Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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• Preámbulo
• TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Finalidades
• TÍTULO I. PRINCIPIOS Y DERECHOS
  • Artículo 4 Principios generales
  • Artículo 5 Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración regional
• TÍTULO II. PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
  • Artículo 6 Concepto y requisitos
  • Artículo 7 Procedimiento
  • Artículo 8 Efectos
  • Artículo 9 Seguimiento de los proyectos declarados
• TÍTULO III. MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
  • CAPÍTULO I. Medidas destinadas a simplificar la tramitación administrativa
    • Artículo 10 Concepto de simplificación
    • Artículo 11 Implantación y seguimiento del proceso de simplificación administrativa
    • Artículo 12 Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos
    • Artículo 13 Comisión de Simplificación
    • Artículo 14 Participación en el proceso de simplificación administrativa
    • Artículo 15 Estudio de cargas administrativas
    • Artículo 16 Guía de procedimientos y servicios
    • Artículo 17 Presentación de documentos
    • Artículo 18 El Catálogo de Simplificación Documental
    • Artículo 19 La Plataforma de Interoperabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • CAPÍTULO II. Medidas destinadas al impulso de la actividad empresarial y profesional
    • Artículo 20 Declaraciones responsables y comunicaciones previas
    • Artículo 21 Licencias y autorizaciones condicionadas
    • Artículo 22 Unidad administrativa para la creación de empresas
• TÍTULO IV. DE LA INCORPORACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
  • Artículo 23 Implantación de medios electrónicos en la Administración regional
  • Artículo 24 Preferencia del uso de los medios electrónicos en las relaciones de la Administración regional con las empresas
  • Artículo 25 Garantías en la utilización de medios electrónicos
  • Artículo 26 Diseño y aprobación de aplicaciones
  • Artículo 27 Seguimiento y control del proceso de implantación de medios electrónicos
  • Artículo 28 Evaluación del impacto en el uso de medios electrónicos
• TÍTULO V. GESTIÓN PÚBLICA, EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
  • Artículo 29 La gestión pública de la Administración regional
  • Artículo 30 Sistema de evaluación de la gestión pública de la Administración regional
  • Artículo 31 Evaluación de las políticas públicas: concepto y modalidades
  • Artículo 32 Evaluación de la calidad de los servicios públicos de la Administración regional: finalidad y concepto
  • Artículo 33 Desarrollo de la evaluación de la calidad de los servicios
  • Artículo 34 Reconocimiento de la calidad de los servicios y premios a la calidad
  • Artículo 35 Observatorio de la Calidad de los Servicios
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Guía metodológica de la memoria de análisis de impacto normativo
  • Disposición adicional segunda Adecuación del sentido del silencio administrativo
  • Disposición adicional tercera Implantación de la figura de declaración responsable y comunicación previa
  • Disposición adicional cuarta Interoperabilidad
  • Disposición adicional quinta Especificidades en materia de contratación y en el ámbito tributario
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Proyectos de ley y disposiciones administrativas de carácter general en tramitación
  • Disposición transitoria segunda Proyectos declarados de interés estratégico
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Derogación normativa
• Disposiciones Finales
  • Disposición final primera Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
  • Disposición final segunda Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
  • Disposición final tercera Vigencia de normas reglamentarias
  • Disposición final cuarta Habilitación para el desarrollo de la presente ley
  • Disposición final quinta Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

...

Artículo 2 Ámbito de aplicación

...

Artículo 3 Finalidades

...

Artículo 4 Principios generales

...

Artículo 5 Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración regional

...

Artículo 6 Concepto y requisitos

...

Artículo 7 Procedimiento

...

Artículo 8 Efectos

...

Artículo 9 Seguimiento de los proyectos declarados

...

Artículo 10 Concepto de simplificación

...

Artículo 11 Implantación y seguimiento del proceso de simplificación administrativa

...

Artículo 12 Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos

...

Artículo 13 Comisión de Simplificación

...

Artículo 14 Participación en el proceso de simplificación administrativa

...

Artículo 15 Estudio de cargas administrativas

...

Artículo 16 Guía de procedimientos y servicios

...

Artículo 17 Presentación de documentos

...

Artículo 18 El Catálogo de Simplificación Documental

...

Artículo 19 La Plataforma de Interoperabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

...

Artículo 20 Declaraciones responsables y comunicaciones previas

...

Artículo 21 Licencias y autorizaciones condicionadas

...

Artículo 22 Unidad administrativa para la creación de empresas

...

Artículo 23 Implantación de medios electrónicos en la Administración regional

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia implantará progresivamente el uso de medios electrónicos en la gestión de su actividad administrativa con el fin de lograr mayores cotas de eficacia, eficiencia, accesibilidad, transparencia y calidad en su desarrollo, así como garantizar el principio de servicio a los ciudadanos y la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, la Administración regional promoverá:

• a) La incorporación de los medios electrónicos en la prestación de servicios públicos, tanto en sus comunicaciones y relaciones con los ciudadanos y empresas como en los procesos internos de la Administración Regional y en las relaciones que se desarrollen con otras administraciones públicas e instituciones.
• b) La cooperación y colaboración institucionales en la creación y puesta a disposición de infraestructuras y servicios comunes de Administración electrónica que garanticen la interoperabilidad de los sistemas de información y hagan posible su uso por las distintas consejerías, organismos públicos y entidades de derecho público de la Administración regional, con el fin de hacer más eficaz y económico el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos y empresas.
• c) La optimización de los recursos informáticos reorganizando los mismos, como soporte técnico fundamental para la efectiva implantación de los medios electrónicos en la Administración regional.

Artículo 24 Preferencia del uso de los medios electrónicos en las relaciones de la Administración regional con las empresas

1. La Administración regional usará preferentemente los medios electrónicos en las relaciones con las empresas en el ejercicio de su actividad económica siempre y cuando, globalmente, no represente un coste mayor para las mismas y se cumpla lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. A los efectos de la presente ley, se entiende por empresa aquella entidad que ejerce una actividad económica, independientemente de su forma jurídica.

2. Los servicios electrónicos que preste la Administración regional deberán ser accesibles en la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 25 Garantías en la utilización de medios electrónicos

La aplicación de medios electrónicos en ningún caso podrá implicar la existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en el acceso de los ciudadanos a la prestación de servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento administrativo.

Artículo 26 Diseño y aprobación de aplicaciones

1. La Administración regional garantizará que las aplicaciones que se pretendan implementar o desarrollar se basen en criterios y estándares que faciliten la interoperabilidad y puedan ser reutilizadas por otras administraciones públicas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta ley, las aplicaciones y sistemas de información que se desarrollen o vayan a ser incorporadas en la Administración regional para el ejercicio de potestades administrativas, habrán de ser previamente aprobadas conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Artículo 27 Seguimiento y control del proceso de implantación de medios electrónicos

Para garantizar la efectividad de los principios y el respeto de los derechos de los ciudadanos reconocidos en las normas básicas sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en la normativa autonómica de desarrollo, las consejerías que ostenten las competencias en materia de inspección y calidad de los servicios y en materia informática ejecutarán de manera coordinada medidas de seguimiento y control del funcionamiento de la Administración electrónica. A estos efectos, se emitirá un informe de evaluación anual sobre dichas medidas.

Artículo 28 Evaluación del impacto en el uso de medios electrónicos

La Administración regional evaluará anualmente el impacto del uso de los medios electrónicos en la actuación administrativa, realizando auditorías internas de los sistemas de información y de los procedimientos administrativos que se tramitan por medios electrónicos.

Artículo 29 La gestión pública de la Administración regional

1. La gestión pública de la Administración regional se regirá por los principios generales establecidos en el título I, el resto de principios proclamados por el ordenamiento jurídico y por un modelo basado en la evaluación de las políticas públicas, la orientación a resultados y la gestión de la excelencia o calidad total.

2. La implantación de este modelo de gestión supondrá que la Administración pública regional ajuste su política y estrategia a las necesidades de los ciudadanos y al interés público.

3. Las políticas públicas de la Administración regional se desarrollarán mediante la oportuna planificación estratégica en la que a través de planes y programas se definirán los objetivos estratégicos y las líneas de actuación concretas derivadas de aquellos. En este sentido, los principios que rigen la gestión pública de la Administración regional, y para una correcta evaluación de resultados, serán objeto de medición a través de indicadores, entre otros, de eficacia, eficiencia y calidad.

Artículo 30 Sistema de evaluación de la gestión pública de la Administración regional

1. La Administración pública regional impulsará una cultura de responsabilidad y control de la acción pública, estableciendo para ello las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación que, como instrumento de buen gobierno, de mejora continua de las políticas públicas y de los servicios prestados a los ciudadanos, incorporará las medidas que permitan analizar los siguientes extremos:

• a) La consecución de los resultados previstos y de los impactos de las políticas públicas, así como de los planes y programas que desarrollen y ejecuten las mismas.
• b) La calidad de los servicios prestados por los distintos órganos de la Administración regional.
• c) Comprobar el grado de aplicación, entre otros, de los principios generales que rigen las políticas públicas y actividad de la Administración regional.

2. El sistema de evaluación de la gestión pública que conforma tanto las políticas públicas como la calidad de los servicios públicos tendrá como objetivos:

• a) Fomentar el uso racional de los recursos públicos y de los principios de buena gestión económica financiera.
• b) Desarrollar sistemas de información que faciliten la evaluación de las políticas y programas públicos.
• c) Implantar indicadores de gestión en la Administración regional que permitan conocer el impacto de una determinada política pública.
• d) Promover la calidad y la mejora continua de los servicios públicos mediante el compromiso con la excelencia mediante la utilización de modelos de evaluación de la calidad total en la Administración pública.
• e) Reforzar la cultura de responsabilidad entre los gestores de los planes y programas públicos.

3. El sistema de evaluación de la gestión pública se realizará mediante la aplicación de sistemas y métodos en los que participarán los ciudadanos, de acuerdo con el principio y el derecho de participación ciudadana reconocido en esta ley. El sistema de evaluación tendrá en cuenta, además de los extremos mencionados en el apartado 1, el grado de participación ciudadana en las políticas públicas.

4. La evaluación de políticas públicas se realizará por la consejería competente en dicha materia.

Artículo 31 Evaluación de las políticas públicas: concepto y modalidades

1. Se entiende por evaluación de las políticas públicas el proceso integral de análisis de su conceptualización y diseño, de su proceso de ejecución, aplicación y seguimiento, así como de la valoración de los resultados e impactos conseguidos mediante dichas políticas.

2. La evaluación de las políticas públicas, atendiendo al momento en que se lleve a cabo, podrá realizarse en la fase de planificación o programación, durante su ejecución o con posterioridad a la misma.

3. La evaluación de las políticas públicas, atendiendo al contenido y a los elementos a evaluar, podrá ser:

• a) Evaluación conceptual o de diseño de las políticas públicas, que se centrará sobre los aspectos relacionados con los elementos que justifican la necesidad de la intervención pública y el diseño de las políticas. Perseguirá evaluar las necesidades y problemas que determinaron su puesta en marcha, así como constatar la existencia de objetivos claramente definidos y medibles.
• b) Evaluación del proceso de ejecución y seguimiento de las políticas públicas y del sistema de gestión utilizado en las mismas, que se realizará sobre los procedimientos y las actuaciones necesarias puestas en práctica por las distintas consejerías para su ejecución y gestión. Esta evaluación medirá la capacidad de los distintos órganos en relación con su ejecución y seguimiento, valorando el grado de implicación de los gestores y de la organización, así como los procedimientos de gestión y la dotación de recursos para llevarlas a cabo óptimamente.
• c) Evaluación de los resultados e impactos obtenidos, así como de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, que prestará especial atención a la consecución de los objetivos perseguidos con ellas, analizando los efectos sobre sus destinatarios y sobre la población en general, permitiendo conocer el coste de los objetivos conseguidos en parámetros de tiempo, recursos humanos, materiales y financieros.

Artículo 32 Evaluación de la calidad de los servicios públicos de la Administración regional: finalidad y concepto

1. La evaluación de calidad de los servicios públicos tiene como finalidad proporcionar a los poderes públicos información para la toma de decisiones y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, así como aumentar el grado de eficiencia en la labor administrativa incrementando la productividad mediante el uso óptimo y asignación adecuada de los recursos.

2. La evaluación de la calidad de los servicios públicos comprende el análisis sistemático y continuado del servicio público prestado, considerando, tanto el análisis de la demanda, la detección de necesidades de los usuarios y los niveles de prestación de los servicios en relación con las expectativas de los ciudadanos, como la medición del grado de cumplimiento de los compromisos de calidad previamente establecidos en las cartas de servicios o en aquellos otros sistemas de calidad que se encuentren establecidos.

3. La medición de la calidad de los servicios públicos requerirá la previa fijación de compromisos y de sus correspondientes indicadores, y se realizará sobre los siguientes elementos:

• a) Los recursos materiales y humanos utilizados para prestarlos.
• b) Los procedimientos administrativos y los procesos de prestación de los servicios públicos.
• c) Los resultados de la actividad del órgano evaluado en relación con los compromisos previamente asumidos y con las expectativas de los usuarios.

4. La evaluación de la calidad se realizará mediante la aplicación de modelos de gestión de calidad reconocidos y comúnmente aceptados que permitan la comparación de los resultados entre los distintos órganos administrativos y el intercambio de experiencias. La consejería competente en materia de inspección y calidad de los servicios determinará los modelos de gestión de calidad a aplicar, sin perjuicio de otros que ya se vinieran utilizando.

5. La evaluación se articulará en los siguientes niveles: autoevaluación y evaluación externa.

• a) La autoevaluación, como ejercicio regular realizado por los propios órganos y unidades administrativas que analizan sus procesos y resultados.
• b) La evaluación externa consistirá en contrastar los resultados de las autoevaluaciones anteriormente realizadas o en la realización de evaluaciones por la consejería competente en materia de inspección y calidad de los servicios, y por otros órganos administrativos sectoriales en materia de calidad, así como por organismos especializados en evaluación de calidad.

Artículo 33 Desarrollo de la evaluación de la calidad de los servicios

1. Para la realización de la autoevaluación, los órganos administrativos aplicarán el modelo de gestión de calidad más adecuado a su naturaleza y características de entre los indicados en el apartado quinto del artículo anterior. En función de los resultados de cada ejercicio periódico de autoevaluación, los órganos evaluados elaborarán sus planes o programas de mejora.

La consejería competente en materia de inspección y calidad de los servicios coordinará el proceso de evaluación y analizará su evolución con la finalidad de que los resultados de las evaluaciones sean susceptibles de comparación y aprendizaje.

2. La evaluación de la calidad de los servicios públicos permitirá a sus responsables identificar los puntos fuertes, corregir deficiencias, establecer o proponer las correspondientes acciones correctivas, y elaborar consecuentemente planes y programas de mejora, para orientar su actividad con criterios de mejora continua y calidad, con el fin último de conseguir la excelencia en la prestación de los servicios públicos.

Artículo 34 Reconocimiento de la calidad de los servicios y premios a la calidad

1. El reconocimiento a la excelencia consistirá en la certificación conforme a los modelos de gestión de calidad a los que se refiere el artículo 32.4.

2. Con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios públicos y a la innovación en la gestión pública se promoverán premios a la calidad, destinados a reconocer y galardonar oficialmente a los órganos o entidades que se hayan distinguido por la adopción de prácticas de calidad e innovación. Los premios tendrán las características, modalidades, contenido y efectos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 35 Observatorio de la Calidad de los Servicios

1. Dependiente de la consejería competente en materia de inspección y calidad de los servicios se crea el Observatorio de la Calidad de los Servicios, como órgano colegiado de la Administración regional, con el fin de desarrollar y extender métodos y prácticas relacionados con la simplificación, normalización, agilización de procesos y procedimientos y promoción de la excelencia, así como servir de plataforma de análisis periódico de la percepción ciudadana sobre los servicios públicos y de difusión de información global a los ciudadanos sobre la calidad en la prestación de los servicios. El ejercicio de sus funciones se realizará con medios propios de la Administración regional.

2. El Observatorio de la Calidad de los Servicios tendrá, entre otras funciones, las siguientes:

• a) Impulsar una cultura de evaluación de calidad de los servicios públicos.
• b) Orientar sobre la mejora de la calidad de los servicios públicos.
• c) Facilitar y potenciar la participación ciudadana en torno a la mejora de la calidad de los servicios públicos.
• d) Informar periódicamente sobre el nivel de calidad con el que se prestan los servicios públicos así como difundir dicha información.

3. El titular de la consejería competente en materia de inspección y calidad de los servicios designará mediante orden la composición, funcionamiento y funciones del Observatorio de la Calidad de los Servicios.

Véase Orden de 10 de mayo de 2021 de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se regula la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Observatorio de la Calidad de los Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 21 mayo).LE0000698323_20210610

Disposición adicional primera Guía metodológica de la memoria de análisis de impacto normativo

...

Disposición adicional segunda Adecuación del sentido del silencio administrativo

...

Disposición adicional tercera Implantación de la figura de declaración responsable y comunicación previa

...

Disposición adicional cuarta Interoperabilidad

Al objeto de favorecer la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones y sistemas irá acompañada de informe técnico preceptivo y favorable del órgano directivo competente en materia de informática, que reflejará el grado de interoperabilidad que presentan con los servicios informáticos corporativos de la Administración regional y su adaptación a los requisitos técnicos establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa de desarrollo.

Dicho informe se remitirá, con carácter previo a su puesta en funcionamiento, al órgano directivo competente en materia de inspección y calidad de los servicios.

Disposición adicional quinta Especificidades en materia de contratación y en el ámbito tributario

...

Disposición transitoria primera Proyectos de ley y disposiciones administrativas de carácter general en tramitación

...

Disposición transitoria segunda Proyectos declarados de interés estratégico

...

Disposición derogatoria única Derogación normativa

1. Queda derogado el título III de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Fomento Económico en la Región de Murcia.

LE0000470475_20170112

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposición final primera Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

Se modifican los artículos de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que a continuación se señalan:

• Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

  «3.- El anteproyecto que se elabore irá acompañado por una memoria de análisis de impacto normativo, que incluirá en un único documento el siguiente contenido:

  • a) Una justificación de su oportunidad que incluya la motivación técnica y jurídica de la norma a aprobar, en especial de las novedades que se introducirán en el ordenamiento, con el grado de detalle suficiente que requiera el caso, así como de los estudios o informes que se estimen precisos para justificar su necesidad. La adecuación de la norma a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como la justificación de la competencia de la Comunidad Autónoma para su aprobación.
  • b) Un estudio que valore el impacto de la nueva regulación en las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y empresas.
  • c) Una relación de las disposiciones cuya vigencia resulte afectada por la norma proyectada.
  • d) Un informe de impacto presupuestario que evalúe la repercusión de la futura disposición en los recursos personales y materiales y en los presupuestos de la Administración.
  • e) Un informe de impacto económico que evalúe los costes y los beneficios que la aprobación de la futura disposición implicará para sus destinatarios y para la realidad social y económica.
  • f) Un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.
  • g) Cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.»
  LE0000208724_20220501
• Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 53, cuya redacción pasa a ser la siguiente:

  «1.- La iniciación del procedimiento se llevará a cabo, a través de la oportuna propuesta dirigida al consejero, por el órgano directivo de su departamento competente por razón de la materia, mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, al que se acompañarán la exposición de motivos y una memoria de análisis de impacto normativo que incluirá en un único documento el contenido establecido en el apartado tercero del artículo 46.»

  LE0000208724_20220501

Disposición final segunda Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada

Se modifican los artículos de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que a continuación se señalan:

• Uno. Se modifica el apartado cuatro del artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos:

  «4. Cuando el titular de la instalación considere que la modificación que se comunica no es sustancial, podrá llevarla a cabo siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental autonómica, previa comunicación al ayuntamiento, no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

  En el caso de que el ayuntamiento considere que a consecuencia de la comunicación debe modificarse de oficio la licencia de actividad, se seguirá el procedimiento regulado en el artículo 75 de esta ley.»

  LE0000360099_20250608
• Dos. Se modifica el artículo 31, que queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 31 Solicitud de autorización ambiental integrada

  1. La solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará, al menos, de la siguiente documentación o información:

  • a) Proyecto básico suscrito por técnico competente que incluya, al menos, los aspectos a que se refiere la legislación básica estatal en materia de autorización ambiental integrada.
  • b) Proyecto técnico de la instalación, suscrito por técnico competente.
  • c) Cédula de compatibilidad urbanística, emitida por el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación.
  • d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales y por la legislación de costas para la autorización de vertidos desde tierra al mar.
    En caso de vertidos a las aguas continentales, se hará constar expresamente si la documentación correspondiente fue ya remitida por el órgano ambiental al organismo de cuenca, a efectos de subsanación. Si el organismo de cuenca detectó deficiencias u omisiones de documentación, la documentación presentada pondrá de manifiesto las modificaciones introducidas para subsanarla o completarla.
  • e) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
  • f) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles de conformidad con la referida legislación sectorial.
  • g) La documentación exigida, en su caso, por la normativa autonómica en relación con los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento.
  • h) Las informaciones que la normativa de protección del medio ambiente frente al ruido exige a los proyectos de actividades.
  • i) En el supuesto de actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, los informes a que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto.
  • j) El estudio de impacto ambiental, cuando la actividad esté sometida a evaluación ambiental de proyectos.

  2. La solicitud de autorización ambiental integrada se presentará, junto con la solicitud de autorización sustantiva por razón de la materia, ante el órgano autonómico competente para otorgar la autorización sustantiva. Si el proyecto no estuviese sometido a autorización sustantiva autonómica por razón de la materia, la solicitud y demás documentación se presentará directamente al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada.

  3. La documentación presentada deberá estar organizada de manera que resulte fácilmente separable la relativa a las competencias locales, la relativa al vertido que en su caso se proyecte realizar a las aguas continentales y la que se refiera a cada una de las autorizaciones que en cada caso se integren en la autorización ambiental integrada.

  En el caso de vertidos a las aguas continentales, el órgano ante el que se presente la solicitud remitirá la documentación correspondiente al organismo de cuenca, a efectos de subsanación, salvo que dicha remisión hubiera sido previamente realizada por el órgano ambiental en el trámite de determinación de la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.»

  LE0000360099_20250608
• Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

  «1. Se someten a autorización ambiental única la instalación, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial de las actividades e instalaciones, de titularidad pública o privada, no sometidas a autorización ambiental integrada, que se relacionan en el anexo I.

  Los proyectos sometidos a evaluación ambiental que no estén a su vez sujetos a ninguna de las autorizaciones incluidas en el anexo I no se sujetarán a autorización ambiental única, sino que la evaluación ambiental del proyecto se integrará en el procedimiento de autorización por razón de la materia que corresponda.»

  LE0000360099_20250608
• Cuatro. Se modifica el artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 49 Solicitud de autorización ambiental única

  1. La solicitud de la autorización ambiental única deberá dirigirse al órgano competente, acompañándose de la documentación siguiente:

  • a) Proyecto técnico de la instalación, suscrito por técnico competente.
  • b) Cédula de compatibilidad urbanística, emitida por el ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación.
  • c) Un ejemplar del estudio de impacto ambiental o, si este no resulta exigible, una memoria ambiental que incorpore una descripción de la actividad y analice su incidencia en el medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, así como las medidas correctoras y preventivas, en su caso, y el programa de vigilancia ambiental que se proponga, debiendo justificar expresamente el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. El documento ambiental, que sirve al órgano ambiental para pronunciarse sobre el sometimiento a evaluación ambiental caso por caso, puede, si es completo, hacer las veces de memoria ambiental.
  • d) Documentación exigida por la normativa aplicable para la obtención de la licencia de actividad, incluida la relativa a los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento.
  • e) Documentación relativa a aquellas autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la autorización ambiental única.
  • f) Las informaciones que la normativa de protección del medio ambiente frente al ruido exige a los proyectos de actividades.
  • g) En el supuesto de actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, los informes a que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto.

  2. La documentación presentada deberá estar organizada de manera que resulte fácilmente separable la relativa a las competencias locales y la que se refiera a cada una de las autorizaciones que en cada caso se integren en la autorización ambiental única.»

  LE0000360099_20250608
• Cinco. Se modifica la letra c) del apartado dos del artículo 81, que queda redactado en los siguientes términos:
  • «c. Un informe de la entidad de control ambiental que acredite el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en la licencia de actividad, cuando así se exija en la licencia.»
  LE0000360099_20250608
• Seis. Se modifica el párrafo primero de la letra a) del apartado dos del artículo 88, que queda redactado en los siguientes términos:
  • «a. Cuando el proyecto esté sometido a autorización o aprobación del órgano autonómico competente por razón de la materia, será este el que tenga la condición de órgano sustantivo a efectos de evaluación ambiental de proyectos.»
  LE0000360099_20250608
• Siete. Se modifica el anexo I, que queda redactado en los siguientes términos:

  «ANEXO I.
  INSTALACIONES Y ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA

  Quedan sujetas a autorización ambiental única las actividades e instalaciones que, estando sometidas a licencia municipal de actividad, se encuentren comprendidas en alguno o algunos de los supuestos siguientes:

  • 1. Las instalaciones que realicen vertidos desde tierra al mar, sometidos a autorización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regulada por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
  • 2. Las instalaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha instalación, sometidas a autorización por el artículo 27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
  • 3. Las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, recogido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B.
  • 4. Las actividades cuya instalación ocupe terrenos pertenecientes a más de un término municipal.»
  LE0000360099_20250608
• Ocho. Se modifican los siguientes apartados del anexo III:
  • 1. Se modifica el apartado g) del grupo 9 del anexo III A, que queda redactado del siguiente modo:

    «*g. Cualquier modificación o ampliación de proyectos que figuran en el apartado A de este anexo, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución (modificación o ampliación no recogida en este apartado A) que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente por suponer un incremento de más del 50% de emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos o al litoral, de generación de residuos, de utilización de recursos naturales o de afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.»

    LE0000360099_20250608
  • 2. Se modifica el apartado h) del grupo 4 del anexo III B, que queda redactado del siguiente modo:

    «*h. Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica superior a 20MW.»

    LE0000360099_20250608
  • 3. Se modifica el apartado c) del grupo 6 del anexo III B, que queda redactado del siguiente modo:
    • «c.
      Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos (proyectos no incluidos en el apartado A).»
    LE0000360099_20250608
• Nueve. Se suprime la letra c) del apartado 3 del anexo IV.LE0000360099_20250608
• Diez. Se modifica el apartado 5 del anexo IV, que queda redactado del siguiente modo:

  «Para los planes especiales que afecten al suelo no urbanizable protegido, así como para el resto de instrumentos de planeamiento urbanístico que no queden sometidos o excluidos de evaluación ambiental de planes y programas según las reglas anteriores, será el órgano ambiental quien determine si han de ser objeto de evaluación de planes y programas, de la forma establecida en esta ley.»

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Disposición final tercera Vigencia de normas reglamentarias

Quedan vigentes aquellas normas reglamentarias preexistentes en la materia objeto de esta ley en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final cuarta Habilitación para el desarrollo de la presente ley

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las medidas necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final quinta Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.