ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece el nuevo marco jur韉ico en materia de contrataci髇 que incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l las directivas europeas de contrataci髇 p鷅lica que la propia ley indica en su t韙ulo, as� como la Directiva 2014/25/UE, tambi閚 de fecha 26 de febrero de 2014.

Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada 獷strategia Europa 2020�, dentro de la cual, la contrataci髇 p鷅lica desempe馻 un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad econ髆ica de los fondos p鷅licos. Esta sostenibilidad debe ser entendida en su doble vertiente social y medioambiental.

Las tres directivas citadas impulsan de manera decidida la denominada 玞ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica�, entendiendo por 閟ta la utilizaci髇 del poder de compra publica, dada su naturaleza horizontal y el enorme volumen de recursos que moviliza, para favorecer la consecuci髇 de objetivos propios de otras pol韙icas p鷅licas como son los sociales y laborales, medioambientales, de apoyo a la PYMEs, la innovaci髇 y el desarrollo o la defensa de la competencia. En este sentido t閚gase en cuenta la importante repercusi髇 de la contrataci髇 p鷅lica en el PIB, tanto a nivel nacional como europeo. La 玞ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica� por tanto constituye una aproximaci髇 novedosa a la compra p鷅lica, que trasciende la funci髇 tradicional de la contrataci髇 de dar satisfacci髇 a las necesidades de bienes y servicios del sector p鷅lico, poniendo el poder de la compra p鷅lica al servicio de otras pol韙icas consideradas estrat間icas, como la pol韙ica social.

A trav閟 de la 玞ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable�, las autoridades p鷅licas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusi髇 social, accesibilidad, dise駉 para todos, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la m醩 amplia aplicaci髇 de las normas sociales, as� como compromisos voluntarios m醩 exigentes en el 醡bito de la responsabilidad social de las empresas. Estas actuaciones permiten influir en el mercado e incentivar a las empresas a desarrollar una gesti髇 socialmente responsable, por una parte de manera directa mediante los bienes y servicios concretos que se adquieren, e, igualmente, por v韆 indirecta a trav閟 del ejemplo de las Administraciones p鷅licas. Todo ello permite impulsar el avance progresivo de la sociedad por la senda del desarrollo sostenible e integrador.

A nivel europeo, a lo largo de los a駉s este tema ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, y a trav閟 de instrumentos del resto de instituciones de la Uni髇 Europea, entre los que hay que mencionar el Libro Verde de la Comisi髇 Europea sobre 獿a Contrataci髇 P鷅lica: reflexiones para el futuro� de 1996 que ya contemplaba la inclusi髇 de consideraciones de 韓dole social en la contrataci髇 p鷅lica; igualmente la Comunicaci髇 de la Comisi髇 COM(98) 143, titulada 獿a contrataci髇 p鷅lica en la Uni髇 Europea�, hac韆 referencia a las sinergias de la contrataci髇 p鷅lica con otras pol韙icas comunitarias sociales y medioambientales; tambi閚 se puede mencionar la Comunicaci髇 de la Comisi髇 Europea COM(2001) 566 sobre 獿a legislaci髇 comunitaria de contratos p鷅licos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos�; la Comunicaci髇 de la Comisi髇 relativa a la 玆esponsabilidad social de las empresas: una contribuci髇 empresarial al desarrollo sostenible� (COM (2002) 347 final); manifiesta que (apartado 7.7) 玪as administraciones p鷅licas, incluida la Comisi髇, deben integrar los principios de responsabilidad social en sus propios sistemas de gesti髇 y en las relaciones con sus interlocutores�; la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos en los sectores del agua, de la energ韆, de los transportes y de los servicios postales y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de los contratos p鷅licos de obras, de suministro y de servicios, que recog韆n consideraciones de los documentos previos; la Comunicaci髇 de la Comisi髇 COM(2009) 215 sobre 獵ontribuci髇 al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de garant韆 de la sostenibilidad comercial�; la Gu韆 de la Comisi髇 Europea del a駉 2010 獳dquisiciones sociales. Una gu韆 para considerar aspectos sociales en las contrataciones p鷅licas�; o el 獿ibro Verde sobre la modernizaci髇 de la pol韙ica de contrataci髇 p鷅lica de la UE. Hacia un mercado europeo de la contrataci髇 p鷅lica m醩 eficiente�, COM (2011) 15. Y, en la actualidad, el marco de la pol韙ica econ髆ica europea parte de la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de 2010 denominada 獷uropa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador�.

Ya en el 醡bito nacional, el enfoque de integraci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica ha sido recogido en diversos instrumentos.

El 26 de febrero de 2010, el Gobierno de Espa馻 aprob� el 玃lan extraordinario de inclusi髇 social y lucha contra la pobreza�. En 閘 se establec韆, entre las medidas para el desarrollo del Tercer Sector en Espa馻, la 玦ntroducci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica� y se apelaba a la aprobaci髇 de un acuerdo del Consejo de Ministros que avanzara en esta l韓ea.

M醩 recientemente, en el apartado 6.6.38 de la Estrategia Espa駉la de Responsabilidad Social de las Empresas 2012-2020, aprobada el 16 de julio de 2014 por el Pleno del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y el 24 de octubre de ese mismo a駉 por el Consejo de Ministros, se insiste en la necesidad de fomentar la incorporaci髇 de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y 閠icos en las licitaciones y adquisiciones p鷅licas vinculados al objeto del contrato.

En documentos estrat間icos recientes como el Programa Nacional de Reformas 2018, tambi閚 se incluyen referencias expl韈itas en materia de contrataci髇 entre las que se recoge, como novedad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el 玞onfigurar la contrataci髇 p鷅lica como instrumento de promoci髇 de pol韙icas y pr醕ticas responsables en materia social, laboral, medioambiental y de fomento de la innovaci髇�.

Asimismo, procede destacar la aprobaci髇 del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisi髇 Interministerial para la incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica con la finalidad de permitir 玼na actuaci髇 coordinada del sector p鷅lico estatal en las actuaciones de incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 (…) adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con representaci髇 de todos los Ministerios, as� como del Consejo Nacional de la Discapacidad, de la Comisi髇 para el Di醠ogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector y de la Oficina Independiente de Regulaci髇 y Supervisi髇 de la Contrataci髇�. El citado Real Decreto le atribuye a la Comisi髇 Interministerial funciones de an醠isis y seguimiento de la aplicaci髇 de las disposiciones que en materia de contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable establece la Ley 9/2017 en 醡bitos como la informaci髇, la accesibilidad y el dise駉 universal, las prescripciones t閏nicas, los criterios de adjudicaci髇, las condiciones especiales de ejecuci髇, el comercio justo o los contratos reservados. En esta Comisi髇 participan, junto con representantes de la Administraci髇 General del Estado, representantes del Consejo Nacional de la Discapacidad o de la Comisi髇 para el Di醠ogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, as� como entidades invitadas como el Foro de Contrataci髇 P鷅lica Socialmente Responsable.

Poco despu閟 de la aprobaci髇 del mencionado Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, se dict� la Resoluci髇 de 15 de marzo de 2018, de la Secretar韆 de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Espa駉la de Econom韆 Social 2017-2020. En esta Estrategia (Eje n.� 1, puntos 4 y 5) se hace referencia al fomento de la inclusi髇 de la econom韆 social en las actuaciones del Gobierno as� como a la aplicaci髇 de la normativa de contrataci髇 p鷅lica como instrumento de generaci髇 de valor social, se recoge el fomento de las cl醬sulas sociales en la contrataci髇, se menciona expresamente la reserva de contratos a entidades de econom韆 social que recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y se prev� un seguimiento de la implantaci髇 de estas medidas y de porcentaje de empresas de la econom韆 social que acceden a contratos p鷅licos.

Por otra parte, y de cara a promover una implementaci髇 efectiva en Espa馻 de la Agenda 2030 y el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre los que destacan importantes objetivos de car醕ter social, se aprob� por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, el Plan de Acci髇 para la implementaci髇 de la Agenda 2030. Este Plan de Acci髇 prev� una estructura de gobernanza en la que destaca el recientemente creado Consejo de Desarrollo Sostenible como 髍gano asesor y de colaboraci髇 que servir� de cauce para la participaci髇 de la sociedad civil en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 ( Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero). El Consejo lo preside el Alto Comisionado para la Agenda 2030 y se integra por 48 vocales representantes de la sociedad civil.

La propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, ya supone un avance cualitativo y cuantitativo muy importante en las referencias a las cuestiones sociales en la contrataci髇 p鷅lica, siguiendo los planteamientos de la nueva Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE, y yendo incluso m醩 all� en determinadas cuestiones.

Dado el car醕ter transversal que presenta la 玞ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica� a lo largo de todo el texto de la Ley 9/2017 encontramos previsiones que mandatan o posibilitan que los 髍ganos de contrataci髇 apoyen la pol韙ica social desde la compra p鷅lica. As�, la Exposici髇 de Motivos se馻la en su apartado III que 獷l sistema legal de contrataci髇 p鷅lica que se establece en la presente Ley persigue aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jur韉ica y trata de conseguir que se utilice la contrataci髇 p鷅lica como instrumento para implementar las pol韙icas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovaci髇 y desarrollo, de promoci髇 de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persigui閚dose en todo momento la eficiencia en el gasto p鷅lico y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminaci髇, transparencia, proporcionalidad e integridad�.

Dada la novedad que para los 髍ganos de contrataci髇 presentan las previsiones de la Ley 9/2017 en materia de 玞ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable�, el presente Plan se aprueba con la finalidad de guiar a los 髍ganos de contrataci髇 del sector p鷅lico estatal en su correcta y adecuada aplicaci髇, d醤doles de esta manera el apoyo necesario para que hagan uso de las posibilidades que contempla el nuevo texto legal, as� como impulsar su utilizaci髇 de manera coordinada, para de esta manera continuar avanzando de manera efectiva en el reto de lograr una contrataci髇 p鷅lica socialmente m醩 responsable.

Adicionalmente el Plan prev� la creaci髇 de un grupo de trabajo en el seno de la Comisi髇 interministerial para la incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica que, en el plazo m醲imo de seis meses, deber� realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopci髇 por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 9/2017. Este grupo de trabajo asimismo promover� la elaboraci髇 del Real Decreto que se contempla en el art韈ulo 71.1 letra d) cuarto p醨rafo de la Ley 9/2017 relativo a la acreditaci髇 mediante un sistema alternativo a la declaraci髇 responsable del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligaci髇 de contar con un plan de igualdad a que se refiere el art韈ulo 71.1 letra d) primer p醨rafo de la Ley 9/2017; as� como el desarrollo de otros aspectos del Plan, tales como la elaboraci髇 y el dise駉 de planes formativos o propuestas legislativas de desarrollo que promuevan la contrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable.

El Plan igualmente presta atenci髇 a la necesaria formaci髇 de las personas que tramiten expedientes y procedimientos de licitaci髇 de contratos, as� como de aqu閘las que deban realizar el seguimiento y la supervisi髇 de su ejecuci髇, sigui閚dose de esta manera la Recomendaci髇 (UE) 2017/1805 de la Comisi髇 Europea de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalizaci髇 de la contrataci髇 p鷅lica; construir una arquitectura para la profesionalizaci髇 de la contrataci髇 p鷅lica. Resulta imprescindible realizar actividades de informaci髇 y de formaci髇 con car醕ter coet醤eo a la aplicaci髇 del Plan con vistas a dar el apoyo t閏nico necesario al personal de los 髍ganos de contrataci髇.

La Comisi髇 interministerial para la incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas de acuerdo con el apartado 1.c) del art韈ulo 4 del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisi髇 Interministerial para la incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica, en su reuni髇 de fecha 3 de abril inform� el presente Plan, en cuya elaboraci髇 han participado distintos 髍ganos de apoyo t閏nico de la Junta Consultiva de Contrataci髇 P鷅lica del Estado, y acord� elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobaci髇 mediante este Acuerdo.

En consecuencia, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 12 de abril de 2019, acuerda:

Primero. Aprobaci髇.

Se aprueba el 玃lan para el impulso de la contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p鷅lico.

Segundo. 羗bito de aplicaci髇.

El presente plan se aplicar� por la Administraci髇 General del Estado, sus organismos aut髇omos y dem醩 entidades que integran el sector p鷅lico estatal en el sentido definido por el art韈ulo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Tercero. Definiciones.

1. 獵ontrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable�: es aqu閘la que hace referencia al proceso a trav閟 del cual los 髍ganos de contrataci髇 del sector p鷅lico estatal contratan obras, suministros o servicios o celebran contratos de concesi髇 de obras o de concesi髇 de servicios tomando en consideraci髇 para el dise駉 de la licitaci髇, la sustanciaci髇 del procedimiento correspondiente y durante la ejecuci髇 del contrato resultante de este procedimiento, criterios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017.

2. 獵omisi髇 Interministerial�: la Comisi髇 Interministerial para la incorporaci髇 de criterios sociales en la contrataci髇 p鷅lica creada mediante Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo.

3. 玃lan�: el Plan para el impulso de la contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017.

Cuarto. Finalidad del Plan.

El Plan se aprueba con la finalidad de impulsar de manera efectiva y coordinada la aplicaci髇 de las medidas que en materia de contrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable establece la Ley 9/2017 por parte de todas las entidades que integrando el sector p鷅lico estatal contratan con sujeci髇 a esta Ley.

Quinto. Objetivos del Plan.

1. El Plan tiene como objetivo primordial impulsar la contrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable, fomentando el uso por parte de los 髍ganos de contrataci髇 de todas las medidas que prev� la Ley 9/2017 en esta materia; tanto en la redacci髇 de los pliegos, como en la sustanciaci髇 del procedimiento de licitaci髇, como en la fase de ejecuci髇 del contrato correspondiente.

2. Asimismo el Plan pretende impulsar la creaci髇 de un grupo de trabajo que realice las tareas preparatorias necesarias para la aprobaci髇 del Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 9/2017; y que promueva la aprobaci髇 del Real Decreto que se contempla en el art韈ulo 71.1 letra d) cuarto p醨rafo de la Ley 9/2017, entre otros aspectos del Plan.

Sexto. Elecci髇 del Procedimiento.

Al elegir el procedimiento de licitaci髇 los 髍ganos de contrataci髇 tendr醤 en cuenta lo siguiente:

• a) Si bien tienen la consideraci髇 de ordinarios los procedimientos abiertos y restringidos, la adjudicaci髇 de contratos de concesi髇 de servicios especiales del anexo IV, entre los cuales se encuentran comprendidos servicios sociales, se har� por procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 131.2 de la Ley 9/2017.
• b) El procedimiento de licitaci髇 con negociaci髇 previsto en el art韈ulo 167 podr� utilizarse en relaci髇 con los contratos de servicios sociales personal韘imos que tengan por una de sus caracter韘ticas determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atenci髇 social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atenci髇 a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.

S閜timo. Inclusi髇 de consideraciones sociales en los pliegos.

1. Con car醕ter general el 髍gano de contrataci髇 deber� velar por la incorporaci髇 siempre que sea posible de consideraciones sociales al configurar la licitaci髇 en la forma establecida en este Plan y en la Ley 9/2017, en especial de acuerdo con lo establecido en sus art韈ulos 122.2 y 124.

2. Definici髇 del objeto: Los 髍ganos de contrataci髇 definir醤 en los pliegos el objeto del contrato teniendo en cuenta las consideraciones sociales, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 35.1.c) de la Ley 9/2017.

