Sumario

R.D. 1162/2001, 26 octubre, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. («B.O.E.» 7 agosto), el 8 de agosto de 2003.

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en virtud de lo previsto en su disposición adicional trigésima, que modifica el artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se regula un nuevo sistema de subvenciones para compensar a los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el coste que genera el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.

Por ello, dando cumplimiento a la citada disposición adicional, se aprueba el presente Real Decreto, por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, a través del cual se posibilita un servicio al ciudadano que carece de los medios económicos necesarios para litigar, aunque ello suponga para las organizaciones profesionales indicadas asumir una carga de gestión administrativa. Esta actuación está subvencionada actualmente con un límite del 8 por 100 del crédito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio, destinado a indemnizar a los abogados y procuradores por su participación en el turno de oficio y asistencia letrada al detenido. Esto supone un déficit para los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, ya que esas cantidades no cubren en su totalidad los costes reales de funcionamiento de los servicios destinados a la asistencia jurídica gratuita (Servicio de Orientación Jurídica).

Es interés de este Gobierno, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, establecer un sistema de subvención que compense a esas organizaciones por los costes reales que les pueda suponer el mantenimiento de esos servicios de asistencia jurídica gratuita. El medio más idóneo para conseguirlo es fijar unos módulos compensatorios para determinar la subvención que recibirá cada organización profesional, teniendo en cuenta los expedientes que hayan sido tramitados ante las correspondientes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya verificación realiza regularmente el Ministerio de Justicia.

Al mismo tiempo se establece el necesario sistema de justificación que las organizaciones profesionales tienen que cumplir para percibir la subvención.

Este Real Decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2001,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES