Sumario

Véase Res. 22 dic. 1999, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/1999, de 10 de diciembre, por el que se conceden créditos extraordinarios por importe de 6.683.486.032 pesetas para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios y otros gastos del Ministerio de Interior («B.O.E.» 28 diciembre).

De conformidad con lo señalado en el artículo 63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada al mismo por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria, con cargo a los créditos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general, que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, el apartado 2 de este artículo establece los requisitos para que, en determinadas circunstancias, se imputen al presupuesto de un ejercicio obligaciones generadas en ejercicios anteriores.

El Ministerio del Interior ha de atender al pago de diversas obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que están pendientes de imputar presupuestariamente y que no pueden ser aplicadas al ejercicio corriente por no concurrir en ellas los requisitos a que hace referencia el citado artículo 63. Dichas obligaciones, que ascienden a 6.683.486.032 pesetas, derivan de gastos corrientes en bienes y servicios por importe de 6.007.555.467 pesetas; de gastos financieros por importe de 490.657.347 pesetas; de inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios por una cuantía de 183.406.139 pesetas, y otros gastos por importe de 1.867.079 pesetas.

Dado que las citadas obligaciones no pueden ser imputadas al ejercicio corriente, que su pago no puede retrasarse por el correspondiente perjuicio que supone para los terceros acreedores y que la propia disciplina presupuestaria exige que no se demore su aplicación a presupuesto, ha de dictarse la oportuna norma con rango de ley para dotar la cobertura crediticia necesaria para su cancelación.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de diciembre de 1999,

DISPONGO: