tanto, cuando le son imputables los intereses por retraso en dicho pago.

  Con base en esos argumentos, la propuesta de interpretaci髇 sostuvo que, por excepci髇, no minorar韆n el importe de la RPA, aunque hubieran sido abonados por el Estado, los intereses expropiatorios devengados desde que se notific� al Estado la resoluci髇 judicial que le condene a hacerse cargo de la deuda del expropiado hasta la fecha del efectivo pago al expropiado.�

• 4. El dictamen del Consejo de Estado.

  Seg鷑 se ha expuesto, el dictamen del Consejo de Estado considera que los intereses expropiatorios deben computarse como valor patrimonial de las inversiones (la propuesta de interpretaci髇 los exclu韆). A la vez, el mismo dictamen considera que tales intereses expropiatorios, en caso de haber sido abonados por el Estado, deben descontarse de la RPA (la propuesta de interpretaci髇 no los descontaba). Se transcribe el dictamen:

  玃or otra parte, caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses y plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.�

  En consecuencia, conforme al dictamen del Consejo de Estado, los intereses de demora abonados por el Estado directamente al expropiado por raz髇 de las expropiaciones se descontar醤 del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

• 5. 25 % por omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica.

  Se ha descrito antes que, con ocasi髇 de algunos recursos en los que se impugnaba el justiprecio de estas expropiaciones, se dictaron sentencias que, por apreciar un defecto en la tramitaci髇 del expediente expropiatorio (el proyecto de trazado no se someti� a informaci髇 p鷅lica), reconocieron el derecho del expropiado a percibir como compensaci髇 un 25 % adicional sobre el justiprecio.

  La propuesta de interpretaci髇 planteaba que ese 25 % adicional no sumara 玽alor patrimonial� de la finca expropiada (por lo que no debe computarse como RPA) ni restara. Es decir, que ese 25 % no se incluya en las cantidades que minoran la RPA conforme al art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas.

  Este criterio se justific� tambi閚 con base en el principio de reciprocidad establecido en el art韈ulo 1289 del C骴igo Civil: el 25 % adicional por omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica est� relacionado con irregularidades en la tramitaci髇 del expediente expropiatorio apreciadas en fase de recurso, de las que en 鷏tima instancia ser韆 responsable la Administraci髇. Ciertamente que el concesionario se ha beneficiado de tales irregularidades (al no realizarse el tr醡ite de informaci髇 p鷅lica pudo comenzar antes a explotar la autopista). Sin embargo, se estima que un criterio de proporci髇 y de equilibrio entre las partes del contrato justifica que el concesionario no experimente perjuicios por ello.

  Es decir, el 25 % adicional por omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica ni incrementar韆 la RPA (no suma como inversi髇 del concesionario, seg鷑 lo ya razonado) ni minorar韆 la RPA global.

  No obstante, el dictamen del Consejo de Estado declara:

  玃or otra parte, caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado los citados intereses y plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.�

  En consecuencia, en caso de haber abonado la Administraci髇 directamente al expropiado el plus adicional del 25 % en virtud de resoluci髇 judicial, su importe deber� ser descontado del valor patrimonial de las inversiones en aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 17.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

VIII. Liquidaci髇 de las situaciones pendientes

Determinadas situaciones jur韉icas que afectan al c醠culo de la RPA est醤 todav韆 pendientes de concretarse por razones ajenas a la Administraci髇.

1. Resoluciones judiciales pendientes.

Podr韆 ocurrir que, al tiempo de liquidar la RPA, existieran todav韆 resoluciones judiciales pendientes ante los tribunales en las que, ante la falta de pago por el concesionario, se siga reclamando al Estado el pago del justiprecio.

En tal caso, esa misma regla de proporcionalidad y equilibrio entre las prestaciones de las partes justificar韆 que, al determinar la RPA a pagar, se retenga cautelarmente el importe reclamado, a reserva de lo que finalmente se resuelva en el pleito.

En consecuencia, al liquidar la RPA, en la lista de expropiaciones se indicar醤 aquellas fincas cuyo justiprecio estuviera pendiente de que se dicte sentencia firme en el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Jurado de Expropiaci髇. En estos casos, el importe reclamado por el demandante se retendr� cautelarmente del importe de la RPA, a reserva de lo que finalmente se resuelva en el pleito. A dicho importe se a馻dir� una estimaci髇 de intereses.

2. Sustituci髇 del justiprecio por cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos.

Existen algunos convenios en los que los propietarios cedieron voluntariamente los terrenos, y se suspendi� la expropiaci髇, a cambio de los aprovechamientos urban韘ticos; pero, despu閟, esos mismos propietarios han reclamado que se reanude el expediente expropiatorio (alegando que no han obtenido la compensaci髇 que esperaban mediante los aprovechamientos urban韘ticos que se les cedieron).

Hasta el momento se conoce que puede haber unos 12 convenios en esa situaci髇 (獿os Ahijones�, 玪os Berrocales�, 玁ueva Centralidad Este�, etc.). En estos casos, si se reanudara el expediente expropiatorio es presumible que, ante el impago de la concesionaria, el Estado termine abonando justiprecio e intereses.

