CONVENIO SOBRE LOS EFECTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS ACCIDENTES INDUSTRIALES

PREAMBULO

Las Partes en el presente Convenio,

Conscientes de la especial importancia que, en interés de las generaciones presentes y futuras, tiene el proteger a los seres humanos y al medio ambiente contra los efectos de los accidentes industriales,

Reconociendo la importancia y urgencia de prevenir los efectos nocivos graves de los accidentes industriales sobre los seres humanos y el medio ambiente y de promover toda clase de medidas que fomenten la aplicación racional, económica y eficaz de medidas de prevención, preparación y respuesta para hacer posible un desarrollo económico ecológicamente racional y duradero,

Teniendo en cuenta que los efectos de los accidentes industriales pueden dejarse sentir allende las fronteras y requieren la cooperación entre los Estados,

Afirmando la necesidad de promover una cooperación internacional activa entre los Estados interesados, antes, durante y después de un accidente, en intensificar las políticas adecuadas y reforzar y coordinar la acción a todos los niveles apropiados con el fin de prevenir mejor los efectos transfronterizos de los accidentes industriales, estar preparados para ellos y afrontarlos,

Tomando nota de la importancia y conveniencia de los acuerdos bilaterales y multilaterales para prevenir los efectos de los accidentes industriales, estar preparados para ellos y afrontarlos,

Conscientes del papel desempeñado a este respecto por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y recordando, en particular, el código de comportamiento de la CEPE relativo a la contaminación accidental de las aguas interiores transfronterizas y el Convenio sobre evaluación del impacto medioambiental en un contexto transfronterizo,

Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), el Documento Final de la Reunión de Viena de los representantes de los Estados participantes en la CSCE y los resultados de la Reunión de Sofía sobre Protección del Medio Ambiente de la CSCE, así como las actividades y mecanismos pertinentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en particular el programa APPEL, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Código de prácticas sobre prevención de accidentes industriales graves, y de otras organizaciones internacionales pertinentes,

Considerando las disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y, en particular, el Principio 21, según el cual los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos conforme a su propia política medioambiental, y la responsabilidad de garantizar que las actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente en otros Estados o en zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional,

Teniendo en cuenta el principio de que «el que contamina, paga», como principio general del derecho internacional del medio ambiente,

Subrayando los principios del derecho y de la costumbre internacionales, en particular los principios de buena vecindad, reciprocidad, no discriminación y buena fe,

Han convenido en lo siguiente:

ANEXO I

Sustancias peligrosas a efectos de definición de las actividades peligrosas

Las cantidades expresadas a continuación se refieren a cada actividad o grupo de actividades. Cuando las cifras que figuren en la parte I representen los extremos de una escala, la cantidad límite será la que corresponde al máximo en cada caso. Cinco años después de la entrada en vigor del presente Convenio, será el extremo inferior de cada escala el que pasará a ser la cantidad límite, salvo enmienda.

Cuando una sustancia o un preparado designado en la parte II pertenezca también a una categoría de la parte I, se aplicará la cantidad límite expresada en la parte II.

Para la identificación de las actividades peligrosas, las Partes tendrán en cuenta la posibilidad previsible de agravación de los riesgos de que se trate, así como las cantidades de sustancias peligrosas y su proximidad, sean uno o más los explotadores responsables de las mismas.

PARTE I: Categorías de sustancias y de preparados no designados expresamente en la parte II

Categoría	Cantidad límite (Toneladas)
1. Gas inflamable 1a), incluido el GPL	200
2. Líquidos muy inflamables 1b)	50.000
3. Sustancias muy tóxicas 1c)	20
4. Sustancias tóxicas 1d)	500-200
5. Sustancias oxidantes 1e)	500-200
6. Sustancias explosivas 1f)	200-50
7. Líquidos inflamables 1g) (manipulados en condiciones especiales de presión y temperatura)	200
8. Sustancias peligrosas para el medio ambiente 1h)	200

PARTE II: Sustancias designadas expresamente

Sustancia	Cantidad límite (Toneladas)
1. Amoniaco	500
2. a Nitrato de amonio 2/	2.500
b Nitrato de amonio en forma de abono 3/	10.000
3. Acrilonitrilo	200
4. Cloro	25
5. Oxido de etileno	50
6. Cianuro de hidrógeno	20
7. Fluoruro de hidrógeno50
8. Sulfuro de hidrógeno	50
9. Dióxido de azufre	250
10. Trióxido de azufre	75
11. Alkilos de plomo	50
12. Fosgeno	0,75
13. Isocianato de metilo	0,15

Notas:

• 1. Criterios indicativos. En ausencia de otros criterios apropiados, las Partes podrán aplicar los siguientes criterios para clasificar las sustancias o preparados a efectos de la parte I del presente anexo.
  • a) Gases inflamables: Sustancias que en estado gaseoso a presión normal y mezcladas con aire se vuelven inflamables y cuyo punto de ebullición a presión normal es igual o inferior a 20 oC;
  • b) Liquidos muyinflamables: Sustancias quetieneun puntodeinflamación inferior a 21 oC y un punto de ebullición a presión normal superior a 20 oC;
  • c) Sustancias muy tóxicas: Sustancias cuyas propiedades corresponden a las que figuran más abajo en las tablas 1 ó 2 y que, debido a sus propiedades físicas y químicas, pueden ocasionar riesgos de accidentes industriales.

Tabla 1

DL50 (ingestión) 1)	DL50 (absorción cutánea) 2)	CL50 3)
mg/kg de masa corporal	mg/kg de masa corporal	mg/l (inhalación)
DL50 </- 25	DL50 </- 50	CL50 </- 0,5
1) DL50 por ingestión en ratas.
2) DL50 por absorción cutánea en ratas o conejos.
3) CL50 por inhalación (cuatro horas) en ratas.

Tabla 2

Dosis de reacción discriminante
mg/kg de masa corporal	< 5

cuando la toxicidad aguda por ingestión de la sustancia en animales se ha determinado por el método de dosis fijas.

• d) Sustancias tóxicas: Sustancias cuyas propiedades corresponden a las que figuran en las tablas 3 ó 4 y que poseen propiedades físicas y químicas capaces de ocasionar riesgos de accidente industrial.

Tabla 3

DL50 (ingestión) 1)	DL50 (absorción cutánea) 2)	CL50 3)
mg/kg de masa corporal	mg/kg de masa corporal	mg/l (inhalación)
25 < DL50 </- 200	50 < DL50 </- 400	0,5 < CL50 </- 0,2
1) DL50 por ingestión en ratas.
2) DL50 por absorción cutánea en ratas o conejos.
3) CL50 por inhalación (cuatro horas) en ratas.

Tabla 4

Dosis de reacción discriminante
mg/kg de masa corporal	5

cuando la toxicidad aguda por ingestión de la sustancia en animales se ha determinado por el método de dosis fijas.

• e) Sustancias oxidantes: Sustancias que, en contacto con otras sustancias, particularmente las inflamables, dan lugar a reacciones fuertemente exotérmicas.
• f) Sustancias explosivas: Sustancias que pueden explotar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o a las fricciones que el dinitrobenceno.
• g) Líquidos inflamables: Sustancias cuyo punto de inflamación está por debajo de 55 oC y que permanecen en estado líquido bajo presión, y en las que determinadas condiciones de tratamiento, como la alta presión y la alta temperatura, pueden ocasionar riesgos de accidentes industriales.
• h) Sustancias peligrosas para el medio ambiente: Sustancias que presentan una aguda toxicidad para el medio ambiente acuático en las concentraciones indicadas a continuación en la tabla 5.

• Tabla 5

  CL50 1)	CE50 2)	CI50 3)
  mg/l	mg/l	mg/l
  CL50 </- 10	CE50 </- 10	CI50 </- 10
  1) CL50 en los peces (noventa y seis horas).
  2) CE50 en las dafnias (cuarenta y ocho horas).
  3) CI50 en las algas (setenta y dos horas).

  i) DL = dosis letal.

  j) CL = concentración letal.

  k) CE = concentración efectiva.

  l) CI = concentración de inhibición.

  m) Poa = coeficiente de partición octanol/agua.

  n) FBC = factor de bioconcentración.

• 2. Esto es aplicable cuando el nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amonio en que el contenido de nitrógeno derivado del nitrato de amonio sea > 28 por 100 en peso, y a las soluciones acuosas de nitrato de amonio en que la concentración de nitrato de amonio sea > 90 por 100 en peso.
• 3. Esto es aplicable a los abonos de nitrato de amonio, simples o compuestos, cuando el contenido de nitrógeno derivado del nitrato de amonio sea > 28 por 100 en peso (un abono compuesto contiene nitrato de amonio junto con fosfato y/o potasa).
• 4. Las mezclas y preparados que contengan dichas sustancias serán tratados de la misma manera que las sustancias puras, a menos que ya no presenten propiedades equivalentes y no puedan tener efectos transfronterizos.

ANEXO II

Procedimiento de la comisión de investigación en aplicación de los artículos 4 y 5

1. La(s) Parte(s) requirente(s) notificará(n) a la Secretaría que somete(n) una(o más) cuestión(cuestiones) a una comisión de investigación constituida de conformidad con lo dispuesto en el presente anexo. En la notificación se hará constar el objeto de la investigación. La Secretaría informará inmediatamente a todas las Partes en el Convenio de esta solicitud de investigación.

2. La comisión de investigación estará formada por tres miembros. La parte requirente y la otra parte en el procedimiento de investigación nombrarán cada una a un experto científico o técnico, y los dos expertos nombrados de esa manera designarán de común acuerdo a un tercer experto, que será el Presidente de la comisión de investigación. Este último no podrá ser un nacional de una de las Partes en el procedimiento de investigación, no podrá tener su residencia habitual en el territorio de una de esas partes, no podrá estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en ninguna otra calidad.

3. Si en los dos meses siguientes al nombramiento del segundo experto no hubiese sido designado el Presidente de la comisión de investigación, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, a petición de cualquiera de las dos Partes, designará al Presidente dentro de un nuevo plazo de dos meses.

4. Si una de las Partes en el procedimiento de investigación no nombra un experto en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación enviada por la Secretaría, la otra Parte podrá informar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que designará al Presidente de la comisión de investigación dentro de un nuevo plazo de dos meses. Una vez designado, el Presidente de la comisión de investigación requerirá a la Parte que no hubiera nombrado un experto para que lo haga en el plazo de un mes. Si ésta no lo hiciere dentro de dicho plazo, el Presidente informará al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que procederá a este nombramiento dentro de un nuevo plazo de dos meses.

5. La comisión de investigación aprobará su propio reglamento interno.

6. La comisión de investigación tomará todas las medidas oportunas para el ejercicio de sus funciones.

7. Las Partes en el procedimiento de investigación facilitarán el trabajo de la comisión de investigación y, en particular, haciendo uso de todos los medios que tengan a su disposición:

• a) Proporcionarán a la comisión de investigación todos los documentos, facilidades e informaciones pertinentes;
• b) Permitirán a la comisión de investigación, en su caso, convocar y oír a testigos y expertos.

8. Las Partes y los expertos protegerán el secreto de cualquier información que reciban a título confidencial durante las tareas de la comisión de investigación.

9. Si una de las Partes en el procedimiento de investigación no comparece ante la comisión de investigación o se abstiene de exponer su postura, la otra parte podrá solicitar de la comisión de investigación que prosiga el procedimiento y termine sus tareas. El hecho de que una parte no comparezca o no exponga su postura no será obstáculo para la prosecución y finalización de las tareas de la comisión de investigación.

10. A menos que la comisión de investigación decida otra cosa atendiendo a las circunstancias particulares del caso, los gastos de la comisión de investigación, incluida la remuneración de sus miembros, serán sufragados a partes iguales por las Partes en el procedimiento.

La comisión de investigación llevará un registro de todos sus gastos y presentará una relación final de los mismos a las Partes.

11. Toda Parte que tenga algún interés de orden material en el objeto del procedimiento de investigación y que pueda verse afectada por el dictamen que recaiga en el asunto podrá intervenir en los procedimientos con el consentimiento de la comisión de investigación.

12. Las decisiones de la comisión de investigación sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría de sus miembros. El dictamen final de la comisión de investigación reflejará la opinión de la mayoría de sus miembros e incluirá cualquier opinión particular.

13. La comisión de investigación presentará su dictamen definitivo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiese sido creada, a menos que considere necesario prorrogar este plazo por un período que no excederá de dos meses.

14. El dictamente final de la comisión de investigación se basará en principios científicos aceptados. La comisión de investigación pondrá en conocimiento de las Partes en el procedimiento de investigación y de la Secretaría su dictamente definitivo.

ANEXO III

Procedimientos en aplicación del artículo 4

1. La Parte de origen podrá solicitar la celebración de consultas con otra Parte, de conformidad con los apartados 2 a 5 del presente anexo, con el fin de determinar si dicha Parte es una Parte afectada.

2. En caso de una actividad peligrosa, propuesta o existente, la Parte de origen, con el fin de garantizar unas consultas apropiadas y eficaces, procederá a la notificación, a los niveles oportunos, a cualquier Parte a la que considere que pueda ser Parte afectada tan pronto como sea posible y lo más tarde en el momento de informar a su propio público sobre esa actividad propuesta o existente. En el caso de actividades peligrosas existentes, dicha notificación se hará lo más tarde dos años después de la entrada en vigor del presente Convenio respecto de la parte de origen.

3. En la notificación se hará constar, en particular:

• a) La información sobre la actividad peligrosa, incluidas cualesquiera informaciones o informes disponibles, tales como los proporcionados de conformidad con el artículo 6, sobre sus posibles efectos transfronterizos en caso de accidente industrial;
• b) La indicación de una plazo razonable dentro del cual se requiere una respuesta de conformidad con el apartado 4 del presente anexo, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad.

  Y en la misma podrá hacerse constar la información expresada en el apartado 6 del presente anexo.

4. Las Partes que hayan recibido la notificación responderán a la Parte de origen dentro del plazo expresado en la notificación, acusando recibo de ésta e indicando si se proponen iniciar consultas.

5. Si una Parte a la que se haya cursado la notificación indica que no se propone iniciar consultas, o si no responde dentro del plazo expresado en la notificación, no será aplicable lo dispuesto en los siguientes apartados del presente anexo. En ese caso, no se verá perjudicado el derecho de la Parte de origen a determinar si debe llevar a cabo una evaluación y análisis con arreglo a su legislación y prácticas nacionales.

6. Cuando una Parte a la que se haya cursado una notificación responda indicando que desea iniciar consultas, la Parte de origen, si ya no lo hubiere hecho, proporcionará a la Parte notificada:

• a) La información pertinente relativa al calendario de análisis, indicando el calendario para la comunicación de observaciones;
• b) La información pertinente sobre la actividad peligrosa y sus efectos transfronterizos en caso de accidente industrial;
• c) La oportunidad de participar en la evaluación de la información que demuestre posibles efectos transfronterizos.

7. La Parte afectada proporcionará a la Parte de origen, a petición de esta última, la información que razonablemente pueda obtener sobre la zona sujeta a la jurisdicción de la Parte afectada o que pueda verse afectada, cuando dicha información sea necesaria para proceder a la evaluación y análisis y a la adopción de medidas.

La información se proporcionará rápidamente y, en su caso, a través de un órgano conjunto cuando lo haya.

8. La Parte de origen proporcionará a la Parte afectada bien directamente, cuando proceda, o bien a través de un órgano conjunto, cuando lo haya, los documentos relativos al análisis y evaluación que se expresan en los apartados 1 y 2 del anexo V.

9. Las Partes interesadas informarán al público en zonas que puedan razonablemente verse afectadas por la actividad peligrosa y tomará medidas para distribuir entre el público y las autoridades de las zonas correspondientes los documentos relativos al análisis y evaluación. Las Partes les asegurarán la posibilidad de hacer comentarios u objeciones a la actividad peligrosa y tomarán medidas para que sus opiniones sean presentadas a la autoridad competente de la Parte de origen, bien directamente a dicha autoridad o, en su caso, a través de la Parte de origen, dentro de un plazo razonable.

10. Una vez que estén preparados los documentos relativos al análisis y evaluación, la Parte de origen iniciará sin retrasos injustificados consultas con las Partes afectadas sobre, entre otras cosas, los efectos transfronterizos de la actividad peligrosa en caso de accidente industrial y sobre las medidas para reducir o eliminar sus efectos. Las consultas podrán referirse a:

• a) Posibles alternativas a la actividad peligrosa, incluida la «opción cero» y a las posibles medidas para paliar los efectos transfronterizos a expensas de la Parte de origen;
• b) Otras formas posibles de asistencia mutua para reducir cualesquiera efectos transfronterizos;
• c) Cualquier otra cuestión pertinente.

Al comienzo de dichas consultas, las Partes interesadas convendrán unos plazos razonables para la duración del período de consultas. Estas consultas podrán celebrarse por mediación del órgano conjunto apropiado, cuando lo haya.

11. Las Partes interesadas se asegurarán de que se tengan debidamente en cuenta el análisis y la evaluación, así como los comentarios recibidos de conformidad con el apartado 9 del presente anexo y el resultado de las consultas a que se refiere el apartado 10 del presente anexo.

12. La Parte de origen notificará a las Partes afectadas cualquier decisión adoptada sobre la actividad, junto con los motivos y consideraciones en que se basa.

