ARTÍCULO 1

1. Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante y sin formalidad alguna, a toda persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, siempre que se acredite o se presuma que posee la nacionalidad de la Parte Contratante requerida.

2. La Parte Contratante requirente readmitirá en las mismas condiciones a la persona de que se trate si mediante controles posteriores se demuestra que no poseía la nacionalidad de la Parte Contratante requerida en el momento de su salida del territorio de la Parte Contratante requirente.

ARTÍCULO 2

1. La nacionalidad de una persona se considerará acreditada mediante alguno de los documentos válidos siguientes:

• Para el Reino de España:

  • Pasaporte;
  • documento nacional de identidad.

• Para la República Francesa:

  • Pasaporte;
  • documento nacional de identidad;
  • certificado de nacionalidad;
  • decreto de naturalización o de recuperación de la nacionalidad francesa.

2. Se presumirá la nacionalidad sobre la base de alguno de los siguientes elementos:

• Documento caducado de los mencionados en el anterior apartado;
• documento expedido por las autoridades oficiales de la Parte requerida en el que conste la identidad del interesado (permiso de conducción, libreta de inscripción marítima, cartilla o documentos militares, etc.);
• tarjeta de inscripción consular o documento del estado civil;
• título de residencia o autorización de residencia caducados;
• fotocopia de alguno de los documentos enumerados anteriormente;
• declaraciones del interesado debidamente obtenidas por las autoridades administrativas o judiciales de la Parte requirente;
• deposiciones de testigos de buena fe consignadas en acta.

ARTÍCULO 3

1. Cuando se presuma la nacionalidad sobre la base de los elementos mencionados en el apartado 2 del artículo 2, las autoridades consulares de la Parte requerida expedirán inmediatamente un salvoconducto.

2. En caso de duda sobre los elementos que permiten presumir la nacionalidad o en ausencia de dichos elementos, las autoridades consulares de la Parte requerida procederán a oír al interesado en el plazo de tres días contados a partir de la solicitud de la Parte requirente. Dicha audiencia será organizada por la Parte requirente de acuerdo con la autoridad consular afectada y en el más breve plazo posible.

Si como resultado de dicha audiencia se acredita que la persona interesada posee la nacionalidad de la Parte requerida, la autoridad consular expedirá inmediatamente el salvoconducto.

ARTÍCULO 4

1. Los datos que deberá contener la solicitud de readmisión y las condiciones de remisión de la misma se establecen en el anexo que acompaña este Acuerdo.

2. Serán de cuenta de la Parte requirente los gastos de transporte hasta la frontera de la Parte Contratante requerida de las personas cuya readmisión se solicite.

ARTÍCULO 5

1. Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante y sin formalidad alguna, al nacional de un tercer Estado que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, siempre que se acredite que dicha persona entró en el territorio de esa Parte después de haber residido o transitado por el territorio de la Parte Contratante requerida.

2. Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante y sin formalidad alguna, a los nacionales de un tercer Estado que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, cuando dichas personas posean un visado o una autorización de residencia válidos de cualquier índole expedidos por la Parte Contratante requerida.

ARTÍCULO 6

No existirá la obligación de readmisión prevista en el artículo 5 en el caso de:

• a) Nacionales de terceros Estados que tengan una frontera común con la Parte Contratante requirente;
• b) nacionales de terceros Estados que, después o antes de su salida del territorio de la Parte Contratante requerida o después de su entrada en el territorio de la Parte Contratante requirente, hayan recibido de esta última un visado o una autorización de residencia;
• c) nacionales de terceros Estados que residan desde hace más de seis meses en el territorio de la Parte Contratante requirente, período que se estimará en la fecha de remisión de la solicitud de readmisión;
• d) nacionales de terceros Estados a los que la Parte Contratante requirente haya reconocido el estatuto de refugiado en aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, enmendada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, o el estatuto de apátrida en aplicación de la Convención de Nueva York de 28 de septiembre de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas;
• e) los nacionales de terceros Estados a quienes sea de aplicación el Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de junio de 1990;
• f) nacionales de terceros Estados que hayan sido efectivamente expulsados por la Parte Contratante requerida a su país de origen o a un tercer Estado;
• g) nacionales de terceros Estados que posean un título de residencia o una autorización de residencia provisional válidos expedidos por otra Parte Contratante en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 19 de junio de 1990.

ARTÍCULO 7

Las autoridades de frontera de cada una de las partes contratantes readmitirán inmediatamente en su territorio a los extranjeros, nacionales de un país tercero, que sean presentados, por las autoridades de frontera de la otra parte, dentro de las cuatro horas posteriores al paso ilegal de la frontera común.

ARTÍCULO 8

1. A los efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 5, la entrada o la estancia de nacionales de terceros Estados en el territorio de la Parte Contratante requerida se acreditará por medio de los documentos de viaje o de identidad de las personas de que se trate. Podrá también presumirse por cualquier otro medio indicado en el anexo previsto en el artículo 4.

2. Los datos que deberá contener la solicitud de readmisión y las condiciones de remisión de la misma se establecerán en el anexo.

3. Serán de cuenta de la Parte Contratante requirente los gastos de transporte hasta la frontera de la Parte Contratante requerida de las personas cuya readmisión se solicite.

ARTÍCULO 9

La Parte Contratante requirente readmitirá en su territorio a las personas respecto de las cuales se averigüe, mediante verificaciones posteriores a su readmisión en la Parte Contratante requerida, que no cumplían las condiciones establecidas en el artículo 5 en el momento de su salida del territorio de la Parte Contratante requirente.

ARTÍCULO 10

1. Cada una de las Partes Contratantes, a solicitud de la otra, autorizará el tránsito aéreo por su territorio de los nacionales de terceros Estados respecto de los cuales la Parte Contratante requirente haya adoptado una decisión de expulsión o de denegación de entrada en su territorio.

2. La Parte requirente asumirá plenamente la responsabilidad del viaje del nacional de un tercer Estado hasta su país de destino y se hará cargo de nuevo de dicha persona si, por cualquier razón, no puede ejecutarse la decisión de expulsión o de denegación de entrada en su territorio.

3. La Parte Contratante que haya adoptado la decisión de expulsión o de denegación de entrada en su territorio deberá comunicar a la Parte requerida a los efectos del tránsito si es necesario escoltar a la persona a que se refiera dicha decisión. La Parte Contratante requerida a los efectos del tránsito podrá optar entre:

Encargarse ella misma de la escolta, debiendo reembolsar la Parte requirente los gastos correspondientes;

• encargarse de la escolta en colaboración con la Parte requirente; o
• autorizar a la Parte requirente a encargarse de la escolta en su territorio.

En los dos últimos casos, la escolta de la Parte Contratante requirente se someterá a la autoridad de los servicios competentes de la Parte Contratante requerida.

ARTÍCULO 11

La solicitud de autorización de tránsito para la expulsión o de tránsito subsiguiente a la denegación de entrada en el territorio se remitirá directamente entre las autoridades competentes en las condiciones establecidas en el anexo.

ARTÍCULO 12

Cuando el tránsito se efectúe con escolta policial, los agentes de escolta de la Parte requirente desempeñarán su misión de paisano, sin armas y provistos de la autorización de tránsito.

La escolta se encargará de la custodia y del embarque del extranjero, bajo la autoridad de la Parte requerida. En caso necesario, la Parte Contratante requerida podrá encargarse de la custodia y del embarque.

ARTÍCULO 13

Cuando no vaya escoltado el extranjero respecto del cual se haya adoptado una decisión de expulsión o de denegación de entrada en el territorio, los agentes de la Parte requerida se encargarán del tránsito, de la custodia y del embarque.

La custodia no podrá exceder de veinticuatro horas a partir de la hora de llegada al aeropuerto.

ARTÍCULO 14

En caso de negativa o de imposibilidad de embarcar de la persona respecto de la cual se haya adoptado una decisión de expulsión o de denegación de entrada en el territorio con motivo de una operación de tránsito, la Parte Contratante requirente podrá optar entre:

Volver a hacerse cargo de la misma inmediatamente o en un plazo máximo de veinticuatro horas a partir de su llegada al aeropuerto, si la persona no va escoltada, o

solicitar a la Parte requerida que proceda a un nuevo embarque y, entretanto, se encargue de la custodia de esa persona. La duración de la custodia no podrá exceder del tiempo estrictamente necesario para la partida y, en todo caso, de veinticuatro horas desde la llegada del extranjero al aeropuerto. Si la Parte requerida no acepta esa solicitud, la Parte requirente estará obligada a hacerse cargo inmediatamente del extranjero cuyo tránsito hubiera solicitado o, en caso de fuerza mayor, en el plazo de otras veinticuatro horas. La negativa a embarcar en el Estado de tránsito tendrá las mismas consecuencias jurídicas que las previstas por la legislación del Estado requirente cuando dicha negativa tiene lugar en su propio territorio.

ARTÍCULO 15

Las autoridades del Estado de tránsito, cuando participen en la ejecución de una decisión de expulsión o de denegación de entrada en el territorio, comunicarán a las autoridades del Estado requirente todos los elementos de información relativos a los incidentes ocurridos durante la ejecución de esas decisiones, a fin de que se produzcan las consecuencias jurídicas previstas por la legislación del estado requirente.

ARTÍCULO 16

1. Las autoridades del Estado de tránsito concederán a los agentes de escolta del Estado requirente, para el desempeño de sus funciones en el marco del presente Acuerdo, la misma protección y asistencia que se conceda a los agentes correspondientes del propio país.

2. Los agentes de escolta del Estado requirente estarán equiparados a los agentes del Estado requerido por lo que respecta a las infracciones penales de que sean víctimas o que cometan en el ejercicio de sus funciones con ocasión del tránsito por el territorio del Estado requerido. Estarán sujetos al régimen de responsabilidad civil y penal de la Parte en cuyo territorio intervengan.

El Estado requerido tendrá competencia prioritaria; si decide no ejercer dicha competencia, informará de ello sin demora al Estado requirente. En tal caso este último podrá ejercer la suya, de conformidad con su ley nacional.

ARTÍCULO 17

En caso de que el extranjero en tránsito cometa una infracción, el Estado requerido tendrá competencia prioritaria al respecto; si decide no ejercerla, informará de ello sin demora al Estado requirente. En tal caso este último podrá ejercer la suya, de conformidad con su ley nacional.

Los agentes de escolta del Estado requirente podrán proceder a inmovilizar al extranjero en tránsito que haya cometido o pretenda cometer una infracción penal adoptando las medidas de seguridad adecuadas, hasta que se hagan cargo del mismo la autoridad competente del Estado requerido.

ARTÍCULO 18

Los agentes de escolta que, en aplicación del presente Acuerdo, sean llamados a ejercer sus funciones en el territorio del Estado de tránsito, deberán estar en condiciones de justificar en todo momento su identidad, su cargo y la naturaleza de su misión mediante la presentación de la autorización de tránsito expedida por el Estado requerido.

ARTÍCULO 19

1. Si un agente de escolta del Estado requirente que se encuentre desempeñando una misión en el territorio del Estado de tránsito en aplicación del presente Acuerdo sufre algún daño durante el cumplimiento de la misión o con motivo de la misma, la administración del Estado requirente se encargará del pago de la indemnización debida, sin ejercer recurso en pago contra el Estado de tránsito.

2. Si un agente de escolta del Estado requirente que se encuentre desempeñando una misión en el territorio del Estado de tránsito en aplicación del presente Acuerdo causa algún daño durante el cumplimiento de la misión o con motivo de la misma, el Estado requirente será responsable de los daños causados, con arreglo a la legislación de la Parte requerida.

3. El Estado en cuyo territorio se hubiera causado el daño garantizará la reparación del mismo en las condiciones aplicables a los daños causados por sus propios agentes.

4. El Estado cuyos agentes hayan causado daños en el territorio de la otra Parte Contratante reembolsará íntegramente a esta última los importes abonados a las víctimas o a sus derechohabientes.

5. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos frente a terceros, y a excepción de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, las dos Partes Contratantes renunciarán en el caso previsto en el apartado 2 del presente artículo a solicitar a la otra Parte Contratante el reembolso del importe de los daños sufridos.

ARTÍCULO 20

1. Podrá denegarse el tránsito para la expulsión o el tránsito subsiguiente a la denegación de entrada en el territorio:

• Si en el Estado de destino el extranjero corre el riesgo de ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas;
• cuando el extranjero pueda ser acusado o esté condenado por un Tribunal penal, en el Estado requerido, por hechos anteriores al tránsito;
• si el extranjero corre el riesgo de ser acusado o condenado por un tribunal penal del Estado de destino por hechos anteriores al tránsito.

2. En particular, podrá denegarse el tránsito para la expulsión o el tránsito subsiguiente a la denegación de entrada en el territorio si durante el tránsito por el territorio de la Parte Contratante requerida el extranjero se expone a una actuación penal o a la ejecución de una pena.

ARTÍCULO 21

Los gastos de transporte hasta la frontera del Estado de destino, así como los gastos derivados de un eventual retorno, serán de cuenta de la Parte Contratante requirente.

ARTÍCULO 22

1. Los datos personales necesarios para la ejecución del presente Acuerdo serán tratados y protegidos de conformidad con la legislación sobre protección de datos vigente en cada una de las Partes Contratantes y con las disposiciones de los convenios internacionales aplicables en la materia por los que estén vinculados las dos Partes Contratantes.

Dentro de este marco,

• a) la Parte Contratante requerida únicamente utilizará los datos personales comunicados para los fines previstos en el presente Acuerdo;
• b) cada una de las Partes Contratantes informará a la otra Parte Contratante, previa solicitud de la misma, acerca de la utilización de los datos personales comunicados;
• c) los datos personales comunicados únicamente podrán ser tratados por las autoridades competentes de la ejecución del Acuerdo. Los datos personales no podrán transmitirse a otras personas salvo con autorización por escrito de la Parte Contratante que los haya comunicado;
• d) la Parte Contratante requirente estará obligada a cerciorarse de la exactitud de los datos que vayan a transmitirse y de la necesidad y la idoneidad de los mismos para el fin perseguido con su comunicación. Al hacerlo, deberán tenerse en cuenta las prohibiciones de transmisión vigentes en el derecho nacional de que se trate. Si resulta que se han transmitido datos inexactos o que su transmisión fue indebida, deberá informarse de ello inmediatamente al destinatario. Éste deberá proceder a la rectificación o a la destrucción necesarias;
• e) a petición propia, se informará a la persona afectada acerca de los datos personales que existan sobre ella y de la forma de utilización prevista, en las condiciones establecidas por el derecho nacional de la Parte Contratante a la que se haya dirigido la persona afectada;
• f) los datos personales transmitidos únicamente se conservarán durante el tiempo que exija el fin para el que se comunicaron. El control del tratamiento y de la utilización de estos datos se garantizará de conformidad con el derecho nacional de cada una de las Partes;
• g) las dos Partes Contratantes deberán proteger eficazmente los datos personales transmitidos frente al acceso no autorizado, las modificaciones abusivas y la comunicación no autorizada. En todos los casos, los datos transmitidos gozarán de un nivel de protección equivalente al concedido a los datos de la misma naturaleza por la legislación de la Parte requirente.

2. Dichas informaciones harán referencia exclusivamente a:

• los datos personales relativos a la persona que vaya a ser readmitida o expulsada y, eventualmente, los de sus familiares (apellidos, nombre, nombre anterior, en su caso, sobrenombres o seudónimos, lugar y fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad);
• el documento de identidad, el pasaporte o los demás documentos de identidad o de viaje;
• los demás datos necesarios para identificar a la persona que vaya a ser readmitida o expulsada;
• los lugares de estancia y los itinerarios;
• las autorizaciones de residencia o los visados concedidos en el extranjero.

ARTÍCULO 23

1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes cooperarán y se consultarán cuando sea necesario para examinar la aplicación del presente Acuerdo.

2. Cada Parte podrá pedir que se reúnan expertos de los dos Gobiernos con el fin de resolver las cuestiones relativas a la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 24

El anexo que acompaña el Acuerdo determina los detalles de la aplicación del mismo y establece asimismo:

• los aeropuertos y los puestos fronterizos terrestres que podrán utilizarse para la readmisión y los aeropuertos de entrada en tránsito de los extranjeros;
• las autoridades centrales o locales facultadas para conocer de las solicitudes de readmisión y de tránsito;
• los plazos para la tramitación de las solicitudes;
• los funcionarios competentes para componer las escoltas.

ARTÍCULO 25

El presente Acuerdo no afectará a las obligaciones de las Partes Contratantes dimanantes de:

• otros acuerdos internacionales de admisión, readmisión o tránsito de nacionales extranjeros;
• la aplicación de las disposiciones de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, enmendada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
• la aplicación de las disposiciones de los acuerdos suscritos por las Partes en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

ARTÍCULO 26

1. Cada Parte Contratante comunicará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales necesarios para la entrada en vigor del presente Acuerdo, que tendrá lugar treinta días después de la fecha de la última notificación. La entrada en vigor del presente Acuerdo dejará sin efecto el Acuerdo de 8 de enero de 1988 entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la admisión en puestos fronterizos de personas en situación de estancia ilegal, así como los canjes de notas complementarios.

2. El presente Acuerdo se concluye por tiempo indefinido. Podrá denunciarse con un preaviso de tres meses.

ARTÍCULO 27

1. Cada una de las Partes Contratantes podrá suspender el presente Acuerdo por motivos graves que afecten, en particular, a la protección de la seguridad del Estado, del orden público o de la salud pública, mediante notificación por escrito dirigida a la otra Parte. Las Partes Contratantes se informarán sin demora, por conducto diplomático, de la revocación de esa medida.

2. La suspensión surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la recepción de la notificación de la otra Parte Contratante.