En este sentido los 髍ganos de contrataci髇 al establecer las prescripciones t閏nicas tendr醤 en cuenta lo siguiente:

• a) Caracter韘ticas que merecen la consideraci髇 de prescripciones t閏nicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podr� tener la consideraci髇 de prescripci髇 t閏nica el conjunto de especificaciones t閏nicas en las que se definan las caracter韘ticas requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y dise駉 universal o dise駉 para todas las personas, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 125.1. letras a) y b) de la Ley 9/2017.
• b) Definici髇 de las prescripciones t閏nicas: Las prescripciones t閏nicas pueden referirse al proceso o m閠odo espec韋ico de producci髇 o prestaci髇 de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso espec韋ico de otra fase de su ciclo de vida, seg鷑 la definici髇 establecida en el art韈ulo 148 de la Ley 9/2017, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que est閚 vinculados al objeto del contrato y guarden proporci髇 con el valor y los objetivos de este, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 126.2 de la Ley 9/2017.

3. Informaci髇 sobre obligaciones de car醕ter social o laboral: El pliego se馻lar� el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la informaci髇 pertinente sobre protecci髇 del empleo, igualdad de g閚ero, condiciones de trabajo y prevenci髇 de riesgos laborales e inserci髇 socio laboral de las personas con discapacidad, la obligaci髇 de contratar a un n鷐ero o porcentaje espec韋ico de personas con discapacidad que ser醤 aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecuci髇 del contrato; excepto cuando no sea posible se馻lar esta informaci髇, debiendo en este caso el 髍gano de contrataci髇 justificar en el expediente el motivo, todo ello de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 129.1 de la Ley 9/2017.

Cuando el pliego facilite esta informaci髇, el 髍gano de contrataci髇 deber� exigir a las empresas en el pliego que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboraci髇 de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en estas materias, de acuerdo con lo indicado en el art韈ulo 129.2 de la Ley 9/2017.

4. Garant韆 definitiva: Los 髍ganos de contrataci髇 incluir醤 en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exenci髇 de la garant韆 definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aqu閘los contratos que tengan por objeto la prestaci髇 de servicios sociales o la inclusi髇 social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusi髇 social, salvo excepciones que habr醤 de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 107.1 de la Ley 9/2017.

5. Prohibiciones de contratar: Los 髍ganos de contrataci髇 indicar醤 a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaraci髇 responsable ajustada al modelo de documento europeo 鷑ico de contrataci髇 comprende, entre otros extremos, la declaraci髇 de que no se encuentran incursos en la prohibici髇 de contratar a que se refiere el art韈ulo 71.1.d) de la Ley 9/2017 en lo referente a la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad, de conformidad con el art韈ulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social; as� como tambi閚 comprende, entre otras, la declaraci髇 de no estar los candidatos o licitadores incursos en la prohibici髇 de contratar que establece el art韈ulo 71.1.b) de la Ley 9/2017 para las personas f韘icas o jur韉icas que hubiesen sido sancionadas con car醕ter firme por infracci髇 grave en materia de integraci髇 laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminaci髇 de las personas con discapacidad, o de extranjer韆, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracci髇 muy grave en materia laboral o social.

6. Solvencia t閏nica o profesional en los contratos de servicios: Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes espec韋icas en materia social, de prestaci髇 de servicios de proximidad u otras an醠ogas, en todo caso se exigir� como requisito de solvencia t閏nica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 90.3 de la Ley 9/2017.

7. Accesibilidad universal: En cuanto a la garant韆 de la accesibilidad universal en los procedimientos de contrataci髇 p鷅lica as� como el dise駉 para todas las personas deber� tenerse en cuenta lo establecido en el art韈ulo 126.3 de la Ley 9/2017 respecto de la definici髇 de las prescripciones t閏nicas, y en la disposici髇 adicional decimoctava respecto de la determinaci髇 de los medios de comunicaci髇 admisibles, el dise駉 de los elementos instrumentales y la implantaci髇 de los tr醡ites procedimentales de la Ley 9/2017; as� como en la disposici髇 adicional decimosexta relativa al uso de medios electr髇icos, inform醫icos y telem醫icos en los procedimientos regulados en la Ley 9/2017, y en la disposici髇 adicional cuadrag閟imo s閜tima que lleva por t韙ulo Principios aplicables a los contratos de concesi髇 de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de car醕ter social, sanitario y educativo del anexo IV.

8. Ofertas anormalmente bajas: Los pliegos les indicar醤 a los candidatos o licitadores que en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 149.4, pen鷏timo p醨rafo de la Ley 9/2017 el 髍gano de contrataci髇 rechazar� aqu閘las ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.

9. Sin perjuicio de lo establecido en este apartado Sexto, en los procedimientos de licitaci髇 de contratos de concesi髇 de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de car醕ter social del anexo IV, los 髍ganos de contrataci髇 deber醤 tener en cuenta lo previsto en la disposici髇 adicional cuadrag閟imo s閜tima de la Ley 9/2017.

En consecuencia los 髍ganos de contrataci髇 en los procedimientos de contrataci髇 a que se refiere el p醨rafo anterior deber醤 velar en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios; las necesidades espec韋icas de las distintas categor韆s de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicaci髇 de los usuarios de los servicios; y la innovaci髇 en la prestaci髇 del servicio.

Octavo. Criterios de adjudicaci髇 y criterios de desempate.

1. La adjudicaci髇 de los contratos que de conformidad con lo dispuesto en los apartados primero y cuarto est醤 sujetos a este Plan, se realizar� utilizando una pluralidad de criterios de adjudicaci髇 en base a la mejor relaci髇 calidad-precio; excepto cuando no sea posible, debiendo en este caso el 髍gano de contrataci髇 justificar en el expediente el motivo que lo fundamenta, todo ello de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 145 de la Ley 9/2017.

En todo caso la aplicaci髇 de m醩 de un criterio de adjudicaci髇 proceder� en la adjudicaci髇 de contratos de prestaci髇 de servicios sociales si fomentan la integraci髇 social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecuci髇 del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserci髇 en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales a que se refiere la Disposici髇 adicional cuadrag閟ima octava de la Ley 9/2017, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 145.3.g), segundo p醨rafo, de la misma Ley.

2. Siempre y cuando los criterios de adjudicaci髇 cumplan los requisitos que establece el art韈ulo 145.5 de la Ley 9/2017 (vinculaci髇 con el objeto del contrato; formulaci髇 objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminaci髇, transparencia y proporcionalidad; que no confiera al 髍gano de contrataci髇 una libertad de decisi髇 ilimitada; y garantizar una competencia efectiva), 閟tos deber醤 ser formulados incorporando consideraciones cualitativas que incluyan alguna o algunas de las caracter韘ticas sociales del contrato que enumera el art韈ulo 145.2, quinto p醨rafo de la Ley 9/2017, las cuales se refieren a las siguientes finalidades:

El fomento de la integraci髇 social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecuci髇 del contrato y, en general, la inserci髇 socio laboral de personas con discapacidad o en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social; la subcontrataci髇 con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserci髇; los planes de igualdad de g閚ero que se apliquen en la ejecuci髇 del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contrataci髇 femenina; la conciliaci髇 de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contrataci髇 de un mayor n鷐ero de personas para la ejecuci髇 del contrato; la formaci髇 y la protecci髇 de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicaci髇 de criterios 閠icos y de responsabilidad social a la prestaci髇 contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilizaci髇 de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecuci髇 del contrato.

3. A los efectos de determinar si un criterio cualitativo de tipo social cumple el requisito de vinculaci髇 con el objeto del contrato los 髍ganos de contrataci髇 tendr醤 en cuenta que no es necesario que un criterio de adjudicaci髇 se refiera a las caracter韘ticas intr韓secas del producto, obra o servicio que constituye el objeto del contrato, sino que dicho criterio podr� referirse a las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 145.6 y 148.1 de la Ley 9/2017.

4. En los contratos de servicios comprendidos en el anexo IV los criterios relacionados con la calidad deber醤 representar al menos el 51 por ciento de la puntuaci髇 asignable en la valoraci髇 de las ofertas, con arreglo a lo indicado en el art韈ulo 145.4, segundo p醨rafo, de la Ley 9/2017.

5. Sin perjuicio de lo establecido en este apartado S閜timo, en los procedimientos de licitaci髇 de contratos de concesi髇 de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de car醕ter social del anexo IV, al establecer los criterios de adjudicaci髇 de los contratos los 髍ganos de contrataci髇 deber醤 tener en cuenta lo previsto en la disposici髇 adicional cuadrag閟imo s閜tima de la Ley 9/2017. As� los 髍ganos de contrataci髇 podr醤 referir los criterios de adjudicaci髇 a aspectos tales como: la experiencia del personal adscrito al contrato en la prestaci髇 de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos o en la prestaci髇 de servicios de similar naturaleza en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 145; la reinversi髇 de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de participaci髇 de los usuarios y de informaci髇 y orientaci髇 de los mismos.

6. Los 髍ganos de contrataci髇 promover醤 el establecimiento en los pliegos de alguno de los criterios de desempate que establece el art韈ulo 147.1 de la Ley 9/2017 sin perjuicio de establecer adicionalmente alg鷑 criterio que permita resolver todos los empates, como el sorteo.

Noveno. Condiciones especiales de ejecuci髇.

1. Los 髍ganos de contrataci髇 incorporar醤 en los pliegos al menos una de las condiciones especiales de ejecuci髇 de las listadas en el art韈ulo 202.2, tercer p醨rafo, de la Ley 9/2017.

2. De acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 202.3 de la Ley 9/2017, a la condici髇 especial de ejecuci髇 que se introduzca en los pliegos en cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior en todo caso se le podr� atribuir en 閟tos el car醕ter de obligaci髇 contractual esencial a los efectos de lo previsto en el art韈ulo 211.1, letra f), de la Ley 9/2017. Con esta finalidad los pliegos deber醤 formular esta condici髇 especial de manera precisa, clara e inequ韛oca, no siendo admisibles cl醬sulas de tipo general, de acuerdo con lo indicado en el art韈ulo 211.1, letra f), segundo p醨rafo, de la Ley 9/2017.

Igualmente, los pliegos le indicar醤 a los candidatos o licitadores su obligaci髇 de exigir esta condici髇 especial de ejecuci髇 a los subcontratistas que participen en la ejecuci髇 del contrato.

D閏imo. Reserva de la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicaci髇 de determinados contratos o de determinados lotes.

1. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposici髇 adicional cuarta y en el art韈ulo 99 de la Ley 9/2017:

• a) T閞minos de la reserva de contratos y lotes: Los 髍ganos de contrataci髇 aplicar醤 porcentajes m韓imos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicaci髇 de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserci髇, regulados, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulaci髇 del r間imen de las empresas de inserci髇, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideraci髇, o un porcentaje m韓imo de reserva de la ejecuci髇 de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condici髇 de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaci髇 de exclusi髇 social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserci髇 o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
• b) Porcentajes aplicables: Estos porcentajes, hasta que se apruebe el Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 9/2017, ser醤 los que resulten de lo dispuesto en la citada Ley.
• c) Creaci髇 de un grupo de trabajo: En el seno de la Comisi髇 Interministerial se constituir� un grupo de trabajo, el cual, en el plazo m醲imo de seis meses a contar desde la fecha de su primera reuni髇, deber� realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopci髇 por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 9/2017.

Con esta finalidad el grupo de trabajo, entre otras cuestiones, deber�: identificar las 醨eas de actividad a las que resultar� de aplicaci髇 la reserva; el porcentaje o porcentajes a aplicar y la forma en la que deber� valorarse su cumplimiento; determinar el importe global de los procedimientos de adjudicaci髇 de servicios incluidos en los c骴igos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior, en los t閞minos previstos en la disposici髇 adicional cuarta; determinar los mecanismos de seguimiento e informe que permitan la revisi髇 peri骴ica de los resultados del Acuerdo; y la periodicidad con la que se llevar� a cabo la elaboraci髇 del informe de los resultados obtenidos para su posterior elevaci髇 al Consejo de Ministros.

El grupo de trabajo se crear� por la Comisi髇 Interministerial al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 6 del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la misma, pudi閚dose integrar como miembros del grupo de trabajo aqu閘las organizaciones que participen en la Comisi髇 Interministerial como miembros o invitados.

Asimismo el grupo de trabajo impulsar� la elaboraci髇 del Real Decreto que se contempla en el art韈ulo 71.1 letra d) cuarto p醨rafo de la Ley 9/2017 relativo a la acreditaci髇 mediante un sistema alternativo a la declaraci髇 responsable del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligaci髇 de contar con un plan de igualdad a que se refiere el art韈ulo 71.1 letra d) primer p醨rafo de la Ley 9/2017, bien mediante certificaci髇 del 髍gano administrativo correspondiente, o bien mediante certificaci髇 del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

Este grupo de trabajo igualmente podr� impulsar otros aspectos del Plan, tales como la elaboraci髇 y el dise駉 de planes formativos o propuestas legislativas de desarrollo que impulsen la contrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable.

2. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposici髇 adicional cuadrag閟ima octava de la Ley 9/2017: Adicionalmente los 髍ganos de contrataci髇 podr醤 reservar a las organizaciones que cumplan los requisitos que establece la disposici髇 adicional cuadrag閟ima octava en su apartado 2 el derecho a participar en los procedimientos de licitaci髇 de los contratos de servicios de car醕ter social que enumera el anexo IV bajo unos determinados c骴igos CPV, siempre y cuando su duraci髇 no exceda de tres a駉s

Und閏imo. Ejecuci髇 del contrato.

1. Obligaci髇 de seguimiento general de la ejecuci髇 del contrato: Los 髍ganos de contrataci髇 tomar醤 las medidas pertinentes para garantizar en la ejecuci髇 de los contratos que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, en los t閞minos que establece el art韈ulo 201 de la Ley 9/2017.

Ante un incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el p醨rafo anterior, los 髍ganos de contrataci髇 impondr醤 las penalidades que a estos efectos prevea el pliego, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 192 de la Ley 9/2017.

2. Subcontrataci髇: Los pliegos les indicar醤 a los candidatos o licitadores que en el caso de subcontratar parte de la ejecuci髇 del contrato, es el contratista principal el que asume la total responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral a que se refiere el art韈ulo 201 de la Ley 9/2017, con arreglo a lo previsto en el art韈ulo 215.4 de la Ley 9/2017.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestaci髇 objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendr� la obligaci髇 de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecuci髇 del referido contrato, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 130.2, segundo p醨rafo, de la Ley 9/2017.

3. Contratistas que estuvieron incursos en presunci髇 de anormalidad: Los 髍ganos de contrataci髇 deber醤 establecer mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecuci髇 de los contratos que le hubieran sido adjudicados a una empresa que hubiese estado incursa en presunci髇 de anormalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 149.7 de la Ley 9/2017.

Duod閏imo. Actividades de formaci髇 e informaci髇.

En colaboraci髇 con el Instituto Nacional de Administraci髇 P鷅lica y con el Instituto de Estudios Fiscales, as� como otros centros de formaci髇 especializada p鷅licos o privados, se dise馻r醤 cursos de formaci髇 dirigidos al personal responsable de la redacci髇 de los pliegos y de la supervisi髇 de la ejecuci髇 de los contratos, para que estos dispongan de los conocimientos necesarios para implementar adecuadamente el Plan.

Decimotercero. Seguimiento de las actuaciones contenidas en el Plan.

Anualmente, a efectos del seguimiento del presente Acuerdo, la Comisi髇 Interministerial en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas de acuerdo con el art韈ulo 4.1.c) de su Real Decreto 94/2018 elaborar� un informe sobre el grado de incorporaci髇 y el uso de consideraciones sociales en la contrataci髇 p鷅lica sujeta a la Ley 9/2017.

Dicho informe ser� elevado por la Comisi髇 Interministerial, para su conocimiento, al Consejo de Ministros.

Decimocuarto. Normas de desarrollo.

Los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales dictar醤 las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este Acuerdo.

Decimoquinto. Vigencia.

El Plan tiene una vigencia indefinida, pudiendo ser objeto de revisi髇 y actualizaci髇 cuando as� lo acuerde la Comisi髇 Interministerial o se produzcan cambios en la normativa de contrataci髇 p鷅lica.

Decimosexto. Publicidad.

El Plan, as� como las revisiones del mismo, ser醤 objeto de publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.