13. Si llega a conocimiento de una de las Partes interesadas información complementaria y pertinente relativa a los efectos transfronterizos de una actividad peligrosa de la que no se dispusiera en el momento en que esa actividad fue objeto de consultas, dicha Parte informará inmediatamente a la(s) otra(s) Parte(s) interesada(s). Si una de las Partes interesadas así lo solicita, se celebrarán nuevas consultas.

ANEXO IV

Medidas preventivas en aplicación del artículo 6

Las siguientes medidas podrán ser aplicadas, según las leyes y prácticas nacionales, por las Partes, las autoridades competentes, los explotadores o mediante un empeño conjunto:

• 1. La fijación de objetivos generales o particulares en materia de seguridad;
• 2. La adopción de disposiciones legales o de directrices relativas a las medidas y normas de seguridad;
• 3. La identificación de las actividades peligrosas que exijan especiales medidas preventivas, incluido un régimen de licencias o autorizaciones;
• 4. La evaluación de los análisis de riesgos o de los estudios de seguridad relativos a las actividades peligrosas y un plan de acción para la aplicación de las medidas necesarias;
• 5. Comunicación a las autoridades competentes de la información necesaria para evaluar los riesgos;
• 6. La aplicación de la tecnología más apropiada con el fin de prevenir los accidentes industriales y proteger a los seres humanos y al medio ambiente;
• 7. La impartición de la educación y formación adecuadas a todas las personas que participen en actividades peligrosas dentro del emplazamiento, tanto en condiciones normales como anormales, con el fin de prevenir accidentes industriales;
• 8. El establecimiento de estructuras y prácticas de gestión interna concebidas para aplicar y mantener efectivamente las normas de seguridad;
• 9. La supervisión y auditoría de las actividades peligrosas y la realización de inspecciones.

ANEXO V

Análisis y evaluación

1. El análisis y evaluación de la actividad peligrosa deberán realizarse con una amplitud y profundidad que variarán según la finalidad para la que se realicen.

2. En el siguiente cuadro se ilustran los elementos que deberán tenerse en cuenta en el análisis y evaluación a los efectos previstos en los correspondientes artículos:

Finalidad del análisis	Elementos que deben tenerse en cuenta
Planificación de emergencia según el artículo 8.	1. Cantidades y propiedades de las sustancias peligrosas presentes en el emplazamiento.
	2. Breves escenarios descriptivos de una muestra representativa de los accidentes industriales que pueda provocar la actividad peligrosa, indicando la probabilidad de cada uno.
	3. Respecto de cada escenario:
	a) La cantidad aproximada de la sustancia liberada.
	b) La amplitud y gravedad de las consecuencias resultantes, tanto para las personas como para el medio ambiente no humano, en condiciones favorables y desfavorables, incluida la amplitud de las zonas de riesgo resultantes.
	c) Los plazos dentro de los cuales el hecho desencadenante podría resultar en un accidente industrial.
	d) Cualquier acción que podría emprenderse para minimizar la probabilidad de agravación.
	4. El tamaño y distribución de la población en los alrededores, incluida cualquier gran concentración de personas que puedan encontrarse en la zona de riesgo.
	5. La edad, movilidad y vulnerabilidad de esa población.
Decisión sobre el emplazamiento según el artículo 7.	Además de los anteriores puntos 1 a 5:
	6. La gravedad del daño inflingido a las personas y al medio ambiente, según la naturaleza y circunstancias del escape.
	7. La distancia del lugar de la actividad peligrosa a la que, en caso de accidente industrial, puedan producirse razonablemente efectos nocivos sobre personas y medio ambiente.
	8. La misma información no sólo para la situación actual, sino también para otras que estén previstas o puedan razonablemente preverse para el futuro.
Información al público según el artículo 9.	Además de los anteriores puntos 1 a 4:
	9. Las personas que puedan resultar afectadas por un accidente industrial.
Medidas preventivas según el artículo 6.	Además de los anteriores puntos 4 a 9, serán necesarios textos más detallados de las descripciones y evaluaciones a que se refieren los puntos 1 a 3 con vistas a la adopción de medidas preventivas. Además de esas descripciones y evaluaciones, deberán tenerse en cuenta también los siguientes puntos:
	10. Las condiciones y cantidades en que se manipulan las materias peligrosas.
	11. Una lista de los escenarios para los tipos de accidentes industriales que tengan efectos graves, en los que se incluyan ejemplos de todas las variedades de magnitudes de incidentes y la posibilidad de efectos que puedan tener las actividades desarrolladas en las cercanías.
	12. Respecto de cada escenario, una descripción de los acontecimientos que podrían desencadenar un accidente industrial y del encadenamiento de circunstancias que podrían conducir a su agravamiento.
	13. Una evaluación, al menos en términos generales, de la probabilidad de que se produzca alguna de esas circunstancias, teniendo en cuenta las medidas previstas en el punto 14.
	14. Una descripción de las medidas preventivas relativas tanto al material como a los procedimientos encaminados a minimizar la probabilidad de que se produzca cada una de esas circunstancias.
	15. Una evaluación de los efectos que podrían tener las desviaciones de las condiciones normales de explotación, con las medidas consiguientes para interrumpir de forma segura la actividad peligrosa o cualquier parte de ella en una situación de emergencia, así como las necesidades de formación de personal para garantizar la identificación temprana de las desviaciones potencialmente graves y la adopción de medidas apropiadas.
	16. Una evaluación de la medida en que las modificaciones, los trabajos de reparación y de mantenimiento que afecten a la actividad peligrosa podrían hacer peligrar las medidas de control, y las medidas consiguientes para garantizar el mantenimiento de ese control.

