Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema La modernización de la política de contratación pública de la UE: Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

• El Comité acoge con satisfacción que la Comisión considere las PYME como la espina dorsal de la economía de la UE y opina que un buen acceso de las PYME a los procedimientos de contratación pública es esencial para mantener el empleo. Por eso es importante suprimir en la medida de lo posible los umbrales impuestos a las PYME para la presentación de una oferta.

• El Comité recomienda a la Comisión que fomente el recurso, a nivel nacional, a los llamados pasaportes de contratación pública por parte de los licitadores (de preferencia en forma de sistema de registro electrónico) y que uniformice su contenido y condiciones de utilización. Estos pasaportes acreditan que un empresario posee las declaraciones y justificantes que los poderes adjudicadores suelen solicitar habitualmente en el marco de las licitaciones. Al solicitar una sola vez el pasaporte, el empresario evita tener que presentar sistemáticamente las mismas declaraciones y justificantes, lo cual supone un gran ahorro de tiempo y recursos si un empresario participa a menudo en procedimientos de licitación pública.

• El Comité concede gran valor a la posibilidad de alcanzar los objetivos en materia de innovación, inclusión social, sostenibilidad y medio ambiente a través de la contratación pública. La consecución de estos objetivos está limitada por el criterio de que los requisitos y deseos impuestos a los licitadores deben mantener un vínculo con el objeto del contrato. Por esta razón, el vínculo con el objeto del contrato no debe imponerse como requisito.

Ponente Henk KOOL (NL/PSE), Miembro del Consejo Ejecutivo de la ciudad de La Haya

Texto de referencia Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE: Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente

COM(2011) 15 final

I. OBSERVACIONES

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. El Comité acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya publicado el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente, en la que concede atención a las opiniones de los entes locales y regio­nales y otros poderes adjudicadores en lo que respecta a la reducción de costes, así como a la modernización, clarificación y simplificación de las directivas en materia de contratación pública.

2. El Comité considera, por una parte, que la Directiva 2004/18/CE (en lo sucesivo denominada la Directiva) es demasiado detallada en algunos aspectos y recomienda a la Comisión que la simplifique en la medida de lo posible.

3. Recomienda por otra parte que se clarifique la Directiva en lo que sea necesario. Algunos puntos esenciales de la Directiva han sido interpretados en detalle por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Comité estima que sería muy conveniente codificar las principales normas legislativas de la jurisprudencia, sin que ello implique reforzarlas, e insiste en que, para los servicios B, las subvenciones, las transmisiones de bienes in­muebles y los contratos por debajo de los umbrales fijados, no se aplique la contratación pública obligatoria ni la obligación de transparencia, al no existir un interés transfronterizo.

4. El Comité considera importante fomentar la profesionalidad tanto de los poderes adjudicadores como de los participan­tes en el mercado para lograr un funcionamiento óptimo del mercado interior. Recomienda a la Comisión que ponga (haga poner) en marcha centros de información locales, así como un centro europeo de coordinación de centros o redes de información. Estos centros deberían crearse dentro de los marcos na­cionales ya existentes. Los centros de este tipo podrían ayudar a los poderes adjudicadores a concretar los objetivos en materia de innovación, contratación social, sostenibilidad y medio ambiente. El recurso a estos centros no debería ser obligatorio. Los entes locales deben tener libertad de elección a este respecto.

II. RECOMENDACIONES

Pequeñas y medianas empresas (PYME)

5. El Comité acoge con satisfacción que la Comisión considere las PYME como la espina dorsal de la economía de la UE y opina que un buen acceso de las PYME a los procedimientos de contratación pública es esencial para mantener el empleo. Por eso es importante suprimir en la medida de lo posible los umbrales impuestos a las PYME para la presentación de una oferta.

6. Es importante reducir al máximo los gastos en que deben incurrir las empresas para presentarse a una licitación. El Comité suscribe por tanto la propuesta de la Comisión de que, siempre que sea posible, baste con una declaración del empresario y que los documentos originales solo se soliciten a los candidatos seleccionados o al adjudicatario.

7. El Comité recomienda a la Comisión que fomente el recurso, a nivel nacional, a los llamados pasaportes de contratación pública por parte de los licitadores (de preferencia en forma de sistema de registro electrónico) y que uniformice su contenido y condiciones de utilización. Estos pasaportes acredi­tan que un empresario posee las declaraciones y justificantes que los poderes adjudicadores suelen solicitar habitualmente en el marco de las licitaciones. Al solicitar una sola vez el pasaporte, el empresario evita tener que presentar sistemática­mente las mismas declaraciones y justificantes, lo cual supone un gran ahorro de tiempo y recursos si un empresario participa a menudo en procedimientos de licitación pública. Este tipo de pasaporte es válido durante un periodo determinado, dado que los certificados requeridos para su expedición tienen una validez limitada, lo que refuerza la fiabilidad del documento. En ciertos lugares ya se ha puesto en marcha un sistema similar a nivel descentralizado y la experiencia ha sido positiva. Por su natu­raleza, los pasaportes de contratación pública no deberían suponer grandes costes.

8. La agregación innecesaria de contratos entre poderes ad­judicadores y la agregación de contratos de diferente naturaleza no es conveniente porque los contratos de mayor cuantía po­drían entrañar criterios más estrictos. El Comité recomienda por tanto que la Comisión Europea fomente la sensibilización sobre el problema que ello podría plantear a las PYME y haga hincapié en la importancia de la reglamentación sobre los lotes en la exposición de motivos o en un documento de orientación po­lítica específico al respecto.

9. El hecho de que haya más posibilidades de recurrir al procedimiento negociado favorece a las PYME. Este procedi­miento ofrece un cierto grado de flexibilidad tanto a los poderes adjudicadores como a los licitadores. De este modo, las PYME se concentran en el conocimiento de su producto o servicio y no en el procedimiento de licitación. El Comité pide a la Comisión que utilice el procedimiento negociado como procedimiento regular. Esto debería regularse de la misma manera que en la Directiva 2004/17/CE (Directiva servicios públicos), en la que los poderes adjudicadores eligen el tipo de licitación que consideran mejor en cada caso. El Comité recomienda que se simplifiquen todos los procedimientos paralelos. El actual procedimiento restringido puede ser perjudicial para las PYME. Durante la primera fase de un procedimiento restringido, la fase de selección, de momento solo se plantean los requisitos y deseos referentes a la empresa. Los deseos expresados en la fase de selección conciernen sobre todo a una solicitud de información sobre la experiencia y el historial de un operador en la ejecución de proyectos. Por lo general las grandes empresas han realizado más proyectos que las PYME, por lo que pueden presentar contratos de referencia más pertinentes, lo que aumenta sus posibilidades de ser seleccionadas. El Comité recomienda por tanto que en la primera fase del procedimiento restringido se autorice también la evaluación de (determinados) criterios de adjudicación.

Flexibilidad

11. El Comité aboga por que se permita una mayor flexibilidad en los procedimientos de contratación pública.

12. El derecho en materia de contratación pública es complejo y las posibilidades que se ofrecen a los licitadores de rectificar las omisiones en una oferta son limitadas. Esto depende sobre todo de la jurisprudencia (nacional) y de las decisiones de los poderes adjudicadores en los documentos de licitación correspondientes. El Comité recomienda por tanto que, en la nueva directiva o en su exposición de motivos, se especi­fique qué omisiones pueden rectificar los licitadores y qué complementos o modificaciones se autorizan.

13. Puede ocurrir que una entidad adjudicadora tenga necesidad de modificar o adaptar su contrato como resultado de las cuestiones planteadas por los licitadores durante el procedimiento de licitación. En caso de que haya un cambio sustancial del contrato, la licitación debe suspenderse temporalmente y debe repetirse el procedimiento. El Comité recomienda por tanto que se cree un método simple para que los poderes adjudicadores puedan modificar su contrato, tal como una rectificación oficial acompañada de una breve prórroga del plazo de presentación de las ofertas.

14. Durante la fase de ejecución puede ocurrir que el poder adjudicador haya omitido algún aspecto que desee modificar, pero que no puede considerarse un elemento imprevisible y necesario. El Comité considera por tanto que sería conveniente flexibilizar las disposiciones existentes sobre los ajustes. Cabe pensar en la posibilidad de permitir adjudicar al adjudicatario original un determinado porcentaje del contrato en concepto de ajustes sin que sea necesario que se cumplan las condiciones del artículo 31 de la Directiva.

15. El Comité pide a la Comisión que en la nueva Directiva los contratos marco se regulen con mucha mayor flexibilidad. Considera que los contratos marco deben regularse de la misma manera que en la Directiva servicios públicos. La duración máxima del contrato, así como el hecho de que en un contrato marco solo puedan tenerse excepcionalmente dos proveedores son disposiciones innecesarias que deben eliminarse.

Fomento de la innovación, la contratación social, la soste­nibilidad y el medio ambiente a través de la contratación pública

16. El Comité acoge con satisfacción la atención que presta la Comisión en su Libro Verde al cumplimiento de objetivos en el ámbito de la protección del medio ambiente, el fomento de la inclusión social, la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidades y el refuerzo de la innovación.

17. El Comité destaca que la buena labor de los entes locales y regionales en la aplicación de las nuevas soluciones de innovación -que son objetivos recogidos en las iniciativas emblemáticas resulta decisiva para el éxito de la Estrategia Europa 2020. Las nuevas prácticas innovadoras no se generan por sí solas. Es preciso renovar la normativa europea en materia de contrata­ción para lograr una mayor agilidad y actividad estratégica de los municipios y los demás entes públicos, y dar pie así a nuevas soluciones.

18. El Comité hace hincapié en que la renovación de la normativa sobre contratación debe potenciar el papel de los entes públicos como promotores de las innovaciones. Hay que crear también las condiciones necesarias para la ejecución de grandes proyectos de desarrollo -por importe de varios millones de eurosque permitan solucionar los complejos retos sociales y adopten la forma de consorcios capaces de asumir riesgos. Tanto los municipios como los demás poderes públicos han de poder crear, a sus expensas, agrupaciones de este tipo que reúnan las competencias necesarias que puedan aportar tanto las empresas como cualquier otra instancia. Establecer un marco normal de competencia en las licitaciones es difícil e, incluso, imposible. Cuando se crea algo completamente nuevo, hay que poder reunir, sin perjuicio de las disposiciones sobre competencia y recurriendo a la negociación, a los distintos expertos en la materia, propiciando en especial la participación de la pequeña empresa.

19. El Comité concede gran valor a la posibilidad de alcanzar los objetivos en materia de innovación, inclusión social, sostenibilidad y medio ambiente a través de la contratación pública. La consecución de estos objetivos está limitada por el criterio de que los requisitos y deseos impuestos a los licitadores deben mantener un vínculo con el objeto del contrato. Por esta razón, el vínculo con el objeto del contrato no debe imponerse como requisito. Los poderes adjudicadores pueden determinar por sí mismos si hacen caso omiso del vínculo con el objeto de los contratos para estos aspectos y qué criterios aplican, porque las circunstancias varían mucho de un Estado miembro a otro. El Comité recomienda que se tenga esto en cuenta en la nueva directiva.

20. Coincide con la Comisión Europea en que los entes públicos pueden aportar una importante contribución al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, usando su poder adquisitivo para procurar bienes y servicios con un mayor valor societal como, por ejemplo, en términos de fomentar la inno­vación, o de respetar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, o reduciendo el consumo de energía, o me­jorando el empleo, la sanidad pública y las condiciones sociales, o promoviendo la igualdad, al tiempo que se mejora la inclusión de los grupos desfavorecidos. Es preciso encontrar un equilibrio entre dichos objetivos, objetividad y no discriminación, en pos de una competencia equitativa, permitiendo un acceso justo para las PYME. Además, en sus licitaciones los entes descentra­lizados han de poder imponer criterios más estrictos que los requisitos mínimos de la UE, sin poner en peligro la libre competencia. El Comité pide, sin embargo, a la Comisión que, en la elaboración de las nuevas directivas sobre contratación pública, conceda una cierta dosis de libertad de elección a los poderes adjudicadores. Esto podría realizarse, por una parte, requiriendo a las autoridades públicas que fomenten determina­dos servicios de valor societal en su contratación pública, y, por otra, concediéndoles la libertad de elegir una o más de entre una lista de opciones.

21. El Comité recomienda a la Comisión que promueva la sensibilización y desarrolle nuevas formas para fomentar a es­cala de la UE el empleo de parados de larga duración, personas con discapacidades y becarios en prácticas. Así, si lo consideran apropiado, en sus documentos de licitación los poderes adjudi­cadores podrán especificar como criterio de adjudicación o con­dición de ejecución que la empresa a la que se adjudique el contrato utilice un determinado porcentaje del valor del con­trato para emplear a personas de estos colectivos durante la ejecución del contrato o de algún otro modo en la empresa. Estos requisitos deben seguir siendo voluntarios en el nivel de la UE y los entes locales y regionales deben mantener un máximo de flexibilidad para especificar los distintos objetivos políticos que quieren lograr con la contratación pública, a la vez que se concentran en conseguir el mayor valor.

22. El Comité considera que el criterio de adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa es un instrumento muy adecuado para la consecución de los objetivos en materia de innovación, contratación social, sostenibilidad y medio am­biente. El Comité responde negativamente a la pregunta de la Comisión de saber si se debe suprimir el criterio del precio más bajo para determinadas categorías. Con este criterio de adjudi­cación también se pueden tener en cuenta los objetivos citados, por ejemplo, en forma de requisitos mínimos. A este respecto, los poderes adjudicadores deben estar en condiciones de hacer una elección en función del contrato. Además, los poderes adjudicadores a menudo deben cumplir también un objetivo de reducción de costes que ha de tenerse en cuenta al ponderar la elección del criterio de adjudicación.

23. Los poderes adjudicadores no siempre están en condicio­nes de verificar el cumplimiento de los requisitos de la licitación a lo largo de la cadena de suministro. A modo de ejemplo, es difícil controlar si en un proceso de producción en un tercer país ha existido trabajo infantil. El Comité pide a la Comisión que examine este problema.

Nuevos procedimientos:

24. El Comité recomienda que en la nueva directiva se incluya una serie de nuevos procedimientos que comprenden: un mercado para los servicios A, un modelo de elección ciuda­dana y un procedimiento para los contratos caracterizados por la inestabilidad de los precios.

25. Mercado para los servicios A. Para los servicios B, el sistema funciona, en determinados Estados miembros, del modo siguiente: no se ofrece un acuerdo marco general, sino que cada contrato se publica en un mercado (digital). En este mercado existen, por tanto, contratos muy diversos. Los interesados pueden responder a cada contrato separadamente. Para cada contrato se establece un orden según el precio ofrecido. Después se examinan y evalúan los aspectos cualitativos de las ofertas de los cinco licitadores más baratos. Al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa se le concede el contrato. La ventaja de este sistema para los servicios A es que se aumentan las oportunidades de los autónomos sin personal. Se propone poner en marcha un sistema de estas características para los servicios A.

26. Modelo de elección ciudadana. El llamado modelo de elección ciudadana es un procedimiento que aporta una solu­ción a los contratos en los que es importante la libertad de elección de los ciudadanos para escoger una empresa determi­nada. Se trata en concreto de los contratos de prestación de servicios destinados a las personas. Según este procedimiento, a todos los licitadores que satisfagan las exigencias de calidad y acepten el precio (máximo) fijado por el poder adjudicador se les concede un contrato marco. Después, los ciudadanos eligen qué empresa desean que lleve a cabo la prestación de los ser­vicios personales.

27. Procedimiento en caso de fluctuación de precios. En algunos mercados, como el de la energía, los precios se caracterizan por la rapidez con la que fluctúan. En tales casos es deseable que el plazo de recurso sea lo más breve posible, ya que las ofertas de los licitadores se basan en los precios del mercado de la energía del día que se presenta la oferta. Se propone que la nueva directiva prevea un plazo de recurso adaptado para este tipo de contratos.

Modificación de los umbrales

28. El Comité acoge con satisfacción que la Comisión exa­mine el nivel de los umbrales. Recomienda que, antes de fijar otros nuevos, se determine qué umbrales entrañan intereses extranjeros. Esto significaría umbrales medios para provisiones y servicios fijados a unos niveles significativamente superiores a los empleados en la actualidad. Si se supone que no hay inte­reses extranjeros, los poderes adjudicadores pueden evitar las cargas resultantes de un procedimiento de licitación europeo. El Comité opina que la necesidad de unos umbrales significati­vamente más altos debe figurar en cualquier renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

Principio de transparencia

29. General: No siempre se puede establecer claramente la existencia de un interés transfronterizo. En muchos casos, ello requiere proceder a un estudio de mercado, que entraña unos costes suplementarios para los poderes adjudicadores. Es deseable una precisión que aporte mayor seguridad para los poderes adjudicadores acerca de qué debe entenderse por carácter transfronterizo. El Comité recomienda por tanto a la Comisión que establezca una lista de asuntos o mercados en los que el carácter transfronterizo es relevante. También convendría distinguir entre los casos que se aplican a un Estado miembro en su tota­lidad o solo a las regiones fronterizas. El Comité responde negativamente a la pregunta plan­teada por la Comisión de saber si los poderes adjudicadores deberían estar obligados a presentar los pliegos de condiciones para contratos de alto valor en idiomas adicionales, o aceptar ofertas en lenguas extranjeras. Esto incrementaría de manera significativa los costes administrativos y probablemente la can­tidad de ofertas del extranjero fuera muy reducida.

31. Contratos dentro de los umbrales europeos: el Comité opina que los contratos dentro de los umbrales europeos no deberían incluirse en el concepto de transfronterizos. La prác­tica actual demuestra que los licitadores extranjeros se presentan solo para un número muy reducido de contratos por encima de los umbrales europeos. El Comité recomienda a la Comisión que lleve a cabo un estudio para determinar de qué cifras se trata. En función de ello se podrá determinar si realmente es necesario que los contratos dentro de los umbrales europeos se incluyan en el concepto de transfronterizos.

32. Contratos excluidos: No está claro en qué medida el principio de transparencia influye en los contratos excluidos. Hay determinadas excepciones en las que este factor es más evidente, por ejemplo, en las concesiones de servicios. Para otras excepciones, como los contratos de trabajo y las transmisiones de bienes inmuebles, no debería aplicarse el principio de transparencia. El Comité pide a la Comisión que precise para qué contratos excluidos se aplica el principio de transparencia.

33. Servicios B: El Comité recomienda que a los servicios de la categoría B que se hayan añadido a la lista de los servicios B tras un examen de la lista de servicios A y B no se les aplique el principio de transparencia y propone a la Comisión que lo estipule así en la nueva directiva.

Redistribución de los servicios A y B

34. El Comité considera que las actuales categorías de servi­cios A y B deben mantenerse. La lista de servicios de la categoría B debe mantenerse para los ámbitos en los que no exista competencia transfronteriza o que comporten un ele­mento personal que hace que no sea conveniente una licitación europea, por ejemplo, los servicios sanitarios y sociales. En este último caso, es fundamental la confianza de la entidad adjudi­cadora y del usuario/paciente en la parte encargada de ejecutar el contrato. Se trata, a menudo, de criterios subjetivos que no se aplican en el marco de un procedimiento de contratación pú­blica. El Comité pide a la Comisión que transfiera a la lista de la categoría B los servicios de la categoría A que no se presten al comercio transfronterizo. También le pide que desarrolle ins­trumentos que permitan a los entes locales y regionales deter­minar con mayor facilidad si un mercado público dado forma parte de las categorías de servicios A o B recogidos en el anexo.

35. El Comité pide a la Comisión que evalúe las listas de códigos CPV (vocabulario común de contratos públicos). Estos códigos y los servicios conexos son difíciles de interpretar y plantean interrogantes. El Comité insiste en que los códigos CPV se expliquen claramente o que se elabore una guía al respecto.

Exclusiones

36. El Comité recomienda que se conceda más atención a las disposiciones relativas a los contratos excluidos. Es necesario aclarar y completar estas disposiciones. Por ejemplo, no está claro qué servicios financieros se incluyen en la excepción mencionada en la letra d) del artículo 16 o en qué casos se trata de un servicio financiero dentro de los servicios A (categoría 6).

37. El Comité pide que en la nueva directiva se prevea una exclusión para los contratos entre servicios adjudicadores. Dado que los poderes públicos están obligados a hacer un uso res­ponsable de los dineros del contribuyente, los diferentes poderes adjudicadores deberían poder recurrir a sus respectivos conocimientos y competencias a cambio de un reembolso de los gastos efectuados sin que sea obligatorio convocar una licitación. Semejante exclusión representaría una mejora significativa de la coherencia del marco jurídico de la UE, y sería la solución a uno de los problemas de contratación pública más acuciantes que afrontan actualmente los entes locales y regionales.

38. Los poderes adjudicadores experimentan importantes problemas para la adjudicación de sistemas TIC. El entorno TIC de un poder adjudicador se compone de diversos sistemas que son interdependientes. Los contratos adicionales como las licencias suplementarias o los nuevos módulos correspondientes no siempre pueden ser objeto de un procedimiento de licitación sin que ello cree graves problemas, tanto desde un punto de vista técnico como en términos de costes. Por esta razón, el Comité recomienda a la Comisión que verifique si en la nueva directiva no se pueden ampliar las posibilidades de exclusión a estos casos y/o si es posible introducir un nuevo procedimiento para los sistemas TIC en el que la competencia no se dé entre productores sino entre proveedores, en los casos en que se busca explícitamente una marca determinada.

39. El Comité coincide con la Comisión en que es necesario fomentar la innovación. Según el Derecho en materia de con­tratos públicos, los poderes adjudicadores no pueden adquirir fácilmente nuevos productos innovadores. El Comité propone a la Comisión que sopese las posibilidades de establecer una ex­cepción, por ejemplo, una excepción que se aplicaría durante un periodo de dos años tras la concesión de una patente de invención aprobada.

Resultados anteriores

40. El Comité considera que los poderes adjudicadores deben tener la posibilidad de aprovechar, para licitaciones ulteriores, las experiencias acumuladas por otras entidades adjudicadoras con respecto a los adjudicatarios. Las experiencias negativas en las que se ha producido un resultado final insatisfactorio debe­rían poder tenerse en cuenta. En estos momentos, una empresa que anteriormente ha incumplido (deliberadamente) un con­trato, en principio puede volver a presentarse a una nueva licitación, que en ciertos casos ha tenido que organizarse pre­cisamente por la retirada de la parte inicialmente seleccionada. Esto por lo general se considera poco deseable, dado el dete­rioro de las relaciones, de la confianza y de las prestaciones efectuadas. El Comité aboga por un sistema que permita tener en cuenta las experiencias acumuladas con una empresa deter­minada. El sistema, evidentemente, debe garantizar la objetivi­dad. Esto puede lograrse elaborando un informe de evaluación oficial de los contratos anteriores y previendo una limitación en el tiempo para la exclusión.

Definición de contrato sometido a licitación obligatoria

41. El Comité aboga por que el ámbito de aplicación de la nueva directiva se limite a las adquisiciones de los propios servicios adjudicadores. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentran puntos de conexión favorables a este punto de vista. El Tribunal ha dictaminado que debe existir un interés económico directo para delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva. Los acuerdos de carácter general relativos, por ejemplo, al desarrollo territorial y la con­cesión de subvenciones deben excluirse de la definición. El mero hecho de plantear exigencias relativas, por ejemplo, a contratos de obras no supone necesariamente que se efectúen a título oneroso y con obligación de licitación pública. Los poderes adjudicadores, de hecho, en el ejercicio de su función pública, deberían ser libres para estipular exigencias con el fin de dar una orientación. El Comité recomienda que se definan con mayor claridad los contratos sometidos a licitación obligatoria codificando la jurisprudencia en este punto.

42. Los poderes adjudicadores tienen dificultades para definir los contratos públicos de obras. El Comité considera que el criterio de la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por el poder adjudica­dor suscita interrogantes. Pide que se adapte y simplifique esta definición.

Organismos de Derecho público

43. El Comité pide que se preste atención a los pequeños organismos de Derecho público, para los cuales la adjudicación obligatoria representa una carga desproporcionada.

44. La definición de organismo de Derecho público necesita adaptarse. Para las empresas es costoso determinar si tienen que tratar con un organismo de Derecho público. La definición incluye criterios de finanzas y de supervisión que no son con­trolables por terceras partes. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado los criterios relativos a los organismos de Derecho público. El Comité recomienda a la Comisión que elabore una nueva definición del concepto de organismo de Derecho público.

Bruselas, 11 de mayo de 2011.

 

La Presidenta del Comité de las Regiones
Mercedes Bresso