Un ejemplo de esta situaci髇 puede encontrarse en la sentencia n鷐ero 490/2016 de 7 noviembre de 2016 (JUR 2017\2201) dictada por el TSJ de Madrid:

獿os expropiados firmaron un convenio expropiatorio con la concesionaria y con el Ayuntamiento por el cual qued� en suspenso la tramitaci髇 del expediente de expropiaci髇 a la espera de la aprobaci髇 de ciertos instrumentos de planeamiento para el desarrollo urban韘tico del sector que, como antes se ha dicho, no llegaron a t閞mino.�

Por ello, se reanud� el expediente expropiatorio, se fij� el justiprecio por el Jurado de Expropiaci髇, cuya valoraci髇 se revis� en la citada sentencia del TSJ de Madrid.

Esta sentencia incluye una regla sobre c醠culo de intereses expropiatorios para estos casos de reanudaci髇 del expediente expropiatorio, que es la que se aplica a continuaci髇 para determinar la cantidad a retener en la RPA.

Por otra parte, ocurre que la Administraci髇 no tiene conocimiento cierto de cu醠 ha sido el devenir de cada uno de esos convenios, suscritos en su d韆 entre el concesionario y los expropiados.

Como se ha expuesto, con esos convenios el concesionario se liber� de cumplir su obligaci髇 pagar el justiprecio; por lo que, se estima, incumbe al concesionario la carga de probar que tales convenios extinguieron su propia obligaci髇. Esto se entiende sin perjuicio de que tambi閚 la Administraci髇 realice las averiguaciones oportunas para conocer cu醠es de estos expedientes expropiatorios, suspendidos por tales convenios, podr韆n todav韆 reanudarse.

Por ello, al liquidar la RPA, en la lista de expropiaciones se indicar醤 aquellas fincas cuyo expediente expropiatorio se suspendi� mediante un convenio de cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos entre el concesionario y los expropiados. Incumbe al concesionario la carga de probar que tales convenios se consumaron y, por tanto, extinguieron su obligaci髇 de abonar el justiprecio (por lo que no puede ya reanudarse el expediente expropiatorio). Mientras no se pruebe esa circunstancia se retendr� provisionalmente el importe estimado (justiprecio m醩 intereses) que pueda reclamarse por estas expropiaciones.

Dicho importe estar� formado por:

• –  El justiprecio estimado de las fincas cuyos expedientes expropiatorios podr韆n reanudarse.
• –  Los intereses estimados de esos justiprecios. Se aplicar� el inter閟 legal sobre el justiprecio estimado. El per韔do de demora se contar� desde los seis meses siguientes a la aprobaci髇 del proyecto de trazado hasta la fecha de la firma del convenio.

3. Pago de la RPA relativa a las situaciones pendientes.

El acuerdo de interpretaci髇 que se formula es el siguiente:

• a) Se dictar� una primera resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA, a cuenta de la resoluci髇 definitiva. En esta primera resoluci髇 se determinar醤 por separado:
  • –  la cantidad a pagar ya reconocida
  • –  y la cantidad que se retiene provisionalmente hasta la liquidaci髇 de las situaciones pendientes.
• b) La liquidaci髇 de las situaciones pendientes se realizar� en dos fases:
  • –  en los seis meses siguientes a la primera resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA (mediante una nueva resoluci髇, complementaria de la primera, con base en la informaci髇 posterior que se haya podido obtener)
  • –  y en los seis meses siguientes a la fecha de la resoluci髇 complementaria, mediante una resoluci髇 definitiva.

IX. Momento en el que surge la obligaci髇 de determinar la RPA

Una vez firme la apertura de la fase de liquidaci髇 del concurso de la empresa concesionaria, la Administraci髇 est� obligada a iniciar un procedimiento para constatar que existe esa causa de resoluci髇 y declarar resuelto el contrato. Dicho acuerdo de resoluci髇 no es constitutivo, sino declarativo de una situaci髇 jur韉ica (la extinci髇 del contrato) que se produjo 玱pe legis� desde la firmeza de la resoluci髇 judicial que abri� la liquidaci髇 concursal de la empresa contratista.

La necesidad de que (aunque sea un acto debido) se dicte ese acto resolutorio por la Administraci髇 resulta de la propia Ley, que no establece ninguna excepci髇 a la regla seg鷑 la cual todas las causas de resoluci髇 (incluida la apertura de la fase de liquidaci髇 del concurso) son el presupuesto para el ejercicio de la prerrogativa administrativa en cuya virtud se declara extinguido el contrato una vez tramitado el procedimiento legal.

Los argumentos expuestos se basan en la doctrina del Consejo de Estado seg鷑 la cual, en caso de concurso de acreedores, 玪a Administraci髇 conserva su facultad de autotutela declarativa para acordar la resoluci髇 de los contratos� (dictamen 585/2012, de 21/6/2012).

Tambi閚 se fundamenta en la doctrina de la Abogac韆 General del Estado: 玠esde la apertura de la fase de liquidaci髇� la Administraci髇 玠ebe acordar necesariamente la resoluci髇 del contrato administrativo� (dictamen 1/2013).

Igualmente, la Sala de Conflictos de Jurisdicci髇 del Tribunal Supremo ha declarado que 玞uando la resoluci髇 es obligada no queda a la voluntad de la Administraci髇 declararla, sino que, […] se impone por mandato de la ley al 髍gano de contrataci髇 la obligaci髇 de resolver dicho contrato� (sentencia de 15 de diciembre de 2016).

En consecuencia, si se toma el plazo general establecido en las leyes de procedimiento administrativo para la tramitaci髇 de los expedientes iniciados de oficio (tres meses), la resoluci髇 de estas concesiones debi� acordarse en los tres meses siguientes a la fecha en que quedaron firmes los autos que abrieron la fase de liquidaci髇.

A partir de esa fecha debiera haber comenzado a contar el plazo para liquidar la concesi髇 y determinar la RPA.

En la propuesta de interpretaci髇 del contrato se entendi� que ese plazo para liquidar deb韆 ser de seis meses; con base en estos argumentos:

• –  La legislaci髇 de autopistas (Ley y Pliego General) no regula expresamente el plazo con que cuenta la Administraci髇 para liquidar la RPA. Tampoco los pliegos particulares contienen ninguna previsi髇 sobre ello.
• –  Se ha entendido aplicable el plazo de seis meses, tomado por referencia al plazo m醲imo para resolver establecido en la legislaci髇 de procedimiento administrativo (tanto la anterior LRJPAC como la actual LPAC). Igualmente se ha contemplado el plazo de seis meses que, para liquidar las concesiones, mencionaba el art韈ulo 266.1 de la LCAP, en la redacci髇 dada por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesi髇 de obras p鷅licas (si bien, por raz髇 temporal, esta ley no es aplicable a los contratos de concesi髇 de cuya resoluci髇 se trata, se ha entendido que puede servir como referencia interpretativa).

No obstante, el Consejo de Estado ha dictaminado lo siguiente:

獶iscrepa sin embargo este Consejo de la propuesta respecto del plazo m醲imo de tramitaci髇 que entiende aplicable al procedimiento de liquidaci髇. Lo establece en seis meses, al tomar como referencia el m醲imo para resolver prescrito en la legislaci髇 de procedimiento administrativo y el fijado en la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas (art韈ulo 266.1, en la redacci髇 dada por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesi髇 de obras p鷅licas).

A falta de una previsi髇 espec韋ica en el bloque normativo aplicable de autopistas que fije el plazo m醲imo de tramitaci髇 del procedimiento de liquidaci髇 y de determinaci髇 de la responsabilidad patrimonial de la Administraci髇, ha de estarse, como se馻la la propuesta, al general establecido en la legislaci髇 de procedimiento administrativo. Ahora bien, este no es de seis meses, sino de tres seg鷑 previene el art韈ulo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ("Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo m醲imo, 閟te ser� de tres meses").

Por consiguiente, al importe que se determine en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administraci髇 debe sumarse el inter閟 resarcitorio por el tiempo transcurrido desde los seis meses siguientes a la firmeza del auto que abri� la liquidaci髇 del concurso hasta el d韆 del pago, y no desde los nueve fijados en la propuesta. En efecto, el plazo m醲imo de tramitaci髇 de los procedimientos para la resoluci髇 de los contratos y de liquidaci髇 es, en ambos casos, de tres meses y no de tres y seis meses, respectivamente, como dice el acuerdo consultado.

Esta observaci髇 tiene car醕ter esencial a los efectos del art韈ulo 130 del Reglamento Org醤ico del Consejo de Estado.�

Estos intereses por retraso en la determinaci髇 de la RPA tienen car醕ter resarcitorio. En la terminolog韆 del Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 14 julio 1995; RJ 1995\630) son �"intereses correspectivos compensatorios", que tienen la funci髇 de restablecer el desequilibrio producido en el patrimonio del deudor como consecuencia de la indisponibilidad de una suma de dinero el tiempo en que la misma se encuentra indebidamente en poder del acreedor y que son calificables de legales u "ope legis"�. Estos intereses compensatorios son distintos de los moratorios, que surgir醤, en su caso, por retraso en el pago de la RPA.

En la propuesta de interpretaci髇 del contrato se consider� que deb韆 aplicarse el inter閟 legal del dinero ( art韈ulos 17 y 24 de la Ley General Presupuestaria). Es decir, no se estima aplicable, supletoriamente, el r間imen de intereses por demora en el pago del precio en los contratos administrativos regulado en el art韈ulo 99 de la LCAP ( Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que era la norma vigente al adjudicarse estos contratos); pues la liquidaci髇 por RPA es sustancialmente diferente y no asimilable al precio o contraprestaci髇 por la ejecuci髇 de un contrato.

No obstante, el Consejo de Estado ha dictaminado:

玆especto del montante de los intereses a abonar, y a falta de regulaci髇 espec韋ica en la Ley de Autopistas y los pliegos general y particulares, deben aplicarse las previsiones de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, de 16 de junio de 2000, seg鷑 los casos –que eran coincidentes–. El Consejo de Estado considera que la propuesta de interpretaci髇 es correcta en cuanto se refiere a los contratos adjudicados con anterioridad a la fecha de 8 de mayo de 2002.

Respecto de los celebrados con posterioridad a dicha fecha (los de Ciralsa, Autopista M-12, Autopista Cartagena-Vera, Autopista AP-36 y Autopistas A-41, adjudicados el 13 de febrero de 2004, 8 de noviembre de 2002, 6 de febrero de 2004, 13 de febrero de 2004 y 13 de febrero de 2004, respectivamente), la situaci髇 es distinta. Los intereses a abonar son los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad, puesto que as� lo previene su disposici髇 transitoria 鷑ica y resulta de la redacci髇 del art韈ulo 99.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, de 16 de junio de 2000, dada por la mencionada Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Esta observaci髇 tiene car醕ter esencial a los efectos del art韈ulo 130 del Reglamento Org醤ico del Consejo de Estado.�

En consecuencia, al importe que se determine en concepto de RPA debe sumarse el inter閟 correspondiente al tiempo transcurrido desde los seis meses siguientes a la firmeza del auto que abri� la liquidaci髇 del concurso hasta el d韆 del pago.

El tipo de inter閟 aplicable ser�:

• –  El inter閟 legal del dinero, respecto de los contratos adjudicados con anterioridad a la fecha de 8 de mayo de 2002.
• –  El inter閟 previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad; respecto de los contratos celebrados despu閟 del 8 de mayo de 2002 (los de Ciralsa, Autopista M-12, Autopista Cartagena-Vera, Autopista AP-36 y Autopistas A-41, adjudicados el 13 de febrero de 2004, 8 de noviembre de 2002, 6 de febrero de 2004, 13 de febrero de 2004 y 13 de febrero de 2004, respectivamente).

X. Pago de la RPA ya determinada

Una vez determinada la RPA en el expediente de liquidaci髇 del contrato de concesi髇, el Estado dispone de un plazo de tres meses para abonar la cantidad que corresponda. Transcurrido este plazo, la cantidad fijada devengar� el inter閟 legal conforme a los art韈ulos 17 y 24 de la Ley General Presupuestaria:

Art韈ulo 24. Intereses de demora.

Si la Administraci髇 no pagara al acreedor de la Hacienda P鷅lica estatal dentro de los tres meses siguientes al d韆 […] del reconocimiento de la obligaci髇, habr� de abonarle el inter閟 se馻lado en el art韈ulo 17 apartado 2 de esta ley (el inter閟 legal del dinero) sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligaci髇.

XI. Aplicaci髇 de la garant韆 de construcci髇

En este acuerdo se mantiene que la resoluci髇 del contrato por concurso de la concesionaria debe determinar autom醫icamente la incautaci髇 no solo de la garant韆 de explotaci髇, sino de la garant韆 de construcci髇 (en la parte que esta se mantuviera incautada al tiempo de resolver el contrato).

Esa incautaci髇 se justifica con base en estos argumentos:

• –  Porque las cl醬sulas 107 y 109 del Pliego General de Autopistas no dejan duda sobre el car醕ter imperativo de la incautaci髇 en caso de concurso del concesionario, al usar expresiones como 玠eterminar峄 la incautaci髇 o incautar� 玦nmediatamente�. Esas cl醬sulas no distinguen entre garant韆 de construcci髇 o explotaci髇, debe incautarse la garant韆 que subsista, cualquiera que sea su modalidad.
• –  Aunque no procediera esa incautaci髇 por el solo hecho del concurso del concesionario, habr韆 que incautarla por los mismos motivos que justificaban su no devoluci髇: se manten韆n incautadas, en todo o en parte, algunas garant韆s de construcci髇 porque el concesionario hab韆 incumplido la obligaci髇 de ejecutar parte de las obras objeto del contrato y, una vez resuelto el contrato, es claro que no va a cumplir ya esa obligaci髇.
• –  En cualquier caso, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, el impago de los justiprecios que es una obligaci髇 que forma parte de las exigibles al concesionario en fase de construcci髇 y de la que, por tanto, debe responder la garant韆 de construcci髇.

En consecuencia, el acuerdo de interpretaci髇 que se formula es que no solo la garant韆 de explotaci髇, sino tambi閚 la garant韆 de construcci髇, sean incautada e ingresada en el Tesoro.

En cualquier caso, esta cuesti髇 est� actualmente pendiente de los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo contra los acuerdos de resoluci髇 de los contratos de concesi髇; por lo que este acuerdo debe entenderse a salvo lo que se decida en dichos procesos.

Acuerdo de interpretaci髇

Con base en los fundamentos expuestos, se adopta el siguiente acuerdo de interpretaci髇, para los contratos de concesi髇 de autopistas mencionados en el Antecedente I, en cuanto al m閠odo para calcular la 玆esponsabilidad Patrimonial de la Administraci髇� (RPA):

• 1. Criterio general.

  Una vez resueltos los contratos de concesi髇, la RPA se determinar� en el expediente de liquidaci髇 de dichos contratos.

  El concesionario tiene derecho, en concepto de RPA, al 玽alor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista en raz髇 de […] expropiaci髇 de terrenos […] obras de construcci髇 (y) […] bienes inmuebles incorporados que sean necesarios para la explotaci髇�.

  De ese 玽alor patrimonial de las inversiones� debe deducirse 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda�.

  El 玽alor patrimonial� que resulte no puede superar 玪os l韒ites m醲imos que en cuanto a la responsabilidad patrimonial se establezcan en el Real Decreto de adjudicaci髇�. La referencia a 玪os l韒ites m醲imos� (en plural) expresa que se aplicar醤 dos, un l韒ite para las expropiaciones y otro para las obras.

  Una vez determinado el 玽alor patrimonial de las inversiones�, al 玦mporte global� de la RPA debe descontarse, conforme al art韈ulo 17.2 de la Ley de Autopistas, el de las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� adeudadas por el concesionario como beneficiario de la expropiaci髇, y de cuyo pago se ha tenido que hacer cargo el Estado 玡n virtud de resoluci髇 judicial�.

• 2. Inversiones por obras.

  Para calcular 玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones� por obras se computar� el presupuesto de ejecuci髇 por contrata (PEC), IVA excluido. Esa cifra se tomar� de la resoluci髇 administrativa que apruebe cada uno de los proyectos constructivos presentados por el concesionario.

  No obstante, si resultara que el importe de la obra ejecutada fue menor al de la obra proyectada, se sumar� solamente el precio de las unidades de obra realmente ejecutadas.

  Para apreciar esa circunstancia podr� compararse el presupuesto de ejecuci髇 por contrata con el importe de obra ejecutada que figure en el acta de recepci髇 de la obra o en el EDYCOE (獷stado de dimensiones y caracter韘ticas de la obra ejecutada�; cl醬sula 66 del Pliego General de Autopistas). Si se observaran divergencias o inexactitudes en estos documentos, se estar� a la certificaci髇 sobre valoraci髇 de las obras realmente ejecutadas que emita la Demarcaci髇 de Carreteras competente. Corresponder� en cualquier caso a la Administraci髇 acreditar que el importe de la obra ejecutada es menor al de la proyectada.

  Tambi閚 se computar� el importe de las modificaciones y obras complementarias cuyos proyectos hayan sido aprobados por la Administraci髇.

  Como obras adicionales no incluidas en los proyectos se sumar醤 exclusivamente las 玱bras adicionales� reconocidas mediante resoluci髇 expresa dictada al amparo de la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2010.

  En el expediente de liquidaci髇 del contrato se ordenar� toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, relativa a las obras ejecutadas. En todo caso se digitalizar醤, para cada autopista el presupuesto de cada proyecto y la resoluci髇 administrativa de aprobaci髇 del proyecto. Se digitalizar醤 tambi閚, en lo posible, el acta de recepci髇 de cada obra; la liquidaci髇 de la obra; la hoja u hojas del EDYCOE en las que figure la valoraci髇 de la obra ejecutada; y la certificaci髇 sobre valoraci髇 de las obras realmente ejecutadas que, en su caso, emita la Demarcaci髇 de Carreteras competente.

• 3. Inversiones por expropiaciones.

  Para calcular 玡l valor patrimonial� de las 玦nversiones� por expropiaciones se computar� como 玡fectivamente pagado a los expropiados en su momento� el justiprecio abonado por el concesionario, sin actualizaci髇.

  Los intereses de demora derivados de la expropiaci髇 se computar醤 como inversi髇, salvo que hayan sido ya amortizados por los concesionarios o salvo que sean imputables al concesionario, por haberse devengado al no haber abonado este en plazo los importes debidos de los justiprecios.

  Las costas procesales ocasionadas en la expropiaci髇, al no estar relacionadas directamente con el valor patrimonial de la finca expropiada; no se computar醤 como inversi髇.

  Se computar醤 como inversi髇 las cantidades que, en su caso, hubiera abonado el concesionario por ese 25 % derivado de la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica.

  No se computar� como inversi髇 la sustituci髇 del justiprecio por cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos salvo que, pese a haberse celebrado un convenio urban韘tico, se hayan realizado abonos en concepto de expropiaciones por la sociedad concesionaria y esta los justifique.

  Respecto de las ocupaciones temporales, solamente se computar� el importe de las previstas en los correspondientes proyectos de obras, siempre que, adem醩, est� acreditado que se llevaron a cabo.

  Se entender� justificada la realidad del pago cuando est� documentada mediante cheque, transferencia bancaria, los documentos acreditativos del dep髎ito o consignaci髇 en la Caja General de Dep髎itos. Tambi閚 se considerar� justificada la realidad del pago parcial por el concesionario cuando dicho pago parcial hubiera sido reconocido por la Administraci髇 al hacerse cargo del pago de la cantidad restante debida al expropiado.

  Fuera de los casos citados, corresponde al concesionario la carga de aportar cualquier otro medio de prueba acreditativo del pago.

  No obstante, una vez elaborada y remitida la Resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA, el Ministerio de Fomento solicitar� al Jurado de Expropiaci髇, as� como a la Caja General de Dep髎itos, la documentaci髇 que fuera necesaria para completar el expediente; de forma que pueda incorporarse a la liquidaci髇 de situaciones pendientes y recogerse en la Resoluci髇 complementaria para el pago de la RPA.

  En el expediente de liquidaci髇 del contrato se ordenar� toda la documentaci髇 de que se dispone, en papel o digitalizada, relativa a los expedientes expropiatorios. En todo caso se digitalizar�, para cada autopista, el Anejo de expropiaciones de los EDYCOE (獷stado de dimensiones y caracter韘ticas de la obra ejecutada�; cl醬sula 66 del Pliego General de Autopistas), o en su caso, el Anejo de expropiaciones de cada uno de los proyectos; as� como los documentos justificativos del pago al expropiado.

  Se incorporar� al expediente una lista de expropiaciones, que ser� rubricada por el Jefe de la Demarcaci髇 de Carreteras.

• 4. Amortizaci髇.

  Una vez determinadas las inversiones en obras y expropiaciones, para calcular 玪a cuota de amortizaci髇 que en funci髇 del n鷐ero de a駉s corresponda� se aplicar�, en todas las concesiones y para todas las inversiones (obras y expropiaciones), el criterio de amortizaci髇 lineal; salvo en los casos siguientes:

  • –  Para las expropiaciones de la autopista Oca馻-La Roda, cuya amortizaci髇 se realizar� con 玡l porcentaje de ingresos anual en relaci髇 con el total de ingresos previstos en el PEF�.
  • –  Para las expropiaciones de la autopista de Cartagena-Vera, cuya amortizaci髇 se realizar� 玡n funci髇 del porcentaje de los ingresos previstos en cada periodo respecto de los totales proyectados�.

  El d韆 inicial para el comienzo de la amortizaci髇 ser� la fecha en que la concesionaria inici� el cobro de peajes en la autopista. Ese mismo d韆 se aplicar� para la amortizaci髇 de las obras definidas en los proyectos iniciales, las obras ejecutadas al amparo de modificaciones de esos proyectos y las 玱bras adicionales� mencionadas en la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. No obstante, si respecto de una determinada modificaci髇 u obra adicional llegara a constar de forma incuestionable su fecha espec韋ica de puesta en servicio, se aplicar韆 esta 鷏tima.

  El d韆 final ser� la fecha en que SEITT comenz� a explotar la autopista.

• 5. L韒ites de la RPA por expropiaciones y por obras.

  El valor patrimonial (obras y expropiaciones no amortizadas) se tomar� como referencia para calcular la cantidad que corresponda al concesionario como RPA, 玸iempre sin superar los l韒ites m醲imos (de) responsabilidad patrimonial�.

  Para las obras y expropiaciones se aplicar醤 玪os l韒ites� de RPA que, respectivamente, est醤 fijados para cada uno de esos conceptos en los Reales Decretos de adjudicaci髇 y en las ofertas de los concesionarios.

  No obstante, el l韒ite de la RPA para las obras fijado en los Reales Decretos de adjudicaci髇 y en la oferta se incrementar� con el importe (presupuesto de ejecuci髇 por contrata, IVA excluido) de los proyectos modificados y de obras complementarias aprobados por el Ministerio de Fomento; as� como con las 玱bras adicionales� reconocidas al concesionario conforme a la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009.

• 6. Valor patrimonial y coste de reposici髇.

  El 玽alor patrimonial� de las inversiones ser� igual al importe de las obras y expropiaciones no amortizadas (hasta el l韒ite respectivo) menos el importe las inversiones necesarias para la 玴uesta a cero� de cada autopista o coste de reposici髇 (definido como la suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoraci髇, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas).

• 7. Minoraci髇 de la RPA.

  El 玦mporte global� de la RPA (玽alor patrimonial� de obras m醩 expropiaciones hasta el l韒ite respectivo) debe minorarse con las 玦ndemnizaciones de toda 韓dole� (justiprecio, intereses y costas) que, ante el impago por el concesionario, ha tenido que asumir el Estado.

  La cantidad pagada por el Estado se aplicar� sin actualizar.

  En particular, minorar醤 el importe de la RPA, siempre que hubieran sido abonadas por el Estado en virtud de resoluci髇 judicial, estas cantidades:

  • a) Los intereses de demora abonados por el Estado directamente al expropiado por raz髇 de las expropiaciones.
  • b) El 25 % adicional por omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, cuando se hubiera fijado en resoluci髇 judicial.
• 8. Pago de la RPA relativa a las situaciones pendientes.

  Determinadas situaciones jur韉icas que afectan al c醠culo de la RPA est醤 todav韆 pendientes de concretarse por razones ajenas a la Administraci髇: no est� fijado definitivamente el justiprecio o no est� acreditado que el expropiado se haya dado por pagado.

  Tales circunstancias justifican no la minoraci髇, pero s� la retenci髇 provisional del importe de la RPA global a abonar. En concreto, se propone esa retenci髇 provisional para estos casos:

  • –  Resoluciones judiciales pendientes.

    Al liquidar la RPA, en la lista de expropiaciones se indicar醤 aquellas fincas cuyo justiprecio estuviera pendiente de que se dicte resoluci髇 judicial firme en el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Jurado. En estos casos, el importe reclamado por el demandante se retendr� provisionalmente del importe de la RPA, a reserva de lo que finalmente se resuelva en el pleito. A dicho importe se a馻dir� una estimaci髇 de intereses.

  • –  Reanudaci髇 de expedientes expropiatorios al no consumarse algunos convenios de cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos.

  Al liquidar la RPA, en la lista de expropiaciones se indicar醤 aquellas fincas cuyo expediente expropiatorio se suspendi� mediante un convenio de cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos, suscrito entre el concesionario y los expropiados.

  Incumbe al concesionario la carga de probar que tales convenios se han consumado y, por tanto, se ha extinguido su obligaci髇 de abonar el justiprecio (por lo que no puede ya reanudarse el expediente expropiatorio). Mientras no se pruebe esa circunstancia se retendr� provisionalmente el importe estimado (justiprecio m醩 intereses) que pueda reclamarse por estas expropiaciones.

  En consecuencia, la interpretaci髇 que se adopta es la siguiente:

  • a) Se dictar� una primera resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA, a cuenta de la resoluci髇 definitiva. En esta primera resoluci髇 se determinar醤 por separado:
    • –  la cantidad a pagar ya reconocida,
    • –  y la cantidad que se retiene provisionalmente hasta la liquidaci髇 de las situaciones pendientes.
  • b) La liquidaci髇 de las situaciones pendientes se realizar� en dos fases:
    • –  en los seis meses siguientes a la primera resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA (mediante una nueva resoluci髇, complementaria de la primera, con base en la informaci髇 posterior que se haya podido obtener),
    • –  y en los seis meses siguientes a la fecha de la resoluci髇 complementaria, mediante una resoluci髇 definitiva.
• 9. Intereses por retraso en la determinaci髇 de la RPA.

  Al importe que se determine en concepto de RPA debe sumarse el inter閟 correspondiente al tiempo transcurrido desde los seis meses siguientes a la firmeza del auto que abri� la liquidaci髇 del concurso hasta el d韆 del pago.

  El tipo de inter閟 aplicable ser�:

  • –  El inter閟 legal del dinero, respecto de los contratos adjudicados con anterioridad a la fecha de 8 de mayo de 2002.
  • –  El inter閟 previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad; respecto de los contratos celebrados despu閟 del 8 de mayo de 2002 (los de Ciralsa, Autopista M-12, Autopista Cartagena-Vera, Autopista AP-36 y Autopistas A-41, adjudicados el 13 de febrero de 2004, 8 de noviembre de 2002, 6 de febrero de 2004, 13 de febrero de 2004 y 13 de febrero de 2004, respectivamente).
• 10. Pago de la RPA ya determinada.

  Una vez determinada la RPA en el expediente de liquidaci髇 del contrato de concesi髇, el Estado dispone de un plazo de tres meses abonar la cantidad que corresponda. Transcurrido este plazo, la cantidad fijada devengar� el inter閟 legal conforme a los art韈ulos 17 y 24 de la Ley General Presupuestaria.

• 11. Garant韆 de construcci髇.

  Procede incautar no solo la garant韆 de explotaci髇, sino tambi閚 la garant韆 de construcci髇. Por ello, ambas deben ser ingresadas en el Tesoro.

En cualquier caso, esta cuesti髇 est� actualmente pendiente de los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo contra los acuerdos de resoluci髇 de los contratos de concesi髇; por lo que este acuerdo debe entenderse a salvo lo que se decida en dichos procesos.

Se incorpora como anexo de este acuerdo una explicaci髇 de las operaciones aritm閠icas que se realizar醤 para, conforme a los criterios anteriores, determinar la RPA.

ANEXO

Procedimiento para el c醠culo de la RPA

A) RPA por obras.

• [1]. Presupuesto de ejecuci髇 por contrata (PEC), IVA excluido, de las obras aprobadas por la Administraci髇 (si el importe realmente ejecutado fuese menor, se tomar韆 este). Con car醕ter general, se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇 lineal desde la fecha de inicio del cobro de peajes (salvo que de forma incuestionable pueda establecerse otra fecha distinta de puesta en servicio), hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT.
• [2]. Presupuesto de ejecuci髇 por contrata (PEC), IVA excluido, de las modificaciones y obras complementarias aprobadas por la Administraci髇 (si el importe realmente ejecutado fuese menor, se tomar韆 este). Con car醕ter general, se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇 lineal desde la fecha de inicio del cobro de peajes (salvo que de forma incuestionable pueda establecerse otra fecha distinta de puesta en servicio), hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT.
• [3]. Presupuesto de ejecuci髇 por contrata (PEC), IVA excluido, de las obras adicionales resoluci髇 expresa dictada al amparo de la disposici髇 adicional 41.� de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2010. Con car醕ter general, se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇 lineal desde la fecha de inicio del cobro de peajes (salvo que de forma incuestionable pueda establecerse otra fecha distinta de puesta en servicio), hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT.
• [4]. Para determinar la RPA por obras, se compara [1] + [2] + [3] con el l韒ite de la RPA por obras ofertado, incrementado en el valor de [2] + [3], y se toma el m韓imo.

  RPA por obras [4] = m韓imo {[1] + [2] + [3], l韒ite RPA _{por obras ofertado} + [2] + [3]}

B) RPA por expropiaciones.

• [5]. Justiprecios pagados a los expropiados por el concesionario, sin actualizaci髇, cuyo abono este suficientemente justificado. Se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇, desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT. Se incluir醤 las que tengan la consideraci髇 de inversi髇 (intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios; 25 % por la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, etc.). No se incluir醤 las que no tienen la consideraci髇 de inversi髇 (costas procesales).
• [6]. Justiprecios pagados a los expropiados por la Administraci髇, sin actualizaci髇. Se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇, desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT. Se incluir醤 las que tengan la consideraci髇 de inversi髇 (intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios; 25 % por la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, etc.). No se incluir醤 las que no tienen la consideraci髇 de inversi髇 (costas procesales).
• [7]. Justiprecios pendientes de pago. Incluye: justiprecios determinados en sentencia firme pendiente de cumplimiento; justiprecios pendientes de determinarse en un recurso en el que no se ha dictado sentencia firme (estimados por la Direcci髇 General de Carreteras); justiprecios por expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenio sobre cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos pero que puedan reanudarse (estimados la Direcci髇 General de Carreteras).

  Se utilizar� el valor neto, descontando la amortizaci髇 desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotaci髇 por SEITT. Se incluir醤 las que tengan la consideraci髇 de inversi髇 (intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios; 25 % por la omisi髇 del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, etc.). No se incluir醤 las que no tienen la consideraci髇 de inversi髇 (costas procesales).

• [8]. Para determinar la RPA de las expropiaciones, se compara [5] + [6] + [7] con el l韒ite de la RPA de expropiaciones ofertado, y se toma el m韓imo.

  RPA por expropiaciones [8] = m韓imo {[5] + [6] +[7], l韒ite de la RPA _{por obras ofertado} }

C) Valor patrimonial de inversiones en obras y expropiaciones.

• [9]. Suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoraci髇, la 玴erfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad� para la prestaci髇 del servicio a que est醤 destinadas. Se tomar� el importe de las actuaciones necesarias para la 玴uesta a cero� de la autopista (de acuerdo con la 玠ue diligence� de INECO), en PEC, IVA excluido. Si se trata de una obra que no se ejecut� por parte del concesionario, no se habr� a馻dido en los apartados [1] a [3] y, por tanto, no se incluir� en este.

  Valor patrimonial de inversiones en obras y expropiaciones [10] = ([4] + [8])- [9]

D) Minoraci髇 por expropiaciones.

• [11]. Indemnizaciones pagadas a los expropiados de las que se haya hecho cargo la Administraci髇, en virtud de resoluci髇 judicial, sin amortizar. Esto es, justiprecios, costas judiciales, intereses expropiatorios y el 25 % adicional fijado en resoluci髇 judicial.

E) Total por RPA.

Total por RPA [12] = [10] - [11].

F) Parte del total por RPA que se retiene provisionalmente hasta la liquidaci髇 de situaciones pendientes.

• [13]. Indemnizaciones por expropiaciones pendientes de pago, de las que tendr� que hacerse cargo la Administraci髇 cuando se dicte sentencia firme, sin amortizar. Esto es, justiprecio, costas judiciales e intereses expropiatorios y el 25 % adicional fijado en resoluci髇 judicial (estimados por la Direcci髇 General de Carreteras).
• [14]. Estimaci髇 de las indemnizaciones por reanudaci髇 de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesi髇 de aprovechamientos urban韘ticos, sin amortizar. En particular, justiprecio, costas judiciales e intereses expropiatorios y el 25 % adicional fijado en resoluci髇 judicial (estimados por la Direcci髇 General de Carreteras).

G) Primera resoluci髇 de determinaci髇 de la RPA.

Importe que se retiene provisionalmente: [13] + [14]

Importe que se abona a cuenta [15] = [12] – ([13] + [14])

Se pagar� [15] en los tres meses siguientes a la fecha en que se dicte la resoluci髇.

A esta cantidad se sumar� el inter閟 correspondiente por el tiempo transcurrido desde el d韆 en que termin� el plazo para fijar dicho importe (contado desde la firmeza del auto que abri� la fase de liquidaci髇 del concurso) y el d韆 del pago.

H) Resoluci髇 complementaria de determinaci髇 de la RPA. Se dictar� en los seis meses siguientes a la primera resoluci髇 y con la liquidaci髇 complementaria de las situaciones pendientes.

Si de la resoluci髇 resultara el pago [16] de parte de lo retenido, se sumar� el inter閟 legal por el tiempo transcurrido desde el d韆 en que termin� el plazo para fijar dicho importe (contado desde la firmeza del auto que abri� la fase de liquidaci髇 del concurso) y el d韆 del pago.

I) Resoluci髇 definitiva de determinaci髇 de la RPA. Se dictar� en los seis meses siguientes a la resoluci髇 complementaria y con la liquidaci髇 definitiva de las situaciones pendientes, quedando retenido el importe correspondiente a las que a鷑 no se han determinado.

Si de la resoluci髇 resultara el pago [17] de parte de lo retenido, se sumar� el inter閟 correspondiente por el tiempo transcurrido desde el d韆 en que termin� el plazo para fijar dicho importe (contado desde la firmeza del auto que abri� la fase de liquidaci髇 del concurso) y el d韆 del pago.

J) Total de RPA reconocida y abonada: [15] + [16] + [17].

K) Incautaci髇 de la garant韆 de construcci髇 por efecto directo del pliego y, subsidiariamente, por incumplimiento de las obligaciones que justificaron su incautaci髇 y por incumplimiento de la obligaci髇 de abonar el importe de las expropiaciones.