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Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se establece una veda temporal para la pesca con artes de trampa en las aguas exteriores de la isla de Fuerteventura

Ficha:
  • ÓrganoMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
  • Publicado en BOE núm. 313 de 31 de Diciembre de 2001
  • Vigencia desde 20 de Enero de 2002
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
20/1/2002
LE0000195659_20031220Ir a NormaOM APA/3551/2003 de 15 Dic. (veda temporal para la pesca con artes de trampa en las aguas exteriores de la Isla de Fuerteventura)
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Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo único de la O.M. APA/3551/2003, de 15 de diciembre, queda prorrogada, durante el periodo de un año, a partir del 21 de diciembre de 2003, la vigencia de la presente Orden («B.O.E.» 19 diciembre). LE0000164702_20020120Ir a Norma
LE0000182334_20021221Ir a NormaOM APA/3260/2002 de 18 Dic. (se prorroga la OM 20 Dic. 2001, por la que se establece una veda temporal para la pesca con artes de trampa en las aguas exteriores de la isla de Fuerteventura)
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Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo único de la O.M. APA/3260/2002, de 18 de diciembre, queda prorrogada durante el período de un año, a partir del 21 de diciembre de 2002, la vigencia de la presente Orden («B.O.E.» 20 diciembre).LE0000164702_20020120Ir a Norma
Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo único de la O.M. APA/3260/2002, de 18 de diciembre, queda prorrogada durante el período de un año, a partir del 21 de diciembre de 2002, la vigencia de la presente Orden («B.O.E.» 20 diciembre).LE0000182334_20021221Ir a NormaTéngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo único de la O.M. APA/3551/2003, de 15 de diciembre, queda prorrogada, durante el periodo de un año, a partir del 21 de diciembre de 2003, la vigencia de la presente Orden («B.O.E.» 19 diciembre). LE0000195659_20031220Ir a Norma

El Reglamento (CEE) 3760/92, del Consejo, de 20 de diciembre por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura, fija como objetivo general de la política pesquera común, la protección y conservación de los recursos marinos y la organización sobre una base sostenible, de la explotación racional y responsable de los mismos, en condiciones económicas apropiadas para el sector, teniendo en cuenta sus repercusiones en el ecosistema marino y tomando en consideración, en particular, tanto las necesidades de los productores como las de los consumidores.

El Reglamento (CE) 850/98, del Consejo, de 30 de marzo, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, establece las medidas técnicas de aplicación en las aguas comunitarias y, entre ellas, las de la Región 5 en la que se encuadra el Caladero Nacional de Canarias. Por otra parte, el artículo 46 de dicho Reglamento prevé la posibilidad de que los Estados Miembros adopten medidas para la conservación y gestión de las poblaciones que vayan más allá de las exigencias mínimas definidas en dicha normativa comunitaria, siempre que tales medidas sean únicamente aplicables a los pescadores del Estado Miembro de que se trate, compatibles con el Derecho Comunitario y conformes a la Política Pesquera Común.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece entre sus fines los de velar por la explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros, favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos recursos y sus ecosistemas, adaptando el esfuerzo de la flota a la situación de los recursos pesqueros.

El Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, de Regulación de Artes y Modalidades de Pesca en aguas del caladero canario, contempla entre los artes y utensilios de pesca cuyo empleo autoriza los de nasa y tambor. Por otra parte, faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para su desarrollo.

Considerando las especiales características del caladero canario, desde el punto de vista pesquero, y, en especial, las de las aguas que circundan la isla de Fuerteventura, se hace conveniente, con el objeto de garantizar la explotación razonable y sostenible de sus recursos pesqueros la prohibición de los utensilios pesqueros de trampa y, en especial, de las nasas y tambores.

Se ha cumplido el tramite de comunicación a la Comisión previsto en el artículo 46.2 del Reglamento (CE) número 850/1998, del Consejo, de 30 de marzo, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.

En la elaboración de la presente Orden ha sido consultada la Comunidad Autónoma de Canarias y el sector afectado. Asimismo, se ha sometido a informe del Instituto Español de Oceanografía.

La presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en los artículos 10 Y 12 de la ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1 Ámbito de aplicación

La presente Orden es de aplicación a los buques de pabellón español que faenen en las aguas exteriores que circundan la isla de Fuerteventura.

Artículo 2 Vedas

Queda prohibido, durante el período de un año a partir de entrada en vigor de la presente Orden, el ejercicio de la pesca con las siguientes modalidades:

  • 1. Nasas para la captura de peces, crustáceos y moluscos.
  • 2. Tambores, para la captura de peces y crustáceos, morenas y anguilas.
  • 3. Cualquier otro tipo de utensilio que actúe a modo de trampa para la captura de peces de fondo, crustáceos y moluscos.

La presente Orden podrá ser prorrogada, en períodos sucesivos en función de su eficacia y utilidad.

Artículo 3 Infracciones y sanciones

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden se sancionará conforme a lo previsto en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Disposición final única Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».