ANEXO VI

Decisión del emplazamiento en aplicación del artículo 7

Las siguientes disposiciones ilustran los aspectos que deberían tenerse en cuenta de conformidad con el artículo 7:

• 1. Los resultados del análisis y evaluación de riesgos, incluida una evaluación con arreglo al anexo V, de las características físicas de la zona en que se se proyecta realizar la actividad peligrosa.
• 2. Los resultados de las consultas y de los procesos de participación del público.
• 3. Un análisis del aumento o disminución del riesgo causado por cualquier nueva circunstancia en el territorio de la Parte afectada en relación con una actividad peligrosa existente en el territorio de la Parte de origen.
• 4. La evaluación de los riesgos para el medio ambiente, incluidos cualesquiera efectos transfronterizos.
• 5. Una evaluación de las nuevas actividades peligrosas que podrían ser fuente de riesgos.
• 6. Estudio del emplazamiento de nuevas actividades peligrosas, y modificaciones significativas de las existentes, a una distancia segura de los centros de población existentes, así como el establecimiento de una zona de seguridad en torno a las actividades peligrosas; dentro de dichas áreas, serían objeto de estricto examen los fenómenos que pudieran redundar en un incremento del número de la población expuesta o incrementar de otra forma la gravedad del riesgo.

ANEXO VII

Preparativos para situaciones de emergencia en aplicación del artículo 8

1. Todos los planes de emergencia, tanto en el emplazamiento como fuera de él, deberán coordinarse con el fin de hacer frente de manera completa y eficaz a los accidentes industriales.

2. En los planes de emergencia deberán figurar las acciones necesarias para localizar las emergencias y prevenir o minimizar sus efectos transfronterizos. En los mismos deberían figurar también medidas para alertar a la población y, cuando proceda, medidas para la evacuación de ésta, así como otras medidas de protección o rescate y servicios sanitarios.

3. Los planes de emergencia deberían dar al personal que se encuentre en el emplazamiento, a la población que pueda verse afectada fuera del emplazamiento y a los equipos de rescate, detalles de los procedimientos técnicos y organizativos apropiados para hacer frente a un accidente industrial que pueda tener efectos transfronterizos y para prevenir y minimizar sus efectos sobre las personas y el medio ambiente, tanto en el emplazamiento como fuera de él.

4. En los planes de emergencia para el emplazamiento podrían figurar, por ejemplo, los siguientes elementos:

• a) Indicación de las funciones y responsabilidades organizativas en el emplazamiento para hacer frente a una emergencia.
• b) Descripción de las medidas que deberían tomarse en caso de accidente industrial, o de amenaza inminente del mismo, con el fin de controlar la situación o acontecimiento, o en el que puedan encontrarse los detalles de dicha descripción.
• c) Descripción del equipo y recursos disponibles.
• d) Medidas para dar una alerta precoz de los accidentes industriales a las autoridades públicas encargadas de la respuesta de emergencia fuera del emplazamiento, incluido el tipo de información que debería figurar en las alertas iniciales y las medidas para proporcionar información más detallada a medida que se vaya disponiendo de ella.
• e) Medidas para la formación de personal en las funciones que estarán llamados a desempeñar.

5. En los planes de emergencia para fuera del emplazamiento podrían figurar, por ejemplo, los siguientes aspectos:

• a) Las funciones y responsabilidades organizativas fuera del emplazamiento para hacer frente a una emergencia, en particular las modalidades de integración en los planes aplicables al emplazamiento.
• b) Los métodos y procedimientos que deberá seguir el personal de socorro y el personal médico.
• c) Los métodos para determinar rápidamente la zona afectada.
• d) Las medidas para garantizar la inmediata notificación del accidente industrial a las Partes afectadas o potencialmente afectadas y para que se mantenga posteriormente ese enlace.
• e) La identificación de los recursos necesarios para aplicar el plan y las medidas de coordinación.
• f) Las medidas para facilitar información al público incluidas, en su caso, las medidas para reforzar y repetir la información facilitada al público en virtud del artículo 9.
• g) Las medidas en materia de capacitación y ejercicios.

6. En los planes de emergencia podrían figurar las medidas destinadas al tratamiento, recogida, limpieza, almacenamiento, retirada y eliminación sin riesgos de las sustancias peligrosas y del material contaminado, así como las medidas de rehabilitación.

ANEXO VIII

Información al público en aplicación del artículo 9

1. La denominación de la empresa, la dirección del lugar en que se desarrolla la actividad peligrosa y la identificación, por el cargo que ocupa, de la persona que facilita la información.

2. Una explicación, en términos sencillos, de la actividad peligrosa, incluidos los riesgos.

3. Los nombres comunes o genéricos, o la clasificación general de peligrosidad de las sustancias y preparados que se utilizan en la actividad peligrosa, con indicación de sus principales características peligrosas.

4. La información general resultante de una evaluación de impacto medioambiental, de existir y ser pertinente.

5. La información general relativa a la índole de un accidente industrial que podría producirse en el marco de la actividad peligrosa, incluidos sus posibles efectos sobre la población y el medio ambiente.

6. Información adecuada sobre cómo se alertará a la población afectada y se la mantendrá informada en caso de accidente industrial.

7. Información adecuada sobre las medidas que debería tomar la población afectada y sobre el comportamiento que debería seguir en caso de accidente industrial.

8. Informaciones adecuadas sobre las medidas adoptadas en relación con la actividad peligrosa, incluido el enlace con los servicios de emergencia, con el fin de hacer frente a los accidentes industriales, de reducir su gravedad y de paliar sus efectos.

9. Información general sobre el plan de emergencia fuera del emplazamiento elaborado por los servicios de emergencia para hacer frente a los efectos fuera del emplazamiento, incluidos los efectos transfronterizos, de un accidente industrial.

10. Información general sobre las exigencias y condiciones especiales a que esté sujeta la actividad peligrosa según las reglamentaciones y/o disposiciones administrativas nacionales pertinentes, incluidos los regímenes de licencia y autorización.

11. Detalles sobre dónde puede obtenerse más información pertinente.

ANEXO IX

Sistemas de notificación de accidentes industriales en aplicación del artículo 10

1. Los sistemas de notificación de accidentes industriales permitirán comunicar lo más rápidamente posible los datos y previsiones según códigos previamente determinados y utilizando sistemas compatibles de transmisión y tratamiento de datos para dar la alerta e intervenir en caso de emergencia y para tomar medidas que minimicen y limiten las consecuencias de los efectos transfronterizos, teniendo en cuenta las diferentes necesidades a los distintos niveles.

2. En la notificación de accidente industrial deberá constar lo siguiente:

• a) El tipo y la magnitud del accidente industrial, las sustancias peligrosas de que se trata (si se conocen) y la gravedad de sus posibles efectos.
• b) El momento y la localización exacta del accidente.
• c) Cualquier otra información disponible que sea necesaria para hacer frente eficazmente al accidente industrial.

3. La notificación de accidente industrial deberá complementarse a intervalos adecuados, o siempre que sea necesario, con otros datos pertinentes sobre la evolución de la situación en relación con los efectos transfronterizos.

4. Se efectuarán periódicamente pruebas y exámenes para comprobar la eficacia de los sistemas de notificación de accidentes industriales, incluida la formación permanente del personal interesado. Cuando proceda, estas pruebas, exámenes y actividades de formación se realizarán conjuntamente.

ANEXO X

Asistencia mutua en aplicación del artículo 12

1. La dirección, control, coordinación y supervisión generales de la asistencia incumbirán a la Parte requirente. El personal que intervenga en la operación de asistencia actuará de conformidad con la legislación pertinente de la Parte requirente. Las autoridades competentes de la Parte requirente cooperarán con la autoridad designada por la Parte asistente, según el artículo 17, para asumir la supervisión operativa inmediata del personal y del material facilitados por la Parte asistente.

2. La Parte requirente, en la medida de sus posibilidades, proporcionará instalaciones y servicios locales para la adecuada y eficaz administración de la asistencia, y asegurará la protección del personal, equipos y materiales introducidos en su territorio por la Parte asistente o, en su nombre, con dicha finalidad.

3. Salvo acuerdo en contrario de las Partes interesadas, la asistencia se prestará a expensas de la Parte requirente. La Parte asistente podrá renunciar en todo momento al reembolso total o parcial de los costes.

4. La Parte requirente hará todo lo posible para conceder a la Parte asistente y a las personas que actúen en su nombre los privilegios, inmunidades o facilidades necesarias para la rápida ejecución de sus funciones de asistencia. La Parte requirente no estará obligada a aplicar esta disposición a sus propios nacionales o residentes permanentes o a concederles los privilegios e inmunidades antes mencionados.

5. A petición de la Parte requirente o de la Parte asistente, las Partes tratarán de facilitar el tránsito por su territorio del personal, equipos y bienes utilizados en la asistencia y que hayan sido debidamente notificados.

6. La Parte requirente facilitará la entrada, estancia y salida de su territorio nacional del personal debidamente notificado y de los equipos y bienes utilizados en la asistencia.

7. Por lo que respecta a los actos directamente resultantes de la asistencia prestada, la Parte requirente, en caso de muerte de personas o de lesiones corporales, de pérdida de bienes o de daños materiales, o de daños al medio ambiente causados en su territorio durante la prestación de la asistencia solicitada, eximirá de responsabilidad e indemnizará a la Parte asistente o a las personas que actúen en su nombre y les compensará en caso de fallecimiento o lesiones corporales sufridas por esas personas y por las pérdidas o daños en los equipos y otros bienes que se utilicen en la asistencia. La Parte requirente responderá por las reclamaciones presentadas por terceros contra la Parte asistente o las personas que actúen en su nombre.

8. Las partes interesadas cooperarán estrechamente para facilitar la resolución de los procedimientos judiciales y reclamaciones que puedan resultar de las operaciones de asistencia.

9. Cualquier Parte podrá solicitar asistencia relativa al tratamiento médico o la instalación temporal en territorio de otra Parte de personas afectadas por un accidente.

10. La Parte afectada o la requirente podrá en cualquier momento, después de haber procedido a las consultas apropiadas y mediante notificación, solicitar la interrupción de la asistencia recibida o prestada al amparo del presente Convenio. Una vez hecha dicha solicitud, las Partes interesadas se consultarán recíprocamente con vistas a tomar medidas para la adecuada terminación de la asistencia.

ANEXO XI

Intercambio de información en aplicación del artículo 15

El intercambio de información comprenderá los siguientes elementos, que también podrán ser objeto de cooperación multilateral o bilateral:

• a) Medidas legislativas y administrativas, políticas, objetivos y prioridades en materia de prevención, preparación y respuesta, actividades científicas y medidas técnicas para reducir el riesgo de accidentes industriales resultantes de actividades peligrosas, incluidas las encaminadas a paliar los efectos transfronterizos.
• b) Medidas y planes de emergencia al nivel apropiado que afecten a otras Partes.
• c) Programas de vigilancia, planificación, investigación y desarrollo, incluida su aplicación y supervisión.
• d) Medidas adoptadas para prevenir los accidentes industriales, prepararse para ellos y hacerlos frente.
• e) Experiencia adquirida en materia de accidentes industriales y cooperación para hacer frente a los accidentes industriales con efectos transfronterizos.
• f) Desarrollo y aplicación de las mejores tecnologías disponibles para mejorar la protección y seguridad del medio ambiente.
• g) Preparativos y respuesta a las situaciones de emergencia.
• h) Métodos utilizados para la predicción de riesgos, incluidos los criterios para supervisar y evaluar los efectos transfronterizos.

ANEXO XII

Tareas de asistencia mutua en aplicación del apartado 4 del artículo 18

1. Recogida y difusión de información y datos.

• a) Establecimiento y funcionamiento de un sistema de notificación de accidentes industriales que pueda facilitar información sobre los accidentes industriales y sobre los expertos, con el fin de que estos últimos participen lo más rápidamente posible en la prestación de asistencia;
• b) Establecimiento y funcionamiento de un banco de datos para la recepción, tratamiento y distribución de la información necesaria sobre accidentes industriales, incluidos sus efectos, así como sobre las medidas aplicadas y su eficacia;
• c) Elaboración y mantenimiento de una lista de sustancias peligrosas, incluidas sus características pertinentes e información sobre cómo proceder con ellas en caso de accidente industrial;
• d) Establecimiento y mantenimiento de un registro de expertos que puedan proporcionar servicios consultivos y otro tipo de asistencia relacionada con las medidas preventivas, de preparación y de respuesta, incluidas las de rehabilitación;
• e) Mantenimiento de una lista de actividades peligrosas;
• f) Elaboración y mantenimiento de una lista de las sustancias peligrosas a que se refiere la Parte I del anexo I.

2. Investigación, formación y metodologías.

• a) Elaboración y suministro de modelos basados en la experiencia de accidentes industriales, y escenarios para las medidas de prevención, preparación y respuesta;
• b) Promoción de la educación y de la formación, organización de simposios internacionales y fomento de la cooperación en investigación y desarrollo.

3. Asistencia técnica.

• a) Prestación de servicios consultivos encaminados a reforzar la capacidad para aplicar medidas de prevención, preparativos y respuesta;
• b) Realización, a petición de una Parte, de inspecciones de sus actividades peligrosas y prestación de asistencia para la organización de sus inspecciones nacionales de conformidad con las exigencias del presente Convenio.

4. Asistencia en caso de emergencia.

Prestación de asistencia, a petición de una Parte, enviando en particular expertos al lugar de un accidente industrial para prestar asistencia consultiva y de otra clase con el fin de hacer frente a un accidente industrial.

ANEXO XIII

Arbitraje

1. La(s) Parte(s) demandante(s) notificará(n) a la Secretaría que las Partes han convenido en someter la controversia a arbitraje de conformidad con el apartado 2 del artículo 21 del presente Convenio. En la notificación se hará constar el objeto del arbitraje y, en particular, los artículos del presente Convenio cuya interpretación o aplicación sean objeto de controversia. La Secretaría transmitirá la información recibida a todas las Partes en el presente Convenio.

2. El tribunal arbitral estará formado por tres miembros. Tanto la(s) Parte(s) demandante(s) como la(s) otra(s) Parte(s) en la controversia nombrarán un árbitro, y los dos árbitros nombrados de esa manera designarán, de común acuerdo, al tercer árbitro, que presidirá el tribunal arbitral. Este último no podrán ser nacional de una de las partes en la controversia ni tener su residencia habitual en el territorio de una de esas partes, ni estar empleado por ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en ninguna otra calidad.

3. Si no se hubiere designado al presidente del tribunal en el plazo de dos meses a partir de la designación del segundo árbitro, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, designará al presidente dentro de un nuevo plazo de dos meses.

4. Si una de las partes en la controversia no nombra un árbitro en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, la otra parte podrá informar de ello al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que designará al presidente del tribunal arbitral dentro de un nuevo plazo de dos meses. Tras su designación, el presidente del tribunal arbitral solicitará a la parte que no haya nombrado un árbitro que lo haga en el plazo de dos meses. Si no lo hiciere dentro de ese plazo, el presidente informará al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, que procederá a esa designación dentro de un nuevo plazo de dos meses.

5. El tribunal arbitral dictará su decisión de conformidad con el derecho internacional y con las disposiciones del presente Convenio.

6. Todo tribunal arbitral constituido al amparo de las presentes disposiciones elaborará su propio reglamento.

7. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto sobre cuestiones de procedimiento como de fondo, se tomarán por mayoría de sus miembros.

8. El tribunal podrá tomar todas las medidas procedentes para determinar los hechos.

9. Las partes en la controversia facilitarán el trabajo del tribunal arbitral y, en particular, recurriendo a todos los medios a su disposición:

• a) Proporcionarán al tribunal todos los documentos, facilidades e informaciones pertinentes; y
• b) Facultarán al tribunal, si fuera necesario, para que convoque a testigos o expertos y recabe su testimonio.

10. Las partes en la controversia y los árbitros protegerán el secreto de toda la información que reciban a título confidencial durante las actuaciones del tribunal arbitral.

11. El tribunal arbitral podrá recomendar, a petición de una de las partes, la adopción de medidas provisionales de protección.

12. Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no defiende su postura, la otra parte podrá solicitar al tribunal que continúe los procedimientos y que dicte su decisión definitiva. El hecho de que una parte no comparezca o no defienda su postura no constituirá obstáculo alguno para el procedimiento.

13. El tribunal arbitral podrá entender y decidir sobre las reconvenciones directamente relacionadas con el objeto de la controversia.

14. A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa en razón de las circunstancias particulares del asunto, los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros, serán sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El tribunal llevará un registro de todos sus gastos y presentará a las partes un estado final de los mismos.

15. Toda parte en el presente Convenio que tenga un interés de orden jurídico en el objeto de la controversia y que pueda verse afectada por una decisión recaída en el asunto, podrá intervenir en el procedimiento con el consentimiento del tribunal.

16. El tribunal arbitral dictará su laudo en el plazo de cinco meses a partir de la fecha en que se hubiere constituido, a menos que considere necesario ampliar el plazo por un período no superior a cinco meses.

17. El laudo del tribunal arbitral irá acompañado de una exposición de motivos. Será definitivo y vinculante para todas las Partes en la controversia. El tribunal arbitral comunicará el laudo a las Partes en la controversia y a la Secretaría. Esta enviará la información recibida a todas las Partes en el presente Convenio.

18. Toda controversia que pueda surgir entre las Partes en relación con la interpretación o ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquiera de ellas al tribunal arbitral que lo dictó o, si este no pudiere entender en ese asunto, a otro tribunal arbitral constituido a tal efecto de la misma manera que el primero.

Estados Parte	Fecha firma	Fecha depósito Instrumento
Albania	18-3-1992	5-1-1994 R
Alemania	18-3-1992	9-9-1998 R
Armenia	-	21-2-1997 Ad
Austria (*)	18-3-1992	4-8-1999 R
Bélgica	18-3-1992	-
Bulgaria	18-3-1992	12-5-1995 R
Canadá	18-3-1992	-
Croacia	-	20-1-2000 Ad
Dinamarca (1)	18-3-1992	-
España	18-3-1992	16-5-1997 R
Estados Unidos	18-3-1992	-
Estonia	18-3-1992	-
Finlandia	18-3-1992	-
Francia	18-3-1992	-
Grecia	18-3-1992	24-2-1998 R
Hungría (*)	18-3-1992	2-6-1994 Ap
Letonia	18-3-1992	-
Lituania	18-3-1992	-
Luxemburgo	20-5-1992	8-8-1994 R
Noruega	18-3-1992	1-4-1993 Ap
Países Bajos	18-3-1992	-
Polonia	18-3-1992	-
Portugal	9-6-1992	-
Reino Unido	18-3-1992	5-8-2002 R
República de Moldova	-	4-1-1994 Ad
Rusia, Fed. de	18-3-1992	1-2-1994 Ac
Suecia	18-3-1992	22-9-1999 R
Suiza	18-3-1992	21-5-1999 R
Comunidad Europea (*)	18-3-1992	24-4-1998 Ap
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 5 agosto 2002. Ratificación, entrada en vigor el 3 de noviembre de 2002. Res. 15 enero 2003 («B.O.E.» 29 enero). Véase el apartado D.D de la Resolución de 19 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 29 enero), por el que se publica la entrada en vigor del presente Convenio para Polonia el 7 de diciembre de 2003 y para Eslovaquia el 8 de diciembre de 2003. Véase el apartado D.D de la Resolución 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica la entrada en vigor del presente Convenio para Francia el 1 de enero de 2004 con la formulación de declaraciones y reservas. Véase apartado D.D de la Res. 4 octubre 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 octubre), por el que se publica la adhesión por parte de Letonia, con entrada en vigor el 27 de septiembre de 2004. Véase apartado D.D de Res. 26 enero 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 9 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Azerbaiyán, con entrada en vigor el 14 de septiembre de 2004 y con formulación de declaraciones. Véase apartado D.D de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Chipre. Véase el apartado D.D. de la Res. 16 octubre 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 octubre), por el que se publica la ratificación por parte de Bélgica, con entrada en vigor el 5 de julio de 2006. Véase el apartado D.D. de la Res. 19 febrero 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 2 marzo), por el que se publica la ratificación al presente Convenio por parte de Portugal, con entrada en vigor el 31 de enero de 2007. Véase el apartado DD. de la Res. de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 noviembre), por el que se publica la adhesión por parte de Montenegro, con entrada en vigor el 17 de agosto de 2009. Véase el apartado DD. de la Res. 12 febrero 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Serbia, con entrada en vigor el 29 de octubre de 2009 y con formulación de declaración. Véase el apartado DD. de la Res. 14 junio 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 22 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Antigua República Yugoslava de Macedonia, con entrada en vigor 31 de mayo de 2010, y la ratificación por parte de Etiopía, con entrada en vigor el 23 de octubre de 2010.

R: Ratificación.

Ad: Adhesión

Ap: Aprobación

Declaraciones y reservas

Austria:

«La República de Austria declara, de conformidad con el artículo 21 párrafo 2 del Convenio, que acepta como obligatorio, los dos métodos de resolución de controversias mencionados en este párrafo, en relación con cualquier Parte que acepte como obligatorio, uno o los dos métodos de resolución de controversias.»

Hungría:

«El Gobierno de la República de Hungría acepta como obligatorio, en relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación, los dos métodos de resolución de controversias.»

Comunidad Europea

«Reservas:

Los Estados miembros de la Comunidad Europea, en sus relaciones mutuas, aplicarán el Convenio de acuerdo con las normas internas de la Comunidad.

Por consiguiente, la Comunidad se reserva el derecho:

• i) En lo que respecta a las cantidades límite mencionadas en el anexo I, Parte I, números 3, 4 y 5 del Convenio, a aplicar la cantidad límite de 100 toneladas de bromo (sustancia muy tóxica), 5.000 toneladas de metanol (sustancia tóxica) y 2.000 toneladas de oxígeno (sustancia oxidante);
• ii) En lo que respecta a las cantidades límites mencionadas en el anexo I, Parte I, número 8 del Convenio, a aplicar la cantidad límite de 500 toneladas (fase de riesgo R50-53 (*); "sustancias muy tóxicas para los organismos acuáticos que pueden ocasionar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático") y 2.000 toneladas (fase de riesgo R51-53 (*): "sustancias tóxicas para los organismos acuáticos que pueden ocasionar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático") para las sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Declaración conforme al artículo 29 (4):

De conformidad con el Tratado de la CE, los objetivos y principios de la política de medio ambiente de la Comunidad consisten particularmente en preservar y proteger la calidad del medio ambiente y la salud humana por medio de la acción preventiva. En pos de dichos objetivos, el Consejo adoptó la Directiva del Consejo 82/501/CEE, de 24 de junio de 1982, sobre los riesgos de accidentes graves de ciertas actividades industriales que ha sido reemplazada por la Directiva del Consejo 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, sobre el control de los riesgos de accidentes graves ocasionados por sustancias peligrosas. Dichos instrumentos pretenden prevenir los riesgos de accidentes graves ocasionados por sustancias peligrosas y limitar sus consecuencias para el hombre y el medio ambiente y cubrir las cuestiones que están sujetas al Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales. La Comunidad informará al depositario de cualquier enmienda de dicha Directiva y de cualquier renovación pertinente adicional en el ámbito a que se refiere el Convenio.

En lo que respecta a la aplicación del Convenio, la Comunidad y sus Estados Miembros son responsables dentro de sus respectivas áreas de competencia.»

El presente Convenio entrará en vigor de forma general y para España el 19 de abril de 2000, de conformidad con lo establecido en su artículo 30 (1).